¿Cuáles considera sus principales retos al frente de la Audiencia Nacional?
La Audiencia Nacional es un órgano de referencia de la justicia española, con una proyección internacional de gran importancia. Ese prestigio se ha conseguido por el arduo trabajo de quienes han trabajado, y trabajan, en sus tribunales a lo largo de los años, resolviendo asuntos de enorme trascendencia, y que ha contribuido a la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Hay una tendencia a identificar la Audiencia Nacional con el ámbito penal, pero ésta se compone también de un tribunal social y de tribunales de lo contencioso-administrativo, que son de la máxima importancia. Por tanto, el primer reto es mantener ese nivel de excelencia. Pero es cierto que hay nuevos retos, nuevas realidades, nuevas formas delictivas, que demandan soluciones adecuadas y actuales.
Los tribunales que conforman la Audiencia Nacional tienen un alto grado de especialización, que hay que incrementar. Ello demanda una revisión del marco competencial, especialmente en el ámbito penal, y exige un aumento de la planta judicial. Por otro lado, la implantación del nuevo modelo organizativo requiere de la dotación adecuada de funcionarios y de medios materiales apropiados.
“LA AUDIENCIA NACIONAL ES UN ÓRGANO DE
REFERENCIA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA, CON UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE GRAN IMPORTANCIA”
En sus discursos recientes ha enfatizado la defensa firme del Estado de Derecho. ¿Goza de buena salud la independencia judicial en España?
No quiero hacer un ejercicio de autocomplacencia, pero creo que la realidad cotidiana viene demostrando desde hace décadas que la exigencia constitucional de que los jueces seamos independientes se cumple escrupulosamente. Velar por la independencia judicial es un deber de todas y cada una de las personas que integramos el poder judicial. A ello ha de sumarse la garantía institucional, encarnada en el papel fundamental que la Constitución otorga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ambas vertientes creo que hay elementos objetivos que acreditan el cumplimiento del mandato constitucional. Quiero añadir que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino que tiene un carácter instrumental. El juez debe ser independiente porque solo así se garantizará la tutela efectiva que demanda la sociedad a la que servimos. Ello implica que los otros poderes del Estado deben ser respetuosos con el funcionamiento independiente de los tribunales, algo que reclama la esencia misma del Estado de Derecho, caracterizado, entre otras notas distintivas, por el principio de separación de poderes. Algo que exige, en consecuencia, nuestra Constitución, y que, en última instancia, garantiza la Unión Europea, cuya divisa distintiva, el imperio de la ley, descansa sobre la independencia judicial.
El nuevo modelo organizativo derivado de la Ley 1/2025 introduce cambios. ¿Qué impacto prevé en la gestión y el funcionamiento de la Audiencia Nacional?
En términos generales creo que el nuevo modelo organizativo supondrá importantes mejoras. Ahora bien, como ha señalado la presidenta del CGPJ, el éxito de su implantación dependerá de que se cuente con los recursos necesarios para llevarla a cabo, y, sobre todo, que exista un amplísimo grado de consenso institucional, de forma muy relevante con el Consejo. Todo ello desde la premisa esencial de que el nuevo modelo ha de tener como objetivo, si no único, sí absolutamente prioritario, el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. En el ámbito específico de la Audiencia Nacional, como particularidades destacadas, debemos hacer un diseño que atienda la proyección internacional de nuestros tribunales penales y a la complejidad de sus causas, no solo en la investigación y persecución de los delitos, sino también a las responsabilidades civiles que llevan aparejadas, que son, en no pocos casos, de una enorme importancia.
¿Cómo valora la experiencia adquirida en el CGPJ de cara a su actual responsabilidad como presidente de la Audiencia Nacional?
Me siento muy orgulloso de haber sido vocal, consciente de las luces y de las sombras de nuestra labor, a lo largo de más de diez años, en una situación de clara anomalía institucional. Con anterioridad fui presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cargo que, salvando todas las distancias, presenta ciertas similitudes con el de presidente de la Audiencia Nacional. Pero bueno, como dice el dicho popular “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, y yo llevo más de cuarenta años de servicio ininterrumpido en el poder judicial, y esa experiencia vital quizás sea mi bagaje más importante.
“EL JUEZ DEBE SER INDEPENDIENTE PORQUE SOLO ASÍ SE GARANTIZARÁ LA TUTELA EFECTIVA QUE DEMANDA LA SOCIEDAD A LA QUE SERVIMOS”
Tiene una extensa y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Es hoy la Justicia más accesible para ellos?
Sí, sin ninguna duda, lo cual no obsta a que haya que seguir avanzando en la protección de sus derechos. En los dos últimos años se han producido importantes reformas legislativas, entre las que destacaría la reforma del artículo 49 de la Constitución y la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ello ha configurado un marco normativo en el que la dignidad de las personas con discapacidad se garantiza haciéndolas personas con plena capacidad jurídica, sin perjuicio de los apoyos que puedan precisar para su ejercicio.
“FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD –COMO HACEN LOS NOTARIOS– ES UN PRINCIPIO
DE INESTIMABLE VALOR, SOCIAL Y JURÍDICO”
De modo que garantizar esa capacidad no es solo una exigencia ética, sino que es una obligación que dimana de nuestra Constitución y que, además, nos hace mejores a todos. Obviamente ese deber incumbe de manera relevante a los jueces, en cuanto garantes de los derechos humanos en una sociedad regida por el Estado de Derecho. Hacer una justicia accesible, comprensible y que sitúe la voluntad de las personas en el centro del procedimiento son tareas inexcusables. Creo que también en este campo se ha avanzado mucho, pero, insisto, no podemos caer en la autocomplacencia.
Me gustaría destacar también la figura del notario, que tiene un papel relevante en el sistema legal de provisión de apoyos, ayudando a la toma de decisiones al tiempo que ofrece a las personas aquellas opciones que mejor se adecúen a sus deseos y preferencias. Ello no sólo garantiza la capacidad jurídica, sino que previene problemas posteriores.
La internacionalización de la justicia es una realidad creciente. ¿Cómo actúa la Audiencia Nacional frente a fenómenos como el crimen organizado o el terrorismo?
La internacionalización es, sin ninguna duda, una de las señas de identidad de la Audiencia Nacional, y no solo en el ámbito penal, ya que en lo contencioso se ventilan asuntos de gran importancia, como son los asilos. Ciñéndome al orden jurisdiccional penal, haber atribuido la competencia para la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional o la competencia para la resolución de las extradiciones pasivas, así como de las ordenes europeas de detención y entrega, ha sido un acierto y es un modelo de referencia en la comunidad internacional a la hora del diseño de sus estructuras judiciales. A ello ha de sumarse la cooperación internacional, especialmente, aunque no solo, con los países de la Unión Europea, a través de Eurojust. Las nuevas estructuras organizativas de los grupos criminales, su actuación a través de internet y el blanqueo de los beneficios ilícitamente obtenidos a través de muy complejos entramados financieros, requiere necesariamente la aludida cooperación.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje personal tras años de servicio en diferentes órganos judiciales y cuál de sus destinos le ha marcado especialmente en su visión de la justicia?
Un doctor en Medicina amigo mío, dice que un médico ha de actuar conforme al modelo de triple H: humanidad, humildad y humor. Tal modelo es aplicable también a los jueces, a ello añado el trabajo, la reflexión, casi siempre en soledad, y con la permanente incertidumbre acerca de si lo decidido es lo correcto.
En cuanto a los destinos, todos han sido maravillosos y en todos he tratado de llevar a cabo ese ideal de justicia, además, con la perspectiva del tiempo asocias su recuerdo al discurrir de la vida, con todo lo que ello conlleva. Ahora, en este que será mi último “baile judicial”, lejos de estar cansado afronto mi deber con una ilusión renovada, muy orgulloso y agradecido al Consejo General del Poder Judicial por haber depositado su confianza en mí, y muy agradecido a todos quienes conforman la Audiencia Nacional por el cálido recibimiento que me han brindado.
¿Cuál es, en su opinión, la principal aportación de la función notarial al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica? ¿Es conocida su función en la prevención del blanqueo de capitales a través del Órgano Centralizado de Prevención?
La llamada justicia preventiva es esencial, y por más que sea una obviedad conviene reiterar que no solo otorga una absoluta confianza en las relaciones económicas, sociales y familiares de las personas, como muchas personas hemos podido comprobar, por ejemplo, al constituir una hipoteca o al otorgar testamento, sino que también es un modo de evitar la judicialización de los conflictos. Un magistrado solía decir que los jueces somos como los bomberos, actuamos cuando se ha producido el fuego, pero es mejor evitarlo. Por eso es de suma importancia la función notarial, que al tiempo que refuerza la seguridad jurídica previene la judicialización de los conflictos.
Impagable su contribución a evitar el blanqueo de los efectos de procedencia ilícita, ya que evitar que el delito salga rentable es una línea prioritaria de actuación de la justicia penal. A la respuesta penológica personal es esencial añadirle la patrimonial, que el delincuente no se beneficie económicamente.
“DEBEMOS HACER UN DISEÑO QUE ATIENDA A
LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE NUESTROS
TRIBUNALES PENALES Y A LA COMPLEJIDAD DE SUS CAUSAS”
¿Qué relevancia tiene el control notarial de legalidad en la prevención de controversias judiciales?
La fijación de los hechos y el control de legalidad de las decisiones y de los acuerdos de las personas, son labores que, realizadas por profesionales con la mayor de las cualificaciones profesionales, como he dicho antes, contribuyen a que se resuelvan en los tribunales solo los asuntos donde la intervención judicial es inevitable.
A ello ha de añadirse el asesoramiento que prestan los notarios para tomar buenas decisiones y ser un lugar de encuentro donde resolver las desavenencias, fomentando la autonomía de la voluntad, principio de inestimable valor, social y jurídico.
