«Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes», por Fernando Fernández Méndez de Andés

EN ESTE PAÍS

 
FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

profesor IE university

 

Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes

Las relaciones entre economía y derecho siempre han sido complejas. Dos disciplinas que comparten objetivo: contribuir a una sociedad más libre, justa y próspera, pero que atienden a lógicas diferentes. “Pleitos tengas y los ganes” es mas que una vieja maldición, es la frase que resume la actitud de muchos economistas españoles frente a la situación de la justicia. Si al dicho anterior le añadimos la coletilla “que no vivirás para disfrutarlo”, ya tenemos un primer diagnóstico generalizado en la sociedad española. Para los economistas está fuera de duda que la lentitud e imprevisibilidad de la justicia española suponen un factor de pérdida de competitividad internacional, una de las causas estructurales de nuestra crónica incapacidad para crecer y crear empleo. Como han subrayado sistemáticamente todos los observadores internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la OCDE o la Comisión Europea. Por no mencionar el hoy polémico Doing Business Report del Banco Mundial. Sí, ya sé que un millón de moscas pueden equivocarse, pero la complacencia y el corporatismo no suelen ser buenas guías de actuación.

La ciencia económica hace ya muchos años que subraya la importancia de una adecuada definición y protección de los derechos de propiedad y de un correcto diseño institucional en el desarrollo económico y social. Últimamente es habitual referirse al libro de Acemoglu y Robinson[1] como seminal. Pero lo cierto es que es solo la última manifestación de una larga escuela de pensamiento, la Escuela de Columbia-Chicago, que se remonta a los años 30 y que vivió su Premio Nobel de la mano de Douglass North[2] ya en 1993. Una escuela que en España cuenta afortunadamente con una larga lista de excelentes seguidores y que ha inspirado muchos trabajos de instituciones tan prestigiosas como Fedea o la Fundación Ramón Areces.

No es pues de extrañar que haya un elevado consenso en nuestro país sobre la necesidad de prestar atención a las consecuencias económicas de la organización judicial y de la producción legislativa. Un consenso que ha cobrado actualidad en el Plan de Recuperación y Resiliencia Europea. Cualquier análisis independiente de su contenido deseable, lista entre las prioridades necesarias la reforma de la administración judicial. Inseguridad jurídica, marasmo legislativo, lentitud e imprevisibilidad son expresiones habituales. Que reflejan tres problemas diferentes: se legisla mucho y mal, se tarda mucho en administrar justicia y existe una elevada incertidumbre sobre el resultado.

En España se legisla mucho y mal[3]. Se hacen demasiadas leyes que luego no se aplican o no se pueden aplicar y el desarrollo del Estado autonómico ha multiplicado el problema. Las administraciones se contradicen o anulan deliberadamente entre sí. Esta inseguridad convierte al ciudadano en súbdito, en sujeto sufriente de la discrecionalidad de la autoridad del momento y lugar. Se erosionan la unidad de mercado y la libertad de movimiento de bienes y servicios, se interfiere en la creación y crecimiento empresarial, se dificulta la creación de puestos de trabajo. Se ahuyenta al inversor.

Hemos conseguido poner cifras a estas afirmaciones. “La regulación se relacionaría negativamente con el volumen total de empresas en España (un incremento de un 1% en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% de menos empresas)”[4]. Pero lo que es peor, afecta también al tamaño de las empresas, pues “el aprovechamiento de las asimetrías normativas que otorgarían incentivos para la especialización” explicaría la proliferación de pequeñas empresas en nuestro país. Frente al renacer del movimiento romántico de que lo pequeño es hermoso, lo cierto es que el raquitismo empresarial español es una de las causas de la escasa productividad, de la vulnerabilidad financiera y del atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías del tejido productivo español. La pequeña empresa paga peor, exporta menos, innova mal y se digitaliza mas tarde. La mejor política de pymes es ayudarles a dejar de ser pymes y para ello una regulación única y una justicia rápida son condición necesaria.

En la misma línea, otro estudio del mismo autor concluye que “la ineficacia del sistema judicial, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial”[5]. La lentitud de la justicia española ahuyenta la inversión, y por lo tanto ralentiza el crecimiento. Sería deseable que en la medida en que esta lentitud responda a falta de medios materiales y humanos, pudiera ser corregida esta vez con fondos europeos. Por fin tenemos dinero para hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho. Pero si algo debiéramos haber aprendido de la escuela institucionalista del crecimiento, es que no es solo cuestión de dinero. Hace falta un adecuado marco institucional, una buena definición de derechos y obligaciones, un sistema de incentivos y obligaciones, que ponga el énfasis en la productividad, la simplificación de los procedimientos y la disminución de la aleatoriedad.

Permítanme un atrevimiento final, especialmente en esta Tribuna. Estamos todo el día hablando de la nueva normalidad, del cambio brutal que la sociedad va a experimentar de la mano de las nuevas tecnologías. La justicia no puede vivir al margen de la digitalización, de la inteligencia artificial o de los smart contracts. Ni los jueces ni los tribunales pueden ser sustituidos por robots o algoritmos matemáticos. Tampoco los abogados, los profesores o los banqueros centrales.

Pero la organización, responsabilidades y métodos de trabajo en todas estas profesiones ha cambiado profundamente estos últimos años. Aprovechemos la oportunidad para repensar nuestro sistema de administración de justicia, para hacerlo también mas eficiente en términos económicos, es decir mas rápido y más previsible.

[1] Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail, Random House 2012.
[2] Autor de un libro fundamental, Structure and Change in Economic History, Norton, and Company,1982.
[3] Francisco Marcos, Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo, Revista de administración pública, Nº 179, 2009.
[4]  Juan Mora-Sanguinetti & Ricardo Pérez-Valls, ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España, Documento de Trabajo Nº2002, Banco de España, 2020
[5] Juan Mora-Sanguinetti, El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España, Boletín Económico del Banco de España, Nº 3, 2021.

La formación profesional se reinventa

DEBATE PARLAMENTARIO

La formación profesional se reinventa

En el curso 2020-21 más de 974.000 estudiantes se matricularon en Formación Profesional (FP), un 80% más que hace diez años. A pesar de este crecimiento sostenido, España necesita más titulados en FP que encajen con las necesidades del mercado laboral. La nueva ley de Formación Profesional implantará una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores.

 

Desde hace años existe un desequilibrio entre el nivel de formación de los aspirantes a un empleo y las exigencias de las empresas. Mientras miles de personas no encuentran empleo, muchas compañías no logran cubrir sus ofertas por falta de personal preparado. Las vacantes son especialmente elevadas en los niveles intermedios de cualificación -vinculados a la formación profesional-, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con el cambio tecnológico y la transición ecológica.

A la vez, de los casi 23 millones de población activa que hay en España, más de 10 millones no pueden acreditar formalmente sus competencias, aunque las hayan adquirido a través de la experiencia laboral o por vías no oficiales. Esto limita sus oportunidades de promoción profesional y les hace muy vulnerables si se quedan sin trabajo.

Sin embargo, en 2025 el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo. Habrá que duplicar en el menor tiempo posible el número de personas con formación intermedia para cubrir las ofertas de un sistema productivo en plena transformación.

Este es uno de los retos del proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional -ahora en trámite parlamentario-, con el que el Gobierno de España espera convertir la FP en una pieza indispensable que aporte valor al tejido productivo.

Uniformidad. La actual división entre el sistema educativo (permite obtener títulos de Formación Profesional y Cursos de Especialización) y el ámbito laboral (Certificados de Profesionalidad) dará paso a una estructura única de FP con cinco grados (del A al E), abierta a estudiantes y trabajadores, que podrán programar itinerarios formativos en función de sus aspiraciones.

Se incluyen por primera vez micro formaciones (grado A) que, sumadas, permitirán ascender hasta obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel (grados D y E).

Se proporcionará además un abanico formativo adaptado a la evolución del mercado de trabajo, con la particularidad de que las comunidades autónomas podrán ajustarlo al tejido productivo de sus territorios.

El propósito es que la FP sea cada vez más elegida por los estudiantes españoles, como sucede en la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En España el 36% del alumnado que cursa la segunda etapa de educación secundaria opta por la FP, cuando la media de la OCDE es del 42%.

El Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años: se han financiado 120.000 en el curso 2020/2021, otras 60.000 se financiarán en el curso 2021/2022 y el resto se habilitarán antes de 2023.

También se espera que con esta reforma legal en los próximos cuatro años más de tres millones de personas puedan acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral (con el sistema vigente, en la última década solo han podido hacerlo 300.000 trabajadores). Para lograrlo, se suprimirán las convocatorias ocasionales y limitadas a ciertas competencias, y se instaurará un procedimiento abierto a todas las unidades de competencias de manera permanente. 

Formación dual. Además, se apuesta decididamente por la formación dual, que combina la formación en el centro educativo y en la empresa. En España solo se acoge a esta fórmula el 3% del alumnado de formación profesional en la segunda etapa de la educación secundaria, frente al 34% de media de la OCDE.

Con la nueva ley, la formación tendrá carácter dual en todos los grados, siendo obligatoria a partir del grado C. En los grados A y B serán duales las formaciones que la requieran.

Para ello, los centros educativos y las empresas se distribuirán previamente los contenidos curriculares, siempre bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas y los centros. El contacto con la empresa se promoverá a partir del primer trimestre de formación y cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado. Se incorporan las figuras del tutor dual del centro y el tutor dual de la empresa, que evaluarán los aprendizajes en sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.

Al mismo tiempo, las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias gozarán de un reconocimiento mutuo para establecer itinerarios formativos que convaliden la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas.

Al servicio de la ciudadanía. El proyecto de ley sienta también las bases de un sistema de orientación que acompañe el proceso de aprendizaje individual durante toda la vida. El objetivo es dar paso a una FP abierta a toda la población, que englobe la preparación para el acceso al mundo laboral, la formación profesional continua y la readaptación profesional.

En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes (la del sistema educativo y la de centros y entidades de FP para el empleo), serán complementarias. Todos los centros deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios o en el Registro de Entidades de Formación Profesional.

Finalmente, de acuerdo con las indicaciones de la Unión Europea, se regula la participación en organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad del alumnado y el profesorado entre centros de distintos países.

Razones para una reforma legal de la Formación Profesional
  • La actual Ley de las Cualificaciones, aprobada en 2002, establece dos subsistemas de formación profesional, que serán sustituidos por un único sistema que abra a la ciudadanía, de cualquier edad y condición, oportunidades de formación acordes con sus expectativas y capacidades.
  • Corregir el déficit en los niveles de cualificación de la población española.
  • Mejorar la capacidad de absorción del mercado de trabajo en el horizonte de 2025 en adelante.
Población activa en España por nivel de formación

En Enero de 2021 había en España 704.000 personas en ERTE. De estas, 450.000 estaban en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

Desde que empezó la pandemia, esa  ha sido la evolución del gasto en prestaciones ERTE:

Cinco grados formativos

La nueva formación profesional establece cinco grados ascendentes para poder acreditar el nivel de conocimiento. Toda esta formación tendrá validez académica y profesional. *

  • Grado A: Acreditación parcial de competencias.
  • Grado B: Certificado de Competencia Profesional.
  • Grado C: Certificado Profesional.
  • Grado D: Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior).
  • Grado E: Cursos de especialización (título de especialista y máster profesional).

*Los actuales certificados de profesionalidad son titulaciones sin validez académica.

Los grupos parlamentarios opinan*

ALFREDO SANCHO GUARDIA

Grupo Parlamentario Socialista. Diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional

[email protected]

“Una formación profesional en la vanguardia del progreso” 

La nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional supone la transformación y modernización de nuestro modelo de formación profesional actual. Surge como fruto del consenso entre empresarios, sindicatos, centros, docentes, expertos, organizaciones del tercer sector y el Gobierno.

Un sistema formativo integrado y ascendente a lo largo de la vida para estudiantes y trabajadores cuyo objetivo principal es situar a la formación profesional en la vanguardia del progreso y el desarrollo de nuestro país como elemento esencial para la transformación económica del mismo.

Un proyecto de ley para una formación profesional moderna y europea que busca ordenar, fortalecer y rediseñar una oferta formativa competitiva, flexible y adaptada a las necesidades del mercado laboral.

Una formación profesional que es ya el motor del cambio de nuestro modelo productivo y una apuesta estratégica de país.

ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ

Grupo Parlamentario Popular. Diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional

@OscarClavell

“La ley de FP, tan necesaria como llena de incertidumbre”

Partimos de una base preocupante como es que España dobla la tasa de desempleo juvenil de la media de la UE o que contamos con un 20% de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudia ni trabaja. Al mismo tiempo, más de la mitad de las empresas españolas tienen dificultad para encontrar trabajadores con la formación adecuada a sus necesidades.

Ante esta situación es imprescindible el compromiso de desarrollar un nuevo modelo de formación profesional que se adapte a la realidad del mercado laboral y a las necesidades del tejido empresarial. Pero esta nueva ley, pendiente todavía de las incorporaciones o modificaciones durante su tramitación parlamentaria y de su posterior desarrollo, plantea dudas de calado. Se desconoce cuál será la función de los tutores de empresa, si será posible la absorción total por parte de las empresas del alumnado en prácticas o su seguridad jurídica y laboral, entre otras.

La intención del Partido Popular siempre ha sido dignificar la formación profesional y convertirla en una opción útil para la inserción laboral. Ese es el principal motivo por el que trabajaremos con espíritu constructivo para la mejora de una educación y formación profesional de calidad, en equidad y desde la libertad.

*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Lourdes Arastey, jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

EN CURSO LEGAL

Lourdes Arastey,

jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

“Al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio”

María Lourdes Arastey Sahún tomó posesión de su cargo como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de octubre, destino al que llega desde el Tribunal Supremo, donde ejerció como magistrada en la Sala de lo Social los últimos 12 años. De 2013 a 2021 desempeñó asimismo el cargo de jueza del Tribunal Administrativo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entregada a la docencia, fue profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), ha presidido su sección española y su comité ejecutivo europeo.

CARLOS CAPA

Acaba de incorporarse a su puesto. ¿Qué supone este cambio para usted?

Podría decir que supone seguir ejerciendo la misma tarea que he venido desarrollando durante toda mi vida profesional. Sin embargo, en muchos sentidos comporta un enorme cambio.

No sólo por el marco normativo al que he pasado a servir, sino también por la enorme complejidad procedimental que lleva aparejada la función encomendada al Tribunal de Justicia. El fondo, la forma, el ámbito objetivo -funcional y territorial-, el multilingüismo –y la terminología específica del Derecho de la Unión-, las reglas procesales… Todo es distinto y, a la vez, sigue tratándose del desarrollo de la labor de un juez. Un reto que asumo con ilusión, pero con enorme responsabilidad.

¿Qué cree que aporta su condición de jueza de carrera -sus antecesores no lo eran- al TJUE?

El Tribunal de Justicia se nutre de juristas provenientes de diversas experiencias jurídicas, tanto profesionales como culturales. Y esa es su enorme riqueza y su potencial.

A mí, personalmente, el provenir de la práctica jurisdiccional me permite disfrutar de algunas perspectivas muy necesarias para afrontar la tarea –conozco el “oficio” de juzgar-. Pero pasar de la jurisdicción nacional a la de la Unión también me obliga a adaptarme a esas otras aproximaciones que puedan tener otros miembros del tribunal que son jueces y abogados generales con perfiles prácticos y académicos diversos y con cultura jurídica nacional variada. El tribunal actúa de forma colegiada y lo hace con profundo y continuado debate en todas las fases de cada uno de los asuntos que se le someten.

¿Cree usted que los ciudadanos alcanzan a comprender lo cerca que está de su vida cotidiana la justicia europea?

Me preocupa que muchos ciudadanos de la Unión no sean plenamente conscientes del privilegio que implica vivir en un entorno regido por el Estado de derecho. No es algo que se quede en una cuestión de principios generales, sino que afecta a prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de las personas: sus compras, sus relaciones laborales, sus viajes, la calidad de los productos y del medioambiente, su acceso a la sanidad, a la justicia, a los servicios públicos e, incluso, la actuación de las instituciones nacionales… El Tribunal de Justicia, como intérprete del Derecho de la Unión, perfila día a día el alcance del conjunto de derechos que el ordenamiento confiere y que los Estados miembros deben garantizar. Hay que recordar que la Historia de Europa no ha tenido un periodo de paz de tanta duración como la que ha propiciado la integración europea a través de la suscripción de unos valores comunes, entre los que el Estado de derecho se alza como la herramienta que amalgama y garantiza los restantes: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Todos estos valores pueden verse amenazados en cualquier momento y, con ello, la realidad de cada uno del medio billón de ciudadanos de la Unión.

La Unión Europea vive tiempos convulsos: Brexit, crisis pandémica, desafío institucional de algunos miembros… ¿Qué papel debe jugar el TJUE para sostener los cimientos de la Unión?

La función del Tribunal está perfecta y claramente definida en los Tratados. Debe garantizar el respeto del Derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de éste. Esta función, sometida a la independencia e imparcialidad, le otorga la competencia exclusiva para conocer de los incumplimientos de los Estados Miembros, de la legalidad de los actos de las demás instituciones de la Unión –en los términos fijados en los Tratados-, de los defectos de actuación de éstas y, muy relevantemente, de llevar a cabo la interpretación del Derecho de la Unión que los jueces nacionales hayan de aplicar en los casos de los que conocen. Destaco este último papel porque implica un mecanismo de integración de enorme solidez: los jueces de la Unión no somos sólo quienes servimos en el TJUE, sino todos y cada uno de los jueces de todos y cada uno de los 27 Estados miembros, pues son ante ellos ante los que suscitan los conflictos y quienes deben aplicar el Derecho de la Unión, para lo cual cuentan con la herramienta de la petición prejudicial sobre las dudas interpretativas que ese ordenamiento plantee en relación con el caso concreto. De esta forma, al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio.

Es cierto que una interpretación del Derecho de la Unión que impida a una legislación nacional tener un efecto distinto al buscado por aquélla puede generar reticencias en el ámbito interno, pero el principio de primacía del Derecho de la Unión y la obligación asumida por los Estados miembros al suscribir su adhesión delimitan la respuesta a las “zonas de fricción”.

¿Es el Derecho de la Unión una fuente efectiva para garantizar los derechos laborales de forma equilibrada en la UE?

En el ámbito social el desarrollo ha sido muy evidente, no en vano el Derecho de la Unión ha ido adquiriendo un marcado perfil social, claramente plasmado en los Tratados vigentes.

A título de ejemplo y centrándonos en la legislación y en la jurisprudencia españolas, comprobamos cómo han evolucionado los aspectos relacionados con la discriminación entre mujeres y hombres, con la asunción de conceptos como la discriminación indirecta, la transversalidad del principio, etc.-; cómo se ha incorporado el análisis de otros factores de discriminación, dando lugar al planteamiento de controversias sobre discapacidad, edad, etc.; cómo ha variado la aproximación a los derechos en materia de tiempo de trabajo; cómo surgió un bloque normativo y jurisdiccional muy amplio en relación con la protección de la salud e integridad física y psíquica de las personas trabajadoras. Y, ya que mencionaban la pandemia, conviene recordar que nuestra legislación en materia de extinciones colectivas de contratos de trabajo, la protección frente a la insolvencia empresarial o frente al cambio de empresario está necesaria y obligatoriamente marcada por las normas de la Unión al respecto.

¿Qué se puede hacer para promover mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?

Es algo a lo que he sido invitada a responder muchas veces. Creo que hemos conseguido que el tema de la mediación esté en el discurso de todos. Pero, voy a ser un poco dura: en efecto, la realidad se muestra bastante más recalcitrante. Me pregunta por las posibles soluciones y, conociendo la situación de los juzgados y tribunales de nuestro país y las condiciones en las que trabajan, es evidente que la apuesta por la mediación, no es que sea imprescindible, es que requiere de una inversión material inmediata en el seno de esos órganos judiciales que están infradotados económicamente. Creo que las propuestas legislativas constantes vienen adoleciendo de una efectiva y coherente puesta en marcha. Es urgente una actuación que nos aleje del peligro de la falta de tutela judicial por obsolescencia y abandono de las infraestructuras de la Justicia.

La igualdad sigue siendo un reto no suficientemente cumplido. ¿Por qué no acaba de alcanzarse en plenitud?

Pues es evidente que es un tema cultural, con arraigo secular, que pasa por la educación. Las leyes no pueden ser ya más claras: los hombres y las mujeres son iguales y está prohibido todo trato desigual o discriminatorio. Es evidente que la sanción frente a la vulneración de este derecho fundamental sólo va a actuar cuando se haya podido denunciar y detectar tal lesión del derecho. Por consiguiente, es la sociedad en su conjunto la que debe ser consciente de la realidad de desigualdad que todavía permanece y la que ha de reaccionar “ex ante”.

¿Es el notariado, en su opinión, una herramienta valiosa para garantizar la imprescindible seguridad jurídica, sin la que los valores europeos estarían en peligro?

El principio de seguridad jurídica se halla ínsito en la noción de Estado de derecho. Exige la claridad, precisión y previsibilidad de las normas y, por ende, de los actos jurídicos de los que nazcan derechos y obligaciones. Tal aproximación es también la que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (recientemente: sentencia de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C-504/19). De ahí que la garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituya una pieza sustancial de la preservación del principio.

CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA
¿Cómo valora el papel del notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

La actuación del notariado es, sin duda alguna, esencial, puesto que ejercen una función pública que permite conocer operaciones -actos societarios o transacciones- en las que detectar la primera señal de alarma, por ejemplo, de la existencia de sociedades-pantalla o fundaciones…. La integración de toda la información de forma centralizada y la cooperación con las autoridades competentes en la investigación ha demostrado ser capital y ha supuesto un enorme avance en el terreno de la lucha contra este tipo de delitos, respecto de los que, en efecto, la Unión Europea ha prestado especial atención, en la medida en que el blanqueo afecta a sus intereses financieros, poniendo en marcha la Fiscalía Europea, que comenzó sus funciones el pasado 1 de junio de 2021.

“Me preocupa que muchos ciudadanos de la UE no sean plenamente conscientes del privilegio de vivir en un entorno regido por el Estado de derecho”

Huella digital:

Los principales datos biográficos de la jueza Arastey Sahún se encuentran en este enlace de la web oficial del TJUE 

También Wikipedia tiene una extensa entrada sobre ella en este acceso.

Entre las muchas entrevistas y noticias que ha generado en su vida profesional tomamos por su profundidad la que le dedica la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y que puede leerse aquí.

«La garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituye una pieza sustancial de la preservación del principio»

Europa se protege de futuras crisis sanitarias

ÁMBITO EUROPEO

Europa se protege de futuras crisis sanitarias

De la pandemia de coronavirus, Europa ha sacado varias lecciones y una de ellas está a punto de materializarse. Ya a principios de esta crisis la Unión se dio cuenta que le faltaban mecanismos, competencias al fin y al cabo, para afrontar una emergencia sanitaria de tales dimensiones.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

@juliamanresa

Las autoridades comunitarias no contaban con ningún organismo comparable a la Autoridad de Investigación de Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de Estados Unidos, así que Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y doctora de formación, prometió la creación de una agencia biomédica europea. La propuesta formal de Bruselas llegó en septiembre de 2021 y está previsto que esté en pleno funcionamiento en 2022.

Lecciones de la crisis. «Todavía no estamos fuera de peligro. Este año ha sido increíblemente duro. Aunque al mismo tiempo ha sido muy esclarecedor e increíblemente productivo», decía Von der Leyen el pasado 24 de octubre en la Cumbre Mundial de la Salud, donde defendió soluciones globales frente a las únicamente nacionales. «Hemos entendido que la preparación conjunta lo es todo en una crisis sanitaria mundial. La Unión Europea extrajo sus lecciones y actuó», reivindicó la presidenta de la Comisión para referirse a la creación de HERA, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias.

HERA funcionará como un servicio interno de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, y en coordinación con otras agencias sanitarias europeas como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) o la Agencia Europea de Medicamento (EMA), que han sido a su vez reforzadas también durante la pandemia. Su función principal será la de anticiparse, la de ser la “torre de vigilancia para salvaguardar la salud pública” en palabras de Von der Leyen. “La crisis estimuló a las autoridades públicas europeas, nacionales y locales a tomar medidas sin precedentes para reaccionar, tanto en el ámbito sanitario como en otros. Sin embargo, las medidas se tomaron a menudo ad hoc, reactivamente sin un sistema de anticipación global”, reconoce la Comisión en el comunicado de la creación de HERA.

Así, este organismo deberá identificar las amenazas a tiempo y garantizar que Europa cuenta todas las herramientas para reaccionar. Por herramientas entendemos no solo medicamentos, tests y antibióticos sino también equipamiento de protección personal. En el ámbito estrictamente sanitario, tomará también otras medidas como el apoyo a desarrollo de diagnósticos de última generación y dispositivos médicos de alta gama como ventiladores. También trabajará en ensayos clínicos paneuropeos, por ejemplo.

Independencia industrial. Pero hay un aspecto también muy importante de HERA que refleja una de las lecciones más valiosas que la UE ha sacado de la pandemia. Si rebobinamos hasta el inicio de esta crisis, Europa se dio cuenta que no tenía, y sobre todo no producía, la mayoría de los productos básicos que necesitaba para afrontarla. Escasearon mascarillas y ventiladores y la Unión dependía tanto de China que incluso algunos socios rompieron temporalmente el preciado mercado interior y bloquearon su venta a países de la misma Unión. Son especialmente elocuentes las declaraciones del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en una entrevista en La Vanguardia cuando lamentó que “Europa no produce ni un gramo de paracetamol, no hay stocks de emergencia para crisis sanitarias”.

Este es el enfoque más geopolítico en el que también cabe encuadrar la creación de HERA. Entre sus funciones y objetivos está la de mejorar la capacidad de producción industrial de todos estos productos en la Unión, para reducir la dependencia industrial, un enfoque que lleva el sello del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y que encaja en el profundo debate sobre la autonomía estratégica que Francia viene impulsando desde hace años y mucho más allá del ámbito sanitario. “No podemos asegurar la salud de nuestros ciudadanos sin capacidad industrial y unas cadenas de producción europeas que funcionen correctamente”, dijo Breton. 

Recursos y financiación. En su primer anuncio, Von der Leyen prometió hasta 50.000 millones de financiación hasta 2027 pero cabe poner en contexto las cifras. Bruselas prevé una financiación de hasta 6.000 millones de euros entre 2022 y 2027, unos fondos que provienen del presupuesto de la Unión, principalmente de programas como EU4Health o rescEU. Está previsto que se destinen otros 24.000 millones de euros de otras partidas presupuestarias a emergencias sanitarias y que de los fondos de recuperación, unos 20.000 millones vayan dirigidos a que los países refuercen su propia preparación nacional. Sumando estas cifras a los 6.000 millones del presupuesto estrictamente previsto para la agencia, nos acercamos a los 50.000 millones anunciados por Von der Leyen.

Sobre el papel el mandato y los objetivos de esta agencia son ambiciosos aunque en la práctica tendrá unas competencias siempre limitadas por las de los Estados miembros, verdaderos soberanos a la hora de actuar en materia de Salud. Lo vimos por ejemplo con el cierre de fronteras al inicio de la pandemia, cuando a pesar de las recomendaciones de Bruselas, la mayoría de gobiernos europeos blindaron sus puertas y, se fragmentó el espacio Schengen. Pero como ya es intrínseco en la UE, la dimensión de HERA o de la Unión Europea de la Salud tendrá mucho que ver con el impacto de la siguiente emergencia sanitaria.

Un nuevo nivel de coordinación

La nueva agencia biomédica utilizará el conocimiento y la inteligencia ya existentes; es decir, que su función será en gran medida la de coordinar las autoridades nacionales de los socios de la Unión y las agencias europeas sanitarias ya en funcionamiento. Es decir, que Bruselas no ha ido más allá de las competencias que tiene en ámbito sanitario, que son mínimas, sino que ha buscado alternativas dentro del marco actual de la Unión para poder actuar de forma rápida. Con HERA, Bruselas confía en llevar la cooperación a un “nuevo nivel” para poder actuar con más rapidez y eficacia ante una eventual crisis.

Europa opina

Centre for European Policy Studies. Aportación del grupo de trabajo de Salud y Farmacia think tank CEPS, patrocinado por la Federación de Industrias Farmacéuticas con recomendaciones para mejorar  la resilencia y sostenibilidad del sector después de la pandemia.

Parlamento Europeo. Estudio del servicio de investigación del Parlamento Europeo sobre HERA. Recoge en síntesis los posicionamientos comunitarios, nacionales, regionales y locales sobre HERA.

Libro blanco de EFPIA y Vaccines Europe, dos organizaciones farmacéuticas europeas sobre la nueva agencia biomédica de la UE.

Una Unión Europea de la Salud

Cabe entender la creación de HERA como la parte de un todo más ambicioso, como un pilar fundamental de lo que Bruselas llama la Unión Europea de la Salud y que tiene mucho que ver con la toma de conciencia de la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea que la pandemia de coronavirus ha revivido en la Unión. Por ahora, este es un embrión político, un proyecto para construir teniendo en cuenta que la Unión tiene muy pocas competencias en el ámbito sanitario, pero el refuerzo de las agencias existentes y la creación de HERA pueden llegar a ser sus primeros bloques. Incluso la todavía canciller alemana, Angela Merkel, habló de la necesidad de ampliar las competencias sanitarias de la UE el pasado abril en un evento organizado por el Partido Popular Europeo. Pero para ello sería necesario reabrir los tratados, un horizonte extremadamente complejo, que requiere un debate profundo y, sobre todo, unanimidad. Sin embargo, el debate está en parte encima de la mesa.

Fabricación europea de equipamiento

Durante la pandemia, la Unión Europea se dio cuenta de que tenía deficiencias en la producción de medicamentos o equipamiento indispensable para superar la crisis. Se impulsaron licitaciones conjuntas de material como mascarillas o ventiladores entre varios gobiernos y la Comisión se puso en contacto con el sector privado para impulsar la producción, también de vacunas. Por eso, parte del mandato de HERA será establecer nuevas capacidades de producción adaptables y cadenas de suministro seguras. La Comisión Europea prevé que esta nueva agencia también esté en contacto con las empresas privadas para evitar los ahora famosos “cuellos de botella” y creará una red de sedes de producción de instrumentos considerados “críticos” que pueda ser activada rápidamente en caso de emergencia, vacunas incluidas.

«Covid y las democracias complejas», por María Andrés

ÁMBITO EUROPEO

 
MARÍA ANDRÉS

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

 

Covid y las democracias complejas

@MariaenEUropa

El filósofo Daniel Innerarity declaró recientemente que “la principal amenaza de la democracia hoy no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad”. Explicaba cómo la política del siglo XXI opera en un entorno globalizado de elevada complejidad (el efecto contagio de las crisis financieras, el reto de las migraciones, el cambio climático…) y no puede actuar con estructuras o administraciones diseñadas para enfrentarse a los problemas del siglo XX. La explosión de una pandemia de coronavirus en todo el mundo no es sino otro doloroso ejemplo de ello.

En marzo de 2020, las instituciones de la Unión Europea entendieron que la respuesta al fenómeno de la Covid 19 exigiría a su vez la toma de decisiones globales, coordinadas y, sí, complejas. Año y medio después, el milagro del acceso equitativo a las vacunas es hoy una realidad para 450 millones de ciudadanos europeos. Y sin embargo, la simplicidad de la que hablaba Innerarity (en este caso, en forma de discursos populistas y antivacunas) continúa reapareciendo en forma de amenaza para la salud de nuestras democracias.

A pesar de que todos los Estados miembros tienen ya su acceso a las vacunas garantizado para toda la población adulta, basta darse un paseo estadístico por los países de la UE para ver la correlación directa entre la tasa de inmunidad con el auge del virus y nuevos confinamientos. En España (81,4% de población adulta vacunada con al menos una dosis el pasado 4 de noviembre) afrontamos de momento este último repunte de coronavirus sin grandes restricciones adicionales y con una tasa de incidencia moderada.

Pero no es el caso de otros países del norte y este de la UE, donde los expertos atribuyen la gravedad de la situación (UCIs saturadas, picos récord de infección y nuevos confinamientos selectivos) a la llegada del frío -cierto que este factor afecta en menor grado en el sur- y a la expansión de la variante delta en poblaciones con muy bajo porcentaje de vacunación. Léase Bulgaria (22,2% de población vacunada con al menos una dosis), Rumanía (36,8%), Estonia (60%), Hungría (62%), Letonia (63%), Austria (65%), o incluso Alemania (69%). El gobierno austriaco ha tomado incluso la drástica decisión de confinar selectivamente a los adultos todavía no inmunizados contra la Covid.

En las democracias del siglo XXI necesitamos entender que los problemas globales y complejos exigen decisiones parejas, e instituciones que sepan adaptarse y reforzar su capacidad de prevención, flexibilidad y resiliencia. Esos son los objetivos de fondo que deben gobernar la nueva estrategia de la UE contra futuras emergencias sanitarias. Y estas son, también, las razones que llevaron a la Presidenta de la Comisión Europea a proponer la creación de una nueva Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, en sus siglas en inglés).

El objetivo de esta futura agencia biomédica será adelantarse a futuras crisis sanitarias transfronterizas, reforzando la capacidad de la UE para prevenirlas, detectarlas y responder rápidamente ante ellas. La HERA dispondrá de un órgano negociador que dé respuesta a necesidades sanitarias como la distribución de material médico o el desarrollo, compra y distribución de medicamentos y vacunas.

Si la Covid-19 debe servir para algo, que sea para acabar con los milagros improvisados y profesionalizar nuestra respuesta común a los problemas globalizados. Así, frente a las voces que critican la idea por su potencial duplicidad con otros organismos, la implicación presupuestaria o su injerencia en la competencia sanitaria nacional de cada país, me parece fundamental explicar los argumentos que en mi opinión justifican esta nueva arquitectura más compleja.

Estoy convencida de que HERA ayudará a incorporar las lecciones de estos dos últimos años y asegurar todas las medidas extraordinarias de emergencia con las que se reinventó la UE en 2020 -compra anticipada de vacunas, refuerzo y coordinación de los sistemas sanitarios nacionales- se automaticen en el futuro con el desarrollo de nuevos procedimientos, estructuras y capacidades comunes en la Unión.

La propuesta de la Comisión servirá para crear un nuevo organismo paraguas, útil en escenarios de crisis para coordinar y complementar otros actores ya existentes en Europa pero de alcance limitado, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades -que recopila información sobre enfermedades infecciosas en la UE pero no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre otras amenazas para la salud, ni en contratación pública o en la toma de contramedidas médicas- o la Agencia Europea del Medicamento -que evalúa las solicitudes de autorización comercial de medicamentos y su seguridad, pero carece de competencias para comprar o desarrollar nuevos antibióticos o vacunas-.

Y todo ello, detalle importante, sin la necesidad de cambiar los Tratados de la UE y respetando las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la Salud. Serán los países de la UE los que compongan el consejo de dirección de esta nueva autoridad, junto con la presidenta de la CE y otros comisarios relevantes.

De crisis pasadas hemos aprendido, además, que sin dinero no hay política que funcione. HERA contará con una financiación de 6.000 millones de euros para el periodo 2022-27, movilizando también financiación privada a través del Banco Europeo de Inversiones. HERA será además solo una parte de todos los programas de la UE que contribuyen directa o indirectamente a la preparación ante futuras emergencias sanitarias en Europa.

No podemos perder de vista los 5.100 millones de UEproSalud (EU4Health), el mayor programa de salud en términos monetarios de la UE y que servirá para financiar el desarrollo de recursos médicos. O la futura Estrategia Farmacéutica para Europa, que desarrollará normas para apoyar la industria en la investigación, tratar las actuales deficiencias del mercado y asegurar una cadena de abastecimiento segura y más corta. ¿Sabían que en el inicio de la pandemia descubrimos que nuestras industrias no producen ni un gramo de paracetamol en Europa?

AUKUS. Freno a China

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AUKUS: freno a China

El 15 de septiembre de 2021, los primeros ministros de Australia y Reino Unido, Scott Morrison y Boris Johnson, respectivamente, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron, en una comparecencia telemática, que habían suscrito un pacto de seguridad para, como dijeron en alguno de sus comunicados de prensa, «defender los intereses compartidos en el Indopacífico» de las tres potencias. El acuerdo fue bautizado como AUKUS y, aunque no se menciona explícitamente en ningún documento oficial, es visto internacionalmente como un intento de poner freno a los avances militares y comerciales chinos en la zona.

MELCHOR DEL VALLE

@mechiva

Melchor del Valle

AUKUS es el acrónimo de Australia (A), United Kingdom (UK) y United States (US). La cadena de reacciones no se hizo esperar: en China, obviamente, en la Unión Europea, y más intensamente en Francia, en Nueva Zelanda, por parte de los laboristas británicos como partido de la oposición. Pero el cambio en las políticas geoestratégicas está más que «cantado».

De polvos y lodos. No es nuevo para nadie que China tiene la vista puesta en sustituir como potencia económica, y de todo lo demás que le sea posible, a EE. UU. de América. Y esto, a los hijos del Tío Sam no les gusta nada. Les escoció –de hecho, nos dolió a todos– la dependencia del gigante asiático de material sanitario de protección en los primeros meses de la pandemia, dejar Afganistán a merced de los intereses chinos –y en cierto modo rusos–, ver cómo les pilló con el paso cambiado el desarrollo del 5G de empresas como Huawei, que cuentan con apoyo estatal, la nueva Ruta de la Seda… La enumeración de «afrentas» sería interminable. De hecho, Biden no oculta que la pugna contra la pujanza de China en todo el mundo sea un pilar de su política exterior.

Hay más y más reciente, que es la no manifestada razón del acuerdo AUKUS. Dio una pista la vicepresidenta americana, Kamala Harris, en un viaje al suroeste asiático en agosto de 2021. En una conferencia en Singapur, el 24 de ese mes y poco antes de partir hacia Vietnam, dijo que «Las acciones de Beijing siguen socavando el orden basado en normas y amenazan a las naciones soberanas. EE. UU. se mantiene con nuestros aliados y socios frente a estas amenazas». La frase está dedicada a las acciones intimidatorias de China en las proximidades de las islas Spratly y Paracel, que se disputa con cinco países de la zona desde tiempo inmemorial: Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi. Los chinos han construido instalaciones turísticas en esos terrenos en disputa y, parece que también, instalaciones militares. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, contestó a los comentarios de Harris diciendo que Estados Unidos «defiende su egoísmo y su comportamiento hegemónico bajo el pretexto de un ‘orden’ y unas ‘reglas’».

A vista de periscopio. El acuerdo permite a Estados Unidos transferir tecnologías, de las clasificadas como «top secret» hasta ahora, a Australia para desarrollar ocho submarinos de propulsión nuclear, de momento. También Reino Unido añadirá tecnología secreta sobre estrategia militar nuclear. AUKUS prevé, es más, que haya interoperabilidad entre los nuevos submarinos australianos y la Flota del Pacífico de Estados Unidos. Conviene recordar que esta flota es la más importante, desde el punto de vista del contingente operativo, que tiene la Armada norteamericana. No se sabe con exactitud cuántos de sus 68 submarinos nucleares están asignados a la llamada Fuerza de Submarinos de la Flota del Pacífico, pero se calcula que en torno a unos 20. China tiene, que se sepa, 12 de estos sumergibles. Con los ocho que añadiera Australia, mas alguno de los 11 que tiene Reino Unido para reforzar, las fuerzas submarinas nucleares de AUKUS duplicarían a las chinas.

Antes de continuar, y para no alertar en demasía sobre lo que todos recordamos o sabemos de guerras frías y tratados de no proliferación de armas nucleares, cabe tener en cuenta que no todos los submarinos de propulsión nuclear están dotados para cargar misiles balísticos nucleares. De hecho, los ocho que se prevén para Australia no tendrían esta última capacidad y solo un 20,6 % de los estadounidenses y la mitad de los chinos la tienen. El primer ministro australiano explicó, cuando se hizo público el acuerdo, que «Australia no busca adquirir armas nucleares ni desarrollar una capacidad nuclear civil. Continuaremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de no proliferación nuclear».

¿«Guerra Fría» a la vista? Cuando acontecen estas alianzas, conviene observar las reacciones de los países no directamente concernidos. Ahí está el recelo de Japón y la India, que con EE. UU. y Australia había establecido el acuerdo QUAD (Quadrilateral Security Dialogue). Es verdad que este pacto tuvo altibajos desde que se estableció en 2007, pero no es menos cierto que en marzo de 2021, en una reunión de los cuatro países, a la que también asistieron como invitados Nueva Zelanda, Corea del Sur y Vietnam, se proclamó como muy vivo «El espíritu del QUAD». Si observamos las fechas, o AUKUS se organizó muy poco tiempo antes de su anuncio o en la reunión de QUAD ya se estaba fraguando en acuerdo a tres bandas. La reacción de Nueva Zelanda, por ejemplo, una vez sabido el asunto de la transferencia de tecnología militar, es que por sus aguas no iban a consentir el paso de submarinos nucleares. Y, bueno, a Corea del Norte le pareció un pacto «extremadamente indeseable y peligroso».

Por diversos factores, la reacción de la Unión Europea merece un capítulo aparte (recuadro La reacción de la UE). Pero hay otro actor, muy interesado igualmente en la economía de la zona en conflicto, que es Rusia y sus 11 –también que se sepa– sumergibles de propulsión y armamento nucleares de un total de 29 de solo propulsión. Y Rusia, llegado el caso, ¿adivinan de qué lado se pondría? Hay más: observadores internacionales temen que la noticia, en lo referente a la construcción de los submarinos australianos, puede ser interpretada por los iraníes como un levantamiento de veda que les permita reactivar su programa de enriquecimiento de uranio. La tensión, y esperemos que no pase de «fría», está servida.

La reacción de la UE

Francia considera que el acuerdo AUKUS es la razón por la que Australia suspendió un millonario contrato establecido con el país galo para la fabricación de una serie de submarinos convencionales. En declaraciones a la CNN, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que «Uno de nuestros Estados miembros ha sido tratado de una forma inaceptable. Queremos saber qué sucedió y por qué».

Curiosamente, en la misma fecha del anuncio de AUKUS (15 de septiembre) se celebraba en Estrasburgo un debate sobre el Estado de la Unión. Y en él, la propia Von der Leyen se refirió a la necesidad de potenciar la independencia militar europea y crear un Centro Conjunto de Conocimiento de la Situación, que sería un organismo de inteligencia con capacidad de unificar la información procedente de los Estados miembros.

En la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo del 5 de octubre, más concreto fue el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, para quien el acuerdo a tres bandas debe ser un toque de atención. Sin rechazar abiertamente la participación en la OTAN, dejó clara la idea de que la nueva situación, en referencia a las relaciones UE-EE. UU., nos obliga a adaptarnos y a que nos hagamos responsables de lo que nos corresponde para el mantenimiento de la paz y la seguridad.

El mapa del conflicto

Territorios disputados por China a Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi. Además de la vivible posición estratégica militar y en las rutas comerciales de las islas, se calcula que en la zona hay yacimientos de petróleo y gas.

Por si las dudas

UK, US AND Australia launch new security partnership. Prime Minister’s Office, 10 Downing Street (15/09/2021).

Joint Leaders Statement on AUKUS. The White House (15/09/2021).

Joint Leaders Statement on AUKUS. Prime Minister of Australia (16/09/2021).

What AUKUS Really Means. Wang Fan, Vice President, China Foreign Affairs University (07/10/2021).

“El Aukus y las prioridades de Estados Unidos”, por Inocencio F. Arias

ALDEA GLOBAL

 
INOCENCIO F. ARIAS,

diplomático

 

El Aukus y las prioridades de Estados Unidos

Unos tantos y otros tan poco. Nuestro Sánchez tuvo que esperar diez meses para que Biden lo llamara (y lo hizo porque necesitaba nuestras bases para su precipitada salida de Afganistán) y el francés Macron se permite tardar siete días en ponerse al teléfono del americano. Además, ha accedido a verse con Biden en Roma siempre que la entrevista fuera en “territorio francés”, en la embajada de Francia en la capital italiana.

Que Macron se haga el gallito ante el hombre más poderoso del mundo obedece no a que Francia sea más importante que nosotros, que lo es -tiene el arma atómica, más peso económico, mucha mayor influencia en Europa y está en el Consejo de Seguridad- sino que Washington acaba de hacer una jugarreta pérfida a su aliado más antiguo. Le ha robado, con premeditación y alevosía, no exagero, un importante contrato para suministro a Canberra de submarinos. Los que le va a vender Estados Unidos son de propulsión nuclear, navegan más rápido y tienen mayor autonomía que los franceses movidos por diesel y electricidad. El contrato con Francia ascendía a 54.000 millones de euros, un golpe no baladí para la economía francesa y para el orgullo, un tanto chovinista, de nuestros vecinos.

“Ha sido una puñalada en la espalda” dijo el ministro francés Jean Yves Le Drian. No le falta razón. El acuerdo galo con Australia era firme. La última reunión de los ministros competentes franceses y australianos en la que se trataron los submarinos fue el 30 de agosto y estos no dijeron ni una palabra sobre que llevaban meses negociando con los yanquis. Turnbull, anterior primer ministro australiano, el que firmó en 2016 el acuerdo con Francia, se ha desmelenado manifestando que no se puede engañar a la gente y que Australia se ha metido un gol en su propia puerta; los submarinos americanos, arguye, no llegarán hasta 2040 y habrá una mayor dependencia nuclear de Estados Unidos.

Biden, después de una reunión a solas con Macron y otra de hora y media con los colaboradores de ambos, se ha visto obligado a manifestar que su gobierno había actuado “torpe y poco elegantemente con Francia”. No ha pedido, con todo, disculpas y es poco probable que no estuviera al corriente, como pretende, de la afrenta a los franceses.

El incidente diplomático muestra, en primer lugar, que Estados Unidos, en temas decisivos, defiende muy primordialmente sus intereses, con Biden, Trump, Clinton o Bush, sin importarle en exceso los de sus aliados. Pensemos en la salida de Afganistán, otra ocasión en que los americanos informaron a sus aliados, pero no les consultaron antes de tomar la decisión.

Este comportamiento, advertido en Europa, nos lleva a otra segunda enseñanza, la de la razón por la que Washington ha actuado tan groseramente. Se llama China. La fijación con el potencial desequilibrante del coloso asiático se ha extendido por Estados Unidos. No es patrimonio de los ideólogos de la derecha, del partido republicano. Un documento oficial del gobierno de Biden afirma que China es el único competidor que por su poder económico, político y diplomático puede desafiar el orden mundial actual (lo que evidentemente redundaría en socavar el poderío de Estados Unidos). Biden ha sido elocuentemente categórico: “China busca ser el país más influyente, más rico y más poderoso del mundo. Esto no ocurrirá en mi mandato porque los Estados Unidos continuarán creciendo”. Paralelamente encuestas rigurosas muestran que 73% de los estadounidenses tienen una visón negativa de China.

China continúa enviando sus estudiantes a Estados Unidos -había 400.000 en universidades yanquis antes de la pandemia- pero también allí crece un sentimiento generalizado de rechazo a la política americana. Una obsesión similar a la fijación yanqui. Los dirigentes de Pekín de todos los niveles ven la mano oculta de Estados Unidos en todos los problemas internos que les aquejan. Es una constante de los regímenes comunistas. Sus carencias, cuentan, son creadas o alimentadas desde el exterior y no producto de que su sistema sea deficiente. Lo vemos en Cuba; todo lo malo vendría del bloqueo americano, una memez porque no hay tal bloqueo; en Rusia, los países occidentales se han empeñado siempre en debilitarla, y ahora en China: los Estados Unidos, con sus asechanzas, significarían el mayor peligro para su soberanía y “estabilidad interna”.

Así políticos y medios de información chinos ven constantemente la mano de Estados Unidos en las protestas de Hong Kong; en las acusaciones sobre la epidemia; en los disturbios en Xinjiang, donde, al parecer, un millón de islamistas está en campos de concentración; en la concesión del premio Nobel al disidente Lin Xiaboo y sobre todo en Taiwan. La isla, separada de China, es reconocida como independiente por sólo un puñado de países, no por la ONU ni por Washington, pero el sentimiento de alejarse definitivamente del continente aumenta al ver sus habitantes, sobre todo las nuevas generaciones, que el regreso a la madre patria significaría la desaparición de la democracia y, temen, de su prosperidad. El ejemplo de lo ocurrido en Hong-Kong es premonitorio. Pekín ha incumplido. La evolución de la desarrollada Taiwán, espectacular fabricante de micro conductores, a la que Washington ha prometido vagamente defender, puede aumentar seriamente la fricción chino-estadounidense.

Y así se explica el acuerdo defensivo entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, es decir el Aukus. Washington ávidamente busca aliados en Asia; ya existía el pacto con India, Japón y Australia, y el Aukus es un nuevo proyecto americano para reforzar su presencia en el Pacífico, zona neurálgica ahora, diciendo a sus aliados que él les ayudará a que no se dejen acogotar por China tal como viene sufriendo absurdamente Australia.

Tarifas a velocidad luz

ENTRE MAGNITUDES

Tarifas a velocidad luz

El adjetivo ‘histórico’ ha pasado de mera coletilla a convertirse en un auténtico epíteto. Al menos a la hora de calificar la singular escalada sin control que está experimentando en los últimos meses el precio de la electricidad en España. Una subida desbocada que sitúa el importe medio del megavatio hora en torno a los 200 euros y que bate, casi a diario, su plusmarca anterior empeñándose en dejarla prematuramente obsoleta.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La tormenta perfecta, gestada al calor del aumento sin parangón del precio de la energía unido al encarecimiento de los costes del transporte de mercancías, está amenazando el crecimiento de la economía mundial. El horizonte en toda Europa es similar.

El escenario de partida puede resultar paradójico, si tenemos en cuenta que el embolsamiento del ahorro acumulado por los ciudadanos tras largos meses de confinamiento y restricciones, ha elevado, como es lógico, la demanda de algunos productos y servicios. Sin embargo, la oferta se está ralentizando por las crecientes dificultades de producción de las fábricas, que enfrentan elevados sobrecostes energéticos y de materias primas, además del mencionado encarecimiento de los precios experimentado en la cadena logística. Lo que ha creado un auténtico atasco global con el desabastecimiento generalizado como principal consecuencia.

Peligro: alto voltaje. Si se analizan los datos facilitados por el gestor del mercado eléctrico designado (OMIE) para la Península Ibérica, se observa un gráfico de dientes de sierra en el que predominan altibajos constantes a la hora de fijar el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista.

A pesar de lo anterior, parece que la tarifa del megavatio hora (MWh) se está estabilizando, tras acumular un récord tras otro y marcar el máximo histórico el pasado 7 de octubre en 288,53 euros. La mala noticia es que esa supuesta calma se está produciendo en la banda alta de precios. Es decir, por encima de los 200 euros/MWh.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el coste de la luz sigue desbocado. Al menos si lo comparamos con los datos registrados en 2020 por estas mismas fechas. De esta forma, se constata que el precio ha tenido un crecimiento exponencial del 367 por ciento, frente a los 45,19 euros registrados el 23 de octubre del pasado ejercicio.

Ante este panorama de emergencia, el Gobierno aprobó en el consejo de ministros del pasado 24 de junio una batería de medidas fiscales coyunturales encaminadas a contener el precio de la electricidad. Así vio la luz el Real Decreto-ley 12/2021 que, entre otros aspectos, implica la reducción del IVA del 21% al 10%, medida en vigor hasta el 31 de diciembre para los consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, siempre y cuando el precio medio del mercado no supere los 45 euros kWh, lo que, en teoría, supone rebajar la factura eléctrica a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas.

Asimismo, se estableció que esta reducción del IVA se aplicase a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta fin de año, independientemente de la potencia contratada y el precio vigente en el mercado, lo que beneficiará a 612.000 hogares, según fuentes oficiales.

El Gobierno calculó además que esta decisión tendría una rebaja efectiva total de 857,5 millones de euros, a los que hay que sumar otros 400 millones de euros, como consecuencia también de la suspensión, entre julio y septiembre pasados, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

La combinación de ambas medidas fiscales, rebaja del IVA y suspensión del IVPEE, supone, según cálculos del Gobierno, la reducción de la factura media por hogar en un 12%. Asimismo, el ejecutivo adelantó que, gracias a los efectos de la implantación del Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, remitido al Congreso de los Diputados, se prevé financiar los costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos, lo que permitirá una reducción de la factura de un 13% para los consumidores domésticos.

Cruda realidad. El consenso de expertos indica que el precio de la electricidad se mantendrá elevado, al menos, hasta la primavera de 2022. Entre sus causas se encuentra el constante incremento del precio del gas natural, presionado por el aumento de la demanda poscovid y la pertinaz dependencia de Europa, España incluida, de esta fuente energética. Máxime cuando, en los últimos meses, ha multiplicado por cinco su precio en los mercados internacionales.

Por otra parte, influye el funcionamiento de la subasta que fija los precios en el mercado eléctrico español, el denominado pool, que tiene una naturaleza marginalista. Es decir, centrada en la última unidad producida, lo que a la postre supone priorizar la fijación del precio ofrecido por la electricidad obtenida por centrales térmicas alimentadas por petróleo y gas, generalmente más caro, frente al obtenido de fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y, en menor medida, hidráulica) o de la electricidad de origen nuclear.

Por último, el tercer factor sería la carga en la factura derivada de tasas e impuestos, que suponen una parte sustancial del importe de la misma y que incluyen algunos como el de distribución, IVA, municipales, moratoria nuclear, contribución a las renovables e interrumpibilidad, por citar sólo algunos.

En el ojo del huracán. El encarecimiento de la factura eléctrica está causando auténticos estragos en múltiples sectores económicos. Pero especialmente en la denominada industria electrointensiva, aquella que depende en mayor medida del uso masivo de la electricidad para producir sus bienes, que engloba a metalúrgicas, siderúrgicas y químicas, y a las que habría que sumar las que utilizan el gas como principal fuente de energía, como las azulejeras.

De hecho, metalúrgicas y acerías como Sidenor, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Ferroatlántica, entre otras, ya han anunciado paros intermitentes o cierres parciales para reducir su actividad en los días de mayor encarecimiento de la luz. Su objetivo: mitigar el zarpazo del coste energético que supone, en muchos casos, el 60% del total de los costes de producción y que, según la Asociación de Grandes Consumidoras de Energía (AEGE), podría llevar a cierres definitivos de plantas industriales. Además, reclaman la firma de contratos de suministro a largo plazo, para atenuar los vaivenes de los precios y dar certidumbre al sector, como sucede en Alemania y Francia, donde suponen entre el 70% y el 80% del total, frente al exiguo 30% que representan en nuestro país.

En definitiva, la quimera que siempre ha supuesto la interpretación de la factura de la luz ha dejado de ser un arcano ininteligible para los consumidores, más preocupados ahora por poder pagar la última línea de la misma, la referida al total, que por entender todo el desglose anterior que lo justifica hasta llegar a esa cantidad expresada en euros y resaltada en negrita que tiene, desde hace meses, más dígitos que de costumbre.

¿Libre o regulado?

El mercado de la electricidad se divide entre los consumidores acogidos a la tarifa regulada, denominada PVPC (acrónimo de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) y la tarifa liberalizada.

Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero se diferencian en varios aspectos:

  • Tarifas PVPC:

Precio variable, sin permanencia, por consumo en franjas horarias.

Ofertado sólo por un limitado número de comercializadoras, acogidas al mercado regulado.

Única tarifa compatible con el bono social e incompatible para contratar potencias superiores a los 10 kWh.

  • Tarifas de mercado libre:

-Precio fijo, con posible permanencia el primer año, y revisiones periódicas.

-Amplia variedad de comercializadoras, con posibilidad de descuentos.

Compatible con la tarifa de discriminación horaria y la posibilidad de disponer de energía verde.

Ojo al dato

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Informe Powering the Energy Transition Through Efficient Network Tariffs, elaborado por Eurelectric, patronal de la industria eléctrica en Europa.

Precios de la electricidad para consumidores domésticos: datos semestrales (desde 2007 en adelante). Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Comisión Europea.

Informe sobre La nueva factura de la luz, de aplicación desde el 1 de junio de 2021. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las barbas del vecino

A la espera de los efectos de las medidas fiscales tomadas en verano, España continúa siendo el quinto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado, por detrás de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, con un precio, incluidos impuestos, de 0,2323 euros por kilovatio/hora, según reflejan los últimos datos ofrecidos por Eurostat relativos al primer semestre de 2021 sobre consumidores domésticos (con un consumo de entre 2.500 y 5.000 kWh al año).

El precio se encuentra, en ambos casos, justo por encima del registrado por el de la media de la zona euro, situado en 0,2322 kWh, y el del conjunto de la UE-27, establecido en 0,2192 kWh.

«Edison, Tesla y Europa», por Carmelo Encinas

ENTRE MAGNITUDES

Carmelo Encinas.

CARMELO ENCINAS,
periodista. Asesor editorial de 20 minutos

 

 Edison, Tesla y Europa

No hace tanto tiempo. Solo han pasado cuatro generaciones desde que nos alumbrábamos con velas y ahora no sabríamos vivir sin la electricidad. Cuando en el último tercio del siglo XIX Edison y Tesla trataban de dominar esta forma de energía, resultaba algo mágico o exotérico para la inmensa mayoría de la gente. La electricidad era una fuerza inquietante difícil de manejar y casi imposible de almacenar. Aún hoy en día, y a pesar del extraordinario avance experimentado por las baterías que impulsó el desarrollo de los móviles, el almacenamiento de electricidad sigue siendo el mayor de los retos tecnológicos en este campo.

No queda pues tan atrás aquella primera bombilla de bambú carbonatado que Thomas Edison logró que luciera durante 48 horas y su primer sistema de alumbrado de 48 focos en Menlo Park con el que consiguió convencer al mundo de que la electricidad podía alumbrar nuestras vidas. La de este científico de Ohio fue una historia de éxito que cambió el mundo, aunque no fuera del todo suya la gloria que logró acaparar. Su faceta de empresario le permitió liderar un grupo de científicos que quedaron en el anonimato y que le proporcionaron los descubrimientos necesarios para lograr sus inventos. Entre ellos estaba Nicola Tesla, uno de los visionarios más geniales y brillantes de aquella revolución tecnológica.

Lo cierto es que todos los honores se los llevó Edison, que siempre cuidó su fama y a la prensa mientras que el mundo se olvidaba de Tesla, una figura que en los últimos años se ha rescatado del olvido hasta divinizarlo. Además de reconocerle sus hallazgos científicos, entre ellos el de la radio, que Marconi se atribuyó habiendo usado 17 patentes de Tesla, ahora se le ha llegado a considerar como una mente con poderes intelectuales casi sobrenaturales. Ese alto grado de reconocimiento es el que condujo al empresario Elon Musk a ponerle su nombre a la empresa que apostó con más determinación por el desarrollo de baterías para revolucionar la movilidad con los coches eléctricos.

La electricidad, esa fuerza invisible que Edison y Tesla se empeñaron en domesticar hace ciento veinte años, sigue siendo la energía con más futuro y de la que ya no podemos ni sabríamos prescindir. Un sencillo repaso a nuestros hábitos personales y profesionales permite reconocer el alto grado de dependencia que tenemos de ese flujo energético, que nunca vemos pero que enciende nuestras bombillas, nuestros teléfonos u ordenadores y nuestros aparatos domésticos. Casi todo lo activa la electricidad, porque incluso los automóviles que funcionan con combustibles fósiles requieren de una batería eléctrica para arrancar. Tamaña subordinación explica el que resulte tan inquietante la desbocada escala en los precios de la energía que nada ni nadie parece capaz de frenar.

No seré yo quien pontifique sobre una materia tan compleja porque, si comprender el recibo de la luz ya requiere de un cursillo avanzado, el llegar a entender la poliédrica estructura de los factores que determinan el coste del kilovatio necesita de un máster completo que no he cursado. Sí alcanzo a entender que la actual cabalgada de costes guarda relación directa con la subida experimentada por el gas, (de 16 a 75 euros a la hora de enero y septiembre) provocada por el extraordinario tirón de la demanda tras la pandemia, y comprendo también que el necesario proceso de descarbonización hacia las energías renovables tiene un alto coste, sobre todo para los países que no disponemos de una energía propia que proporcione estabilidad al sistema. Ni el sol ni el viento suministran un flujo de electricidad estable y cuando falta hay que lograr el equilibro tirando de las centrales térmicas convencionales de carbón o gas y de las hidroeléctricas, aunque estas últimas también están sujetas a la disponibilidad de agua. Las centrales nucleares logran una producción estable pero no permiten una regulación de potencia en función de la demanda.

Es obvio que no disponemos ahora de genios como Edison o Tesla que resuelvan un problema tan medular para nuestras macro y micro economías, aunque, una vez más, la solución podría estar en Europa. La federalización en la compra de gas, que de momento no ha sido considerada, les proporcionaría a los países comunitarios una posición privilegiada de cara a los proveedores: Argelia, Noruega y, sobre todo, Rusia, cuya manipulación deliberada del mercado parece estar violando las normas de competencia de la UE.

No son pocos además los expertos que apuestan a futuro por una ultra red europea que optimice la nueva generación de renovables. Se trataría básicamente de que esa red pudiera aprovechar la energía solar generada por el día, de forma intermitente pero puntual y conocida, en las regiones más soleadas del sur de Europa, como Murcia o Almería, y combinarlas con la sobrante de las centrales eólicas del Mar del Norte producida por la noche. Esta fórmula, complementada con bombeos hidráulicos reversibles, especialmente viables en la orografía española para almacenar los excedentes de unas y otras, permitiría fabricar hidrógeno verde a precios muy competitivos.

Soluciones ha de haber para estos tiempos de transición y zozobra y cuanto hagamos en Europa por romper fronteras que permitan el intercambio energético, será política, social y económicamente positivo.

Edison y Tesla libraron la llamada guerra de las corrientes, una de las batallas más sonadas en el ámbito científico de la época, que enfrentó a los partidarios de las corrientes alterna y continua. Hoy la discusión de esos dos genios versaría sobre la mejor forma de obtener y distribuir energía limpia y barata para no asfixiar el planeta.

Una puerta de entrada a la sede electrónica notarial

EDITORIAL

Una puerta de entrada a la

sede electrónica notarial

Podríamos decir que con el Portal Notarial del Ciudadano los notarios han dado el salto a internet, pero no sería cierto porque llevan más de 20 años operando en la Red, aunque siempre en espacios privados y seguros.

Para el Notariado, la puesta en marcha de este Portal supone abrir su sede electrónica a ciudadanos y empresas, ampliando a toda la sociedad la conexión que existe desde 2002 entre las más de 2.800 notarías y numerosos organismos públicos.

Gracias a este Portal, particulares y empresas pueden elegir al notario que quieran para realizar diversas gestiones y servicios, con la misma seguridad y garantías que en las notarías, pero con la agilidad propia de las operaciones digitales.

También pueden saber qué notarios custodian los originales de sus escrituras y pedirles que les “suban” las copias electrónicas, de forma que siempre las tengan a mano.

De igual manera, pueden designar al notario que prefieran que formalice su préstamo hipotecario y que se encargue de supervisar la documentación que les ha entregado la entidad financiera, o iniciar con él la preparación de un testamento, o pedirle que realice en su nombre los trámites necesarios para constituir una sociedad. Incluso pueden llegar a recibir asesoramiento del notario por videoconferencia y dentro de la sede notarial, siempre que sea necesario.  

Una ayuda a los más vulnerables. El Portal Notarial del Ciudadano se abrió a la sociedad hace un año, en un momento de vital importancia para las personas vulnerables. De hecho, se realizó un gran esfuerzo por acelerar su puesta en marcha para ayudar en la tramitación, por ejemplo, de las moratorias hipotecarias que muchas personas tuvieron que solicitar a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Hasta la fecha tiene registrados a más de 93.000 usuarios.

Su existencia amplía y facilita el asesoramiento del notario, lo que cobra especial relieve con las personas más vulnerables, al permitir a los notarios ofrecerles mantener videoconferencias previas al otorgamiento de cualquier documento notarial, ahorrándoles desplazamientos.

En realidad, el Portal Notarial del Ciudadano supone abrir a la sociedad el potencial tecnológico del que disponen los notarios desde hace 20 años.

De hecho, la existencia de la sede electrónica notarial permitió, sólo en 2020, el envío de 8 millones de copias electrónicas de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones a los registros y al catastro, y cientos de miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos, que supusieron un volumen de firmas notariales superior a los 20 millones.

Ampliable a más servicios. “Estos servicios online son solo el principio de todos los que podremos ir añadiendo al Portal, a expensas de que se aborden las reformas legislativas necesarias para ello” ha explicado el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz. “El Portal es una apuesta decidida de los notarios por ofrecer nuevas facilidades y prestaciones digitales a ciudadanos y empresas, con la seguridad y garantías propias de nuestra función”, ha asegurado.

En 2001 la Ley estableció la integración del notario en la prestación de servicios digitales, pero lo hizo con cautelas que hoy podrían superarse. En virtud de esta normativa, aún vigente, los notarios pueden prestar servicios digitales a las Administraciones Públicas y expedir copias autorizadas -a las que se reconocen todos los efectos legales de la escritura pública- para ese sector. Pero para los ciudadanos solamente se permite emitir copias electrónicas simples, que tiene unos efectos jurídicos limitados. Esto, que era lógico desde el punto de vista de la ley del año 2001, no lo es 20 años después.

Y en cuanto a otras cuestiones, como por ejemplo el otorgamiento del documento público notarial, en estos momentos tiene que seguir siendo siempre presencial. Sin embargo, en determinados casos este proceso podría ser electrónico, ya que los notarios pueden garantizar su seguridad gracias al uso de la firma electrónica cualificada y de la videoconferencia en la sede electrónica notarial.

Esta tecnología, pionera entre los notariados de la UE, está plenamente desarrollada y probada y podría aplicarse de forma inmediata a la transposición a la legislación española de la directiva europea que permite la constitución de sociedades íntegramente por vía online.

Con proyección futura. El Notariado tendrá que seguir avanzando tanto en su digitalización como en darlo a conocer, porque siendo una realidad el ciudadano aún le percibe conectado con el papel.

Cuando uno piensa en el notario el estereotipo es un señor mayor con una pluma en la mano. Sin embargo, los notarios son digitales desde el año 2002, y ese gran desarrollo tecnológico está a disposición de la sociedad, sin coste para el erario público.

Esta realidad ampliamente conocida por la Administración Pública, no lo es por los ciudadanos, que son la razón de ser de la función pública notarial. Es a ellos y a las empresas a los que los notarios prestan sus servicios; son los que les requieren y los que realmente dan sentido a su día a día.

El Portal Notarial del Ciudadano abre una puerta a la digitalización de muchos de los servicios notariales y pone sobre la mesa el debate. Es sorprendente como en Iberoamérica, por ejemplo en Argentina o Colombia, la copia autorizada del documento notarial puede entregarse a los ciudadanos, indistintamente, en papel o digital, y en España no. Tampoco tiene mucho sentido que para determinadas tareas, o para determinadas actividades, sea obligatorio el desplazamiento físico de las personas a las notarías.

Avanzar en este terreno será el siguiente reto, para, a medio plazo, extender esta tecnología en el ámbito de la Unión Europea y de Iberoamérica; algo que está liderando el Notariado español.