ALDEA GLOBAL
La vivienda: cuestión de Estado
Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.
La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.
En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.
Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.
Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.
Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.
El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.
En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.
El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.
En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.
Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.
Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.
La necesidad de abordar en España una reforma de la Administración y el empleo público es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”). El objetivo es establecer un modelo de recursos humanos basado en competencias, articular una carrera profesional que garantice la igualdad entre mujeres y hombres, evitar la rotación excesiva e implantar una gestión pública orientada a resultados.
JOSÉ LUIS ACEVES GALINDO
ENGRACIA RIVERA
Cumplido el primer año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, las ventajas que ofrece la norma en cuanto a la digitalización de las actuaciones notariales aún son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Contribuir al conocimiento y análisis de esta realidad fue el objetivo de la sesión monográfica La copia electrónica en la nube y con CSV como nueva forma de exteriorización del documento notarial, organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital celebrada recientemente.
El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).
¿Qué importancia le atribuye al consenso, al pacto?
¿En general cree que se legisla demasiado?
