Autorregulación precautoria de la discapacidad

ESPACIO ÆQUITAS

Autorregulación precautoria de la discapacidad

El jurado del XIX Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros colectivos vulnerables que otorga la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado decidió por unanimidad conceder el galardón de su última edición al trabajo Autorregulación precautoria de la discapacidad: adopción de medidas voluntarias en previsión de una eventual discapacidad futura, obra del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Javier Martínez Calvo.

José M. Carrascosa
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@JMCarrascosa

Javier Martínez Calvo.
Perfil

Javier Martínez Calvo es licenciado en Derecho, magister en Especialización e Investigación en Derecho y en Profesorado y doctor en Derecho con mención internacional, con la calificación de sobresaliente cum laude, habiendo sido galardonada su tesis con el premio Extraordinario de la Universidad de Zaragoza y con el premio del Consejo Económico y Social de Aragón.

Oriundo de Soria, en la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora en el área de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y forma parte del grupo de investigación “Ius Familiae”, del proyecto de Investigación Vulnerabilidad patrimonial y personal: retos jurídicos y del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. También ha impartido docencia en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Niccolò Cusano de Roma; realizando estancias de investigación en Torino y en Bolonia.

El trabajo aborda el nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad surgido tras la aprobación de la Ley 8/2021, una norma que reformaba la legislación Civil y Procesal para el apoyo de este colectivo en el ejercicio de su capacidad jurídica ampliando su autonomía de la voluntad. A lo largo de trescientas páginas, el autor abunda en los tres principales tipos de medidas preventivas de carácter voluntario para la autogestión de la discapacidad: autocuratela, poderes y mandatos preventivos y voluntades anticipadas.

Según el jurista, cada vez más personas «desean anticiparse a una situación de discapacidad y establecer previsiones para atender a su situación personal y patrimonial por si en el futuro no cuentan con la capacidad de discernimiento necesaria para adoptar sus propias decisiones. Sobre todo, cuando la discapacidad tiene su origen en enfermedades de tipo degenerativo, en estos casos la pérdida de la capacidad natural es progresiva».

Este creciente interés, ha generado una «flexibilización de los sistemas de protección de las personas con discapacidad. Buena prueba de ello es la reciente promulgación de la Ley 8/2021, que ha eliminado la incapacitación judicial de nuestro ordenamiento jurídico y ha diseñado un nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad en el que el respeto a la autonomía de la voluntad ha adquirido una importancia capital, situándose en el centro del sistema. En este sentido ha incluido en nuestro Código Civil una regulación específica de la denominada autocuratela y de los poderes y mandatos preventivos, extendiendo su ámbito de aplicación y favoreciendo de este modo la autonomía de la voluntad de las personas en la gestión de la propia discapacidad. Y a ello hay que añadir la posibilidad de establecer voluntades anticipadas relativas a la salud para el supuesto de que la persona no esté en condiciones de poder manifestar su voluntad».

Sin embargo, el premiado resalta algunas mejoras que deberían haberse acometido en una reforma de este calado: «El Estado podría haber aprovechado su competencia exclusiva para establecer la legislación básica en materia sanitaria y fijar un procedimiento único y unos requisitos comunes de forma y capacidad para otorgar el documento de voluntades anticipadas, armonizando a nivel nacional cuestiones de gran transcendencia que actualmente son reguladas de forma diversa por las diferentes normas autonómicas, lo que provoca inseguridad jurídica tanto para los otorgantes como para el propio personal sanitario».

 

J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS

 

Mejor en escritura pública

Respecto a los requisitos de forma, Martínez apunta que «sería deseable que se estableciera la obligatoriedad de que las voluntades anticipadas constaran en escritura pública, tal y como se prevé para la autocuratela y los poderes y mandatos preventivos. De este modo, se garantizaría el control público del cumplimiento de los requisitos de capacidad y que el otorgante disponga de información suficiente acerca de la trascendencia que tiene el hecho de otorgar voluntades anticipadas, así como la autenticidad de la declaración y que su contenido se corresponda con la voluntad manifestada, facilitando a su vez su conocimiento por parte del personal sanitario. Y es que podría establecerse la obligación del notario de comunicar de oficio su otorgamiento al correspondiente Registro de voluntades anticipadas, tal y como prevén ya algunas normas autonómicas».

De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.
Máster en Derecho de Familia y Sucesiones

En febrero, Rosa Visiedo y Carmen García de Elías, rectora y gerente -respectivamente- de la Universidad CEU San Pablo- suscribieron un convenio de colaboración con José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas. En virtud de este acuerdo ambas instituciones aprueban la creación e impulso de un máster en Derecho de Familia y Sucesiones, cuyo programa contemplará las novedades jurídicas de la Ley 8/2021 sobre discapacidad.

El claustro académico se compondrá de notarios, jueces, fiscales y abogados; mientras que el temario abarcará aspectos relacionados con el Derecho de Familia (régimen económico matrimonial, familia y violencia de género, menores y discapacidad, mediación, adopción internacional, sustracción de menores, maternidad subrogada, filiación, acogimiento, tutela, guarda de hecho, curatela, defensor judicial,…) y de Sucesiones (legados, usufructos, legítimas, aceptación y repudiación de la herencia, particiones, seguros de vida,…).
Pie: De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.

Por la reconstrucción de La Palma

CONSUMO

Por la reconstrucción de La Palma

Imagen tomada en La Palma por el notario de Bilbao, Alfonso Batalla.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

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Twitter: @fatimadorca

Más de tres meses después de la finalización de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, con miles de personas evacuadas y 1.219 hectáreas destruidas por las coladas, continúan las labores de reconstrucción en la isla de La Palma. Los notarios están muy involucrados en esta tarea. Hasta febrero, miles de personas habían pasado por las tres notarias provisionales creadas para atender a los damnificados.

Tal y como expresó, en diciembre de 2021, el consejero responsable del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, Julio Pérez, al anunciar el cese de la actividad volcánica: “Esta insoportable letanía de destrucción ha terminado y ahora toca reconstruir, mejorar, rehacer y reponer”.
Y en esa labor se volcaron, y continúan haciéndolo, los palmeros y los servicios públicos: entre Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria, Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, policías locales, Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales, Brigada contra Incendios Forestales, personal del Cabildo de La Palma, personal de emergencias del Gobierno de Canarias, Cruz Roja y servicios de extinción de incendios de diferentes islas del archipiélago, el Notariado, etc.

Apoyo notarial

“Trabajamos todos juntos, con un sentimiento de hermandad”, relata el notario de Badalona, Barcelona, Iván Emilio Robles, que acudió como voluntario en el mes de diciembre. “Cuando llegué a la notaría de Tazacorte me encontré con una situación dura, con gente que lo había perdido todo y lo primero que pensé es que nuestra labor habitual de servicio público estaba, en ese momento, más manifiesta que nunca”, asegura.

“En un tiempo récord se instalaron las tres oficinas dotadas de los elementos tecnológicos más idóneos para realizar nuestra labor con la misma seguridad jurídica. El sistema adoptado tiene su curiosidad puesto que se trata de notarías que están siendo atendidas sucesivamente por diferentes notarios en régimen de habilitación especial y con carácter temporal”, asegura José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña. Y es que, desde la apertura de las notarías hasta la fecha, más de 40 notarios han ejercido su labor de manera voluntaria en La Palma. Para ello, explica “se ha establecido un único servidor contra el que trabajan los distintos ordenadores, estando el mismo integrado en la red notarial RENO, VPN dotada de la máxima seguridad”.

DESDE LA APERTURA DE LAS NOTARÍAS MÁS DE 40 NOTARIOS HAN EJERCIDO SU LABOR DE MANERA VOLUNTARIA EN LA PALMA

Gracias a la labor de los notarios “los afectados por el volcán están obteniendo documentación fehaciente que acredita cuál era la situación de sus propiedades en el momento en que fueron ocupadas por la lava y también dejan constancia de cuáles eran los derechos existentes. Así podrán justificar su situación ante las autoridades y obtener ayudas, justiprecios e indemnizaciones”, explica Alfonso Cavallé. “Miles de personas han pasado por las notarías, teniendo en cuenta las consultas y las autorizaciones”, asegura. Muchos de los damnificados “han perdido todo, sus casas, sus recuerdos, sus medios de vida, el espacio vital y familiar, sus raíces…”, incide el decano del Colegio Notarial de Canarias.

En cuanto a la duración de la estancia de los notarios en La Palma, el decano del Colegio de Valencia, Francisco Cantos, lo tiene claro: “Estaremos el tiempo que haga falta. Es un compromiso del Consejo General del Notariado y, por tanto, vinimos con la intención de no irnos ni un día antes de lo necesario”.

Notaría temporal de Tazacorte.

Asesoramiento y actas

La ayuda prestada a los palmeros consiste, fundamentalmente, en el asesoramiento notarial y la autorización de actas de notoriedad, documentos que permiten declarar notorio, es decir, conocido por todo el mundo, un hecho. En este caso, el hecho es la propiedad de las fincas, de las construcciones, las plantaciones y todo aquello que tenga contenido económico y que un ciudadano de La Palma quiera acreditar documentalmente. “También hay personas que plantean otras dudas y se les da asesoría” explica Santiago Tomás Roy, otro de los notarios desplazados a la isla, procedente de Pájara, en Fuerteventura. Sin embargo, señala “lo que más hemos hecho son actas de notoriedad. Los cultivos tienen un alto precio, el metro cuadrado de plátano es muy alto, y eso en una escritura no se refleja, se dice que hay un terreno, pero no que son cinco mil metros de platanera, eso es mucho dinero”.

LA AYUDA CONSISTE, FUNDAMENTALMENTE, EN EL ASESORAMIENTO NOTARIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE ACTAS DE NOTORIEDAD

Para los notarios, en numerosas ocasiones, no ha sido fácil demostrar que en cierto terreno había, por ejemplo, una casa. Además de contar con la ayuda del Catastro “para demostrar su existencia hemos tenido que hacer labor de investigación, de hecho, hemos llegado a llamar a una compañía de agua para que nos certificase que hacían llegar las facturas a una casa ubicada en dicha localización”, asegura el notario del Vall d´Uixo, en Castellón, Luis Manuel Mata.

“El Catastro en situaciones como esta, en la que estamos trabajando sobre fincas desaparecidas, es una herramienta muy útil, nos permite asegurarnos de la realidad física de las fincas y tener una referencia indiciaria de que quien asegura ser su propietario es titular catastral. Por otro lado, ha sido un descubrimiento, para los que venimos de la península, Grafcan, una base de fotografías aéreas de todas las Islas Canarias con unas estupendas capas de información con el añadido de que han sobrevolado y fotografiado los inmuebles en 2021, lo que permite algo muy importante en las fincas rústicas: ver si realmente estaban sembradas o no y con qué tipo de cultivo”, explica el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

Según la notaria de Barcelona, María Armas “nuestra labor es de gran utilidad porque es una zona donde hay muy poca transmisión de documento público y, por lo tanto, los problemas para averiguar quién es el titular real también son muchos. Hay un trabajo ingente por hacer”.

Precisamente por eso los notarios continúan realizando una labor importante de apoyo a los afectados “con nuestro trabajo y asesoramiento y dándoles un rayo de esperanza en estos momentos tan difíciles para ellos”, explica el notario Andrés Valdés, notario de L´Ametlla de Mar, Tarragona.

“Hemos realizado una revolución silenciosa de todos los notarios bajo la cabeza visible de tres decanos”, asegura María Adoración Fernández, notaria de Albacete.

Y si hay algo en lo que coinciden todos los voluntarios es en el “estoicismo de los palmeros cuando te cuentan en la intimidad de la entrevista que lo han perdido todo”, explica Ignacio González Álvarez, notario en Telde, Canarias. Algo que también señala José Marqueño, notario en Barcelona: “Sorprende la entereza de los vecinos, cómo hablan de sus propiedades, como fijan linderos y explican su historia”. “Todavía tienen capacidad de esbozar una sonrisa cuando les aseguramos que no nos vamos a ir hasta que acabemos con el trabajo que hemos venido a hacer”, señala Raquel Iglesias, notaria de Badalona, Barcelona.

Según explica el notario Enrique Rojas Martínez del Mármol, notario de Las Palmas de Gran Canaria: “Es un pueblo acostumbrado a la adversidad, que ha emigrado para sobrevivir cuando no había otra salida y que está dispuesto a renacer de las cenizas si las ayudas se lo permiten, ya que la mayoría de los palmeros aman su tierra y no quieren abandonarla”.

En esa línea, Pedro Javier Viñuela, notario voluntario, de Las Palmas de Gran Canaria, coincide: “No debemos olvidar a los 7.000 desplazados, han perdido su casa, es importante que reciban ayuda”. Por ello, como asegura el notario de Font d´en Carròs, Valencia, Lorenzo Talens “es en esa proximidad con el ciudadano de a pie donde debemos estar”.

Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial. Estos libros y demás documentos, una vez finalizada su habilitación, quedarán depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

LAS HECTÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS ALCANZAN LAS 370, LA MAYORÍA DE ELLAS PLATANALES

Tras finalizar la erupción el Catastro las situó en 1.676, de las que 1.345 son de uso residencial, 180 de uso agrícola, 75 de edificaciones industriales, 44 de edificaciones de ocio y hostelería, 16 de edificaciones de uso público y 16 restantes de otros usos. Por su parte, el satélite Copérnicus cifra en 2.988 las edificaciones destruidas y en 138 las edificaciones dañadas. El dato final se obtendrá una vez se puedan filtrar estos números y compararlo con los daños en el lugar.

Las hectáreas de cultivos afectadas alcanzan las 370, la mayoría de ellas platanales. A esta cifra se suman 90 hectáreas de cultivos aisladas. Además, 412 hectáreas de plataneras han sido cubiertas por cenizas, a lo que se suman 128 viñas y 84 plantaciones de aguacates.

Tres notarías a pleno rendimiento

El Decreto Ley 20/2021 atribuye a los notarios la función de ayudar a acreditar la existencia y titularidad de inmuebles y negocios. Por ello, desde el cinco de noviembre, cuando se abrieron las tres notarías temporales en Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, los notarios están en La Palma prestando sus servicios. Los primeros en llegar fueron los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia; Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, respectivamente, quienes pusieron en marcha estas notarías que, a día de hoy, continúan abiertas y cuentan con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado. Hasta el 7 de febrero habían prestado sus servicios en ellas más de 40 notarios procedentes de muy diversos puntos de España. Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial

Crecidos ante la adversidad

Si hay algo en lo que todos los voluntarios coinciden es en “su resiliencia”. Según explica el notario Enrique Rojas Martínez del Mármol, notario de Las Palmas de Gran Canaria: “Es un pueblo acostumbrado a la adversidad, que ha emigrado para sobrevivir cuando no había otra salida y que está dispuesto a renacer de las cenizas si las ayudas se lo permiten, ya que la mayoría de los palmeros aman su tierra y no quieren abandonarla”. En esa línea, Pedro Javier Viñuela, notario voluntario, de Las Palmas de Gran Canaria, coincide: “No debemos olvidar a los 7.000 desplazados, han perdido su casa, es importante que reciban ayuda”.

NotariosporlaPalma.com

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, inició durante su estancia en la isla un blog destinado a contar cuál es la situación allí desde la mirada de los distintos notarios voluntarios que han estado y están en La Palma. Un espacio impulsado por el Consejo General del Notariado para informar y dar visibilidad a la situación de los palmeros.

Saber más

La experiencia de los notarios voluntarios

  • María Armas, notaria de Barcelona: “Nuestra labor es de gran utilidad porque es una zona donde hay muy poca transmisión de documento público”
  • María Adoración Fernández, notaria de Albacete: “Los notarios de España hemos realizado una contribución silenciosa”
  • Ignacio González Álvarez, notario de Telde, Gran Canaria: “Es increíble el estoicismo, la dignidad de los palmeros”
  • Raquel Iglesias, notaria de Baladona, Barcelona: “No nos vamos a ir hasta que acabemos con el trabajo que hemos venido a hacer”
  • José Marqueño, notario de Barcelona: “Me sorprende la entereza de los vecinos, cómo hablan de sus propiedades, cómo fijan linderos…”
  • Luis Manuel Mata, notario del Vall d´Uixo, en Castellón: “Hemos tenido que hacer labor de investigación”
  • Iván Emilio Robles, notario de Badalona, Barcelona: “Los notarios trabajamos en la reconstrucción junto a otros servicios públicos”
  • Santiago Tomás Roy, notario de Pájara, en Fuerteventura. “También hay personas que plantean otras dudas y se les da asesoría”
  • Lorenzo Talens, notario de la Font d’en Carros, Valencia: “Es en la proximidad con el ciudadano de a pie donde debemos estar”.
  • Andrés Valdés, notario de L´Ametlla de Mar, Tarragona: “Con nuestro trabajo y asesoramiento tratamos de darles esperanza en estos momentos”

Ministerio de Agricultura: En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se puede consultar toda la información sobre la nueva normativa y conocer qué otros planes oficiales existen contra el desperdicio.

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José Alberto Marín

Decano del Colegio Notarial de Cataluña: “Las notarías están siendo atendidas sucesivamente por diferentes notarios”

Alfonso Cavallé

Decano del Colegio Notarial de Canarias: “Los afectados están obteniendo documentación fehaciente”

Francisco Cantos

Decano del Colegio Notarial de Valencia: “Estaremos el tiempo que haga falta. Es un compromiso del Notariado”

Entrevista a José Carlos Plaza, director teatral

ESFERA CULTURAL

José
Carlos
Plaza

director teatral

“Soy un hombre del teatro, no de la lírica”

Después de estudiar Derecho y Psicología, tras su paso por la escuela de William Layton, el madrileño José Carlos Plaza apostó por las tablas. Reconocido entre otros con el Premio Nacional de Teatro, su nombre se inscribe hoy como exponente de la estirpe de creadores que nos adentraron con mirada fresca en el arte renovado de Talía, instalado en primera línea de las tendencias internacionales. JUAN ANTONIO LLORENTE

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Dónde encontrarle

En espera de cumplir un sueño a finales de verano, cuando rescate una querida obra de Buero Vallejo, su último trabajo  se podrá admirar durante todo un mes en el Teatro Español de Madrid, el mismo en el que, en 1984, se enfrentó con este título lorquiano.

Acaba de reabrir con OléOlá el Teatro Eslava de su ciudad natal, a la que regresa en mayo con La casa de Bernarda Alba. ¿A qué le suena lo de que el teatro se está muriendo?

En líneas generales diría que esa historia es un mito. El teatro, como todo en la vida, tiene altibajos, oleadas… pero ahora mismo vive un momento estupendo. Hay muchas salas y siempre están llenas. Para el reciente Antonio y Cleopatra del Teatro de la Comedia, no quedó ni una entrada. Ni en La Casa de Bernarda Alba, allí por donde va. Se produce un milagro, porque la gente está deseando conectar, mirando al actor que está allí directamente a la cara. En el caso del Eslava, la reapertura la ha protagonizado Cristina Hoyos con un homenaje al flamenco. Yo he estado a su lado para ayudarle, como tantas veces, en la dirección y la dramaturgia.

Como en una recordada Yerma…

Una Yerma, un Romancero gitano, un Café de Chinitas…he hecho muchas cosas con Cristina.

Las que ha citado tienen trasfondo lorquiano. ¿Es Lorca su fetiche personal?

Tengo tres fetiches… cuatro, mejor. Trabajar con Lorca es trabajar en mi alma y en mi sangre. Pero ante todo me inclino por Valle Inclán, un revolucionario del teatro que va un paso por delante rompiendo todos los moldes. Nadie ha podido alcanzar los niveles a los que llegó. Luego estaría Chejov, que es mi autor sagrado y, finalmente, Shakespeare.

En sus comienzos apostó también por los nuevos dramaturgos.

Siempre he defendido a los autores jóvenes. Ahí están en los últimos años El padre, de Sam Shepard; La noche de las tríbadas, de Per Olov Enquist: o El auto de los inocentes, de Víllora. He hecho 126 obras, y en ese conjunto, hay de todo.

Cuando dirige a un autor vivo, su presencia, ¿le facilita la labor o le resta libertad?

Yo les intento explicar que una cosa es la voz del autor y otra la del director, que nunca se pueden contraponer. Previamente, hablo con ellos muchísimo, pero durante los ensayos no les permito que lo hagan. Les explico: podéis estar o no estar, pero lo que no podemos es pelearnos delante de los actores. Lo que queráis hay que discutirlo antes. En ese punto tuve una experiencia con don Fernando Fernán Gómez.

¿Quiso imponerse cuando le dirigió Las bicicletas son para el verano?

Por distintas circunstancias, en mí parece que no confiaba. Vino a los ensayos, y cuando en uno de ellos intervino, paré y le dije: “encantado con que usted la dirija. Yo me voy. Si es usted el director, vendré como ayudante. Dos colaboradores, juntos, muy bien, pero dos voces hablando en el escenario a los actores, imposible”. El, que tenía una gran humildad, lo entendió.

 

EL TEATRO, COMO TODO EN LA VIDA, TIENE ALTIBAJOS, OLEADAS… PERO AHORA MISMO VIVE UN MOMENTO ESTUPENDO

 

Y el percance concluyó en comedia: con los dos como amigos.

En el libro, que tengo por ahí, pone “A José Carlos Plaza, que levantó este cementerio”. Al final fue una historia preciosa. Tanto es así que en las declaraciones previas a su siguiente obra comentó a los medios. “Que todo el mundo sepa que esta es mucho peor, porque la dirijo yo, no José Carlos”.

 

¿Alguna obra que espere, que se le haya resistido?

La Vida es sueño, de Calderón de la Barca, que se me va a escapar.

 

Tiene tiempo por delante.

No (risas). El año que viene cumplo los ochenta … pero no pasa nada.

 

Con Bernarda estará en el Teatro Español, donde la dirigió en 1984. Los artistas plásticos hablan de pentimenti. ¿Retoca o parte de cero?

Algo queda siempre. Construyes sobre construido, porque no te puedes olvidar. Aunque cambie la forma, estás dando una capa nueva sobre algo preexistente.

 

Aquella Casa contaba con un reparto de actrices consagradas. ¿Las de ahora vienen dispuestas a ser consagradas por usted?

Por mí no, desde luego: por su talento. Consuelo Trujillo, Ana Fernández, Rosario Pardo… son actrices de una talla inmensa y una gran profundidad. Aunque no sean de ese colectivo que se denomina de estrellato, son primerísimas figuras. Y la gente joven que está con ellas tienen un gran talento. Todas ellas van hacia un gran arraigo en su profesión no por mí: gracias a su competencia, porque son muy trabajadoras.

 

ENTRE LAS CONMEMORACIONES DEL 275 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE GOYA, LA FAMILIA DE BUERO VALLEJO ME HA PERMITIDO INTERVENIR EN ‘EL SUEÑO DE LA RAZÓN’

 

¿Tanta entrega demanda el hecho teatral?

Mucha. Y mucha formación. Una disciplina diaria que en este país no la hay, como si existe en otros. Es algo un tanto endémico, que no me gusta, contra lo que lucho constantemente. Pero al final te das cuenta que no hay entrenamiento. El actor está seis meses sin trabajar y no hace nada. No entrena. Vive un poco de las rentas.

 

Para combatirlo están las clases que usted imparte.

Sin parar. Más que clases son talleres de entrenamiento. Intento trabajar con los actores para ver qué problemas hay en las escenas, y que se pregunten todo el tiempo hacia dónde van y cuál es la relación con la sociedad. Me planteo esos entrenamientos como una obligación personal que me metió mi maestro Layton en la cabeza y no me he podido quitar.

 

Un lustro entero estuvo al frente del Centro Dramático Nacional. ¿Repetiría aquella experiencia gestorial?

No. Está bien probarlo una vez, pero aquello me quitó muchísimo tiempo. Fue una experiencia muy dura. Seis años de no dormir.

 

Si hace años la pregunta era cómo un pura sangre del teatro había llegado a la lírica, ahora es por qué la ha abandonado, después de haberle traído tantas satisfacciones en España y fuera de nuestro país.

Mi vida no está matemáticamente planificada. Se adecúa a los momentos, y el de la lírica ahora es complicado, porque se mueve en torno a grandes producciones europeas, muy cosmopolitas, mediante la conjunción de teatros, lo que obliga a estar metido en un macrocosmos de agencias y representantes en el que yo no me muevo. Lo último que hice fue el Juan José de Sorozábal en el Teatro de la Zarzuela, donde tanto he trabajado, y cuando me llaman voy.

 

Alguna de sus biografías cita también su titularidad en ese teatro.

Es un lío. Me nombraron, cambió el gobierno y me cesaron. No estuve ni veinticuatro horas. Al llegar el PSOE al poder, Carmen Calvo me ofreció dirigirlo, para demostrar que me habían echado y le dije que ya no. Porque yo soy un hombre del teatro, no soy un hombre de la lírica.

 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LÍRICA ES COMPLICADA, PORQUE SE MUEVE EN TORNO A GRANDES PRODUCCIONES EUROPEAS

 

Aun sin serlo, como dice, sus producciones de Lulú o Wozzeck dejaron huella.

Pero hablamos de otra cosa. Yo lo que he hecho es teatro en la lírica y Wozzeck y Lulú son teatro. Como lo son El gato montés o La verbena de la Paloma, que es una de nuestras grandes joyas. Musical y también dramatúrgicamente. Para un master en Nueva York, me pidieron que presentase un proyecto teatral, y centré mis clases en la dramaturgia de La verbena de la Paloma.

 

Con qué le tentarían para regresar a la lírica.

No lo había pensado, pero al escuchar la pregunta me ha venido una cosa que tenía dentro: repetir un título: Macbeth.

 

El primero que dirigió…

Eso es. ¡Y ya hace falta valentía! Pero entonces era un inconsciente. Y de pronto he pensado qué podría hacer ahora con esa ópera de Verdi.

 

¿Alguna sorpresa en la recámara?

Tengo un proyecto, que no lo podría decir por esas tonterías tradicionales, pero me da igual. Entre las conmemoraciones del 275 aniversario del nacimiento de Goya, la familia de Buero Vallejo me ha permitido por fin intervenir en su obra El Sueño de la Razón. Sin cambiar nada. Sólo quitando y quitando, porque el teatro de Buero es estupendo, pero no se representa por ser muy antiguo, demasiado descriptivo. Y por fin, en septiembre, en el Teatro Español y en Zaragoza, lo voy a poder hacer.

Leer un cuadro: Ruinas del Templo de la Concordia de Roma

ESFERA CULTURAL

LEER CUADROS

CONVENIO EL PRADO-FUNDACIÓN NOTARIADO

El autor de esta estampa de las Ruinas del Templo de la Concordia de Roma es Evaristo Pérez de Castro (1769- 1849), famoso no tanto por su actividad artística –pues fue solamente un aficionado– como por su carrera diplomática y política, ya que llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros entre 1838 y 1840.

CLAVES DE LA OBRA

Nº catálogo: G6194
Autor: Evaristo Pérez de Castro (1769-1849)
Título: Ruinas del Templo de la Concordia de Roma
Materia: Aguafuerte
Datación: h. 1800
Medidas: 216 x 258 mm.
Ubicación: Gabinete de dibujos y estampas

Ruinas del Templo de la Concordia de Roma

JOSÉ MANUEL MATILLA,

conservador de dibujos y estampas

Más recientemente se ha destacado también su faceta de coleccionista al ser identificado como el propietario del célebre Ecce Homo de Caravaggio, aparecido en 2021 en el mercado artístico madrileño, y que había conseguido a través de un intercambio con la Academia de San Fernando de la que era miembro desde 1800.

Como aficionado a las Artes, con un lapicero en la mano y dibujos en la mesa, fue retratado en esas mismas fechas por Goya, de quien además poseyó una primera edición de los Caprichos (1799). Este interés por el grabado se puso también de manifiesto en la práctica del aguafuerte, de la que dejó constancia en esta estampa, quizá realizada en Madrid hacia 1800, recién llegado de la embajada de Viena y antes de partir para Lisboa.

 

Aprendizaje artístico

No se conocen otros grabados suyos, y de este solamente tenemos constancia de dos ejemplares, este del legado de Juan José Luna al Museo del Prado (2021) y otro que se conserva en la Biblioteca Nacional. También está documentado que en 1845 presentó varias obras a la exposición que realizaba la Academia, entre las que se encontraba un dibujo a pluma que copiaba una estampa y que llamó la atención por el pulso y buena vista que demostraba a avanzada edad.

 

MÁS RECIENTEMENTE SE HA DESTACADO TAMBIÉN SU FACETA DE COLECCIONISTA AL SER IDENTIFICADO COMO EL PROPIETARIO DEL CÉLEBRE «ECCE HOMO» DE CARAVAGGIO

 

El aguafuerte es una técnica de grabado que, a diferencia del grabado a buril enseñado en la Academia, no requería demasiado aprendizaje; de hecho es el medio habitualmente utilizado por los pintores para sus grabados de invención, entre los que se puede citar a Rembrandt o a Goya. Para hacer un aguafuerte bastaba con saber dibujar y adquirir fácilmente a través de otro grabador unos pocos conocimientos técnicos. También se podían seguir de forma autodidacta las indicaciones de los tratados de Abraham Bosse o Manuel de Rueda.

En el aprendizaje artístico la copia es una de las estrategias básicas. Así ocurre también en el grabado, y esta estampa de Pérez de Castro es un buen ejemplo.

El modelo es una imagen contenida en un libro de amplia difusión en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII: Les plus beaux monuments de Rome ancienne ou Recuel des plus beaux morceaux de l’Antiquité romaine qui existent encore (Roma, 1761). Formado por 128 estampas, reproducía los monumentos más importantes de Roma a través de grabados al aguafuerte basados en dibujos del francés Jean Barbault (1718-62), que trabajó junto a Piranesi en los inicios de su carrera, y posteriormente se ganó bien la vida con este tipo de ediciones. Aunque este libro no consta en el inventario de la biblioteca de Pérez de Castro, es seguro que copió con exactitud la estampa del Templo de la Concordia, con buen pulso y técnica, aligerando solamente algunos detalles. El resultado es excelente y una buena demostración de las capacidades de este ilustre aficionado a las Bellas Artes.

En recuerdo de Camilo José Cela

ESFERA CULTURAL

EN RECUERDO DE CAMILO JOSÉ CELA

La Fundación Camilo José Cela cumple 30 años.

El vigésimo aniversario del adiós del último Premio Nobel español impulsa distintas exposiciones y homenajes que reivindican la vigencia de su obra y su figura. 

JULIÁN DÍEZ

[email protected]

Registro oficial de periodistas.

En comparación con la forma en que Camilo José Cela dominaba como gran pope el panorama literario español en los años ochenta y noventa, cuando no sólo era un autor respetado sino también una figura popular que protagonizaba anuncios o protagonizaba momentos televisivos de máxima audiencia, podría considerarse que su nombre ha per-dido algo de relevancia. Sin embargo, el legado de Cela está más que vigente, sus obras más destacadas se mantienen en catálogo, y los veinte años que se cumplen de su fallecimiento en este 2022 van a servir para distintos homenajes y reivindicaciones.

Por toda España

La batería de recuerdos al autor va a repartirse prácticamente por toda España, como corresponde de forma lógica a la trayectoria de este gallego y madrileño, notorio viajero, firmante de 120 libros de distinta naturaleza y animador del panorama cultural. La Xunta de Galicia es quien encabeza las actividades en torno a su figura, ya que, aunque se trasladó a Madrid a los pocos años de nacer en Iria Flavia en 1916, es conocido que sus últimas palabras fueron para dar un viva a su localidad natal, donde hoy se aloja la Fun-dación que lleva su nombre y de la que fue nombrado marqués.

El 17 de enero, cuando se cumplieron exactamente los 20 años de su muerte, el conse-jero de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, hizo una ofrenda floral en su tumba, a pocos metros de la casa natal del autor, y anunció diferentes conferencias y actos en la comunidad. Por ejemplo, la exposición «Cela poliédrico», que recorrerá las siete princi-pales ciudades gallegas (La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago) con objetos y curiosidades acerca de su trayectoria. El Museo Camilo José Cela expon-drá una muestra extraordinaria sobre la publicación de La familia de Pascual Duarte, su primera novela (1942), que también está de cumpleaños redondo con los 80 años des-de su publicación.

Además, el 11 de mayo, día del nacimiento del autor, se hará una lectura pública de una de sus obras, La rosa, primer tomo de sus memorias correspondiente a su infancia ga-llega, que también será objeto de uno de los teatros sonoros de Radio Nacional de Es-paña.

La Xunta colabora también con otras de las actividades a lo largo del país. La Universitat de Barcelona acogerá en mayo el seminario «Camilo José Cela. Palabras e Imagen», de corte más académico. La Biblioteca Nacional recibirá en otoño la exposición sobre La familia de Pascual Duarte, del que también una primera edición viajará a Villarreal (Castellón) dentro de una muestra global sobre las ediciones más destacadas de la obra de Cela.

En La Rioja se abordará otra de las facetas del autor con un evento organizado por la Delegación del Gobierno en la comunidad que mostrará su periodo como senador por designación real, del que hay muchos más recuerdos y anécdotas.

EL MUSEO CAMILO JOSÉ CELA ALBERGA 25 SALAS CON TODO TIPO DE RECUERDOS, TAMBIÉN PERSONALES DE SU RELACIÓN CON PICASSO, HEMINGWAY O CHAPLIN

Proyecto digital

Cela dirigió la revista Papeles de Son Armadans, herramienta decisiva en la reintegra-ción de algunos autores exiliados en al franquismo tardío. En recuerdo de esa revista, la Fundación Camilo José Cela comenzará la publicación de una iniciativa digital, Cua-dernos de Iria Flavia, en la que no sólo se recogerán algunos textos de y sobre el autor de La Colmena, sino también obras de escritores que quieran en alguna medida seguir su estela, en el mismo espíritu que la publicación mallorquina. Es sólo una muestra más del dinamismo de la Fundación, que además de acoger el legado literario y artístico del autor, se preocupa por mantener su espíritu.

La colección que se puede visitar en las llamadas Casas de los Canónigos de Iria Flavia es realmente formidable, incluyendo la biblioteca personal del autor, obras de artistas con los que mantuvo amistad como Picasso o Miró, las botellas vacías que compartió con figuras como Hemingway o Chaplin, el enorme epistolario de Cela o los manuscritos originales de buena parte de su obra.

LOS 80 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DE «LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE» SERÁN OBJETO DE OTROS RECUERDOS Y CELEBRACIONES

Son veinticinco salas, en total, aunque el influjo de la Fundación se extiende más allá de esas dependencias con un Museo del Ferrocarril, puesto que el abuelo del escritor, John Trulock, fue pionero de la implantación de ese transporte en Galicia. Precisamente otra de las actividades anunciadas en este aniversario es la rehabilitación de la primera lo-comotora usada en suelo gallego, una vieja máquina inglesa rebautizada como Sarita que Trulock que se trajo para cubrir la pionera línea entre Cornes y Carril.

Otra curiosidad para los visitantes que acudan a Iria Flavia, a veinte kilómetros de San-tiago, es la posibilidad de hacer alguna de las rutas que se propone por los paisajes que conoció Cela en la niñez o los que reflejó en uno de sus libros de viajes más conocidos, Del Miño al Bidasoa. Notas de un vagabundaje (1952). Por cierto, que la relevancia de Cela en el campo de la literatura de viajes resulta especialmente digna de recuerdo en la actualidad, puesto que fue una especialidad a la que dedicó una parte sustancial de su obra (publicó catorce novelas y trece volúmenes viajeros, por ejemplo). En su mo-mento, Viaje a la Alcarria (1948) contribuyó a la fama de Cela no menos que las dos principales novelas de su primera etapa como escritor, la citada Pascual Duarte y La colmena (1951).

La relevancia de su obra

Cela sumó en su trayectoria los mayores honores imaginables, no sólo el ingreso en la Real Academia con apenas cuarenta años y el Nobel de 1989, sino también el Príncipe de Asturias en 1987 y el Premio Cervantes, que fue su espina clavada hasta 1995. Cu-riosamente, al margen de esos títulos más conocidos, el resto de su producción está menos presente en los catálogos editoriales hoy, y se diría que existe un aprecio menor en ciertos sectores que el que conservan otros de sus grandes contemporáneos. Tal vez porque lo tremendo de su figura pública ha terminado por eclipsar parcialmente la rele-vancia de su obra. Cabe esperar que los recuerdos de este aniversario sirvan para aqui-latar el recuerdo de uno de los gigantes de las letras españolas en el siglo XX.

Ulises y otros centenarios
relevantes

2022 también celebrará otras conmemoraciones literarias importantes, sin duda enca-bezadas por el centenario de la publicación del Ulises de James Joyce. Con este motivo, aparece por ejemplo en Galaxia Gutenberg una nueva traducción de José Salas Subira-tas, acompañada de más de 300 ilustraciones de Eduardo Arroyo, mientras que la edito-rial Lumen recupera la versión de José María Valverde que en su momento le valió el Premio Nacional de Traducción. En comparación, tal vez pase inadvertido el centenario de un poema que tuvo en las letras inglesas un peso comparable al del libro de Joyce, La tierra baldía, de T.S. Eliot. También se cumplen los cien años de Trilce, el poemario de César Vallejo que dio arranque al vanguardismo en la lírica en lengua española, que luego desarrollaron desde García Lorca hasta Gómez de la Serna.

Otras fuentes

Toda la información sobre las actividades y
posibilidades de visitar la Fundación y el
Museo Camilo José Cela.

Más información
Nuestro redactor, José Martínez Carrascosa, ha publicado su primer libro: Víctima del crimen perfecto (editorial Distrito 93), una original novela negra sobre un vigilante prejubilado de Castelldefels que quiere convertirse en asesino múltiple.

El control de las empresas de reunificación de deudas: una asignatura pendiente, por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Olga Ruiz Legido,

Presidenta de FACUA

 

Los consumidores deben ser precavidos, informarse previamente de la operación, su coste y la entidad que realizará las gestiones

El control de las empresas de reunificación de deudas: una asignatura pendiente

En contextos de crisis económicas e incremento de la vulnerabilidad de los consumidores proliferan, como en la actualidad, las ofertas de productos financieros que prometen soluciones mágicas para afrontar el pago de las deudas. Como ya ocurriera hace años, vuelven a cobrar protagonismo los anuncios publicitarios de reunificación de deudas. Anuncios que, en una gran mayoría de casos, ofrecen como señuelo fórmulas cómodas para pagar menos por las deudas contraídas y frente a las que el consumidor debe ser precavido y no dejarse llevar por cantos de sirenas de una publicidad que presenta esta operación como la solución a sus problemas de endeudamiento.

En principio, reunificar la deuda y pagar menos con una sola cuota mensual pudiera parecer atractivo, pero es preciso estar alerta y desenmascarar ofertas engañosas de empresas con pocos escrúpulos. Hay que tener en cuenta las características de la operación a realizar, la entidad que la llevará a cabo y todos los gastos, comisiones e intereses que lleva aparejado. Por ello, es indispensable sopesar bien esta opción, dirigida mayoritariamente a economías vulnerables con alto nivel de endeudamiento y que hace de la necesidad económica de las familias su mayor reclamo.

Intereses muy elevados, gastos de cancelación de los préstamos preexistentes, costes vinculados a la nueva operación de unificación de las deudas en un nuevo préstamo, comisiones y gastos de la empresa intermediaria, etcétera, pueden suponer cantidades que, sumadas, incrementan el nivel de endeudamiento del consumidor de forma considerable, haciendo realmente gravosa una operación que se presenta como solución a sus problemas económicos.

Los consumidores deben ser precavidos, informarse previamente de la operación, su coste y la entidad que realizará las gestiones y valorar correctamente su alcance y riesgo para no caer, víctimas de fraudes y abusos y movidos por una publicidad agresiva y una información engañosa, en graves situaciones de sobreendeudamiento que comprometerán aún más su situación financiera.

La operación de reunificación de deudas puede efectuarse a través de entidades financieras, que realizarán de forma efectiva dicha reunificación a través de la concesión y contratación de un nuevo préstamo; o bien puede hacerse a través de empresas intermediarias, que gestionarán la búsqueda de un producto financiero ofrecido por otra entidad y que no están exentas de obligaciones de transparencia, información y publicidad para con el consumidor.

Si se utiliza como intermediaria una de estas empresas, el precio de la operación se eleva, ya que se tendrá que asumir tanto las comisiones y ganancias de esta entidad como de la que realice la operación de forma efectiva, por lo que conocer bien las condiciones de la operación resulta esencial y, a veces, el contexto de necesidad, la premura y la confusión en el que se desarrollan este tipo de operaciones no ayuda a ello.

Los riesgos de la reunificación de deudas han venido siendo denunciados públicamente por organizaciones de consumidores y diversos organismos e instituciones. Entre ellos, el Defensor del Pueblo, quien ya alertó de sus peligros hace años e hizo un llamamiento a una mejor regulación y control de las entidades que se dedicaban a esta actividad y a aquellas que actuaban de intermediarias en este tipo de operaciones.

La regulación llegó, primero con la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios e intermediación para la celebración de contratos de préstamos o crédito y, posteriormente, con la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Ambas normas establecen obligaciones de transparencia, información, publicidad, registro y control en la contratación con consumidores de este tipo de productos con el objetivo fundamental de salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios. El registro de las empresas y el control y la supervisión de las entidades son instrumentos clave para evitar y prevenir los abusos que se producen, y representa el gran talón de Aquiles de la protección del consumidor en este sector.

De una parte, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, encomienda el control y registro de aquellas entidades concesionarias e intermediarias, que no operen con créditos inmobiliarios ni tengan condición de entidad de crédito, a las autoridades de consumo, Ministerio de Consumo y consejerías competentes de las comunidades autónomas. De otra, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, recoge que las empresas intermediarias de crédito inmobiliario deben estar inscritas en registros públicos dependientes del Banco de España o de las respectivas comunidades autónomas, según su ámbito de actuación. Su control y supervisión recaerá sobre estas autoridades y además se crea un Registro Central de Sanciones en el ámbito del crédito inmobiliario.

Actualmente solo resulta accesible al público de forma directa (vía web) el Registro de Intermediarios de crédito Inmobiliario del Banco de España y tres registros de las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Otras tres comunidades (País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) informan del organismo competente, teléfono y una dirección de correo electrónico, resultando hasta ahora inédito el Registro Central de Sanciones en el ámbito del crédito inmobiliario.

Respecto de aquellas entidades bajo registro y supervisión del Ministerio de Consumo y autoridades de consumo autonómicas, resulta inaccesible el acceso a los mismas, con una absoluta falta de transparencia sobre su existencia.

Pese a los cambios regulatorios para incrementar los requisitos para que estas empresas operen con transparencia frente al consumidor, ni el Banco de España ni las comunidades autónomas están a la altura de lo que exige la protección de los consumidores. No hay un control “de oficio” efectivo de la publicidad que realizan ni supervisión de la operativa habitual con los consumidores. Ni la memoria de supervisión del Banco de España ni los planes de inspección de los servicios de consumo de las comunidades autónomas ofrecen datos de control eficaces de este tipo de actividades. El control y supervisión de la actividad de este tipo de entidades sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Por una ley que garantice el derecho a una vivienda

Unificar deudas: beneficios y riesgos

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

UNIFICAR DEUDAS: BENEFICIOS Y RIESGOS

La reunificación de deudas es una opción que ofrecen muchos bancos y empresas intermediarias. Los expertos recomiendan informarse bien antes de optar por esta solución porque también tiene sus riesgos.
La falta de conocimientos financieros y la facilidad de acceso al crédito rápido hace que muchas familias españolas entren en una espiral de deudas.

María Lezaun

[email protected]

Twitter: @mlezaun

La escasa cultura del ahorro, la falta de conocimientos financieros y la facilidad de acceso al crédito rápido hacen que muchas familias españolas entren en una espiral de deudas de la que es difícil salir (tarjetas de crédito, préstamos, créditos rápidos, hipotecas, etc.). Una vez que el problema se agrava, la reunificación de deudas podría ser la solución. Sin embargo, no es apta para todos los perfiles y muchos expertos recomiendan tener en cuenta otras soluciones como acogerse a la llamada ley de segunda oportunidad o renegociar con el banco y planificar el pago de los préstamos por separado (reestructuración de la deuda), con el objetivo de ahorrar gastos.

En los últimos años la reunificación de deudas se ha convertido en una práctica cada vez más conocida y a la que se recurre con frecuencia, «sobre todo, porque ha recibido un impulso constante con las sucesivas regulaciones a nivel autonómico, estatal y ahora europeo», explica Luis Javaloyes, director general de Agencia Negociadora, una de las empresas pioneras del sector en España.

 

¿En qué consiste?

El objetivo principal es poder hacer frente a las deudas contraídas y que el importe mensual a pagar sea menor que la suma de todos los préstamos anteriores, lo que alarga considerablemente el plazo de devolución.
Esta solución no es gratis y tiene sus riesgos: es necesario cancelar todos los préstamos contratados, lo que supone un coste añadido y también, al extenderse el plazo de los pagos, aumenta la cantidad inicial que hay que pagar. Sin embargo, si las partes están de acuerdo y existe un verdadero compromiso de solucionar el problema, la reunificación puede ser una solución para situaciones muy específicas.

 

AL EXTENDERSE EL PLAZO DE LOS PAGOS, AUMENTA LA CANTIDAD INICIAL QUE HAY QUE PAGAR

 

Desde la Asociación Española de la Banca (AEB) se defiende esta opción siempre que suponga una solución para el cliente. «Es importante que antes de nada los bancos conozcan las inquietudes de sus clientes para encontrar la mejor solución a sus problemas», explica su portavoz José Luis Martínez.

Entre las entidades que ofrecen este servicio se encuentran los grandes bancos y algunas compañías intermediarias. Respecto de estas últimas, es conveniente comprobar que el intermediario figure en el Registro de intermediarios de crédito del Banco de España o de la Autoridad de Consumo competente.

Respecto a los requisitos que hay que cumplir para acceder a este tipo de financiación, los expertos señalan la necesidad de contar con ingresos mensuales estables, con un trabajo firme, no estar incluido en ninguna lista de morosidad y tener un inmueble en propiedad como garantía, aunque ya esté hipotecado. En el caso de que no se tenga un inmueble y se necesite una reunificación, se exige contar con un avalista.

PARA SABER MÁS

Escritura Pública. En nuestra revista hemos tratado este tema en diferentes momentos con el objetivo de aclarar dudas respecto a esta práctica.

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BBVA. El blog de educación financiera del banco dispone de información práctica sobre qué es la reunificación de deudas y qué requisitos se necesitan.

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Asufin. La Asociación de Usuarios Financieros dispone en su web de información práctica sobre las consecuencias del sobreendeudamientos, las posibilidades que existen para hacer frente a los pagos y cómo entender mejor la reunificación de deudas.

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Derecho a reparar, por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA ESTRADA,,

presidente FUCI. Con la colaboración de Manuel Moran Arias, asesor jurídico FUCI

 

Los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor la reparación

Derecho a reparar

Abanderando el principio “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores”, el Pacto Verde Europeo de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, dio paso al denominado derecho a reparar (o derecho de reparación) recogido en una nueva normativa aprobada por la Unión Europea el 25 de noviembre de 2020. Este derecho de reparación entró en vigor al año siguiente, más concretamente el 1 de marzo de 2021 y tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad del modelo económico apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de productos tecnológicos.

Con esta novedosa normativa se busca limitar los productos electrónicos considerados “de un solo uso” y combatir la obsolescencia programada, una de las practicas utilizadas por algunos fabricantes para acortar deliberadamente la vida de los productos, siendo esta una de las recurrentes preocupaciones del consumidor en este ámbito del mercado, y facilitando información sobre la capacidad de reparación de los productos a la venta.

Con ánimo de favorecer la vida útil de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos y controlar su consumo desmedido, la nueva legislación, entre otros derechos, garantiza al consumidor la reparación de los productos ofertados al menos durante diez años. Para ello, los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor dicha reparación, ofreciendo una alternativa real al mero deshecho y sustitución del producto que ha dejado de funcionar de manera apropiada.

Además, algunos aparatos como televisores, secadores de pelo o lavadoras deberán disponer de un manual de reparación, una especie de etiquetado de reparación, que permita proceder a su reparación o reciclaje, creando un índice de reparabilidad, para que el consumidor sepa lo fácil o no que pueda ser reparar un aparato y su vida útil, y que la calificación aparezca impresa en los envases y cajas de los dispositivos electrónicos; una calificación muy parecida a la que se maneja con la eficiencia energética e instrumentando medidas para desmontar los aparatos, utilizando para ello herramientas convencionales, cuando su reparación efectiva no sea posible. Esta información es fundamental para que el usuario conozca las posibilidades reales de reparación del producto antes de su adquisición. Hasta hoy el consumidor, una vez pasada la garantía del producto, se encontraba con la situación de que los plazos de entrega son largos o que los costes son tan elevados que se plantea el arreglar el producto o comprarse uno nuevo.

La Directiva, trata un tema de suma importancia, la publicidad ecológica que, algunas empresas hacen de sus productos, apoyándose en anuncios sustentados en evidencias presentadas de forma parcial. Esto es sumamente importante porque la publicidad casi siempre es la que induce a comprar al consumidor tal o cual producto en función, tanto de sus prestaciones como por su carácter medioambiental.

También se debería poner fin al diseño de productos que no se puedan desmontar, en caso de ser reparados por terceros, o que no existan determinadas piezas inherentes al producto en sí, sometiendo al consumidor al soporte autorizado o a los proveedores oficiales del producto.

La recuperabilidad de este tipo de productos se potencia y completa finalmente a través de la extensión de las garantías legales, lo que en España ya ha tenido su plasmación con la aprobación de la modificación en la Ley de Consumidores por medio de la cual la garantía pasa a ser de tres años a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de contenidos o servicios digitales, esta será de dos años.

Todas estas medidas buscan favorecer una producción y un consumo sostenible, protegiendo a los consumidores y usuarios de un mercado en constante cambio y evolución.
Alargar la vida de los productos, mediante la autoreparación, para alargar su uso e incluso para venderlos como productos de segunda mano, indudablemente, además de salvaguardar los derechos de los consumidores, ayudará a recortar la factura ecológica y a evitar toneladas de basura electrónica. Indudablemente el reciclaje eficiente es otra de las asignaturas pendientes, por parte de los consumidores, la empresa y la Administración, para conseguir cada vez más la circularidad de los productos.

Ley 5/2019 de crédito inmobiliario

Reparar antes de cambiar

CONSUMO

Consumo: Reparar antes de cambiar

Los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y valoran mucho más la calidad de los mismos a largo plazo.

Marián Lezaún

[email protected]
Twitter: @mlezaun

Reparar cualquier producto antes de reemplazarlo por otro es la filosofía de fondo de la nueva normativa de garantías que busca alargar la vida útil de los productos al tiempo que mejora la protección al consumidor. Para ello, mediante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del Real Decreto-Ley 7/2021 se han aumentado las exigencias a los fabricantes, a los que se pide contar con piezas de repuesto en un plazo de hasta diez años y se ha ampliado el plazo de garantía legal de los productos de dos a tres años.

Que los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y que valoran mucho más la calidad de los mismos a largo es una realidad. No hay más que ver el boom de tiendas de segunda mano, de servicios de reparación o de productos recuperados. Hace ya unos años, el documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer nos abría los ojos ante una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre. A partir de entonces, la llamada obsolescencia programada saltó a un primer plano y los usuarios empezaros a tomar conciencia del impacto ambiental y social que tenía el consumo rápido de muchos productos cotidianos, en especial de electrodomésticos y tecnología. En la misma línea, el ensayo Hecho para tirar, del controvertido economista francés Serge Latouche, nos planteaba el problema que suponía para el planeta el consumo excesivo y deshacernos antes de tiempo de cosas que se pueden reparar, reemplazar y reutilizar. Ahora que las nuevas tendencias de consumo avanzan por el mismo camino, la legislación se adapta y se vuelve más exigente con productores y distribuidores.

 

LOS USUARIOS HAN TOMADO CONCIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE EL CONSUMO RÁPIDO

 

Mayores plazos

Así, desde el pasado 1 de enero, los consumidores españoles pueden acogerse a la nueva legislación sobre garantías que amplía sobre todo los plazos de reclamación y mejora las posibilidades de reparación. Se trata de la transposición de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes y que otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la protección al consumidor. “Atendiendo a esta posibilidad, en la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la citada Directiva, se ha adoptado la decisión de ampliar la garantía por falta de conformidad de los productos (adecuación a las normas de uso) o servicios al plazo de tres años para proteger a aquellas personas consumidoras que adquieran productos o servicios cuyos fabricantes o prestadores limitaban la garantía al plazo legal de dos años”, explica Carlos García, director del Centro Europeo del Consumidor (CEC).

Y aunque la nueva norma ha sido muy bien acogida por las asociaciones de consumidores, despierta también algunas dudas entre los fabricantes y vendedores que se preparan para su aplicación. No obstante, muchos lamentan que no se hayan tenido en cuenta las características específicas de cada producto y que se conceda la misma garantía para un producto sencillo, como un secador, que para un automóvil. Además, la legislación tampoco ha tenido en cuenta el ciclo de vida de los productos, lo que siembra muchas dudas en la gestión de los repuestos. Muchas compañías deberán reestructurar sus políticas de stock, mantener sus proveedores durante más años y eso, a la larga, puede suponer un impacto en los precios. Pero no se trata de establecer una batalla entre fabricantes y consumidores, porque muchos de ellos ya ofrecen desde hace tiempo garantías superiores a las exigidas y cuentan con servicios de reparación que permiten alargar la vida útil de los productos. Se trata de un tema de responsabilidad empresarial y de cumplir las exigencias de Europa, según los expertos. Para el director del Centro Europeo del Consumidor, Carlos García, “el posible encarecimiento de los productos por el nuevo periodo de garantía o por la obligación de disponer de repuestos durante un periodo determinado es una cuestión de mercado, ajena a la regulación de la protección de los consumidores”.

 

SE HA AMPLIADO EL PLAZO QUE TIENE EL CLIENTE PARA ELEGIR ENTRE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO

 

Porque la norma incluye otras novedades. Además del periodo para reclamar, se ha ampliado también el plazo que tiene el cliente para elegir entre la reparación o sustitución del producto. Así, se amplía de tres a cinco años el plazo de no conformidad y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 66% de los productos fallan a los tres años de uso y un 49% de las quejas están relacionadas con productos tecnológicos. Para el responsable del CEC, lo más importante es que “se refuerza la posición de las personas consumidoras porque determina la obligación de suministrar bienes con la calidad, seguridad y durabilidad que se puede razonablemente esperar de los mismos, ya que posibilita una mayor protección de los consumidores, una mayor calidad de los bienes puestos en el mercado y el favorecimiento de la sostenibilidad del consumo, así como la potenciación de la economía circular”.

 

Productos digitales

La legislación incluye también por primera vez un apartado especial para los productos digitales. Así, desde el pasado 1 de enero, tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años. Entre esos contenidos y servicios se incluyen los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo, los archivos de audio, los archivos de música, los juegos digitales, los libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.

 

MUCHOS FABRICANTES YA OFRECEN DESDE HACE TIEMPO GARANTÍAS SUPERIORES A LAS EXIGIDAS

 

Y qué ocurre si el vendedor o el fabricante incumplen la nueva norma: “Cualquier incumplimiento de una obligación establecida en una norma de protección a las personas consumidoras está tipificada como infracción y lleva aparejada la correspondiente sanción”, recuerda García.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Los derechos del consumidor

Cuando compramos un producto o servicio debemos diferenciar entre las garantías legales y las comerciales. Ya que, además de los requisitos legales, muchas marcas suelen ampliar los derechos del consumidor con reclamos comerciales, como es caso de algunas empresas de coches. Por eso, hay que tener en cuenta que cualquier declaración pública que haga un fabricante sobre sus productos (en la publicidad, en el etiquetado, etc.) es jurídicamente vinculante para el comprador. Mientras la garantía legal es obligatoria y se regula por Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la garantía comercial depende de cada tienda o empresa que venda productos y servicios y es adicional a la garantía legal. Por eso, a la hora de reclamar es necesario saber dónde acudir. En primer lugar, los clientes pueden solicitar al minorista una compensación acogiéndose a esa garantía legal en el caso de que el producto no se ajuste a su descripción; tenga cualidades diferentes al modelo anunciado o mostrado al cliente; no sea adecuado para el uso habitual o para el uso específico que se adquirió; no posea la calidad ni el rendimiento normales en productos del mismo tipo; o se haya instalado mal (por parte del cliente o del proveedor) debido a deficiencias en las instrucciones facilitadas. No obstante, si el proveedor informa de que el producto a la venta tiene algún problema de calidad, el cliente no le puede pedir compensación por ese defecto en concreto. Además, el cliente tiene derecho a solicitar la reparación del producto; la sustitución del producto; una reducción del precio; o la cancelación del contrato y el reembolso íntegro del importe abonado si el producto no responde al uso esperado.

Cuando el arreglo merece la pena

Cuando se estropea cualquier producto en nuestros hogares, el dilema es siempre el mismo: merece la pena arreglarlo o es más rentable cambiarlo por otro. Hace unos años, la tendencia era sustituirlo por otro sin dudarlo, pero hoy las cosas han cambiado. Por eso, antes de tomar una decisión conviene saber qué es y cómo funciona la amortización de esos productos. Calcular ese coste de amortización es algo sencillo y puede aclararnos muchas dudas. Así, teniendo en cuenta que todos los productos empiezan a perder valor desde el momento mismo de la compra, podemos calcular el valor de los mismos durante su ciclo de vida útil. Es decir, tenemos que dividir el precio de compra durante ese periodo de tiempo y así saber en el momento en el que se estropea, cuál es su valor real. Teniendo ese dato en cuenta, deberemos compararlo con el coste de reparación del producto y hacer la misma operación, teniendo en cuenta una nueva adquisición. Cuando el valor del producto es muy bajo, quizá es el momento de cambiarlo.

Para saber más

Organización de Consumidores y Usuarios: explica de manera sencilla las claves de la nueva legislación, así como qué es necesario para reclamar un producto en garantía. Desde aquí se puede consultar el proyecto europeo Prompt, que pretende luchar contra la obsolescencia programada de muchos productos.

Saber más

Centro Europeo del Consumidor (CEC): En la web del Centro Europeo del Consumidor, que pertenece al Ministerio de Consumo, se puede consultar información práctica sobre reclamaciones, quejas y derechos de los consumidores en todo el espacio europeo

Saber más

Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años.

Sin techo no hay cimientos, por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES

JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

 

Resulta turbador que España sea el país con la batería más larga de impuestos que inciden en la vivienda entre todos los países de la OCDE

Sin techo no hay cimientos

Manuel es un joven y serio profesional con contrato indefinido. Manuel (el nombre es ficticio) contrajo el Covid en el momento más crudo de la pandemia. No se infectó en una fiesta desenfrenada ni por una imprudencia. Se contagió en la casa en que vive. A pesar de su salario, en la media nacional para su ocupación, Manuel se ve obligado a compartir piso con cuatro compañeros, uno de ellos profesional del sector sanitario, quien sin querer introdujo el virus en la vivienda común. Manuel no está a disgusto con esa vida casi de estudiante, pero lo cierto es que comparte piso porque no le da para alquilar uno en solitario.

La vivienda cara no es un freno solo para Manuel, lo es para el desarrollo de cualquier país. Una política de vivienda que ignore esto no solo está mal orientada, sino que supone un lastre para cimentar el crecimiento y una losa en el futuro de las próximas generaciones. Los altos precios de la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, también pueden asfixiar la reactivación del consumo, una condición decisiva para que la economía se expanda e inaplazable en un escenario que urge la recuperación, como el que vive España tras el durísimo impacto de la pandemia.

Toda la renta que los ciudadanos tengan que destinar a vivienda se sustrae de otra partida del gasto, desde la alimentación al ocio, desde la salud a la educación o a la misma vestimenta, con el consiguiente deterioro sobre aquellos sectores ajenos al inmobiliario. A modo de vasos comunicantes, cuanto más elevados sean los fondos que los presupuestos familiares deben dedicar a vivienda más se aminorarán los destinados a otros bienes o servicios.

Este panorama se refleja hoy con toda su crudeza, cuando buena parte de la recuperación tras la crisis del Covid se fía al repunte del consumo, tras largos trimestres de hibernación y contención del gasto y de un precavido crecimiento del ahorro de las familias, solo proporcional a los temores que desata la incertidumbre.

La familia española dedica a la residencia, de media, más de un 35% de su renta, un creciente récord que constriñe su capacidad de gasto. En los hogares con menos renta, este porcentaje se puede encaminar peligrosamente a un inquietante 50%. La vivienda, y destacadamente la que está en régimen de alquiler, “representa en promedio el mayor gasto de los hogares en el conjunto de todos los países de la OCDE”, según constata el organismo que agrupa casi a una cuarentena de los países más desarrollados.

“Esta absorción que hace la vivienda de otros gastos”, alerta la OCDE, “podría ir incluso a más” en el corto plazo, pero modularse poco a poco en función de variables como el aumento de los parques de vivienda asequible en arrendamiento. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE constata que en España se replica esa tendencia.

Estas son algunas de las razones que hacen más preocupante ver a España entre los países desarrollados con impuestos que más lastran el crecimiento: el puesto 30 de los países de la OCDE cuyo modelo fiscal es más perjudicial para el desarrollo económico. Las reformas tributarias del último año hunden al sistema español otros tres puestos en el ranking del Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2021 elaborado por la Tax Foundation.

Ante este panorama, resulta más turbador que España sea el país con la batería más larga de impuestos que inciden en la vivienda entre todos los países de la OCDE. Los inmuebles están gravados por el impuesto sobre la renta imputado al propietario para segundas viviendas, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta a los no residentes por el alquiler, el impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, que hasta hace poco tributaba, también e inexplicablemente, aunque fuese minusvalía. Son una pesada carga sobre las espaldas de los ciudadanos que solo quieren ejercer el derecho constitucional a tener un techo digno y adecuado bajo el que cobijarse.

Tras las últimas reformas, España ya se ha colocado en el máximo nivel de gravamen a la propiedad ente los países desarrollados. Casi como Italia, el país con mayor presión fiscal sobre la vivienda de la OCDE.

Todo ello imprime una debilidad competitiva al sector inmobiliario que incide directamente en la capacidad de los ciudadanos para adquirir o alquilar vivienda. La Tax Foundation señala la distorsión que suponen los “múltiples impuestos a la propiedad con gravámenes separados sobre transferencias de bienes raíces, patrimonio neto, herencias y transacciones”.

Solo las políticas de algunas haciendas autonómicas suavizan la presión fiscal a nivel nacional con algunas exenciones o reducciones, lo que, sorprendentemente, en ocasiones lleva a algunos partidos políticos a acusarlas de practicar dumping fiscal. Si no existiesen en las comunidades autónomas estas bonificaciones, España ocuparía el puesto de Italia.

No parece que la en marcha y controvertida Ley por el Derecho a la Vivienda, su inconcreto plan (a largo plazo) de zonas tensionadas de alquiler regulado, su carácter de espantainversores ni la litigiosidad que anuncia su desprecio al dictamen (preceptivo, no vinculante) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la considera invasora de competencias de las comunidades autónomas, vaya a resolver el problema de un país en el que se pueden contemplar extensos páramos deshabitados pegados a ciudades en las que no es difícil toparse con infraviviendas. Donde el mercado de alquiler languidece acosado por la inseguridad jurídica del propietario. O donde los jóvenes tienen que afrontar ingentes cargas fiscales si deciden lanzarse a comprar casa.

Manuel, tras pasar semanas difíciles, vuelve a gozar de buena salud. Sigue viviendo en un piso compartido.

Una España que llenar