La copia electrónica notarial

FUNDACIÓN NOTARIADO

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LA COPIA ELECTRÓNICA NOTARIAL

Cumplido el primer año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, las ventajas que ofrece la norma en cuanto a la digitalización de las actuaciones notariales aún son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Contribuir al conocimiento y análisis de esta realidad fue el objetivo de la sesión monográfica La copia electrónica en la nube y con CSV como nueva forma de exteriorización del documento notarial, organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital celebrada recientemente.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Manuel González-Meneses, Alfonso Madridejos y Segismundo Álvarez.

Los ponentes, los notarios Alfonso Madridejos y Manuel González-Meneses, también director de la cátedra, fueron presentados por el notario y vicedirector, Segismundo Álvarez, quien comenzó recordando la vocación de vanguardia de la cátedra en el estudio de todo lo relativo a la conexión entre tecnología y derecho, sin limitarse a las cuestiones estrictamente notariales, aunque en esta ocasión se analizase una ley que pretende avanzar en la digitalización de la función notarial.

Escrituras digitales

Alfonso Madridejos relacionó el nuevo régimen de las copias con lo que considera la más importante novedad de la Ley 11/2023 con respecto a la digitalización de las actuaciones notariales: la puesta en marcha del protocolo notarial electrónico, el eje en torno al que gira toda la reforma, y que supone incrementar exponencialmente la seguridad y utilidad del protocolo notarial, por el hecho de que las escrituras tienen ahora un doble formato: en papel y electrónico. Mientras que el protocolo de papel tiene un carácter estático, el protocolo electrónico es una herramienta dinámica, porque en él no solo está reflejada la escritura matriz tal y como fue autorizada, sino también la vida y dinamismo del propio negocio documentado.

Según explicó Madridejos, con la nueva regulación, “las copias electrónicas resultan potenciadas, puesto que ahora pueden ser expedidas para cualquier persona con interés legítimo que así lo solicite, con la novedad de la incorporación del CSV o Código Seguro de Verificación. El CSV proporciona una doble ventaja para el usuario: por un lado, permite garantizar la autenticidad e integridad de las copias, ya que su custodia se realiza en la Sede Electrónica Notarial con todas las garantías proporcionadas por el Consejo General del Notariado; y por otro, se mantienen siempre actualizadas y permiten conocer la situación de la matriz”.

“En definitiva, la copia notarial autorizada electrónica con CSV, que en poco tiempo debería generalizarse, supone, dentro del proceso de digitalización del tráfico jurídico en nuestro país, una gran mejora del sistema, un incremento muy importante de la seguridad jurídica, una notable agilización de los trámites y procedimientos y una considerable reducción de los costes para los usuarios de los servicios notariales, todo ello, no puede olvidarse, con un gran esfuerzo en inversión, costes y trabajo para el colectivo notarial”, comentó Madridejos.


EL PROTOCOLO ELECTRÓNICO ES DINÁMICO PORQUE EN ÉL ESTÁ REFLEJADA LA ESCRITURA MATRIZ Y LA VIDA DEL PROPIO NEGOCIO DOCUMENTADO


El Reglamento elDAS2

Por su parte, González-Meneses quiso situar el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales en un contexto más amplio: en un entorno social donde empleamos cada vez más dispositivos informáticos portátiles, como el teléfono móvil, a la hora de legitimarnos para muchas actuaciones. En particular, lo relacionó con la normativa europea -el Reglamento eIDAS2 promulgado en este año 2024- que pretende implantar un wallet o cartera de identidad digital europea consistente en una aplicación que permitirá emplear el teléfono móvil para acreditar, no solo la identidad personal, sino otra serie de variados atributos que interesa hacer valer frente a terceros y en interacciones tanto online como presenciales. El wallet permitirá manejar credenciales en formato digital con enlaces a las páginas web de las entidades u organizaciones emisoras de estas como forma de verificar en tiempo real tanto la autenticidad de la credencial como la vigencia del atributo que esta acredita. De manera análoga, el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales permite a los ciudadanos la acreditación de rasgos jurídicos, como la condición de propietario de un bien, de apoderado de otra persona o de administrador de una compañía, por ejemplo, con una copia electrónica en el teléfono móvil con un enlace -el CSV en formato QR-, que facilita a cualquier persona ante la que se exhibe ese dispositivo, escanear ese QR con su propio dispositivo para acceder en tiempo real a un ejemplar actualizado de esa misma copia que se mantiene en la Sede Electrónica Notarial.

La copia autorizada electrónica

González-Meneses incidió en que esta novedad es una exigencia derivada de la propia liberación de la copia autorizada electrónica, y tanto por razones de usabilidad (el CSV facilita la verificación de la autenticidad e integridad de la copia de un documento notarial que se exhibe en formato digital sin necesidad de disponer de un ordenador y un software que permita la verificación de la firma electrónica cualificada del notario emisor de la copia), como de seguridad. Una vez puestas en circulación, a diferencia de las copias de papel, las electrónicas (por excelencia, la copia de un poder de representación que legitima al apoderado para actuar en nombre del poderdante frente a terceros), no se pueden retirar porque, como cualquier archivo informático, se pueden reproducir una infinidad de veces por la persona que la ha recibido -ej. el apoderado en el caso del poder-. Por lo tanto, la existencia de un repositorio de copias accesible online por cualquiera ante el que se exhibe la copia en formato digital, con información actualizada sobre la vigencia o revocación del documento, es algo imprescindible para la protección tanto del poderdante como de los terceros ante los que pretende actuar el apoderado.

“El hecho de que la incorporación del CSV y la posibilidad de cotejo con un ejemplar actualizado de la misma copia en la Sede Electrónica Notarial sea algo conforme con el signo de los tiempos y una exigencia de usabilidad, de racionalidad y equidad del nuevo régimen de libre circulación de las copias entre particulares, no debe llevarnos a desconocer -advirtió González-Meneses- el cambio tan sustancial que supone esta reforma”.

ON LINE

El diálogo La copia electrónica en la nube y con csv como nueva forma de exteriorización del documento notarial puede visualizarse en la web de Fundación Notariado.

Alfonso Madridejos.
Manuel González-Meneses.
Tres cuestiones sobre la digitalización notarial

Manuel González-Meneses, notario y director de la catedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital, se detuvo, durante la cátedra, en tres cuestiones sobre la Ley 11/2023 que permitió la digitalización de diversas actuaciones notariales. En primer lugar, frente a la tradicional responsabilidad individual de cada notario en la llevanza de su protocolo y en la expedición de copias, la reforma supone la asunción por la propia corporación notarial de funciones con relevancia frente a terceros (la generación automatizada y aleatoria del CSV para cada copia emitida, la conservación del repositorio actualizado de copias, y el mantenimiento de su acceso online permanente). En segundo lugar, el acceso mediante CSV al ejemplar de la copia que se conserva en el repositorio de copias no tiene nada que ver con la tradicional legitimación para obtener copia de un determinado documento notarial, por cuanto se trata de un acceso automático y anónimo para cualquiera que conozca el CSV correspondiente; y por último, la fundamental cuestión de la eficacia jurídica del repositorio de copias respecto de terceros ya que -a juicio del director de la cátedra- la reforma solo tiene sentido si se entiende que la nueva normativa impone sobre estos -las personas ante los que se exhibe una copia en formato electrónico-, la carga de consultar el repositorio de copias mediante el CSV, ya que cualquier información actualizada en relación con la vigencia del documento le va a ser jurídicamente oponible.

Página de acceso al Portal Notarial del Ciudadano.
Fundación Notariado y su XII Cátedra del Prado

Bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado. 1815, el desmantelamiento del Louvre y el renacimiento de los museos en Europa, tuvo lugar la XII Cátedra del Prado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, y patrocinada por Fundación Notariado. El programa se articuló en cuatro conferencias de carácter gratuito para los asistentes inscritos, impartidas todos los jueves del mes de noviembre de 2024. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana; el jefe de su Centro de Estudios, Javier Arnaldo; y Raimundo Fortuñy, entonces vicepresidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fortuñy analizó este periodo histórico desde el punto de vista del Notariado: “En esta época la Asamblea Nacional francesa aprobó la llamada Ley Ventoso y es en este momento de la Historia cuando se produce la ordenación del Notariado como elemento vertebrador en respuesta a las demandas sociales de seguridad, legalidad y autenticidad, así como de la conciencia de restitución de lo ajeno”.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Javier Solana y Javier Arnaldo.

La prosperidad de las naciones

ALDEA GLOBAL

LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES

Lo que sucedió en continentes enteros, como África o América, hace algo más de 500 años, determina hoy por qué existen diferencias en la prosperidad de distintas naciones. Al menos, así lo defienden los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que obtuvieron el Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones económicas y políticas se han venido desarrollando y cómo estas, condicionadas por su historia, determinan la prosperidad de las naciones y las diferencias sociales y económicas entre ellas. Su teoría, sin embargo, no está exenta de críticas.

MELCHOR DEL VALLE
© JOHAN JARNESTAD | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE SUECIA

Cabe decir que los galardonados son historiadores económicos y que su investigación, por simplificar, no se basa solo en analizar secuencias de datos, sino en comparar estas con hechos históricos. Por eso, el acta del jurado que concedió el galardón considera que su trabajo ha demostrado que “una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, en referencia a la que los europeos llevamos a cabo en el siglo XVI y siguientes. La novedad está en la relación que establecen entre mortalidad, asentamientos e instituciones específicamente, pero también en tener en cuenta dichos aspectos con independencia de la nacionalidad de los colonizadores.

 


LOS NOBEL DE ECONOMÍA PARTIERON DE UNA PREGUNTA SIMPLE: “¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE QUE HAYA GRANDES DIFERENCIAS EN LA RENTA PER CÁPITA ENTRE DISTINTOS PAÍSES?”


El principio

En el año 2001, los autores galardonados publicaron en la revista American Economic Review el artículo The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, que es lo que promovió su candidatura al Nobel. A esto seguramente contribuyó también el libro de Acemoğlu y Robinson (es decir: sin Johnson) titulado Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) publicado en 2013.

En su momento, estudiosos de la economía del desarrollo consideraron que la tesis expuesta en el artículo contribuye a entender la evolución de las antiguas colonias mediante el análisis de la mortalidad de los colonos europeos, tomada esta como una variable del desarrollo de las instituciones. Dicho de otra manera, apuntan a que los europeos solo instauraron instituciones que inducían al crecimiento en áreas donde no enfermaban y podían establecerse. En cambio, en otras zonas donde estaban más expuestos a enfermedades, por ejemplo, África central, promovieron instituciones más propias de autócratas, que persisten hasta el día de hoy y explican en gran medida las diferencias en los ingresos entre países.

Inclusivas o extractivas

Para explicar su teoría, los autores dividen las instituciones de los países que fueron colonizados a partir del siglo XVI en inclusivas, basadas en el respeto al Estado de Derecho y habitualmente asociadas a regímenes democráticos estables, y extractivas, donde no se respetan los derechos básicos y la seguridad jurídica es manifiestamente mejorable. Es decir, y por unir conceptos con el párrafo anterior: los autores apuntan a que las inclusivas se dan en los países donde no enfermaban los colonos, por lo tanto hacían de aquéllos lugares su hogar, mientras que las extractivas se encuentran en naciones donde los europeos estaban más expuestos a contagios (diversas zoonosis con altos índices de mortalidad, por ejemplo), con lo que llegaban, extraían –de ahí el nombre– lo que podían y se marchaban, pero no se quedaban a vivir. También puede entenderse la conclusión de que los europeos que decidían establecerse en las colonias reprodujeron el sistema institucional de sus países de origen, mientras que quienes solo buscaban enriquecerse, y hacer cuanto antes el viaje de vuelta, pensaron que se quitaban problemas de encima; se miraba de perfil lo de respetar la propiedad privada y los derechos humanos.

Si intentamos simplificar un poco la tesis, no hemos de perder de vista que los Nobel de Economía partieron de una pregunta simple: “¿Cuáles son las causas de que haya grandes diferencias en la renta per cápita entre distintos países?”. Y encontraron que la posible respuesta está en que la tasa de mortalidad de los colonos determinó el lugar donde decidieron establecerse, esos asentamientos marcaron el carácter de las primeras instituciones establecidas y estas, a su vez, fueron el caldo de cultivo de las actuales. Ponen como ejemplo de inclusivos a EE. UU., país surgido de los asentamientos en las primeras “Trece Colonias” y su famosa –y letal para los nativos– ‘conquista del oeste’, y Australia, que fue inicialmente destino de convictos. Entre los extractivos, citan colonias españolas y portuguesas en América, asentamientos en el África Occidental Británica, incluida Costa de Oro (Ghana) y Costa de Marfil, y el antiguo Congo Belga (República Democrática del Congo).

 


UNA DE LAS EXPLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS EN LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES SON LAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE SE INTRODUJERON DURANTE LA COLONIZACIÓN


Nada definitivo

Daron Acemoğlu, nacido en Turquía y de origen armenio, y Simon Johnson, estadounidense, son profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y James A. Robinson ejerce en la Universidad de Chicago. En sus conclusiones dejan ver que ni las instituciones ni el desarrollo económico son factores sujetos a un destino inalterable y, por lo tanto, pueden transitar hacia mayores calidades democráticas y económicas. También admiten que aún hay cantidad de preguntas sin respuesta y que están en marcha diversos estudios para intentar contestarlas. Es una manera de decir que su trabajo es solo un primer paso, seguramente muy importante desde el punto de vista de una materia tan compleja como es la economía del desarrollo, y no un dato definitivo.

Es verdad que no es fácil explicar por qué “el 20% más rico de los países del mundo es hoy unas 30 veces más rico que el 20% más pobre; además, la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente; aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”, como lo expone la organización de The Nobel Price, pero no es fácil explicarlo basándose solo en las diferencias de las instituciones de esos países. Probablemente, una razón para no tomarse al pie de la letra la investigación de los Nobel de Economía 2024 es la tendencia a la baja durante los últimos años en la calidad democrática de países que se ponen como ejemplo de colonias inclusivas, con EE. UU. en primer plano, y como se deduce de los índices del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, (The Global State Of Democracy 2024) y de la Economist Intelligence Unit de The Economist (Democracy Index 2023).

Críticas

Las críticas les han llegado a los autores desde distintos frentes. David Y. Albouy, profesor de Economía en la Universidad de Illinois, publicó en la misma revista (American Economic Review), aunque once años más tarde, un artículo en el que sostiene, entre otras cosas, que las muestras de mortalidad sobre las que se basa el trabajo original son poco fiables y que hay confusiones con los nombres anteriores de los países africanos. El catedrático de Harvard Edward Glaeser, utilizando el mismo instrumento de mortalidad de colonos, pero para el capital humano (Do institutions cause growth?, publicado en Journal of Economic Growth, 2004), encontró que dicho factor (el capital humano) tiene un mejor desempeño econométrico que la calidad institucional y concluye que las instituciones prosperan cuando hay capital humano y social en cantidad.

 


LOS EUROPEOS SOLO INSTAURARON INSTITUCIONES QUE INDUCÍAN AL CRECIMIENTO EN ÁREAS DONDE NO ENFERMABAN Y PODÍAN ESTABLECERSE


Mushtaq Khan, que es profesor de economía en la School of Oriental and African Studies, la conocida SOAS (University of London), opina que el trabajo de los galardonados solo indica que los países de altos ingresos actuales obtienen mejores resultados en los índices institucionales occidentales, simplemente. No deja de ser cierto, en fin, que países del este asiático, como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, crecieron rápidamente sin tener previamente instituciones inclusivas. Otra economista crítica, Yuen Yuen Ang, profesora de Política Económica de Johns Hopkins University (Washington, EE. UU.) y muy reconocida por sus trabajos sobre el desarrollo de China, opina que la teoría de Acemoğlu, Johnson y Robinson no explica el crecimiento de China, pero tampoco el de Occidente; y recuerda que las instituciones de EE. UU. fueron corruptas cuando el país se estaba desarrollando.

Nobel de Economía, reducto estadounidense

El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).

De arriba a abajo, los profesores Daron Acemoğlu, Simon
Johnson y James A. Robinson, premio Nobel de Economía
2024. FOTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS Y DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO.

Anuncio del Premio Nobel de Economía 2024. FOTO NOBEL PRIZE
Colonialismo a sangre y fuego

Una de las críticas a The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation es que si el proceso de colonización es la base del trabajo no se haya tenido en cuenta su coste de una manera más amplia. Dichas críticas recuerdan que en las colonias que los autores consideran inclusivas, la violencia fue algo normalizado y muy cercano en algunos casos al genocidio de poblaciones nativas, antes de crearse las instituciones, por lo que es algo que debería formar parte del análisis. En una entrevista con The New York Times, tras recibir el premio, Acemoğlu no dio importancia a lo que hubiese sucedido entre colonos y nativos: “En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos cómo diferentes estrategias coloniales han conducido a diferentes patrones institucionales que han persistido a lo largo del tiempo”.

PARA SABER MÁS

The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson.
The American Economic Review (2001).

The Global State Of Democracy 2024.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof.
Mushtaq H. Khan.
SOAS, University of London.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024.
The Nobel Price.

«Instituciones: Nobel, DANA y Trump»», por Enrique Alberola

ALDEA GLOBAL

ENRIQUE ALBEROLA,
asesor y editor del blog del Banco de España (Las opiniones de este artículo no representan las del Banco de España)

"Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo"

Instituciones: Nobel, DANA y Trump

El reciente premio Nobel de Economía a los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ha reconocido la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Apenas unas semanas después hemos asistido a dos acontecimientos preocupantes, que alertan sobre la calidad y el devenir de las instituciones. El primero, muy cercano, la mala gestión de las inundaciones en Valencia por las instituciones (in)competentes. El segundo, la inapelable victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos.

La mayoría de las economías ricas, en particular las occidentales, han basado su crecimiento y prosperidad en las instituciones inclusivas, como las denominan los galardonados. ¿Por qué son fundamentales? Este tipo de instituciones permiten a los ciudadanos desenvolverse libremente en el marco de un Estado de derecho. Facilitan así su desarrollo personal y el aprovechamiento de sus capacidades. De esta forma, las instituciones inclusivas favorecen, no solo que alcancen sus objetivos económicos y sociales, sino comportamientos que fomentan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua del marco institucional.

Las instituciones inclusivas suelen estar asociadas a sociedades democráticas y se refuerzan con el desarrollo económico, según la idea del círculo virtuoso. Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis fiscal en Europa quebraron esta dinámica. El motor del círculo virtuoso se gripó y hay un riesgo de involución: un círculo vicioso de regresión democrática y, también, económica.

¿Qué pasó? La crisis global tuvo un fuerte impacto sobre la clase media y los sectores más desfavorecidos, que se sintieron abandonados, y agravó la desigualdad, que ya estaba aumentando antes en las economías avanzadas. Esta situación hizo crecer el sentimiento de exclusión y la desconfianza en las instituciones establecidas. En el ámbito político, ha derivado en la pérdida de apoyo a los partidos centrales tradicionales y en una creciente polarización. Esto dificulta los consensos que fundamentan las reformas económicas y el avance como sociedad. También mina la convivencia. Todo ello amenaza la propia calidad de las instituciones: la polarización tensa al sistema y sus instituciones, que corren el riesgo de ser arrastradas por las pugnas políticas. No sorprende que la calidad institucional se haya reducido en la mayoría de las democracias occidentales y en España aún más, como mostramos recientemente en una entrada en el blog del Banco de España titulada Premio Nobel 2024: la calidad de las instituciones potencia el crecimiento económico. Y, en mi opinión, ese deterioro no es ajeno, aunque sea tangencialmente, a la mala gestión de la DANA.

Desde una perspectiva global, el modelo económico dominante, que ha favorecido el libre comercio y la iniciativa privada, ha perdido adeptos. La emergencia económica del Sur global y algunas políticas discutibles de Occidente redujeron el ascendente de este sobre el resto del mundo. La rivalidad y la tensión geopolítica han aumentado desde entonces. El ascenso de los BRICs, liderados por China, es un buen ejemplo. Estos modelos alternativos no abrazan las instituciones inclusivas, aunque es verdad que sin ellas han podido desarrollarse. Por cierto, esta evidencia ha servido de crítica a las tesis de Acemoglu y compañía. Tales países también ponen en cuestión la arquitectura de las instituciones internacionales surgida de la posguerra mundial y diseñada, en su vertiente económica, por las potencias occidentales.

En definitiva, una crisis económica ha desembocado en una regresión institucional. ¿Qué consecuencias económicas puede tener esta deriva negativa?

Por un lado, el aumento de la incertidumbre política, que no es buena para la actividad económica. Por ejemplo, en las elecciones de los últimos veinte años se ha producido una caída continua en el porcentaje de votos de los partidos ganadores, lo que reduce la estabilidad de los gobiernos. En paralelo, el índice de incertidumbre de políticas económicas (conocido como EPU) ha mostrado una tendencia al alza. La inestabilidad política, la falta de consensos o la revisión de las normas al albur de los cambios de gobierno no permiten tomar decisiones en un entorno de previsibilidad y esto afecta negativamente al crecimiento económico, como bien sabemos.

Por otro lado, en el ámbito global la polarización contribuye a agravar las tendencias a la fragmentación económica, uno de los grandes riesgos que enfrenta la economía mundial. Es cierto que las pulsiones a la fragmentación también son resultado de la creciente competencia entre naciones en el concierto internacional. Pero la polarización refuerza las posiciones radicales, defensivas de lo propio y, por lo tanto, da rienda suelta a los instintos proteccionistas, nacionalistas y excluyentes. Y estas posiciones amenazan la cooperación y la integración globales y, con ello, las instituciones que las articulan. Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo.

Además, cuando la polarización alcanza a los países abanderados del orden establecido, la situación se vuelve crítica. Por eso, el 5 de noviembre fue un día negro para los que creemos en los valores inclusivos, pues existe el riesgo de que el círculo vicioso se acelere.

Y todo esto ocurre cuando la necesidad de cooperación global es más importante que nunca ante la amenaza climática y la creciente interdependencia global. Por no mencionar los riesgos de inestabilidad geopolítica global, que la fragmentación también propicia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya apuntaba una razón al inicio: la crisis económica y financiera. Pero hay otro elemento muy importante: la revolución de la desinformación propiciada por Internet y los desarrollos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial. Esto daría para otro artículo, así que les dejo con una recomendación: el nuevo libro de Acemoglu y Johnson, Poder y Progreso, que alerta de los peligros de la revolución tecnológica actual, liderada por las redes y la inteligencia artificial y concentrada en grandes corporaciones amenaza la propia calidad de la democracia.

Entrevista a Miquel Roca, Jurista, padre de la Constitución y Premio Puig Salellas 2024

EN CURSO LEGAL

Miquel Roca Junyent

Jurista, padre de la Constitución y
Premio Puig Salellas 2024

“Ninguno de los problemas que hoy tiene planteados España tiene su origen o su causa en la Constitución”

SANDRA PURROY

Miquel Roca Junyent es licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona. Abogado ejerciente desde 1962, su figura es indisociable de la Constitución española de 1978, de la que fue uno de los siete ponentes a los que se encomendó su redacción.

Su apuesta por un Derecho y una sociedad cimentados en el consenso y el diálogo, con unos valores profesionales y sociales basados en el respeto institucional, y su compromiso constante con el Estado de Derecho y el progreso social, le han hecho merecedor del Premio Puig Salellas 2024, el máximo galardón que otorgan anualmente los notarios de Cataluña.

Acaba de recibir el premio Puig Salellas. ¿Cómo valora el ser merecedor de este premio?

Recibir un premio que lleva el nombre de Puig Salellas representa para mí una ilusión, pero a la vez un enorme honor, porque fue una persona y un referente clave en la gran tradición jurídica de Cataluña. Fue un notario extraordinario y dentro de sus méritos y de su trayectoria está el haber conservado, vivificado e impulsado el derecho Civil de Cataluña, en el que tuvo un papel fundamental. Por ello tiene sentido que el Colegio Notarial de Cataluña otorgue un premio con su nombre y para aquel que lo recibe es una enorme satisfacción.

 


«EL DERECHO ES UNA REGULACIÓN CONVIVENCIAL QUE SE INTEGRA Y SE PRACTICA DESDE EL ACUERDO»


 

Usted tuvo relación con el notario Josep Mª Puig Salellas…

Sí, compartimos vivencias y proyectos. Él me ayudó mucho a partir del momento en el que a mí me correspondió participar en la elaboración de la Constitución, en lo que hacía referencia a la competencia sobre la legislación civil de las comunidades autónomas que tienen un Derecho Civil propio. Además, él fue presidente del Consejo Social de ESADE y yo de la Universitat Pompeu Fabra, y mantuvimos una relación muy frecuente e intensa en el tema de la ley de universidades, sobre la necesidad de que la Academia se acercase al mundo profesional.

¿Qué importancia le atribuye al consenso, al pacto?

Los juristas somos gente de pacto. Sabemos que el Derecho es una regulación convivencial que se integra y se practica desde el acuerdo. Y tiene un motor que es el consenso, que los juristas hemos aprendido en el ejercicio de la profesión. Hemos de ser capaces de situar la discrepancia en lo que sea estrictamente imprescindible. La discrepancia innecesaria nos aleja del buen sentido del Derecho.

46 años después de la aprobación de la Constitución española, ¿podemos considerarnos una democracia madura?

Seguro. Además, esta es la primera Constitución en la historia de España que ha sido sometida al referéndum del pueblo. Esto es insólito y le da un gran valor. Algunos plantean la necesidad de reforma de las bases convivenciales que definimos en 1978, pero en todo caso hoy sabemos que ninguno de los problemas que hoy tiene planteados España tiene su origen o su causa en la Constitución. Aunque podemos encontrar discrepancias en temas como la política de vivienda, las pensiones, el paro, el desarrollo económico o la política fiscal, todo ello encuentra su cauce de expresión y de materialización de la discrepancia en la Carta Magna.

 


«EL NOTARIADO TIENE UNA GRAN FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA. POR LA VÍA DE LA PRAXIS, INCORPORA A LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO LO QUE DESDE SUS DESPACHOS VIVEN CADA DÍA»


 

En cuanto al Derecho civil, ¿qué papel atribuye a los notarios en su construcción y conservación?

Los notarios tienen un papel importantísimo, porque el Derecho se actualiza a través de dos grandes vías: una es la jurisdiccional y la otra los notarios y la escritura pública. La jurisprudencia sirve para esta función interpretativa de la norma; actualizarla es una forma de adaptar el Derecho al cambio. Y los notarios y la escritura pública recogen la historia viva y la evolución de un país. El Notariado tiene una gran función de actualización de la norma; por la vía de la praxis el notario es capaz de incorporar a la interpretación del Derecho lo que desde sus despachos viven cada día. La aportación que los notarios realizan a la vida jurídica ha sido históricamente, y lo es ahora, de una gran trascendencia. El modelo español de la fe pública es un modelo muy propio, singular e histórico y ha prestado un servicio extraordinario, sin duda alguna, a la construcción jurídica en España.

¿Cuáles cree que son actualmente los retos jurídicos mas importantes que tenemos en nuestro país?

De entrada, hay un reto muy importante: necesitamos modernizar la Justicia y esta requiere de más recursos. Se están haciendo esfuerzos necesarios, pero todavía son insuficientes. Vivimos en una sociedad garantista, que acude a la Justicia constantemente y esto requiere multiplicar la infraestructura jurisdiccional en España. Un segundo punto son los retos que plantea la digitalización y la Inteligencia Artificial, que tienen un impacto que más adelante será positivo, pero ahora solo es preocupante. Habrá que dotar a la Justicia y a todos los operadores del mundo jurídico de mecanismos que puedan resolver este impacto. El tercer punto es que en el orden jurídico europeo hemos constitucionalizado la libertad de información, y ahora hay que luchar para que la veracidad de la información sea el dogma. Ser tolerante con la desinformación, con las fake news, con la mentira, tiene un coste muy caro. No es coyuntural, puede ser de larga duración si no nos enfrentamos a ello con todo el coraje. Nos ha costado mucho ganar la libertad de información y no la podemos perder porque el rumor, el bulo, la mentira, sustituyan la veracidad. Las amenazas son muy fuertes, porque detrás de la desinformación lo que hay es una lucha por el poder; y poder solo debe haber uno: el de la soberanía popular. Y la soberanía popular para ejercer su poder tiene que estar bien informada. La veracidad de la información es fundamental; aquí hay una amenaza en estos momentos, y el Derecho tendrá que estar muy presente en ese combate porque nos jugamos mucho.

¿Cómo valora el actual sistema de seguridad jurídica que tenemos en España?

Los notarios hacen una aportación muy importante en el campo de la seguridad jurídica en España. El concepto se formula de manera muy similar con el transcurso del tiempo, pero ha ido ganando terreno en exigencia y en este momento hay muchas cosas que afectan a la seguridad jurídica, como un exceso de burocracia, que puede perjudicarla, o la capacidad de legislar a impulsos, que también la afecta. Si tuviese en este momento que volver a reformular algún concepto constitucional, añadiría que la Justicia es para nosotros la expresión de un concepto muy importante, que es el de la seguridad jurídica. Y la falta de seguridad jurídica a quien más perjudica es siempre al más débil. Durante mucho tiempo se hablaba de la seguridad como un concepto pequeño burgués, pero no es así. Es un concepto de progreso, y las clases más populares son las que pagan un coste mayor si hay inseguridad. Hoy debemos luchar una barbaridad por la seguridad jurídica porque muy a menudo chirría. Por ejemplo, la presunción de inocencia en nuestro entorno ha muerto y se ha sustituido por la presunción de sospecha, y esto es una gran debilidad, porque hacer justicia sobre unas bases tan mediatizadas se hace muy complicado y nos perjudica a todos. Tenemos que volver a repensar el Derecho con bases filosóficas y de alto contenido ético.

 


«EL MODELO ESPAÑOL DE LA FE PÚBLICA ES UN MODELO MUY PROPIO, SINGULAR E HISTÓRICO Y HA PRESTADO UN SERVICIO EXTRAORDINARIO, SIN DUDA ALGUNA, A LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA»


 

¿Y qué papel atribuye, más allá del mundo jurídico, a la participación de la sociedad civil?

La sociedad civil tiene un papel importantísimo: el de aportar al legislador y a la Administración la realidad próxima. La política es muy difícil, y a menudo se acomoda a una cierta distancia de la realidad social. La sociedad civil está inmersa en la realidad; la conoce, la vive. Y debe acercar esa realidad al mundo político. Hoy, participar políticamente no es simplemente un monopolio del mundo político; también hay operadores sociales, cívicos, que tienen la expresión de una voz que el mundo político debería tener muy presente.

 


«LA FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA A QUIEN MÁS PERJUDICA ES SIEMPRE AL MÁS DÉBIL»


 

¿Cómo ve el encaje del mundo académico con el mundo profesional?

Trabajamos en crear este puente. Cuando yo estudié, en Derecho los exámenes se basaban en la memorización. Ahora aprieto un botón y tengo acceso a toda la información, artículos, doctrina, sentencias. Pero hay que aprender a estructurar las cabezas de una manera jurídica.

¿En qué principios se basa esta estructuración?

Hay que estructurar los grandes principios, porque es en ellos donde luego aplicamos lo que la práctica diaria nos dice. El Estado de Derecho son grandes principios y si estos se ignoran o no se estructuran, a veces fallamos en nuestra función. La legislación debe ser clara, porque la norma debe ser comprendida por la gente a la que se destina. Todo debe encajar para no generar problemas. El ciudadano debe estar mucho más cerca del Derecho y las cosas se cumplen cuando las entiendes. Aquello que no se entiende genera un grado de incumplimiento brutal.

¿En general cree que se legisla demasiado?

No diré que hay demasiadas leyes, pero sí que es un refugio ante la incapacidad de resolver problemas. El Derecho no descansa únicamente en la ley, es mucho más; a veces se basa en la simple respuesta de un funcionario en una ventanilla. Cuando se habla de simplificación administrativa, hay fundamento para hacerlo. La complejidad de la norma y la dificultad para cumplir con ella genera incumplimiento. Deberíamos poder proponer que los que tienen alguna responsabilidad para construir el futuro se sienten a debatir sobre ello. Debemos repensar muchas cosas. Queremos dar la sensación de que con muchos requisitos se cumple mejor la norma, pero no es verdad.

¿Ve voluntad de repensar esta cuestión?

No la veo demasiado. Los que pueden plantearlo saben que este proceso es lento y sus consecuencias también; tardarán 10 o 15 años en verse. Hay que empezar por pequeños acuerdos. He participado en comisiones del Ministerio para opinar sobre determinadas leyes y recientemente asistí a una audiencia previa en un juzgado en que se fijó para dentro de un año la siguiente sesión. No es culpa del juez, pero esta es la imagen que trasladamos al ciudadano que quiere confiar en la ley, en la norma y en la Justicia, y ve que de lo suyo se hablará dentro de un año.

 


«TENEMOS QUE VOLVER A REPENSAR EL DERECHO CON BASES FILOSÓFICAS Y DE ALTO CONTENIDO ÉTICO»


 

¿Si la justicia no es ágil, no es justicia?

El juez dirá que no tiene más medios, con razón, pero hagamos lo que sea necesario. Si la Justicia y el Derecho se devalúan, todo el edificio se tambalea. No hay ningún país que, sin libertad, sin Derecho y sin Justicia haya progresado. Siempre se acaban pagando muy caro estas ausencias. Trabajemos para construir Estados de Derecho.
Si quisiera dejar un legado, como padre de la Constitución, ¿cuál sería?
No tengo la pretensión de dejar ningún legado. Pero sí puedo hacer una cierta recomendación: si quiero ser respetado, debo aprender a respetar. Si se desarrolla esta idea, le aseguro que con eso se puede construir cualquier cosa. Nadie tiene derecho a exigir respeto si no aprende a respetar. Esto tiene que ver mucho con la Justicia. Empecemos por aquí.

Titularidad real: el gran desafío en la lucha contra el blanqueo

ENTRE MAGNITUDES

Titularidad real: el gran desafío en la lucha contra el blanqueo

Los titulares reales de las empresas se esconden utilizando sociedades pantalla.
Conocer a los titulares reales tras las empresas y sociedades es uno de los mayores retos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para poder hacerle frente, los expertos abogan por seguir trabajando en cuatro aspectos fundamentales: integrar las distintas bases de datos existentes en un único registro central, implementar herramientas tecnológicas que permitan el filtrado y análisis del big data, ampliar la información disponible de los sujetos obligados y desarrollar un trabajo de campo que apoye la labor de investigación.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Así lo constataron representantes de las administraciones públicas, miembros de organismos de control y prevención, autoridades de la Policía Judicial y la Guardia Civil, el Notariado, los registros y otros sujetos obligados, que se dieron cita para debatir sobre los retos presentes y futuros en la transparencia de la titularidad real en el seminario organizado por el Consejo General del Notariado, Transparencia Internacional España y la Fundación Ortega-Marañón.

En su discurso inaugural, José Ángel Martínez Sanchiz, entonces presidente del Consejo General del Notariado, destacó que “desde el año 2005, el Notariado contribuye activamente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de su Órgano Centralizado de Prevención (OCP). Hace más de doce años pusimos en marcha nuestra Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), pionera en Europa, para ayudar a las autoridades competentes a la identificación de los titulares reales”. Y subrayó que “estas prácticas son una lacra del mundo moderno: no es delincuencia de cuello blanco, sino que detrás se encuentran las realidades más desagradables”.

Sin huecos a la opacidad

También en la apertura, David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, destacó que, en los últimos años, “la comunidad internacional ha avanzado en este terreno, aunque todavía quedan cuestiones en las que trabajar para conformar un sistema donde no dejemos huecos a la opacidad y a la utilización de sociedades pantalla”. “Filtraciones como los Papeles de Panamá y Pandora acentúan la necesidad de actuar con firmeza para garantizar que la información sobre los verdaderos propietarios de las personas jurídicas sea precisa y accesible”, afirmó.


JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “HACE MÁS DE DOCE AÑOS PUSIMOS EN MARCHA NUESTRA BASE DE DATOS DE TITULARIDAD REAL (BDTR), PIONERA EN EUROPA”


La jornada se articuló en torno a dos mesas de debate en las que los panelistas enfatizaron la importancia de la cooperación entre organismos públicos y privados y la colaboración entre instituciones y sujetos obligados. En la primera mesa se abordaron los desafíos relacionados con la calidad y el acceso a los datos de los registros públicos y los retos tecnológicos y legales en la implementación del nuevo Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR).

En este sentido, Antonio Fuentes, subdirector general del Notariado y de los Registros -del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, señaló que “los desafíos que vienen son mucho mayores que los actuales. Tenemos más de 100 bases de datos a integrar en el RCTIR, con información de todas las personas jurídicas españolas, algo sumamente complejo. Estamos inmersos en el volcado de todos esos datos de manera paulatina y homogénea, bajo una estructura común”.

Asimismo, Sergio Tresguerres, del Tesoro Público, reflexionó sobre el cambio de paradigma que implica el nuevo paquete normativo sobre la titularidad real en Europa, “que pasa de ser algo complementario a esencial en la lucha contra el crimen financiero”; Francisco Córcoles, representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), recordó que “el objetivo de las políticas que aplicamos no es prevenir el blanqueo, sino -a través de esto- evitar la actividades delictivas”; y Carlos Balmisa, del Colegio de Registradores de España, destacó la necesidad de avanzar en blockchain, alertas automatizadas e inteligencia económica.


DAVID MARTÍNEZ GARCÍA: “QUEDAN CUESTIONES
EN LAS QUE TRABAJAR PARA CONFORMAR UN SISTEMA DONDE NO DEJEMOS HUECOS A LA OPACIDAD Y A LA UTILIZACIÓN DE SOCIEDADES PANTALLA”


Por su parte, Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), incidió en la relevancia de la Base de Datos de Titular Real del Notariado, “que cuenta con información de más de tres millones de personas jurídicas”. “Los notarios autorizan nueve millones de operaciones al año y, de ellas, cerca de 1.000 operaciones diarias pueden afectar a la titularidad real. Nuestro reto es tener el mayor volumen posible de informacion acreditada, útil y veraz de aquellas sociedades que cumplen con sus obligaciones legales para dedicar nuestros esfuerzos a ese porcentaje mínimo de empresas que crean con el objeto de cometer un delito”, aseveró.

La base del Notariado

En la segunda mesa redonda, autoridades y sujetos obligados reafirmaron la utilidad de la BDTR del Notariado en las investigaciones, cuyos datos se complementan con la actividad operativa de las unidades, “que nos da información que no se encuentra en ninguna de las bases”, sostuvo Fernando Palomo, subteniente de la Guardia Civil.

Por su parte, Silvia Orna, inspectora jefe de la Policía Judicial, señaló que resulta clave conocer no solo la titularidad “de derecho” sino también la “de hecho” y apuntó: “Nuestro mayor reto es el big data; tener instrumentos para tratar la gran cantidad de datos que recibimos. En la Policía hemos creado una nueva división de Transformación Digital para abordar estas cuestiones”. En esta línea, Alberto Thiery, representante de la Agencia Tributaria, explicó cómo el empleo de herramientas de inteligencia artificial, como su sistema “ZUJAR”, permite identificar patrones y generar un informe sobre la titularidad real en segundos.

María de la Luz Gómez Rabasco, directora de Cumplimiento Normativo del banco CBNK, remarcó la importancia de la investigación, que permite en muchas ocasiones descubrir “que el titular real que teníamos identificado no es la persona que realmente controla el entramado”. Mientras que Francisco Martín Casares, responsable del área de prevención en Anticipa Real Estate, manifestó que “los sujetos obligados nos encontramos en una situación paradójica y compleja porque no podemos cumplir con la normativa”, que exige un seguimiento completo de las relaciones comerciales en los últimos diez años. “Tenemos los medios que tenemos -continuó- y, en lo local, nos manejamos razonablemente bien, pero hay terceros con los que es mucho más complicado comunicarse”.

Al cierre de la sesión, David Martínez García recordó que “las autoridades nacionales no deberían ser las únicas con acceso a los registros”, sino que organismos internacionales, entidades obligadas, inversores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil “necesitan acceder a estos datos para descubrir los flujos financieros ilícitos y localizar posibles transacciones sospechosas en todo el mundo”.

Diligencia debida de los sujetos obligados

Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), ofreció una charla-taller sobre la diligencia debida de los sujetos obligados, en la que explicó el funcionamiento de la base de datos del Notariado y puso en valor los avances tecnológicos logrados. «Los notarios tienen la obligación de preguntar y conocer quién es el titular real de la sociedad sobre la que se realiza un acto jurídico. El notario consulta la Base de Datos de Titularidad Real, verifica la información y, en función de que la operación tenga mayor riesgo o los datos no sean coherentes, le solicita al cliente la documentación que considere oportuna”, apuntó.

“En el año 2010 -prosiguió- empezamos a guardar el gran volumen de información que nos remitían los notarios españoles. No era complicado almacenarla porque todas las operaciones que autorizan se graban de manera centralizada y electrónica mediante el Índice Único Informatizado Notarial. Además del desafío tecnológico, nuestro reto entonces era conocer la titularidad real de manera eficiente y rápida. Hoy, nuestro sistema es capaz de calcular al momento quién es el titular real de una persona jurídica».

De izda. a dcha.: Francisco Córcoles, Antonio Fuentes, Carlos Balmisa, Sergio Tresguerres, Mariano García Fresno y Ailén Rubio (TI-España).
De izda. a dcha.: Alberto Thiery, Silvia Orna, Fernando Palomo, María de la Luz Gómez, y Francisco Martín y Camila Cella (TI-España).

Objetivo final: las personas físicas

Además de monitorizar los movimientos de las personas jurídicas, los expertos coincidieron en la importancia de no dejar al margen a las personas físicas. Francisco Martín Casares, responsable del área de prevención en Anticipa Real Estate, reivindicó que “nos encontramos con muchas operativas indiciarias donde el problema de la titularidad real no es una persona jurídica sino una persona física”.

En este mismo sentido, Alberto Thiery, representante de la Agencia Tributaria, declaró que desde esta agencia se realizan planes anuales de investigación: “Buscamos la titularidad real de las personas jurídicas porque estamos tras la persona física: ese es nuestro objetivo final. Son personas físicas quienes utilizan todos esos entramados societarios”.

OJO AL DATO

En junio de 2024 se constituyó la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo, que recientemente ha lanzado su página web, que incluye información actualizada sobre la nueva normativa europea en materia de prevención.

El Ministerio de Justicia está ultimando la total disponibilidad del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), creado en septiembre de 2023. Un registro único para todo el territorio nacional que pretende integrar las diferentes bases de datos existentes.

«¿Cómo lucha el Notariado contra el blanqueo de capitales?», por Pedro Galindo

ENTRE MAGNITUDES

PEDRO GALINDO,

director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado

“El sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro a nivel internacional”

¿Cómo lucha el Notariado contra el blanqueo de capitales?

En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se acompañan casi siempre de gráficos que muestran cómo se ha intentado disimular el origen ilícito de los bienes utilizando sociedades nacionales u off shore, criptoactivos, dinero en efectivo, licencias de VTC, etc. Pocas veces aparece algún artículo que aborda el complejo problema de la financiación del terrorismo y aún menos de las consecuencias de la exportación de material de doble uso a países sancionados. También la guerra en Ucrania nos ha recordado que existen personas físicas y jurídicas con sanciones financieras internacionales cuyos activos deben ser inmovilizados o ‘congelados’.

Casi todas las actividades descritas tienen patrones similares. Siempre existe una organización criminal que genera activos en la que no solo se integra quien materialmente comete el delito precedente, sea tráfico de drogas, de personas, armas o cualesquiera otras actividades ilegales, sino que también encontramos en organizaciones criminales estructuras jurídicas y económicas diseñadas a través de las que se blanquean ingentes sumas de dinero. No solo lava dinero quien comete el delito precedente o subyacente, sino quien desde un despacho colabora en que ese dinero vuelva a la actividad económica disimulando su oscuro origen. Si de financiación del terrorismo se trata, la actividad es parcialmente distinta ya que, a diferencia del blanqueo de capitales, donde se lava lo que es sucio en origen, en financiación se oscurece lo que suele tener un origen legal, por ejemplo, una donación a una fundación de ayuda a viudas de guerra en Oriente Medio.

En estas actividades ilícitas siempre hay un elemento común: la utilización de múltiples sociedades o personas jurídicas no societarias, nacionales o extranjeras, para dificultar el rastro hasta el origen y, de ese modo, alejar al delincuente del beneficio económico obtenido.

La presencia de múltiples sociedades ha planteado el arduo problema de conocer quién es el beneficiario último -titular real- de esos vehículos societarios o personas jurídicas no societarias, lo que es enormemente complejo, máxime en un delito de componente transnacional, al emplear sociedades de diversas jurisdicciones.

Además, tal conocimiento es difícil no solo por la disparidad de regímenes legales en materia de prevención de blanqueo, sino por la laxitud regulatoria en la creación de esos vehículos societarios. No es infrecuente leer en periódicos e incluso en artículos especializados que se deben eliminar o simplificar las barreras de entrada en la creación de esas sociedades. Restricciones que se identifican con la presencia de funcionarios públicos que intervienen, precisamente, en el momento más importante: cuando la sociedad se crea, y es preciso conocer la identidad de los socios, administradores y controlar el objeto social.

En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual.

En España, desde el año 2012, existe una Base de Datos de Titularidad Real extraída de la información obrante en las escrituras públicas de constitución, transmisión de capital, sea a título oneroso o gratuito, reducción o ampliación de capital y disolución y extinción, que permite indubitadamente conocer quién es el titular real. Ese dato es auténtico, en el sentido de que proviene de un concreto documento público y preconstituye prueba ya que, quien no esté de acuerdo, ha de demostrar lo contrario. Ese sistema denominado de titularidad real acreditativa está basado en la intervención de un funcionario público, el notario, y en un documento público, por lo que la calidad del dato está verificada en origen.

Frente a tal sistema, están los meramente declarativos, esto es, aquellos basados en la declaración, muchas veces online, y siempre sin control alguno, que hace el administrador o el secretario del consejo de administración a un registro, sea mercantil, o específico de titularidad real. Este tipo de registros carecen de la calidad de la Base de Datos de Titularidad Real, pues no hay nadie que en un registro mercantil verifique si la manifestación es correcta. Desgraciadamente, este sistema se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico exigiendo que se declarara la titularidad real cuando se depositan cuentas, lo que tiene escaso valor, pues al registrador le es imposible verificar la veracidad de tal declaración.

El reciente paquete legislativo anti blanqueo aprobado este año en la Unión Europea se asienta en un esquema mixto. Ordena a las personas jurídicas, sean sociedades o de otro tipo, que mantengan actualizada la información de titularidad real y que, en su caso, actualicen los Registros Centrales de Titularidad Real. Tal esquema, basado en la honestidad de los integrantes de la persona jurídica, es un sistema mínimo de eficacia muy limitada, pues recuerda lo que sucede con el libro registro de socios, esto es, que muchas veces no existe y, si se lleva, se actualiza cuando, por ejemplo, Hacienda pide información.

Por ello, a nivel internacional el sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro y guía que seguir, pues no existe una manifestación, ni se hace horas antes de que sea preciso declarar quién sea titular real. Lejos de ello, se basa en la información de documentos públicos que permiten en todo momento seguir quién era el titular real de una participación y a quién se la vendió, como si de un inmueble se tratara, lo que es imposible en sistemas declarativos como, desgraciadamente, se efectúa en España ante el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, resulta sorprendente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 10 de octubre de 2024, ya que confunde los efectos de una manifestación al tiempo del depósito de cuentas acerca de quién sea el titular real, con la información veraz derivada del tracto sucesivo obrante en documentos públicos notariales. Olvida el TS que una manifestación efectuada en un depósito de cuentas en modo alguno es verificable por el registrador mercantil, al contrario de lo que, por ejemplo, sucede con una escritura pública de compraventa de participaciones, pues quien vende, dona o hereda ha de acreditar que quien transmite o a quien sucede era propietario.

España volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2027. Esperemos que para esa fecha los efectos derivados de la inclusión de una mera manifestación al tiempo de depositar cuentas se hayan subsanado, pues en otro caso España, que era un ejemplo a seguir, puede convertirse en el paradigma de un problema, al coexistir información sobre una misma sociedad proveniente de diversas fuentes, información que, sin embargo, es evidente que no tiene idéntica calidad, pues una manifestación en documento mercantil -depósito de cuentas- no tiene el carácter auténtico de la que se deriva de un conjunto de documentos públicos notariales.

A mal tiempo, mayor ahorro

CONSUMO

A MAL TIEMPO, MAYOR AHORRO

El 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas espirituosas.
Los consumidores se han vuelto más ahorradores y precavidos. Pese al aumento de los precios y las ganas de aprovechar el tiempo de ocio que dejó la pandemia, el ahorro de los hogares españoles ha aumentado por segundo año consecutivo.
MARIÁN LEZAÚN

La incertidumbre económica, política y social hace que los ciudadanos contengan el gasto, planifiquen las compras y sobre todo tomen conciencia de lo que significa contar con un fondo que les proteja frente a imprevistos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares españoles se situaba en el 21,2% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de este año, frente al 19,6% del mismo periodo de 2023.

Ahorrar no es una tarea fácil porque el estilo de vida actual invita más al gasto que a la contención, aunque cualquiera sabe lo importante que es disponer de un fondo de emergencia que permita hacer frente a gastos inesperados. De hecho, diversos estudios apuntan que la mitad de las familias españolas no disponen de ningún ahorro, algo que no ocurre en otros países europeos. Si bien en los últimos meses los datos en los hogares españoles son más optimistas y auguran un cambio de tendencia.

 


SEGÚN EL INE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITUÓ EN EL 21,2%


 

Plataformas de inversión

Actualmente abundan las aplicaciones y divulgadores populares (como Value School, El arte de invertir, Finect, Natalia de Santiago, Luis Pita, etc.) que recuerdan la importancia de gestionar bien el dinero y, sobre todo, de sacarle la máxima rentabilidad. Dicen los expertos que el origen de este cambio es la incertidumbre económica pero también el aumento de la cultura financiera de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes que ven de manera mucho más clara esa necesidad de contar con dinero extra para un futuro en el que, por ejemplo, las pensiones actuales no estén garantizadas o en el que la inestabilidad laboral será la tónica general. Así, como recoge el informe anual de EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero gracias a numerosas herramientas digitales que han reducido las barreras de entrada tradicionales. En este sentido, los expertos recomiendan mucha cautela y contrastar siempre toda la información para no caer en posibles timos y bulos que pueden salir caros.

 


DIVERSOS ESTUDIOS APUNTAN QUE LA MITAD DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS NO DISPONEN DE NINGÚN AHORRO, ALGO QUE NO OCURRE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS


 

Aumentar la hucha

Los datos avalan que algo está cambiando y siempre hay una causa. “La incertidumbre económica es un factor clave que impulsa el ahorro, pues conlleva la necesidad vital del ser humano de prevenir escenarios adversos y el financiero es fundamental en las sociedades desarrolladas”, explica Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra Extraordinaria CEPSA-Digital de la misma universidad. “Este ahorro por precaución se intensifica en tiempos de crisis económicas o incertidumbre global, como ocurrió durante la pandemia. Actualmente, a pesar de la bajada de tipos de interés que puede atenuar el coste del endeudamiento, la sensación de inestabilidad geopolítica, el creciente coste de la vivienda y la incertidumbre laboral contribuyen a una mayor propensión al ahorro en los hogares con capacidad para ello”. Es decir, ese incremento se está viendo especialmente en los consumidores con rentas altas, pero poco a poco también en los que disponen de presupuestos más ajustados. De la misma opinión es Marina García Gil, analista de AFI: “La literatura económica y la evidencia empírica señalan entre los principales motivos la necesidad de prevenir escenarios futuros, el ciclo vital y obtener una rentabilidad”. Por eso, son las personas mayores y las que tienen más rentas las que lideran este despegue del ahorro.

 


LA OCDE HA ADVERTIDO SOBRE EL RIESGO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA


 

Con la vista puesta en la jubilación

Hasta ahora, los hogares españoles ahorraban más bien poco si se comparaban con sus vecinos europeos y uno de los motivos es que nuestro sistema de pensiones es más generoso en términos relativos. Pero el escenario puede cambiar antes de lo previsto. La OCDE ya ha advertido sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Europa, y en España crece la preocupación por complementar las pensiones públicas, que probablemente se vean mermadas con la jubilación de la generación boomer, la más numerosa en la historia de España. “Esto impulsa a más familias a considerar planes de pensiones privados (aunque bastante restringidos en los últimos años con una aportación actual máxima de 1.500 euros anuales por contribuyente) y otros instrumentos de ahorro a largo plazo, buscando mayor estabilidad económica en la jubilación”, explica Marina García. De momento, los productos financieros de previsión (planes y fondos de pensiones, seguros de vida, rentas vitalicias), tienen un peso muy reducido sobre los activos financieros de los hogares españoles: apenas representa un 3% de la riqueza bruta de los hogares españoles en las Encuestas Financieras de las Familias del Banco de España de los últimos años. “Su presencia está además concentrada de forma extrema en un reducido porcentaje de hogares de renta y riqueza más elevadas, con una alta capacidad de ahorro y beneficiarios del tratamiento fiscal favorable de dichos instrumentos”, aclara García.

Empezar pronto

Para empezar a ahorrar lo primero que hay que considerar es tener un presupuesto realista, acorde al nivel de ingresos y gastos de cada consumidor. Esto permite, como dice el experto y divulgador financiero Luis Pita, introducir el llamado ‘preahorro’, es decir, no esperar a final de mes para ver cuánto dinero sobra, sino hacerlo previamente, asegurando que se va a tener el dinero necesario. También se recomienda cierta diversificación de productos y realizar un seguimiento periódico de las inversiones. A menudo se cita la regla del 50-30-20, que implica destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas y del día a día (alimentación, vivienda, educación, salud…), el 30% al ocio y el 20%, al ahorro o inversiones, apunta Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

Gracias a la digitalización, cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero.

En qué ahorran los españoles

El sector inmobiliario ha sido el destino principal de inversión durante años. Estos activos representan de hecho el 70%, mientras los productos financieros son menos populares y se reservan para los hogares de rentas más altas. Sin embargo, también se está viendo un cambio en este reparto tradicional y los activos financieros empiezan a ser una opción a considerar también en los hogares con menor renta disponible. Pese a este avance, los españoles siguen apostando por los productos conservadores, como cuentas de ahorro y depósitos bancarios, según datos de Inverco. En los últimos años ha aumentado el interés por los fondos de inversión y los planes de pensiones, pero sólo para una parte de la población con mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, entre los jóvenes destaca el interés por el acceso a productos más complejos, como ETFs y criptomonedas, explica Ricardo Palomo, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Este reparto “deja un residuo mínimo, casi marginal, para la inversión directa en mercados de valores, tanto de renta variable como sobre todo de renta fija, cuya presencia en las carteras de activos de los hogares es muy reducida (apenas un 4% en acciones cotizadas, y menos de un 1% en el caso de bonos y otros valores de renta fija), añade Marina García, analista de AFI.

PARA SABER MÁS:

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): En su web se pueden consultar numerosas guías para mejorar la cultura financiera e invertir mejor. Entre las publicaciones que forman parte de la iniciativa Finanzas para todos, desarrollada en colaboración el Banco de España, cuentan con una guía dedicada al ahorro y la importancia de ser previsor.

Bankinter: El banco da las claves para ahorrar y planificar el dinero mínimo que debemos tener en la cuenta corriente para afrontar imprevistos y organizar gastos futuros

Expansión: El diario económico analiza las causas del incremento del ahorro y las perspectivas para el año que viene.

«La capacidad de ahorro de las personas consumidoras», por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a explorar opciones de inversión”

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras

La incertidumbre económica que hoy estamos viviendo; motivada por diversos factores, como la inflación, las tasas de interés elevadas y una posible recesión y las distintas situaciones como guerras y pandemias; hace que las familias vean la necesidad de controlar el consumo y priorizar el ahorro, aunque en muchos casos sea muy complicado.

En el primer trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares españoles se situó por encima de la renta bruta disponible en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que los hogares gastaron menos de lo que ingresaron.

Según el Banco de España, el ahorro medio de los hogares españoles se sitúa en un 21,2% de sus ingresos disponibles, lejos de aquel 7% de la etapa de la pandemia. Si bien la inflación incide en el deterioro del poder adquisitivo de las familias, rebajando la posibilidad de ahorro, el aumento de los costes de los bienes y servicios hace que muchas familias destinen la mayoría de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, limitando cada vez más las cantidades dedicadas al ahorro de ese sector de la población.

La alimentación, la energía y la vivienda (tanto en alquiler como en los incrementos hipotecarios) han sido los sectores con mayores subidas económicas. En la alimentación, en la que hasta hace pocos años se priorizaba la calidad sobre el precio, hoy en día es el precio lo más importante a la hora de hacer la compra de alimentos. El consumidor medio, y sobre todo el más vulnerable, prioriza gastos y ahorra poco.

Las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han incrementado el coste de las hipotecas y demás productos financieros, lo que ha generado subidas de cuotas, limitando aún más la capacidad de ahorro de los consumidores, aunque las previsiones para 2025 sean más halagüeñas.

El miedo a situaciones como el desempleo o la reducción de ingresos ha llevado al ciudadano medio a aumentar sus reservas de efectivo como una medida de seguridad. Otra de las situaciones que se detectan en el ámbito financiero de los consumidores es la tendencia, cada vez más generalizada, de reducir o liquidar deudas, que conlleva a una búsqueda de estabilidad financiera.

Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a buscar o explorar opciones de inversión, como fondos a renta fija o bonos del Estado, buscando las posibilidades de menor riesgo en comparación con otros productos financieros.

Evidentemente el ciudadano no puede solo soportar la incertidumbre y pérdida de su poder adquisitivo, y deberían ser las Administraciones Públicas las que ayuden a llevar esa carga con medidas como la reducción de impuestos en los productos básicos, subvenciones al transporte público o revisiones salariales, incidiendo en los más vulnerables. Si bien estas ayudas le vienen muy bien al ciudadano para equilibrar su economía, no le permiten ningún tipo de ahorro pues tiene que utilizar estos recursos para sus gastos cotidianos.

Medidas como el control de la inflación a corto plazo y las tasas de tipos de interés más bajas, así como la creación de empleo, vendrían a aliviar la economía familiar de las personas consumidoras, que podrían recuperar una mayor capacidad de ahorro. Todo ello pasa por situaciones como la estabilidad laboral, el crecimiento económico y algunas medidas adicionales de apoyo público para aliviar la presión financiera de las familias, que se traduciría en una evolución positiva del ahorro que, a corto plazo, mejoraría la capacidad de gasto del ciudadano, incidiendo indudablemente en la mejora de la economía.

La Administración digital

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Los motivos más habituales de acceso a los servicios públicos a través de internet son acceder a información almacenada y concertar una cita o realizar una reserva.

La digitalización de la Administración Pública se ha convertido en los últimos años en una meta a alcanzar para los países de la Unión Europea, entre los que también se encuentra España, ya que la posibilidad de ofrecer un servicio telemático óptimo al ciudadano se traduce en modernidad y crecimiento económico para un país.
PATRICIA ANDÚJAR

Veinte años después de que se empezara a hablar de las ‘oficinas sin papeles’, lo que hoy se conoce como Administración digital ha sufrido una importante evolución, con medidas y planes llevados a cabo que ahora toca analizar.


EN 2024, CASI OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS DE 16 A 74 AÑOS (EL 79,7%), CONTACTÓ CON LAS ADMINISTRACIONES A TRAVÉS DE INTERNET


En este camino, hasta la propia terminología ha cambiado. Al principio, hacer referencia a la Administración electrónica era el nombre más correcto para explicar el objetivo principal: ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con los organismos públicos a través de Internet. Pero incluso ese término ha quedado obsoleto.

En este tiempo se han puesto en marcha diversas políticas, como la Agenda España Digital 2026, una actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como Agenda España Digital 2025, y que es una hoja de ruta para la transformación digital del país. Se trata de una estrategia ambiciosa cuyas prioridades en lo relativo a la Administración incluyen la modernización y dinamización de ámbitos clave como el empleo, la Justicia o las políticas sociales, mediante una puesta al día de las infraestructuras digitales.

¿Cuál es la realidad actual en España?

Tras esta breve introducción, es el momento de poner el foco en la situación actual de nuestra Administración Pública y saber si realmente se están alcanzando los objetivos. Sara Argüello, secretaria general del Consejo General de Economistas, considera que “la Administración española ha avanzado considerablemente en su proceso de digitalización, aunque persisten diferencias significativas entre territorios y organismos”.

Argüello, quien también es secretaria técnica del órgano especializado ReDigital, que pertenece al Consejo General de Economistas y está centrado en la Economía Digital, señala que “en comparación con otros países europeos, España ocupa una posición media-alta en el índice DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital)”, pero “está por detrás de líderes como Estonia o Dinamarca, que han sabido integrar la digitalización en su modelo administrativo de manera más ambiciosa y uniforme”. En lo relativo a nuestro país, Argüello asegura que “la Agencia Tributaria, en particular, ha destacado como un referente gracias a la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para la detección de fraudes y la simplificación de procesos como la declaración de la renta” y que este éxito se debe a la implantación de “una estrategia clara, una dotación adecuada de recursos y un enfoque centrado en el ciudadano”.

En este sentido, tiene claro en qué se ha producido un mayor avance. “Probablemente ha sido la digitalización de servicios esenciales como el DNI electrónico, las citas previas online y la posibilidad de realizar trámites sin necesidad de desplazarse”.

Para tener una idea más precisa al respecto, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, casi ocho de cada diez personas de 16 a 74 años, (el 79,7%) contactó o interactuó con las Administraciones o servicios públicos a través de Internet en los últimos doce meses, siendo los motivos más habituales el acceder a información almacenada (61,5%) y concertar una cita o realizar una reserva (58,8%).


SE HAN PUESTO EN MARCHA DIVERSAS POLÍTICAS COMO LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2026, UNA HOJA DE RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN EN ESTE ÁMBITO DEL PAÍS


Pros y contras de la administración digital

Entre las ventajas de contar con unos servicios más automatizados gracias a las nuevas tecnologías, se encuentran el acceso fácil y sencillo que los usuarios tienen a la información o la posibilidad de llevar a cabo trámites en cualquier momento del día y desde cualquier lugar con acceso a Internet, sin depender de los horarios de cada oficina. Para Sara Argüello esta es la principal ventaja: “la disponibilidad y la facilidad para personalizar o adaptar servicios”, para lo que dice “el análisis de datos cobra una importancia muy alta” y entiende que la mayor ventaja de la digitalización de la Administración radica en poder ofrecer “una mayor eficiencia y transparencia de cara a su relación con la ciudadanía”.

Por el contrario, se ha hablado mucho de la famosa brecha digital, o lo que es lo mismo, aquellos ciudadanos que se quedan fuera de la Administración digital por falta de formación o recursos.

La secretaria técnica de ReDigital recuerda que aún “el reto más urgente es garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación, puedan acceder a estos servicios” y añade que el problema “es especialmente agudo en áreas rurales o entre colectivos vulnerables”. Explica también que “es fundamental seguir formando a los empleados públicos”, otro de los inconvenientes a los que también se hace referencia cuando se habla de la digitalización de la Administración. Asegura que a veces tienen “resistencia al cambio” y que además es vital “mejorar la interoperabilidad entre diferentes Administraciones para maximizar los beneficios de la digitalización”. Existen otros contras como la reducción de puestos de trabajo o todo lo relativo a las medidas de protección y acceso.

La ‘ciberseguridad’

Cuando se habla de medidas de protección, se pone el foco en la ciberseguridad. ¿Puede ralentizar o limitar de alguna manera la transformación digital?

En palabras de la secretaria general del Consejo General de Economistas, Sara Argüello, “la ciberseguridad juega un papel fundamental, ya que garantiza la protección de los datos sensibles de los ciudadanos y la continuidad de los servicios públicos en un entorno cada vez más amenazado por ciberataques. “No hay transformación digital sostenible sin una base sólida de ciberseguridad”, dice, y es que los ciudadanos se fían de los sistemas digitales si sienten que sus datos están seguros. Tampoco ayuda la creciente sofisticación de los ataques y la falta de concienciación de algunos usuarios y empleados públicos.

Ofrecer un servicio telemático óptimo al ciudadano se traduce en modernidad y crecimiento económico para un país.

Así influye la Inteligencia Artificial

Según la Real Academia Española (RAE), la Inteligencia Artificial (IA) es la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”. Cabe esperar, por lo tanto, que también sea un mecanismo a tener en cuenta a la hora de digitalizar la Administración.

En algunas zonas de España se lo están tomando en serio y hay comunidades autónomas que pisan fuerte el acelerador. Por ejemplo, Castilla y León cuenta con un activo fundamental para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial: el supercomputador Caléndula. Se trata de un potente equipo, uno de los más grandes de España, que está permitiendo que investigadores, empresas y centros tecnológicos puedan desarrollar proyectos de investigación avanzados en el ámbito del cálculo intensivo, lo que coloca a esta región a la vanguardia de la supercomputación a nivel nacional.

No son los únicos. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha firmado un protocolo con Telefónica para impulsar la inteligencia artificial en la Administración y que así contribuya a modernizarla, personalizar la atención al ciudadano y, por ende, lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos.

PARA SABER MÁS

Agenda España Digital 2026:

Es un plan de acción para la transformación digital del país, que trabaja en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas. Se puede consultar el PDF del proyecto dentro de la página del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el apartado de ‘Estrategias y Políticas’.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

Los Estados miembros de la Unión Europea han elaborado planes nacionales de recuperación y resiliencia por los que reciben apoyo financiero. En el caso del español, el ‘Componente 11: Modernización de las instituciones públicas’ se centra en la digitalización de la Administración.

ReDigital:

Pretende ayudar a mejorar la práctica profesional de los economistas en el ámbito de la Economía y la Transformación Digital.

«Administración digital sí, pero sin dejar a nadie atrás», por Ana Echenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANA ETCHENIQUE,

presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU

 

“Un entorno digital más inclusivo es un objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones y organismos públicos”

Administración digital sí, pero sin dejar a nadie atrás

La Administración digital es algo ya habitual en la vida de muchas personas y, aunque no exenta de mejoras, ha llegado para quedarse. Sobre lo que tenemos que reflexionar es si la estamos implementando de manera justa y segura.

Las ventajas son ya conocidas por todos las que utilizamos esta vía habitualmente: el acceso a una gran cantidad de trámites ante cualquier Administración u organismo, tanto local o nacional, como internacional, sin tener que desplazarse ni perder horas en hacer gestiones, pudiendo realizarlas desde cualquier dispositivo, a cualquier hora del día. Esto, sumado al hecho de evitar imprimir o fotocopiar documentos, implica, además, un beneficio medioambiental, aunque el impacto que genera la digitalización de nuestra vida en este sentido es una cuestión pendiente de abordar.

Otra de las ventajas de este sistema es que nos permite conservar nuestros documentos originales y contar con un registro, la web de la propia Administración, que acredita los documentos que hemos presentado, las solicitudes realizadas y las notificaciones recibidas. Además, muchas Administraciones utilizan sistemas de alertas o avisos, a través de los cuales pueden informarnos sobre los plazos o fechas en las que tenemos que realizar algún pago o gestión o presentar documentos.

Sin embargo, mientras que para algunas personas poder hacer todas las gestiones desde el ordenador de su casa u oficina, sin tener que desplazarse, pedir citas, hacer cola o perder un día de trabajo, supone una gran ventaja, para otras puede ser un calvario.

Antes de nada, cabe señalar que el marco legislativo actual nos aporta dos claves sobre la Administración digital y es que a día de hoy las personas físicas no tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 12 de la Ley 39/2015) y, además, se contempla la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (art. 12 de la Ley 39/2015).

Si hablamos de dificultades en el acceso digital, es importante señalar que cada Administración tiene su propia sede digital y no existen criterios comunes de diseño: cada una dependerá de la capacidad económica y la voluntad de cada Administración. En muchas ocasiones, estas sedes no son fáciles de utilizar, comprensibles, intuitivas, ni siempre funcionan correctamente y las opciones o posibilidades que permiten son a veces limitadas. A esto se le suman los problemas ya habituales de compatibilidad con determinados ordenadores demasiado antiguos, programas o sistemas operativos de los que no todo el mundo dispone.

Por otra parte, cuestiones como escanear documentos, comprimirlos o adjuntarlos, firmarlos digitalmente, transformarlos en diferentes formatos, el DNI electrónico, los navegadores, instalación de programas y sus diferentes versiones, entre otras, no son procesos o conceptos fácilmente comprensibles para muchas personas. Para algunas, ni siquiera es concebible enfrentarse a una sede electrónica.

Esta brecha digital no solo tiene que ver con la capacidad de las personas para manejarse en el entorno digital, sino también con la situación económica de cada persona o familia para disponer de dispositivos con capacidad suficiente para hacer estas gestiones de forma segura y efectiva, y de poder pagar una conexión a internet. Además, precisamente en las zonas más alejadas de los grandes núcleos de población donde la Administración digital es más necesaria, contar con una conexión suficientemente estable y segura para poder hacer los trámites no siempre es una garantía.

Esta transición acelerada al entorno digital sin la debida formación expone a las personas usuarias a problemas adicionales como el robo de datos personales, el acceso a toda la documentación e información que tenemos en nuestros dispositivos, al malware, al phishing, etc. A eso debemos sumar los recurrentes ataques a webs que tienen millones de datos personales sensibles o las caídas de servidores o servicios que impiden el acceso a la Administración.

Sin duda, la Administración digital es una herramienta muy útil para todas las personas, sobre todo para las que viven en poblaciones más alejadas de los grandes núcleos urbanos o las que tienen dificultades para desplazarse. Pero también debe garantizarse de forma real, efectiva y sin demoras el acceso a la Administración analógica, es decir, la posibilidad de acudir a una oficina para realizar las gestiones que necesitemos, donde el personal pueda ayudarnos y explicarnos las cuestiones que no entendemos. Como podemos comprobar, tras la pandemia, en muchas Administraciones ha sido, y sigue siendo, muy complicado obtener cita previa en las oficinas para realizar las gestiones oportunas, lo que supone un abandono de la ciudadanía.

El fomento de la vida digital no puede convertirse en una obligación a través de la limitación de acceso a las oficinas de las distintas Administraciones. No debemos dejar a nadie atrás. Por eso, la transición digital debe acompañar a las personas y asistir a todas aquellas que no tengan la capacidad o la seguridad de actuar en el entorno digital. Algunas soluciones para esto pueden ser el desarrollo de sedes electrónicas más sencillas, el uso de términos y conceptos comprensibles, contar con asistencia técnica y, también, que los municipios dispongan de equipos informáticos públicos a través de los que se puedan hacer las gestiones necesarias, así como técnicos que ofrezcan asesoramiento. Solo de esta forma podremos construir un entorno digital más inclusivo, un objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones y organismos públicos.