«Yo lo paro y no paso», por Esther Paniagua

LA @

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología. Es una de las Top 100 Mujeres Líderes de España, nombrada Forbes 100 Most Creative People in Business.

 

Yo lo paro, y no paso

e_paniagua

e_paniagua

estherpaniagua

El escándalo fue mayúsculo. Pornhub, una de las webs de pornografía más conocidas, llenaba sus arcas con vídeos de violaciones de niños. Cientos de miles de videos de menores teniendo sexo o en situaciones vejatorias o de violencia sexual estaban disponibles en la plataforma. La polémica hizo que la empresa eliminase millones de vídeos subidos por usuarios y anunciase que solo los usuarios verificados podrían cargar nuevos vídeos en la web, pero el daño ya estaba hecho.

El caso de Pornhub es solo la punta del iceberg. Internet está plagado de personas que comercian con imágenes de menores de edad y aprovechan la poca precaución de los pequeños o de sus familiares y amigos al compartir todo tipo de imágenes online de forma pública. También comercian, por supuesto, con todo tipo de material de calado sexual, implique o no a menores. Otras veces lo que les mueve no es el ánimo de lucro, sino la venganza o, simplemente el morbo, la diversión y el afán de popularidad.

Las motivaciones de quienes comparten este tipo de contenido sean cuales sean, poco importan a las víctimas, a quienes les afecta por igual. Y esas víctimas, como constata la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), son en su mayoría mujeres y menores de edad. También las personas LGTBIQ+, no tanto con contenidos de carácter sexual sino agresiones y humillaciones.

A veces esos contenidos ni siquiera son reales. Las nuevas tecnologías permiten falsificar fotos, audio y vídeos hasta el punto de suplantar a cualquier persona sin que se note. Son los llamados deepfakes o falsificaciones hiperrealistas. La misma tecnología que usó Cruzcampo para ‘revivir’ a Lola Flores en un anuncio el pasado enero se usa a menudo para suplantar celebridades en contenido sexual, y esto es solo el comienzo.

Ante esta realidad cada vez más retadora, ¿qué hacer? ¿Ustedes como usuarias y usuarios, harían clic? Al fin y al cabo -pensarán muchos- un clic no mata a nadie. Parece una acción inocente, ¿verdad? Pero no lo es, porque cada clic envía un mensaje a la plataforma donde se aloja: es un contenido que la gente quiere ver y, por tanto, dicha plataforma seguirá promoviéndolo. No hay vuelta atrás.

El mismo clic basta también para reenviar cualquier mensaje vejatorio a decenas, centenares o miles de personas. Quien dice reenviar dice retuitear o compartir en cualquier red social. Es esa facilidad la que hace que los contenidos corran como la pólvora en internet. Que se viralicen en cuestión de horas, ayudados por los algoritmos: las secuencias de pasos automatizados que hacen funcionar las aplicaciones y plataformas online. Son superdifusores de desinformación y odio que priorizan lo que es tendencia, lo que la gente marca como “me gusta”, lo que comparte o donde hace clic.

¿Son esos algoritmos los culpables de la hiperdifusión de contenidos sexuales o violentos? No. No estos en sí mismos, pero sí, en buena medida, quienes deciden que las plataformas sociales y aplicaciones deben premiar y visibilizar aquello que sea tendencia, sin importar qué. Sin embargo, la responsabilidad no solo recae sobre ellos, porque ese tipo de contenido no se viralizaría si no hubiera muchos usuarios interactuando con él. El gran problema, entonces, es la gente que hace clic.


Ese tipo de contenido no se viralizaría si no hubiera muchos usuarios
interactuando con él. El gran problema, entonces, es la gente que hace clic.


 

Quienes dan pábulo a ese tipo de imágenes, vídeos y textos son a menudo usuarios más o menos promedio, a menudo con umbral de tolerancia al contenido sexual o violento algo mayor. Personas que no tienen clara la línea entre lo que puede ser ofensivo, discriminatorio vejatorio o peligroso y lo que no, que no se sienten agredidas por ese contenido y que (a veces) no se dan cuenta del impacto que puede tener su difusión.

Puede que esas personas sean siempre así, o puede que lo sean en un momento o en un día concretos. Puede incluso que, en determinadas circunstancias, esas personas fuéramos ustedes o yo. Puede que nos encontrásemos en la dicotomía: ¿reenviar o no? Ante la duda, la respuesta está clara: siempre “no”. ¿Siempre? Puede haber algunas excepciones cuando hablamos de pruebas de delitos sexuales, delincuencia o crímenes. Puede que en ese caso la difusión sea una herramienta de denuncia efectiva, pero también puede que al intentar realizar una buena acción solo contribuyamos a la humillación de los agraviados.

¿Entonces, qué sería lo correcto? Cuando hablamos de material que nos llega a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, la recepción se da a menudo en el marco de grupos de amigos, a veces disfrazada de ‘humor’. En ese contexto es importante hacer notar a quienes difunden ese tipo de contenido, que no hacen lo correcto. Puede resultar embarazoso, pero reír la gracia supondrá una recompensa a esa conducta y enviará un mensaje equivocado que provocará su repetición.

¿Y qué pasa cuando la difusión se da en otros canales, como en redes sociales o plataformas de vídeo como YouTube? Probablemente, pensarán, lo debido sería acudir a la policía. Pero bien sabemos que probablemente no lo harán, porque ello requiere de mucho más tiempo y paciencia que mover un dedo. La buena noticia es que hay un término medio, como bien explica en esta misma revista Gabriel Cruz: usar el Canal Prioritario de la AEPD para denunciar la difusión de contenidos sexuales o violentos. Su eslogan no lo puede transmitir más claro: ¿Lo pasas o lo paras? Yo lo tengo claro: lo paro, y no paso. ¿Y ustedes? El poder está en sus manos.

Europa financia la rehabilitación de viviendas

EN ESTE PAÍS

Europa financia la rehabilitación de viviendas

En una jornada recientemente organizada por el Consejo General de Economistas, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, anunció un plan para la rehabilitación de viviendas en España por valor de 6.800 millones de euros con financiación procedente de los fondos europeos.

CARLOS CAPA

EL PLAN CONTRIBUIRÁ al Producto Interior Bruto español en una cantidad estimada en 13.500 millones de euros mediante unas 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y una previsión de 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Este proyecto puede suponer la creación de cerca de 188.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el mercado inmobiliario residencial se ha visto sensiblemente afectado por la pandemia de Covid-19, que irrumpió –dice el estudio del regulador– en un momento en el que el ciclo de este mercado se encontraba en una fase de madurez.

Descenso constructor. Así, la imprevista crisis sanitaria mundial provocó un descenso brusco de la actividad constructora, directamente afectada por las restricciones adoptadas. Desde entonces, se ha recuperado lentamente y sigue muy influida por los desarrollos epidemiológicos y su impacto en las perspectivas económicas.

El Banco de España también señala que la pandemia ha propiciado cambios notorios en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, particularmente los de la vivienda nueva, si bien la pandemia está influyendo de forma muy heterogénea a escala regional.

La crisis económica generada por la pandemia no se ha traducido en un aumento de los costes de financiación de la vivienda, sino que estos han continuado descendiendo hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Sin embargo, se aprecian algunos indicios de endurecimiento en los criterios de concesión y en algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

En este escenario, la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que además responde a una creciente demanda inmobiliaria en zonas de urbanización débil o del espacio rural, tiene gran sentido de la oportunidad. Según expertos inmobiliarios, la demanda de vivienda fuera de las grandes ciudades se duplicó en 2020 y la tendencia sigue en progreso, lo que convierte en necesidad impulsar acciones de rehabilitación de viviendas que hasta ahora no eran atractivas en el mercado inmobiliario.

La pandemia ha convertido a la calidad de vida en una prioridad y ha contribuido, en gran medida, al cambio de preferencias. Así, la vivienda tipo que se perfila es de concepto más abierto, con terraza o, mejor aún, que sea una vivienda unifamiliar con jardín o en un edificio residencial con zonas comunes.

Y la realidad es que las tendencias urbanísticas de los últimos años, al menos en las grandes ciudades, no iban en esa dirección. Por eso la rehabilitación se ha convertido en una actividad de gran demanda.

El ambicioso Plan de Rehabilitación quiere superar la pobre realidad de esta actividad en España. Uno de los factores para la, hasta ahora, poco atractiva inversión en rehabilitación es el predominio de la vivienda en planta vertical (pisos) en el parque inmobiliario español, que representa el 72% del total en la vivienda principal. Esto provoca que la decisión sobre muchas rehabilitaciones estructurales tenga que ser acordada en las comunidades de vecinos. Cualquiera que haya formado parte de una de ellas comprende que esto es algo más que complejo.

Un sector resistente. Aun así, la rehabilitación residencial ha sido el sector de la edificación que mejor ha resistido la pandemia: la superficie de viviendas en rehabilitación aumentó en el primer trimestre de 2021 un 11,8% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. La rehabilitación visada, la de mayor envergadura y que afecta a elementos estructurales, fue de 756.437 m2.

La situación pretende ser superada por el programa gubernamental que plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a barrios como a edificios y viviendas, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo la misma.

Las deducciones pueden ser del 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética «A» o «B».

También se prevén planes renove para carpinterías, fachadas o cubiertas, a gestionar directamente por fabricantes o instaladores.

Por lo que respecta a la financiación privada, que debe complementar la acción pública, el Gobierno buscará hacer atractiva la implicación de las entidades financieras mediante la aportación de algún tipo de aval a los créditos concedidos para la rehabilitación.

Estos incentivos están integrados en el modelo de gestión de los fondos europeos; será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas y su gestión obedecerá a un modelo único.

Beneficios para el medio ambiente

Además del impacto económico que representará la millonaria inversión, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.

Según el Plan del Gobierno, enmarcado en la estrategia comunitaria Next Generation, otro efecto colateralmente beneficioso será la reducción de la pobreza energética, ya que la vivienda rehabilitada será más eficiente, logrando abaratar el coste de servicios energéticos básicos y un mejor tratamiento de residuos.

La mejora en la eficiencia energética también es una inversión rentable en la económica. Según el estudio La rentabilidad energética como coste de inversión, actualizado este año por la empresa Knauf, pasar de una clasificación energética E a una clase B supone un ahorro de 800 €/vivienda al año para Barcelona y 1.184 €/viviendas anuales para Madrid.

Si proyectamos estos datos, mejorar la eficiencia energética de una vivienda en Madrid aporta unos beneficios netos acumulados en 30 años para un unifamiliar de 106.365 euros y para un edificio residencial rehabilitado de 58.642 euros por vivienda.

La rehabilitación de viviendas puede generar 188.000 puestos de trabajo en los próximos años

Para saber más

Efectos de la pandemia en 2020. Centro de Información Estadística del Notariado

Estudio del Banco de España sobre el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario.

España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Unión Europea.

La rentabilidad energética como coste de inversión. Informe actualizado sobre rentabilidad de la inversión en rehabilitación, realizado por Knauf.

«Los felices años veinte», por Francisco Javier Martín

EN ESTE PAÍS

FRANCISCO JAVIER MARTÍN,

director general de Vivienda y Suelo

 

Los felices años veinte

Fco. Javier Martin Ramiro

La actividad de la rehabilitación en España se enfrenta a la mayor oportunidad de éxito de su historia, y previsiblemente también de las próximas décadas. Llevamos ya más de 10 años trabajando, no solo desde las administraciones públicas sino desde todo el sector, para impulsar una actividad que mantiene tozudamente un volumen de 30.000 viviendas rehabilitadas al año. El salto de escala que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para conseguir los objetivos en materia de eficiencia energética marcados por Europa, y que se recoge en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, es enorme: nada menos que 300.000 viviendas al año en 2030, manteniendo esta cifra de forma constante en años sucesivos hasta alcanzar algo más de 7 millones de viviendas rehabilitadas en su envolvente –fachadas y cubiertas– en 2050, con el objetivo intermedio de alcanzar alrededor de 1,2 millones de rehabilitaciones acumuladas en 2030. En este contexto, del drama de la pandemia, surgen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno decide apostar decididamente por una de las pocas actividades que reúnen el potencial de generación de actividad económica y empleo, y alineación con los objetivos y estrategias no solo europeas, sino también de país: la «rehabilitación energética». 6.820 millones de euros se destinarán a esta Componente 2 del Plan, de los cuales 3.420 se invertirán en entornos residenciales; 1.000 millones irán al ámbito rural; 1.080 a rehabilitación de edificios públicos; 300 millones darán continuidad al Programa PREE impulsado por el IDEA, y 20 irán destinados a planes de acción local de la Agenda Urbana Española. Casi 7.000 millones que deberían marcar un punto de inflexión en la transformación de nuestro parque edificado y de nuestras ciudades, coadyuvando a reactivar nuestra economía sobre un sector intensivo en mano de obra y que retorna su resultado en el bienestar de los ciudadanos. Hace ahora cien años el mundo vivió los «felices años veinte», años de prosperidad económica en el mundo occidental, basada inicialmente en la innovación y en una importante transformación productiva. Pero aquello no terminó bien, entre otras razones por un giro hacia el cortoplacismo en los planteamientos inversores. En estos nuevos años veinte, el reto precisamente se encuentra en conseguir que la necesidad de rápida reactivación económica no se contradiga con los objetivos a medio y largo plazo. Y en este caso la oportunidad encuentra al sector y a las administraciones con los deberes hechos. La dificultad radica en cómo implementar en el corto plazo aquello que no hemos conseguido en los diez años anteriores, y para eso será necesario poner en marcha simultáneamente diferentes líneas de actuación.
“El plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares
de perfiles socioeconómicos más vulnerables”

Una de las claves se encuentra en la activación de la demanda. La demanda no es otra cosa en este caso que la decisión de los propietarios (sobre todo de las comunidades de propietarios), y no debemos esperar que con los mismos instrumentos utilizados hasta ahora consigamos resultados distintos. Los ciudadanos quieren que sus viviendas mejoren, claro que sí, pero no tienen por qué tener los conocimientos técnicos suficientes como para saber cómo tiene que materializarse esa mejora, por lo que piden aquello que resulta inmediato: accesibilidad, y en el mejor de los casos, conservación. El resto de las prestaciones que proporciona un hogar son lejanas en su entendimiento para el ciudadano, que no tiene por qué saber cómo mejorar el confort de su vivienda, es decir, cómo pasar menos frío o calor, cómo tener un espacio más saludable o cómo mejorar su acústica, … y mucho menos puede identificar cómo conseguir empoderarse en la gestión de la energía de su edificio. Es necesario que alguien, un «gestor o agente de la rehabilitación» le explique cuál es el estado de su edificio, del que también es propietario (más allá de su vivienda), y cuál es su potencial de mejora; y en base a ello le ofrezca un plan de actuación ad-hoc, más allá de recetarios ni soluciones inmediatas o parciales. Para esto, uno de los programas de ayudas que se van a implementar con ocasión de este plan, va destinado a la elaboración del Libro del edificio existente, documento que pretende ofrecer a las comunidades de propietarios esa propuesta de mejora, desde una perspectiva integral (accesibilidad, salubridad, seguridad, etc.) pero en el que será necesario el enfoque y potencial de mejora energética. La segunda clave está relacionada, lógicamente, con la financiación. La rehabilitación con criterios energéticos ha tenido en los últimos años ayudas específicas por parte del Estado, y singularmente por otras administraciones, pero se han demostrado insuficientes para alcanzar los objetivos fijados. Por tanto, será necesario incrementar las ayudas cuantitativamente, pero también parece esencial flexibilizar los criterios para su concesión, incentivando en mayor medida los mayores ahorros energéticos, pero permitiendo introducir otro tipo de obras complementarias, siempre con los límites fijados por vivienda. Se pretende con ello alinear los objetivos del plan con las demandas de los ciudadanos, compatibilizando en su caso las ayudas del mismo con otras convocadas para cuestiones específicas, como la accesibilidad. Esta flexibilidad también debe trasladarse a la propia configuración de las ayudas, que se otorgarán «al edificio» o «a la vivienda», cuando actuaciones en ellas puedan ser complementarias de las primeras: sustitución de ventanas, trasdosados interiores, o intervención en las instalaciones individuales. El tercer aspecto que no puede dejar de abordarse es la gestión. El plazo marcado para la ejecución de los fondos (2026) y los objetivos intermedios establecidos para 2023, hacen necesario acompañar la gestión de las ayudas y de los propietarios con información y asesoramiento (a través de Oficinas de Rehabilitación), así como permitir su concesión rápida, objetiva y eficiente. Para ello, la resolución de las ayudas se basará en criterios prestacionales, es decir, estarán condicionadas a determinados indicadores (consumo de energía primaria no renovable, o demanda de calefacción y refrigeración) de la certificación energética anterior y posterior a la actuación. Por último, pero prioritariamente, el plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares de perfiles socioeconómicos más vulnerables, que además frecuentemente habitan en barrios o entornos más degradados. Esta premisa obliga a intervenir precisamente, por iniciativa pública o público-privada, en ámbitos superiores al inmueble, y permitirá escalar la rehabilitación al ámbito urbano, acompañando la intervención en las edificaciones de la renovación de los espacios públicos, y dando respuesta, con mayores ayudas, a las familias más vulnerables.

La fiscalía supranacional europea

DEBATE PARLAMENTARIO

La Fiscalía supranacional europea

El 1 de junio empezó su actividad la Fiscalía Europea, que perseguirá los delitos que afectan a los intereses económicos de la Unión Europea (UE). Su principal misión será proteger los presupuestos europeos de todo tipo de fraude, máxime ahora que se movilizarán más de 750.000 millones de euros para superar la crisis provocada por la pandemia. En España este organismo quedará integrado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la nueva Ley de Fiscalía Europea que se debate en el Parlamento.

ELVIRA ARROYO
 

El fraude transfronterizo del IVA implica para la UE unas pérdidas de 50.000 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los cientos de millones de fondos que no llegan a su destino año tras año. Solo en 2019, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó 485 millones de euros que los países europeos podrían recuperar para sus presupuestos.

La recién estrenada Fiscalía Europea (en inglés, European Public Prosecutor’s Office – EPPO) supone un paso decisivo en la lucha contra este tipo de delitos económicos porque podrá tomar medidas contra los responsables. Los organismos existentes hasta ahora, como la OLAF, Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y Europol (Oficina Europea de Policía) carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude.

Concretamente, la OLAF solo puede notificar los resultados de sus investigaciones administrativas a las autoridades nacionales competentes y estas deciden si inician diligencias penales. En la actualidad, solo el 50% de las recomendaciones judiciales remitidas por esta entidad a las fiscalías nacionales da lugar a una acusación. Además, el bajo número de casos enjuiciados va acompañado de una escasa recuperación de los importes defraudados porque los estafadores se aprovechan de la falta de coordinación de los esfuerzos policiales en el ámbito de la UE.

A esto se suma que, hasta la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y perseguir estos delitos, únicamente dentro del territorio nacional. Esto hacía casi imposible realizar avances significativos porque los delitos contra el presupuesto de la UE suelen afectar a varios países y jurisdicciones nacionales diferentes.

Un cambio necesario. Todo esto ha cambiado con la puesta en funcionamiento el pasado 1 de junio de la Fiscalía Europea, un organismo supranacional e independiente de la UE, que actuará como fiscalía única en los 22 Estados miembros participantes y combinará los esfuerzos europeos y nacionales. Entre otras ventajas, podrá actuar rápidamente en diferentes países, sin depender de los dilatados procedimientos de cooperación judicial.

Se encargará de las investigaciones y actuaciones penales en delitos económicos cometidos en la UE después de noviembre de 2017. A la vez, prestará especial atención a la correcta utilización de los 750.000 millones de Next Generation EU, el fondo para ayudar a reconstruir la UE tras la pandemia porque, como ha advertido la fiscal general europea, Laura Kövesi, existe un alto riesgo de delitos ligados a este fondo.

Se calcula que llegará a investigar hasta 3.000 delitos al año. Además, tanto las autoridades de cada país como los propios ciudadanos pueden denunciar presuntos casos de fraude en la propia web de la Fiscalía Europea.

Cómo actuará. La Fiscalía Europea tiene su sede central en Luxemburgo, donde están la fiscal general europea y un fiscal europeo por cada país participante. Asimismo, cuenta con fiscales europeos delegados en los Estados miembros.

Los fiscales adscritos realizarán sus investigaciones en los Estados miembros participantes de manera coordinada, intercambiando información con rapidez y aunando esfuerzos para asegurar el embargo inmediato de activos y, en caso necesario, solicitar la detención de los sospechosos. Para llevar a cabo su trabajo, la fiscalía se nutrirá de las capacidades de los Estados miembros y de las aportaciones de la OLAF, Eurojust y Europol.

Incorporación. La puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea exige una serie de cambios normativos que el Gobierno de España ha recogido en el Proyecto de Ley de la Fiscalía Europea, cuyo objeto es ajustar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Aunque el Reglamento es una norma de aplicación directa, es necesario adaptar el ordenamiento jurídico de los Estados partícipes, sobre todo en aquellos casos, como el español, donde la investigación es dirigida por un juez de instrucción. En este sentido, el proyecto de ley establece un procedimiento especial para que los fiscales europeos delegados investiguen aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

También destaca la creación de la figura del juez de garantías que, como órgano ajeno a la dirección del procedimiento, autorizará la adopción de medidas de investigación que limiten los derechos fundamentales; medidas cautelares urgentes; o el novedoso incidente de aseguramiento de las fuentes de prueba, que, por ejemplo, permitirá tomar declaración a un testigo o perito cuando existan motivos para temer que, por razón de ausencia justificada o inevitable -peligro de muerte o imposibilidad física- no podrá comparecer en el juicio oral.

El hecho de que la Fiscalía Europea se haya creado por el procedimiento de cooperación reforzada (cuando un mínimo de 9 Estados miembros acuerda establecer una colaboración más estrecha en un ámbito determinado) constata la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos nacionales para acabar con el fraude dentro de la Unión Europea. Son ya 22 países los que forman parte de esta iniciativa. Los Estados miembros no participantes podrán adherirse más adelante si lo desean.

Delitos que investiga la Fiscalía Europea
  • Fraudes relacionados con el IVA si afectan a dos o más Estados miembros y tienen un valor de al menos 10 millones de euros.
  • Blanqueo de capitales derivado de fraudes al presupuesto de la UE.
  • Corrupción activa y pasiva o malversación que afecte a los intereses financieros de la UE.
  • Participación en una organización delictiva si su actividad se centra en cometer delitos contra el presupuesto de la UE.

Si un funcionario acepta un soborno en relación con un proyecto financiado por la UE y lo oculta comprando una casa, la Fiscalía Europea puede investigar tanto la corrupción pasiva como el posterior blanqueo de capitales.
Colaboración notarial
Concepción Sabadell y José Ángel Martínez Sanchiz

Desde enero de 2006, los notarios españoles colaboran en la prevención y lucha de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal. Por ello, y con el objetivo de abrir vías de colaboración, a finales de mayo la representante de España en la Fiscalía de la Unión Europea, Concepción Sabadell, visitó la sede del Consejo General del Notariado, donde mantuvo una reunión con su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz y con Pedro Galindo y Mariano García Fresno, director y jefe de la Unidad de Análisis y Prevención del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, respectivamente.

Cada año se pierden 50.000 millones de euros en la UE como consecuencia del fraude transfronterizo del IVA

Para saber más

Preguntas frecuentes sobre la Fiscalía Europea. Comisión Europea.

Denunciar un delito ante la Fiscalía Europea. Formulario para presentar denuncias a través de la web.

Seguir la actualidad de la Fiscalía Europea en Twitter.@EUProsecutor

Los grupos parlamentarios opinan*

Francisco Aranda

Diputado y portavoz socialista de Justicia

 

 

[email protected]
@arandapaco

“Un paso colectivo en la lucha contra la corrupción”

El pasado 1 de junio se puso en funcionamiento la European Public Prosecutor’s Office, EPPO. Esta Fiscalía Europea y su red de fiscales delegados nacionales (9 en España) nace con facultades para investigar y perseguir en territorio europeo aquellas infracciones que atenten y perjudiquen el presupuesto europeo.

Dado que en España aún conservamos la figura del juez de instrucción como único responsable de la investigación, la implantación de la Fiscalía Europea requiere aquí la articulación de un nuevo procedimiento capaz de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que la incorporación del fiscal europeo investigador plantea y que hoy no encuentran respuesta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.

El fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales o el fraude transfronterizo del IVA son materias a perseguir mediante este mecanismo que el 3 de junio avaló con una amplia mayoría la Comisión de Justicia del Congreso, sin el concurso de PP ni Vox. Es este un paso que damos a nivel colectivo en la lucha contra la corrupción y en pos de los mecanismos de cooperación reforzada.


Jaume Asens

Portavoz de Justicia del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común

@Jaumeasens

“Lo consideramos la antesala para la lucha contra los paraísos fiscales”

El Proyecto de Ley de aplicación del Reglamento por el que se establece una cooperación para la creación de una Fiscalía Europea, es un primer paso para implementar un sistema de garantía e investigación contra el fraude a nivel europeo. Lo consideramos como la antesala para la lucha contra los paraísos fiscales y para la persecución del fraude, también el cometido por los grandes poderes privados. Ha sido fruto de un esfuerzo colectivo en la fase de ponencia, donde se ha llegado a acuerdos importantes con la mayoría de grupos parlamentarios.

Se reconoce la legitimación para que ejerciten la acción penal a entidades y asociaciones que, para nosotros, era un punto importante para la defensa de los intereses generales. Asimismo, anticipa reformas que se abordarán también en la modificación pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Luis Santamaría

Portavoz de Justicia del Grupo Popular

 

@LuisStamaria

“La instrucción de los procedimientos penales por el Ministerio Fiscal debe ser objeto de un debate sereno”

Es difícil explicar en unas pocas palabras por qué el Grupo Popular, a pesar de nuestro carácter profundamente europeísta, ha decidido posicionarse en contra de este Proyecto de Ley. Es difícil porque en su día impulsamos el Reglamento (UE) 2017/1939 y porque la idea de una fiscalía europea independiente encargada de defender los intereses financieros de la Unión, nos gusta. En ningún caso nuestro voto negativo ha pretendido ser un no a la Fiscalía Europea. Lo que pretendemos es que la instrucción de los procedimientos penales por parte del Ministerio Fiscal, modelo por el que apuesta la norma en la línea anunciada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sea objeto de un debate jurídico y político sereno que no se ha producido en espera de la nueva regulación de nuestro proceso penal.

Pensamos que tampoco podemos abrir este período de reflexión que proponemos sin que haya un nuevo texto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que consideramos imprescindible. Por eso hemos preferido ser prudentes. Pensamos que nuestro actual sistema de instrucción podría haber servido para proteger los intereses de la Unión como así permite el reglamento, en tanto se abra el debate que proponemos.

*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Gabriela Bravo Sanestanislao, consejera de la Generalitat Valenciana

EN CURSO LEGAL

Gabriela Bravo Sanestanislao,

consejera de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

«Hemos impulsado proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana»

Gabriela Bravo es consejera de Justicia desde junio de 2015. Fiscal de carrera fue, entre 2008 y 2013, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde ejerció la presidencia desde 2007 hasta septiembre de 2008. Desde hace más de seis años forma parte del equipo de Gobierno que encabeza el president Ximo Puig en la Comunidad Valenciana al frente de una de las consejerías clave, máxime en los últimos años marcados por la pandemia.

CARLOS CAPA

-Lleva dos legislaturas consecutivas al frente de la Conselleria. ¿Cómo ha evolucionado en estos seis años la Justicia en la Comunidad Valenciana?
Desde la conselleria que dirijo hemos impulsado a lo largo de estos seis años proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana. Situamos a la justicia en el centro de nuestra agenda política, y ello ha tenido reflejo presupuestario que se ha visto incrementado en más de un 58%. Esto ha servido para, entre otras medidas, incrementar la planta judicial de los 398 órganos que había en 2015 a los 420 con los que acabaremos 2021 y pretendemos llegar a los 440 cuando acabe esta legislatura. También hemos multiplicado por nueve los funcionarios de refuerzo en nuestros juzgados. Además, tenemos en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales para construir, rehabilitar o reformar el 75% del parque inmobiliario judicial valenciano con una inversión de más de 200 millones de euros.

En todo caso, si he de destacar algún proyecto en concreto, creo que merece especial atención la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio público gestionado directamente por la Generalitat que se ha desplegado en la práctica totalidad de los partidos judiciales valencianos con más de 170 profesionales que ofrecen una atención integral a las víctimas en alguno de sus 33 centros y que desde 2018 ha asistido a más de 70.000 personas. También hemos dinamizado el turno de oficio para convertirlo en un auténtico servicio público con mayor apoyo presupuestario y que llegue a todos los rincones del territorio.

-Aunque la esperada justicia digital está avanzando, probablemente por los imperativos de la pandemia, aún no alcanza la eficiencia de otros servicios públicos. ¿Cuándo tendremos una Justicia propia del siglo XXI?
Antes de la pandemia diseñamos el plan de digitalización y modernización de la Administración de Justicia más ambicioso desde que la Generalitat asumió las competencias en la materia en los años 80 y que está en ejecución ahora mismo con una inversión que supera los 30 millones de euros. Entre ellos destaca la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual (llamada AUREA) que ya está en marcha y que ha supuesto la digitalización en las 490 salas de vistas valencianas y ello ha propiciado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año (casi 10.000), con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

-Desde todos los ámbitos de la Justicia se traslada la preocupación de que, una vez liberados los diques establecidos a la normativa extraordinaria provocada por el Covid-19, llegue lo que se ha denominado la “pandemia litigiosa. ¿Tiene la Comunidad Valenciana algún plan para esta situación?

El pasado 4 de enero entraron en funcionamiento los tres juzgados Covid, uno por cada capital de provincia (dos de lo Mercantil para Valencia y Alicante, y uno de lo Social para Castellón), para aliviar la carga de trabajo judicial provocada por la suspensión de los plazos procesales por la declaración del estado de alarma. En todo caso, la justicia ha de ser también motor de reactivación económica y no un obstáculo; por esa razón son tan importantes los planes de choque en este momento, en el que hay que apoyar a las jurisdicciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia y que son la civil, la mercantil y la social.

-Siempre ha sido una figura de referencia en la lucha contra la violencia de género –lo que usted ha denominado “terrorismo machista”-.
Defino la violencia de género como “terrorismo machista” porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo desde finales de los 70 y, además, en la mitad de tiempo. En la Conselleria de Justícia tenemos un programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas; más y mejor coordinación de los servicios públicos, y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. Los resultados de esta apuesta están siendo esperanzadores. Por ejemplo, en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha atendido a casi 70.000 personas desde su puesta en marcha hace tres años y, entre ellas, casi el 70% eran mujeres víctimas de violencia de género o doméstica. Y hemos ido aún más allá porque la valenciana es la primera –y hasta ahora, la única− comunidad autónoma que ha creado un espacio específico para ellas. Me refiero a la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género –que está en la Ciudad de la Justicia de Valencia– en la que mujeres policías con formación especializada, junto a psicólogas y trabajadoras sociales, atienden y acompañan a la víctima desde el primer momento. Desde que se puso en marcha hace dos años, se ha atendido y protegido a 1.132 mujeres que ya están levantando esa losa de silencio. Y este mismo año abriremos otras dos oficinas en Castellón y Alicante. A ello hay que unir nuestra lucha contra otras formas de violencia de género como es la prostitución, para cuya erradicación hemos constituido el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, para plantear medidas para la reforma de nuestro ordenamiento jurídico y que el consumo de sexo pagado sea considerado un delito.

-En su experiencia diversa en el mundo de la Justicia ha tenido relación frecuente con el Notariado. ¿Qué valor aportan los notarios a la Administración de Justicia?
El Notariado despliega una función legitimadora que se transmite a los actos y documentos que refrenda con su acción y que les otorga la presunción de veracidad, integridad y legalidad. Esta función siempre ha sido necesaria en el mundo jurídico, prácticamente desde la propia génesis del Derecho Romano, y es especialmente importante en estos tiempos en los que la pandemia ha puesto a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, de las que el Notariado forma parte esencial, podemos trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los notarios y notarias ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica.

-¿Se valora suficientemente la importancia de la seguridad jurídica?
Se debe hacer porque la seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada de algo que no lo es. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades. Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria en el que se han implicado todas las fuerzas políticas porque esta crisis nos afecta a todos y nadie puede quedarse al margen para no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.

-Por último, le ruego una confesión personal. ¿Echa de menos las responsabilidades en las instituciones nacionales?
Procuro vivir cada momento con el máximo entusiasmo y aportar lo mejor de mí misma sin perder tiempo ni energía mirando hacia atrás. La etapa de Madrid en el CGPJ fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Luego, en 2015, el president Ximo Puig me ofreció formar parte del primer Consell del Botànic y me pareció que aquella oferta era una oportunidad para poner en marcha un proyecto que situara a la Comunitat Valenciana como un referente de una justicia eficaz y eficiente; moderna en sus modos y en sus medios; que dignificara el turno de oficio como servicio público con retribuciones adecuadas para que el acceso a la Justicia se realizara en condiciones de igualdad y que los recursos económicos no fueran un factor discriminatorio y, en definitiva, que priorizara la protección y asistencia a las víctimas, en especial a las de violencia de género. Todos estos proyectos están en marcha en mayor o menor medida y, por ello, me siento muy honrada y satisfecha de formar parte de este gobierno autonómico.

La Comunitat Valenciana es la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año”

Huella digital:

Gabriela Bravo no mantiene un perfil público en las principales redes sociales, pero sí la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ella encabeza y donde a través de la cuenta @GVAJusticia se informa puntualmente de su actividad oficial. La biografía de Gabriela Bravo está disponible en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana.

“Defino la violencia de género como ‘terrorismo machista’ porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo”

Un certificado común para salvar el verano

ÁMBITO EUROPEO

Un certificado común para salvar el verano

Common covid certificate to save the summer season

Europa aprueba en tiempo record el documento solicitado por países turísticos como Grecia o España para acreditar la vacunación, la superación de una prueba covid o haberse recuperado de la enfermedad.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado 12 de enero, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea y el resto de líderes europeos urgiéndoles a crear un certificado de vacunación europeo.

Mitsotakis apuntaba que el certificado representaría “un incentivo positivo” para asegurar que la gente se vacunara, y presionaba al resto de sus colegas europeos para que se pusieran manos a la obra cuanto antes, dados los problemas que habían tenido los europeos los meses anteriores para acordar un localizador común para viajeros.

“Si logramos rápidamente un entendimiento común entre los Estados miembros sobre un certificado de vacunación armonizado y sus usos, podremos impulsar el tema en los foros internacionales pertinentes, contribuyendo así al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es el base para restablecer la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis”, resaltó Mitsotakis en su carta.

“Para países como Grecia, que dependen del turismo, es imperativo que este problema se resuelva antes de la temporada de verano”, añadió.

Acuerdo común. La propuesta no tardó en ser respaldada por países dependientes del turismo como España, Portugal o Croacia. El resto de capitales no se oponía, pero recordaron que había dudas que convenía despejar primero, como si los vacunados pueden trasmitir el virus o cuánto tiempo dura la inmunidad para aquellos que han superado el covid-19, como señaló un alto cargo diplomático del grupo de los escépticos.

En los pasillos de Bruselas, además, algunos se preguntaban si merecería la pena el esfuerzo, dado que resultaría difícil llegar a junio con la iniciativa lista, y al final solo se podrían beneficiar las franjas adultas de población, teniendo en cuenta el complicado arranque que tuvo la campaña de vacunación europea. Los jóvenes, grandes víctimas de esta pandemia, volvían a quedar perjudicados con el movimiento para salvar el verano, la temporada que tanto estaban esperando.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

Ambas instituciones ratificaron el documento final en junio, dejando todo listo para que entre en vigor el 1 de julio.

“Nuestra Unión demostró una vez más que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. El Reglamento del Certificado COVID Digital de la UE fue acordado entre nuestras instituciones en el tiempo récord de 62 días. Mientras trabajábamos en el proceso legislativo, también construimos la columna vertebral técnica del sistema, el portal de la UE, que está activo desde el 1 de junio”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de junio cuando la Comisión, la Eurocámara y el Consejo escenificaron la firma del reglamento.

“El Certificado de la UE permitirá nuevamente a los ciudadanos disfrutar del más tangible y apreciado de los derechos de la UE: el derecho a la libre circulación”, añadió la alemana.

Con una campaña de vacunación cogiendo velocidad, la inminente llegada de los fondos de recuperación y la relajación de las restricciones por toda Europa, el certificado representa un símbolo no solo de ese esfuerzo colectivo del que habló Von der Leyen para superar la pandemia, sino también de la vuelta a la normalidad.

Detrás quedaban dificultades y penurias, como los problemas con la estrategia de vacunación, las tensiones con AstraZeneca o las dudas sobre el vigor de la recuperación europea. La llegada de los meses de calor trajo de vuelta el optimismo al continente europeo.

Pero antes de llegar a buen puerto, la Eurocámara y el Consejo tuvieron que negociar contrarreloj para salvar las diferencias en sus posiciones. Los principales escollos fueron el riesgo de discriminación frente a aquellos que no han sido vacunados aún, y la posibilidad de imponer restricciones adicionales incluso teniendo el certificado, tal y como pedían las capitales. Finalmente, los eurodiputados consiguieron 100 millones de euros de fondos europeos para financiar pruebas que permitan obtener el certificado a quienes no han recibido sus dosis. Además, consiguieron arrancar a los Estados miembros que no impongan limitaciones a quienes tengan el documento, como cuarentenas o pruebas PCR, “a menos que sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública”. Como criterio, se usará la información epidemiológica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, se felicitó de que habían conseguido restaurar la libertad de movimientos en el espacio Schengen. “Se anima a los Estados de la UE a abstenerse de imponer más restricciones, a menos que sea estrictamente necesario y proporcionado”, subrayó el pasado junio.

Los detalles. El certificado COVID Digital de la UE, su nombre definitivo tras varios vaivenes, será accesible para todo el mundo y abarcará la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recuperación del covid-19. Estará disponible en todos los idiomas de la UE, tanto en formato digital como papel, será seguro e incluirá un código QR con firma digital.

Puede expedirse y utilizarse en todos los Estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación. Cada gobierno podrá decidir si lo aplica a otros usos en su territorio, como el acceso a actividades de ocio o espectáculos. Todos los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la UE podrán obtenerlo de manera gratuita. La UE negocia además con países terceros para reconocer certificados similares que expidan en base a unos parámetros comunes.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

En el caso de las vacunas, se aceptarán las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los países podrán incluir aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm y Sinovac. Los certificados se expedirán ya desde la primera dosis, aunque deberá figurar en el documento el número de inoculaciones recibidas. La Comisión Europea propuso que aquellos que han recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis (después de haber estado infectados previamente por el covid-19) se consideren totalmente vacunados a efectos de viajes.

Respecto a las pruebas, se aceptarán las PCR y los Estados miembros podrán decidir si reconocen las de detección rápida de antígenos.

El certificado será otorgado por centros emisores como hospitales, centros de pruebas diagnósticas o autoridades sanitarias en los Estados miembros, previa solicitud o automáticamente. Funcionará con un código QR con una firma digital, personalizada para cada centro emisor, para protegerlo contra falsificaciones. Todas ellas se almacenan en bases de datos nacionales.

Para comprobar de manera segura los certificados entre autoridades de los Estados miembros, sin transferir datos personales, la Comisión activó una pasarela el pasado 1 de junio. Esta plataforma tecnológica ha sido uno de los elementos en los que más han tenido que trabajar los expertos, dados los problemas que tuvieron los socios europeos los pasados meses para desarrollar el localizador de pasajeros.

Validez del certificado

La Comisión propuso periodos de validez comunes para las pruebas diagnósticas de 72 horas para las PCR y, para los Estados miembros que los acepten, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Mientras, el período máximo de validez del certificado de recuperación es de 180 días, aunque la Comisión podría adaptar estos principios sobre la base de nuevas pruebas científicas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no fijaron una validez máxima para los certificados de vacunación, ya que dependerá de los datos sobre la duración de la protección de las diferentes vacunas.

Certificate validity

The Commission proposed common validity periods for diagnostic tests of 72 hours for PCR tests and 48 hours for rapid antigen tests. Meanwhile, the maximum period of validity for those recovering from the virus will be 180 days, although the Commission could adapt these principles on the basis of new scientific evidence. However, EU authorities did not set a maximum validity for vaccination certificates, since it will depend on the latest data about the protection provided by the different vaccines.

Europa opina / Europe thinks

Página de la Comisión Europea sobre el certificado covid digital

European Commission’s web page on the digital covid certificate:

No discriminación

Una de las principales preocupaciones para algunos Estados miembros, la Eurocámara y asociaciones civiles era el riesgo de que el certificado marginara a quienes no hubieran sido aún vacunados. Por eso la Comisión incluyó la posibilidad de otorgarlo también a quienes pasen una prueba covid o se hayan recuperado de la enfermedad. 

El reglamento también incluye algunas cláusulas para evitar discriminaciones entre los nacionales y otros ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, cuando un Estado miembro decida levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis, deberá extender el mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo, si acepta las pruebas de detección rápida de antígenos, deberá aceptar también los certificados de estas pruebas expedidos por otro Estado miembro.

Nondiscrimination

One of the main concerns for some member states, the European Parliament and civil society organisations was the risk that the certificate would marginalise those who have not yet been vaccinated. That is why the Commission included the possibility of granting the certificate to those who passed a covid test or have recovered from the disease.

The regulation also includes some clauses to avoid discrimination between nationals and other EU citizens. For example, when a member state decides to lift travel restrictions for its own citizens who are holders of a certificate for the first dose, it must extend the same treatment to other EU citizens. At the same time, if a government accepts rapid antigen detection tests, they must also accept the certificates for these tests issued by another Member State.

in English

Europe approves in record time the proposal requested by tourist countries including Greece or Spain to prove vaccination, a covid test or having recovered from the disease.

On January 12, the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, sent a letter to the President of the European Commission and other European leaders urging them to create a European vaccination certificate.

Mitsotakis pointed out that the certificate would represent «a positive incentive» to ensure that people get vaccinated, and pressed the rest of his European colleagues to speed up the work as soon as possible, given the problems that European governments had in previous months to agree on a common locator form for travellers.

“If we rapidly reach a common understanding between Member States on a harmonized vaccination certification form and its uses, we can then push the issue forward in the relevant international fora, thus contributing to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels,»Mitsotakis highlighted in his letter.

«For countries such as Greece, which are dependent on tourism, it’s imperative that this issue is resolved before the summer season,” he added.

Agreement. The proposal was quickly supported by countries dependent on tourism such as Spain, Portugal or Croatia. The rest of the capitals did not oppose it, but they recalled that there were issues that should be cleared first, such as whether those vaccinated can transmit the virus or how long the immunity lasts for those who have passed the covid-19, as pointed out by a senior diplomatic official of the group of the skeptics.

In Brussels, some also wondered whether it would be worth the effort, since it would be difficult to have the certificate in place by June, and in the end only the adult population may benefit from it , taking into account the complicated start of the European vaccination campaign. Young people, great victims of this pandemic, were once again affected by the attempt to save the summer seson they had been waiting for so long.

In spite of the existing doubts, the European Commission presented its proposal in March. Two months later, the negotiators of the Council (which brings together the member states) and the European Parliament reached an agreement on the details of the certificate, which will prove who has been vaccinated, passed the disease or a covid test.

Both institutions ratified the final document in June, ready to enter into force on 1 July.

“Our Union showed again that we work best when we work together. The EU Digital COVID Certificate Regulation was agreed between our institutions in the record time of 62 days. While we worked through the legislative process, we also built the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live since 1 June,” said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on 14 June during the signing ceremony of the regulation with the Commission, the European Parliament and the Council.

”The EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible and cherished of EU rights – the right to free movement,» added von der Leyen.

With a vaccination campaign picking up speed, the imminent arrival of recovery funds and the relaxation of restrictions across Europe, the certificate represents a symbol not only of the collective effort von der Leyen spoke of to overcome the pandemic, but also of the return to normal times.

Slowly, Europe started to leave behind difficulties and hardships, including problems with the vaccination strategy, tensions with AstraZeneca or doubts about the vigor of the European recovery.

The arrival of the summer season brought optimism back to the European soil.

But before reaching a successful conclusion on the covid certificate, the European Parliament and the Council had to negotiate against the clock to bridge the differences in their positions. The main bone of contention was the risk of discrimination against those who have not yet been vaccinated, and the possibility of imposing additional restrictions to those holding the certificate, as requested by the governments.

In the end, MEPs obtained €100 million of EU funds to finance tests for those who have not been vaccinated. In addition, the Parliament succeeded in getting the member states’ commitment not to impose restrictions, such as quarantines or PCR tests, to covid certificate holders, «unless they are necessary and proportionate to safeguard public health.» The decision will be based on the epidemiological information from the European Centre for Disease Prevention and Control.

The European Parliament’s lead negotiator, Spanish MEP Juan Fernando López Aguilar, celebrated that they managed to restore the freedom of movement in the Schengen area. «EU member states are encouraged to refrain from imposing further restrictions, unless they are strictly necessary and proportionate,» he stressed last June.

The details. The EU Digital COVID certificate, the final name after various changes, will be accessible to everyone and will cover vaccination, diagnostic tests and recovery from covid-19. It will be available in all EU languages, both digital and paper, and will be secure, including a QR code with a digital signature.

It can be issued and used in all EU member states to facilitate the freedom of movement. Each government may decide whether they want to apply it to other uses in its territory, such as access to restaurants or concerts.

All EU citizens and third-country nationals who are in the EU or legally reside in the Union will be able to obtain it for free. The EU also is in talks with third countries to recognize similar certificates that they may issue based on similar parameters.

The certificate will only contain essential information, such as name, date of birth, issuer of the certificate and its unique code.

In the case of vaccination, the certificate will inform about the type of vaccine and its manufacturer, the number of doses administered and the date of vaccination. In the case of a diagnostic certificate, the document will detail the type of diagnostic test, the date and time it was made, and the result. If it is a certificate of recovery, it will report the date of the positive diagnostic test result and the period of validity.

The vaccines accepted are those approved by the European Medicines Agency, but countries will be able to accept also those that have been approved by the World Health Organization, including the Russian Sputnik V and the Chinese Sinopharm and Sinovac.

Certificates will be issued from the first dose, although the number of inoculations received must appear in the document. The European Commission proposed that those who have received a single dose of a two-dose vaccine after being previously infected with COVID-19 be considered fully vaccinated for travel purposes.

Regarding the tests, PCR tests will be accepted and Member States will be able to decide whether to recognise those for rapid antigen detection.

The certificate will be granted by issuing centers such as hospitals, diagnostic testing centers or health authorities in member states, upon request or automatically. It will work with a QR code with a digital signature, unique for each issuing center, to protect it against counterfeiting. All of them will be stored in national databases.

To securely verify certificates between different authorities across the EU without transferring personal data, the Commission activated a gateway on 1 June. This technological platform has been one of the tricky elements of the proposal, in light of the problems that European countries had over the past months to develop the passenger locator form.

«Hacia una resiliencia creativa», por María Andrés

ÁMBITO EUROPEO

 
MARÍA ANDRÉS

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

Hacia una resiliencia creativa

@MariaenEUropa

MIENTRAS EUROPA continúa gestionando en múltiples frentes las consecuencias económicas, sociales y de salud de la pandemia de coronavirus, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas parecen haber iniciado una carrera contrarreloj para desarrollar una nueva estrategia sólida para la UE post-covid, aspirando a una renovada «resiliencia» y «autonomía estratégica» de Europa que resultarán clave para nuestra supervivencia en un mundo globalizado y cada vez más complejo.

Con escasos días de diferencia, hemos asistido a la presentación de la agenda España 2050 por el gobierno nacional y al anuncio del segundo informe anual de Prospectiva estratégica para la UE, que el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, presentará en julio. También el Parlamento Europeo ha contribuido al debate con toda una batería de medidas en su estrategia Hacia una Europa más resiliente. Los tres informes confluyen en sus principales ideas fuerza.

Efectivamente, los shocks y múltiples retos afrontados en los últimos años (la crisis financiera en 2008, la de inmigración en 2015, la decisión del Reino Unido de salir de la UE o la elección de Trump en EE.UU., así como la dramática irrupción de la Covid-19 en nuestras vidas) han visibilizado la importancia de anticipar las diferentes tendencias globales más allá del siguiente ciclo electoral y nos enseñan a prevenir con políticas europeas más ágiles y centradas, por un lado, en responder a las distintas vulnerabilidades estructurales de la UE y, por otro, a proteger nuestras fortalezas, consolidando lo que hoy denominamos «el modo de vida europeo»: la democracia liberal, el estado del bienestar, la libre movilidad de ciudadanos o un derecho básico a  la salud y la protección social.

La primera lección es que para lograrlo en una arquitectura de gobernanza multinivel y compleja como la UE tendremos que aprender a conjugar con mayor velocidad medidas coordinadas a diferentes niveles (local, nacional, europeo o internacional). Así, la solución a algunos de los actuales retos –la gestión de la crisis sanitaria, el reforzamiento del multilateralismo con terceros países– dependerán de nuestra capacidad de forjar compromisos constructivos con terceros países a nivel global. Otros retos –la reconstrucción económica y del mercado único en la UE o el pilar social europeo– requerirán políticas domésticas efectivas dentro de la UE, tomadas en el seno de sus instituciones comunitarias. Una tercera categoría de retos -la reducción de la dependencia energética, la seguridad alimentaria o la defensa de las fronteras exteriores de Europa- comparten ambas necesidades: una legislación sólida europea y una cooperación estrecha con terceros países fuera de la UE.

La globalización de las dos últimas décadas es un proceso que no admite retorno, y si hay algo que hemos aprendido tras afrontar múltiples crisis «globales» es el efecto multiplicador que se destila de la acción común. Ni la mayor potencia mundial del siglo XX ha llegado demasiado lejos en el XXI con su America first. Por eso no podemos seguir trabajando en silos ni compartimentos estancos. Y por eso también asuntos como el de la política sanitaria o la gestión de fronteras interiores son retos de competencia legislativa nacional pero donde la UE puede (y debe) fortalecer la capacidad ejecutiva de sus Estados miembros, apoyándolos con una estrecha coordinación de sus legislaciones nacionales. A esta necesidad, precisamente, responden acciones clave estas semanas como la creación del nuevo Certificado Covid-19.

Cuando dentro de unos años echemos la vista atrás para analizar la respuesta que la UE ha dado para paliar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la Covid-19, estoy convencida de que el nuevo Certificado Digital Covid destacará como uno de sus mayores aciertos, junto con el paquete de recuperación económica (conocido como nextgeneration.eu), la flexibilidad otorgada a los Estados para que estos pudieran endeudarse más allá del 3% durante la gestión en caliente de la pandemia, el apoyo en liquidez para pagar los ERTEs o el programa EU4Health para reforzar la distribución de medicamentos y el abastecimiento de hospitales, entre otros.

Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado en Europa es a apreciar plenamente dos valores intrínsecos del proyecto europeo que durante demasiado tiempo habíamos dado por sentado: el acceso universal a la salud y el derecho a la movilidad intraeuropea. El certificado digital constituye una apuesta decidida para rescatar ambos principios.

En virtud del acuerdo alcanzado en tiempo récord entre el Parlamento Europeo y el Consejo, válido desde el 1 de julio, el certificado confirmará que una persona ha sido vacunada contra la Covid-19, que cuenta con un test negativo reciente o que ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Hemos aprendido a golpe de crisis que a menudo no es necesaria una transferencia formal de competencias de gobiernos nacionales a la UE, pero sí resulta imprescindible el desarrollo de una estrecha cooperación entre países europeos y la voluntad de aceptar la realidad de nuestra interdependencia cuando afrontamos retos globales: el cambio climático o la resiliencia de nuestros sistemas bancarios son otros ejemplos urgentes del siglo XXI. Para solucionar cada uno de ellos necesitaremos una UE más ágil y una capacidad de resiliencia creativa, que aporte soluciones coordinadas desde diferentes niveles y destierre los compartimentos estanco ya obsoletos en los que hemos aprendido a operar a lo largo del siglo XX.

English version

Towards creative resilience

AS EUROPE continues to grapple with the economic, social and health fallouts of the coronavirus pandemic across multiple fronts, national governments and European institutions appear to be in a race against the clock to develop a strong new strategy for Post-Covid EU, aiming for renewed ‘resilience’ and a ‘strategic autonomy’ for Europe that will be key to our survival in an increasingly complex and globalised world.

Just a few days separated the presentation of the Spain 2050 agenda by the national government and the announcement of the second annual Strategic Foresight Report that Commission Vice-President Maroš Šefčovič will present in July. The European Parliament has also engaged in the debate with a raft of measures in its Towards a More Resilient Europe strategy. The three reports have the same main thrusts.

The shocks and multiple challenges faced in recent years (the 2008 financial crisis, the migrant crisis of 2015, the UK’s decision to leave the EU and Trump’s election in the US, as well as the dramatic impact of Covid-19 on our lives) have highlighted the importance of anticipating different global trends beyond the next election cycle. Indeed they have taught us how to step up to them with European policies that are more agile and focused on responding to the EU’s various structural vulnerabilities and by protecting our strengths, consolidating what we now call ‘the European way of life’, i.e., liberal democracy, the welfare state, free mobility of citizens and a basic right to healthcare and social protection.

The first lesson is that to achieve this in a complex, multi-level governance architecture like the EU, we need to learn how to more speedily tap coordinated measures across different levels (local, national, European and international). Solving some of the current challenges, such as managing the health crisis and shoring up multilateralism with third countries, will depend on our ability to build constructive commitments with third countries globally. Other challenges, such as rebuilding the economy and the single market in the EU or the European social pillar, will require its institutions to take effective domestic policies. A third category of challenges, i.e., reducing energy dependence, food security and the defence of Europe’s external borders, share both needs: strong European legislation and close cooperation with third countries outside of the Union.

There is no walking back from the globalisation of the last two decades and if there is one thing we have learned from facing multiple “global” crises it is the domino effect deriving from common action. Not even the twentieth century’s leading global powerhouse has had much success in the twenty-first with ‘America First’. This is why we cannot continue working in silos or closed chambers. And it is why issues such as the health policy and internal border management are challenges within the national legislative remit but where the EU can (and should) boost the executive capacity of its Member States, supporting them with close coordination of their national laws. Key actions in recent weeks, such as the creation of the new Covid-19 Certificate, respond to this need.

When within a few years we look back and try to unpack the EU’s response to alleviating the social, economic and health impacts of Covid-19, I am convinced that the new Digital Covid Certificate will stand out as one of its greatest successes, along with the economic recovery package (known as nextgeneration.eu), the flexibility granted to States to borrow more tan 3% during the period of active pandemic management, the cash support to pay for furloughs and the EU4Health programme to shore up the distribution of medicines and to supply hospitals, among others.

If there is one thing this pandemic has taught us in Europe, it is to fully appreciate two intrinsic values of the European Project that we had taken for granted for too long: universal access to health and the right to intra-European mobility. The digital certificate is a firm intent to recover both principles.

Under the record-time agreement by the European Parliament and Council, valid from 1 July, the certificate will confirm that a person has been vaccinated against Covid-19, has had a recent negative test or has recovered from the disease in the past six months.

With the crisis, we learned the hard way that while a formal transfer of powers from national governments to the EU is often unnecessary, it is essential to develop close cooperation between European countries and a willingness to accept the reality of our interdependence when facing global challenges. Climate change and the resilience of our banking systems are other pressing examples from the twenty-first century. Solving them requires a more agile EU and creative resilience to provide coordinated solutions from different levels and to step out of the closed chambers we learned to operate in throughout the twentieth century that have now been rendered obsolete.

El olvido de los conflictos armados

ALDEA GLOBAL

El olvido de los conflictos armados

Justo en este momento, mientras estas líneas toman cuerpo en su mente, en este nuestro mundo hay más de medio centenar de guerras y conflictos armados de diversa índole, algunos a punto de cumplir un siglo de enconamiento. Hoy, mientras nos informamos de las noticias más recientes, casi un 40 % de la población mundial malvive o se protege como puede de las agresiones bélicas en áreas geográficas olvidadas a causa de la vorágine de la actualidad.

MELCHOR DEL VALLE

@mechiva

Melchor del Valle

“Si quieres la paz —dicen que dijo Julio César—, prepárate para la guerra”. La frase, o el concepto, mejor, es la razón por la que los seres humanos nos armamos hasta los dientes.

Donde vive la guerra. Conviene aclarar, en principio, que hay quienes clasifican las situaciones bélicas en grandes o pequeñas guerras, conflictos, escaramuzas o enfrentamientos. Su objetivo es agrupar las distintas situaciones según el número de víctimas anuales, pero, aunque luego demos algunos datos al respecto, no parece que sea menos cruel el escenario donde hay un centenar de víctimas que donde se registran diez mil. Es por eso esta mirada inicial a la antigüedad de los conflictos, al margen de la violencia con que se desarrollen.

En lo que hoy es el territorio de Irán, se dan los dos conflictos bélicos en activo más antiguos de la humanidad y ambos tienen que ver con los diversos intentos de crear Estados árabes a principios del siglo XX. Por un lado, el que se mantiene en la provincia de Juzistán, el antiguo reino de Susa, desde 1922; y por otro, el más conocido de los kurdos, que data de 1946. Se puede recordar, en este punto, que los aproximadamente 40 millones de personas que componen esta etnia ocupan terrenos fronterizos de cuatro países que, habitualmente, vienen manteniendo distintos tipos de conflictos por razones territoriales: el citado Irán, Irak, Turquía y Siria. El más reciente de los conflictos activos, cuyo inicio fijará la historia en el 11 de abril de 2021, tiene lugar en Chad, donde el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad inició un levantamiento en el que murió el presidente del país, Idriss Déby, en el poder desde 1990 y que había reeditado su mandato en las elecciones celebradas, precisamente, el mismo día de la rebelión.

Entre el ayer y el hoy. Si recogemos información de las distintas organizaciones que se esfuerzan por denunciar o aminorar los efectos de los conflictos armados, con Naciones Unidas como mayor referente, podemos establecer hasta 56 de ellos en todo el mundo. Como los ya citados, algunos iniciados en la primera mitad del siglo pasado; otros, tan recientes que acaban de ser noticia. Los hay que provocan diez mil víctimas o más al año y los que no llegan al centenar —una sola, ya duele, pero las cifras ayudan a entender—. Si nos fijamos solo en 2020, el total de víctimas en todos esos conflictos es de casi 114.000. Si contabilizamos las de todos los conflictos a lo largo de su penosa existencia, la cantidad supera con creces los 12 millones de personas. Y recuérdese que hablamos únicamente de esos conflictos localizados y aún activos, no de los que ya han terminado, afortunadamente, o de guerras mundiales.

De entre los que generaran más de un millar de muertes anualmente, el más antiguo es el que tiene lugar en Birmania (desde 1948), con dos frentes: el de Kachin y el de los Rohinyá. El más moderno (2020) lo encontramos en Etiopía con un doble conflicto: la intervención militar en Tigray, (interno) y el enfrentamiento con Sudán en el área fronteriza de Abu Tyour. La nada honorable “medalla de oro” en la relación antigüedad-víctimas la tiene Afganistán, cuya guerra civil está vigente desde 1978, aunque en el número de muertes anuales, más de veinte mil en 2020, también “ayuda” la guerra iniciada en 2001 tras los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. La “de plata”, quizás solo porque es menos mortífera hoy, la encontramos en Corea y su conflicto por la división en dos países, vigente también desde 1978, que arrastra un saldo superior a los cinco millones de muertos, aunque en 2020 solo hay que lamentar la pérdida de dos personas.

En apenas 21 años. Para que nadie piense que, llegados al siglo XXI, la barbarie da un respiro. Podemos contabilizar hasta 31 conflictos armados cuyo comienzo se establece a partir del año 2000. Del 2002, concretamente, es la insurgencia en el Magreb surgida después de una efímera paz tras la guerra civil argelina. Aunque hay más países implicados, los más afectados por las acciones de las milicias islamistas son Argelia, Mauritania y Marruecos, y en 2020 se llevó por delante a más de siete mil personas. La más reciente es la comentada insurgencia en Chad, que ya sobrepasa las 300 víctimas. Y los más cruentos, el conflicto de Irak (2003), que supera el millón y medio de víctimas, aunque se ha aliviado bastante en 2020 (unas 2.700 muertes), y el interno en Yemen (2015), recrudecido por la intervención de Arabia Saudí, donde un tercio de sus sesenta mil víctimas se han producido en 2020.

No hay nada nuevo, en fin. Y la muestra es lo que, entre el pacifismo y el realismo más desprovisto de emociones, dejó escrito Immanuel Kant: «El estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza de que se declaren» (Hacia la paz perpetua, 1795). Le da razón el hecho de que la mayoría de esos conflictos a los que nos venimos refiriendo sean internos y que tengan su origen en animadversión racial o étnica; o en fanatismos ideológicos, los religiosos incluidos.

Radiografía. Según datos de Naciones Unidas, en la “foto” de las guerras de hoy hay un cambio sustancial: mientras que, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, solo el 5 % de las bajas fueron civiles, la cifra de víctimas no combatientes en la actualidad, -se incluyen aquí heridos con secuelas graves-, supera el 75 %. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dio un dato más en este sentido: detalló que el 90% de los abatidos o lesionados por armas explosivas, utilizadas en áreas pobladas en todos los conflictos del momento, eran civiles.

La frase antes citada de Kant termina con una reflexión: “El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado…”. No añadamos nada más.

Veteranos en guerra

De los 56 conflictos armados activos, la clasificación de los 15 más antiguos no deja de ser sorprendente por el tiempo que llevan provocando víctimas, aunque algunos se encuentren en un estado como de “guerra templada”, más que “fría” (las dos Coreas). El número de víctimas es aproximado, según estimaciones de Naciones Unidas. A partir de los años 70, la mayoría de los enfrentamientos tienen su origen en África y solo uno (este de Ucrania, 2014) en Europa.

Año de inicioConflicto, país / paísesVíctimas
1922Separatismo árabe en Juzestán500
1946Separatismo kurdo en Irán35.000
1947Conflicto de Cachemira45.000
1948Conflicto en Kachin y con los Rohinyá, Birmania210.000
1948Conflicto israelí-palestino50.000
1948Conflicto en Baluchistán, Pakistán20.500
1950Conflicto coreano5.000.000
1954Insurgencia en el nordeste de India25.000
1960Insurgencia del sur d Tailandia7.200
1960Conflicto armado interno en Colombia (1)220.000
1963Conflicto en Papúa, Indonesia150.000
1967Insurgencia naxalita (maoístas), India14.370
1969Insurgencia en Filipinas43.390
1969Conflicto Moro, Filipinas140.000
1970Conflicto del Sahara Occidental17.000

(1) Recrudecido con los enfrentamientos de Apure (marzo de 2021) en los que está implicada Venezuela.

Por si las dudas

Preventing war: Shaping peace. International Crisis Group (2019-2020)

Wars since 1900. The Polynational War Memorial (2018).).

Mapped – a world at war. The New Humanitarian (mapa interactivo desde 2017).

«Conflictos: lo que no se ve no existe», por Casimiro García-Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independente»

 

Conflictos: lo que no se ve no existe

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

¿Qué ocurre en Siria? Una guerra que dura más de diez años, que ha provocado el éxodo de cinco millones de personas; que ha involucrado a países como Turquía, Irán, Estados Unidos, Rusia, o a organizaciones terroristas como el Daesh, Al Qaeda, y que ha provocado más de 100.000 muertos, ahora vive congelada en nuestra memoria.

Bachar Al Asad ganó. Pero su victoria ha fracturado el país, que está dividido en zonas de influencia, sembrado de fronteras internas que ni siquiera figuran en los mapas; con sus principales infraestructuras destrozadas, con el miedo generalizado entre sus ciudadanos, provocado por un régimen que se ha consolidado gracias al terror y a vender externamente su militancia activa contra el estado islámico.

Pero Siria, desde hace meses, ya no ocupa espacio en los informativos de televisión. Ha desaparecido de los grandes diarios. Ha pasado al olvido.

Si eso ha ocurrido con una de las guerras más cruentas del último medio siglo, ¿qué decir de otros conflictos menores en los países africanos? Sólo el contencioso palestino israelí vuelve de vez en cuando al primer plano de la actualidad. Es la excepción que confirma la regla. Y las razones de que persista como argumento informativo son fáciles de entender.

Vivimos en la sociedad de la imagen. Lo que no se ve no existe. Eso es algo que conocen bien los regímenes totalitarios y por esa razón una de las primeras medidas que adoptan es expulsar a los periodistas que, en ocasiones jugándose la vida, tratan de ser los ojos de una sociedad que se resiste a mirar cosas desagradables y que no tienen que ver directamente con su rutina diaria.

A este afán por cubrir con un tupido velo lo que ocurre en sus zonas de influencia por parte de los regímenes que mantiene conflictos duraderos con minorías étnicas o con opositores políticos, se suma la debilidad de los medios de comunicación y la banalización de la información a la que ha contribuido la popularización de las redes sociales e internet.

En otros tiempos, los grandes periódicos tenían corresponsales y enviados especiales que cubrían desde el terreno los conflictos que se situaban en los aledaños del primer mundo. Las crónicas de esos periodistas servían para llamar la atención sobre flagrantes violaciones de derechos humanos, sobre la brutalidad de algunos gobiernos y, en base a ello, aunque siempre lentos y perezosos, los países occidentales levantaban la voz y, a veces, se lograban frenar cruentos genocidios.

Pero la crisis del periodismo ha afectado sobre todo a la cobertura siempre costosa y arriesgada de esas historias que sólo interesan a públicos minoritarios. El hambre se ha juntado con las ganas de comer. Los medios recortan costes y la búsqueda de usuarios (que no lectores) condena a la cobertura de esos conflictos a una muerte lenta.

Es más fácil, más barato y, sobre todo, mucho más rentable, lanzar contenidos sobre las aventuras y desventuras de Rocío Carrasco, por ejemplo, que mandar a un periodista, que necesariamente debe ser cualificado, a una zona alejada y peligrosa para contar qué es lo que está pasando allí.

Sólo algunas organizaciones, como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, encienden de vez en cuando las alarmas sobre lo que está ocurriendo en Somalia, Chad o la frontera de Irak con Turquía donde lucha por su supervivencia la minoría kurda.

Nadie se queja; nadie pone el grito en el cielo. La sociedad de la transparencia, de la exhibición, ha creado un mundo virtual en el que los conflictos son poco más que un entretenimiento, un videojuego. Si no hay imágenes, la noticia no se da o se arrincona. Y si no hay periodistas sobre el terreno es imposible que haya imágenes, a no ser las que los interesados directos las distribuyan a modo de propaganda política.

Así que ahora, en un mundo que se cree más democrático, más participativo gracias a las redes sociales, lo que ocurre es que los regímenes totalitarios tienen las manos mucho más libres que hace cincuenta años para hacer y deshacer a su antojo.

Alguien dirá que el “periodismo ciudadano” puede servir para cubrir el espacio que ya no ocupan los periodistas profesionales. Es un error. En primer lugar, porque el testigo presencial sólo tiene una visión parcial de los hechos. La imagen del estallido de un coche bomba o de un reguero de cadáveres al borde de una carretera nada tienen que ver con la cobertura informativa de un conflicto, para lo que es necesario el contexto y el contraste de la información que sólo puede aportar un periodista. Por otro lado, las imágenes transmitidas de forma anónima o con nombre supuesto son fácilmente manipulables. En los periódicos estamos ya habituados a recibir pequeños vídeos que forman parte de operaciones de propaganda y manipulación.

La tecnología, en lugar de hacer factible un mundo más global en el que los valores de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos trascendieran los límites de los países desarrollados, ha facilitado la labor de los que pretenden acallar a la disidencia y ocultar sus aberrantes prácticas. Aunque parezca contradictorio, esa es la verdad.

Algunos gobiernos, algunos líderes de opinión, viven plácidamente en la autocomplacencia, y han perdido no sólo la capacidad de autocrítica, sino la perspectiva del momento histórico que estamos viviendo.

Sólo hay que echar una ojeada a nuestro alrededor y ver el creciente potencial de los países autoritarios, en los que sólo existe la opinión del gobierno, y los opositores están condenados a la cárcel o al exilio.

En lugar de agitar las conciencias y hacer que los ciudadanos aprendan a valorar la libertad y se preocupen porque ese bien preciado se respete en otros lugares, nos estamos acostumbrando a cerrar los ojos y sólo ver lo que nos resulta placentero o nos divierte.

¿Hacia un nuevo contrato social?

ENTRE MAGNITUDES

¿Hacia un nuevo contrato social?

La necesidad de flexibilizar el encorsetado mercado laboral es una evidencia que se antoja cada vez más imperiosa. Con uno de los índices de paro juvenil más altos del mundo civilizado, esta reforma se torna, incluso, perentoria. Si, además, la medida se aborda al mismo tiempo que la procrastinada problemática que entraña la sostenibilidad del sistema de pensiones, la jugada se antoja redonda. Al menos así lo indica el Banco de España al proponer, una vez más, la implantación en nuestro país del sistema conocido como la ‘mochila austríaca’. Un modelo que implica reformular la regulación actual de la indemnización por despido pero que, de momento, sigue sin contar con el consenso necesario de los grupos políticos, los representantes sindicales ni siquiera de las organizaciones empresariales. Por consiguiente, parece que, al menos de momento, la constitución de un nuevo estatuto de los trabajadores acorde al siglo XXI tendrá que esperar a otra ocasión más propicia.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones son, sin duda, dos de las cuestiones más peliagudas a las que desde hace décadas se enfrenta la sociedad española.

La tasa de desempleo entre los más jóvenes, cercana al 40% entre los menores de 25 años (el doble que la media de la eurozona), está teniendo graves efectos en la economía. La caída en picado de la tasa de natalidad y la dilación en la emancipación son sólo algunos de ellos, además del consabido deterioro de su capacidad de consumo. Además, esta situación estructural dejará secuelas a la larga relacionadas con la demora en la toma de decisiones de los proyectos de vida de toda una generación de españoles. Si a esto se une la imparable tendencia, coronavirus aparte, al alargamiento de la esperanza de vida de los ciudadanos, el resultado es un cóctel que, más pronto que tarde, explotará con evidentes consecuencias en la salud, entre otros, del sistema público de pensiones.

La posibilidad de repensar el futuro del mercado laboral es, por tanto, una necesidad más que evidente en España. La dualidad del actual sistema, con trabajadores indefinidos blindados en función de su antigüedad y empleados temporales expuestos a la constante precariedad derivada de los vaivenes de la cuenta de resultados, reclama la toma de medidas.

Un país, dos sistemas. En su último Informe Anual, relativo al ejercicio 2020, el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’, propuesta que ya incluyó en la reforma laboral planteada por el gobierno socialista en 2010. La diferencia es que, en esta ocasión, el Banco de España ha ido un paso más allá al cuantificar su implantación en alrededor de 9.000 millones de euros. Cantidad que sería financiada en su mayoría con cargo al esperado maná de los fondos europeos de reconstrucción.

La entidad plantea una suerte de sistema mixto con el establecimiento de un fondo de capitalización individual por empleado nutrido por los propios empresarios. A cambio, se rebajaría a alrededor de la mitad el coste por despido improcedente.

Una carga considerada actualmente elevada en el caso de los trabajadores indefinidos que cuentan con la suficiente antigüedad acumulada y que, a la postre, limita la movilidad laboral ante el temor a perder ese escudo protector que les blinda de las sucesivas crisis económicas.

El Banco de España ha puesto el dedo en la llaga a la hora de poner de relieve algunas de las principales deficiencias de nuestro mercado de trabajo, donde el grueso de los ajustes durante las recesiones recae una y otra vez sobre los colectivos de trabajadores más vulnerables. De hecho, las medidas de política fiscal adoptadas ante una crisis suelen provocar un mayor o menor deterioro de las cuentas públicas, que en el caso de España ya partían de una situación de elevada vulnerabilidad antes, incluso, de la llegada de la pandemia.

Ante este complicado panorama, la introducción de cuentas de ahorro de capitalización individual para afrontar las indemnizaciones por despido en España, es decir la adopción del modelo inspirado en la denominada ‘mochila austríaca’ podría ser una solución, aunque tiene, sin duda, sus luces y sus sombras. Prueba de ello es la falta de consenso para proceder a su implantación en los sucesivos intentos de puesta en marcha, que no han pasado del mero grado teórico y que ya fueron tumbados en el pasado, a pesar de las recomendaciones emitidas también desde la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

No sin mi “mochila”. La medida, como ocurrió en 2003 tras su implantación en el país que le da nombre, introduce flexibilidad y reduce la dualidad entre empleados fijos y eventuales, al tiempo que amplía la capacidad del trabajador para cambiar de empleo sin perder sus derechos laborales adquiridos.

La “mochila” acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, al depositar la empresa un porcentaje del salario del empleado, un 1,53% bruto en el caso austríaco, en un fondo de capitalización a su nombre. Ese dinero sirve de “colchón” para, en caso de despido, indemnizar al trabajador, al tiempo que puede ser transferido a otra empresa en caso de que éste decida cambiar de compañía.

Además, en el supuesto de no llegar a utilizarse el fondo a lo largo de la vida laboral, la “mochila” sirve de complemento para la jubilación, lo que no deja de ser una plausible solución ante la problemática que se avecina en torno al futuro sostenimiento del sistema público de pensiones.

La duda que planea sobre técnicos y expertos es si es aplicable o no el modelo austríaco en España. Para ello analizan cuestiones relacionadas con aspectos como la adecuada administración de esos fondos; la cuantía del salario bruto a destinar a la mochila; el posible fraude en el sistema o; incluso, si seguirá habiendo algún tipo de indemnización por despido una vez implantado.

Lo que parece indudable es que este sistema favorecería a los trabajadores con sueldos más altos. Sin embargo, y a pesar de su elevado coste inicial de implantación, también resultaría una oportunidad histórica gracias a la inminente llegada de los fondos europeos, ya que permitiría la implantación de una cultura del ahorro de cara al retiro, desincentivaría la economía sumergida, fomentaría la movilidad laboral y, por ende, recudiría los ocasionales períodos de desempleo, entre otros aspectos.

Las nuevas generaciones pueden aferrarse en sus legítimos reclamos a la célebre proclama de mayo del 68 francés, que preconizaba en feliz aforismo ‘la imaginación al poder’. En cualquier caso, lo que a todas luces parece inaplazable, y nunca antes había sido tan acuciante, es la necesidad de afrontar un verdadero cambio de mentalidad para abordar estos desafíos.

Cuestión de números

La implantación de un sistema similar al modelo austríaco podría suponer la supresión de obstáculos a la hora de ejecutar despidos, al apostar por la capacidad del empleado y no por el coste económico que entraña su desvinculación laboral.

Sin embargo, la tasa de temporalidad en España es muy elevada, en torno al 25% del total de ocupados, lo que sitúa al país en el tercer puesto por la cola entre los miembros de la OCDE. A pesar de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 meses de salario, a 20 días y 12 meses de sueldo (33 días y 24 meses en caso de contrato indefinido), nuestro país tiene el mayor coste de despido de la Unión Europea, con 15,2 semanas de media, sólo superado en la Unión Europea por Grecia (15,9), y en la OCDE por México (30 semanas), Chile, Israel y Corea del Sur (43,3 semanas).

Ojo al dato

Informe anual 2020, sobre la economía española. Banco de España, Servicio de Publicaciones.

Introducción de las cuentas de ahorro individuales para la indemnización por despido en España: Una evaluación ex-ante de los efectos distributivos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El fondo de capitalización a la austríaca: costes y beneficios de su implantación en España. Colección Estudios Económicos (junio de 2011). Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Informe sobre ‘la mochila austríaca’, qué es y qué efectos tiene. Apuntes del Servicio de Estudios de la Confederación, Unión General de Trabajadores (UGT).

En su último Informe Anual el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’