«El cuidado como factor de civilización», por Luis Cayo Pérez

EN ESTE PAÍS

LUIS CAYO PÉREZ BUENO,

presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

 

“Lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo"

El cuidado como factor de civilización

Afirma la paleontología que el inicio de la civilización humana (si es que existe tal cosa) puede datarse en aquel momento preciso en que alguien lesionado fue atendido y curado por sus más cercanos, evitando así que la naturaleza inexorable, abandonado a su propia suerte, hubiera terminado con su vida. El socorro de alguna manera mutualizado, la asunción y puesta en práctica de la responsabilidad espontánea del grupo humano respecto de uno de sus individuos amenazado, parece estar en el origen de esa aspiración siempre procrastinada del logro efectivo de una civilización humana digna de tal nombre.

Los cuidados estaban al principio y están ahora, sea cual sea la fase en que el proyecto civilizatorio se halle. Y es deseable que así sea, en una época como la nuestra en que elementos como la prolongación generalizada de la esperanza de vida o el surgimiento sobrevenido de discapacidades en número no menor afloran fragilidades extendidas, ante las que la propia persona y su núcleo más próximo no se bastan, y que precisan pues de la atención y de la respuesta organizada de la comunidad.

La provisión de apoyos y cuidados a la población más frágil deviene así una de las cuestiones palpitantes de la vida actual, sobre la que los poderes públicos, la sociedad civil, el mercado y la propia ciudadanía, todos los operadores sociales y económicos, en fin, han de tomar conciencia, pensar, discernir, comprometer y materializar. Qué hagamos (o dejemos de hacer) en lo que atañe a los cuidados, es hoy el mejor indicio del estado (decente o calamitoso) de nuestra civilización.

Sentado lo anterior, a guisa siquiera de presupuesto de partida harto provisional, ¿cómo debería ser en nuestras sociedades contemporáneas un sistema de cuidados? Desde luego no está todo dicho y menos hecho, pero se pueden esbozar algunos rasgos de lo que sería tal entramado. Así lo hemos intentado desde la discapacidad organizada que encarna el CERMI, contribuyendo con nuestras propuestas y sugerencias (de parte sí, pero en extremo interesada) al diseño de un sistema de apoyos y cuidados a la altura de la demanda ahora tan palmariamente desatendida.

En primer término, la mutualización de los cuidados que necesitamos, valga la expresión, ha de concebirse y desplegarse como responsabilidad pública. El asunto es de tal relevancia, ha adquirido tal magnitud y alcance, que solo la comunidad política estructurada (el Estado) puede promoverla y sostenerla, mediante una (casi) nueva arquitectura robusta de protección social. El carácter incuestionablemente público -en cuanto a la regulación y la garantía, al menos- del sistema no obsta, empero, a que otras instancias, privadas, cívicas y económicas, puedan y deban ser cooperadores necesarios de su buen funcionamiento y resultados.

La protección social de los apoyos y los cuidados, además, ha de configurarse como derecho sí, como derecho subjetivo de lo más perfecto; un derecho de las personas y las familias que lleva consigo indefectiblemente el deber inexcusable de los poderes públicos de proveerlo y garantizarlo, en grado suficiente y en tiempo ágil. Son inaceptables las medias tintas, que todo lo emborronan, de que los derechos sociales, como ocurre en nuestra España actual, se ofrecen siempre capitidisminuidos, precarios, limitados y discontinuos, a tal punto que queda disuelto el pretendido derecho si es que alguna vez lo hubo.

Pero incluso lo mejor y más deseable no se puede imponer. Es habitual que, respecto de lo social, en cuanto generosamente se ayuda y asiste, la opinión de la persona en situación de necesidad apenas cuente. La bondad del propósito anula la voluntad de quien recolecta sus efectos. Esto ya no es de recibo. Los deseos, las preferencias, las opiniones de la persona, su autonomía intangible, pese a precisar apoyos externos, han de prevalecer en cualquier trance. El sistema de cuidados ha de obedecer a este designio, a saber, colaborar eficazmente con la persona a realizar su querido y deliberado plan de vida.

Del mismo modo, no todo cuidado sirve. Se debe y se puede hacer acepción de los mismos. Y las personas con discapacidad queremos y exigimos un determinado tipo de apoyos, aquellos que, respetando nuestras preferencias, a la par sean inclusivos, es decir, que nos mantengan en nuestro medio de pertenencia, insertados enteramente en la vida en comunidad, en la corriente general, sin forzarnos a soportar dispositivos separados y segregados, pensados en exclusiva para quienes necesitan cuidados, que consienten y hasta justifican tratos desiguales y mucho menos exigentes.

Siendo los apoyos y los cuidados una aspiración legítima de los individuos y de las familias, y hasta un derecho que la comunidad política ha de satisfacer, lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo, proveyendo a nuestro propio cuidado y bienestar y aportando leal y cooperativamente al de los demás. Hemos de autorresponsabilizarnos de nuestro mejor decurso existencial y corresponsabilizarnos del de quienes nos rodean. El autocuidado resulta crucial, tanto como la generación previa y preventiva de entornos vitales amistosos (al tiempo accesibles e inclusivos) que permitan maximizar y prolongar las mayores cotas de autonomía personal. Aquí las tecnologías también vienen en nuestro auxilio, siempre que sean asequibles, en la medida en que potencian las habilidades y minimizan las necesidades.

Si la civilización, al decir de algunos, comenzó por los cuidados, su resultado más feliz es que nos termine deparando en una civilización de los cuidados. Hagámoslo posible.

Otro Derecho es posible y plausible

Implicaciones jurídicas del documento público digital

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

IMPLICACIONES JURÍDICAS DEL DOCUMENTO PÚBLICO DIGITAL

El documento público digital fue el tema del congreso celebrado los días 13 y 14 de febrero en el marco de la Cátedra ICADE-Fundación Notariado sobre Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital.

El congreso, estructurado en dos partes, dedicadas a El documento electrónico como nuevo instrumento documental y a La digitalización sustancial del documento notarial, fue inaugurado por Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE), y Segismundo Álvarez, vicedirector de la Cátedra. Veiga señaló el extraordinario interés despertado por la jornada, con más de cien inscritos online. Álvarez, por su parte, aseguró que las jornadas cumplen a la perfección con el objetivo de la Cátedra: “Fundamentar lo jurídico en un conocimiento riguroso de la parte tecnológica”.

La clausura del congreso corrió a cargo de Sofía Puente, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que afirmó que “en la Administración de Justicia hace años que nos adentramos en la senda de la digitalización. Es un camino imparable e irreversible y el Notariado español no podía quedar fuera de esta senda”.

Primera jornada

Información y electricidad. La digitalización como paso de lo material a lo intangible, fue el título de la conferencia inaugural, dictada por el notario y director de la Cátedra, Manuel González-Meneses. En su intervención, señaló que “el Derecho es pensamiento, información, datos… Si la técnica nos ofrece hoy formas más eficientes de comunicar, registrar y conservar la información, que además están ya absolutamente generalizadas en nuestra sociedad, y si el fenómeno de la información es hoy infinitamente más amplio de lo que fue en el pasado, los juristas no podemos vivir de espaldas a esa realidad, no podemos vincular nuestro destino a la tecnología del papel”.

A continuación, la primera mesa redonda, Del documento tradicional al electrónico, estuvo moderada por el notario Juan Álvarez-Sala y tuvo como ponentes a José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, y a José Antonio Vega, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Extremadura.

Martínez Sanchiz realizó un recorrido por la historia del documento jurídico, remontándose a las tablillas de barro, las pizarras, los papiros y pergaminos. “El camino hacia la autenticidad formal –apuntó- fue largo y dificultoso. Los sellos se empezaron a incluir en las tablillas romanas y en los papiros de contratos de venta. Esos sellos en cosa ajena recuerdan la firma electrónica actual. La autenticidad, no solo formal sino también sustancial, se acaba encontrando en la credibilidad del autor, en su compromiso con la verdad y la legalidad; en el compromiso del propio notario como persona pública».

EN LA CLAUSURA, SOFÍA PUENTE AFIRMÓ QUE LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA ES IMPARABLE Y QUE EL NOTARIADO NO PUEDE QUEDAR FUERA DE ESA SENDA

José Antonio Vega se ocupó de la ‘electronificación’ del documento jurídico, que -a su juicio- no da lugar a una nueva categoría jurídica, sino a un cambio en cuanto al código, el soporte y el proceso. El catedrático apuntó que “las nuevas tecnologías han producido un nuevo instrumento, el documento electrónico, que responde a la evolución del lenguaje comunicativo entre los hombres y que hace que los significantes de la información puedan ser magnitudes físicas codificadas”.

En el coloquio posterior, Martínez Sanchiz, frente a la concepción del documento jurídico como mera “reproducción” de un acto a efectos probatorios, sostuvo el valor del documento como forma de expresión de la voluntad negocial, y por tanto como un elemento que da existencia al negocio en el mundo jurídico no limitado al ámbito litigioso.

La tecnología del documento electrónico fue el tema del segundo panel, que contó con José María Anguiano, abogado y licenciado en Informática, y con Rafael Palacios y Javier Jarauta, ambos ingenieros industriales y profesores del departamento de Telemática y Computación de ICAI.

Anguiano explicó el concepto y los diferentes casos de uso de funcionamiento de los hashes (o huellas digitales de un fichero), como herramientas criptográficas para asegurar la integridad de los archivos electrónicos. Palacios explicó el funcionamiento de los algoritmos de criptografía asimétrica y su uso como instrumentos para conseguir confidencialidad y garantía de procedencia o firma, advirtiendo de la posible incidencia del desarrollo de la computación cuántica en la seguridad de estos algoritmos. Por último, Jarauta se ocupó del problema de la conservación en el tiempo de los archivos informáticos e ilustró a los asistentes acerca de las firmas electrónicas longevas como forma de mantener la posibilidad de autenticación en el tiempo de los documentos electrónicos.

La tercera mesa se centró en El documento electrónico de naturaleza pública, en su triple tipología de documentos administrativos, judiciales y notariales. Con el notario Francisco Javier García Mas como moderador, los ponentes fueron Antonio David Bering, profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Juan Ignacio Cerdá, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, y la notaria Itziar Ramos.

Bering explicó los avances en cuanto al expediente administrativo electrónico y su plasmación en documentos administrativos en soporte exclusivamente electrónico, llamando la atención sobre el concepto de gestión documental y sobre la distinción entre una mera digitalización de documentos preexistentes en papel y lo que es un genuino documento electrónico. Para Cerdá, “en España no se puede hablar todavía de justicia electrónica. Hay problemas estructurales y de personal. Tampoco se ha implantado la nueva oficina judicial y hay problemas de índole tecnológico”. Por su parte, Ramos se ocupó del estado vigente de digitalización de las actuaciones notariales que es el instaurado hace veinte años por la Ley 24/2001, que ya previó el documento notarial original o matriz en formato electrónico, admitiendo la expedición de copias autorizadas y simples electrónicas, pero restringiendo el ámbito de circulación de las primeras.

Segunda jornada

La siguiente mesa redonda, dedicada a La experiencia europea, tuvo carácter internacional al contar con la participación de David Siegel, miembro del Directorio del Colegio Federal del Notarios de Alemania; Jeroen Van Der Weele, notario de los Países Bajos; y Jorge Batista da Silva, presidente del Colegio de Notarios de Portugal.

David Siegel presentó el sistema ya adoptado en Alemania que, trasponiendo la Directiva 2019/1151, permite la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y su presentación en el Registro Mercantil. Detalló los medios técnicos que permiten la actuación notarial a distancia con las mismas garantías que la presencial y el nuevo régimen y sistema de creación y conservación de la escritura matriz electrónica. Van Der Weele señaló que, en el desarrollo legislativo actual en su país, “sólo es posible constituir sociedades de responsabilidad limitada presencialmente ante notario” al no haberse adaptado aún a la Directiva, pero explicó que existe un proyecto legislativo semejante a la norma alemana. Da Silva, por su parte, señaló que el Decreto Ley 126/2021 luso estableció un régimen legal temporal para la autorización, a través de videoconferencia, de determinadas escrituras públicas y explicó también el mecanismo para la descarga telemática de copias autorizadas electrónicas.

A continuación, el notario Carlos Higuera pronunció la conferencia Incidencia del proyecto de ley de trasposición de la directiva de digitalización de sociedades de capital en el documento notarial. En ella realizó un análisis del proyecto de ley 121/000126 actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, en cuanto afecta a los documentos notariales, con novedades tan importantes como la introducción de un protocolo electrónico que ha de reflejar la totalidad del protocolo de papel y que bajo el control del notario titular correspondiente estará depositado y conservado en el sistema del Consejo General del Notariado; así como la posibilidad de otorgamientos notariales a distancia para determinado tipo de documentos.

El futuro del documento notarial fue la última mesa redonda del Congreso. Con las intervenciones de los notarios José Carmelo Llopis, Fernando Gomá y Javier González Granado tuvo a José Cabrera, abogado e Investigador de la Universidad Comillas, como moderador.

Llopis centró su ponencia en el otorgamiento a distancia como modalidad de otorgamiento de un documento electrónico. En concreto, el ponente dividió su intervención en tres puntos. Primero, la necesidad de un canal seguro de aportación de los documentos necesarios para el otorgamiento al notario. Segundo, la potenciación del archivo electrónico del notario. Y tercero, las ventajas propias del documento electrónico, en particular, su interoperabilidad.

Gomá presentó una ponencia sobre la copia electrónica en la nube. Después de revisar el sistema vigente de expedición de copias autorizadas electrónicas sólo para su remisión a otros notarios, registros o autoridades administrativas o judiciales y para una finalidad determinada, se ocupó del nuevo sistema de exteriorización del documento notarial que traerá consigo el citado proyecto de ley, que permitirá el acceso a la copia en formato electrónico a cualquier persona que acredite interés legítimo.

Por último, González Granado abordó la cuestión de la matriz y el protocolo electrónicos, enfatizando las ventajas de una matriz electrónica en la que se pudiera incluir contenido dinámico por medio de hipervínculos.

II Edición de los Premios "Cerca de los que están cerca"

Seguir reconociendo el trabajo de las asociaciones de mayores y de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de este grupo de edad ha llevado a las dos fundaciones, Aequitas y Notariado, a convocar la II Edición de los Premios Cerca de los que están cerca. En esta segunda convocatoria también se contará con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a casi 6 millones de afiliados. El Premio se subdivide en dos categorías: trabajar por y para las personas mayores, y para las personas mayores con discapacidad. La dotación del Premio es de 6.000€ por categoría, cuantía que se obtendrá total o parcialmente a través de la convocatoria de torneos deportivos en los que participan los propios notarios.

Secreto profesional del periodista

DEBATE PARLAMENTARIO

SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA

En ningún caso se podrán requisar las herramientas de trabajo utilizadas por los periodistas en el ejercicio de su profesión.
“Ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes”. Así lo afirma el artículo 1 del proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, que ahora se debate en el Parlamento. Si finalmente sale adelante, será la primera regulación legislativa de un derecho reconocido en la Constitución española de 1978 y reivindicado desde hace años por la profesión periodística.
ELVIRA ARROYO
Los periodistas únicamente podrán ser requeridos para desvelar la identidad de sus fuentes mediante resolución judicial en casos muy concretos.

A pesar de que la Constitución española dispone que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional” (artículo 20.1.d), en España todavía no existe un desarrollo legislativo de este derecho. Durante los últimos 40 años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ido definiendo la figura del secreto profesional, pero es necesaria una legislación específica.

 

LA NUEVA LEY DEFINE EL SECRETO PROFESIONAL COMO UN DERECHO Y UN DEBER, QUE VINCULA POR IGUAL AL PERIODISTA Y AL DIRECTOR DEL MEDIO

 

Con este fin se ha llevado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, que pretende consolidar el amparo jurídico de los periodistas cuando no revelan la identidad de sus fuentes o cualquier otra información que pudiera conducir a ellas. El objetivo es, por un lado, proteger a las personas físicas o jurídicas que hayan servido de fuente para informaciones y, por otro, evitar que determinadas actuaciones que menoscaben el secreto profesional desanimen a futuras fuentes de colaborar con los medios.

Derecho y deber. La nueva ley define el secreto profesional como un derecho y un deber, que vincula por igual al periodista y al director del medio de comunicación que publique la noticia. Estos profesionales únicamente podrán ser requeridos para desvelar la identidad de sus fuentes mediante resolución judicial en los siguientes casos: cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado de forma consciente la información, y cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas. Aun así, cuando una autoridad judicial o administrativa tenga a su disposición la identidad de una fuente periodística, actuará de la manera menos lesiva para el secreto profesional.

 

LA FUTURA LEY PRETENDE CONSOLIDAR EL AMPARO JURÍDICO DE LOS PERIODISTAS CUANDO NO REVELAN LA IDENTIDAD DE SUS FUENTES

 

Además, el texto legal especifica que en ninguno de los supuestos anteriores se podrán requisar las herramientas de trabajo de los periodistas, utilizadas en el ejercicio de su profesión. Esta matización cobra especial relevancia tras lo sucedido en el caso Cursach, cuando el juez ordenó el requisamiento de los ordenadores y teléfonos a unos periodistas de medios de comunicación baleares con el objetivo de investigar una filtración. El Tribunal Constitucional reconocía en marzo de 2022 el derecho de estos periodistas a impugnar esas medidas y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares (TSJIB) declaraba nulos los rastreos de llamadas y la incautación de sus móviles.

 

SE QUIERE EVITAR QUE LAS ACTUACIONES QUE MENOSCABEN EL SECRETO PROFESIONAL DESANIMEN A FUTURAS FUENTES DE COLABORAR CON LOS MEDIOS

 

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los registros en el domicilio o lugar de trabajo, el acceso a datos telefónicos, o la incautación de material a profesionales de la información de diferentes países europeos. En todos los casos el TEDH ha sostenido que se había violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de expresión. Uno de los ejemplos más recientes es el de un periodista ruso que publicó en la web de su semanario una entrevista con un policía de alto rango sobre un escándalo de abuso de poder. Posteriormente, se abrió una causa penal contra el policía por revelación de secretos de Estado. El periodista se quejó del registro de su piso y de la incautación de su computadora, discos duros y un audio. La Corte europea consideró que el allanamiento impugnado se había realizado sin garantías que protegieran la confidencialidad de las fuentes periodísticas y que, por tanto, era innecesario en una sociedad democrática para lograr la prevención del delito.

Una larga espera. El proyecto de ley ha sido también bienvenido entre las diferentes organizaciones profesionales que representan a los periodistas, después de años reivindicando que el secreto profesional adquiera rango de ley. La actual propuesta ha llegado tras un año de negociaciones entre los afiliados españoles de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, las agrupaciones de periodistas de CC.OO. y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas, con los grupos parlamentarios.

Concretamente, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas han destacado que la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa y para que los profesionales de la información puedan ejercer su profesión de forma plena.

Si logra los apoyos necesarios, la nueva ley sería aprobada en el primer semestre de 2023.

Las definiciones de la ley

Fuente: cualquier persona física o jurídica que proporcione información veraz a un o una periodista o medio de comunicación con el ánimo de que toda o parte de esta pueda ser difundida de manera pública.

Periodista: profesionales que se dedican a comunicar información veraz a la ciudadanía por cualquier medio de comunicación, cuya principal misión sea hacer realidad el derecho a la información que tiene la sociedad.

Medios de comunicación: canales (prensa, radio, televisión, digital) que difunden informaciones verdaderas y están sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria (pública o privada) comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo.

Los grupos parlamentarios opinan*

FRANCISCO ARANDA

Diputado y portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso

Twitter: @arandapaco

“Una ley necesaria para una demanda histórica” 

Se está tramitando en la Comisión de Justicia un proyecto de ley orgánica que viene a dar solución a una de las reivindicaciones históricas del periodismo, como es la Ley Orgánica de protección del secreto profesional.

Dicha ley, que debe dar continuidad a lo establecido en nuestra Constitución, ha sido fruto del trabajo y las aportaciones de las asociaciones de periodistas y colegios profesionales, y cuenta con un amplio respaldo del sector, en tanto responde a las principales demandas que se venían realizando desde el sector.

En este sentido, en el trámite parlamentario, el Grupo Socialista trata de respetar el sentir de los impulsores, a la vez que lamentamos que el principal partido de la oposición en estos momentos no se encuentre, lamentablemente y como ocurre en otras cuestiones importantes, del lado del consenso alcanzado con el sector.

José Antonio Bermúdez de Castro

Diputado, portavoz adjunto y coordinador del área Institucional del Grupo Popular en el Congreso

Twitter: @LuisStamaria

“Hay tiempo para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley como es debido”

La tramitación en el Congreso del proyecto de ley sobre el secreto profesional de los periodistas ha comenzado mal porque se ha saltado todos los trámites y conculca el derecho parlamentario de participación.
Llega sin pasar por Consejo de Ministros, sin consulta pública y sin informes previos, y se introduce sin unanimidad, vía enmienda in voce en la ponencia de otra norma sin relación.

Así no se puede legislar y, si no se soluciona, la ley será recordada como una más dentro de la degradación del proceso de elaboración legislativa que vivimos con este Gobierno.

Si hay voluntad, hay tiempo para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley como es debido para aprobarse en esta legislatura. El GPP así lo pide, porque el periodismo se merece una ley con todas las garantías.

Roberto Uriarte

Diputado de Unidas Podemos en el Congreso y ponente de la ley

Twitter: @RoberUriarte

“Auguramos que en esta legislatura se dará cumplimiento al mandato constitucional”

El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a la información y establece que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional…”. Sin embargo, han pasado 44 años sin que el legislador ordinario haya regulado el secreto profesional de los periodistas, algo que, por otra parte, nos viene exigido por la UE y en concreto, por la directiva de “wistleblowers”*, que obliga a los Estados miembros a proteger a las personas que denuncian corrupción y a los periodistas que la investigan.

Afortunadamente, también existe un amplio consenso entre las organizaciones de la sociedad civil respecto de los elementos fundamentales del derecho a regular y ese consenso se extiende también a la mayoría de los grupos parlamentarios, lo que nos permite ser optimistas y augurar que por fin en esta legislatura se dará cumplimiento al mandato constitucional.

*Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión.

Entrevista a Peter Stelmaszczyk, presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE)

ÁMBITO EUROPEO

Peter Stelmaszczyk,

presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE)

president of the Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

"El CNUE debe contribuir al restablecimiento de un sistema jurídico eficaz en Ucrania"

“The CNUE should contribute to the reestablishment of an effective legal system in Ukraine”

JOSÉ M. CARRASCOSA

Tras los mandatos de sus compatriotas Vaasen, Götte y Kohler; Peter Stelmaszczyk es el cuarto notario alemán al frente del CNUE, en el 30 aniversario de la institución. El nuevo presidente de los 26 notariados miembros expone en Escritura Pública los retos de mandato.

¿Cómo enfoca su legislatura?

La cooperación con las instituciones europeas estará en el centro de mi mandato. Se están debatiendo numerosos proyectos jurídicos y se espera que concluyan antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Entre ellos, el nuevo paquete legislativo en materia de blanqueo de capitales, la anunciada iniciativa sobre la protección de los adultos vulnerables y la digitalización del Derecho de sociedades. Además, el apoyo al notariado ucraniano será uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo.

La presidencia de su predecesor, Giampaolo Marcoz, será recordada, entre otras cosas, por el apoyo unánime al Notariado ucraniano y a su presidente Marchenko, otorgando al país la condición de miembro observador del CNUE. ¿Cuáles son las medidas presentes y futuras que adoptará para mantener este apoyo?

La guerra en Ucrania está poniendo a prueba el sistema jurídico del país. Muchos notarios están heridos o han muerto. De los 6.600 notarios que hay en el país, solo 2.600 siguen ejerciendo su profesión. Estamos trabajando estrechamente con nuestros colegas ucranianos para que el sistema de administración preventiva de justicia siga funcionando, a pesar de estas dramáticas circunstancias. Apoyamos a los notarios a través de dinero, alojamiento y necesidades básicas. Además, trabajamos juntos en asuntos legales. Sin embargo, queremos ir más allá de ser un ‘Plan Marshall’ para la reconstrucción de Ucrania. El CNUE debe contribuir al restablecimiento de un sistema jurídico eficaz en el país. La garantía del derecho de propiedad, la resolución legal de los procedimientos familiares y sucesorios o la reparación de los registros públicos serán condiciones necesarias para una reconstrucción basada en el Estado de Derecho.

En 2019 se aprobó una directiva comunitaria sobre la constitución telemática de sociedades, que incluía a los notarios como parte del sistema. ¿Existen otras iniciativas europeas en este ámbito?

La digitalización del Derecho de Sociedades será una de nuestras tareas más importantes para 2023. La Comisión Europea está trabajando actualmente en una nueva iniciativa para una directiva que amplíe y mejore el uso de las herramientas y los procedimientos digitales en este ámbito. La publicación de la propuesta está prevista para finales de marzo.

Sin embargo, los países europeos tienen sistemas de registro muy diferentes. En la mayoría, los notarios actúan como guardianes que comprueban la exactitud de toda la información antes de su inscripción en el registro. Los notarios europeos proponen un enfoque ascendente que anime a los Estados miembros a establecer registros más fiables. Por eso, apoyamos plenamente la propuesta de la Comisión Europea de aumentar la transparencia transfronteriza a través del denominado BRIS (Business Registers Interconnection System) y de incrementar las normas de control previo para los registros mercantiles. Esta es la postura que pretendo promover ante las instituciones europeas.

 

«LA LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES ES UNA REFERENCIA PARA TODOS LOS NOTARIADOS EUROPEOS»

 

El Notariado español es considerado como un referente en la lucha contra los delitos económicos. Dos de sus miembros, Ignacio Gomá (en los últimos seis años) y Juan Kutz (desde principios de 2023), han dirigido el Grupo de Trabajo contra el Blanqueo de Capitales del CNUE. ¿Cree que el modelo español se puede exportar a otros notariados?

La labor del notariado español en la lucha contra el blanqueo de capitales es una referencia para todos los notariados europeos. Estos proyectos de referencia son importantes cuando hablamos con las instituciones comunitarias, ya que ponen de manifiesto el importante papel del notario como funcionario público y colaborador del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales. La concienciación de esta función notarial ante las instituciones europeas es crucial para el trabajo del CNUE en relación con el paquete legislativo que se está debatiendo. Estoy deseando trabajar con Juan Kutz como nuevo presidente de su grupo de trabajo.

Las instituciones comunitarias están trabajando en una revisión del Reglamento eIDAS para la implantación de un sistema europeo de identificación digital. ¿Cómo está colaborando el CNUE para implantar estas soluciones sin menoscabar la necesidad de seguridad jurídica?

El CNUE está siguiendo de cerca las negociaciones sobre la revisión del reglamento eIDAS, que debería proporcionar la nueva base para una identificación digital transfronteriza y segura. ¡Apoyamos firmemente este objetivo! Muchos notariados ya han previsto un proceso de identificación en dos pasos para sus nuevos procedimientos en línea. De esta forma, la identificación realizada por los notarios en el ámbito digital puede cumplir también con los más altos estándares de seguridad.

Los Notariados alemán y español han sido los impulsores de la plataforma EUDoc que permite el intercambio seguro de copias electrónicas entre notarios de distintos países de la UE. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?

EUDoc es una solución informática desarrollada por la española ANCERT (la Agencia Notarial de Certificación), que permitirá a los notarios transmitir documentos electrónicos de forma segura. Con EUDoc, los notarios europeos ocuparían un lugar clave a la hora de configurar los desarrollos futuros en el ámbito de la digitalización. Trabajamos conjuntamente con el notariado español para que EUDoc se convierta en un proyecto al que pueda unirse cualquier notariado europeo en cualquier momento. A lo largo de 2022 hemos organizado intercambios con otros miembros para identificar necesidades prácticas y financieras, así como posibles obstáculos técnicos y jurídicos. Continuaremos este diálogo en 2023.

 

DE LOS 6.600 NOTARIOS QUE HAY EN UCRANIA, SOLO 2.600 SIGUEN EJERCIENDO SU PROFESIÓN

 

Ha trabajado como abogado en un gran bufete. ¿Qué le motivó a convertirse en notario? ¿A qué retos se enfrenta un joven notario en Europa?

Como notario, valoro especialmente la contribución que hacemos al buen funcionamiento de la sociedad. El notario desempeña una importante función de asesoramiento jurídico imparcial e independiente. Aconsejaría a un joven notario que aprenda otros idiomas y amplíe sus conocimientos de Derecho internacional privado y de otros sistemas jurídicos.

After the terms of your compatriots Vaasen, Götte and Kohler, Peter Stelmaszczyk is the fourth German notary to head the CNUE, on the 30th anniversary of the institution. The new president of the 26 member notaries sets down in ESCRITURA PÚBLICA the challenges of mandate.

How are you approaching your legislature?

Cooperation with the European institutions will be at the heart of my mandate. Many legal projects are under discussion and are expected to be concluded before the European parliamentary elections in 2024. These include the new legislative package on anti-money laundering, the announced initiative on the protection of vulnerable adults and the digitalisation of company law. In addition, support to the Ukrainian notariat will be one of the cornerstones of our work.

The presidency of your predecessor, Giampaolo Marcoz, will be remembered, among other things, for the unanimous support of the Ukrainian Notariat and its President Marchenko, granting the country the status of CNUE observer member. What are the future and ongoing steps you will take to maintain this support?

The war in Ukraine is putting the country’s legal system to the test. Many notaries are injured or dead. Of the 6600 notaries in the country, only 2600 are still practising. We are closely working with our Ukrainian colleagues to keep the system of preventive administration of justice working, despite these dramatic circumstances. We support notaries through money, accommodation and basic necessities. In addition, we work together in legal matters. However, we want to go further to be a “Marshall Plan” for the reconstruction of Ukraine. The CNUE should contribute to the restoration of an effective legal system in the country. The guarantee of the right to property, the lawful settlement of family and succession proceedings, or the restoration of public registers will be necessary conditions for a reconstruction based on the rule of law.

In 2019, a Community directive on the remote electronic incorporation of companies was approved, which included notaries as part of the system. Are there other European initiatives to come in this area?

The digitalisation of company law will be one of our most important tasks for 2023. The European Commission is currently working on a new initiative for a directive to extend and improve the use of digital tools and processes in this area. The publication of the proposal is announced for the end of March. However, European countries have very different registry systems. In most of them, notaries act as gate-keepers who check all information for accuracy before it is entered in the register. European notaries instead propose a bottom-up approach to encourage Member States to establish more reliable registers. That is why we fully support the European Commission’s proposal to increase cross-border transparency via the so-called BRIS (Business Registers Interconnection System) and to increase the ex ante control standards for business registers. This is the position I intend to promote vis-à-vis the European institutions.

THE WORK OF THE SPANISH NOTARIAT IN COMBATING MONEY LAUNDERING IS A REFERENCE FOR ALL EUROPEAN NOTARIATS

The Spanish Notariat is considered a benchmark in the fight against financial crimes. Two of its members, Ignacio Gomá (for the past six years), and Juan Kutz (since early 2023), have led the CNUE Anti-Money Laundering Working Group. Do you think the Spanish model can be exported to other notariats?

The work of the Spanish notariat in combating money laundering is a reference for all European notariats. Such benchmark projects are important, when we talk to the Community institutions, as it shows the important role of notaries as public officials and partners of the State in the fight against money laundering. Raising awareness for this notarial function vis-à-vis the European institutions is crucial for the CNUE’s work on the legislative package currently under discussion I am looking forward to working with Juan Kutz as the new chair of the working group.

The Community institutions are working on a revision of the eIDAS regulation for the implementation of a digital European identification system. How is the CNUE collaborating to implement these solutions without undermining the need for legal certainty?

The CNUE is closely following the negotiations on the revision of the eIDAS regulation, which should provide the new basis for a cross-border and secure digital identification. We strongly support this objective! Many notariats have already provided for a two-step identification process for their new online procedures: Thus, identification carried out by notaries in the digital sphere can also meet the highest security standards.

The German and Spanish Notariats have been the drivers of the EUDoc plattform which allows the secure exchange of electronic copies between notaries from different EU countries. What is the status of this project?

EUDoc is an IT solution developed by Spain’s ANCERT (Notarial Agency of Certification), whichwill allow notaries to securely transmit electronic documents. With EUDoc, European notaries would gain a key position in shaping future developments in the field of digitalisation. Together with the Spanish notariat, we are working to ensure that EUDoc becomes a project, which can be joined by any European notariat at any time. Throughout 2022, we organised exchanges with other members to identify practical and financial needs, as well as possible technical and legal obstacles. We will continue this dialogue in 2023.

OF THE 6600 NOTARIES IN THE COUNTRY, ONLY 2600 ARE STILL PRACTISING

You have worked as a lawyer at a large law firm. What motivated you to become a notary? What are the challenges facing a young notary in Europe?

As a notary, I particularly appreciate the contribution we make to the proper functioning of the society. The notary has an important role to provide impartial and independent legal advice. I would advise a young notary to learn foreign languages and broaden his or her knowledge of private international law and other legal systems.

Madrid, sede europea de antiblanqueo

ÁMBITO EUROPEO

MADRID, SEDE EUROPEA DE ANTIBLANQUEO

MADRID, EUROPEAN ANTI-MONEY LAUNDERING HEADQUARTERS

FERNANDO GEIJO

La pertinaz sequía que sufre España en materia de adjudicación de sedes de agencias europeas supone un evidente agravio comparativo con respecto a nuestros homólogos europeos. Sin embargo, tanto España en general, como su capital en concreto, merecen ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).

La primera noticia que tuvimos de esta posibilidad fue el anuncio hecho público hace algunos meses por el alcalde de Madrid y el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional de postular Madrid como sede de esta nueva autoridad europea.

Para ello cuentan con el apoyo decidido de las Administraciones públicas españolas, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Sepblac a la cabeza; el sector bancario (por supuesto el Banco de España y las principales asociaciones); los empresarios (todas las patronales), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y numerosas profesiones, como los notarios, los abogados…

¿Por qué Madrid?

La capital de España es la única gran urbe de la Unión Europea que todavía no alberga la sede de alguna agencia o institución europea. De hecho, la acumulación de poder que despliegan otras ciudades, con los casos más significativos del Banco Central Europeo (BCE), sito en Fráncfort, o la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reubicada en 2019 en París tras su mudanza desde la City londinense como consecuencia del Brexit, no hace más que resaltar esa indiscutible descompensación del reparto administrativo intracomunitario.

Las fortalezas de Madrid son innegables a la hora de tener serias opciones de alzarse como el hogar definitivo de la AMLA.

De entrada, su tradicional dinamismo, que la sitúa como la 6ª región por PIB de la UE, y con una intensa actividad innovadora: es pionera en la autorización del SandBox y en proyectos greenfield adjudicados y la 5ª en Fintech en Europa.

 

MADRID ES UNA CIUDAD SEGURA, CON CALIDAD DE VIDA, TRANSPORTE, EDUCACIÓN, OCIO, INFRAESTRUCTURAS, ACOGEDORA Y DIVERSA

 

Por otra parte, la candidatura madrileña está plenamente alineada con el estricto cumplimiento de los requisitos esgrimidos por los responsables de la adjudicación, como son: contar con centros educativos y asistencia sanitaria de excelencia y calidad; un mercado laboral cualificado y accesible para los cónyuges de los empleados de la agencia; disponer de un edificio representativo; y de una amplia e integrada red de transporte público y conectividad digital de alta velocidad, lo que conforma una excelente panoplia de argumentos dignos de tenerse en cuenta por los correspondientes evaluadores comunitarios.

Además, Madrid es famosa por su conocido sentido de acogida, hospitalidad y tolerancia. Un sentimiento gracias al cual nadie se siente forastero o discriminado por su origen y, en consecuencia, todos los que llegan a la ciudad se integran como madrileños desde el primer momento, sin importar su lugar de nacimiento, cultura, religión o procedencia.

La ciudad dispone, además, de una vibrante vida cultural, así como de una intensa actividad con múltiples y variadas opciones de ocio, sin olvidar su reputada oferta gastronómica, tanto internacional como autóctona.

A la vanguardia en la lucha contra delitos financieros

A las evidentes ventajas que supondría ubicar la sede de la AMLA en Madrid habría que sumar, además, un hecho diferencial que suma puntos a favor de la candidatura española: la larga tradición de nuestro país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ello, sin dejar de lado otros aspectos como la legislación avanzada en la materia; la existencia de una potente UIF (el SEPBLAC) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo; o la existencia de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pioneros a nivel internacional.
En este sentido, España fue el primer país que creó, atendiendo a la posibilidad brindada por los instrumentos internacionales, en el año 2005, un Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), concretamente del sector notarial. Este organismo, integrado por especialistas en prevención del blanqueo de capitales, asume ciertas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nombre de los notarios.

Su existencia y el compromiso de los notarios en la materia posibilitan el acceso a las autoridades competentes y sujetos obligados a la primera base de datos centralizada existente en el país con información sobre titulares reales (BDTR) de las personas jurídicas.

Tanto el OCP como la BDTR han sido reconocidos por GAFI como herramientas fundamentales en las altas calificaciones obtenidas por España en la evaluación realizada a su sistema de lucha contra estos delitos.

Madrid en cifras

  • 3ª ciudad más habitable del mundo (Mori Global Power Cities Index 2019).
  • 1ª ciudad de Europa preferida para vivir por la generación Z (entre 18 y 22 años), según Spotahome 2018.
  • 1ª ciudad del mundo donde los expatriados se sienten mejor acogidos (International Expat City Ranking 2019).
  • 4ª mejor ciudad de Europa para vivir (Time Out Best Cities in the World 2019).
  • Reconocida como Ciudad Arbórea del Mundo 2019 por la FAO y la Fundación Arbor Day.
  • 6ª ciudad de Europa con mejor movilidad sostenible (Greenpeace 2018).
  • 5ª ciudad con mejor movilidad y transporte del mundo (IESE Cities in Motion).
  • Madrid-Barajas es el mayor aeropuerto del Sur de Europa (Skytrax World Airport Awards 2020).
  • 6ª ciudad de Europa con mejor conectividad (Financial Times, fDi – European Cities and Regions of the Future 2020/2021) y centro de una red de alta velocidad de 4.000 km, la 2ª del mundo tras China, que conecta la ciudad con toda España y el resto de Europa.
  • 6ª ciudad del mundo con mejor calidad de la sanidad (Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2019).
  • 5ª ciudad del mundo con mayor seguridad en las infraestructuras (The Economist Safe Cities Index 2019).
  • 9ª ciudad del mundo con mejor salud y seguridad (PWC Cities of Opportunity 2016) y 4ª de la UE más segura.
  • Forma a los mejores profesionales, con 3 escuelas de negocios locales entre las 50 mejores del mundo.
  • Cuenta con 98 museos, 4ª del mundo en teatros musicales y 2ª de Europa con mejor gastronomía (21 estrellas Michelin).
Para saber más / Find out more

El lugar perfecto para que AMLA prospere.
The perfect place for AMLA to thrive.

VER FOLLETO / BID PROSPECTUS

The persistent drought suffered by Spain in the allocation of European agency headquarters clearly constitutes a comparative slight as regards our European counterparts. However, both Spain in general, and its capital in particular, deserve to be the base for the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

The first news we heard of this possibility was the public announcement a few months ago by the mayor of Madrid and the Secretary-General for the Treasury and International Finance that Madrid would be bidding to host this new European authority.

They enjoy decisive support in this venture from Spain’s public authorities, headed by the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation and the SEPBLAC; the banking sector (the Bank of Spain, of course, as well as the main associations); the business world (all the employers’ confederations), the National Securities Market Commission, and numerous professions, such as notaries, lawyers…

Why Madrid?

The Spanish capital is the only major city in the European Union that does not yet house the headquarters of any European agency or institution. Indeed, the power built up by other cities, most notably the European Central Bank (ECB), located in Frankfurt, and the European Banking Authority (EBA) relocated in 2019 to Paris after its move from the City of London as a result of Brexit, only highlights this indisputable imbalance in administrative distribution within the EU.

Madrid’s strengths are undeniable in terms of having a realistic chance of becoming the permanent home of the AMLA.

To begin with, its traditional dynamism, making it the sixth region of the EU in GDP terms, and with intense innovative activity: pioneering the authorisation of the SandBox and the awarding of greenfield projects, ranked 5th in Europe for Fintech.

 

MADRID IS A SAFE, WELCOMING, AND DIVERSE CITY, WITH QUALITY OF LIFE, TRANSPORT, EDUCATION, LEISURE, INFRASTRUCTURE

 

Meanwhile, the Madrid candidacy is fully aligned with strict fulfilment of the requirements set out by those responsible for the decision, such as: educational institutions and healthcare of excellence and quality; a qualified and accessible labour market for the spouses of the agency’s employees; a landmark building available; and an extensive and integrated public transport network and high-speed digital connectivity, making for an outstanding array of arguments worthy of consideration by the EU decision-makers involved.

In addition, Madrid is famous for its well-known spirit of welcome, hospitality and tolerance. A feeling thanks to which no one feels an outsider or discriminated against because of their origin, with all those arriving in the city feeling as at home as locals from the very outset, regardless of their place of birth, culture, religion, or background.
The city also has a vibrant cultural life, as well as a non-stop range of varied leisure options, without overlooking its renowned gastronomic offering, both local and international.

Leading the way in the fight against financial crime

Aside from the obvious advantages of locating the AMLA headquarters in Madrid, we should also add in a distinctive factor earning even more points in favour of the Spanish bid: our country’s long tradition in the fight against money laundering and terrorist financing.

This, without neglecting such other aspects as advanced legislation in this field; the existence of a powerful FIU (the SEPBLAC) and specialised law enforcement agencies to deal with crimes from the aspects of prevention and prosecution; and the existence of specialist bodies and tools to prevent money laundering and terrorist financing, with international flagship status.

In this regard, Spain was the first country, in accordance with the option provided by international instruments, to set up a Centralised Body for the Prevention of Money Laundering (the OCP) in 2005, specifically in the notarial sector. This body, made up of AML specialists, takes on certain obligations for the prevention of money laundering and terrorist financing on behalf of notaries.

Its existence and the commitment of notaries in this field provide the competent authorities and obliged subjects with access to the country’s first centralised database of information on beneficial owners of legal entities (the BDTR).

Both the OCP and the BDTR have been recognised by the FATF as fundamental tools in the high scores obtained by Spain in the evaluation conducted of its system to combat these crimes.

Madrid in figures

  • 3rd most liveable city in the world (Mori Global Power Cities Index 2019).
  • 1st choice European city to live in for Generation Z (aged 18-22), according to Spotahome 2018.
  • 1st city in the world where expats feel most welcome (International Expat City Ranking 2019).
  • 4th best city in Europe to live in (Time Out Best Cities in the World 2019).
  • Recognised as Tree City of the World 2019 by the FAO and the Arbor Day Foundation.
  • 6th-ranked city in Europe for sustainable mobility (Greenpeace 2018).
  • 5th-ranked city in the world for mobility and transport (IESE Cities in Motion).
  • Madrid-Barajas is the largest airport in southern Europe (Skytrax World Airport Awards 2020).
  • 6th-ranked city in Europe for connectivity (Financial Times, fDi – European Cities and Regions of the Future 2020/2021) and the centre of a 4,000 km high-speed network, the 2nd-biggest in the world after China, connecting the city with the whole of Spain and the rest of Europe.
  • 6th-ranked city in the world for quality healthcare (Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2019).
  • 5th-safest city in the world for infrastructure (The Economist Safe Cities Index 2019).
  • 9th-ranked city in the world for health and safety (PWC Cities of Opportunity 2016) and 4th-safest in the EU.
  • It trains the best professionals, with 3 local business schools among the top 50 in the world.
  • It has 98 museums, is ranked 4th in the world for musical theatres and 2nd in Europe for gastronomy (21 Michelin stars).

Entrevista a Lionel Galliez, presidente de la Unión Internacional del Notariado

ALDEA GLOBAL

Lionel Galliez,

presidente de la Unión Internacional del Notariado

En el reciente Congreso Internacional del Notariado celebrado en la localidad mexicana de Cancún, el francés Lionel Galliez resultó elegido presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) por un mandato de tres años. El notario parisino expone para Escritura Pública las líneas maestras de su legislatura.
JOSÉ M. CARRASCOSA,

Huella Digital

El nuevo presidente de la UINL tiene perfiles en Twitter @LionelGalliez y Linkedin donde mantiene una actividad constante.

¿Qué significa para usted representar a 200.000 notarios de 91 países?

Es un honor y una gran responsabilidad. Se trata, en efecto, de dirigir la organización internacional que representa a nuestra profesión y que, por tanto, tiene por objeto hablar en su nombre de las cuestiones que les conciernen a escala internacional. Por supuesto es un trabajo en equipo basado en el diálogo.

¿Cuáles son los objetivos esenciales de su mandato?

El programa de trabajo que presenté en mi elección incluye tres prioridades. La primera es continuar y dar primacía a la acción de nuestra Unión ante organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial.

La segunda será tratar constantemente de ampliar y mantener los ámbitos de competencia de los notarios. El papel que desempeñan ahora los notarios españoles en la protección de las personas vulnerables ilustra perfectamente este objetivo.

La tercera consiste en elaborar un código de normas internacionales del Notariado. Se trata de proporcionar a cada presidente de un Notariado nacional un documento de referencia que le permita decir a su Ministro de Justicia: «eso es lo que piensa el Notariado Internacional sobre esta cuestión.»

Ha colaborado con instituciones supranacionales como la FAO, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. ¿Cómo se presenta el futuro con estos organismos?

Estas colaboraciones tienen objetivos muy variables en función del tema de que se trate. Cuando hablamos con el Banco Mundial o con la OCDE, se trata de que se reconozca la especificidad del Derecho Continental y de la institución notarial que le es propia.

Debemos velar constantemente para que se respete nuestro modelo frente a las presiones de los representantes de la Common Law, que a menudo demuestran un proselitismo agresivo.

Con la FAO mantenemos una cooperación prolongada en el tiempo y muy constructiva. Su objetivo se ha centrado principalmente en la mejora de la seguridad de los títulos de propiedad y en la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos elaborado conjuntamente una guía técnica que presenta el papel de los notarios y su misión de justicia preventiva.

¿Está satisfecho con el grado de aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en la UINL y en los Notariados miembros?

Si hay un ámbito en el que los esfuerzos deben ser constantes y donde no hay que relajarse nunca ese es el del respeto a los más vulnerables, en general, y a las personas con discapacidad, en particular. Nuestra comisión de «Derechos Humanos», presidida por la notaria española Almudena Castro-Girona indudablemente tendrá que realizar una evaluación de esta aplicación para valorar los avances.

 

“EL NOTARIADO ESPAÑOL HA SIDO TRADICIONALMENTE UN PILAR SÓLIDO Y ACTIVO DE LA UNIÓN. QUIERO AGRADECER EL COMPROMISO DE SUS CONSEJEROS GENERALES”

 

La pandemia ha llevado a los notarios a adaptar su función a la nueva situación, recurriendo a videoconferencias y a las nuevas tecnologías con el fin de reducir el contacto con el ciudadano. ¿Considera que la profesión se reforzó tras la pandemia de COVID-19?

La pandemia nos ha obligado a usar nuevas herramientas con urgencia. A menudo es un avance que los ciudadanos valoran. Sin embargo, lo esencial es no sacrificar la autenticidad y su elevada exigencia de seguridad únicamente por la comodidad y facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías. En general, resulta alentador constatar que los Notariados no han transigido con estos principios esenciales.

Muchos Notariados miembros de la UINL cuentan con importantes focos de pobreza. El Notariado ha desempeñado un papel decisivo en estas regiones con la puesta en marcha de proyectos como la identificación de los niños para evitar la trata de personas. ¿Qué tipo de iniciativas pueden adoptarse para mejorar estas situaciones de crisis humanitaria?

La identificación de los niños es un ejemplo perfecto de desafío jurídico y social sobre el que el Notariado puede alertar a organizaciones internacionales y gobiernos. La falta de identificación tiene consecuencias muy negativas al privar a quienes carecen de ella del acceso a la educación, los beneficios sociales, la salud y la representación política. Sin duda, tendremos que llevar a cabo nuevas iniciativas sobre temas tan variados como el estatuto de los refugiados, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de conflictos, etc.

¿Se ha previsto alguna medida concreta para colaborar con el notariado ucraniano?

Lamentablemente, los medios de que dispone la Unión no le permiten llevar a cabo una acción sobre el terreno para hacer frente a este desafío. En cambio, su papel de coordinación de las iniciativas nacionales y de representación diplomática de nuestra profesión nos llevará a participar en todas las iniciativas destinadas a apoyar al Notariado ucraniano.

Bajo la presidencia de su predecesor, José Marqueño, la UINL reforzó su colaboración con las principales organizaciones internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales (GAFI o FMI). ¿Cuáles son las líneas de acción que va a seguir a este respecto durante su mandato?

El presidente Marqueño hizo de la lucha contra el blanqueo de capitales una prioridad de la Unión. Evidentemente, se tratará de continuar con esta acción colaborando activamente con las organizaciones internacionales y participando en los programas de lucha contra estos delitos económicos.

Otra prioridad de su mandato será la formación con la Universidad del Notariado Jean Paul Decorps o la nueva plataforma educativa virtual…

La fuerza de nuestra Unión y su riqueza reside en la diversidad de nuestras prácticas y sistemas jurídicos. Naturalmente, la formación seguirá siendo una prioridad de esta legislatura.

El Notariado español está representado al más alto nivel en la UINL. ¿Qué piensa de la actividad de nuestro país?

Su Notariado ha sido tradicionalmente un pilar sólido y activo de la Unión. Quiero agradecer el compromiso y el trabajo de los consejeros generales españoles que participan en nuestra acción. Me siento afortunado de poder contar con ellos, porque la clave del éxito de una organización internacional como la nuestra reside en el trabajo en equipo.

Epidemias: entre virus y bacterias

ALDEA GLOBAL

EPIDEMIAS: ENTRE VIRUS Y BACTERIAS

Gripe, SIDA, Covid-19, VRS, polio, cólera, ébola, viruela del mono, infecciones por estreptococo A… Nuestra mejor arma, la prevención.

Son dos palabras, virus y bacterias, que, como mínimo, nos hacen torcer el gesto. Hace algunos años, el mundo científico se mostró optimista al considerar que antibióticos y vacunas serían el fin de las enfermedades de origen infeccioso que nos han tenido en vilo a lo largo de la historia. Y sí, pero no. La población mundial está más segura, cierto; aunque dejar de ver la realidad de lo que nos rodea, sin llegar a la hipocondría, no es buen plan para nadie.
MELCHOR DEL VALLE

La curiosidad científica por saber cómo ha llegado nuestro planeta a ser como es y, sobre todo, cómo surgió la vida en un mundo textualmente en ebullición ha llevado a los científicos a diversas hipótesis, entre las que bacterias y virus se llevan el protagonismo por acumular el mayor número de menciones con la etiqueta de «ancestro». Sea como sea, lo que parece indiscutible es que el hombre viene conviviendo desde siempre con microorganismos unicelulares y con moléculas de ADN o ARN. Es decir: compartimos existencia con agentes creadores de vida, pero también capaces de matarnos.

De antibióticos y vacunas. Los datos para el optimismo de los científicos, que antes citábamos, son relativamente recientes. Es difícil imaginarnos hoy sin antibióticos, aunque no llevan mucho tiempo entre nosotros tal y como los conocemos. Su empleo generalizado apenas tiene setenta años de historia, pero dio un giro total al panorama de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Y no hablamos solo de remediar padecimientos mortales, como la tuberculosis, la sífilis, la neumonía o la septicemia, sino de prevención en áreas quirúrgicas, puesto que permiten llevar a cabo intervenciones complejas y de larga duración con un riesgo bastante bajo de infecciones.

Un poco más antiguas son las técnicas de vacunación. El pionero fue Edward Jenner, en1796, desarrollando una vacuna contra la viruela. El sistema de infectar a personas sanas con virus atenuados, para que desarrollen defensas capaces de enfrentarse con eficacia a un agente concreto, es lo único que viene funcionando frente a esas secuencias de ARN o ADN que llamamos virus. Es verdad que han empezado a desarrollarse medicamentos antivirales, pero no es menos cierto que aún queda mucho por hacer en este terreno y que estos preparados no eliminan a los virus, sino que evitan su reproducción en la persona infectada. También es cierto que la pandemia de la covid-19 trajo un avance repleto de ventajas en las técnicas de vacunación: la inmunización con ARN mensajero –en vez de los virus atenuados–, que enseñan a las células a producir una proteína, o una parte de ella, capaz de desencadenar la respuesta inmunitaria.

Y llegó 2023. Nos hemos acostumbrado de tal manera a escuchar cosas como que «volvemos a la situación previa a la pandemia», que no somos muy conscientes de que el SARS-CoV-2 sigue circulando a sus anchas entre nosotros. De hecho, la calificación de «pandemia» no ha desaparecido de las alertas de la OMS (decimocuarta reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, 30 de enero de 2023). El organismo internacional de salud sigue hablando de un número de muertes por covid-19 muy alto, en comparación con otras infecciones respiratorias, y de constantes variantes del virus con efectos impredecibles. Se nos olvida, también, que el VIH, causante del SIDA, aún sigue ahí. Según Anthony Fauci, uno de los mayores expertos mundiales en enfermedades infecciosas (se hizo popular por ser uno de los principales miembros del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca y por sus desavenencias con Trump), «más de 84 millones de personas han sido infectadas con el VIH, de las cuales 40 millones han muerto. Solo en 2021, 650.000 personas murieron por afecciones relacionadas con el SIDA y 1,5 millones se infectaron recientemente. Hoy en día, más de 38 millones de personas viven con el VIH» (datos de diciembre de 2022).

 

LOS EXPERTOS SANITARIOS PIDEN PRECAUCIÓN TRAS LOS RETRASOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PROVOCADOS POR LA EPIDEMIA DE COVID-19

 

Si hablamos de enfermedades respiratorias, la temporada otoño-invierno ha llegado con brotes significativos de gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). Los investigadores están de acuerdo en que los dos años de precauciones con la covid-19, tales como uso de mascarillas y aislamiento, han favorecido la propagación de ambas infecciones al haberse debilitado nuestras defensas. Frente a la gripe tenemos vacunas. Frente a VRS no; y se ceba en ancianos, inmunodeprimidos y niños de corta edad, provocando bronquitis fatales para los pacientes. A esto hay que añadir otro problema llamado estreptococo A. Esta bacteria se suele aliar con los virus respiratorios y agravar sus repercusiones. Las cifras oficiales indican que más de 18 millones de personas padecen actualmente una enfermedad grave causada por el estreptococo A, responsable de algo más de medio millón de muertes anuales.

 

FRENTE A LA GRIPE TENEMOS VACUNAS. FRENTE A VRS NO; Y SE CEBA EN ANCIANOS, INMUNODEPRIMIDOS Y NIÑOS DE CORTA EDAD

 

Otros peligros. Desde África se expandió a más de un centenar de países la ‘viruela del mono’, epidemia detectada en Europa en mayo de 2022. Desde entonces hay más de 82.000 casos confirmados de esta infección en el mundo. En ese mismo continente, más concretamente en Uganda, ya se está trabajando para intentar contener un brote de Ébola provocado por la denominada «variante Sudán». A principios de 2023, se contabilizaban más de un centenar y medio de casos, con un índice de mortalidad del 37 %. Uno de los grandes problemas de esta variante es que no se ha desarrollado aún una vacuna para ella. Si miramos hacia Haití, en el último trimestre de 2022 se han registrado más de 10.000 diagnósticos de cólera, que han sido fatales para los infectados en un centenar de casos. La contaminación de agua y alimentos, a causa de unas precarias condiciones higiénicas, está en el origen del problema. La epidemia de cólera es reincidente en el país caribeño, donde tras el terremoto de 2010 fallecieron miles de personas por su causa, pero no es ajena a otros países de Asia y África.

No abandonemos el capítulo de la contaminación de las aguas sin hablar de la poliomielitis o polio, como también se conoce abreviadamente a esta infección que afecta principalmente a los niños. Tras la II Guerra Mundial, los programas internacionales de vacunación frente al poliovirus lograron reducir la expansión de la enfermedad a su mínima expresión, salvo en zonas de Pakistán y Afganistán, donde hay poca cobertura vacunal. Las guerras y los conflictos internos de varios países del llamado Tercer Mundo están detrás de diversos brotes, como los que se registran en Yemen. Pero también hay ya alertas en los países más desarrollados, como Estados Unidos e Israel. El número de casos no es significativo, pero los expertos sanitarios piden precaución tras los retrasos en las campañas de vacunación provocados por la epidemia de covid-19 y, sobre todo, tras haber comprobado en los análisis de aguas residuales de Nueva York, Jerusalén y Londres (estudio durante 2022) que hay presencia de poliovirus.

 

ES DIFÍCIL IMAGINARNOS HOY SIN ANTIBIÓTICOS, AUNQUE NO LLEVAN MUCHO TIEMPO ENTRE NOSOTROS

 

Lo que se puede hacer. Anthony Fauci, al que antes citamos, renunció a finales de 2022 a su puesto en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE. UU., donde ha sido médico-científico durante 54 años y director durante 38 años; ello, a pesar de que se comprometió con Biden a mantenerse como director hasta las elecciones de 2024. Poco antes de su adiós, dijo que «hoy en día, no hay razón para creer que la amenaza de infecciones emergentes disminuirá, ya que sus causas subyacentes están presentes y lo más probable es que aumenten. La aparición de nuevas infecciones y la reaparición de las antiguas son, en gran medida, el resultado de las interacciones humanas y la invasión de la naturaleza. A medida que las sociedades humanas se expanden en un mundo progresivamente interconectado y la interfaz humano-animal se ve perturbada, se crean oportunidades, a menudo ayudadas por los cambios climáticos, para que surjan agentes infecciosos inestables, salten especies y, en algunos casos, se adapten a la propagación entre los humanos».

La mejor arma: la prevención

Los epidemiólogos no dejan de recordar que nuestra mejor arma para enfrentarnos a estos diminutos, pero letales, enemigos es la prevención. Y esto, en un triple sentido: actualizar los programas de vigilancia sanitaria, cosa que la OMS y los centros de prevención y control de enfermedades deben tener grabado a fuego; extremar las campañas de vacunación intentando que lleguen a todos los lados, lo que es imprescindible para las poblaciones menos desarrolladas, pero también para el resto del planeta debido a los flujos migratorios; y planificar una adecuada reserva de antibióticos y antivirales que permitan hacer frente a un brote de enfermedades infecciosas desde que es detectado.

Salud en la Unión Europea

Varios países de la UE han reportado un aumento de casos de infección por estreptococo A entre niños menores de 10 años. Concretamente, Francia, Irlanda, Países Bajos y Suecia. Siendo esta la causa más común de faringitis en niños de edad escolar, se calculan unos 616 millones de casos anuales en el mundo, sus efectos son leves y, en consecuencia, no revisten preocupación, salvo cuando están asociados a otras infecciones respiratorias de origen vírico. En cualquier caso, y aunque se han registrado fallecimientos infantiles (dos de ellos en España), los especialistas consideran que se trata de excepciones y que no se requieren precauciones adicionales.

En cuanto a las políticas sanitarias de la UE, y hasta la llegada de la covid-19, el gasto sanitario seguía centrándose mayoritariamente en la asistencia curativa y sólo el 3% del gasto sanitario total se destinaba a la prevención. En 2020, la mayoría de los países miembros aumentaron sustancialmente su gasto en prevención, al menos temporalmente, para financiar las pruebas, el rastreo, la vigilancia y las campañas de información pública relacionadas con la pandemia, pero también proyectando la experiencia en una planificación general de prevención.

Por si las dudas

Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19. David M. Morens y Anthony S. Fauci. Cell Press (2020). 

VER

Noticias sobre brotes de enfermedades.
OMS Emergencias. Actualización permanente.

VER

Health at a Glance: Europe 2022. STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE. OECD/European Union (2022)

VER

«Mejorar el mañana requiere aprender del ayer», por Tomás Cobo

ALDEA GLOBAL

TOMÁS COBO CASTRO,

presidente de la Organización Médica Colegial de España

“La distribución irregular de las vacunas y del acceso a medicamentos y tratamientos que existe entre países ricos y pobres preocupan a la profesión médica"

Mejorar el mañana requiere aprender del ayer

Dicen que la vida nunca deja de sorprendernos y así, de manera fulminante, lo hizo en diciembre de 2019 con la confirmación del primer caso positivo en COVID19 en Wuhan, China, el epicentro de la pandemia. A partir de ahí, todos conocemos el resto de una historia que ha quedado escrita para la posteridad.

Aplicando las reflexivas palabras atribuidas al icónico escritor uruguayo Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas, cada día se convirtió en un lienzo en blanco en el que -sin certezas, pero con esperanza- dibujar un nuevo mañana.

Muy pendientes y alerta ante nuevas informaciones, actualización de protocolos, adaptación continua y aprendizajes forzados, la realidad de la vulnerabilidad del ser humano nos cayó encima como un aguacero inesperado.

Al tiempo que los acontecimientos aplastaban sueños e incredulidad, fuimos conscientes de que los peligros para la salud de la población global son posibles y que siguen estando al acecho las amenazas que plantea el futuro y que impactarán directa o indirectamente en la salud comunitaria. Las enfermedades infecciosas, aunque prevenibles y controlables gracias al avance de la ciencia, a los descubrimientos en investigación, al conocimiento y a la experiencia, siguen siendo un motivo de preocupación, sobre todo en países y zonas en los que disponen de sistemas sanitarios muy débiles o directamente carecen de ellos sin posibilidades de acceso a los servicios básicos de salud y que siguen siendo zona cero de enfermedades ya erradicadas en los países desarrollados.

Estas desigualdades mundiales en el acceso a la salud no son problema de los países que las padecen, sino que es una cuestión que afecta a la humanidad en su conjunto. En un mundo globalizado, con flujos migratorios relevantes, y ante la magnitud de amenazas colectivas, la Organización Médica Colegial siempre ha recordado que los esfuerzos en vacunación y en prevención de enfermedades transmisibles tienen que responder a los principios de solidaridad y equidad. Porque no solo nos sirve aprobar el examen en ciencia, pero no en ética, en contundentes palabras de António Guterres, secretario general de la ONU.

Recientes datos de vacunación contra la COVID19 en el mundo reflejan que todavía hay países con un alarmante porcentaje de población vacunada con la pauta completa por debajo del 5% a fecha de enero de 2023: Papúa Nueva Guinea, Haití, Yemen y el más grave, Burundi, con tan solo un 0,2 por ciento de población que ha recibido la dosis completa.

La distribución irregular de las vacunas y del acceso a medicamentos y tratamientos que existe entre países ricos y pobres preocupan a la profesión médica en una doble vertiente: por una parte, porque contribuyen a mantener viva la tragedia de la desigualdad; por otra parte, porque su uso correcto y equilibrado puede ayudar a detener y controlar la propagación de virus transmisibles, e incluso su erradicación.

Y con vacunación no solo hay que aludir a la inmunización contra la COVID19, sino también contra el resto de infecciones como la difteria, el tétanos y la tosferina en la población infantil. Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 25 millones de menores no recibieron una o más dosis de la vacuna contra estas enfermedades en el año 2021, cifra que supone un descenso en vacunación infantil mundial: son 2 millones menos de niños vacunados en 2020 y 6 millones menos que en 2019.

Las organizaciones profesionales y las autoridades internacionales con competencias y capacidad tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar en planes mundiales de inmunización que cuenten con financiación adecuada y suficiente. Ayudar a los países en la producción, distribución y consumo de vacunas determinará el éxito de cualquier estrategia de inmunización. Si podemos hacerlo, debemos hacerlo.

En esta línea, acogimos con gran entusiasmo el anuncio de la creación de una agencia estatal de salud pública en nuestro país el pasado año 2022 porque la prevención también es Medicina. Es vital dotar de este espacio científico-profesional a los servicios de salud pública, que son el paso previo a la asistencia sanitaria porque sus estudios y registros permiten que podamos adelantarnos a la enfermedad y prepararnos ante epidemias y emergencias sanitarias. Mejorar el mañana requiere aprender del ayer.

Este organismo, que se dedicará a la prevención y control de enfermedades; a reforzar el sistema sanitario ante riesgo para la salud comunitaria; a la vigilancia, análisis, estudio y evaluación de políticas e intervenciones públicas; a la evaluación de contextos de riesgo para la salud de la población española –principalmente de carácter epidemiológico- y al asesoramiento técnico a las autoridades sanitarias competentes; desempeñará funciones tan necesarias para el cuidado de la salud como la seguridad alimentaria, la resistencia a los antibióticos y los problemas derivados de la zoonosis; y funciones de coordinación de todos los niveles administrativos con competencias en este ámbito, tan necesarias para garantizar la equidad.

No podemos afirmar que la vida no vaya a volver a sorprendernos, pero lo que sí podemos garantizar es que los médicos seguiremos estando al lado de los más débiles y los más quebradizos, que son los enfermos, porque es la esencia de nuestra profesión y el único motivo por el que decidimos dedicar nuestras vidas a ayudar a los demás.

La creación de sociedades y su supervivencia

ENTRE MAGNITUDES

LA
CREACIÓN DE SOCIEDADES
Y SU SUPERVIVENCIA

Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado. (*) Datos provisionales.

En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 sociedades creadas y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas supera el millón de sociedades en todo el período.
REDACCIÓN

EN ESPAÑA SE CONSTITUYERON 104.998 sociedades durante 2022 de acuerdo con los datos aún provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Las sociedades de menor tamaño, constituidas con un capital fundacional de entre 3.006€ (hasta la Ley crea y crece) y 4.000€, alcanzaron las 78.524. La práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Este grupo conforma en términos generales el nicho de empresas de menor tamaño (microempresas y pymes) que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español.

 

POR CADA 100 SOCIEDADES QUE SE CREARON EN EL PERÍODO 2007-2022 SE LIQUIDARON 27,5

 

Junto a este segmento se sitúa el resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior a los 4.000€, y que alcanzaron en 2022 las 26.464.

En términos comparativos con el año 2021, se registró una caída del 1,7% en el total de nuevas sociedades constituidas, similar entre las de menor capital inicial (-1,9%) y el resto (-1,3%).

Crece la economía, caen las sociedades. Aunque la economía española se expandió en 2022 a tasas dinámicas (el PIB real avanzó un 5,5%, la misma tasa que en 2021 según la estimación preliminar) el número de nuevas sociedades cayó. Ello pudo deberse a la dislocación provocada en 2020 por la crisis sanitaria y las extraordinarias medidas adoptadas para combatirla. Las medidas restrictivas conllevaron la reducción significativa de la actividad de las notarías, que se concentraron en gran medida en actos notariales inaplazables durante la primavera de 2020. La gradual normalización de la actividad durante el segundo semestre de 2020 permitió que el número de sociedades constituidas recuperara volúmenes previos a la crisis sanitaria. Muchas de las operaciones aplazadas se realizaron durante el año 2021, generando un incremento de las nuevas constituciones del 25,6% frente al año 2020. Así, resultaba esperable una normalización en 2022 tras dos años anómalos y erráticos, registrándose un retroceso del 1,7% en el total de nuevas sociedades creadas.

Con todo, es importante reseñar que el número de nuevas sociedades en 2022 volvió a superar levemente el umbral de las 100.000, situándose en el entorno de lo que ha venido ocurriendo desde 2014, ejercicio en el que comenzó el ciclo expansivo de la economía tras dos crisis consecutivas: primero la crisis financiera global en 2008-09 y después la crisis fiscal y de la deuda soberana en la eurozona en 2011-13.

 

LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS OPTARON POR LA FORMA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

Ampliando el foco, sí se observa una tendencia que se ha ido consolidando: el mayor peso que han adquirido progresivamente las sociedades de menor capital en el total. En 2007, año de inicio de las series de CIEN, las sociedades con un capital inicial entre 3.000 y 4.000€ eran el 67% del total de nuevas sociedades constituidas. En cambio, en 2022 alcanzaron su máximo al superar el 75%. Por tanto, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas pertenecen a este segmento ya que han evolucionado relativamente mejor que las de mayor capital inicial.

Por autonomías, la creación de empresas se concentró en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En términos comparativos, el año 2022 trajo consigo una elevada disparidad. Sólo una autonomía, Baleares, registró un aumento en la creación de sociedades frente al año 2021, que además fue significativo (+13,0%). Las restantes autonomías cifraron caídas, que fueron relativamente más moderadas en Madrid (-0,7%), Cataluña (-1,6%), Andalucía (-1,8%) y Comunidad Valenciana (-2,0%). Los peores registros se consignaron en Navarra (-11,3%), Murcia (-8,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Cantabria (-7,5%).

Según las operaciones de 2022, algo más de siete de cada diez sociedades se crearon en Madrid (22,5% del total), Cataluña (19,6%), Andalucía (17,3%) y Comunidad Valenciana (12,0%). Ello supone un grado de concentración notable, ya que estas cuatro CC.AA. «solo» aportan el 60% del PIB nacional. Y al contrario de los suele presuponerse, en esas cuatro CC.AA. hay una mayor proporción de sociedades creadas de menor capital inicial (3.000€ a 4.000€) que de sociedades con un capital superior a los 4.000€. Así, los motores económicos de España concentran gran parte de las nuevas sociedades constituidas y en particular del tejido empresarial de menor tamaño (pymes y microempresas). En concreto, casi un 75% de las pymes se crean en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana frente a cerca del 65% de mayor tamaño.

 

POR AUTONOMÍAS, LA CREACIÓN DE EMPRESAS SE CONCENTRÓ EN MADRID, CATALUÑA, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA

 

Por último, el capital inicial de las nuevas sociedades promedió en 2022 los 17.377€ lo que supone un aumento del 3,6% frente a 2021. El capital promedio entre las sociedades con menor capital fundacional volvió a situarse cerca de 3.023€, mientras que el de las sociedades con capital inicial superior a 4.000€ promedió los 62.050€, un 4,2% más que en el año previo.

Frente a 2007, el capital inicial medio del conjunto de sociedades ha disminuido cerca del 13%, debido al peso creciente que han adquirido en el total las de menor capital inicial.

Supervivencia de las sociedades. En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 nuevas sociedades creadas, y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas total que supera el millón de sociedades en todo el período.

Por cada 100 sociedades que se han creado en el período 2007-2022 se han liquidado 27,5%, porcentaje que alcanzó el 32,5% en 2022.

Por comunidades autónomas también se han observado diferencias en el número de sociedades que se liquidan en relación al total de constituidas. En 11 autonomías la ratio de sociedades liquidadas sobre creadas superó el promedio nacional, destacando País Vasco (39,9%) y La Rioja (38,9%). En cambio, en Murcia y Andalucía se liquidan menos del 20 de cada 100 sociedades.

Capital social y número de socios

DOS aspectos interesantes de la idiosincrasia de las sociedades creadas durante el 2007-2022 y que se ya han liquidado son el capital social fundacional medio y el número de socios medio. A simple vista, y sin tener en cuenta otros factores, parece que la supervivencia de las sociedades es más probable cuando el capital inicial es mayor y el número de socios fundacionales es menor.

Años de supervivencia

EN cuanto a la supervivencia de las sociedades, los gráficos muestran tendencias relativamente estables de la supervivencia de las sociedades a uno, dos y tres años de la fecha de constitución. Cogiendo el año 2019, que sirve de comparación para las tres métricas, se observa que un 0,7% de las sociedades creadas en 2019 no sobrevivió los primeros 12 meses, un 1,3% no superó entre uno y dos años y un 1,6% se liquidó entre el segundo y el tercer año de vida.

Desagregando por autonomías se observa que Madrid y Cataluña presentan siempre tasas de supervivencia inferiores al total de la nación, quizá por su mayor “intensidad emprendedora” en la creación de sociedades de menor capital inicial.

En sentido contrario Murcia presenta la mayor tasa de supervivencia de las sociedades creadas entre uno y dos años de antigüedad y entre dos y tres años. En ambos tramos solo se liquida un 0,6% y un 0,8% de las sociedades constituidas, respectivamente.

«El entorno institucional ahoga a la empresa», por Gerardo Cuerva

ENTRE MAGNITUDES

Gerardo Cuerva.
GERARDO CUERVA,

presidente de Cepyme

"El problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme"

El entorno institucional ahoga a la empresa

En España no existe un problema de emprendimiento, así lo atestiguan los datos. Las propias estadísticas notariales arrojan que se constituyeron más de 100.000 sociedades en 2022, dando lugar a una ratio de una nueva sociedad por cada 450 ciudadanos. De forma que el problema no se encuentra en la creación de proyectos empresariales, sino en otros aspectos que tienen que ver con su crecimiento y supervivencia; dos cuestiones muy interrelacionadas como también ponen de relieve los datos del Consejo General del Notariado. Entre 2007 y 2022, el capital social de las empresas liquidadas se situó un 23% por debajo del promedio del capital fundacional de las empresas creadas en el mismo periodo.

La lógica dicta que resulta más fácil que una empresa sobreviva cuanto mayor sea su tamaño, pues es más probable que diversifique sus mercados y productos y, sobre todo, que genere economías de escala y, a su vez, un mayor excedente. Dicho excedente puede ser dedicado a invertir en ámbitos estratégicos como la eficiencia de procesos e I+D, pero también puede retenerse dentro de la empresa con el fin de lograr una sólida capitalización que marque la diferencia entre la supervivencia o el cierre cuando se dan escenarios de crisis.

La anterior situación no debe perderse de vista. La próxima crisis no será como la derivada del COVID en lo referente al acuerdo europeo para dar forma a una ayuda ambiciosa y a fondo perdido con el fin de que nadie se quedase atrás y, sobre todo, para salvaguardar el proyecto europeo. En la próxima crisis, volverán a estar muy presentes las diferencias entre países y las naciones ortodoxas de Europa demandarán importantes ajustes internos. Entonces, la diferencia entre la continuidad o el cierre de muchos proyectos empresariales vendrá marcada por su capacidad de crecimiento en el pasado y cómo ésta se ha traducido en una estructura de capital más saludable y en la consecución de una demanda más diversificada.

Por desgracia, las señales de alerta presiden los datos españoles. En 2007, las sociedades con un capital inicial de entre 3.000 y 4.000 euros sumaron el 67% del total de empresas constituidas y, en 2022, dicha cifra se situó en máximos históricos que superaron el 75%. Un dato que da lugar a una lectura positiva, en España existe un espíritu emprendedor mayor de lo percibido, y a otra negativa, derivada de la preponderancia de nuevos proyectos sin margen de error. El origen de esta situación se debe, en parte, a que un número importante de personas busca la generación de autoempleo como consecuencia de un contexto institucional que no sabe poner en valor a los 3 millones de personas paradas ni facilita el camino para que proyectos afianzados activen estos valiosos recursos laborales. La situación es tal que España cerró 2022 con una tasa de paro próxima al 13%, cuando el mapa de empleo de Fundación Telefónica sitúa las ofertas de empleos digitales en 94.378 y las relativas a ocupaciones no digitales en 315.016.

De vuelta a la realidad específica de la empresa, cabe reconocer que el problema no estriba tanto en que durante el pasado año casi el 75% de las empresas constituidas lo hicieran con un capital medio de 3.023 euros (al borde del mínimo legal), sino en que el contexto normativo español ahoga la capacidad de crecimiento de estas empresas. Las cargas que juegan en contra de los recursos productivos proliferan, al tiempo que perviven multitud de normas que desincentivan el crecimiento. El FMI identificó en su evaluación de la economía española en 2018 más de 100 regulaciones relacionadas con el tamaño que, potencialmente, desincentivan el crecimiento. Desafortunadamente, desde CEPYME podemos corroborar que a día de hoy no se han hecho los deberes a este respecto, a pesar del consenso que existe hacia la conveniencia de modificar las normativas que actúan como desincentivo al crecimiento.

Los obstáculos al crecimiento suelen traducirse en empresas menos sólidas y, en este sentido, son muy significativos los datos del Notariado acordes con que el porcentaje de sociedades liquidadas sobre el total de empresas se situó por debajo del 15% en 2015 frente al 32,5% de 2022, máximo de la serie. Los datos confirman que el problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme y al que, en 2022, se ha venido a sumar el choque inflacionista. Éste ha dado forma a unas alzas de costes del 20% para la pyme, mientras que sus ventas en volúmenes ya caían en la parte final del año pasado. Una combinación que ha dado lugar a márgenes más estrechos y, por tanto, al descenso de la liquidez, lo cual resulta una de las cuestiones más inquietantes para una empresa. En este contexto, la supervivencia a corto plazo se ha convertido en una preocupación creciente para muchas pymes españolas.

Frente a esta realidad, la mejor política radica en la generación de un entorno normativo racional y pensado desde la posibilidad de los recursos de la pyme, pero también caracterizado por la certidumbre y en el que la figura del empresario se perciba como un generador de riqueza y no como un adversario. Las instituciones no dejan de ser reglas de juego y cuando se introducen nuevas figuras impositivas a la carrera o múltiples normas complejas y presididas por una calidad técnica mejorable, no se ayuda a la actividad empresarial. Tampoco se hace cuando se demoniza al empresario, dado que se alimenta el desánimo en una pieza estratégica del engranaje económico, al tiempo que se limita la llegada de la inversión extranjera.

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo