Envejecer en el mundo rural

EN ESTE PAÍS

Aunque las pensiones del mundo rural son bajas, también lo son los gastos corrientes de vivienda y suministros.

ENVEJECER EN EL MUNDO RURAL

CARLOS CAPA

«LA PRESENCIA CASI UNIVERSAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODO EL TERRITORIO, HAN LOGRADO CREAR UNA NUEVA REALIDAD EN EL MUNDO RURAL»

Al nacer el siglo XXI las cosas, sobre todo para las personas mayores que vivían en el campo o pequeñas localidades, eran bien distintas a como son en la actualidad. La vertiginosa velocidad en la que se producen los cambios sociales provoca que, lo que hace apenas treinta años eran a ojos vista realidades separadas por distancias casi insalvables, hoy prácticamente se den la mano en muchos aspectos, salvando sus propias singularidades.

LA MEJORA DE LAS VÍAS Y MEDIOS de transporte y los servicios públicos operada en las últimas décadas, y la presencia casi universal de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio, han logrado crear una nueva realidad en el mundo rural.

Quizá, en nuestro imaginario persiste la imagen de que el espacio rural es el entorno de los mayores, mientras que las ciudades son para los más jóvenes. La estadística lo desmiente: solo el 28% de la población rural son personas mayores. Sin embargo, nos sorprenderá saber que el mayor número de personas mayores se concentra en los municipios urbanos (6,3 millones) e intermedios (1,3 millones).

Oportunidades.

Envejecer en el mundo rural es una opción también cargada de oportunidades. Jubilarse en el campo poco tiene que ver con el medio urbano. Muchas de las personas mayores que residen hoy en municipios rurales han sido agricultores y/o ganaderos y no han dejado de serlo, aunque a otro ritmo, sin romper con el que había sido su medio de vida, ni con sus relaciones sociales, profesionales y familiares.

Aunque sus pensiones son bajas, también lo son sus gastos corrientes de vivienda y suministros. Muchos aprovechan para cultivar un pequeño huerto o mantener un corral lo que, además de aportarles alimentos frescos de calidad, les mantiene vivo el sentido de utilidad. Es evidente que para hacer ejercicio en el campo no hace falta ir a un gimnasio o correr por calles atoradas de vehículos.

 

EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS MAYORES SE CONCENTRA EN LOS MUNICIPIOS URBANOS (6,3 MILLONES) E INTERMEDIOS (1,3 MILLONES)

 

También el campo ofrece la posibilidad de dedicarse a ocupaciones intelectualmente gratificantes como la lectura, la pintura, manualidades u otras similares, que en la ciudad se hacen más complicadas por las dimensiones de la vivienda o los desplazamientos a los que obligan.

El proyecto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) Hacia una concreción del envejecimiento con éxito: satisfacción personal y actividades cotidianas en la vejez, enfatiza el valor de la actividad cotidiana como aspecto clave en lo que se ha dado en llamar envejecimiento con éxito, un concepto que está despertando un creciente interés.

Cambio de tendencia.

Otro de los grandes cambios de los últimos tiempos es una, de momento tímida pero constante, tendencia de regreso de los «urbanitas» más jóvenes a los pueblos. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en 2021 el 62% de los núcleos rurales incrementaron su población y en 2020 (dato que hay que tomar con las cautelas del efecto Covid) fueron casi tres de cada cuatro los que atrajeron nuevos habitantes. Para calibrar lo radical del cambio hay que observar que entre 2011 y 2017 sólo el 30% de los casi 7.000 pequeños municipios ganaron población.

La importancia de este cambio de tendencia es notable en lo que hace convivir diferentes generaciones, experiencias y actitudes, enriqueciendo la vida social de los habitantes del mundo rural, intercambiando realidades que nutren a los más jóvenes y a los más mayores.

 

EN 2021 EL 62% DE LOS NÚCLEOS RURALES INCREMENTARON SU POBLACIÓN

 

Según un informe de la profesora de la Universidad Pública de Navarra –publicado por la Fundación La Caixa– Begoña Elizalde-San Miguel, «lo rural tiene ventajas sociales, económicas, culturales, relacionales y de calidad de vida, como parte de su propia identidad. El envejecimiento del mundo rural no es un problema, ya que las personas que envejecen son una de las fortalezas de los pueblos. La experiencia, sabiduría y el reconocimiento social no son imágenes de la decadencia, sino de la historia».

Señala Begoña Elizalde-San Miguel que entre las ventajas que ofrece hoy el mundo rural está la de ser una sociedad inclusiva, en la que conviven todas las generaciones sin necesidad de hacer guetos, clasificaciones o categorías.

Así, lo transversal es una seña de identidad propia de la sociedad y cultura rural, que también es sostenible desde el punto de vista medio ambiental y del ecosistema.

Para el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Daniel Rueda Estrada, «desde el punto de vista de la salud, el mundo urbano cada vez acarrea más dificultades y problemas. El hacinamiento, la calidad del aire, el estrés de vida, y la gran velocidad con la que ocurren todos los acontecimientos, incrementan los riesgos de una vida equilibrada, armónica, gratificante, familiar y social. Por el contrario, la vida del mundo rural, con otro ritmo y con otros valores, se presenta como un entorno de mejor calidad de vida, donde valores como la relación, la convivencia, el conocimiento mutuo, la interacción o el apoyo son más visibles».

Las relaciones sociales en las poblaciones rurales son más frecuentes y gratificantes que en los municipios de gran tamaño, aportando esta circunstancia mayor sensación de seguridad y de solidaridad entre la población rural en momentos de dificultad, por ejemplo, de enfermedad, según señala un informe del CSIC.

 

OTRO DE LOS GRANDES CAMBIOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS ES UNA, DE MOMENTO TÍMIDA PERO CONSTANTE, TENDENCIA DE REGRESO DE LOS ‘URBANITAS’

 

La organización no gubernamental Acervo Intergeneracional propone crear un «contrato social intergeneracional» para promover una sociedad para todas las edades. Para esta entidad «cada generación es un eslabón de una misma cadena que viene de lejos y que se proyecta hacia el futuro» y apuestan por la «generatividad», un compromiso entre generaciones para vivir mejor y con mayor bienestar.

En todo caso, los beneficios del envejecimiento en un entorno rural no obvian determinadas carencias a las que es necesario atender. Para el profesor de Ciencias de la Salud de la UOC Salvador Macip, «las zonas rurales sufren una persistente infradotación de servicios públicos, que ejerce de factor expulsor de sus poblaciones. Garantizar el cuidado y la atención a las personas mayores requiere superar esta tradicional infradotación pública. El desarrollo de los servicios sociales y sanitarios de atención a domicilio constituye un mecanismo esencial para facilitar que las personas que así lo deseen puedan seguir viviendo en sus casas y puede constituirse en una herramienta fundamental para atender a las personas mayores en las zonas rurales».

En todo caso como decía el insigne escritor vallisoletano y premio Cervantes Miguel Delibes en su obra Los santos inocentes, en el campo, «cuando uno de aquellos hombres necesitaba ayuda, no tenía más que asomar la mano, porque siempre había una mano amiga dispuesta a estrecharla».

Una sociedad de mayores

Según la última edición del informe Envejecimiento en Red, que publica periódicamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a 1 de enero de 2021 había en España 9.310.828 personas mayores, un 19,65% sobre el total de la población. Además, sigue creciendo la proporción de octogenarios, que ya representan el 6% de toda la población, que seguirán ganando peso en el anunciado proceso de sobreenvejecimiento de la población. Nunca en la historia de nuestro país habían estado empadronadas más de 18.000 personas con más de 100 años de vida.

Mejorar los servicios

Las conclusiones del III Congreso sobre Discapacidad, Dependencia y Medio Rural señalan que el medio rural precisa de servicios de proximidad que favorezcan la vida en ese entorno, tales como centros de día, transporte regular y transporte adaptado, comedores sociales, acceso a la sanidad de forma diaria, educación a lo largo de la vida, etc.

PARA SABER MÁS

Acervo Intergeneracional. ONG dedicada a promover las relaciones de convivencia y aprendizaje mutuo entre personas de diferentes generaciones.
Ir a la web

Envejecimiento en Red. Blog del CSIC dedicado a cuestiones relacionadas con el envejecimiento.

Ver blog

Envejecer con salud. Blog de la UOC sobre cuestiones relacionadas con el envejecimiento y la salud.

Ver más

«Bares, ¡qué lugares!», por Carmelo Encinas

EN ESTE PAÍS

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“En el ámbito rural, los bares cumplen una función pública indispensable al actuar como centro social de encuentro y convivencia entre la gente del municipio”

Bares, ¡qué lugares!

Nadie beatificó tanto el papel de los bares en nuestras vidas como Gabinete Caligari. En uno de sus más exitosos temas, aquel grupo rockero de los 80 aseguraba que «no hay como el calor del amor en un bar». El amor, siempre motivo de inspiración para poetas y cancioneros, encontró en esta tonada que cantaba Jaime Urrutia guitarra en mano su mejor acomodo en la atmósfera de las tabernas de aquel Madrid de la movida que le puso música a la banda sonora de tres generaciones de españoles marchosos. Los bares en España no son un negocio más en la economía del país. El nuestro es el lugar con más tabernas por habitante de todo el planeta. Ningún lugar del mundo se acerca, ni de lejos, a la densidad tabernaria que aquí tenemos, hasta el extremo de que un solo distrito de la capital tiene más bares que toda Noruega y Finlandia juntos.

Cierto es que el concepto bar es demasiado genérico para hacer comparaciones porque los establecimientos que proliferan en España tienen características propias que les distinguen de los países de nuestro entorno. Aquí, los bares combinan con naturalidad la mesa y la barra, la tapa con vino o cerveza con el café con churros, el bollo o la tostada. Son locales de amplio espectro que se adaptan a cualquier tipo de consumo y clientela. En esa adaptabilidad y variedad de la oferta reside, en gran medida, el protagonismo que el bar tiene en la vida de los españoles, tanto como para ser usado como arma electoral como así aconteció durante la pandemia. Si eso ocurrió en una gran ciudad como Madrid, con miles de establecimientos para elegir, qué decir de aquellos pueblos en los que los bares son bastante más que un establecimiento donde tomarse una caña o un cortado.

En el ámbito rural, los bares cumplen una función pública indispensable al actuar como centro social de encuentro y convivencia entre la gente del municipio. Son espacios de relación entre generaciones que suplen de forma efectiva la carencia de otros servicios de ocio, cultura o restauración. Por las tabernas de pueblo pasan todos y pasa de todo. Allí se bebe, se come, se habla y se echa la partida. Es el lugar de reunión donde fluyen los problemas, las preocupaciones y las ilusiones de la gente; donde se comenta y se discute lo que allí pasa o deja de pasar. Se explica, en consecuencia, que de alguna forma la vitalidad de un municipio rural se mida por el número de bares que tiene abiertos y que el cierre de uno de estos locales sea percibido por los lugareños como una pésima noticia para el pueblo.

La importancia de los bares es aún mayor cuanto más pequeño es el municipio, hasta el punto de constituirse en pieza clave de su supervivencia. Pueblos donde hay un solo bar que, además de ser el único espacio público de relación social para sus vecinos, suele cumplir otras funciones como la venta de pan, de productos básicos o la recogida de paquetes. Esos locales se han convertido en el último bastión de resistencia de la España vaciada; un elemento clave en la desigual batalla contra lo despoblación. Así lo entendió con acierto la plataforma Teruel Existe que viene defendiendo los intereses de aquellos pueblos pequeños cuya viabilidad económica se tambalea. Esta formación sacó adelante en el Congreso esta primavera la tramitación de una proposición de ley que considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes. La idea es equiparar estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, etcétera con el objeto de considerarles como entidades de economía social y que puedan así beneficiarse de los incentivos y ayudas que tienen reconocidos este tipo de organizaciones. La inclusión en ese grupo les proporcionaría facilidades como la simplificación en los trámites administrativos relacionados con su actividad y ventajas como bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si contratan personas desempleadas. Incentivos en definitiva para mantenerse abiertos y no sucumbir a la tentación de echar el cierre al ver comprometida su rentabilidad.

En España hay casi 150.000 personas que viven en municipios sin un bar, lo que les convierte en pueblos fantasma. Suelen ser poblaciones de menos de cien habitantes y en algunas de ellas sus regidores ofrecen locales gratis o a un precio simbólico con tal de que alguien abra un establecimiento donde puedan juntarse los vecinos de todas las edades para socializar y sentirse miembros de una misma comunidad. El bar en estos pueblos es tan esencial para su viabilidad como el transporte, la proximidad a un centro médico, a la escuela o el acceso a internet. Los bancos ya recibieron en su día la consiguiente llamada de atención ante el abandono al que sometían a los pueblos menores cuyos vecinos no podían sacar dinero ni cobrar sus nóminas o pensiones. La solución más práctica fue el envío de oficinas móviles. Con esa misma idea de movilidad, la propuesta del Parlamento incluyó el apoyo a los puestos de venta ambulante que atiendan con regularidad las necesidades de estos municipios pequeños.

Pueblos inclusivos en lo social y sostenibles en lo ecológico que constituyen por ello un bien escaso a proteger. Y sus bares, esos «lugares tan gratos para conversar», que cantaba Urrutia, se sitúan ahora en la primera línea de defensa.

‘Epitafio lingüístico’

Primera promoción de expertos en formación jurídica complementaria a la oposición a notario

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

PRIMERA PROMOCIÓN DE EXPERTOS EN FORMACIÓN JURÍDICA COMPLEMENTARIA A LA OPOSICIÓN A NOTARIO

REDACCIÓN
Una decena de exopositores al título de notario han pasado con éxito la primera edición del Diploma de Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario, programa académico desarrollado por la Universidad Pontificia Comillas, a través de su Facultad de Derecho (ICADE), y promovido por la Fundación Notariado.
Los diplomados tras recibir las bandas de la Universidad Pontificia Comillas.

A lo largo de tres meses los alumnos han profundizado en materias que no habían sido tratadas en la oposición, con objeto de incrementar su formación jurídica. El programa ha incidido especialmente en las habilidades profesionales y personales necesarias para favorecer el cambio de una dinámica solitaria hacia el trabajo en equipo.

En un acto emotivo presidido por el presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; el director del Centro de Innovación del Derecho, Antonio Alonso Timón, y la directora del Diploma, Vanesa Morente, los estudiantes de la primera edición del Diploma recibieron las bandas de la Universidad Pontificia Comillas tras obtener el título universitario acreditativo de haber pasado con éxito el Diploma de Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario otorgado.

En un formato trimodal –presencial, online directo y online diferido–, el cuerpo académico del Diploma ha impartido una veintena de asignaturas durante 200 horas, equivalentes a 20 ETCS. Las asignaturas se han articulado dentro de cinco áreas temáticas: habilidades profesionales; derecho administrativo, derecho tributario, derecho laboral y sistemas alternativos de resolución de conflictos, módulo conocido como de ARD`s en su denominación anglosajona.

 

LOS ALUMNOS HAN PROFUNDIZADO EN MATERIAS QUE NO HABÍAN SIDO TRATADAS EN LA OPOSICIÓN, CON OBJETO DE INCREMENTAR SU FORMACIÓN JURÍDICA

 

Todos los alumnos tienen a partir de este momento la posibilidad de incluir su curriculum vitae en el Servicio de Orientación Profesional (OPE) de la Universidad, la bolsa de empleo de Comillas, fuente habitual de información de los despachos de abogados y servicios jurídicos de empresas en su búsqueda de candidatos para sus procesos de selección.

Aprendizaje y apertura de mente.

Para la directora del Diploma, Vanesa Morente, esta primera edición ha sido un aprendizaje constante para organizadores, profesores y alumnos, pero la valoración que hace de ella es altamente positiva. «Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, pero vamos a seguir analizando todos sus aspectos para una próxima edición, como es natural cuando algo comienza», ha declarado.

Morente ha señalado que ICADE va a valorar el equilibrio de los créditos entre los cinco módulos impartidos, y ha destacado la calidad y el compromiso del equipo académico: «Ha sido todo un reto para los profesores que han adaptado sus propios métodos de enseñanza en las asignaturas que imparten en ICADE a las exigencias especiales del Diploma».

Lola Ferrer, una de las alumnas presenciales, explica el valor que el Diploma ha tenido para ella: «Se sale de la oposición completamente perdido y el Diploma te ayuda a orientar tu camino». Quizá por esta razón, uno de los módulos que valora más positivamente ha sido el de «Habilidades profesionales» porque le ha ayudado a ampliar perspectivas laborales futuras: «Me ha incitado al autoconocimiento, a la apertura de mente y a la fijación de nuevos objetivos personales y profesionales».

Por su parte, Manuel Antonio Amezcúa, estudiante en la modalidad online, agradece al Notariado el reconocimiento moral que ha atribuido a los conocimientos previos de los exopositores al pensar en este curso, y a ICADE por la calidad del programa académico desarrollado, un programa que describe muy intensivo tanto en las propias clases como fuera de ellas. Para él, tanto los módulos de Derecho fiscal como Derecho administrativo han sido dos de los más útiles, aunque todas las asignaturas le han servido para “la actualización y puesta al día” de lo estudiado en la oposición a notario.

VANESA MORENTE,

directora del Diploma de Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario

«Queremos que los potenciales destinos de los estudiantes sean conscientes del verdadero valor que pueden aportarles»

–¿Cómo valoras el desarrollo del Diploma?

–Esta primera edición del Diploma ha sido un aprendizaje constante para todos los intervinientes en el mismo, tanto para los organizadores del postgrado, como para los alumnos e, incluso, para los propios docentes. Pero altamente satisfactorio para ser la primera edición: los profesores han demostrado un alto compromiso con el proyecto, se han esforzado por adaptar sus métodos de enseñanza a las exigencias del Diploma y han motivado mucho a los alumnos con su ejemplo profesional. El alumnado presencial ha sido ejemplar en cuanto a participación y dedicación en clase, pero no solo de ellos, porque el resultado de las calificaciones de todos los alumnos ha sido muy bueno.

–¿Qué consideras lo más positivo del curso?

–Fundamentalmente lo mucho que hemos aprendido todos con este Diploma, tanto en un sentido humano como en un sentido académico. Cuando les comentaba a los profesores colaboradores el espíritu del Diploma me decían siempre dos cosas: ¡qué buena idea! Y ¿cómo no se os había ocurrido antes? Creo que conocer el sentido social y humano del Diploma ha hecho que los profesores den lo mejor de sí mismos y conecten con el alumnado de una manera muy especial.

–¿Qué asignaturas o temas han despertado más interés en los alumnos?

–Dentro del primer bloque –«Habilidades para el ejercicio profesional»–, donde trabajábamos las llamadas soft skills, lo que más les ha interesado ha sido todo lo relacionado con la elaboración de su CV y, sobre todo, de su perfil profesional en las redes sociales –Linkedin fundamentalmente–. Tanto es así que tuvimos que organizar un par de sesiones extraordinarias para que reforzaran estos aspectos. Otra de las cosas que les ha llamado la atención es el módulo de derecho fiscal. Algunos de ellos se veían incapaces de hacer frente a una parte del Derecho que, prácticamente, habían abandonado durante la preparación de las oposiciones. Sin embargo, el resultado no ha podido ser mejor en este módulo. Y la parte dedicada a la resolución extrajudicial de conflictos (ADR`s) también les ha resultado muy formativa y práctica.

 

«CUANDO LES COMENTABA A LOS PROFESORES EL ESPÍRITU DEL DIPLOMA ME DECÍAN SIEMPRE: ¡QUÉ BUENA IDEA! Y ¿CÓMO NO SE OS HABÍA OCURRIDO ANTES?

 

–¿Estáis contemplando cambios para el próximo curso? ¿Si es así, cuáles?

–El desarrollo de esta primera edición nos conduce inevitablemente a un proceso de reflexión sobre los contenidos y otros aspectos del Diploma. Este primer programa académico nos va a ayudar a calibrar mejor el reparto de los créditos entre los distintos módulos, por poner solo un ejemplo. Quizá tengamos que descargar horas al primer módulo y dotar de más horas a otros. Por otro lado, los estudiantes nos han pedido más clases prácticas dentro de cada módulo, así como la inclusión de prácticas extracurriculares al final del Diploma. Esta identificación y gestión de prácticas no estaban contempladas en esta primera edición, y, no obstante, hemos trabajado con denuedo para gestionarlas. Estamos en estos momentos en esta fase de análisis y valoración del proceso para poder hacer una búsqueda de prácticas más efectiva para el próximo curso, tanto en el calendario de identificación, como en los despachos o empresas receptoras.

Queremos que los potenciales destinos de los estudiantes del Diploma conozcan el perfil exacto de nuestros alumnos, que sean conscientes del verdadero valor que pueden aportarles, como todo ese caudal de conocimiento teórico en las áreas de Derecho civil y mercantil y, muy especialmente, una capacidad de trabajo y sacrificio muy destacable. |

Entrevista a Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio. Al frente de la abogacía mundial

EN CURSO LEGAL

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL y URQUIOLA DE PALACIO

Al frente de la abogacía mundial

De izquierda a derecha: Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil.
CARLOS CAPA

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

–Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

–Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

–Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

–U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

–A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

 

URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”

 

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

 

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”

 

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.

Almudena Arpón de Mendívil posa con el dibujo de Esteban que le entregaron como galardón.

«LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO EN ESPAÑA ES UN INGREDIENTE ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA»

Huella Digital

Urquiola de Palacio mantiene una cuenta en Twitter @UrquiolaPalacio
En Linkedin su perfil se encuentra aquí.

La UIA tiene también un perfil en Linkedin accesible aquí.

Almudena Arpón de Mendívil no tiene perfil en las redes sociales, pero lo tiene la IBA en Linkedin. 

Urquiola de Palacio.

«EL NOTARIO ES EL ELEMENTO CLAVE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA Y CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD»

Contra el blanqueo de capitales: Perspectivas, fortalezas y retos

ÁMBITO EUROPEO

Contra el blanqueo de capitales:

Perspectivas, fortalezas y retos

El pasado viernes, los jardines de Cecilio Rodríguez acogieron las Jornadas Madrid ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo). Perspectivas, fortalezas y retos, en la que se dieron cita expertos y personalidades de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de debatir sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Organizadores de las jornadas.
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA
De izda. a dcha.: Pedro Galindo, José Luis Martínez-Almeida, Concepción Barrio del Olmo y Manuel Tarrío.

Este debate se celebró en pleno proceso de tramitación de un paquete de medidas para reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra ambos delitos y con la decisión pendiente de designar la ciudad europea que albergará la futura sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para la que se postula Madrid.

España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra ambas lacras, con altas calificaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, Madrid es hoy uno de los centros financieros más importantes de Europa, junto con Londres, París y Frankfurt.

Colaboración pública y privada.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, inauguró el encuentro; mientras que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lo clausuró. La vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el secretario del Consejo General del Notariado (CGN), Manuel Tarrío, también acudieron a esta cita.

Calviño señaló que «la colaboración pública y privada es esencial para evitar una lacra de este tipo. Europol estima que el 1% del PIB tiene que ver con operaciones sospechosas de blanqueo. En el contexto de la presidencia europea de España, aprobamos la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), de carácter transfronterizo. Es un paso muy importante y España apoya completamente este nuevo organismo. Se hará todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales”.

El primer panel de debate, Perspectivas de futuro sobre la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa, contó con la participación de Nicolas Véron, investigador senior de Bruegel and Peterson Institute for International Economics (moderador); François-Louis Michaud, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE); Eva María Poptcheva, relatora sobre blanqueo de capitales y lavado de activos del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de unidad de la Dirección General de Estabilidad y Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la UE; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

 

NADIA CALVIÑO: «EN LA PRESIDENCIA EUROPEA DE ESPAÑA APROBAREMOS LA CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (AMLA)»

 

Michaud destacó que «el impulso de los últimos años en la prevención del blanqueo llevado a cabo por los supervisores bancarios e institucionales, debe quedar reflejado en una autoridad potente, como AMLA». Delgado coincidió en que dicha autoridad «tendría un impacto enorme en el crecimiento del PIB y la confianza del sistema». Poptcheva hizo hincapié en la necesidad de «luchar contra el dinero sucio, incrementando la seguridad de los criptoactivos, o implementando sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por ejemplo». Fullin destacó «la influencia de España en el impulso de normas antiblanqueo en Latinoamérica, una Región donde no hay directivas como las comunitarias». Por último, Pruna señaló «el importante papel de notarios, abogados y agentes inmobiliarios en la prevención del lavado».

El marco preventivo español: fortalezas y desafíos fue el tema de la segunda mesa redonda. Moderada por Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tuvo como ponentes a Pedro Comín, director del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias); Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del CGN; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial.

El modelo notarial español.

Pedro Galindo subrayó «la potencia de Madrid como sede, al contar con una plena colaboración pública y privada en la lucha contra los delitos económicos. Algo que suele ser desconocido, debido a la necesaria discreción de los asuntos tratados». El responsable del OCP notarial puso de manifiesto el reconocimiento de organizaciones como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el GAFI al modelo desarrollado por el CGN: «Conocer, con una información consistente y prácticamente inmediata, quién está detrás de una sociedad mercantil demuestra la robustez del sistema».

 

MADRID ES HOY UNO DE LOS CENTROS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, JUNTO CON LONDRES, PARÍS Y FRANKFURT

 

El director del OCP apuntó cuatro retos principales de la colaboración de estos profesionales en la prevención del blanqueo: «Relaciones internacionales: en Europa, 22 países cuentan con modelo notarial, a los que se suman otros 77 en el mundo; podemos afirmar que el OCP ha sido un referente a seguir en multitud de estas jurisdicciones, desde Japón a Alemania. Reto normativo: la regulación precisa de un ajuste fino; entidades como notarios y registradores tienen unas especificidades que deben ser reguladas, como es el caso de la diligencia debida. Los criptoactivos: en las notarías estamos viendo el uso de monedas virtuales, lo que supone un riesgo, a pesar de contar con el nuevo reglamento MICA sobre estos mercados. Y, por último, la necesidad de estrechar el intercambio de información transnacional, algo que ya hemos hecho con otras Unidades de Inteligencia Financiera».

«Pero como se dice coloquialmente: ‘El malo siempre va por delante’. La evolución de las nuevas tecnologías plantea un auténtico reto y todos los actores tenemos un desafío, como en el caso de los análisis de riesgos. Hay que ser positivos. Europa ha dado un paso adelante con una potente normativa; pero debe haber estabilidad en la regulación. Los continuos cambios generan dificultades en una aplicación eficaz», concluyó Galindo.

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA: «ES MUY IMPORTANTE CORTAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y ESPAÑA HA DEMOSTRADO SER UN MODELO A SEGUIR»

 

Por lo que se refiere a los otros ponentes del panel, Comín señaló la coordinación existente en España, a nivel humano e institucional, «lo que genera colaboración y homogeneidad en las unidades adscritas». Asimismo, el responsable del Sepblac alertó sobre el reciente uso de la inteligencia artificial en las operaciones sospechosas que reciben en su entidad. Kindelán defendió la candidatura de la autoridad: «Nuestro marco legal y supervisores son fundamentales para estar a la vanguardia». Adán apuntó que «el sistema español de colaboración permite dotar de las mejores herramientas a la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». Por último, Pérez Pérez compartió con los asistentes sistemas utilizados por los terroristas como «el pitufeo o la red Hawala», además de un incremento exponencial de activos virtuales». Por todo ello, «la Policía Judicial nos tenemos que adaptar constantemente a las nuevas tecnologías».

Nadia Calviño en el acto inaugural.
Pedro Galindo en un momento de su intervención.

Unidad nacional

Este congreso fue organizado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Consejo General del Notariado (CGN) , el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Muebles de España y el Colegio Madrid Futuro; con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

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Madrid se postula como sede de la AMLA

En la clausura, José Luis Martínez-Almeida hizo hincapié en «la unión de las tres Administraciones -estatal, autonómica y municipal- y de todos los actores implicados en una jornada como esta. Es muy importante cortar las fuentes de financiación del terrorismo; y España ha demostrado, con su normativa, ser un modelo a seguir». El regidor avaló la candidatura de Madrid como sede de la AMLA (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo: «Somos uno de los grandes centros financieros y empresariales comunitarios. Nuestro proyecto es serio, un ejemplo de unidad y el mejor ecosistema en la lucha contra el blanqueo; reúne las mejores condiciones, ofrecemos experiencia y condiciones de calidad de vida y proyección hacia el futuro».

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Migración y asilo, hacia una respuesta europea

ÁMBITO EUROPEO

MIGRACIÓN Y ASILO

HACIA UNA RESPUESTA EUROPEA

Fiel a sus tradicionales valores de acogida y refugio, las autoridades comunitarias están empeñadas en acordar en los próximos meses un nuevo pacto en torno al asilo y la migración. Un encaje de bolillos que requerirá de grandes dosis de solidaridad y comprensión mutua hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, capaz de conjugar la salvaguarda de los derechos fundamentales con los intereses económicos y de seguridad de las distintas naciones que componen el mosaico europeo.
El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación.
FERNANDO GEIJO

El eterno dilema sobre la gestión de la inmigración y el asilo en Europa parece más próximo al acuerdo en el seno de la Unión Europea, a pesar de su inherente complejidad, mediante la posible finalización en los próximos meses de un proceso basado en el consenso. Para ello, los 27 Estados miembros están siendo conminados por las instituciones comunitarias para que este mismo año, tras los avances logrados en la reunión de ministros de Justicia e Interior celebrada los pasados 8 y 9 de junio, se pueda lograr el denominado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La legislación propuesta en la materia sustituirá a la anterior, aunque el llamado Reglamento de Dublín, que data de 2013 y establece que el solicitante de asilo sólo puede presentar su solicitud en el primer Estado miembro al que llega, permanecerá vigente, pero con cambios importantes en función de los lazos familiares o educativos que mantenga con un país en concreto. Este complicado proceso de aprobación se produciría, previsiblemente y tras los deseos expresados por el Presidente del Gobierno a finales de junio en la cumbre de Bruselas, en el marco de la presidencia española de turno europea, que lo ha fijado como uno de sus objetivos principales de actuación.

Sudoku de intereses.

El sistema se sustentaría en una serie de pilares indispensables para lograr su necesaria estabilidad futura y, por ende, duración. Entre ellos, destaca la obtención de un marco jurídico sólido, que aporte claridad en los requisitos y confianza mutua entre los distintos países; la apuesta preferente por la migración legal, de cara a atraer talento y cubrir las necesidades del mercado laboral intracomunitario; una estrategia común para tejer acuerdos de asociación y mutuo beneficio con los países emisores; la dotación de un presupuesto integral que cubra las políticas internas y externas y, finalmente, lo más importante, el compromiso firme de todos los gobiernos implicados.

 

EL ETERNO DILEMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO EN EUROPA PARECE MÁS PRÓXIMO AL ACUERDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Tras la petición formal desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para darle un nuevo impulso a esta iniciativa, los siguientes pasos serían la aprobación del nuevo mecanismo de solidaridad, incluyendo los procedimientos de control y fronterizo, para continuar con la aprobación del paquete legislativo. Si la Comisión Europea y la actual presidencia española de turno sacan adelante la propuesta, aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

El problema para alcanzar un acuerdo satisfactorio para una amalgama de 27 países con sus propias realidades e intereses reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes y de solicitantes de asilo. Y todo ello en un contexto en el que varios de esos Estados simplemente se niegan a participar en planes que impliquen la reubicación en su territorio de extranjeros extracomunitarios.

Esta aparente cuadratura del círculo se lograría con la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad efectiva. Para lograrlo, se prevé una terna de medidas para superar el sudoku del reparto equitativo de migrantes y de ciudadanos que solicitan acogida y asilo cada año en Europa.

Tres en uno.

La citada estructura permitiría ofrecer a los países un triple nivel de implicación de cara a aliviar a un Estado miembro en situación puntual de crisis, al estar sometido a una inusitada presión migratoria en determinadas épocas del año, como en verano o primavera, o por causas como el estallido de un conflicto bélico (Siria, Ucrania…).

Por un lado, los países podrían optar por aceptar un determinado número de solicitantes de asilo reubicados; pagar para sufragar el retorno de los solicitantes rechazados a sus países de origen o, en última instancia, financiar medidas operativas como centros de acogida o medios de transporte que ayuden a mantener la logística del sistema.

Este mecanismo de solidaridad se nutriría presupuestariamente en función del PIB y población de cada país, además de tener en cuenta el flujo de llegadas a territorio comunitario, y sería vinculante una vez alcanzados los correspondientes acuerdos jurídicos al respecto.

 

LA PIEDRA DE CLAVE PARA LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO MIGRATORIO PANEUROPEO SERÍA EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE UNOS Y OTROS

 

El término ‘vinculante’ se antoja clave a la hora de afrontar, con garantías, la distribución equitativa de los inmigrantes entre el conjunto de países de la Unión Europea. Conscientes de la tentación que supondría la solidaridad a la carta, los responsables de las negociaciones tendrán que lidiar con la sensibilidad de los países que se encuentran en la primera línea del perímetro de la frontera exterior de la Unión, a lo que se añade el enfoque de otros, como Dinamarca y Austria, que apuestan directamente por la imposición de medidas restrictivas a los flujos migratorios.

La piedra de clave para levantar el nuevo edificio migratorio paneuropeo sería, por tanto, el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, los países partidarios de una mayor reubicación (Alemania, Francia, Italia y Grecia) temen que otros se beneficien del diseño del nuevo sistema, al preferir pagar antes que acoger, mientras que los opositores al reparto de migrantes y solicitantes de asilo (Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia) consideran que el sistema les obligaría a contribuir financieramente al mantenimiento del mismo, quieran o no.

Acoger o pagar.

La última propuesta de la anterior presidencia sueca recalcaba este concepto de solidaridad a la carta, baja la tesitura de ‘acoger o pagar’. Una nueva vuelta de tuerca a un sistema de contribución, obligatoria pero flexible, que ya se ha intentado en otras ocasiones pero que nunca consiguió salir adelante.

Entre los escollos se encuentran países como Polonia y Hungría, que se oponen a todo, al negarse a acoger solicitantes de asilo, a contribuir a la cesta financiera y/o a aportar medios logísticos (uniformes, material de apoyo, helicópteros, drones, etc.), mientras que otros quieren negociar, a la baja, la aportación financiera que les tocaría, sin olvidar el caso de Italia, país central en este asunto que muestra serias dudas al respecto.

Ante este panorama, que no se descarta que pueda conducir al perpetuo bloqueo y acabe dejando la iniciativa en un limbo legal ante la falta de consenso, puede que se produzca el efecto contrario y que, finalmente, desemboque en una especie de efecto no deseado al aumentar el retorno y la repatriación de los ciudadanos no admisibles, tanto a sus países de origen como a terceros que hayan alcanzado acuerdos al respecto con la UE.

El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación, el control de los migrantes en la frontera y el establecimiento de los mecanismos de retorno. Sin embargo, también existe el riesgo cierto de que al final se fomente un enfoque en el que, frente a la acogida, se imponga la visión egocéntrica de la seguridad, lo que contribuiría a favorecer el concepto de Europa como una fortaleza inexpugnable.

Flecos del pacto

El borrador del nuevo reglamento maneja aún una serie de incógnitas como:

  • La revisión del plazo en que es responsable del caso el primer país que recibe a la persona en situación irregular.
  • La adopción de mayor dureza de las normas actuales en cuanto a devoluciones y repatriaciones en términos de agilización de plazos.
  • El establecimiento de una lista común de ‘países seguros’ de procedencia a la hora de analizar y, ocasionalmente, rechazar las solicitudes de asilo.
  • Perfilar el reglamento de gestión de crisis ante la llegada masiva, extraordinaria e inesperada de migrantes.

Estadísticas 2022

Migración irregular:

  • 330.000 cruces irregulares de las fronteras europeas, un 64% más que en 2021 y la cifra más alta desde 2016.
  • Las rutas más transitadas fueron los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Oriental, con un 136% y un 108% de aumento, respectivamente.
  • Se calcula que alrededor de 2.500 personas fallecieron intentando llegar a la UE.

Fuente: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Migración legal:

  • Alrededor de 3 millones de personas se establecieron legalmente en el bloque comunitario.
  • España, Alemania y Francia fueron los destinos preferidos.

Fuente: Eurostat.

Asilo:

  • 996.000 solicitudes recibidas en la UE, Noruega y Suiza, un 50% más que en 2021.
  • Principal procedencia de los ciudadanos: India, Burundi, Marruecos, Egipto, República Democrática del Congo, Perú, Moldavia, Yemen, Bielorrusia y Cuba.

Fuente: Agencia de Asilo de la UE (AAUE).
Nota: No se incluyen los 4 millones de refugiados ucranianos.

Devoluciones:

  • 500.000 salidas de extranjeros.
  • 25.000 devoluciones.

Fuente: Comisión Europea y Frontex.

OJO AL DATO

Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Comisión Europea. Bruselas, 23-09-2020.

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Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

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Consejo de la Unión Europea. Infografía sobre llegadas irregulares a la UE (2008-2023). Fuente Frontex y Ministerio del Interior de España.

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El problema reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes.

«Europa no se construye desde el miedo», por María Andrés

ALDEA GLOBAL

MARÍA ANDRÉS,
directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

“Para recuperar el alma social y solidaria de la Unión Europea hoy nos falta todavía hacerle frente al elefante en la habitación: la política migratoria y de asilo"

Europa no se construye desde el miedo

En la crisis financiera de 2008, las respuestas de los dirigentes europeos fueron tardías e insuficientes. Llegaron en forma de rescates financieros, carentes de estímulos sociales y ceñidos por el corsé de una austeridad excesiva. “Rescatáis bancos, no personas” se convirtió pronto en el lema de los descontentos. No hubo solidaridad de facto en las primeras decisiones, solo miedo al contagio. Tuvimos que esperar hasta julio de 2012, cuando el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció el llamado discurso Lo que sea necesario (Whatever it takes), hoy ampliamente considerado como el punto de inflexión en la crisis de la deuda soberana europea.

En 2016, Europa permaneció en silencio durante la campaña del Brexit que promulgaba el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El miedo a que la activación de las instituciones europeas en el debate fuera percibido como injerencia continental en un asunto doméstico dejó el campo abierto a un enorme ejercicio de desinformación del lado brexiteer, con el resultado que todos conocemos y abriendo una grave crisis política. No hubo una respuesta inicial de rescate a los ciudadanos británicos, solo miedo al contagio.

Apenas unos meses antes, más de un millón de personas cruzaron a Europa huyendo de la guerra en Siria. Su repentina afluencia provocó otra crisis más en el continente, mientras Europa luchaba por responder a la situación. Miles murieron intentando llegar a las costas y, aunque algunos países les permitían su entrada, otros levantaban vallas y cerraban sus fronteras. Tampoco hubo entonces una respuesta concertada, se actuó desde el miedo al efecto llamada.

De esta triple crisis financiera, política y humanitaria de la legislatura pasada aprendimos una valiosa lección: Europa no se construye desde el miedo.

Y así lo hemos demostrado -por fin- en esta legislatura europea (2019-24), con las respuestas contundentes que hemos sabido dar a la pandemia del Covid y a la guerra rusa contra Ucrania. En ambas la UE ha demostrado una solidaridad interna, una unidad externa y una capacidad rápida de respuesta que ni Putin ni el resto del mundo -quizás ni nosotros mismos- hubiéramos podido prever.

Fíjense en los tabúes que hemos sabido romper en un tiempo récord: en respuesta al covid, en menos de tres meses logramos lanzar un endeudamiento conjunto de toda la UE para financiar con 750.000 millones de euros la recuperación tras el confinamiento. En menos de 12 meses, comenzamos a distribuir nuevas vacunas a todos los ciudadanos de la Unión.

Cuando comenzó la guerra en Ucrania, tardamos 24 horas en lanzar un primer paquete de sanciones contra Rusia; 48 horas para aprobar el envío armamento bélico para la defensa de Ucrania, y menos de 10 meses para lanzar el plan RePower EU, contra la dependencia energética de Rusia.

Pero para recuperar el alma social y solidaria de la Unión Europea hoy nos falta todavía hacerle frente al elefante en la habitación: la política migratoria y de asilo.

El pasado abril los eurodiputados lograron por fin aprobar su posición negociadora para abordar con el Consejo las medidas que regirán el control en las fronteras exteriores, la migración y el asilo. Partiendo de la única premisa posible -lo más urgente es evitar más muertes en el Mediterráneo- los eurodiputados exigen un sistema de reparto de migrantes más equitativo y solidario entre los países de la UE, que no redunde únicamente en los Estados con fronteras exteriores de la Unión.

El reto es formidable: abordar la recepción de ciudadanos de terceros países que se han jugado la vida para alcanzar nuestra frontera. Hacerlo, insisten los eurodiputados en sus enmiendas, de manera que se respeten sus derechos fundamentales (examinando caso por caso su derecho a asilo) y de acuerdo a leyes internacionales como el convenio de Ginebra. Asegurar y acelerar su retorno a los países de origen cuando no se cumplen los requisitos de entrada. Y llevarlo todo a cabo con un sistema más ágil y armonizado.

La solidaridad comunitaria no debe ser solo hacia los que llegan de fuera, insisten los eurodiputados, sino entre los propios países de la UE, repartiendo con un sistema obligatorio de cuotas -en base al PIB y población de cada Estado- el número mínimo de personas que deben acoger. Y aquí radica la principal novedad: para flexibilizar las opciones nacionales y asegurar un sistema con el que todos los gobiernos quieran comprometerse -lo contrario sería volver al papel mojado de antes-, una parte limitada de esa cuota nacional de refugiados podrá evitarse a cambio de una contribución financiera por parte del Estado que así lo solicite.

También se podrá contribuir en especie en determinados casos, con material o recursos que ayuden al país europeo con fronteras exteriores a gestionar esas llegadas. Además, en el caso de situaciones de crisis, ante las posibles llegadas repentinas y masivas, la Comisión Europea podrá intervenir ordenando reubicaciones obligatorias, exigen los eurodiputados.

El precio de la contribución financiera -el Consejo propone 20.000 euros por cada persona que deje de acogerse- y el porcentaje de cuota nacional que podría intercambiarse por dotaciones financieras o en especie son los elementos clave que deberán ahora resolverse con una difícil negociación entre ambas instituciones. La presidencia española del Consejo que ahora comenzamos (de julio a diciembre de este año) podría jugar un papel clave. Después entraremos en el tiempo de descuento de esta legislatura: el último pleno del actual Parlamento Europeo con el que contamos para aprobar el texto final tendrá lugar el 22-25 de abril de 2024.

Fiar la consecución de este acuerdo a la legislatura siguiente supondría actuar desde el repliegue nacional y la parálisis en un tema -el de la acogida humanitaria- que definirá los valores esenciales con los que identifiquemos a la UE en las próximas elecciones.

Covid y las democracias complejas

El valor de la pesca sostenible

ALDEA GLOBAL

El valor de la pesca sostenible

Un barco de pesca artesanal sostenible en Mangily (Madagascar) después de recoger las redes.

La sobrepesca no es un problema nuevo. La excesiva explotación de los caladeros se remonta a los tiempos en que las ballenas generaban leyendas como la de Moby Dick y el capitán Ahab. Hoy, estos grandes mamíferos marinos subsisten a duras penas: han desaparecido caladeros enteros de otras especies y las alertas de riesgo de extinción se multiplican. Mientras se mira de reojo a la cada vez más activa acuicultura, la FAO aboga por la Transformación Azul.
MELCHOR DEL VALLE

El último informe sobre El estado mundial de la pesca y la acuicultura (informe SOFIA), publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en junio de 2022 –con datos de 2020–, indica que la producción pesquera y acuícola total alcanzó un máximo histórico de 214 millones de toneladas, de las que 178 millones corresponden a animales acuáticos y 36 millones a algas. Los datos se refieren tanto a la producción oceánica como a la continental. Y los de pesca solo tienen en cuenta la legal desembarcada y no la accidental, lógicamente. Para darse una idea, dicho volumen de captura y cría es similar a la producción de carnes de ave y cerdo juntas en el mismo periodo.

 

SEGÚN LA FAO, LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA MUNDIAL ALCANZÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 214 MILLONES DE TONELADAS EN 2020

 

El 89 % se destinó al consumo humano directo; y aquí viene un dato del informe que puede ayudar a contextualizar uno de los grandes problemas de la sobrepesca: los alimentos acuáticos aportaron en torno al 17 % de las proteínas de origen animal consumidas y alcanzaron el 23 % en los países de ingresos medianos bajos y más del 50 % en lugares de Asia y África. En otras palabras, la esquilmación de los caladeros significa hambre para muchas personas de países en desarrollo.

Un poco de historia.

A principios del siglo XIX –de vuelta a los tiempos de la novela de Herman Melville– se pescaban ballenas para obtener, principalmente, grasa para las lámparas de aceite. El resultado fue que la población de varias especies de estos mamíferos marinos se redujo en más de un 90 % hasta mediados del siglo XX, cuando se implementaron diversos programas de protección. Pero la moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas no llegó hasta la década de los 80. Aun así, en 2023, se siguen capturando unas mil ballenas anualmente por parte de flotas de países (Islandia, Japón y Noruega) que no han suscrito la moratoria. Tampoco aquí se tiene en cuenta la caza ilegal y la pesca accidental.

Lo descrito en el párrafo anterior se puede aplicar a otras muchas especies, varios de cuyos caladeros han desaparecido materialmente a partir de mediados del siglo XX, sobre todo en zonas más próximas a las líneas costeras. Fue la consecuencia de que los países desarrollados incrementaran su capacidad pesquera, dando lugar a un notable crecimiento de la pesca industrial y orillando a los pescadores locales. La disminución de capturas por sobreexplotación, a partir de ahí, fue llevando a buscar bancos de especies comerciales en aguas cada vez más profundas y a utilizar métodos de localización y pesca más precisos y sofisticados. El incremento de la sobrepesca fue tal, que a principios del presente siglo se estimó que la pesca industrial era la razón por la que la población de grandes peces, con el atún a la cabeza, fuese tal sólo el 10 % de la existente cincuenta años antes.

Producción mundial.

Según el informe de la FAO, la pesca de captura llegó a los 90,3 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4 % respecto de la media registrada en el periodo 2017-2019. China siguió siendo en 2020 el principal productor pesquero, seguido de Indonesia, Perú, Rusia, EE. UU., India y Vietnam. Entre todos ellos alcanzan casi el 49 % de la producción de captura mundial. Las especies más pescadas, según datos de la FAO, son la anchoveta (4,9 millones de toneladas), el abadejo de Alaska (3,5 millones) y el atún listado (2,8 millones).

 

LOS PAÍSES DESARROLLADOS INCREMENTARON SU CAPACIDAD PESQUERA, HACIENDO CRECER LA PESCA INDUSTRIAL Y ORILLANDO A LOS PESCADORES LOCALES

 

La producción animal acuícola, por otro lado, llegó en 2020 a los 87,5 millones de toneladas. Asia ha dominado la producción mundial durante las últimas décadas, produciendo el 91,6 % de los animales acuáticos y las algas del mundo en 2020. La «locomotora» de esta situación también es China, que ha producido más animales acuáticos y algas cultivados que el resto de los países juntos. Por continentes, Egipto es el principal productor de África, Chile lo es de América y Noruega, de Europa.

Pesca sostenible.

Si queremos seguir contando con una fuente de proteína animal que no necesita suministro de agua dulce ni terreno de cultivo y que apenas genera gases de efecto invernadero –léase animales acuáticos– es imprescindible que los procesos de pesca respeten la vida de un número suficiente de individuos que permita a la especie reproducirse de forma adecuada. Esta es la esencia de lo que se considera pesca sostenible, que lleva añadido el respeto a la función y diversidad de los ecosistemas. Un aspecto, este último, en el que las flotas de arrastre reciben la mayoría de las críticas, porque su arte de pesca se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso, dañando los ecosistemas y reduciendo su capacidad para mantener el ciclo vital de las especies comerciales. La UE, como ejemplo de preocupación por la sostenibilidad pesquera, ha hecho público un acuerdo del Parlamento (junio de 2023) para controlar más el exceso de pesca y que se cumplan las normas de la Política Pesquera Común.

 

LOS PAÍSES QUE MÁS PESCAN, CON CHINA A LA CABEZA, LLEGAN AL 49 % DE LA PRODUCCIÓN DE CAPTURA MUNDIAL

 

La necesidad de pesca sostenible también debe implicar a la acuicultura. Su actual realidad es que se capturan pequeños peces para alimentar a las especies más grandes cultivadas, con lo que se están restando recursos a los peces salvajes, que no podrán reproducirse por falta de comida. Esto es, al menos, lo que mantienen algunas organizaciones ecologistas. Sostenible, en el caso de la acuicultura, añaden, podría ser limitar las capturas a especies herbívoras, aunque esto es algo que se considera complicado en el sector. También cabe buscar métodos de alimentación que permitan el correcto desarrollo de los animales acuáticos de cría, a lo que hay que añadir una correcta gestión para mantener la calidad de los productos y evitar la contaminación, por exceso de individuos, en los criaderos.

‘Transformación Azul’.

Esta estrategia promovida por la FAO, que los propios autores califican de «visionaria», busca el equilibrio entre seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, pero mira con «ojo inquieto», como el «hombre de casino provinciano» que cantó Machado, al cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente. Según Manuel Barange, director de la División de Pesca y Acuicultura de la organización, «La transformación azul es un proceso basado en resultados mediante el cual los miembros y asociados de la FAO pueden aumentar al máximo la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y las dietas saludables asequibles, permaneciendo dentro de los límites ecológicos».

 

ASIA DOMINA LA ACUICULTURA MUNDIAL, ALCANZANDO EL 91,6 % DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS Y LAS ALGAS DEL MUNDO

 

Hay razones para el optimismo, ya que las pesquerías explotadas de manera sostenible supusieron el 82,5 % del volumen de los desembarques de 2019, porcentaje 3,8 % superior al registrado desde 2017. Pero lo evidente es que la puesta en marcha de medidas contundentes desde los poderes políticos internacionales es ya urgente, porque según los últimos datos obtenidos por la FAO, «unos 58,5 millones de personas trabajaban en el sector; de ellas, aproximadamente el 21 % eran mujeres. Se estima que las vidas y el sustento de alrededor de 600 millones de personas dependen, de alguna manera, de la pesca y la acuicultura».

Pesca sostenible frente al hambre

Hoy hay cerca de ochocientos millones de seres humanos en el mundo que tienen escasez de alimentos. Para 250 millones, la situación es de hambre aguda o, directamente, inanición, según la ONU. Añadido el crecimiento de población previsto, un incremento de dos mil millones de personas para 2050, el planeta tendría que producir un 70 % más de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, según cálculos de la FAO.

La ‘Transformación Azul’ que promueve la FAO tiene como primer objetivo la intensificación y expansión sostenible de la acuicultura, con la mirada puesta en aumentar la producción acuícola mundial de entre el 35 y el 40 por ciento para 2030. Se prevé, además, dice la agencia de Naciones Unidas para la alimentación, «que la producción de alimentos acuáticos aumente en un 15% adicional para 2030». Y, añade, que el crecimiento debe ser social y económicamente sostenible, además de minimizar las consecuencias del cambio climático.

Acuicultura: nada nuevo bajo el agua

La idea, y necesidad, de criar animales acuáticos tiene varios milenos. Se sabe que los chinos ya criaban carpas en el año 2000 antes de nuestra Era. Los antiguos griegos, según contaba Aristóteles, cultivaban ostras. Y de los romanos sabemos que usaban piscinas para la cría y engorde de peces o para mantenerlos vivos tras la captura y que llegasen así frescos a las mesas.

España es el primer productor acuícola de la Unión Europea. Hay más de 5 000 piscifactorías o granjas que producen en torno al 25% de los animales acuáticos que se consumen en el país. Una gran parte de esa producción procede de los cultivos de mejillón en las bateas de las que cuelgan las maromas donde se adhiere el molusco. España es el segundo productor mundial de mejillón, tras China. Este país es también uno de los principales destinos de las exportaciones españolas de pescado y preparaciones de la pesca.

Canales de cría del esturión naccarii en Riofrío (Granada).

Para saber más

El estado mundial de la pesca y la acuicultura: hacia la transformación azul. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2022).

VER

Living Blue Planet Report: Species, habitats and human well-being. WWF y Zoological Society of London (2015).

VER

Sea Around Us: fisheries, ecosystems and biodiversity. U. de Columbia Británica y U. de Australia Occidental. Editores: Pauly D., Zeller D., Palomares M.L.D. Mapa interactivo. Datos 2020.

VER

«El futuro de la pesca en España», por Basilio Otero

ALDEA GLOBAL

BASILIO OTERO,
presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

“En España carecemos de relevo generacional debido, en gran parte, a la burocracia y a las trabas que normas y más normas nos imponen"

El futuro de la pesca en España

España es potencia pesquera en la Unión Europea. No hay mar en el mundo en el que no esté un barco con capital o bandera española. Somos referencia en el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales.

El problema fundamental es que, a pesar de estas buenas prácticas, carecemos de relevo generacional, debido en gran parte, a la burocracia y a las trabas que normas y más normas nos imponen desde Bruselas.

Paradójicamente en la Unión Europea el 70% del pescado que se consume es de importación de terceros países que no cumplen con las exigencias medioambientales ni sociales que aquí tenemos. A pesar de lo dicho la normativa es cada vez más exigente para los pescadores y pescadoras europeos y europeas.

Hay que decir que una parte de esa culpa es nuestra, pues carecemos de didáctica explicando las bondades de ser pescadora o pescador. Hemos sido una profesión demasiado corporativista y solo hay noticias cuando se trata de hechos luctuosos. Es necesario tener una didáctica hacia la sociedad en la que pongamos en valor nuestra profesión.

Siendo conscientes de que los trabajos primarios entran en decadencia a medida que un país prospera, solo tenemos que mirar nuestro entorno europeo en donde los países del norte tienen menos unidades pesqueras, pero más eficientes. Debemos poner en valor las tecnologías y el avance en habitabilidad que experimentamos en los buques.

Otro factor que nos limita es la normativa incesante, pues nos acogota. Pongo varios ejemplos:

La potencia de los buques es considerada capacidad extractiva, cuando no es cierto. Cuando se empezó a limitar la extracción consideraron que esta era la mejor medida. Han pasado muchos años y a día de hoy, con las cuotas y totales admisibles de captura, TAC, no es una medida que sirva. Sin embargo, esta potencia es seguridad, conciliación familiar, descanso de la tripulación y frescura en el pescado.

Ejemplo de buenas prácticas es el RMS, Rendimiento Máximo Sostenible, que es el máximo que se puede capturar de una especie sin poner en peligro su futuro biológico. Había una fecha límite para poder alcanzarlo, el año 2020, pero la gestión hecha con muchos sacrificios por parte de la flota consiguió que este RMS se alcanzara en 2019, un año antes del tope.

El MAP de Mediterráneo, el multi anual plan implantado, hace insostenible la pesquería para muchos pesqueros. Hay que decir que en este mar no hay cuotas ni TAC prácticamente; se rige por días de pesca y en muchos casos hay barcos con menos de 110 días de pesca al año. Esto hace insostenible la empresa; no hay una actividad empresarial sostenible con menos de seis meses de facturación. Aunque se está pidiendo una revisión científica después de casi cuatro años de implantación, desgraciadamente en la Unión Europea nadie escucha, a pesar de que estamentos como la FAO en su último informe hace referencia a la recuperación de especies, stocks, y a su buena perspectiva de futuro.

Las aguas desde el golfo de Cádiz hasta las costas irlandesas se cerraron a la pesca en septiembre del año pasado; los informes científicos utilizados fueron del año 2011. Es algo incomprensible pues había datos enviados del año 2021. Por si esto fuera poco se utilizaron datos de arrastre para artes de pesca tan diferentes como las redes o los anzuelos (en otro artículo sería necesario explicar las diferencias que existen entre estas artes).

Aunque el Reino de España ha recurrido esta norma, el problema es que la justicia europea es lenta y se estima que el fallo tardará tres años, cuando las consecuencias se están notando desde septiembre de 2022, con un descenso en la facturación de estas artes de pesca que ronda el 30%.

Se pidió un nuevo informe con datos más actualizados que, después de múltiples retrasos, llegó hace pocas semanas y en el que lejos de rectificar se proponen más zonas de cierre. Hay que decir que estas zonas de cierre vienen propiciadas por la protección de especies vulnerables de esponjas, plumas… Es decir: se adoptan en aquellas zonas en la que existen o pueden existir estas especies. La primera pregunta es sencilla: si estas zonas prohibidas llevan siendo utilizadas por los pescadores desde hace más de ocho décadas y lo que se persigue es conservar especies de lento crecimiento, como el coral de aguas frías que, a día de hoy, existen en esas zonas… ¿Alguien se ha parado a pensar que si siguen ahí es porque no se capturan, corroborando la afirmación que hace la gente del mar que asegura que no las pesca ni daña? Esto me recuerda a otra pataleta de la Unión Europea con los cetáceos y la interacción de pesqueros con estos mamíferos. En aquel caso llevábamos a bordo científicos y se demostró que la interacción de la flota española era cero ya que en nuestro país está prohibida la pesca pelágica, que es la que se realiza con artes que se utilizan en la superficie, que es la zona por donde estos mamíferos se desplazan principalmente.

Lo aquí descrito es un breve resumen de los retos que afrontamos. Confío en el futuro de la pesca española, aunque quizá sea diferente a la que conocemos y eso hará que las zonas de litoral se transformen, pues una de las ventajas de la pesca es la fijación de población en el litoral.

¡No se puede dejar de consumir pescado para estar sanos saludables y ser felices!

Préstamos hipotecarios seguros e informados

ENTRE MAGNITUDES

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS E INFORMADOS

El pasado 15 de junio se cumplió el 4º aniversario de la entrada en vigor de la Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Uno de los objetivos fundamentales de esta ley era reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual de los préstamos hipotecarios.

REDACCIÓN
Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario.

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contratar un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que debe darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario.

Fase precontractual.

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

La documentación entregada por la entidad financiera deberá ser:

  • La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
  • La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
  • La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
  • Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
  • El proyecto de contrato del préstamo.
  • Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
  • Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
  • Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria.

 

EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.
El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

Actas de transparencia

Del 16 de junio de 2019, fecha de entrada en vigor de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), al 30 de abril de 2023, los notarios han autorizado 1.635.918 actas de transparencia y 1.414.834 préstamos hipotecarios, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado. Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la diferencia entre el número de actas y el de préstamos hipotecarios puede deberse a varias razones, como que el notario autorizó un acta positiva, pero finalmente no llegó a formalizarse el préstamo hipotecario; que el notario autorizó un acta positiva, pero la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) caducó sin que la entidad hubiese remitido al notario un documento de prórroga de su vigencia; o que el notario autorizó un acta negativa, por ejemplo, porque el consumidor consideraba que la oferta no reflejaba exactamente lo negociado con la entidad”.