¿Cuál es su valoración de este evento?

Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, valoramos muy positivamente este II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. Debemos tener presente que el espacio iberoamericano y lusófono integra en torno a 730 millones de personas. Por tanto, la iniciativa de propiciar un marco para el diálogo entre las instituciones de Justicia de las regiones iberoamericana y lusófona es una oportunidad magnífica para promover algo muy importante: estrechar los lazos que nos unen y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación.

“LOS NOTARIOS Y NOTARIAS DESEMPEÑAN UNA LABOR DETERMINANTE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DEL FRAUDE FISCAL”

-En sus intervenciones incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos y en la necesidad de contar con los medios adecuados para una cooperación efectiva. ¿Disponemos de ellos?

La actividad económica genera negocio, servicios y relaciones que van constantemente de unos países a otros. De ello se derivan importantes repercusiones jurídicas y judiciales. Pero esa dinámica tiene también una cara menos positiva.

Como señala, nos enfrentamos a fenómenos criminales transfronterizos. El narcotráfico, los delitos con impacto en el medio ambiente, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, el cibercrimen o el blanqueo de dinero, entre otros muchos, se han globalizado; trascienden fronteras y son un desafío para las capacidades de los Estados de Derecho. Por eso es necesario entablar un diálogo estable sobre la materia y contar con mecanismos de cooperación jurídica ágiles y eficaces.

Disponemos de herramientas digitales para la transmisión de solicitudes de cooperación y de figuras como los Equipos Conjuntos de Investigación. En España, tenemos además un activo muy importante: la experiencia atesorada tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Dicho lo anterior, en esta tarea siempre hay que seguir ajustando y reajustando la respuesta jurídica. En este sentido, por ejemplo, creemos que la experiencia de los Equipos Conjuntos de Investigación en la Unión Europea, un caso de éxito, debe consolidarse en el ámbito latinoamericano y lusófono. También debemos explorar nuevas alternativas que hoy permite la tecnología, como la posibilidad de intercambiar los antecedentes penales de un ciudadano, a la manera de lo que ya sucede en la UE.

-¿Qué se persigue con la Declaración de la Islas Canarias y qué papel corresponde desempeñar a España?

La declaración tiene por finalidad dar un apoyo político al encuentro y, con él, a la cooperación en los dos espacios, iberoamericano y lusófono.

España tiene un papel importante en este ámbito. Nuestros lazos históricos y culturales con los países iberoamericanos nos sitúan en una posición magnífica para contribuir al fortalecimiento de la cooperación y el diálogo regional latinoamericano, pero también para promover el diálogo birregional o multirregional Unión Europea-América Latina-Caribe en materia de Justicia y Seguridad.

En mayo de este año se celebró en Bruselas una reunión entre miembros de alto nivel del Comité de Coordinación en el ámbito de la cooperación en materia penal de la Unión Europea y el ciclo de políticas de Justicia que integra a tres redes regionales de justicia de América Latina: la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI); la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Es un hito importante y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes va a continuar impulsando ese diálogo estable de alto nivel.

-¿Cómo combatir juntos el crimen organizado? ¿Cómo pueden contribuir los notarios?

Atacar las ganancias provenientes del delito es clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Y los notarios y notarias desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Sobre todo, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y desde 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).

-También defendió “la necesidad de asegurar el acceso a la Justicia, avanzar en la digitalización y el diálogo institucional, y consolidar nuestros mecanismos de colaboración. ¿Cómo afrontar, con qué herramientas, unos objetivos tan deseables como ambiciosos?

A través de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estamos impulsando numerosos proyectos de colaboración con otros países, en el marco de trabajos con organizaciones e instituciones internacionales, como la OCDE, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciativas que buscan el intercambio de experiencias y proyectos para que los países trabajemos conjuntamente para alcanzar esos objetivos que apunta.

En el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos igualmente trabajamos en proyectos como el de la herramienta Iber@ de comunicaciones seguras, y participamos por ejemplo en el borrador de Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, proyecto que queremos que esté disponible en 2025, con la ambición de establecer unos estándares fundamentales para toda la región.

“LA AGENDA REFORMISTA QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO ESTÁ BASADA EN TRES EJES PRINCIPALES: DIGITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y VOCACIÓN SOCIAL”

-En su discurso, S. M. Felipe VI señaló la vocación de España con la Justicia y la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado. Como Ministro y como Notario Mayor del Reino… ¿considera que somos un país con una Justicia cercana a los ciudadanos y preventiva?

En España, desde décadas atrás, teníamos pendiente una modernización integral del sistema de Justicia, diseñado con patrones más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Y en esta legislatura hemos decidido dar un impulso modernizador que ponga fin a ese desajuste.

La agenda reformista que estamos implementando está basada en tres ejes principales: digitalización, modernización de las estructuras y vocación social como finalidad y reto. Porque partimos de la convicción de que la Justicia es un servicio público y el corazón de ese servicio, su razón de ser, son las personas.

Esta visión se concreta de dos formas. Por una parte, queremos que la ciudadanía, y en especial quienes por el motivo que sea atraviesan una situación de vulnerabilidad o particularmente delicada, sientan nuestro servicio público como algo próximo, de fácil acceso y comprensible. Y de ahí el impulso que estamos dando, por ejemplo, a las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito.

Además, queremos mejorar y agilizar procesos y procedimientos organizativos, para facilitar el trabajo de los profesionales jurídicos y mejorar la satisfacción de los ciudadanos. Por eso apostamos por un sistema de acceso, único y personalizado, la Carpeta Justicia, con el que la ciudadanía puede acceder a sus asuntos, consultar los expedientes y pedir cita previa para ser atendida, de forma sencilla y ágil, desde su casa. Y apostamos también por la cercanía, a través de las Oficinas de Justicia del Municipio, que seguirán siendo el punto de contacto con la ciudadanía, pero incluyen nuevas competencias y novedades, como la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática.