El Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía

DEBATE PARLAMENTARIO

EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA O PLUSVALÍA

La nueva normativa recoge también que no tributarán aquellas operaciones en las que no se haya generado ninguna ganancia desde la adquisición hasta la transmisión del terreno

Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de cálculo objetivo, podrá aplicar la real.
Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, han llevado a realizar una serie de cambios normativos aprobados mediante un real decreto ley vigente desde el 8 de noviembre. Esta norma ahora se tramita en el Parlamento como proyecto de ley. Como novedad, se incluyen dos métodos de cálculo de la base imponible para que contribuyente elija el importe más bajo. También se especifica que han dejado de tributar las operaciones en las que no haya ganancia.

ELVIRA ARROYO

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El Parlamento ha iniciado la tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – IIVTNU (procedente del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre).

Con esta reforma se ha subsanado el vacío normativo que generó la última sentencia del Tribunal Constitucional (del 26 octubre de 2021), sobre la determinación de la base imponible del IIVTNU o plusvalía. Concretamente, se admitía como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible, siempre que no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario. Además, se ha integrado la doctrina contenida en dos sentencias previas del mismo tribunal, de 2017 y 2019, sobre dicho tributo.

 

Modificaciones.

En consecuencia, la nueva legislación incorpora varios cambios sobre el impuesto de plusvalía. Uno de los más relevantes es que se han introducido dos nuevos métodos para calcular la base imponible del impuesto: un sistema objetivo y la plusvalía real. El contribuyente podrá acogerse al que le resulte más beneficioso.

 

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA ESTÁ OPERATIVO EN MENOS DE 4.000 MUNICIPIOS DE LOS 8.000 QUE TIENE ESPAÑA, INFORMA EL MINISTERIO DE HACIENDA

 

Por un lado, para calcular la base imponible según el sistema objetivo, se sustituyen los porcentajes aplicables sobre el valor del terreno por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión. Estos coeficientes se actualizarán anualmente con norma de rango legal –por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado–teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Además, las entidades locales tendrán competencia para rebajar el valor catastral (hasta un máximo del 15%) o los coeficientes, lo que contribuirá a que el impuesto muestre la realidad inmobiliaria concreta de cada zona o municipio.

Por otro lado, se da la opción de que el contribuyente pueda tributar por la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del bien, que será el resultado de restar el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método objetivo, podrá aplicar la real.

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el total.

Todos estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los ayuntamientos.

Sin ganancia no se tributa. La normativa recoge también el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación aquellas situaciones en las que no haya aumentado el valor de los terrenos, una circunstancia que deberá acreditar el contribuyente.

Otra novedad es que tributarán las plusvalías generadas cuando haya pasado menos de un año entre la fecha de adquisición y de transmisión, ya que pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.
Adaptaciones. Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto de plusvalía está operativo en menos de 4.000 municipios de los 8.000 que tiene España, y en más del 75% de estos la recaudación por este tributo representa menos del 3% de los ingresos fiscales totales.

Los ayuntamientos que tengan establecido este impuesto tienen seis meses desde la aprobación del real decreto ley para adaptar lo dispuesto la nueva normativa. Mientras, se aplicará lo dispuesto en el real decreto ley, de manera que, para la determinación de la base imponible del impuesto, se tomarán como referencia los coeficientes máximos marcados en este.

Para alcanzar las metas fijadas, España necesita multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones energéticas, hasta alcanzar unas 300.000 al año.

Qué es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía
  • Es un impuesto local cuya recaudación corresponde a los ayuntamientos.
  • Grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se transmiten por compraventa o donación.
  • Cuando se origina por compraventa, lo paga el vendedor. Cuando es el resultado de una donación, debe liquidarlo la persona que recibe el inmueble.
  • El impuesto grava la trasmisión de los terrenos, haya o no edificación en ellos.
Ejemplo de cómo tributa la plusvalía en una operación con minusvalía
Un inmueble es adquirido en 2007 por 300.000 € y se vende en 2021 por 290.000 €. El valor catastral del suelo en la fecha de venta asciende 25.000 €.

Tarifa anterior

Base imponible (BI) = Valor catastral del suelo x Porcentaje x Nº años = 25.000 € x 3,2% x 14 = 11.200 €

Cuota (BI x Tipo de gravamen = 11.200 x 30%*) = 3.360 €
*Tipo máximo legal.

Tarifa nueva

Como se ha registrado una pérdida, con la nueva normativa la operación no tributa.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía

Sentencia

Aspectos declarados inconstitucionales

Cambio recogido en la nueva legislación

Sentencia 59/2017 11 de mayo de 2017

La tributación en los casos de inexistencia de incrementos de valor.

Las operaciones donde no haya aumento de valor no estarán sujetas a tributación.

126/2019 30 de octubre de 2019

182/2021 26 de octubre de 2021

Imposibilidad de que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

El actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis económica y, porque vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición.

Se introduce una regla de salvaguarda para evitar que la tributación resulte contraria al principio de capacidad económica, permitiendo acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. Se mejora técnicamente la determinación de la base imponible para que refleje la realidad del mercado inmobiliario.

Ejemplo en el que la plusvalía real es superior a la objetiva

Una vivienda es adquirida en 2017 por 310.000 € y se vende en 2021 por 350.000 €. En la fecha de venta el valor catastral total es 100.000 €, de los que 60.000 € representan el valor catastral del suelo y 40.000 € el valor catastral de la construcción.

El incremento del valor que se le imputará al contribuyente será el 60% de 40.000 €: 24.000 € (plusvalía real).

Base imponible (BI) = Valor catastral del suelo x Coeficiente = 60.000 € x 0,17 = 10.200 € (Es inferior al incremento del valor de 24.000 €)

Cuota = 10.200 x 30%* = 3.060 €
*Tipo máximo legal.

Se grava la plusvalía objetiva.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.

Los partidos opinan
Patricia Blanquer
Grupo Parlamentario Socialista Diputada y portavoz socialista de la Comisión de Hacienda Twitter: @Patri_Blanquer
“Seguridad jurídica para el contribuyente” 
La reforma aprobada constituye la mejor solución para conseguir un triple objetivo. En primer lugar, garantizar la constitucionalidad del tributo creado en 2004 y cuestionado por varias sentencias del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, dar seguridad jurídica al contribuyente mejorando el cálculo de la base imponible del impuesto. Se asegura que si no hay plusvalía no hay sujeción y, si la hay, se garantiza que la contribución no sea mayor a la plusvalía, pudiendo elegir la opción más favorable para el contribuyente entre dos métodos de cálculo. Y, en tercer lugar, dar certidumbre a los ayuntamientos en cuanto a los recursos disponibles. Se les asegura el mantenimiento y la gestión del impuesto evitando un perjuicio en la financiación de los servicios públicos en el ámbito local. Y se les da competencia para que adapten el impuesto a la realidad del mercado inmobiliario.
Cuca Gamarra Diputada y portavoz del GPP en el Congreso Twitter: @cucagamarra
“Perpetúa cargas fiscales que ralentizan la recuperación y la competitividad”
El Real Decreto ley aprobado por el Gobierno para modificar la plusvalía municipal, tras la sentencia que declara inconstitucional esta figura tributaria, vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria constitucionalmente reconocido. Además, perpetúa cargas fiscales que ralentizan la recuperación y la competitividad, y lo ha aprobado sin consultar con las corporaciones locales. Por ello, el GPP hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional este Real Decreto ley y hemos presentado una Proposición de Ley que avanza en la eliminación de este impuesto, cuestionado por la doble imposición que supone, garantizando, al mismo tiempo, la suficiencia financiera y la autonomía municipal.

La Seguridad Nacional no es ficción, por Noé de la Rubia

EN ESTE PAÍS

NOÉ DE LA RUBIA,

inspector de Policía Nacional, oficial de enlace en Interpol

 

 

Estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis

La Seguridad Nacional no es ficción

Casualidades de la vida, la amable dirección de la revista me propuso esta nueva singladura periodística, al tiempo que se popularizaba la película No mires arriba (Don´t look up) protagonizada por Leonardo di Caprio. Enésima entrega del género cinematográfico basado en el relato de inminentes catástrofes naturales que amenazan con asolar el Planeta Tierra y que acaban resolviéndose sobre la campana desde el otro lado del Atlántico, en un alarde de ingenio más que por sus “precarios” recursos.

Prometo que no la hubiera dando la menor tregua de no recibir tan generosa invitación, aunque también, por qué negarlo, en un intento por amenizar la lectura a aquellos que hubieran tenido oportunidad de verla, ya que básicamente, la película se construye sobre un supuesto de hecho perfectamente contemplado en la Ley.

Con este ardid literario, espero no dar la impresión de estar banalizando la cuestión de fondo, puesto que huelga decirlo, la Seguridad Nacional debe estar entre las prioridades de cualquier país y por ende, regir la actuación de sus gobernantes en todo momento, incluso diría yo, desde antes de llegar a serlo (en la oposición).

Como digo, el film resulta interesante tomarlo como telón de fondo, principalmente por el giro inesperado que da, tras la detección e inmediata comunicación de la amenaza a las autoridades, que mantienen la incertidumbre del espectador desde entonces hasta el mismo final. Ese punto de inflexión se propicia a partir de un truculento incidente en el que se ve envuelto un importante cargo político y que paradójicamente, no solo desvía la atención del Gobierno hacia ese asunto menor, sino que también, arrastra la de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía, hasta el punto de convertir unos inicios ciertamente apocalípticos en una suerte de comedia.

No obstante, aunque director y guionistas se hayan afanado en querernos sorprender y en ocasiones llegar a entretener, también han podido alentarnos los temores a que la realidad pueda superar a la ficción al paso que vamos. De hecho, no creo que se exagere al equiparar, al menos en lo que al hecho desencadenante se refiere, la crisis epidemiológica que padecemos con cualquier guion cinematográfico de este género, aunque todavía estemos muy lejos en todo lo demás.

Por ese motivo, estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis, en el que se preponderara el conocimiento de los expertos en la toma de decisiones, por encima de los que no lo sean con independencia del puesto que ocupen y la legitimidad que las urnas les hayan otorgado.

Por suerte, al menos en nuestro país, gozamos de un contingente funcionarial extraordinariamente competente, perfectamente capaz de hacerlo con las debidas garantías de neutralidad y persecución del interés general, que deben presidir la actuación de la Administración en general, pero más aún en los momentos críticos.

De poco servirá, que en la nueva redacción se hayan incluido “las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad”; o que llegado el momento, gracias al Sistema de Seguridad Nacional que se pretende implantar, desde esos futuribles observatorios, centros y plataformas que lo integrarían, sobre la base de “la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia
científica” se identifique un peligro para la seguridad nacional que active una alerta temprana y se comunique por los canales “especiales” que la Ley prevé hasta llegar al mismo Gobierno o en este caso, al Consejo de Seguridad Nacional como“ órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis”, si entre medias, como ocurre en el celuloide, otros factores o incidentes (truculentos o no), la silencian o tergiversan, impidiendo la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

Por último, como epílogo a esta ingenua aspiración, me gustaría resaltar otra, en este caso no mía sino del Gobierno, en lo relativo a las implicaciones en el sector privado que se derivan del plan que se pretende implantar, como la de salvaguardar la base industrial que garantice el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico, así como la mejora de las capacidades militares mediante “una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España”, lo que nuevamente me recuerda la película y la entrada en escena de un gigante tecnológico que convence al Gobierno para seguir su plan de rescate (por intereses comerciales) desbaratando el propuesto por los expertos. En esta cuestión, difiero totalmente del curso cinematográfico de los hechos puesto que soy un firme defensor de la colaboración público-privada y no tanto de la tendencia legislativa actualmente imperante que la traba e impide el aprovechamiento óptimo de todas posibilidades que presenta.

Concretamente en lo que a mi área de trabajo se refiere, en la que confluyen en perfecta simbiosis, cibercrimen y blanqueo de capitales, se padece especialmente. De nada sirven los denodados esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la buena voluntad y disposición a colaborar de las entidades privadas (entre sí y con nosotros) cuando nos enfrentamos a este tipo de delincuencia en el marco legal actual. Ejemplos como la Ley USA Patriot deberían marcar el camino a futuras reformas legislativas que pretendan dar una respuesta eficaz con medidas concretas para luchar contra esta otra (si me lo permiten) pandemia silenciosa, pero de alcance igualmente planetario y crecimiento exponencial, que arruina impunemente la vida de miles de personas y empresas cada año.

El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El pasado 28 de diciembre el Gobierno aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN21), que sustituye a la que estaba en vigor del año 2017 (ESN17). La irrupción de la pandemia de Covid-19 y el escenario internacional marcado por esta ha llevado al Ejecutivo a aprobar esta actualización con unos meses de adelanto, ya que habitualmente se realiza cada
cinco años.

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@capa_carlos

La aprobación del Gobierno, de acuerdo con la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, estuvo precedida del informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional reunido el 18 de noviembre de 2021.

Aunque expresa su continuidad con las tres Estrategias de Seguridad Nacional anteriores, una importante novedad respecto a la anterior ha sido la participación de la Comunidades y Ciudades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.

El documento está estructurado en cinco capítulos, el primero de los cuales se refiere a las amenazas que suponen la tensión estratégica y regional y a su posible derivada en un conflicto bélico.

 

La desinformación

En líneas generales, el texto recoge los mismos peligros que se fijaban en el texto anterior, aunque se han introducido destacables novedades. Por ejemplo. se ha elevado a nivel de amenaza las «campañas de desinformación» o la posibilidad de otra pandemia. Además, esta nueva ley recoge la necesidad de crear un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, previsión en la que seguramente ha tenido que ver la crisis migratoria sufrida por las dos ciudades autónomas en la primavera de 2021 y que erosionó gravemente las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 recoge por primera vez «las campañas de desinformación» como uno de los dieciséis riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. Además, plantea «iniciativas necesarias, como, por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial.

Aunque ningún país en concreto está mencionado en el documento, si se intuye en el apartado referido a la «Tensión estratégica y regional» que la tensión militar Marruecos y Argelia, en la que siempre está presente el ‘statu quo’ del Sáhara Occidental, cuya potencia administradora sigue siendo España, y que después de casi 50 años de la salida de la antigua colonia no parece que su situación tenga fácil solución.

Como novedad de esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional se agrupan riesgos y amenazas en el mismo apartado, estableciendo un nuevo modelo.

El documento constata los efectos que en el contexto internacional ha tenido la pandemia, señalando una «una etapa de transición», y considera que el Covid-19 entraña un factor de aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad.

También, por primera vez, una Estrategia de Seguridad Nacional no hace referencia a la banda terrorista ETA. Aunque la organización criminal anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011, el anterior documento de Seguridad Nacional de 2017 sí hacía mención a la banda considerando que, a pesar de no ser ya una amenaza relevante, era necesaria la defensa la memoria de las víctimas y las investigaciones hasta las últimas consecuencias de todos los actos criminales de ETA. Estas consideraciones no figuran en el documento de 2021.

 

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 INCLUYE POR PRIMERA VEZ ‘LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN’ COMO UNO DE LOS DIECISÉIS RIESGOS Y AMENAZAS

 

Las referencias al terrorismo se centran ahora en el yihadismo y sus posibles amenazas a los intereses españoles, individuales o colectivos, que puedan provenir especialmente del Sahel o de individuos radicalizados nacidos o criados en España u otros países occidentales. En este sentido la Estrategia de Seguridad Nacional pone el foco en el riesgo de radicalización que puede producirse entre internos de las prisiones españolas.

 

Nuevas amenazas

Una, y en cierta medida polémica, inserción en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 son las llamadas “fake news” o bulos. Para el Gobierno son preocupantes las llamadas campañas de desinformación por su capacidad de “generar confusión y socavar la cohesión social” lo que puede suponer una grave amenaza para los procesos electorales o la posible influencia en ellos de otras naciones o agentes internacionales.

Las redes 5G también son para la ESN2021 un riesgo en cuanto a la vulnerabilidad y el peligro de ciberataques que afecten a las llamadas redes inteligentes.

Otra novedad es la alerta sobre la generalización del uso de drones que para los expertos pueden poner en riesgo la seguridad aérea e incluso provocar la inutilización de infraestructuras críticas como los aeropuertos o centrales energéticas.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 da un especial valor a la “alerta temprana” que permita a las autoridades tomar medidas eficientes y para ello también recomienda incluir un término al que nos hemos acostumbrado durante esta larga y cambiante pandemia: cogobernanza. En este sentido se da paso a la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos que son de su competencia, como es la sanidad.

 

CONSIDERA QUE EL COVID-19 ENTRAÑA UN FACTOR DE ACELERACIÓN DE LAS PRINCIPALES DINÁMICAS GLOBALES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD

 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contiene como novedad una carta a modo de introducción del presidente del Gobierno. En esta Pedro Sánchez señala como ejes del documento continuidad y cambio.

Dice el presidente del Ejecutivo que es de continuidad, “por el compromiso que significa la cuarta estrategia de esta naturaleza en la historia democrática de España. La seguridad de España y su ciudadanía es una de las más altas responsabilidades del Gobierno. La presente Estrategia recoge la herencia de sus antecesoras y hace suya la visión integral de la Seguridad Nacional, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

También se refiere al cambio, identificando la situación actual y el insoslayable golpe de la pandemia como” una ventana de oportunidad”, considerando que la transformación en un contexto de incertidumbre requiere de una visión estratégica, “donde la seguridad se concibe como una condición necesaria para la recuperación económica y la cohesión social”. Para el presidente del Gobierno la Estrategia de Seguridad Nacional tiene en cuenta el camino a “la innovación tecnológica y la transición ecológica; hacia una España moderna con visión de futuro, llena de oportunidades de progreso”.

Capacidad creíble y efectiva

El Departamento de Seguridad Nacional dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros ha sido el encargado de elaborar este documento de 75 páginas, que describe 16 riesgos y amenazas. En él se mantiene que España requiere de una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional.

Fragilidad en la cadena de suministros

La experiencia acumulada por la pandemia del Covid-19 ha tenido reflejo en el documento estratégico, que reconoce el riesgo de la fragilidad de la cadena de suministros, así como la falta de capacidad decisora de organismos y autoridades internacionales, que resultaron incapaces de organizar un sistema efectivo para la producción y distribución de material sanitario.

Para saber más

a Estrategia de Seguridad Nacional 2021 puede descargarse aquí
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Se pueden encontrar todas las anteriores estrategias, así como referencias al Departamento de Seguridad Nacional aquí
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El Departamento de Seguridad Nacional tiene un sitio web al que se puede acceder aquí
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Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica

EN ESTE PAÍS

De izquierda a derecha: acto inaugural a cargo del director de la Cátedra, el notario Manuel González-Meneses, y del vicedecano de Ia Facultad de Derecho ICADE, José Luis Rey.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La sala de conferencias de ICADE-Comillas en Madrid acogió en febrero unas jornadas organizadas por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado con el título Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica. Del Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020 a la propuesta de eIDAS2.

TRAS LA APERTURA por José Luis Rey, vicedecano de Investigación de Ia Facultad de Derecho ICADE, el director de la Cátedra, el notario Manuel González- Meneses, llamó la atención sobre la evolución que ha llevado desde la aparición de los prestadores de servicios de certificación en relación con firmas electrónicas basadas en criptografía de doble clave en el Real Decreto-ley y en la Directiva de firma electrónica del año 1999, a una paulatina ampliación del catálogo de servicios electrónicos de confianza objeto de reconocimiento y regulación, así como a un fortalecimiento de sus efectos jurídicos, en particular en su modalidad de servicios «cualificados», en especial con la última redacción que el artículo 326 de la LEC ha recibido por la Ley 6/2020.

A continuación, Ignacio Alamillo, director General de Astrea, habló del estatuto jurídico general de los prestadores de servicios de confianza, resaltando el esfuerzo de armonización de la regulación llevado a cabo por el legislador europeo con la pretensión de conseguir la unidad del mercado interior. También señalo cómo algunos de estos servicios de confianza dan lugar a productos de carácter específico, que no tienen equivalente jurídico en el mundo no electrónico; y advirtió de los límites de la seguridad aportada por sí sola por la tecnología.

Garantizar la seguridad jurídica. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre el mercado de los servicios electrónicos de confianza, en la que participaron Diego Hernández, director de sistemas de información de FNM; Alfonso Carcasona, CEO de AC Camerfirma; María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Logalty; Alfonso Fernández, director de identidad digital y firma de SIA (Indra); Santiago Casas, CEO de Validated ID, y Segismundo Álvarez, notario (moderador).

Una idea recurrente fue la pretensión de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo frente a los modelos más laxos propios del ámbito anglosajón, así como la evolución de un simple servicio de certificación a la oferta de soluciones integradas para la contratación electrónica.

En una segunda mesa redonda, sobre El significado y valor jurídico de los servicios electrónicos de confianza (en la que participaron Antonio Merchán, profesor de Derecho internacional privado; los abogados Alonso Hurtado y France Vidal, Manuel González-Meneses, y Miguel Martínez, profesor de Derecho Mercantil de ICADE, como moderador) se analizaron cuestiones relacionadas con el valor jurídico, en especial procesal y probatorio, de estos servicios.

Cuestiones como las dudas sobre la constitucionalidad de la norma de inversión de la carga de la prueba sobre la parte que impugna la autenticidad, integridad o fecha de un documento electrónico respecto del cual se ha prestado un servicios de confianza por un prestador incluido en la lista de prestadores cualificados (lo que fue calificado como la imposición de una probatio diabolica), en especial tratándose de consumidores (al respecto, Hurtado alertó sobre la posibilidad de reclamaciones masivas); así como el problema de las personas con capacidad disminuida por la edad o la enfermedad como posibles titulares de certificados y dispositivos de firma electrónica. Merchán habló de «capacidad digital» y González-Meneses de la carga de «autotutela criptográfica» que imponen sobre sus usuarios estos instrumentos de
firma basados en criptografía.

 

UNA IDEA RECURRENTE FUE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO FRENTE A LOS MODELOS MÁS LAXOS PROPIOS DEL ÁMBITO ANGLOSAJÓN

 

En el bloque dedicado a los nuevos planteamientos en materia de firma, Antonio Merchán; Rubén Morales, director técnico de identidad digital y firma de SIA (Indra); Miguel Ángel Bernal, profesor de Derecho administrativo; Segismundo Álvarez, notario; Enric Hernández; responsable del área de certificación y seguridad de Ancert, y José Carmelo Llopis, notario (moderador) trataron sobre los problemas de usabilidad propios de los sistemas de firma por medio de tarjetas físicas y su superación mediante el modelo de firma centralizada o en la nube y con el teléfono móvil, así como de la nueva posibilidad de identificación en remoto de los solicitantes de certificados. También se aludió a los nuevos sellos electrónicos de personas jurídicas, susceptibles de aplicación no personal y automatizada; así como a las dificultades para compatibilizar el régimen de los poderes de representación jurídica con el instrumento de la firma electrónica. Al problema que suscita la parametrización de las facultades de representación se refirieron Carmelo Llopis y Segismundo Álvarez.

En la sesión dedicada a la identidad digital, Llaneza hizo alusión a las incertidumbres a las que se enfrentan los expertos que participan en la elaboración de las normas técnicas de desarrollo de eIDAS2 en cuanto a las posibles fuentes de acreditación de los atributos que podrán gestionarse mediante los futuros wallets de identidad digital.

A continuación, en una mesa sobre proyectos de identidad digital, María Parga, presidenta de honor de Alastria; Carlos Pastor, líder de identidad digital de Alastria; Iván Basart, CTO de Validated ID; Carmine Auletta, CIO de Inforcert SpA, y González-Meneses, como moderador, expusieron varios proyectos relacionados con el concepto de identidad digital autosoberana.

Tras las intervenciones de ingenieros y tecnólogos, el notario Javier González y el catedrático de filosofía del Derecho Rafael de Asís disertaron sobre el concepto de identidad y la problemática de su traslación al ámbito digital, a lo que siguió un coloquio en el que llegaron a suscitarse cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos de la personalidad en el metaverso.

En el último bloque, el dedicado a otros servicios de confianza, participaron José María Anguiano; José Carmelo Llopis; Igor Marcolongo Chief business Compliance Officer de Inforcert SpA; Alfredo Muñoz, y Pedro Garrido, notario
(moderador).

Llopis se ocupó del archivo duradero de documentos electrónicos, con una referencia a los problemas que planteará la conservación del futuro protocolo electrónico; Marcolongo aludió a la necesidad de adaptación a las distintas culturas jurídicas locales; Anguiano criticó la pretensión de monopolio de la notificación certificada por parte de la Sociedad Estatal de Correos y aludió a la problemática suscitada por la dirección electrónica habilitada; y por último, Muñoz hizo referencia al nuevo servicio de ledgers electrónicos y a posibles aplicaciones de la tecnología blockchain en el ámbito del derecho societario.

En el cierre de las jornadas el director de la Cátedra recordó que los notarios nacieron de la sociedad, por las necesidades de seguridad del mercado y porque dominaban esa tecnología de la información disruptiva en su tiempo como era la escritura en tinta sobre papel. Hoy, en el medio digital, la seguridad jurídica debe apoyarse necesariamente en unos medios de seguridad electrónicos que aportan precisamente las empresas tecnológicas, y tiene sentido que estos medios, por razones de seguridad del tráfico, vean reconocidos unos específicos efectos jurídicos. No obstante,  concluyó– el reconocimiento de estos efectos jurídicos no debería chocar con valores y principios básicos de nuestro sistema jurídico –como la tutela judicial efectiva–, ni llevar a prescindir de esa seguridad más completa que para aquellos ámbitos más delicados del tráfico jurídico ha aportado y  debe seguir aportando el documento notarial. |EP|

Contra el circo del odio, por Esther Paniagua

LA @

ESTHER PANIAGUA, periodista y autora especializada en tecnología

 

En muchos casos, el linchamiento público viene de grupos organizados de usuarios que actúan como trols

Contra el circo del odio

«Cómete un murciélago y muere, perra». Es uno de los mensajes de odio que la viróloga Danielle Anderson recibió tras escribir una crítica de un artículo que sugería que el SARS-CoV -2 podría haber salido de un laboratorio en China. No es, ni mucho menos, la única: alrededor de un 70% de investigadores que durante la pandemia han aparecido en medios de comunicación o en redes sociales ha experimentado consecuencias negativas: acoso online, amenazas de muerte e incluso ataques físicos. Es la conclusión de una encuesta de la revista Nature.

La historia no acaba ahí: muchas reacciones de odio tienen efectos psicológicos como angustia emocional o psicológica. El impacto llega hasta el punto de llevarles a rechazar nuevas intervenciones en medios o de abandonar las redes sociales. Autocensura o, directamente, abandono del debate público cuando más se les necesita. Es algo que no podemos permitirnos.

La exposición pública siempre conlleva, mal que nos pese, cierto riesgo de ataque, que ha aumentado en la era conectada. En un momento en el que la ciencia ha tomado más protagonismo en el debate público, sus representantes tienen más visibilidad en los medios y, por tanto, están más expuestos. También sienten la responsabilidad de comunicar y de colaborar con los periodistas en la verificación de hechos para refutar bulos y contrarrestar la otra pandemia: la de la desinformación.

Es una labor imprescindible y menospreciada. También se politiza, y se usa como arma de guerra entre bandos. En redes sociales, son víctimas del etiquetado rápido y el escarnio. En muchos casos, el linchamiento público viene de grupos organizados de usuarios que actúan como trols: antivacunas, conspiracionistas o partidarios de uno u otro líder o partido político. Les bombardean con amenazas e intentan desacreditarles, difamarles o amedrentarles.

La bilis sale en las redes y parece que no hay nada ni nadie que la pare. Ni siquiera quienes tienen el mando. Varios científicos consultados por Nature enviaron ejemplos a Twitter de los tuits abusivos que estaban recibiendo (incluidas imágenes de cadáveres ahorcados) y la plataforma respondió que estos no violaban sus términos de servicio. Si bien Twitter ha facilitado cierto control a cada persona sobre quién responde a sus mensajes, y cuenta con tecnologías para detectar el lenguaje abusivo, es claramente insuficiente. Además, sus sistemas automatizados son fáciles de evadir.

De Facebook (Meta) ya ni hablamos: la empresa reconoce que «solo puede actuar en menos del 5% de los casos de odio y menos de un 1% de los casos de violencia e incitación a la violencia» que se dan en la plataforma, según documentos internos filtrados por la confidente Francis Haugen. En ellos se advierte: «La desinformación, la toxicidad, y el contenido violento son extraordinariamente prevalentes entre los contenidos que se vuelven a compartir” (los ‘reshares’).

El impacto va mucho más allá del mundo académico. “Tenemos evidencia proveniente de múltiples fuentes de que el discurso de odio, el discurso político divisivo y la desinformación en todas las aplicaciones de Facebook están afectando a sociedades de todo el mundo», dice otro de los documentos filtrados. En efecto, el diseño de estas plataformas amplifica el discurso de odio. Están pensadas para enganchar y recompensan lo viral, pero además permiten el anonimato: el cóctel perfecto. Mucha gente se refugia en esa anonimidad online para decir y hacer cosas que normalmente no haría sin tener que rendir cuentas por ello. Ello se asocia a una proliferación online del comportamiento antisocial y de la violencia gratuita.

Como bien dijo Haugen, los gigantes de internet “están pagando sus ganancias con nuestra seguridad”, anteponiéndolas al bienestar de las personas. Ello es inadmisible, y requiere de una respuesta contundente. El «yo lo paro y no paso» es necesario pero no suficiente. La solución no puede ser, como hasta ahora, poner toda la carga en el lado de los usuarios: desde tratar de ignorar el acoso hasta filtrar y bloquear a los trols o denunciarlos. Es un trabajo inasumible si cada día recibes decenas de amenazas de muerte.

¿Qué hacer? En primer lugar, hay que cambiar los incentivos y forzar al cambio del modelo de negocio de las grandes tecnológicas. Una forma de hacerlo es prohibir la publicidad personalizada y el comercio de datos personales. Es algo que exigen voces como Shoshana Zuboff o Carissa Véliz, y yo misma en Error 404. Un modelo económico legítimo no puede sustentarse en la violación de derechos humanos. En el pasado, economías enteras se basaban en el tráfico de esclavos y eso no fue una razón para no abolir la esclavitud.

También es vital penalizar el diseño adictivo de las aplicaciones. Lo anterior ayudaría, pero no es suficiente, porque incluso si el modelo de negocio cambia pueden seguir teniendo interés en mantener en ellas a las personas la mayor cantidad de tiempo posible, a toda costa.

Hay otras acciones prioritarias, como permitir de forma efectiva y sencilla la portabilidad de datos, contenido y contactos de una plataforma a otra; o como obligar a las grandes empresas digitales a contar con un número suficiente de humanos para responder de forma efectiva a las denuncias de abuso y centralizar dichas denuncias.

Todo esto no será posible desde un solo país. Requiere de una institución supranacional que lo gobierne. Pero además necesitamos poner a la educación en su sitio, especialmente en civismo, ruptura de estereotipos y alfabetización digital. No podemos obviar que buena parte del problema reside en sus deficiencias. Abordarlas fortalecerá cualquier sociedad, no solo en lo digital. Como dijo Confucio: «La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz».

La metetrampa del metaverso

Científicos amenazados

LA @

Científicos amenazados

Los tiempos en que se castigaba con la hoguera a la gente de ciencia pasaron, pero siglos después, aún reviven rescoldos de esa ignorancia tan nociva. Lo hacen en uno de los mayores avances tecnológicos: internet. Científicos que han ayudado a entender la pandemia han sido atacados por grupos de conspiranoicos hasta el punto que han tenido que suprimir o reducir sus apariciones públicas. ¿Quién se esconde detrás de ellos?
GABRIEL CRUZ

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@Gabrielcruztv

“El sueño de la razón produce monstruos” nos advertía Goya en uno de sus grabados sobre el peligro de la ignorancia. Dos siglos después la seguimos sufriendo. Los conspiranoicos han encontrado en el covid-19 su particular peste medieval y en internet el espacio donde propagar los ataques. Si no, ¿cómo explicar las amenazas de muerte a Christian Drosten, virólogo alemán que asesoraba a la canciller Merkel contra la pandemia , algo así como el Fernando Simón alemán? Mientras en Bélgica, Jürgen Conings, un exmilitar, aseguraba que mataría a Marc Van Ranst, virólogo de referencia en su país que tuvo que estar escondido junto a familia durante tres semanas . ¿Era una fanfarronada? No, Conings era instructor militar de tiro y estuvo fugado con un lanzador de cohetes y una ametralladora. Un mes después le localizaron en un bosque: se había suicidado.

No son casos excepcionales. Un artículo de la revista Nature realizó una encuesta a 321 científicos que habían hablado públicamente sobre la covid-19. Señaló que el 60 % recibió algún tipo de amenaza de las que un 15% eran de muerte y un 22% de agresiones físicas o sexuales. El resultado era de esperar: dos terceras partes de los que las sufrieron redujeron sus apariciones públicas.

Españoles amenazados

Los investigadores del estudio de “Nature” eran de Australia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda. De científicos españoles no se recogieron datos. Por eso contactamos con uno de los que más ha aparecido en los medios durante la pandemia: José Antonio López, virólogo, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Confiesa que ha recibido “multitud de insultos de negacionistas y antivacunas pero últimamente también de algún pseudoexperto catastrofista”. “JAL” como se le conoce en todos los medios en los que hace difusión científica, se queja de que “mientras los que te atacan utilizan apodos nosotros, los que divulgamos, vamos a cara descubierta. Saben donde trabajamos, donde vivimos, etc.” Le percibo hastiado pero aguanta: “Por el momento, no pienso dejarlo seguiré humildemente trabajando como virólogo y como divulgador científico, labor en la que llevo desde hace más de treinta años”.

 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, VIRÓLOGO, INVESTIGADOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, CONFIESA QUE HA RECIBIDO MULTITUD DE INSULTOS EN LA RED

 

Hay muchos más casos. Por ejemplo Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de universidad, asegura “me han amenazado con matarme, que si era un mataviejas… incluso han modificado mi entrada en Wikipedia escribiendo que he sido juzgado por pedofilia”. En el caso de Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, además de los ataques por la red le increparon en la calle al grito de “asesino”, incluso se encontró con una pintada que decía: «AMOS TU ERES EL COBI». A lo que él respondió con este tuit irónico: “(…) Por la ortografía no se si me asocian a la enfermedad de la Covid-19 o me mimetizan con la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona”. Al doctor César Carballo, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, le dijeron “vigile su espalda» o “probáis veneno en la gente». Lo que más le preocupó fue descubrir que las búsquedas en Google más numerosas sobre él fueran “César Carballo mujer” y “César Carballo hijos”, entonces fue cuando decidió denunciar las amenazas judicialmente.

Tras los ataques

Para saberlo hay que sumergirse a gran profundidad en redes sociales. Mari Luz Congosto es ingeniera informática, pero, para nuestro caso, es una “buceadora de datos”, profesora honorífica en la Universidad Carlos III y de visualización de datos en la Universidad de Madrid U-TAD.

 

A ALFREDO CORELL, INMUNÓLOGO Y CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, HAN AMENAZADO CON MATARLE Y AL DOCTOR CÉSAR CARBALLO LE DIJERON ‘VIGILE SU ESPALDA’

 

Rápidamente nos da dos claves: “Todo lo que veamos acompañados de la palabra “por la verdad” suele ser bastante mentira y en redes sociales suele haber más ruido que realidad”. Respecto a lo primero, nos encontramos movimientos conspiranoicos como “médicos por la verdad”, “psicólogos por la verdad” entre otros muchos. Ella tampoco se ha librado de los insultos en redes. Tras analizar unos 6.000 perfiles en Twitter señala que “están muy bien organizados internacionalmente, con conexiones en Perú, Argentina, España y sobre todo en Alemania”. Desvela que algunos de sus miembros son médicos que consideran que no existe una pandemia. “Son muy agresivos porque para ellos sus ideas, aunque no lo admitan, son como una religión. Por tanto, no hay cabida al razonamiento, señala.

Respecto a cuanta gente puede estar detrás de estos movimientos, Congosto afirma que “hay grupos con canales de Telegram con hasta cien mil seguidores. Detrás de los cuales puede haber desde individuos conspiranoicos a grupos de presión a favor de la homeopatía”.

Una de sus investigaciones era saber si existían conexiones entre conspiranoicos y grupos políticos porque entonces –señala- “tendríamos un grave problema. El caso es que no detecté grandes relaciones. Sí que descubrí algún miembro de extrema derecha con simpatías hacia posturas antivacunas pero precisamente también encontré coincidencias en posturas independentistas. Es decir, los extremos conectan muy bien, porque ambos no quieren estabilidad”. Entre los casos que investigó se encontraba el perfil de Twitter del denominado “doctor Papaya”, que aseguraba falsamente ser parasitólogo. Se trataba de un negacionista de la pandemia con nueve mil seguidores. Finalmente fue detenido en 2020 Zaragoza por incitar al odio y violencia contra los políticos y sanitarios en redes sociales. “Cuando conté las conexiones de este negacionista me atacaron muchísimo. La cuestión es que siempre ha habido conspiranoicos en las redes sociales, pero a raíz del covid-19 ha sido su oportunidad de hablar sobre el mismo tema y por eso se han hecho tan visibles”, señala Congosto. No como antes que cada uno tenía su propia conspiración y el efecto quedaba disperso entre todas. Era un “cada loco con su tema” pero como advierte Casar Carballo: “a John Lennon lo mató un hombre desequilibrado mentalmente».

A quien seguir

Mariluz Congosto @congosto
Experta en redes. Sigue los hilos que le sugieren los propios internautas y que ella indaga.

@SoyMmadrigal
Marcelino Madrigal, experto informático en análisis de redes sociales, lucha contra la desinformación y conspiranoicos de todo tipo.

@cescept
Círculo Escéptico Asociación, sin ánimo de lucro, para la promoción del pensamiento racional y crítico.

Ni es sólo covid ni es sólo de ahora
Los ataques a divulgadores científicos han existido desde hace años. Lo sabe bien Miguel Mulet, catedrático en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Desmonta con argumentos científicos falsos mitos relacionados con la comida sana. Así en 2015 tuvo que suspender una charla en la Universidad de Córdoba (Argentina) por defender que los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud. “Al comprobarse que las amenazas eran plausibles pues eran de personas totalmente identificables. Me decían que “me hacía falta plomo en la cabeza” así que me pusieron dos guardaespaldas”, nos señala Miguel. “Ahora son los antivacunas los que me insultan. Lo que hago es bloquear sus mensajes y listo. No me caliento la cabeza. Es el problema de las redes. La gente puede decir lo que quiera porque no hay filtros. Pero yo tengo un trabajo que me gusta y procuro no dedicarle a esto mucho tiempo”.
Estudio de Nature
Con el titular Ojalá te mueras (I hope you die). El estudio de la revista científica publicado en octubre de 2021 dio luz al acoso que en silencio sufrían algunos científicos por hablar sobre el covid-19.
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Mayores offline

LA @

Mayores ‘OFFLINE’

Internet se ha convertido en la llave más rápida para las gestiones del día a día: hacer una inscripción, pedir una cita, consultar el saldo de la cuenta bancaria o presentar la declaración de la renta. El mundo aplaude la comodidad de no hacer colas y poder solucionar los trámites desde el salón de casa. Pero hay un sector que asiste, impotente, al proceso. Los mayores se quedan fuera de juego.

GABRIEL CRUZ

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@Gabrielcruztv

Soy mayor, pero no idiota. La frase se ha convertido en un grito de guerra. Lo lanza Carlos San Juan, médico jubilado de 78 años. Asegura haber llegado a sentirse humillado al pedir ayuda en un banco y que le hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. Lanzó su queja en la plataforma change.org y en apenas un par de semanas había conseguido más de 500.000 firmas respaldándole. Conscientes de las dificultades de algunas personas con la digitalización, los bancos están poniendo medidas encima de la mesa para facilitar su adaptación progresiva a las nuevas posibilidades que ofrece la diversidad de canales bancarios. Estas se suman a las múltiples iniciativas que ya están en marcha para facilitar la accesibilidad de los mayores a los servicios bancarios tanto en la red de oficinas como vía online. Y es que solo el 6,5% de los mayores de 65 años cuenta con habilidades avanzadas a la hora de utilizar internet, según datos de Eurostat. Leonor, con 72 años y ajena a redes sociales y procedimientos tecnológicos, entiende muy bien a Carlos: «me han llegado a cobrar seis euros al mes por pagar la comunidad del edificio en el que vivo en ventanilla. Me insistían en que tenía que domiciliarlo yo a través de la web, pero era incapaz. Hasta que no lo ha hecho mi hija por mí, no me ha quedado más remedio que pagar. También necesito su ayuda para hacer transferencias o coger cita para algunos trámites». Y es que los bancos son solo a punta del iceberg

 

ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DE LA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA SE SOLUCIONA A TRAVÉS DE INTERNET

 

Comunicando. Actualmente la mayor parte de la burocracia administrativa se soluciona a través de internet. La pandemia ha venido a reducir la presencialidad y las pocas cosas que se pueden hacer en persona también necesitan que la cita se solicite online. Trámites obligatorios, como presentar la declaración de Hacienda, se convierten en un auténtico suplicio para los más mayores. «Soy viuda y no tengo hijos», apunta Toñi López, 79 años, «en mi casa no hay ordenadores así que el año pasado fui varias veces a pedir cita para hacer mi declaración a una de las oficinas. Cada vez que iba me insistían en que tenía que hacerlo online. ¡Pero si yo no tengo ordenador! Les decía, pero ni caso. ¿Por teléfono? pero es que no lo cogen nunca.» La solución vino de la mano de uno de sus sobrinos, pero a ella no le parece justo que tenga que depender de nadie. Estos mayores tampoco se benefician del ahorro de tiempo y la comodidad que supone poder hacer las cosas desde casa: pedir cita en el médico, hacer la compra o sacar las entradas del cine. «Entiendo que todos estos avances son imparables, pero yo no puedo seguirlos. ¿No podrían explicarnos fácilmente cómo hacerlo? Pero una persona, no una máquina, que es lo que encuentro habitualmente», dice Josefa García, 80 años. Los mayores de 65 años ya eran el 20% de la población de España en enero de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra seguirá creciendo y la brecha, también.

Mayores rurales. El pequeño pueblo de Tamajón, en Guadalajara, lucha por mantener vivo su cajero. Se estropeó el pasado diciembre y la entidad bancaria que lo sostiene no planea repararlo. A partir de ahora su centenar de habitantes tendrán que desplazarse al menos 20 km, simplemente, para sacar dinero. Muchos de sus mayores ya no conducen y no tienen a nadie cerca que les pueda llevar. El problema se extiende por toda España. Según datos publicados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), desde el año 2008 hasta 2021 ha descendido un 54,2% el número de oficinas bancarias y han desaparecido un 22,1% de los cajeros automáticos. La sociedad más comunicada de la historia deja aislados a los que no siguen el ritmo. ¿Cómo integrar a los mayores de 65 años en la revolución digital? «A mí tratan de enseñarme mis nietos», dice Leonor. Mientras tanto exigen que haya otras alternativas. Y su grito cada vez es más fuerte. |EP|

Notarios de ‘pueblo’

En la mayoría de los pueblos de España hay una notaría. Y en caso de no haberla en el suyo seguro que tendrá una muy cerca, porque hay casi 3.000 notarios repartidos por toda la geografía española. Lo habitual es que sean los interesados los que se desplacen al despacho notarial para hacer consultas o para la elaboración y firma de los documentos, pero, si es necesario, el notario también puede acercarse hasta el domicilio de los más mayores cuando hay problemas de movilidad o desplazamiento. En la época virtual, la cercanía también marca la diferencia en el servicio. Si quiere localizar al notario más cercano, tiene un buscador en www.notariado.org.

Notarios de ‘pueblo’

@EdadyVida es la fundación para la mejora y promoción de la calidad de vida de las personas mayores.

@65ymuchomas es el primer diario online para mayores. Cuenta con el asesoramiento de sus asociaciones más representativas.

@Jubilares es la asociación que promueve una mejora del entorno físico y social para el envejecimiento activo y con autonomía.

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.
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“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial, por Alberto Martínez Lacambra

EN EL ESCAPARATE

Alberto Martinez Lacambra

Alberto Martínez Lacambra,

Director General de Red.es

 

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial

En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.

La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.

España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.

Un “Plan Marshall”

Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.

Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.

De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.

Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.

De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.

El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.

Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.

El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.

El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:

  • Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
  • Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
  • Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €

El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.

Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.

Aligerar la carga administrativa

A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.

Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.

Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.

La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.

También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.

La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites

El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.

Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.

Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.

Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.

La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.

El kit digital para pymes y autónomos

EN EL ESCAPARATE

EL ‘KIT’ DIGITAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

«Acelera pyme», iniciativa desarrollada por la entidad Red.es, cuenta con una red de oficinas físicas, desplegadas por toda España para atender la demanda.

Los fondos del Next Generation EU pretenden, entre otras cuestiones, impulsar la modernización del sector empresarial. En España hemos puesto en marcha el programa «Kit Digital»: una iniciativa del Gobierno dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que de la mano de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aspira en los próximos tres años a promover la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas, microempresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

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Renovarse o morir. La célebre expresión atribuida a Miguel de Unamuno en alusión a su particular receta para alcanzar el anhelado progreso económico en su época, viene de nuevo a colación para expresar la necesidad de modernizar el tejido empresarial español. Especialmente en lo relativo a la digitalización de pymes y autónomos. Una constelación de microempresas que, con cifras prepandemia de 2019, suponía nada menos que el 99,8% de las empresas y ocho millones de empleos, a los que hay que añadir un total de 3,2 millones de trabajadores autónomos.

Unas cifras que, sin duda, despejan cualquier atisbo de vacilación en relación con la indiscutible relevancia de este universo empresarial patrio. Lo que evidencia que, a pesar de su reducido tamaño individual, deben ser tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento competitivo de nuestro país en el actual entorno económico global.

Tanto es así que el Gobierno español ha puesto en marcha el programa ‘Kit Digital’. Una iniciativa, presentada en noviembre pasado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aspira en los próximos tres años – bajo la dirección de Red.es- a fomentar la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

 

ESTA INICIATIVA ESTÁ DOTADA DE UN PRESUPUESTO DE 3.067 MILLONES DE EUROS EN EL PERÍODO 2021-2023, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

 

Los posibles beneficiarios pueden contar si lo desean con el asesoramiento de los denominados «agentes facilitadores».

 

Modernización empresarial

La promoción de la modernización del tejido empresarial es uno de los mantras tatuado a fuego en la mente de los gestores de nuestra economía. Y es, precisamente, en este campo de cultivo en el que se ha sembrado, y esperemos que germine con éxito, una iniciativa que promete transformar el panorama económico español durante los próximos años.

Un cambio radical que reduzca, de una vez por todas, la pertinaz diferencia en materia de competitividad que nos separa de nuestros pares entre los denominados países de nuestro entorno.

Precisamente para paliar esta evidente carencia es para lo que este programa pretende canalizar el proceso de transformación tecnológica y prestar soluciones que permitan avanzar en el grado de madurez digital de las pymes y profesionales por cuenta propia.

Para lograrlo, esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 3.067 millones de euros en el período 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Toda una arquitectura administrativa que conforma un armazón de certidumbre en el que, precisamente, cabe destacar la estrecha colaboración requerida por las autoridades tanto de la Cámara de España como del Consejo General del Notariado (CGN).

Un proyecto seguro

Fruto de lo anterior y de cara a consolidar esa necesaria certeza, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, rubricaron a finales del pasado mes de enero un convenio para el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir.

El convenio establece que el CGN podrá suministrar a Red.es información del Índice Único Informatizado, una base de datos que recoge el conjunto de actos celebrados en todas las notarías españolas. Este índice es una herramienta fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

Además, el acuerdo establece las condiciones y procedimientos telemáticos a través de los que el Consejo General del Notariado, en su condición de entidad colaboradora, proporcionará a Red.es información relativa a la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores.

También podrá facilitarse información de los ficheros derivados del índice: la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política, que junto los sistemas de detección de fraude del OCP servirán a Red.es para el control de los agentes digitalizadores y de los beneficiarios de las subvenciones.

Pasos previos

La primera convocatoria del programa se pondrá en marcha en el mes de marzo. Dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de euros y su objetivo es repartirlos entre pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. La idea es que puedan optar a un bono digital por un montante de 12.000 euros, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

Previamente, los interesados tendrán que registrarse en la página oficial www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico de madurez digital además de comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria. Este test es una herramienta que permite conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de madurez digital de la empresa e identifica en qué ámbitos enfocar el proceso de transformación digital de su negocio. Su resultado no es vinculante, es decir, de él no depende la concesión del bono digital ni la cuantía del mismo, y sirve para obtener una foto inicial que permita conocer la evolución al final de la implantación del servicio.

Una vez realizado este autodiagnóstico, la empresa o autónomo tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. Puede hacerlo por sí mismo o bien a través de un representante voluntario. El programa Kit Digital ha sido diseñado con el fin de facilitar al máximo el proceso de solicitud y concesión de ayudas, siempre cumpliendo todas las garantías, por ejemplo, reduciendo los trámites, robotizando el proceso para minimizar el número de documentos que hay que presentar o creando la figura del representante voluntario. Este representante puede ser una persona física, jurídica, una asociación o incluso el propio agente digitalizador que, en nombre del interesado o beneficiario, solicita y tramita la ayuda.

 

LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA YA ESTÁ EN MARCHA. DISPONE DE UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE EUROS

 

Las ayudas se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden según se van aprobando. Cuando la empresa o autónomo recibe el bono digital, que no es más que un derecho para contratar soluciones de digitalización por un importe 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 empleados; y 2.000 euros, para las de menos de 3 y ningún empleado, tiene que elegir el agente digitalizador que le prestará el servicio. Y suscribir con ellos un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.

Los interesados en solicitar las ayudas pueden también obtener asesoramiento en la amplia red de Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España. Esta red forma parte del programa Acelera pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes y desarrollada por Red.es y que cuenta con una red de 90 oficinas físicas, que prevén aumentar hasta las 150 en los próximos dos años.

 

El ABC de las ayudas

Entre las condiciones a cumplir por parte de las empresas y autónomos interesados en acceder al programa ‘Kit Digital’, según se recogen en la Orden de bases ETD/1498/2021 publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre, se encuentran, además del hecho de haber cumplimentado el test de nivel de madurez digital comentado más arriba, los siguientes requisitos: no tener la consideración de empresa en crisis; tener la consideración de pequeña empresa o microempresa; estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones; y no superar el límite de ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden de bases.

La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro (el denominado bono digital) del importe de la subvención concedida en favor del agente digitalizador adherido, lo que quiere decir que el beneficiario nunca recibe el importe, sino que el pago de las ayudas se realizará a los agentes digitalizadores una vez justificada y comprobada cada fase de ejecución del servicio (se establece, para cada categoría de solución de digitalización, unos porcentajes diferentes para cada una de las dos fases en las que se fracciona el pago).

 

EL BONO DIGITAL ES CANJEABLE POR LAS SOLUCIONES DIGITALES IDÓNEAS A CADA SITUACIÓN, ELEGIDAS DEL CATÁLOGO DISPONIBLE

 

Oportunidades a la vista

Entre las ventajas de implementar la digitalización en las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia, sin importar su tamaño y volumen de facturación, se encuentran la mejora de la experiencia de compra por parte de los clientes, de la eficiencia y productividad, vía reducción de costes y tiempos, así como una óptima adaptación a los cambios del mercado, sin olvidar la retención y atracción del talento joven.

Tras superar con éxito, desde hace décadas, el estereotipo de otra famosa expresión de Unamuno, en este caso lapidaria, concretada en la alusión al marginal papel histórico desempeñado por la ciencia en España y resumida en el ¡que inventen ellos!, el tren de la modernidad no puede pasar de nuevo de largo. Se antoja, por consiguiente, de vital importancia para el futuro del país que esta vez se aprovechen las ayudas para modernizar el entramado empresarial que conforma la auténtica base de la economía española. Un ecosistema imprescindible para dejar atrás cualquier tópico y cliché relacionado con la asunción de la tecnología como un instrumento imprescindible para el progreso de una sociedad.

Bruselas al rescate
El Next Generation EU es el instrumento inversor de la Unión Europa creado para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Dotado con un total de 750.000 millones de euros: es histórico. Este programa de recuperación supone la asignación a España, entre 2021 y 2026, de 140.000 millones de euros, alrededor 72.000 de ellos a fondo perdido, y se centra en restañar las heridas económicas y sociales provocadas por la pandemia mediante el impulso a largo plazo de objetivos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Habemus plan

Como requisito previo para acceder a las ayudas previstas en el Next Generation EU los diferentes países miembros tuvieron que presentar en su día sus respectivos planes nacionales de desarrollo y gestión de las mismas. En el caso de España, esta función recayó en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido también como ‘España Puede’.

Este documento guía contó con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el trabajo de consultoras de prestigio internacional, las llamadas ‘Big Four’: PwC, KPMG, Deloitte y E&Y, con el objetivo de impulsar a corto plazo la recuperación económica y de apoyar un futuro proceso transformador para apuntalar el potencial crecimiento y la productividad de la economía española.

En resumen, el PRTR cuenta con cuatro objetivos prioritarios, marcados inicialmente desde Bruselas, que están relacionados entre sí y que pretenden, a la postre, lograr una España más igualitaria, cohesionada, digital y verde. Para ello, se propuso aterrizar las inversiones previstas mediante la priorización de los fondos en diez políticas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
III. Transición energética justa e inclusiva.
IV. Administración para el siglo XXI.
V. Modernización y digitalización del
ecosistema empresarial.
VI. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
VII. Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
IX. Impulso de la industria, la cultura y el deporte.
X. Modernización del sistema fiscal.

Este decálogo representa la hoja de ruta para acometer las necesarias reformas e impulsar la modernización del país en sectores clave de la economía como el turismo, la automoción, el agroalimentario, el comercio o la
sanidad, entre otros.

Colaboración notarial

El director de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Martínez Lacambra y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron en febrero un convenio para regular las condiciones de la colaboración en el programa “Kit Digital”, cuyo objetivo es promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, así como contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Con la firma de este convenio, el Consejo General del Notariado colabora en agilizar los trámites de las solicitudes de ayudas del programa “Kit Digital”, proporcionando a Red.es información que le facilite el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir. En concreto, sobre la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores, y para la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.

Durante el encuentro, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, aseguró que “la agilidad de la tramitación y concesión de las ayudas es uno de los objetivos que persigue el programa, para ello se ha trabajado con gran empeño en simplificar la documentación, motivo este que nos lleva hoy a firmar este acuerdo como ejemplo de colaboración público-privada y transformación digital de las administraciones públicas”.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martinez Sanchiz, manifestó su “total colaboración en un tema de innegable interés para España, relacionado con los fondos europeos y, en concreto, con los de Next Generation, que permitirán ayudar a la digitalización de las pequeñas empresas de nuestro país con programas tan comprometidos como el del Kit Digital».

Según el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, Pedro Galindo, “esta colaboración tiene como objetivo evitar el fraude de los intereses de la Unión Europea, para lo cual pondremos a disposición de Red.es la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política”.

Ojo al dato

Programa “Kit Digital” para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre de 2021, Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

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Programa ‘Kit Digital’, impulsado por el Gobierno de España dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que se enmarca dentro del programa Acelera pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

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Kit Digital. Guía rápida para Pymes.

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