El dorado retiro

EL
DORADO
RETIRO

Las pensiones se revalorizarán por el IPC anual

ENTRE MAGNITUDES

Fernando Geijo

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La jubilación es un anhelo que anida en la mente de todo trabajador. Un lugar común en el que generaciones de españoles fantasean imaginando su merecido asueto. El dorado retiro para, por fin, ser dueños de tu propio tiempo. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema que sustenta este derecho, recogido en el artículo 50 de la Constitución, no está del todo asegurada.

No en vano, desde la puesta en marcha del ‘Pacto de Toledo’, una suerte de sanedrín que a modo de comisión parlamentaria analiza y lanza propuestas de mejora desde 1995, los diferentes partidos políticos han tratado de taponar la hemorragia constante que pone en evidencia la proporción entre cotizantes y pensionistas. Una ratio que no para de descender fruto de la combinación del incremento de la longevidad y de la caída de la natalidad, lo que amenaza, por mor del denominado ‘invierno demográfico’, con hacer saltar por los aires su futuro sostenimiento. Ante este panorama, el Gobierno ha aprobado una nueva reforma de las pensiones, pendiente de tramitación parlamentaria, que supone un desarrollo de las anteriores y que, bajo la atenta mirada de Bruselas, pretende aportar soluciones a largo plazo para tratar de reforzar uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de protección social.

Así lo entendieron en su día los diferentes partidos políticos al abandonar la recurrente procrastinación de un asunto, el del mantenimiento del sistema de pensiones, que no admitía más dilación. Fruto de lo anterior se pusieron manos a la obra y aprobaron sendas reformas allá por 2011 y 2013, dirigidas por los Gobiernos encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP), respectivamente.

A tenor de aquellas decisiones se aprobó, entre otras cuestiones, extender el período de cómputo para calcular una pensión contributiva, fijado hasta 2011 en los últimos 15 años cotizados, para incrementarla de forma gradual hasta los 25 años en 2022.

Otra vuelta de tuerca

A finales del pasado verano el Gobierno de coalición aprobó en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Un texto que deja claro en su enunciado sus objetivos y que sienta las bases para acometer cambios en el andamiaje del ecosistema que regula la jubilación que, junto con la aún pendiente reforma laboral, conforman el armazón del edifico que transformará las reglas del juego en que se asentarán las relaciones del entramado económico y del modelo de protección y bienestar social en nuestro país en las próximas décadas.

 


EL GOBIERNO HA APROBADO UNA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES, PENDIENTE DE TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

 

Un sinuoso sendero en el que se antoja fundamental apostar por el diálogo entre las partes, de cara a culminar su entrada en vigor en 2022. No en vano, la Unión Europea ‘vigilará’ que los cambios comprometidos se acometen a tiempo, antes de proceder a liberar nuevos fondos para estimular la recuperación económica, y que, además, cuenten con el consenso de los agentes sociales. Es decir, la triada integrada por Gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales. Y todo ello antes del próximo 31 de diciembre. El reto es importante, dado que la CEOE se ha descolgado a última hora de dar el sí quiero a la reforma de las pensiones, tras su desacuerdo con el Factor de Equidad Intergeneracional, que sustituye al nonato de sostenibilidad. Asimismo, también alberga serias dudas para apoyar la reforma laboral, otra piedra angular del puzle de transformaciones, junto a la fiscal, por las que clama Bruselas.

 


CADA AÑO TRABAJADO DE MÁS TENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 4%

 

Novedades normativas

La principal implicación de los cambios que se van a aplicar a la regulación de las pensiones, que recupera además el IPC anual como índice de revalorización, supone el alargamiento del cómputo de años a la hora de calcular la cuantía de una pensión contributiva. Así, se llegará en 2022 a la valoración de las bases de cotización de los últimos 25 años. Sin embargo, se lleva tiempo barajando la idea de continuar con esta extensión hasta alcanzar, supuestamente, los 35 años en total, y cumplir con el compromiso exigido por Bruselas de seguir aumentando esta ratio. A día de hoy, no hay nada confirmado y las constantes filtraciones en prensa son desmentidas por fuentes oficiales, al menos hasta que el próximo año se pacte un nuevo calendario de cómputo que honre los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Otra novedad es la ampliación de la edad legal de jubilación, que se ha fijado en los 66 años y dos meses, a partir del próximo 1 de enero, para quienes hayan cotizado menos de 37 años y medio. Mientras que para los que superen esa barrera se mantiene en los 65 años. En este sentido, la edad mínima para acceder al retiro ha subido progresivamente desde 2013 desde esos tradicionales 65 años hasta alcanzar los 67 años a partir de 2027, fecha en que podrán jubilarse con 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y medio.

Por lo que respecta a la jubilación anticipada, también se endurece su acceso al pasar la edad mínima de retiro ordinario a los 64 años y dos meses, cuando antes de la reforma de 2011 se podía acceder a la misma al cumplir 61 años, siempre que se tuviesen 35 años cotizados.

En cualquier caso, todo ello lleva aparejado un sistema de penalizaciones en caso de incumplimientos. En concreto, por cada trimestre cotizado de menos respeto a la nueva edad oficial de jubilación se aplicará un recorte progresivo del 2% de la base reguladora, con menos de 38 años y medio cotizados, o del 1,625%, en caso de superar los 44 años y medio trabajados. Mientras que, a las clases pasivas, los jubilados de las administraciones públicas, se les aplicarán estos mismos parámetros.

Uno de los principales cambios será el alargamiento del cómputo de años a la hora de calcular la cuantía de una pensión contributiva

Asimismo, es posible adelantar hasta en cuatro años la edad de jubilación en caso de encontrarse en paro, haber sido afectado por una reestructuración laboral, por ERE o por otras causas como despidió objetivo o colectivo, entre otras, lo que conllevará penalizaciones de entre el 6% y el 7,5% por año adelantado. En líneas generales, está previsto que se eleven las penalizaciones por adelantar la jubilación con una horquilla que oscilará, en función de las circunstancias, entre un 2,81% y un 21% del cálculo de la pensión.

Por el contrario, se incentiva el retraso de la edad de jubilación al incrementar la prestación a obtener en un 4% por cada año completo de cotización, frente al supuesto anterior en que esta bonificación variaba entre el 2% y el 4%, según el historial de años cotizados.

 


OTRA NOVEDAD ES LA AMPLIACIÓN DE LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN, QUE SE HA FIJADO EN LOS 66I AÑOS Y DOS MESES PARA QUIENES HAYAN COTIZADO MENOS DE 37 AÑOS

 

Ganadores y perdedores

La prolongación del período para calcular la pensión contributiva tiene consecuencias negativas para la mayoría de los empleados con carreras profesionales prolongadas y completas, dado que los primeros años de vida laboral suelen tener salarios más bajos. De hecho, la propia Seguridad Social calculó en su día que esto supondría una rebaja de entre el 4,5% y el 3,9%, mientras que si se llega a los 35 años de cómputo la reducción sería del 6,3%. Sin embargo, los últimos años también se puede sufrir un despido, por lo que la incorporación de factores amortiguadores, como la opción de elegir los años de cotización más beneficiosos para el trabajador o la posibilidad de rellenar las lagunas de cotización, puede, finalmente, suponer un efecto neutro.

Pero el período de años a incluir en el cálculo no es la única variante sobre la que actuar para cuadrar el sudoku de las pensiones, máxime si tenemos en cuenta la inminente llegada al retiro de una generación superpoblada como son los llamados ‘baby boomers’, nacidos entre 1950 y 1970 del siglo pasado.

El aumento de las bases máximas de cotización, el referente para calcular la pensión, es la otra variable añadida en la ecuación de un sistema de pensiones que demandaba a gritos una actualización para asegurar su sostenibilidad y, de paso, apuntalar su contributividad.

Nueva reforma de las pensiones

El proyecto de ley, a debate en el Senado, persigue:

  • La financiación de las pensiones se reforzará con una transferencia anual del Estado a la Seguridad Social, aún por determinar, que complementará los ingresos obtenidos por las cuotas de empresarios y trabajadores y servirá para manejar el déficit de la Seguridad Social, cifrado en el 1,8% del PIB.
  • La actual reforma elimina el factor de sostenibilidad, aprobado por la anterior y que iba a entrar en vigor en 2022, mediante el ajuste de la pensión a la esperanza de vida y lo sustituye por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), previsto en el actual anteproyecto de ley, que se comenzaría a aplicar en 2027 y que todavía no dispone de consenso para su aprobación entre partidos políticos ni agentes sociales.
  • Entre los temas destacados que quedan por abordar quedarían el nuevo sistema de cotización de los autónomos, el período de cómputo de las pensiones y la concreción del aumento de las bases máximas de cotización.

Un vistazo a los vecinos

  • Portugal: Calculan la pensión en función de los ingresos durante la vida laboral y los años cotizados, al tiempo que cuentan con un mecanismo que traslada el aumento de la esperanza de vida tanto al cálculo de la misma como a la edad legal de jubilación.
  • Italia: Tienen en cuenta también la esperanza de vida, así como la mortalidad de la población para calcular la edad de jubilación, al tiempo que calculan el importe de la pensión por las aportaciones de toda la vida laboral actualizadas por la variación nominal quinquenal media del PIB.
  • Alemania: Disponen de un sistema flexible que actualiza la revalorización de las pensiones, así como el importe de las nuevas mediante un ajuste automático en función de los factores demográficos. En esta misma línea, el importe de la pensión tiene en cuenta, mediante un sistema de puntos, no sólo las aportaciones realizadas por el trabajador sino la media del conjunto de los ocupados.
  • Francia: No dispone de un mecanismo automático de ajuste, aunque sí de un sistema que se activa en función de la evolución de una serie de parámetros que afectan a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Ojo al dato

Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones 2021.

No hay vuelta atrás, por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

José Ramón Patterson, periodista

periodista

 

 

El confinamiento ha acelerado la digitalización y en unos meses ha avanzado más que en muchos años

The lockdown has sped up the digital transformation, with greater progress in a few months than in many years

NO HAY VUELTA ATRÁS

Tengo un amigo que dice que va camino de convertirse en un viejo hippie. En realidad, mi amigo – que es de derechas, aunque bastante heterodoxo – no es nada contestatario, más bien lo contrario. Yo diría, incluso, que es el prototipo del burgués: atildado, urbanita, consumista, con estudios superiores y una situación económica privilegiada; o sea, lo más parecido a un yuppie que a un hippie. Si algo lo conecta con los jóvenes libertarios de los años 60 es su devoción por Janis Joplin, Grateful Dead o Jefferson Airplane y, sobre todo, su preocupación por el medio ambiente.

Lo que le pasa a mi amigo es que aborrece las nuevas tecnologías porque, asegura, no les saca rendimiento y considera que el peaje que paga por utilizarlas no le arrienda la ganancia debido a los riesgos. Escribe en ordenadores sin conexión a internet, utiliza móviles vintage y no está en ninguna red social ni en grupos de mensajería instantánea. Lo que quiere, cuando sea mayor que ahora, es volver al campo – a “lo esencial”, dice -, a vivir rodeado de gallinas y donde no lo controlen el Gobierno ni las multinacionales.

Yo, que soy bastante tecnófilo, entendí lo que quiere decir cuando a la salida de un restaurante en Huelva, hace un par de años, la aplicación de Google Maps del teléfono me pidió que evaluase el establecimiento. Comprobé entonces que, además de registrar aquella visita y otras similares en días anteriores, la aplicación de marras había seguido mi rastro por media España e incluso había anotado las paradas y su duración. Sin saberlo, hemos perdido privacidad, aparte de la que sacrificamos voluntariamente, y la cuestión a dilucidar, creo, es si compensa.

En dos décadas hemos dado un salto tecnológico de tal magnitud que no se explica linealmente, ni siquiera mediante una curva exponencial. Basándose en cálculos matemáticos, Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, pronostica que los cambios en los próximos años serán tan rápidos y profundos que habrá una evolución semejante a la de veinte mil años. Es más, predice que hacia 2045 nuestros cerebros podrán conectarse inalámbricamente con dispositivos externos (exocórtex) que multiplicarán su capacidad por mil millones. 

La posibilidad de que dentro de veinte años estemos en el inicio de una especie de seres omniscientes escapa a nuestro entendimiento, aún bastante analógico, y es comprensible que, con fundamento o sin él, suscite recelos. Al fin y al cabo, es como jugar a ser Dios. En todo caso, como Abraracúrcix, el jefe galo que teme que el cielo le caiga sobre la cabeza, yo me consuelo pensando que “eso no pasará mañana”. Entretanto, lo que está claro es que ya vivimos entre dos mundos, uno que va camino de desaparecer y otro que está a la vuelta de la esquina.

De lo poco positivo que hemos sacado de la pandemia de COVID19 es que, siquiera por necesidad, nos hemos acercado a esa esquina. El confinamiento ha acelerado la digitalización y en unos meses ha avanzado más que en muchos años. En efecto, las empresas han tenido que ponerse las pilas, se ha extendido el teletrabajo, la educación se ha adaptado al entorno virtual, han crecido las compras online, utilizamos más la banca digital y ha aumentado el uso de las redes sociales.

Pero también han quedado patentes muchas carencias que sitúan a España en un puesto intermedio entre los países europeos. Especialmente preocupante es la situación de las pymes, que son el 99 % del tejido empresarial. Según la Radiografía de la PYME 2018, antes de la pandemia sólo el 19 % de ellas tenían un plan digital y únicamente el 3 % consideraban la digitalización una prioridad. La situación ha cambiado algo, pero los avances son aún insuficientes y no prosperan al mismo ritmo que crecen los desafíos.

Consciente de esas carencias en toda Europa y de que es un peligro depender de tecnologías y soluciones de países terceros o almacenar en sus “nubes” datos sensibles, la Unión Europea ha diseñado el programa Europa Digital, cuyo objetivo es, precisamente, remediar las insuficiencias y fortalecer las capacidades digitales de Europa. Paralelamente, nuestro Gobierno ha creado un plan para digitalizar las administraciones públicas, uno de los ejes de la Agenda España Digital 2025, que la patronal del sector considera muy positivo.

El apoyo de los empresarios no es inopinado: además de automatizar procesos, aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial para desarrollar productos o responder mejor a las necesidades de los clientes, saben que la digitalización de sus empresas no tiene sentido si no progresa la implantación de la Administración electrónica. Parece obvio, también, que esa transformación sólo tendrá éxito si es el remate a una profunda reforma de las anquilosadas estructuras de la Administración. Pero ese es otro cantar.

La cuestión sustancial, pienso, es persuadir a mi amigo de que el asunto no se nos va a ir de las manos y, por ejemplo, la inteligencia artificial no se usará para espiarlo o predecir su comportamiento con fines espurios; ni que la concesión de un crédito o, ya puestos, la obtención de beneficios penitenciarios dependerá de un algoritmo, como ocurre en Cataluña. Y convencerme a mí de que tampoco ahondará la brecha digital o que una tormenta de ciberataques nos devolverá al planeta de los simios. Esto es, que los beneficios son mayores que los perjuicios y las amenazas.

THE POINT OF NO RETURN

I have a friend who says he’s on the way to becoming an old hippie. In fact my friend – who is right-wing, though quite unorthodox – is not at all rebellious, quite the opposite. I would even go so far as to describe him as the archetypal bourgeois: a well-groomed, cosmopolitan consumerist, university-educated and well-off. More like a yuppie, then, than a hippie. If there is one thing that links him to the free-living youth of the 60s, it is his devotion to Janis Joplin, the Grateful Dead and Jefferson Airplane, and above all his concern for the environment.

The thing about my friend is that he abhors new technology because, he says, he doesn’t get enough out of it, and does not believe the benefits justify the toll that he pays for using it, given the risks. He writes on computers without an Internet connection, uses vintage mobiles, and is not involved in any social media or instant messaging groups. What he wants, when he is older than he is now, is to return to the countryside – «back to basics», he says – to live surrounded by hens, outside the control of the government and multinationals.

And despite being quite a technophile, I understood what he means when, on leaving a restaurant in Huelva a couple of years ago, the Google Maps application on my phone asked me to rate the eatery. It was then that I discovered that as well as registering that and other similar visits on previous days, the omnipresent application had tracked me halfway across Spain, and even made a note of my stops and how long they lasted. Without even realising it, we have lost our privacy, aside from what we give up voluntarily, and I believe it all comes down to working out if it is worthwhile.

In two decades we have taken such a huge technological leap forward that it can no longer be explained in linear terms, or even as an exponential curve. Drawing on mathematical calculations, Google’s director of engineering, Ray Kurzweil, foretells changes in the coming years that will be so fast and far-reaching as to bring about an evolution similar to the past twenty thousand years. What is more, he predicts that by 2045 our brains will be able to connect wirelessly to external devices (the exocortex), multiplying their capability a billion times over.

The possibility that within twenty years we might witness the dawn of a race of omniscient beings goes beyond our still relatively analogue comprehension, and it is understandable that, with or without justification, this arouses misgivings. It is, ultimately, like playing God. In any event, like Vitalstatistix, the Gaulish chief who fears that the sky will fall on his head, I console myself with the thought that «it won’t happen tomorrow». In the meantime, what is clear is that we are already living between two worlds, one which is on its way out, and another which lies just around the corner.

One of the few positives to be taken from the Covid-19 pandemic is that, albeit out of necessity, we have drawn closer to that corner. The lockdown has sped up the digital transformation, with greater progress in a few months than had been seen in many years. The fact is that companies have been forced to raise their game, homeworking has become more widespread, education has adapted to the virtual environment, online shopping has expanded, and we are making more use of digital banking and social media.

This has also, though, highlighted many of the shortcomings that place Spain halfway down the European league table. The situation of SMEs, which account for 99% of businesses, is particularly concerning. According to the 2018 SME Survey, prior to the pandemic just 19% of such enterprises had a digital plan, and only 3% saw digital transformation as a priority. The situation has changed somewhat, but the progress remains insufficient, and is not keeping pace with the challenges faced.

Aware of these shortcomings throughout Europe, and the danger of depending on technologies and solutions from third countries, or of storing sensitive data in their «clouds», the European Union has devised the Digital Europe programme, with the specific aim of remedying these failings and strengthening Europe’s digital capabilities. In parallel, the Spanish Government has set up a plan for the digital transformation of public authorities, one of the cornerstones of the 2025 Digital Spain Agenda, of which business organisations in the sector take a very positive view.

The support of business figures is to be expected: aside from automating processes, taking advantage of the potential of artificial intelligence to develop products or better respond to customer needs, they know that there is no sense in digitally transforming their businesses unless progress is also made in implementing electronic public administration. It would likewise seem clear that such a transformation will prove successful only if it is the finishing touch to a far-reaching reform of hidebound administrative structures. That, though, is another story altogether.

The nub of the matter is, I believe, to persuade my friend that we are not losing a grip of the issue, and, for example, that artificial intelligence will not be used to punish him or predict his behaviour on spurious grounds, nor that being granted a loan or, while we are at it, prison benefits, will depend on an algorithm, as happens in Catalonia. And to convince myself that the digital gap will also grow no deeper, and that a deluge of cyberattacks won’t send us back to the planet of the apes. In other words, that the benefits are greater than the drawbacks and threats.

Europa lucha por una plaza en la carrera digital global

ÁMBITO EUROPEO

Europa lucha por una plaza en la carrera digital global

EU spends to stay in the digital race

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

La digitalización era una prioridad de la Unión Europea antes de la pandemia, pero el impacto del virus en la sociedad europea ha servido como revulsivo.

Digitization was a EU priority before the pandemic, but the impact of the virus on European society has served as a catalyst .

Hemos entrado en una carrera global dónde el dominio de las tecnologías es central. Es principalmente gracias a las tecnologías disruptivas que Europa podrá embarcarse plenamente en su doble transición verde y digital, garantizando al mismo tiempo su resiliencia y autonomía». Son declaraciones del comisario de Interior, Thierry Breton, que tiene claro desde que asumió el cargo que Europa debe reforzar su soberanía tecnológica.

We have entered a global race in which the mastery of technologies is central. It is largely thanks to disruptive technologies that Europe will be able to embark fully on its twin green and digital transition, while guaranteeing its resilience and autonomy”, said the Interior Commissioner, Thierry Breton, who is fully committed to reinforce its technological sovereignty. To do this, Brussels has put forward an arsenal of initiatives, programs and  regulations.

Para ello, Bruselas ha puesto en marcha un arsenal de iniciativas, programas y regulaciones. Una de éstas es el programa Europa Digital, dotado con más de 7.500 millones de euros de presupuesto que se destinarán hasta 2027 a cinco áreas estratégicas: supercomuptación, inteligencia artificial, ciberseguridad, la promoción de capacidades digitales avanzadas y la transformación digital de los servicios públicos y su interoperabilidad a nivel europeo.

La pandemia como revulsivo

El presupuesto comunitario es una de las herramientas básicas que tiene la Unión Europea para llegar a sus ciudadanos y empresas de manera directa y el previsto para el período 2021-2027 está diseñado con dos pilares fundamentales: la transición verde y la digital. El programa Europa Digital está vinculado a este presupuesto y aunque fue recortado durante la negociación, el responsable de la misma en la Eurocámara, el eurodiputado Valter Flego, admitió que “es la principal herramienta para cumplir el objetivo de una Europa más asertiva en su soberanía digital”.


EL PROGRAMA EUROPA DIGITAL PREVÉ INVERTIR CASI 7.600 MILLONES DE EUROS HASTA 2027 EN ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS

La verde y la digital ya eran las dos las líneas maestras del proyecto político del ejecutivo liderado por Ursula Von der Leyen antes que el coronavirus digitalizara a la fuerza la vida de muchos ciudadanos europeos y pusiera en evidencia algunas de las debilidades estructurales de la Unión en este ámbito. El covid ha servido pues como revulsivo para impulsar un cambio que las autoridades comunitarias ya sabían que es indispensable si Europa no quiere quedar atrás en esa carrera global a la cual se refería el comisario Breton en las declaraciones citadas anteriormente, de uno de sus discursos en la Menéndez Pelayo International University.

Por eso es especialmente oportuno que el programa Europa Digital empiece a desplegarse justamente ahora que las instituciones europeas han tomado esta conciencia. De los cerca de 7.600 millones a repartir, la supercomputación se lleva la mayor parte, concretamente 2.220 millones para desarrollar y fortalecer las capacidades de procesamiento de datos de la Unión comprando superordenadores capaces de hacer al menos mil millones de billones de cálculos por segundo.

La geopolítica tecnológica 

Europa está lejos de potencias como Estados Unido o Japón en supercomputación y ahora que la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable de la estrategia geopolítica la UE tiene claro que tiene que acelerar. Después de la computación, la segunda prioridad del presupuesto de Europa Digital también tiene mucho con esta consciencia, es la inteligencia artificial, que recibirá hasta 2.100 millones de euros, para promocionar que empresas y administraciones públicas puedan aprovechar sus ventajas. Sin embargo, para ello es necesario crear un verdadero espacio de datos europeo, que facilite el acceso seguro y el almacenamiento de grandes cantidades. La construcción de una infraestructura en la nube segura, energéticamente eficiente y independiente de las tecnologías de las otras grandes potencias internacionales es otra de las prioridades. Bruselas considera la inteligencia artificial como clave para el futuro de áreas como la salud o la movilidad.


DE LOS CERCA DE 7.600 MILLONES A REPARTIR, LA SUPERCOMPUTACIÓN SE LLEVA LA MAYOR PARTE, CONCRETAMENTE 2.220 MILLONES

Y hablando de la necesidad de una infraestructura segura, Europa Digital prevé destinar también 1.600 millones de euros en ciberseguridad, otro aspecto inseparable de la soberanía tecnológica y la geopolítica que tiene otra dimensión en el ámbito de la política exterior y de la defensa.  El resto de la financiación prevista en este gran programa que irá desplegándose con el presupuesto europeo a lo largo de los próximos siete años, está prevista para llevar la digitalización a todos los ámbitos de la vida europea. Otros 1.000 millones de euros servirán para apoyar proyectos digitales en el ámbito de la salud o del Green Deal, vinculados a otros grandes programas comunitarios como EU4Health. El objetivo de la Comisión Europea es fortalecer el ecosistema digital europeo y para ello se fija, por ejemplo, como meta tener un centro de innovación digital en cada región. De esta manera, tanto empresas como administraciones públicas de todos los rincones de la Unión deberían poder tener acceso a tecnologías digitales de vanguardia, como el blockchain.

 


DESPUÉS DE LA COMPUTACIÓN, LA SEGUNDA PRIORIDAD DEL PRESUPUESTO DE EUROPA DIGITAL ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

Sin embargo, todo esto no puede conseguirse si los receptores de estos fondos no tienen las capacidades necesarias para sacarles el mayor rendimiento. Por ello, 580 millones de euros del programa Europa Digital están pensados para formar y ‘entrenar’ los futuros expertos en todas estas áreas estratégicas: inteligencia artificial, tecnología cuántica o ciberseguridad. La Comisión irá abriendo convocatorias para que expertos, pero también empresas y administraciones públicas puedan tener acceso a toda esta financiación

The Digital Europe program is one of those, with a budget of nearly 7.6 billion euros that will be allocated until 2027 to five strategic areas: super computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity, the promotion of advanced digital capabilities and the digital transformation of public services and their interoperability at EU level.

The pandemic push

The EU budget is one of the basic tools that the Union has to reach its citizens and companies directly.  The budget for 2021-2027 is designed with two fundamental pillars: the green and digital transition. Digital Europe is part of this budget and “although the programme was not topped up in the final MFF agreement, it remains the most important tool to reach our goal of asserting Europe’s digital sovereignty,” said MEP Valter Flego, rapporteur for the file in the European Parliament.


THE DIGITAL EUROPE PROGRAM PLANS TO INVEST ALMOST 7,6 BILLION EUROS UNTIL 2027 IN STRATEGIC AREAS

Green and digital were both the pillars of Von der Leyen Commission strategy before covid forced many Europeans lives into digitalization and exposed some of the Union’s structural weaknesses. Covid has thus served as a catalyst to promote a change that authorities already knew it is essential if Europe does not want to be left behind in that global race to which Commissioner Breton referred.
That is why it feels especially timely that the Digital Europe program begins to unfold just now that EU is fully aware of the need. Of the nearly 7.6 billion to be distributed by this program, supercomputing takes the largest share, 2.22 billion to develop and strengthen the Union’s data processing and supercomputing capabilities by buying supercomputers capable of making at least one billion trillion calculations per second.

The geopolitics of technology

Europe is far from supercomputing powers like the United States or Japan, and while technology has become key to any geopolitical strategy, the EU has acknowledged that it has to accelerate. After computing, the second priority of the Digital Europe budget has also a lot to do with it. Artificial Intelligence will receive up to 2.1 billion euros to promote its use among companies and public administrations. However, this requires a true European data space, that facilitates secure access and storage of large amounts of data. Building a secure cloud infrastructure, energy efficient and independent of the technologies of the other international powers is another priority. Brussels considers Artificial Intelligence key to the future of Health and Mobility.


OF THE NEARLY 7,600 MILLION TO BE DISTRIBUTED, SUPERCOMPUTING TAKES MOST OF IT, SPECIFICALLY 2,220 MILLION

Speaking of the need for a secure infrastructure, Digital Europe also plans to allocate 1.6 billion euros on cybersecurity, also intertwined with technological sovereignty and geopolitics with a whole other dimension in the field of Foreign and Defence policy. The rest of the financing foreseen in this program is planned to bring digitalization to all areas of European life. Another 1 billion euros will be used to support digital projects in the field of Health or the Green Deal, linked to other large community projects such as EU4Health. The European Commission aims to strengthen the European digital ecosystem so it also wants to have a digital innovation centre in each region so both companies and public administrations from all corners of the Union would have access to cutting-edge digital technologies, such as blockchain.


AFTER COMPUTING, THE SECOND PRIORITY OF THE DIGITAL EUROPE BUDGET IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

However, any of this can be achieved if the recipients of these funds do not count with the required skills to get the most out of them. For this reason, 580 million euros of the Digital Europe program are designed to ‘train’ future experts in all these strategic areas: Artificial Intelligence, quantum technology or Cybersecurity. The Commission will open calls for experts, but also companies and public administrations to have access to all this funding.

La carrera de la supercomputación

Europa tiene camino todavía por recorrer para alcanzar las capacidades de China, Estados Unidos o Japón, potencias que tienen superordenadores de última generación con capacidades mayores que, por ejemplo, Marenostrum, el superordenador que alberga el Barcelona Computing Center (BSC) , en España. Por eso, este centro, que ya cuenta con una importante financiación europea, albergará el primer ordenador cuántico de Europa, un proyecto con el que los científicos del BSC esperan poder dejar de depender de los ordenadores cuánticos norteamericanos, que las compañías estadounidenses prestan, pero difícilmente venden en Europa.

The supercomputing race

Europe still has a long way to go to reach the capabilities of China, the United States or Japan, international super powers that have cutting-edge supercomputers with greater capacities than, for example, Marenostrum, the supercomputer hosted by Barcelona Computing Center (BSC), in Spain. To catch up, this centre, which already has significant European funding, will host the first quantum computer in Europe, a project with which BSC scientists hope to be able to stop depending on North American quantum computers, which American companies provide but hardly sell in Europe.

La ciberdefensa

“Si todo está conectado, todo puede ser hackeado”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión de este mismo año. La lógica, pues, es que si Europa consigue con éxito construir una gran y poderosa infraestructura digital también necesita las herramientas adecuadas para protegerla y, por eso, el ejecutivo comunitario defiende la necesidad de una Política Europea de la Ciber Defensa.  La Comisión estima que tanto gobiernos como el sector privado invertirán hasta 4.500 millones de euros en desarrollo de tecnologías de ciberseguridad hasta 2027, unas inversiones que, según Bruselas, deberían venir también de los ministerios de Defensa y Seguridad. La importancia que le da el ejecutivo comunitario a esta dimensión de la tecnología es tal que Rumanía albergará un nuevo centro europeo de ciberseguridad en su capital, Bucarest.

Cyber Defensive

«If everything is connected, everything can be hacked,» said European Commission President Ursula Von der Leyen in her State of the Union speech earlier this year. The logic is that if Europe succeeds in building a large and powerful digital infrastructure, it also needs the proper tools to protect it and, therefore, the executive defends the need for a European Cyber Defence Policy. The Commission estimates that both governments and the private sector will invest up to 4.5 billion euros in developing Cybersecurity technologies by 2027, investments that, according to Brussels, should also come from the ministries of Defence and Security. The importance that Brussels is giving to this dimension of technology is such that Romania’s capital will host a new European Cybersecurity center.

La brecha digital

La pandemia de coronavirus hizo más evidente todavía la llamada brecha digital. Mientras hablamos de superordenadores y complejos sistemas anti-hackeo, en algunos países hasta el 32% de los alumnos no recibieron clase durante varios meses al principio de la pandemia por falta de recursos digitales en el sistema educativo, un factor que el Parlamento Europeo considera que puede conllevar menores ingresos futuros de esa generación, así como menor incremento de la productividad laboral y la competitividad del conjunto de la Unión. Por eso, también gran parte del fondo de recuperación está vinculado a la transición digital.

The digital gap

The coronavirus pandemic also made the so-called digital gap even more evident. While we are writing about supercomputers and complex anti-hacking systems, in some countries up to 32% of students did not receive a class for several months at the beginning of the pandemic due to lack of digital resources in the education system, a factor that the European Parliament believes it may lead to lower future incomes of that generation, as well as a lower increase in labour productivity and competitiveness for the Union as a whole. For this reason, a large part of the recovery fund is also linked to the digital transition.

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

Comisión Europea. Artículo en el blog del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la geopolítica de la tecnología.

Article on the blog of the Internal Market Commissioner, Thierry Breton, on the geopolitics of technology.

Carnegie Europe. Artículo del think tank Carnegie Europe sobre la soberanía tecnológica y el papel de la tecnología en la defensa.

Carnegie Europe think tank article on technological sovereignty and the role of technology in defense.

Instituto Real El Cano. Artículo del investigador de El Cano Félix de Arteaga sobre la dimensión geopolítica de la digitalización.

Article by the researcher at El Cano Félix de Arteaga on the geopolitical dimension of digitization.

Esto es nuestro, por Chema Domenech

ALDEA GLOBAL

Chema Doménech,

periodista

 

Hay cinco zonas en el mundo identificadas como islas o ‘sopas’ de plástico: una en el Índico, dos en el Atlántico y otras dos en el Pacífico

Hace un tiempo, la entrada a la sede mundial en Suiza de una famosa compañía del sector alimentario amaneció adornada con una gigantesca estatua. Se trataba de la reproducción de un monstruo marino confeccionada por entero con desechos plásticos recogidos directamente del mar. Los activistas de la organización ecologista que habían instalado allí la enorme figura dejaron un recado a los directivos de la multinacional, un cartel colgado al cuello del monstruo con un lacónico mensaje: «Esto es vuestro».

Poco antes, un estudio de la iniciativa Break Free from Plastic, movimiento global que promueve un futuro libre de contaminación plástica, había señalado a la compañía como una de las tres organizaciones más contaminantes del mundo por este material, basándose en los datos de producción anual de envases de plástico desechables, lo que se conoce como plástico de un solo uso. Millones de toneladas de estos productos acaban cada año convertidos en basura oceánica y una pequeña muestra de esa realidad lucía aquella mañana frente a la sede corporativa de la empresa alimentaria en forma de monstruo marino.

La inmensidad de las cifras y datos que alertan sobre la necesidad urgente de combatir la contaminación de los mares es equiparable a la del propio océano, y bucear en ellos equivale metafóricamente a sumergirse en el mismo. Se estima que entre 10 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos acaban anualmente en los mares y océanos, en buena parte a través de los ríos. Las cifras varían según las fuentes, pero lo que no varía es el incremento progresivo que desde hace lustros detectan todos los estudios.

Lo sabe Ben Lecomte, nadador francés que durante años ha realizado travesías de larga distancia en mar abierto. Según él, hace dos décadas era difícil encontrar utensilios de plástico en el océano, pero hoy es algo habitual. Para concienciar sobre ello, en 2019 se propuso la gesta de cruzar a nado la conocida como la gran ‘isla de la basura’ del Pacífico o ‘continente de plástico’, un área de una superficie tres veces mayor que la de Francia convertida en un auténtico vertedero, donde se encuentran concentraciones excepcionalmente altas de microplásticos. Hay cinco zonas en el mundo identificadas como islas o ‘sopas’ de plástico: una en el Índico, dos en el Atlántico y otras dos en el Pacífico. La basura plástica se acumula en esas áreas donde los vientos crean corrientes circulares, los giros, que absorben cualquier residuo flotante.

El propósito de Lecomte fue el de trazar un mapa, brazada a brazada, sobre la ubicación y los movimientos de esa gran ‘isla de basura’. Así, nadó unas 300 millas náuticas simbolizando los 300 millones de toneladas de residuos plásticos que se generan cada año en el planeta y documentó su hazaña fotografiándose con objetos que encontró en el agua: cepillos de dientes, envases, contenedores de plástico, un inodoro… En muchas de esas fotografías aparecía desnudo porque, en su opinión, a la gente le escandaliza más alguien sin ropa que un océano repleto de basura.

Es un hecho que cada año más residuos de todo tipo, fundamentalmente plásticos, terminan en el mar, y que esta situación es invisible para millones de personas. También es una realidad que esa basura llega a las aguas marinas en gran medida después de haber viajado por los ríos, que actúan como arterias transportando los desechos de la tierra al océano. Los residuos pueden ser desechados a miles de kilómetros de la costa y, sin embargo, eso no es impedimento para que lleguen a alcanzar las aguas, donde quedan atrapados en las corrientes oceánicas, se desmenuzan y se convierten en microplásticos. Es significativo que unos pocos ríos sean responsables de la mayor parte de la contaminación por plástico y que casi todos se ubiquen en Asia, el continente donde se focaliza gran parte de la producción industrial mundial.

Sin duda, la industria tiene responsabilidad en esta degradación de los ecosistemas marinos. Es cierto que en los últimos años, obligadas en parte por la presión de inversores y reguladores pero, sobre todo, de la sociedad civil, grandes corporaciones altamente contaminantes por la cantidad de plástico que emplean para su negocio han impulsado acciones para minimizar su impacto en el medio ambiente, fomentando la economía circular basada en las tres ‘R’ (reducir, reciclar, reutilizar), acometiendo acciones de limpieza de ríos y mares e invirtiendo en programas de I+D+i a la búsqueda de productos y procesos más limpios y sostenibles. Pero, ¿hasta qué punto esto no es otra cosa que un lavado de conciencia cuando se siguen llevando a efecto prácticas perniciosas para las personas y el medio ambiente? No solo en los procesos de transformación, tampoco debe obviarse que mucha de la basura rescatada del mar proviene de la actividad pesquera.

En el fondo, la cuestión es si el problema reside en un sistema basado en producir la mayor cantidad posible de cualquier bien de mercado para satisfacer una demanda exacerbada minimizando los costes, aunque ello suponga asumir finalmente el precio más caro: el agotamiento de los recursos. Y cabe preguntarse si, como ciudadanos de un sistema de bienestar, tenemos conciencia de esta situación y hacemos algo por revertirla, sin desviar la mirada y los pretextos hacia empresas y responsables políticos. Porque aquel cartel colgado del cuello del monstruo de plástico frente a la multinacional suiza nos interpela a todos y, en realidad, reza «Esto es nuestro».

La invasión fluvial de los plásticos

ALDEA GLOBAL

LA INVASIÓN
FLUVIAL DE LOS
PLÁSTICOS

Filipinas, en cabeza de los menos activos en el control de plásticos, emite 360 000 toneladas de polímeros al año

Melchor del Valle

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Todos tenemos una idea más o menos difusa de que en algunos sitios hay demasiado plástico en los mares. Es difícil cuantificar ese «demasiado», porque las cifras difieren según los distintos estudios y las actualizaciones son misión imposible, pero las distintas fuentes hablan de millones de toneladas de plásticos de todos los tipos y tamaños. Se sabe, también, que el 80 % de este residuo llega a los océanos por tan solo un millar de ríos de todo el mundo, aunque no hay país ni rincón marino que se libren de la plaga.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 


EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 


SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 


EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 


SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Los ríos «plastiqueros» españoles

En el estudio de la ONG The Ocean Cleanup, publicado a principios de 2021 en la revista Science, se localizan 75 ríos españoles emisores de más de 100 Kg de plásticos al año a los mares peninsulares, además de algunos puertos y ramblas. De las desembocaduras fluviales destacan, en negativo, tres ríos: el Nervión (Vizcaya, 41 300 Kg), el Besós (Barcelona, 13 100 Kg) y el Lagares (Pontevedra, 12 700 Kg). En el capítulo de zonas costeras portuarias están la Zona Franca de Barcelona (8 100 Kg).

Mapas Interactivos

The Ocean Cleanup señala con puntos azules los ríos del mundo que vierten entre 100 y 100.000 kg de plásticos anualmente al mar; con puntos rojos, los que llevan más de esa última cantidad. El tamaño de los puntos da una idea del volumen transportado y acercando el mapa se ven las cantidades estimadas. 

Sailing seas of plastic, según datos recogidos por 5 Gyres Institute (EE. UU.) y analizados por Dumpark (Nueva Zelanda), representa mediante concentraciones de puntos blancos los lugares donde diversas expediciones observaron contaminación por polímeros. Cada punto blanco representa 20 Kg de plásticos flotantes y, en conjunto, se marca la posición de 5,25 billones de piezas.

Para saber más

Single-use plastics: A Roadmap for SustainabilityUnited Nations Environment Programme (2018).

More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean.

Lourens J. J. Meijer, Tim van Emmerik, Ruud van der Ent, Christian Schmidt y Laurent Lebreton. Revista Science (2021).

Entrevista a Araceli Mangas, XXVII Premio Pelayo

EN CURSO LEGAL

ARACELI MANGAS,

XXVII PREMIO PELAYO

“La UE debe promover una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la tecnología digital”

Araceli Mangas Martín recibió de manos del presidente del Senado, Ander Gil, el XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio el pasado 25 de noviembre, sumándose así un elenco de galardonados que representan lo más significativo de la ciencia jurídica española.

CARLOS CAPA

¿Qué supone para usted este galardón?

Mayor compromiso y responsabilidad en mi trabajo. El Premio Pelayo, que patrocina la Mutua de Seguros Pelayo, es una distinción muy consolidada tras 27 años y la mayor que puede recibir un jurista de la sociedad. Lo han recibido los “Magni Hispani” contemporáneos como Sánchez Calero, Olivencia, Aurelio Menéndez, García de Enterría, Peces Barba, Landelino Lavilla, mi maestro Diez de Velasco, Miguel Herrero, María Emilia Casas, Encarnación Roca…

Ha dedicado su vida al estudio y la docencia. ¿Tenemos una buena educación superior en España?

No. La universidad está en declive permanente desde los años noventa y desde la implantación de Bolonia es una pendiente fuerte. Y si añadimos el haber eliminado todos los controles serios sobre el acceso y calidad del profesorado, los riesgos y daños serán insuperables todavía en una generación.

En su discurso de aceptación del Premio Pelayo dijo sentirse “fascinada” por la construcción europea. ¿Cree que los ciudadanos son conscientes de lo importante de la UE y del derecho comunitario en su vida cotidiana?

Expresé mi fascinación por la capacidad de reconciliar a pueblos como alemanes y franceses que vivieron la más execrable de las guerras. En España hoy se hace elogio del odio desde el poder y amenazan con perseguir a una parte de los perdonados; solo a una parte.

 


“En España no tenemos una buena educación superior. Está en declive desde los años 90”

 

Vuelvo a la intención de su pregunta. A su manera la ciudadanía sabe que España cambió profundamente a partir de los años noventa del pasado siglo. Antes iban a una capital europea (Paris, Berlín, Roma…), viajaban por esos países y podían constatar el atraso y la diferencia de calidad de vida entre ellos y nosotros. Hoy los españoles notan que España tiene ciudades e infraestructuras similares y que no hay abismos. Saben de la calidad de vida que les procuran las normas sobre consumo, medioambiente… y que les ha protegido frente a las cláusulas abusivas de los bancos, o los pagos de los cánones digitales…O cómo la UE ha protegido nuestro Estado de Derecho impidiendo al Gobierno de coalición imponer los nombramientos judiciales de un solo partido.

¿Goza de buena salud la UE después del Brexit y con el desafió a la prevalencia de las leyes europeas en países como Polonia?

Son situaciones distintas. Tras el Brexit subió espectacularmente el apoyo de la ciudadanía a la UE en los 27. En todas las elecciones al Parlamento Europeo desde 1979 fue disminuyendo la participación. De pronto en 2019 subió más de ocho puntos. La gente no entendía que los británicos rechazaran el sistema de integración que nos ha procurado el mayor período de paz, libertad y prosperidad de la historia de Europa. Y la gente tomó conciencia de la fuerza de estar unidos pues se logró un acuerdo muy favorable a la población y empresas de la UE. Al fin y al cabo, se marchó un socio que siempre tuvo una relación tormentosa y que siempre ponía frenos y vetos a una defensa común. El Brexit fue percibido como un triunfo del populismo y la desinformación.

Claro que preocupa Polonia, la rebeldía del gobierno y del parlamento, o la sumisión total de su Tribunal Constitucional al gobierno polaco; no por el problema de la primacía del Derecho de la UE, sino porque el desafío niega los valores comunes, lo razón de estar juntos. Rechazar los valores de la democracia y su columna vertebral, el Estado de Derecho, asentado en la independencia de los jueces, es amenazar la existencia de la Unión misma.

 


“El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad”

 

¿Qué supondrán los Fondos NexGeneration para Europa?

La pandemia (como antes el Brexit) se erigió en otro motor para avanzar en la integración, al acordar un endeudamiento común y solidario mediante el Plan NextGeneration de la UE que fue imposible en tiempos tranquilos. Los grandes impulsos federadores a lo largo de la historia vinieron de grandes guerras o de grandes cataclismos. El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. La UE pretende movilizar a los Estados y estimular reformas profundas internas de modernización que permitan acelerar los grandes objetivos de las transiciones digital y verde. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad semejante al milagro europeo de la postguerra en 1945.

 


“La sociedad española no ha perdido sus valores, pero los gobernantes de este siglo no están a la altura de sus responsabilidades”

 

La sociedad digital está creando un nuevo entorno en el que hay grades compañías que funcionan casi como estados virtuales, generando sus propias reglas. ¿Puede el derecho tradicional ser efectivo en este escenario?

Hasta ahora la UE ha desplegado una política de control de las conductas de las tecnológicas como los Estados individualmente nunca hubieran podido ejercer. Pero no nos podemos conformar solo con multar por su irresponsabilidad fiscal y sus excesos en materia de competencia leal. Es importante lo que hizo la UE al regular la protección de datos con el reglamento general, los servicios digitales, los mercados digitales, la “Década Digital”, la Estrategia de Ciberseguridad, etc. 

La UE debe promover también una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la consolidación y constante innovación de la tecnología digital en la medida en que nuestra privacidad y seguridad se pueden ver amenazados. La Unión tiene que encontrar una política proactiva que se adelante en la defensa frente al autoritarismo digital

¿Está en crisis el Derecho Internacional Humanitario?

No exactamente. Pero sí hay un conjunto de Estados con gobiernos democráticos, autocráticos y dictatoriales que son refractarios al Derecho Internacional en su conjunto y con distinta intensidad: desde Estados Unidos o Reino Unido, a Marruecos, Turquía, Rusia o dictatoriales como Bielorrusia, Venezuela o Cuba.

 


“El Notariado cumple una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza”.

 

Es usted académica de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Ha perdido la sociedad o, al menos sus gobernantes, algunos de los valores que la han venido sustentando o simplemente los ha cambiado por otros más cercanos a los tiempos?

La sociedad española no los ha perdido: fue ejemplar en los confinamientos con el trabajo sacrificado de los trabajadores esenciales y sanitarios; ejemplar en la masiva vacunación; o líder mundial en la donación de trasplantes de órganos.  Los gobernantes desde este siglo y a velocidad de vértigo en los últimos siete años no están a la altura de sus responsabilidades ni sirven al interés general.

Las mujeres, según un informe del CSIC, son solo el 16% de los rectores, el 21% de los catedráticos y el 25% de los investigadores de mayor importancia. ¿Para cuándo la igualdad real en el ámbito universitario?

No puedo poner fecha. Pero progresa bastante, si bien con lentitud, se hace el camino para integrar a la mitad de los caminantes. Yo fui la segunda mujer en ingresar en 2014 en mi Real Academia (fundada en 1857); y desde 2020 han ingresado tres más y consecutivas…Una hazaña que no debiera serlo.

La seguridad jurídica es un principio básico en una democracia sólida. ¿Qué opina de la función que cumplen los notarios para darle cobertura mediante la fe pública?

Es una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza.  

Huella digital:
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ejerció la misma actividad académica en la Universidad de Salamanca. Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) está en posesión entre otras distinciones de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

Araceli Mangas mantiene un completo blog en el que escribe con frecuencia.

Gran parte de la muy extensa producción literaria y científica de la profesora Mangas puede consultarse aquí

El discurso de aceptación del XXVII Premio Pelayo puede descargarse en este enlace

Objetivo: mejorar la eficiencia energética de las viviendas

DEBATE PARLAMENTARIO

Objetivo:

mejorar la eficiencia energética de las viviendas

En España, los edificios con la mejor calificación energética, la letra A, no alcanzan el 1% del parque de viviendas.
España tiene un parque de viviendas que debería ser renovado con urgencia para lograr una mayor eficiencia energética y alinearse con el objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050. El gobierno ha aprobado un real decreto ley que incluye incentivos fiscales para estimular la actividad rehabilitadora en viviendas y edificios residenciales. Esta reforma se tramita en el Parlamento como proyecto de ley.

ELVIRA ARROYO

El 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea (UE) es ineficiente desde el punto de vista energético, lo que significa que gran parte de la energía consumida se malgasta. Los edificios son los mayores consumidores de energía y se encuentran entre los principales emisores de dióxido de carbono. La Comisión Europea recuerda que son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición.

En España, más de la mitad de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, cuando aún no había entrado en vigor la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y 9,7 millones de viviendas principales.

Además, más del 80% de las construcciones españolas tienen una calificación energética baja -letras E, F o G- tanto en emisiones como en consumo energético. Los edificios con la mejor calificación, la letra A, apenas representan el 0,3% del total en el caso de las emisiones y el 0,2 % en consumo energético.

Si a lo anterior se suma que el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y que el 40% de los que tienen cuatro plantas o más carecen de ascensor, la conclusión es que España tiene un parque de viviendas bastante envejecido.

Un cambio urgente. La renovación de los edificios ya existentes podría reducir hasta un 6% el consumo total de energía de la UE y rebajar un 5% las emisiones de dióxido de carbono. A pesar de este potencial de mejora, cada año se rehabilitan menos del 1% de los parques inmobiliarios nacionales europeos. España se caracteriza además por tener una tasa media de rehabilitación entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los principales países de nuestro entorno, un ritmo claramente insuficiente para responder a las exigencias marcadas por las autoridades europeas.

 


Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer reformas energéticas, se han aprobado incentivos fiscales que favorezcan este tipo de iniciativas.

 

Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer esas reformas, los países europeos están desarrollando normativas que faciliten su financiación o que contemplen ayudas fiscales.

En este contexto, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de octubre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que actualmente se debate en el Congreso como proyecto de ley. Las acciones previstas serán financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europea.

Deducciones y facilidades. La principal novedad es la entrada en vigor de nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.

Asimismo, se modifica ley de propiedad horizontal con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, cambia el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en los edificios, estableciendo una mayoría simple para realizar tales obras y solicitar ayudas o financiación.

También se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para acceder a créditos para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, otorgándoles plena capacidad jurídica para formalizar dicha financiación.

Finalmente, se ha creado una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la cobertura parcial por parte del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que aumenten la eficiencia energética. Con estos avales se cubrirán parcialmente los riesgos de los préstamos concedidos por las entidades financieras privadas. Se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros.

Con estas medidas, el Gobierno espera alcanzar, entre otras metas, la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030, como establece Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Todo ello en el marco de una dinámica europea en que recalca la importancia de afrontar una intensa renovación del parque inmobiliario por parte de todos los Estados de la Unión Europea, tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en el actual contexto de recuperación y crecimiento post pandemia.

Para alcanzar las metas fijadas, España necesita multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones energéticas, hasta alcanzar unas 300.000 al año.

Principales deducciones
  • Deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual.
    • Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
    • Deducción máxima: 5.000 euros por vivienda.
    • La reducción deberá ser acreditada con el certificado de eficiencia energética.
    • Beneficiarios: personas físicas.
  • Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en la vivienda habitual.
    • Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
    • Deducción máxima: 7.500 euros por vivienda.
    • La reducción deberá ser acreditada con el certificado de eficiencia energética.
    • Beneficiarios: personas físicas.
  • Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales.
    • Vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
    • Deducción máxima: 15.000 euros por vivienda.
    • La reducción deberá ser acreditada con el certificado de eficiencia energética.
    • Beneficiarios: personas físicas.
Impacto positivo

El departamento de Energía de la Comisión Europea destaca que las normas de la UE sobre eficiencia energética de los edificios han tenido un resultado favorable. Desde que se introdujeron los primeros requisitos de eficiencia energética en las ordenanzas de construcción nacionales, el consumo de energía en los nuevos edificios se ha reducido a la mitad, en comparación con los edificios que se solían construir en la década de los ochenta.

Los beneficios derivados del menor consumo de energía no solo se harán sentir en el medio ambiente sino también en la ciudadanía. Los edificios energéticamente eficientes harán que disminuyan la factura energética y la demanda. A la vez, mejorará la calidad del aire, lo que repercutirá en positivamente en la salud de la población.

Los partidos opinan

EVA BRAVO

Diputada y portavoz de Vivienda
Grupo Parlamentario Socialista

Twitter: @EvaBravoBarco

“La rehabilitación edificatoria como eje de la sostenibilidad social y ambiental” 

Como portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, y en mi opinión, la convalidación del RDL 19/2021 de 5 de diciembre de medidas urgentes para la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, supondrá un avance y efecto multiplicador con más de 500.000 rehabilitaciones de viviendas, cuando hasta la fecha se realizaban apenas 30.000 rehabilitaciones anuales en nuestro país. Esta norma entraña una necesidad y oportunidad para los ciudadanos, que verán mejorada su calidad de vida al contar con más facilidades en términos de deducciones fiscales y de líneas de avales para poder así disfrutar de una vivienda o edificio sostenible, más eficiente energéticamente, lo que se traduce en un ahorro energético, dinamizando la economía, generando empleo y cumpliendo con los objetivos de país en materia de desarrollo sostenible, entre los que se encuentran los de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

ANA ZURITA

Diputada y portavoz de Vivienda

Twitter: @AnaZurita7

“Si el Gobierno no rectifica, convertirá el proyecto para rehabilitar viviendas en un nuevo plan E”

El RDL 19/2021 abre una de las esperadas puertas al gasto de los fondos europeos para el sector de la vivienda y concretamente la rehabilitación vinculada a la eficiencia energética de las mismas.
Un texto que aparentemente quiere eliminar cuellos de botella para la utilización de fondos y activar la rehabilitación eficiente de inmuebles, pero que desgraciadamente solo son medidas para eliminar un “cuello de botella” importante: el que impide el gasto de las comunidades de propietarios y el gasto de las familias.
Se da la paradoja que, ante la falta de músculo financiero de quien quiera acometer una rehabilitación y siendo una herramienta para habilitar subvenciones, la solución es el endeudamiento.
Se echa en falta un instrumento riguroso de evaluación energética y no creemos que con él se alcance a dar cumplimiento a los objetivos de descarbonización que se ha marcado España y la UE en el sector de la edificación.

¿Podemos alcanzar la independencia energética?

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

¿Podemos alcanzar la independencia energética?

La energía ha sido un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades en el siglo XXI. Sin embargo, la acelerada evolución económica, social y tecnológica ha situado al sistema de gobernanza global nacido después de la Segunda Guerra Mundial en tensiones difícilmente sostenibles.

El modelo energético actual mundial es muy difícilmente sostenible, principalmente debido a que se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados. Otra de las principales problemáticas que presenta es la alta dependencia energética externa.

Una definición convencional del concepto de dependencia energética es la de la cantidad de energía primaria que un país necesita importar para poder abastecerse, ya sea en forma de calor, electricidad o transporte.

El carecer de suficientes fuentes propias de energía (como sucede en España actualmente) provoca una peligrosa dependencia exterior, que es fuente de incertidumbre y que afecta a la economía real y la vida cotidiana; una realidad que viven las economías dependientes con frecuencia.

Dependencia energética

Depender de otros países para la obtención de parte de la energía consumida por una nación puede generar alteraciones en el suministro energético, ya que este no está únicamente bajo el control del país importador.

Durante este año se ha popularizado en los medios de comunicación el concepto de “mix energético”, al que, por otra parte, se ha hecho el villano de una situación que ha provocado un incremento de cerca de un 200% del precio de la electricidad.


España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de 4.650 toneladas de Uranio 3O8

¿Pero qué es el “mix enérgético”? Ni más ni menos que la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de un país.

En España, las centrales generadoras de energía eléctrica son de propiedad o concesión de las grandes compañías eléctricas que producen la energía, para luego introducirla en la red de transporte, en nuestro caso la empresa pública Red Eléctrica Española (REE). Esta empresa lleva la energía producida a los centros de consumo donde de nuevo las compañías eléctricas se encargan de hacerla llegar a los consumidores finales.

¿Y de dónde procede la energía que se consumen España? La energía de origen nuclear y la de procedencia eólica se disputan desde hace meses el liderazgo del “mix”.  Según datos de REE en julio de 2021 la nuclear se mantiene en cabeza, aunque la eólica gana terreno mes a mes con un incremento sostenido, suponiendo en ese mes el 18,9% de la producción total.

En concreto, fue la segunda energía que más aportó al mix, solo superada por la nuclear (22,7%) y seguida por el ciclo combinado, que produjo el 16,7% y la hidráulica que supuso el 14.4%. La energía de producción fotovoltaica se acerca al 9% de la producida. Prácticamente el 50% de la energía producida hoy es de origen renovable.

 


El modelo energético mundial es muy difícilmente sostenible porque se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados

 

El alza de los precios

¿Y porque los precios están en máximos históricos?  La respuesta es compleja: las energías llamadas “verdes”, a pesar su progreso en eficiencia, son por su propia naturaleza dependientes de un intangible. España tiene muy escasa capacidad (al margen de las obligaciones que imponen las medidas de transición ecológica) de producción y transformación de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nuestra dependencia energética del exterior se sitúa en aproximadamente un 73%. Así, en España apenas se produce un tercio de la energía que se consume.

La dependencia del suministro de terceros de productos como el Gas Natural Licuado (GNL) y la geopolítica, amén del mercado y situaciones como la pandemia, son determinantes. El cierre del Gasoducto Magreb Europa (GME) o el estratosférico incremento de los fletes, en gran medida producto del geométrico incremento de la demanda de países en desarrollo industrial, han tenido un efecto muy pernicioso. Un ejemplo: en todo el mundo existen aproximadamente 645 buque capaces de transportar GNL y, por decirlo de forma simple vende su carga al mejor postor.

Uno de los grandes problemas de la energía eléctrica es que su consumo debe ser inmediato, ya que no se puede almacenar grandes cantidades de electricidad, por lo que debemos estimar casi a la perfección la energía que va a consumir nuestro país a cada instante en tiempo casi real.

La alternativa nuclear

Es este un debate complejo al que se debería descargar de prejuicios para abordarlo, siendo cual sea su conclusión, de manera neutral, bajo el análisis científico (con sus pros y sus contras) y sin olvidar que como señala el adagio británico TANSTAAFL “no hay almuerzo gratis”.

La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options, en el que concluye que la energía nuclear produce menos emisiones de CO2 en su ciclo completo de vida que cualquier otra fuente de producción de electricidad.

El informe de UNECE también indica que la energía nuclear es -entre las tecnologías limpias- la que en su ciclo de vida hace un menor uso de terreno y la que requiere una menor cantidad de minerales y materiales metálicos.

Por otra parte, la preocupación por los residuos y la seguridad no son en absoluto insoslayables. La “vida” de los residuos de alta actividad puede ser de decenas de miles de años.

Sucesos como los (con grandes diferencias en su origen y tratamiento entre ellos) de Three Mile Island (EE. UU. ,1978); Chernóbil (Ucrania, 1985); o Fukushima (Japón, 2011) no pueden ser olvidados, ni tampoco que de ellos la tecnología tristemente aprendió en la búsqueda de soluciones preventivas.

España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg U y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg U. Lo que la sitúa en el segundo país europeo en importancia, detrás de Francia.

Por otra parte, la investigación en el desarrollo pacífico de la energía nuclear de fusión prácticamente limpia y sin residuos, sigue avanzando. Sobre ella el recientemente desaparecido físico Stephen Hawking dijo en 2016 que” la tecnología que permite generar fusión nuclear es la más prometedora para la humanidad”.

Referentes en energía fotovoltaica
España pretende convertirse en la referencia mundial de la energía fotovoltaica. Así, además de tener la macroplanta fotovoltaica más grande de Europa, cuenta con los tres parques en construcción con la mayor potencia de todos los que se están instalando en la UE: 500 MW, 300 MW y 300 MW respectivamente. Cuando estén conectados dispondremos de cuatro de los cinco parques más grandes de Europa. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha establecido que para 2031 el 74% de la electricidad generada tendrá que provenir de fuentes renovables.
Francia la nuclear
Francia cuenta con 58 reactores repartidos en 19 emplazamientos nucleares. Gracias a ellos más de la mitad de la energía producida en este país proviene de reactores nucleares y es un 84 % baja en emisiones. Las renovables solo proporcionan un 17 % de la energía total, según los datos de ElectricityMap. Mucha de esa energía es consumida en España y varías de sus centrales productoras se encuentran a pocos centenares de Km de la frontera española.

Para saber más

La página de Red Eléctrica de España ofrece las estadísticas y datos de consumo en tiempo real de la energía eléctrica es España

La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options

La Fundación Canal mantiene el Blog Descubre la Energía en el que da amplia información sobre el mix energético

Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude, por Carlos Sánchez

EN ESTE PAÍS

CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de «El Confidencial»

 

Occidente ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia

“Si EEUU ataca a Irán, que Dios nos ayude”.

Hace ahora quince años, el legendario jeque Yamani, el hombre que inspiró los dos choques petrolíferos de los años 70 que pusieron contra las cuerdas a Occidente, estuvo en Madrid invitado por el Real Instituto Elcano. EE.UU., por entonces, amenazaba a Irán con intervenir si proseguía con su carrera nuclear, y Yamani, ya defenestrado de su poder como ministro del Petróleo de Arabía Saudí, lanzó una advertencia que todavía se puede escuchar: “Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude”. Y resuena porque en plena transición ecológica hacia la descarbonización, el mundo sigue dependiendo de las energías fósiles. Es decir, de los productores de hidrocarburos. El petróleo y el gas, hijos de una misma tierra, corren por las venas del sistema productivo.

Es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado en la producción de renovables y en la eficiencia energética, pero hoy, guste o no, los hidrocarburos -junto con las centrales nucleares- siguen moviendo el planeta. Evidentemente, porque las nuevas tecnologías de generación limpias no han sido todavía capaces de sustituir a los combustibles fósiles, pero también por ausencia de un viejo concepto que se estudiaba en las escuelas de diplomacia y que hoy se ha vuelto a poner de moda: la independencia energética. Pero que tras la superación de los dos choques petrolíferos desapareció durante años de la agenda política.

Tras la caída del muro de Berlín y la eclosión de la globalización, se entendió que el mundo se iba a regir sin fronteras. Paz celestial. Se olvidó, es más, que el aprovisionamiento energético forma parte de la geoestrategia de los países, como sucedió en los setenta cuando se nacionalizaron los pozos en Oriente Medio, y que, por lo tanto, podría haber problemas de suministro. La palabra independencia -energética o no-, de hecho, se retiró de la circulación, salvo en países como Francia, pero hoy se reivindica como un objetivo a conseguir. La propia UE ha lanzado un proyecto de autonomía estratégica que incluye, como no puede ser de otra manera, la energía.

Sin duda, porque Occidente ha visto las orejas al lobo y ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia, que tiene la llave del aprovisionamiento energético. EE.UU. ya lo consiguió hace unos años con el petróleo de esquisto (shale oil), aunque a un precio elevado porque el fracking es costoso, pero la UE aún está lejos de lograrlo.

Sólo hay que mirar algunas cifras para comprobarlo. El 40,4% del gas natural que consumen los hogares y las empresas europeas procede de Rusia. También, el 40% del carbón que llega a Europa viene de allí, mientras que el 29,3% del petróleo que recala en las refinerías continentales procede de la tierra de Putin. La rusa Gazprom, de hecho, tiene influencia sobre casi un tercio de todo el almacenamiento de gas en Alemania, Austria y Países Bajos. Rusia, por si esto no fuera suficiente, es el único proveedor de las importaciones de gas de seis países de la UE.

Rusia, sin embargo, no es la causa, es la consecuencia. El problema, a falta de hidrocarburos en el subsuelo, una mera casualidad geológica, es que el despegue de las energías limpias es lento, tiene limitaciones y es caro. En unos casos por razones tecnológicas, el almacenamiento a gran escala sigue siendo una quimera, pero en otros porque se ha arrastrado los pies subvencionando a los combustibles fósiles en lugar de haber hecho una apuesta más decidida por las energías limpias, como recuerdan una y otra vez los informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Aunque no es fácil ponerse de acuerdo sobre la cuantía, la propia UE ha estimado que sólo en la región las subvenciones a los combustibles fósiles oscilan entre 39.000 millones y 200.000 millones de euros al año. Obviamente, porque se ha sido poco diligente en cambiar el statu quo, basado en importar hidrocarburos y así favorecer una industria intensiva en empleo y capital. Y España, hay que reconocerlo, está algo más que retrasada respecto del contexto europeo. El 70% de la demanda energética es importada, algo más de diez puntos por encima de la media europea.

El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que España, históricamente, siempre se ha considerado una isla energética. Pese a depender excesivamente del exterior, tampoco ha sabido -o podido- aprovechar las interconexiones con Europa, que son la clave de bóveda a la hora de diversificar las fuentes de suministro.

No es lo mismo depender de regiones convulsas como el norte de África o Rusia, con serias disputas con la UE, que de la Unión Europea, por donde transitan innumerables redes de aprovisionamiento, ya sean fósiles, renovables o de origen nuclear.

Es verdad que también la UE importa más de la mitad de la energía que consume, pero no es lo mismo lidiar con una crisis como la actual desde una posición común -ampliando las redes de interconexión- que desde el ámbito nacional. El corte de suministro de gas argelino a España a través de Marruecos es un buen ejemplo.

La solución, es evidente, está en las energías renovables. No sólo porque ayudan a luchar contra el cambio climático, sino porque por su propia naturaleza -las instalaciones físicas están en cada uno de los países- suponen un avance considerable hacia la independencia energética, aunque nunca del todo. La dependencia también es tecnológica, y esa es un arma demasiado poderosa para poder situarla fuera de la disputa geoestratégica. Como suele decirse, la energía, desde la primera revolución industrial, ha movido el mundo. Y en eso estamos.

La ciberdelincuencia acecha a los escolares, por Margarita Sáenz-Diez

Margarita

LA @

MARGARITA SÁENZ-DÍEZ, periodista

 

A estas alturas resulta que, agazapada en mi veterano PC, acaso exista una fábrica de dinero… ¿Quién me lo iba a decir?

La ciberdelincuencia acecha a los escolares

Confieso que cuando estaba preparando este artículo he pasado por varias fases. La primera, de incredulidad. Porque… ¿para qué va a querer un sofisticado pirata informático entrar en el ordenador de un niño de primaria? Después, la del asombro, al averiguar las elevadas cifras de incidentes informáticos motivados por los hackers que se han producido últimamente en los centros educativos y universitarios.

Después, he empezado a alarmarme al comprender, como forzada navegante por el ciberespacio, los riesgos y peligros que nos acechan a los que, como yo misma, somos confiadas y no creemos que lo mío tenga demasiado interés para nadie.

Por último, el conocimiento de los aspectos técnicos de los ataques, la somera descripción de lo que significa el ransomware, el IoT o el sigiloso cryptojacking, me han llevado a un estado cercano a la perplejidad.

El hecho de que, en la última primavera, solo en un mes, escuelas de educación infantil, de primaria y secundaria, colegios y universidades se hayan visto afectados en todo el mundo por ataques de ransomware da mucho que pensar. Ese aumento que señalan los expertos tiene que ver, sin duda, con la necesidad derivada de las medidas preventivas contra la pandemia, como estudiar online con preferencia a las clases presenciales.

En su máxima expresión, los ladrones de datos se apoderan del control de los sistemas informáticos y piden un rescate para liberarlo. Rescate que la policía desaconseja que se haga efectivo.

He ido descubriendo que los más jóvenes resultan atractivos para los ciberdelincuentes porque sus datos están limpios y se les puede robar la identidad sin que nadie se entere hasta bastantes años después. Y parece que en el mercado negro se llega a abonar por ellos hasta 350 dólares.

Especialistas en estas áreas comentan que, de forma genérica, puede decirse que ocurre en el mundo académico, igual que en el caso de ayuntamientos, agencias de seguros u hospitales, en bases de datos muy bien estructuradas y, muchas veces, poco defendidas.

El auge de lo online hace a las bases de datos más ubicuas y golosas por su tamaño. En muchas ocasiones no se trata de un objetivo personal concreto, sino de engordar bases y bases de datos para entrenar algoritmos. Pero sucede que cuánto más crítico es un servicio, su propietario es más proclive a pagar para recuperar el acceso a los datos.

Desde el punto de vista de un alumno avispado, hay determinadas informaciones muy críticas: las preguntas de un examen, las notas, los datos sensibles de un profesor. Porque, explican, “si se pueden ver, se pueden modificar”. Y no hay que olvidar un aspecto crucial en el caso de las universidades, quizás el que más, porque en esos centros docentes superiores se generan muchas patentes y mucho conocimiento. De este modo, los ataques se convierten en un tipo de espionaje industrial para vender el botín capturado.

En una entrevista al responsable de sistemas tecnológicos de la Universidad de Comillas decía que el incremento de la tele docencia ha supuesto a su vez el aumento del uso de dispositivos particulares y se ha hecho necesario para la institución elevar la seguridad a los servicios en la nube y a los dispositivos que no son propios, pero se conectan a la red. Problemas que hasta hace poco no estaban presentes y que están obligando a las instituciones académicas a intentar ponerse al día en aspectos hasta ahora impensables pero que cuando llegan, desbaratan la actividad.

A mediados de octubre, la Universidad Autónoma de Barcelona ignoraba, después de varios ataques sufridos de ransomware, si podrían tener restaurado el sistema para Navidad. ¿Se imaginan el trastorno? Es una situación que corre en paralelo en diferentes países. A finales de noviembre, la pontificia Universidad Javierana, en Colombia, se encontraba con los servidores bloqueados y avisando a alumnos y docentes de la situación. Tampoco sabían hasta cuando podría darse por acabado el incidente.

Pero también los expertos hablan de una luz de esperanza al final del camino. Platean como posibilidad la experiencia de otros países que están trabajando en la instauración de planes de rescate que facilitan fondos a las instituciones docentes para que puedan abordar formulas para dotar de ciberseguridad a sus instalaciones o incluso para abonar los rescates exigidos. El problema, es que aún falta tiempo para llegar a ese horizonte de apoyo económico mientras los delincuentes no descansan.

 Ángel Gómez de Ágreda autor de Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado afirmaba en una entrevista: “Cuando ves lo que hacen algunos chavales en concursos de ciberataques, inquieta y mucho. Tengo muy claro que para conseguir armas atómicas hace falta mucho dinero, tiempo, medios y talento. Para el equivalente en el mundo digital solamente hace falta talento. Y ganas de utilizarlo para buscarle a alguien las cosquillas. Cualquiera puede construirse armas de distracción masiva, aunque no de destrucción masiva”.

La sensación de vulnerabilidad e indefensión que provocan esas situaciones añade un punto más de vértigo a la vida cotidiana ante impensables amenazas tan sorprendentes como el control remoto de tu ordenador para extraer toda tu vida allí almacenada. O que alguien lo utilice de manera silenciosa para acumular criptomonedas, que es lo que hacen quienes atacan mediante el temido cryptojacking.

 A estas alturas resulta que, agazapada en mi veterano PC, acaso exista una fábrica de dinero…  ¿Quién me lo iba a decir?