En el encuentro participaron profesionales de la Justicia, la Economía, la Arquitectura y del Catastro, junto con autoridades nacionales, autonómicas y locales (incluidos los alcaldes de las zonas afectadas), quienes aportaron su visión del suceso, la situación vivida y las soluciones abordadas hasta el momento. Sobre todo, pusieron sobre la mesa proyectos e ideas para impulsar el desarrollo sostenible de la isla.

Las jornadas fueron inauguradas por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; Carlos Cabrera, vicepresidente del Cabildo Insular; Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma; y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Izquierdo señaló que «en el mayor desastre civil producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el compromiso del Notariado ha sido espectacular. Se ha volcado con La Palma, como demuestra la organización de este foro, o realizando informes -como el desarrollado por Alfonso Cavallé sobre el usufructo-, que han aportado solución a una zona gris en lo jurídico”.

Cabrera agradeció la labor notarial a la hora «de armar expedientes y escuchar reivindicaciones en una casuística muy variada para informar a los ciudadanos y acceder a las ayudas. Desde el Cabildo queremos agradecer esa colaboración de los notarios con administraciones y ciudadanos para echar una mano».

Por su parte, Pestana agradeció «a los notarios y a su personal realizar altruistamente miles de expedientes, contribuyendo a resolver muchos de los trámites que han permitido acreditar la propiedad de los inmuebles y acceder así a las ayudas. Aún quedan asuntos complejos por resolver, como los adelantos de herencias mediante donaciones o los usufructos, casuísticas difíciles en las que se está trabajando para su resolución»

LAS MÁS DE MIL ACTAS DE NOTORIEDAD ELABORADAS POR LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS EN LA PALMA ESTÁN PERMITIENDO A LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEMOSTRAR SU TITULARIDAD

Martínez Sanchiz puso de manifiesto que «han sido muchos los compañeros que han tratado de recuperar, desde el punto de vista documental, la situación producida por el volcán. Hay dos circunstancias fundamentales a las que nos enfrentamos: la ayuda a las víctimas y el futuro que debemos fraguar. Sobre este segundo aspecto, el Colegio Notarial de Canarias, la Fundación Notariado y el CGN hemos convocado estas jornadas con el propósito de aportar ideas para el desarrollo sostenible de La Palma. Espero que este foro permita alumbrar nuevas vías que transitar».

«Cuando se produce una desgracia de este calibre, surge lo mejor de las personas, que se mueven hacia la solidaridad -señaló el presidente de los notarios españoles-. Tenemos una oportunidad única de prestar apoyo todos juntos a los que han sufrido esta lamentable situación».

Martínez Sanchiz recordó cómo se puso en marcha el proceso de colaboración notarial: «Rápidamente, el Ministerio de Justicia se puso en marcha para introducir tres notarías en los municipios afectados en colaboración con ayuntamientos y personal que ha prestado sus servicios. Más de cincuenta notarios de toda España pusieron su dosis de solidaridad con el objetivo de reconstruir los títulos de propiedad. Un año después, con los expedientes prácticamente cerrados, no queríamos dejar de transmitir el apoyo del CGN y de todos los decanos de España y expresar nuestro apoyo simbólico a La Palma, por lo que vamos a realizar un Pleno de la institución por primera vez en la isla. Los notarios no solo queremos reconocer los títulos de propiedad; también queremos reconstruir las vidas de los damnificados; con sostenibilidad económica y jurídica. Los notarios tenemos una obligación y una posibilidad de ayudar, por lo que quiero manifestar nuestro compromiso de seguir prestando servicio a los palmeros».

Por su parte, el decano anfitrión, Alfonso Cavallé, expresó el objetivo de este encuentro: «La necesidad de nuestro trabajo está a punto de finalizar, pero queríamos agradecer a las personas de La Palma habernos permitido compartir esta experiencia tan positiva que hemos realizado con dedicación. No nos parecía suficiente poner el punto y final; queríamos compartir ideas y ver posibilidades para que los palmeros puedan afrontar un futuro esperanzador».

TRAS LA ERUPCIÓN SE ABRIERON TRES NOTARÍAS PROVISIONALES EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS: LOS LLANOS DE ARIDANE, EL PASO Y TAZACORTE

La visión de los profesionales

Moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, la primera mesa redonda contó con las intervenciones de José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio de Arquitectos y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Tenerife del Colegio de Registradores de España.

Rodríguez constató que «la realidad jurídica es tremendamente compleja. El abanico de problemas ha desbordado la realidad fáctica del Valle de Aridane. Se plantean numerosas circunstancias que quedan al margen del Decreto Ley 1/2002 (por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma)».

El decano de los abogados palmeros propuso «buscar soluciones extraordinarias en el mundo del derecho. Los canales magmáticos han sepultado suelos rústicos en los que se edificaban núcleos familiares en la misma finca o viviendas sin declaración de obra nueva, por poner ejemplos. La realidad es que, pasado un año, no se han buscado soluciones a esas situaciones, por lo que comienza una etapa en la que se pasa a la intervención judicial y a la denegación de solicitudes de ayuda. Ahora estamos pasando a judicializar la vía civil, con reclamaciones al consorcio de compensación de seguros».

Ricken sostuvo que «la visión y expectativas de políticos, profesionales y afectados son muy diferentes. Debemos reparar las consecuencias del volcán a nivel habitacional, teniendo en cuenta nuevos factores, como el cambio climático o la dependencia de combustibles fósiles. La reconstrucción debe pasar por la sostenibilidad; evitar la especulación inmobiliaria; impulsar la creación de viviendas sociales y asequibles; usar energías renovables, como gas e hidrógeno; evitar las barreras arquitectónicas; promover la conciliación, con el teletrabajo y la proximidad; fomentar el turismo a pequeña escala…. En resumen, empoderando a la gente en lugar de tutelarla».

Riera apuntó que «el futuro de los damnificados depende de una solución integral que genere optimismo en la reconstrucción. En el ámbito habitacional, partiendo de los instrumentos legales, habrá que introducir las necesarias modificaciones para -de manera coordinada, con garantía y seguridad jurídica- utilizar mecanismos expropiatorios sobre el suelo yermo de lava. Esta medida garantizará que, si no se puede llevar a cabo la vida diaria como se hacía antes, se genere una fuente turística y medioambiental. Será necesario actuar sobre el suelo no afectado por el volcán para reordenar su uso y ofrecérselo a los damnificados, creando infraestructuras y núcleos de población».

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DESTACARON EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA PALMA

Lalanda señaló las dificultades a la hora de coordinar la información registral y catastral tras la erupción, «ya que la situación de hecho distaba de la de derecho». También puso en valor «la labor de los notarios para que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación y, una vez identificados, poder recibir una indemnización». Como solución a la recuperación económica propuso «la reparcelación y adjudicación de fincas de reemplazo, ya que muchos terrenos van a quedar yermos durante mucho tiempo; o los beneficios fiscales, que permitan atraer inversión para la isla».
Por último, Cantos señaló que «hay que contar con los damnificados a la hora de reconstruir. En el centro de la recuperación deben estar las personas».

Ayuntamientos

Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane; Omar Hernández, concejal de turismo de Tazacorte y Sergio Javier Rodríguez, alcalde de El Paso participaron en el segundo panel de debate.

García Leal, en primer lugar, agradeció la organización del evento y señaló que, en el último año, «la actividad del Notariado se ha acercado a su función social de asesoramiento cercano a los ciudadanos». A continuación, se mostró crítica con las medidas puestas en marcha: «Los tiempos de la Administración no se acompasan con los tiempos de los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos sepan qué va a pasar. Debe hacerse un esfuerzo para que las ayudas lleguen a todo lo que está sepultado, porque ayudará a la reconstrucción de los proyectos personales de vida». Por último, demandó «una legislación específica sobre las consecuencias de la erupción del volcán».

El edil de Tazacorte agradeció el compromiso de los notarios con sus vecinos: «Resolvieron con éxito expedientes sobre viviendas afectadas. Sin embargo, deberían llegar respuestas y ayudas en cuanto a demanda habitacional por parte de las entidades públicas. Aún hay personas alojadas en caravanas y en viviendas de familiares. Debería existir una legislación específica más ágil».

Hernández destacó la apuesta de su municipio por el sector turístico: «Podemos sacar rédito dotando a las empresas de recursos. En este sentido, hemos creado partidas presupuestarias para adquirir terrenos que nos permitan desarrollar proyectos sostenibles, como un centro vulcanológico o científico».

Sector jurídico

La última mesa de esta primera jornada fue dirigida por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Intervinieron Miguel Ángel Pulido, de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias; Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo; Eduardo Risueño, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Pulido hizo hincapié en la «necesaria reconversión de la agroindustria palmera y la reconstrucción de todas las infraestructuras básicas, como la carretera de la costa y todo lo relacionado con el ciclo del agua. Asimismo, debemos buscar inversiones que generen empleos para que los jóvenes no se vayan de la isla».

Villar resaltó que «la Ley Nacional de Protección Civil no está pensada para una situación como la de la Palma, en la que todo desaparece por completo y el nuevo territorio que surge es hostil a la recuperación».

En otro orden de cosas, Risueño puso de manifiesto que «no tenemos una normativa de concentración parcelaria. Hay cinco millones de metros cuadrados de suelo agrario que debemos tratar de recuperar, basándonos en principios de compensación».

Santana demandó la creación de «un órgano que se dedique a la fase de reconstrucción, en el que estén implicadas todas las Administraciones. No debe haber intervenciones sucesivas y complementarias. Con una normativa expresa para los supuestos del desastre se podría ir más rápido que con la regulación normativa actual.»

Cavallé coincidió en señalar que «afrontamos un reto multidisciplinar, que sobrepasa con mucho la competencia de tres ayuntamientos y un cabildo. Precisamos un tratamiento conjunto basado en la solidaridad institucional».

LOS EXPERTOS CONCLUYERON QUE LA RECONSTRUCCIÓN DEBE PASAR POR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES,EVITANDO ERRORES COMETIDOS ANTERIORMENTE

«Lo que ha ocurrido es excepcional. Las últimas catástrofes similares fueron las de Lanzarote y Garachico, que ocurrieron hace doscientos años, por lo que el legislador no ha tenido en cuenta este tipo de situaciones en las que desaparece el terreno. La solución del problema es de tipo legislativo», concluyó el decano de los notarios canarios.

Marín coincidió en señalar que «falta decisión, por lo que una previsión legislativa es necesaria».

Por último, Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, realizó una exposición sobre el estado actual y el futuro de la isla.

Sector turístico

Enrique Luis Larroque del Castillo, director del Hotel Hacienda de Abajo, exponía el punto de vista del sector turístico palmero: «Los turistas no caen del cielo. Hay que atraerlos, pero no hay plazas hoteleras en este momento. De las 17.000 existentes, 5.000 están inmovilizadas por alojar a los damnificados por el volcán. El turismo puede proporcionar los ingresos que necesita desesperadamente la isla. La agricultura, el principal motor insular se ha quebrado, las plataneras se han sepultado bajo la lava y la ceniza».

Catastro y Consorcio

En una mesa moderada por la periodista Magaly Cáceres, presentadora y reportera de la Televisión Canaria, participaron Alejandro Izusquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y Fernando Aragón, director general del Catastro.

Fernando Aragón hizo un recorrido por la actividad realizada por su institución desde la erupción: «Los datos del Catastro han sido la única información completa y fehaciente de las propiedades para dotar a los propietarios de certidumbre y certificación. La información catastral ha permitido evaluar daños, establecer zonas de riesgo, reconstruir infraestructuras, poner en marcha un plan de prevención de catástrofes naturales (volcanes, incendios o inundaciones)».

Por su parte, Alejandro Izusquiza manifestó que el Consorcio de Compensación de Seguros «ha atendido 10.000 solicitudes de indemnización. Se han abonado 218 millones de euros, gestionando y pagando el 91% de los expedientes e importes. Muchas pólizas quedaron sepultadas bajo la lava; ha sido una experiencia única para la entidad: la primera siniestralidad volcánica».

DURANTE LAS JORNADAS, LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS Y EL CATASTRO RECIBIERON UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR SU LABOR

Gobierno de Canarias

A continuación, tuvo lugar una conferencia impartida por José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Entre las medidas puestas en marcha por el ejecutivo autonómico, Valbuena apuntó «la preparación de decretos para regular los planeamientos urbanísticos municipales y el desarrollo de un consorcio que permita acortar los plazos de reconstrucción, priorizando a los afectados cuya primera vivienda fue sepultada. Un año después, seguimos con el proceso de duelo y nos surgen nuevas hipótesis e incertidumbres».

Conclusión

En la última mesa redonda participaron Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado; Manuel Fernández, ex vicepresidente del Parlamento de Canarias y Antonio Castro, ex presidente del Parlamento de Canarias.

«Es imposible prever una catástrofe, pero es evidente que hay que tener una planificación urbanística adecuada en una isla donde puede haber erupciones», señaló Hernández.

Manuel Fernández resaltó los «daños morales de la erupción. Se han destruido recuerdos, historia y verdad de miles de personas. Hay que poner los máximos esfuerzos para dotarles de recursos materiales, porque nunca se podrán recuperar esos daños morales».

Por último, Antonio Castro agradeció «el comportamiento de los notarios en esta situación, con una actitud muy necesaria y aprovechable». Asimismo, quiso «felicitar a las instituciones por su actuación el momento de la emergencia».