Riesgos dispersos y una crisis sin nombre, por Gonzalo Gómez Bengoechea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ALDEA GLOBAL

GONZALO GÓMEZ BENGOECHEA,

profesor del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia Comillas.

Históricamente, las crisis no surgen solo por la existencia de desequilibrios, sino por la interacción inesperada entre ellos"

Riesgos dispersos y una crisis sin nombre

Además de por su manual universitario, el economista Paul Samuelson es conocido por haber acuñado uno de los aforismos económicos más citados: “De las últimas 5 crisis financieras, el mercado ha previsto 10”. Samuelson aludía al desacople existente entre mercados financieros y economía “real” y a la recurrencia e imprevisibilidad de las crisis financieras; siempre aparecen cuando -y donde- casi nadie las espera.

Mapa de riesgos

Si en 2001 fueron las .com, en 2008 las hipotecas subprime y en 2010 Grecia y la Eurozona, hoy se dibujan nuevas vulnerabilidades que podrían desencadenar una nueva crisis financiera, según muchos analistas y expertos. El mapa de riesgos presenta cuatro áreas de inestabilidad para la económica mundial: los mercados de crédito privado, el endeudamiento público americano, el entorno geopolítico global y la sincronización de los mercados financieros a través de la Inteligencia Artificial (IA)

En primer lugar, el private credit es una forma de financiación en la que empresas obtienen préstamos directamente de fondos de inversión u otros prestamistas privados, en lugar de acudir a bancos o de emitir bonos. Fondos como Apollo, Blackstone, KKR o Carlyle sustituyen parcialmente a los bancos, generalmente asumiendo mayores riesgos y facilitando la expansión de sectores emergentes. El mercado global supera actualmente los US$2–3,5 billones de activos gestionados y continúa creciendo con rapidez.

Presenta, sin embargo, dos vulnerabilidades estructurales relevantes. Primero, una elevada exposición a empresas altamente apalancadas y, segundo, una concentración significativa en compañías tecnológicas y de software. Estas características aumentan la sensibilidad del sector a un deterioro económico, subidas de tipos de interés y posibles disrupciones tecnológicas.

A pesar de estos riesgos, existen varias razones para evitar una visión excesivamente alarmista al respecto. El nivel de apalancamiento del sistema financiero es significativamente menor que antes de la crisis de 2008, las conexiones entre el private credit y los bancos son relativamente limitadas y los supervisores llevan años evaluando sus posibles vulnerabilidades.

Deuda pública de EE.UU.

En segundo lugar, la evolución de la deuda pública estadounidense supera ya los 39 billones de dólares, un nivel sin precedentes en tiempos de paz. Ha aumentado desde el 60% del PIB en 2007 hasta cerca del 125% en la actualidad. Este incremento refleja no solo el impacto de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia, sino la recurrencia de déficits presupuestarios estructurales elevados, incluso en períodos de crecimiento económico.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) prevé que los déficits continúen por encima del 6% del PIB durante la próxima década, impulsados por el envejecimiento, el aumento del gasto en Medicare y los intereses de la deuda. Además, los planes de expansión del gasto público y las dificultades políticas para aprobar ajustes fiscales significativos apuntan a un mayor deterioro de las cuentas públicas. Aunque Estados Unidos mantiene ventajas únicas derivadas del papel del dólar como moneda de reserva global, la trayectoria actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y podría incrementar la presión sobre los tipos de interés, la inflación y la estabilidad de los mercados financieros.

En tercer lugar, una escalada de la guerra en Oriente Medio podría provocar nuevas interrupciones en el suministro energético y un aumento significativo de los precios del petróleo y el gas. Esto se traduciría en presiones inflacionistas y elevando los costes de producción para empresas y consumidores y, consecuentemente, un crecimiento económico débil con tipos de interés elevados durante más tiempo. El mecanismo de contagio sería el ya conocido: energía más cara implicaría mayor inflación; una inflación más elevada obligaría a mantener tipos de interés altos; unos costes financieros mayores aumentarían la presión sobre empresas endeudadas, elevando el riesgo de impagos y pérdidas en fondos de crédito privado.

Riesgo adicional

Finalmente, un riesgo adicional, todavía difícil de cuantificar, es el creciente uso de la IA en los mercados financieros. La IA ya se emplea en áreas como la gestión de liquidez y tesorería, la evaluación de riesgos y la respuesta automática a eventos de mercado. Aunque estas herramientas pueden mejorar la eficiencia, también podrían amplificar futuras crisis al favorecer decisiones simultáneas y reacciones extremadamente rápidas por parte de instituciones financieras. Si los distintos algoritmos responden de forma similar ante una perturbación, podrían generarse comportamientos sincronizados que intensifiquen la volatilidad y aceleren las ventas masivas de activos.

En resumen, la próxima crisis probablemente no se parecerá a la anterior. El crédito privado representa una vulnerabilidad real; la deuda pública estadounidense preocupa de forma creciente a los bancos centrales; la geopolítica puede actuar como detonante de nuevas tensiones inflacionistas; y la inteligencia artificial introduce riesgos inéditos por su capacidad de acelerar y sincronizar decisiones financieras. La clave, por tanto, no está en identificar y abordar una única amenaza aislada, sino en comprender cómo riesgos aparentemente independientes pueden terminar conectándose. Históricamente, las crisis no surgen solo por la existencia de desequilibrios, sino por la interacción inesperada entre ellos.

ALDEA GLOBAL

GONZALO GÓMEZ BENGOECHEA,

lecturer in the Department of Economics at Comillas Pontifical University.

Historically, crises do not arise solely because of the existence of imbalances, but because of the unexpected interaction between them."

Widespread risks and a crisis without a name

The economist Paul Samuelson is known not only for his university textbook but also for having coined one of the most frequently quoted economic aphorisms: “The stock market has predicted 10 of the last 5 financial crises”. Samuelson was referring to the disconnection between financial markets and the “real” economy, and to the recurring and unpredictable nature of financial crises; they always occur when – and where – almost no one expects them.

Risk map

If it was the .com in 2001, subprime mortgages in 2008, and Greece and the Eurozone in 2010, today new vulnerabilities are emerging that could trigger a new financial crisis, according to many analysts and experts. The risk map identifies four areas of instability for the global economy: private credit markets, U.S. public debt, the global geopolitical environment, and the synchronisation of financial markets through Artificial Intelligence (AI)

Firstly, private credit is a form of financing in which companies obtain loans directly from investment funds or other private lenders, instead of turning to banks or issuing bonds. Funds such as Apollo, Blackstone, KKR and Carlyle are partly replacing banks, generally by taking on greater risks and facilitating the expansion of emerging sectors. The global market currently has over US$2–3.5 trillion in assets under management and continues to grow rapidly.

It does, however, have two significant structural weaknesses. First, a high exposure to highly leveraged companies and, second, a substantial concentration in technology and software companies. These characteristics make the sector more vulnerable to an economic downturn, interest rate rises and potential technological disruptions.

Despite these risks, there are several reasons not to take an overly alarmist view of the matter. The level of leverage in the financial system is significantly lower than it was before the 2008 crisis; the links between the private credit sector and the banks are relatively limited; and the supervisory authorities have been assessing potential vulnerabilities for years.

U.S. public debt

Secondly, U.S. public debt now stands at over 39 trillion dollars, an unprecedented level in peacetime. It has risen from 60% of GDP in 2007 to around 125% today. This increase reflects not only the impact of the 2008 financial crisis and the pandemic, but also the recurrence of high structural budget deficits, even during periods of economic growth.

The Congressional Budget Office (CBO) forecasts that deficits will remain above 6% of GDP over the next decade, driven by an ageing population, rising Medicare expenditure and interest on the national debt. Furthermore, plans to increase public spending and the political difficulties involved in passing significant fiscal adjustments point to a further deterioration in public finances. Although the United States continues to enjoy unique advantages stemming from the dollar’s role as a global reserve currency, the current trajectory raises questions about long-term fiscal sustainability and could increase pressure on interest rates, inflation and the stability of financial markets.

Thirdly, an escalation of the war in the Middle East could lead to further disruptions to energy supplies and a significant rise in oil and gas prices. This would lead to inflationary pressures and higher production costs for businesses and consumers and, consequently, weak economic growth with interest rates remaining high for longer. The chain of events would be the familiar one: more expensive energy would lead to higher inflation; higher inflation would necessitate high interest rates; and higher financing costs would increase the pressure on indebted companies, raising the risk of defaults and losses in private credit funds.

Additional risk

Finally, an additional risk – one that is still difficult to quantify – is the growing use of AI in financial markets. AI is already being used in areas such as liquidity and cash management, risk assessment and the automated response to market events. Whilst these tools may improve efficiency, they could also exacerbate future crises by encouraging simultaneous decision-making and extremely rapid reactions by financial institutions. If different algorithms respond in a similar way to a disruption, this could lead to synchronised behaviour that exacerbates volatility and accelerates a mass sell-off of assets.

In short, the next crisis is unlikely to be anything like the last one. Private credit poses a real vulnerability; U.S. public debt is a growing concern for central banks; geopolitics could trigger fresh inflationary pressures; and artificial intelligence introduces unprecedented risks due to its ability to accelerate and synchronise financial decisions. The key, therefore, lies not in identifying and addressing a single, isolated threat, but in understanding how seemingly unrelated risks can end up being linked. Historically, crises do not arise solely because of the existence of imbalances, but because of the unexpected interaction between them.

El Turno de Oficio: la justicia cuando nadie puede quedarse atrás, por Eugenio Ribón

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

EUGENIO RIBÓN,

decano del ICAM

La justicia gratuita no protege únicamente al beneficiario directo, protege la credibilidad del sistema”

El Turno de Oficio: la justicia cuando nadie puede quedarse atrás

A las tres de la madrugada, en un pasillo frío de un juzgado de guardia, una persona espera sin saber muy bien qué va a ocurrir. Tal vez ha sido detenida. Tal vez no entiende el lenguaje jurídico que acaba de irrumpir en su vida. Tal vez tiene miedo, vergüenza o simplemente no tiene recursos para pagar un abogado. En ese momento, antes de cualquier sentencia, antes incluso de que el procedimiento avance, aparece una figura que muchas veces pasa desapercibida para la sociedad: el abogado o la abogada del Turno de Oficio. No llega allí como un gesto de caridad, sino como expresión concreta de una promesa democrática: que nadie debe enfrentarse solo al poder del Estado ni quedar privado de defensa por falta de dinero.

Este 2026 se cumplen treinta años de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, la norma que consolidó un modelo estable para hacer efectivo este derecho. Tres décadas después, las cifras del Turno de Oficio en Madrid dan la medida de su importancia: más de 6,5 millones de designaciones y solicitudes de asistencia jurídica gratuita gestionadas; más de 2,55 millones de asistencias letradas al detenido; una demanda que se ha multiplicado por más de tres desde 1996; 37.125 guardias de veinticuatro horas en 2025, el valor más alto de la serie histórica; y una tasa de quejas que nunca ha superado el 1,3 % de las designaciones poniendo en evidencia su calidad incuestionable. Detrás de esos datos hay miles de profesionales sosteniendo con profesionalidad y entrega, día y noche, el derecho de defensa de quienes más lo necesitan.

Qué es el Turno de Oficio

El turno de oficio es uno de esos servicios públicos que solo se valoran de verdad cuando se necesitan. Para muchas personas, la justicia gratuita puede sonar a una institución lejana, reservada a situaciones excepcionales. Sin embargo, forma parte de la arquitectura cotidiana del Estado de Derecho. Está presente en asuntos penales, civiles, laborales, administrativos, de extranjería, de violencia de género, de familia o de menores. Acompaña a quienes atraviesan momentos especialmente delicados: una detención, un desahucio, una ruptura familiar, una reclamación frente a la Administración, una situación de vulnerabilidad o una acusación penal.

Su valor es sencillo de explicar y enorme en sus consecuencias: convierte un derecho escrito en la Constitución en una realidad práctica. El derecho de defensa no puede depender del saldo de una cuenta corriente. Tampoco la igualdad ante la Ley puede quedarse en una declaración solemne si, llegado el momento, solo algunos pueden pagar asesoramiento jurídico.

Tipo de profesionales

Conviene recordarlo: los abogados de oficio no son abogados de segunda. Son profesionales sometidos a rigurosos requisitos de acceso, formación, experiencia y control colegial. Atienden guardias, preparan escritos, estudian expedientes, acuden a declaraciones, juicios y recursos, y asumen la responsabilidad técnica y humana de defender intereses muy concretos. Detrás de cada expediente hay una persona, una familia, un patrimonio, una libertad, una oportunidad de empezar de nuevo o de evitar una injusticia.

El Turno de Oficio tiene una dimensión humana que no siempre aparece en las estadísticas. Cada guardia implica disponibilidad. Cada asunto exige estudio. Cada juicio requiere preparación. Cada recurso supone tiempo y responsabilidad. Y cada cliente atendido desde el Turno de Oficio merece la misma calidad de defensa que cualquier otro ciudadano. La justicia gratuita no es una justicia menor; es, precisamente, la prueba de calidad de la justicia de un país.

Por eso resulta tan importante hablar del Turno de Oficio no solo como un servicio para quienes carecen de recursos, sino como una garantía para toda la sociedad. Incluso quien nunca lo utilice se beneficia de su existencia. Una comunidad en la que todos tienen defensa es una comunidad más segura jurídicamente, más equilibrada y más confiada en sus instituciones. La justicia gratuita no protege únicamente al beneficiario directo; protege la credibilidad del sistema.

Su verdadero alcance

A veces, además, detrás de un expediente aparentemente pequeño se esconde una cuestión capaz de cambiar muchas vidas. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. Un letrado del Turno de Oficio de Madrid consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizara el desalojo de una mujer joven, con dos hijos menores y en situación de extrema vulnerabilidad. El mismo abogado protagonizó años después otro caso de enorme trascendencia pública, cuando llevó hasta los tribunales la venta de miles de viviendas públicas a un fondo de inversión. Aquella batalla judicial, nacida de la reclamación de una persona concreta, terminó contribuyendo a que se cuestionara la legalidad de una operación que afectaba a casi 3.000 viviendas.

Estos casos explican mejor que cualquier definición el verdadero alcance del Turno de Oficio. La justicia gratuita no solo resuelve conflictos individuales. También puede revelar fallos del sistema, corregir abusos, hacer evolucionar la interpretación de los derechos y obligar a las instituciones a mirar donde antes no miraban. Un profesional de la abogacía de oficio puede activar garantías, abrir caminos jurisprudenciales y recordar que el Derecho existe precisamente para proteger a quien se encuentra en una posición más débil.

Por eso conviene recordarlo con claridad: cuando un abogado de oficio entra en una comisaría, en un juzgado o en una sala de vistas, no solo está defendiendo a una persona. Está defendiendo la idea misma de Justicia.

En una democracia madura, la justicia no puede ser un territorio reservado a quienes pueden pagarla. Debe ser un espacio común, accesible y garantista. El Turno de Oficio hace posible esa aspiración todos los días, muchas veces lejos de los focos y casi siempre sin reconocimiento suficiente.

Alquilar… ¿seguro?, por César Sanz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CÉSAR SANZ PÉREZ,

vicesecretario del Consejo General del Notariado

Nadie se plantearía en la actualidad comprar una vivienda sin acudir a una notaría”

Alquilar… ¿seguro?

Hay un dicho popular según el cual un contrato son dos desconfiados y un notario. Esto vale para cualquier contrato y por eso la práctica diaria notarial, desde hace siglos, como bien sabe y mejor escribe mi compañero Plácido Barrios, está trufada de elementos y objetos curiosos que los ciudadanos quieren transmitirse delante de un fedatario público.

De entre las cosas sobre las que está permitido contratar, la que suele tener más valor son los bienes inmuebles, por su relevancia para la actividad económica de las personas y por servirles de cobijo y residencia. El derecho español, heredero en este punto de la tradición romana clásica y la canónica, acoge un principio de libertad de forma según el cual, en lo que ahora nos interesa, usted puede vender, comprar o alquilar una vivienda con un simple apretón de manos o firmando una servilleta en una cafetería. Cuestión distinta, y no menor, es qué sucede si la servilleta se moja o el dueño de la mano no recuerda haber apretado la suya.

Preguntas e inquietudes

Por esta y otras razones, nadie se plantearía en la actualidad comprar una vivienda sin acudir a una notaría, en la que verificarán que el inmueble pertenece a quien le pide el pago del precio, que puede legalmente vender, que no tiene cargas que comprometan su tranquilidad futura, que no intenta engañarle con ninguna cláusula ilegal o abusiva y que usted, antes de firmar, entiende perfectamente el contenido y consecuencias del contrato.

Pero si esto es así para la propiedad: ¿por qué resulta hoy tan extraño que el acceso a una vivienda en alquiler se haga ante notario? Dejando aparte el comprensible ahorro de costes, una de las razones puede ser la menor percepción del riesgo que un potencial inquilino tiene, respecto de su vivienda habitual, con relación a un potencial propietario. Si no puedo pagar el alquiler, no me acaba gustando el barrio o me molestan los vecinos, en cuanto acabe la permanencia mínima me busco otra casa. Pero si he firmado una hipoteca, la cosa es bastante más compleja de deshacer.

Ahora bien, mientras el inquilino habita su vivienda con normalidad, puede tener una serie de preguntas e inquietudes legales que, por desgracia para todos, aumentan año a año proporcionalmente al incremento de leyes y reglamentos. Usted, que está ahora leyendo estas líneas y que vive en régimen de alquiler: ¿sabe qué derechos tiene si el propietario decide vender la vivienda? ¿Sabe si usted tiene preferencia para comprarla o si ha renunciado a ello en el contrato que en su día firmó? ¿Conoce cuántos años, como mínimo, tiene derecho a ocupar la misma casa? Y ahora me dirijo a usted, que también está leyendo esto y que con su esfuerzo y ahorro ha podido comprar alguna vivienda para alquilar y complementar su pensión de jubilación. ¿Puede recuperar la vivienda si alguno de sus hijos la necesita porque no ha podido pagar su propia hipoteca? ¿Qué puede hacer si su inquilino dice que es vulnerable? ¿Cómo le afecta la declaración de zona tensionada de su barrio?

Consulte al notario

Sin duda, la labor de asesoramiento notarial, que no eliminaría sino complementaría la que pueden realizar otros operadores como abogados o agentes de la propiedad inmobiliaria, podría dar mayor claridad contractual, eliminar incertidumbres y, en definitiva, mejorar la seguridad jurídica en un mercado cada vez más convulso. Por otra parte, la digitalización del Notariado español, consolidada desde hace años, pero en continua evolución, aportaría muchas herramientas de simplificación y seguridad, tanto en el otorgamiento de los contratos como en la conservación y circulación de los documentos.

Y a partir de aquí, bottom up, como dicen las nuevas tendencias, es decir, de lo particular a lo universal. De las andanzas de un hidalgo manchego o de un agente de publicidad irlandés, a don Quijote o Ulises. La formalización en escritura pública de las compraventas de vivienda, desde la más humilde de la España vaciada hasta la más lujosa en urbanizaciones premium, ha permitido al Notariado crear una base de datos inmensa, en cantidad y calidad, el Índice Único Informatizado, que nutre de información valiosísima a organismos y Administraciones públicas.

El ejemplo más reciente es el Portal Estadístico del Notariado (www.penotariado.com), una potente herramienta en la que cualquier persona puede consultar, gratuitamente, los precios medios de viviendas en cualquier calle de España, superficie media, edad y nacionalidad de los adquirentes y otros datos relevantes. Además del interés que pueda tener para cualquier potencial vendedor o comprador, pensemos en la información que aporta a las Administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas de vivienda.

Ahora imagine que pudiéramos contar con una herramienta similar para el mercado de arrendamientos; que los operadores económicos, ayuntamientos, comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda y la Comisión Europea pudieran tener datos fiables para actuar en el mercado; o que la Agencia Tributaria pudiera tener un control mayor del dinero que deja de ingresarse por alquileres no declarados. En una época en la que el exceso de información conduce muchas veces a la desinformación, es fundamental contar con datos bien estructurados y fiables, basados en la calidad y seguridad de la fuente que los proporciona. Y esa seguridad comienza por cada contrato individual, para que los dos desconfiados dejen de serlo.

Vulnerabilidad económica y jurídica de los jóvenes, por Andrea González

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANDREA GONZÁLEZ HENRY,

presidenta del Consejo de la Juventud de España

La mayoría de los contratos de alquiler se firman como documentos privados, sin ningún tipo de intervención que garantice que ambas partes entienden lo que están firmando”

Vulnerabilidad económica y jurídica de los jóvenes

Al hablar de democracia es algo común escuchar que en España todas las personas somos ciudadanas de pleno derecho y que nos encontramos en igualdad de condiciones. Pero nada más lejos de la realidad cuando hablamos de juventud. Porque si no podemos vivir con dignidad, no podemos ejercer una ciudadanía plena. Y vivir con dignidad, en 2026, requiere algo que se ha convertido en un privilegio: tener un lugar donde vivir. Un lugar donde sentirte segura, donde saber que el día de mañana seguirás estando, donde poder construir algo parecido a una vida.

El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España confirma lo que muchas ya sabíamos: emanciparse en España se ha convertido en un lujo generacional. Solo el 14,5% de las personas jóvenes vive de forma independiente, el peor dato desde que existen registros. Y eso ocurre, conviene subrayarlo, mientras el empleo mejora y los salarios crecen. El problema no es que la juventud no trabaje. El problema es que el mercado de la vivienda ha dejado de ser accesible para una generación entera, y que cuando por fin conseguimos entrar en él, lo hacemos en condiciones de enorme vulnerabilidad. Una enorme vulnerabilidad que no solo es económica, sino que es jurídica, porque existe una realidad que los datos de emancipación no terminan de capturar: la de quienes técnicamente tienen dónde vivir, pero en condiciones que no les protegen.

Inseguridad jurídica

Hablamos, por ejemplo, de la persona que encontró su habitación en Instagram o TikTok porque no había otra opción; de la que comparte piso con cuatro desconocidos y cuyo nombre no aparece en ningún contrato, o de la que vive en una habitación alquilada por una cantidad que paga en Bizum a su compañera de piso, sin recibo, sin registro, sin ningún documento que acredite que ese espacio es, de alguna manera, suyo. Son situaciones que se han normalizado por pura necesidad, y que dejan a quienes las viven completamente desprotegidas ante cualquier conflicto: una subida arbitraria del precio, un aviso de que hay que marcharse en dos semanas, una retención de fianza sin justificación, una cuota de basura nueva que tienes que pagar…

Pero la inseguridad jurídica no afecta solo a quienes viven al margen de cualquier formalidad. Afecta también a quienes sí tienen un contrato, porque la mayoría de los contratos de alquiler en España se firman como documentos privados, sin ningún tipo de intervención que garantice que ambas partes entienden lo que están firmando y que el contenido es legal. Hay cláusulas que son nulas aunque estén por escrito (por ejemplo que obligan a la persona inquilina a hacerse cargo de reparaciones que corresponden al propietario, que imponen penalizaciones desproporcionadas, que limitan derechos que la ley reconoce expresamente) y que sin embargo se firman cada día porque quien alquila no siempre sabe que puede negarse, o porque la necesidad de conseguir ese piso es más urgente que cualquier otra consideración, sobre todo cuando sabes que para conseguir un piso tendrás que caerle mejor al propietario que las 40 personas que lo han visitado antes que tú. También nos encontramos con mucha gente con un contrato en regla, sin trampas y sin letra pequeña sospechosa y que aun así no sabe si mañana su contrato seguirá siendo válido. La derogación del Real Decreto ley 8/2026 (aprobado en marzo para responder a las consecuencias de la guerra de Irán y derogado semanas después) dejó a miles de personas inquilinas sin saber si su prórroga extraordinaria seguía en pie o no. La respuesta, en muchos casos, llegó a través de un telediario, no de una carta de su arrendador ni de ningún servicio de orientación jurídica. Esa es también una forma de vulnerabilidad: la de vivir pendiente de si el BOE de hoy te cambia las condiciones de tu vivienda, sin tener a nadie que te explique qué significa eso para tu contrato concreto, para tu situación concreta.

¿Qué hacer?

Lo que pocos inquilinos saben es que existen instrumentos para cambiar eso. Elevar un contrato de arrendamiento a escritura pública ante notario aporta algo que un documento privado no puede dar: fecha cierta, fuerza ejecutiva, y la garantía de que alguien ha verificado que el contenido del contrato respeta la Ley y que ambas partes saben lo que están firmando. No elimina la asimetría de poder entre quien necesita urgentemente una vivienda y quien la ofrece en un mercado con escasísima oferta (para eso necesitamos política pública, y sigue haciendo falta), pero sí introduce un nivel de protección real para quien está en la posición más débil, que en la mayoría de los casos es la persona inquilina.

Nada de esto sustituye a lo que sigue siendo urgente y necesario: más vivienda pública, más oferta de alquiler asequible, una intervención decidida del Estado en un mercado que ha fallado sistemáticamente a las personas jóvenes. Decía Ricardo Piglia que cuando quería tranquilizarse se refugiaba en el futuro: «Dentro de diez años me voy a reír de todo esto». Esa opción, la de esperar a que el tiempo solucione las cosas, no está disponible para nuestra generación, pero a veces no queda otra, y mientras esas políticas llegan, hay personas jóvenes que hoy buscan piso en Instagram, que hoy firman contratos que no comprenden del todo, que hoy viven en situaciones que no las protegen. Y esas personas merecen conocer los instrumentos jurídicos que existen para protegerlas. No como sustituto de la lucha política, sino como parte del mismo compromiso: el de construir condiciones en las que la juventud pueda vivir con dignidad, con seguridad y con derechos reales. Eso también es política de vivienda.

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El notariado como motor de la España rural, por Benito Torrecillas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

BENITO TORRECILLAS,

notario de Falset

Es en los pueblos donde el Notariado despliega su función social más pura y gratificante"

El notariado como motor de la España rural

Hay pueblos en España donde todavía se dejan las llaves puestas en la puerta, la gente se sigue saludando por la calle y una casa representa la memoria de una familia. Sin embargo, muchos de esos pueblos viven hoy entre persianas bajadas y carteles de “se vende” que nadie mira.

Se habla mucho de la España vaciada y de la despoblación. Las estadísticas suelen ser frías, pero a veces retratan realidades incómodas: casi la mitad de las casas vacías de España se concentran en el entorno rural (unos 3,8 millones de inmuebles, según el INE).

Inseguridad jurídica

En el debate público sobre cómo movilizar este patrimonio, se suele apelar a recargos en el IBI o a incentivos fiscales. Son medidas necesarias pero incompletas si se analizan exclusivamente desde un despacho urbano. El verdadero freno para que una casa de pueblo vuelva a tener vida no siempre es el dinero, a menudo es la inseguridad jurídica. Y es aquí donde la función notarial sobre el terreno resulta indispensable.

Para quienes ejercemos el Notariado en municipios como Falset (Tarragona), con una población de unos 2.800 habitantes aproximadamente, esa cifra no es una abstracción, sino el paisaje de cada mañana. Detrás de cada balcón desconchado y de cada cerradura oxidada no suele haber una fría estrategia de especulación, sino algo mucho más complejo: una telaraña de herencias inconclusas, dudas legales y un arraigo que se resiste a morir, pero que ha olvidado cómo avanzar. Para rehabilitar una vivienda rural, antes hay que rehabilitar su historia jurídica. Ahí el Notariado cumple una función social, aunque pocas veces visible.

Cuando llegué a mi destino en Falset, comprendí pronto que la famosa ´capilaridad´ del Notariado no es un concepto retórico, sino un servicio de urgencias jurídicas. En el mundo rural, el notario es, con frecuencia, el último faro institucional que permanece encendido mientras las oficinas bancarias bajan el cierre y los servicios se alejan. Somos el asesor de cabecera, esa autoridad cercana a la que un vecino puede acudir a consultar un problema sin necesidad cita previa o meses de antelación.

Artesanos del Derecho

Nuestra labor consiste en ser artesanos del Derecho. Dedicamos horas a desenredar particiones complejas, buscar el consenso entre copropietarios que ni siquiera se conocían y a dotar de certezas un patrimonio que, de otro modo, acabaría en ruina estructural. Aquí escuchamos historias familiares que se remontan a tres generaciones, localizamos fincas sin registrar, interpretamos voluntades dichas “de palabra”, o ayudamos a personas mayores que llegan con sus carpetas de gomas llenas de papeles desgastados por el tiempo relativas una masía que perteneció al abuelo y que nadie inscribió nunca.

Cada vez que logramos formalizar una venta difícil o ayudar a una pareja joven a adquirir esa casa que llevaba décadas cerrada, sentimos que estamos combatiendo el olvido.

Cuando pienso en el futuro de nuestra profesión, me dirijo inevitablemente a quienes hoy pasan largas jornadas devorando el temario de la oposición. Existe el mito de que el destino ideal es una plaza en una gran capital. Permítanme disentir.

Es en los pueblos donde el Notariado despliega su función social más pura y gratificante. Aquí no eres un anónimo: eres el notario del pueblo. Escuchas a las familias, aconsejas en la mesa de la cocina si es necesario, calmas los ánimos en una partición difícil y ves el impacto directo de tu trabajo en la comunidad. Animo firmemente a las nuevas promociones a buscar estos destinos no como un trámite de paso, sino como una escuela de vida y de derecho.

En muchos pueblos hay casas vacías, pero también personas que querrían rehabilitarlas, comprarlas o volver a ellas. El problema es que entre unas y otras existe, con frecuencia, un laberinto jurídico que alguien tiene que ayudar a atravesar. Ese alguien suele ser el notario rural.

Acompañar a las familias

Y quizá por eso el mundo rural sigue necesitando notarios jóvenes que quieran instalarse en él. Porque ejercer en un pueblo significa acabar acompañando a las familias en todos los momentos importantes de su vida: compras, herencias, matrimonios, proyectos, despedidas.

La recuperación de la España interior no vendrá solo de la mano de la fibra óptica o de los planes estatales, aunque sean bienvenidos. Vendrá si garantizamos que vivir en un pueblo no signifique ser un ciudadano de segunda en cuanto a acceso a la justicia preventiva. La presencia del notario en el territorio asegura que un habitante de la comarca del Priorat tenga exactamente las mismas garantías y el mismo asesoramiento de excelencia que el residente de la calle Serrano de Madrid o el Paseo de Gracia de Barcelona.

El notario rural no es una figura del pasado, sino parte de la solución futura. Un profesional cercano, accesible y capaz de transformar problemas aparentemente enquistados en oportunidades para que los pueblos vuelvan a tener vida.

El mundo rural: esencial para los nuevos notarios, por Andrés García-Bengochea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

ANDRÉS GARCÍA-BENGOCHEA HERNÁNDEZ, notario de Muxía

El notario se convierte en una persona de confianza, a la que le cuentan sus problemas y preocupaciones con la esperanza de alcanzar una solución"

El mundo rural: esencial para los nuevos notarios

Después de aprobar las oposiciones y una vez asignada una plaza para comenzar su andadura profesional, los nuevos notarios se enfrentan a un nivel de novedades que probablemente no han visto con anterioridad. Dominar el Sistema Integrado de Gestión del Notariado, SIGNO, el software para la redacción de escrituras, la gestión de la notaría o conocer todos los requisitos que deben reunir los distintos textos legales, son algunos de los retos a los que se exponen. Como seguramente habrán vivido cada uno de ustedes en su vida profesional, existen ciertas diferencias entre la teoría y la práctica, que requieren un cierto período de adaptación.

Una visión de 360°

En estos inicios y dependiendo del contexto, el destino y el tipo de notaría, algunos notarios optan por comenzar solos, y otros se apoyarán en oficiales, que o bien ya trabajaban en la notaría o han sido contratados. Ambas posibilidades tienen su aspecto positivo, en el primer caso el notario adquiere una visión de 360° de cómo funciona todo y, en el segundo, permite acelerar su aprendizaje, apoyándose en personas con experiencia en este mundo laboral. El que escribe estas letras eligió la primera opción, con el objetivo de empezar desde abajo y entender todos los entresijos de la notaría.

Mi primer destino ha sido Muxía, un precioso pueblo costero de 5.000 habitantes situado en Galicia. Conocido por ser uno de los terrenos más afectados por el drama del Prestige, es una península que cuenta con playas espectaculares como la de Os Muiños o Lourido, ésta última formando parte del

Camiño dos Faros, un recorrido de casi 200 kilómetros entre Malpica y Finisterre. Al final del pueblo y al borde del mar, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Barca y las piedras de su entorno, que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía-Finisterre. Las fiestas de la Barca, celebradas en septiembre, paralizan el pueblo y han sido reconocidas como de interés turístico nacional. A escasos kilómetros y con grandes vistas se encuentra el parador de Muxía, que presenta la tasa de ocupación más alta de toda España.

Transcurridos unos meses, el notario empieza a conocer las peculiaridades de la zona y las preocupaciones de su gente. En Muxía los padres “quiere reconocer a los hijos”, una expresión popular que significa que desean nombrarles herederos en sus testamentos. También genera confusión la aceptación de herencia, al creer que solo con un testamento ya han adquirido el patrimonio del difunto. Es habitual la solicitud de que “les arregles los papeles”, es decir, que puedas explicarles sin tecnicismos cuál es su situación jurídica.

Una persona de confianza

El notario se convierte en una persona de confianza, a la que le cuentan sus problemas y preocupaciones con la esperanza de alcanzar una solución. Se trata de una población que presenta especiales vínculos con Suiza (por la emigración), por lo que siempre suele haber algún componente de derecho internacional. La ubicación de los inmuebles, también exige tener conocimientos acerca de la ley de costas, ya que con frecuencia se invade el dominio público marítimo terrestre. Con el paso de los meses y desarrollo de la práctica, se valora en mayor medida todo lo estudiado durante los años de oposición.

El notario actúa como un garante de la legalidad, debiendo constatar que el texto se adecúa a los requisitos formales y los otorgantes firman con pleno conocimiento de todas las circunstancias que vinculan a la escritura. En este aspecto, el juicio de capacidad cobra una relevancia significativa, cancelando cualquier firma en la que se pueda albergar dudas acerca de la falta de discernimiento/conocimiento de alguno de los interesados. Esta obligación se extiende a cualquier clase de negocio jurídico, por muy sencillos que puedan parecer algunos.

Como ejemplo, hace unos días compareció en mi notaría un señor con problemas auditivos que quería ratificar una escritura otorgada en otra ciudad (en la que ese señor era representado con mandato verbal, insuficiente para la validez del documento). Al preguntarle en qué consistía la escritura que quería ratificar, me dice que “quiere renunciar a todo” y le explico que en la escritura citada aceptaría la herencia. Le explico todo en detalle y le invito a que pueda leer con calma el documento (en su casa o en la notaría) para que lo ratifique en otro momento, si lo considera, una vez que sea consciente de su contenido. Debemos tener especial atención con las personas más vulnerables, asegurándonos de que pueda cumplirse realmente su voluntad y evitando cualquier intento de manipulación de terceros.

Se trata de una profesión en constante aprendizaje que abarca múltiples campos del derecho civil, mercantil o hipotecario, entre otros, por lo que es imprescindible mantenerse actualizado para dar un buen servicio. Desde celebrar matrimonios, hasta expedientes para la inscripción de fincas en el Registro de la Propiedad o una fusión de sociedades, todos ellos requieren una preparación para que las escrituras puedan surtir los efectos deseados.

El mundo rural es, en mi opinión, el lugar idóneo para dar los primeros pasos, teniendo un contacto más directo con los clientes, y un menor volumen de trabajo que nos permita crecer y entender en que consiste esta profesión para cumplir con acierto lo que dice el famoso refrán: “Antes de correr hay que aprender a andar”.

La vivienda, mejor sin burbujas, por Casimiro García-Abadillo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de El Independiente

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers"

La vivienda, mejor sin burbujas

El hombre aspira a la estabilidad. La inseguridad le provoca angustia y es una de las causas de la infelicidad. Queremos que el amor sea para siempre, como deseamos que el crecimiento económico dure eternamente, pero la realidad nos muestra que, en la vida, como en la economía, los ciclos son inevitables.

Todavía tenemos en la memoria las terribles consecuencias del estallido de la burbuja financiera, cuyo símbolo fue la caída de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008), cuando ya comenzamos a atisbar otra posible explosión en el horizonte.

Recordemos el origen de aquel desastre. Las entidades financieras comenzaron a conceder créditos a mansalva para la compra de viviendas; los préstamos hipotecarios se convirtieron en un gran negocio. El problema es que muchos de los endeudados, con el paso del tiempo, se encontraron con que no tenían recursos suficientes para pagar esas hipotecas.

Los llamados genios financieros descubrieron entonces otro negocio: empaquetar las hipotecas de dudoso cobro y vender esos paquetes como inversiones de riesgo. La burbuja se fue haciendo cada vez más grande. Pero mientras no estalló, algunos ganaron mucho dinero, a sabiendas de que algún día el globo pincharía sin remedio.

Situación española

Bajemos al terreno y fijémonos en lo que está pasando en España. Llevamos años en los que los precios de la vivienda no paran de crecer (en 2025 más de un 12%, y un 14,3% en el primer trimestre de 2026), y, sin embargo, las compraventas también han aumentado sin parar (hasta prácticamente enero de 2026). Es decir, se ha vendido todo a precios muy elevados.

Aunque la economía ha seguido creciendo —es cierto que a menor ritmo—, eso no implica que los salarios hayan aumentado en la misma medida. De hecho, uno de los problemas de los jóvenes es que sus ingresos no les permiten comprar o alquilar una vivienda. Muchos de ellos se arriesgan a solicitar un crédito hipotecario animados por unos tipos de interés bajos. La burbuja empieza a crecer. Los bancos, de momento, son generosos y no ponen muchas trabas.

Pero los nubarrones empiezan a aparecer. La guerra —otra guerra, pero esta con efectos más dañinos para la economía— ha venido a recordarnos que vivimos en un ciclo alcista que puede estar llegando a su fin. Ya se ha notado el efecto de los bombardeos sobre Irán en los precios del gas y de los combustibles. De ahí se trasladará a otros productos y servicios: electricidad, transporte, fertilizantes y, finalmente, alimentos. La inflación comienza a despertarse.

Cautela europea

El Banco Central Europeo ya ha adoptado una actitud de cautela. Antes del verano subirá los tipos de interés, ya que su función principal es controlar la inflación.

Si no se pone remedio —lo que equivaldría a una guerra muy corta—, subirán los precios, se frenará el crecimiento económico y esto afectará al empleo. Al mismo tiempo, aumentarán los tipos de interés, lo que encarecerá las hipotecas. Algunas figuras influyentes, como Larry Fink (CEO de BlackRock), ya han advertido de que, si la guerra se prolonga hasta final de año, el mundo podría entrar en recesión. ¿Recesión? Sí, recesión, con todo lo que ello conlleva.

La caída del PIB como consecuencia del Covid-19 se amortiguó gracias a una inyección de dinero público sin precedentes en Europa: los fondos Next Generation. La pregunta es si los países de la Unión Europea podrán afrontar otra crisis en apenas seis años con una emisión de deuda tan elevada como aquella. El peligro de esta burbuja es que ha sorprendido a Europa (Estados Unidos es otra historia) aun recuperándose de la crisis del Covid. Las deudas, aunque algunos no lo crean, al final se pagan.

El BCE ya ha comenzado a tomar precauciones para evitar lo peor. Ha pedido a los bancos que extremen sus controles, tanto en la relación entre el crédito concedido y el valor de la vivienda, como en la capacidad de devolución del prestatario. Bienvenidas sean estas medidas de prudencia.

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers.

La anterior crisis se llevó por delante en nuestro país a las cajas de ahorros. Los bancos resistieron mejor porque estaban más capitalizados y fueron más prudentes en la concesión de créditos hipotecarios. También aprendimos que añadir a la penuria del estallido un duro ajuste presupuestario quizá no sea la mejor medicina.

Ninguna crisis es igual a la anterior, pero todas se parecen en sus consecuencias para las clases medias y trabajadoras. En algunos casos, el origen estuvo en la voracidad de entidades financieras que no midieron bien sus riesgos. Pero ahora —guerras aparte— la causa del aumento sin precedentes de los precios de la vivienda radica en un error político de gran magnitud: creer que limitando la oferta se evita la burbuja.

Todo lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora ha contribuido a agravar el problema de la vivienda. Ocho años después, comprar un piso es muchísimo más caro. Si a eso añadimos la limitación de los precios del alquiler, obtenemos la ecuación completa que refleja la angustiosa situación de muchos jóvenes y el tic-tac que nos acerca al estallido de otra burbuja.

El euro digital: no solo tecnología, por David Cano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

DAVID CANO,

socio de Analistas Financieros Internacionales

Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones"

El euro digital: no solo tecnología

El euro digital ha dejado de ser un proyecto teórico para convertirse en una prioridad estratégica en la zona euro. Varios ministros de Economía han instado a acelerar su desarrollo y el Parlamento Europeo ha respaldado el avance del proyecto dentro de lo establecido por el Banco Central Europeo (BCE) -que lleva trabajando en ello desde 2021-, reconociéndolo como una pieza clave para la soberanía monetaria europea.

Este impulso se produce en un contexto de profunda transformación tecnológica del sistema financiero, en el que la digitalización del dinero ya no es una hipótesis, sino una realidad en marcha. Como ocurre con otras innovaciones, desde la tokenización de activos hasta las finanzas descentralizadas (de todo ello escribo en un artículo reciente en el número 186 de Papeles de Economía Española editado por Funcas), el debate no gira tanto en torno a si se producirá el cambio, sino sobre cómo integrarlo de forma ordenada y sin riesgos en el sistema financiero.

Dinero oficial

El euro digital será una CBDC (por sus siglas en inglés: Central Bank Digital Currencies), es decir, una moneda digital emitida por un banco central (el BCE) que, a diferencia de las criptomonedas, mantendrá el respaldo institucional y el curso legal. Es decir, y creo que esto todavía es necesario reiterarlo, el euro digital no será una criptomoneda más (éstas no requieren de una autoridad central para su emisión o validación), sino “dinero oficial”, como el efectivo: poseerá el mismo valor que la moneda fiduciaria tradicional. Este es un punto relevante: no pretende sustituir al sistema financiero “convencional”, sino modernizarlo, haciéndolo más eficiente y adaptado al entorno digital. Su diseño contempla, además, una doble modalidad: pagos online, intermediados por entidades financieras, y pagos offline, que permitirían operar incluso sin conexión, replicando en cierta medida las características del efectivo.

Pero el verdadero debate no es tanto tecnológico como institucional. La insistencia de los ministros en la compatibilidad entre soluciones públicas y privadas refleja una preocupación central: evitar que el euro digital desplace a los intermediarios financieros tradicionales. El riesgo de desintermediación bancaria es uno de los más citados. Si los ciudadanos pudieran mantener depósitos directamente en el banco central, se vería afectada la capacidad de los bancos para conceder crédito, con implicaciones potenciales para la estabilidad financiera.

Un delicado equilibro

Por ello, el diseño del euro digital está condicionado por un delicado equilibrio. Por un lado, debe ofrecer una alternativa segura frente al auge de las stablecoins, esto es, criptodivisas vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos como deuda pública con la intención de mantener una cotización lo más estable posible -y que son una forma de dinero digital estable y programable con potencial para integrarse en infraestructuras de pagos y mercados tokenizados. Por otro lado, debe evitar alterar de forma abrupta el funcionamiento del sistema bancario. En este sentido, la experiencia reciente muestra que la innovación tecnológica no siempre elimina a los intermediarios, pero sí redefine su papel.

La dimensión geopolítica añade una capa adicional de complejidad. El auge de las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses y el desarrollo de monedas digitales en otras jurisdicciones han puesto de manifiesto el riesgo de pérdida de autonomía monetaria. El BCE ha advertido que la expansión de estas soluciones privadas podría afectar a la transmisión de la política monetaria y aumentar la dependencia del sistema financiero europeo respecto a otras áreas económicas. En este contexto, el euro digital se configura como una herramienta para preservar la soberanía monetaria en un entorno de creciente competencia tecnológica.

Desafíos jurídicos

No obstante, junto a las oportunidades emergen también desafíos jurídicos relevantes. La implantación del euro digital obliga a repensar cuestiones como la protección de datos, la trazabilidad de las operaciones o la responsabilidad en caso de fallos del sistema. Uno de los retos más complejos será encontrar un equilibrio entre privacidad y control: garantizar la prevención del fraude y del blanqueo de capitales sin comprometer los derechos individuales.

Asimismo, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. A diferencia del efectivo, una moneda digital depende de infraestructuras tecnológicas cuya integridad debe estar plenamente garantizada. Esto exige no solo inversiones constantes, sino también marcos de supervisión y gobernanza adecuados.

En este escenario, algunos planteamientos alternativos han ganado relevancia. Frente a un modelo puramente público, se ha propuesto el desarrollo de soluciones híbridas, en las que entidades privadas emitan instrumentos digitales respaldados por el banco central. Este enfoque permitiría combinar innovación y estabilidad, evitando tanto la fragmentación del sistema como la concentración excesiva en el balance del banco central.

En definitiva, el euro digital no es únicamente una innovación tecnológica, sino una transformación institucional del dinero. Su éxito dependerá menos de su arquitectura técnica que de su capacidad para integrarse en el ecosistema financiero existente, garantizando la confianza de ciudadanos y empresas.

La aceleración política del proyecto sugiere que su desarrollo normativo podría estar próximo. El reto será asegurar que esta nueva forma de dinero refuerce —y no debilite— los principios que han sustentado el sistema financiero europeo: estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Porque, como demuestra la experiencia reciente, la tecnología puede transformar los mercados, pero son las instituciones las que determinan su impacto final.

Privacidad y seguridad

Por último, y no menos importante, no debe dejarse de lado que cualquier innovación tecnológica debe ser PSI, es decir, debe garantizar la privacidad y la seguridad, pero también la inclusión. El euro digital debe favorecer la inclusión financiera, facilitando el acceso a servicios en zonas con baja bancarización o a colectivos tradicionalmente excluidos.  

En conclusión, el euro digital (así como el resto de CBDC) no es simplemente una innovación tecnológica, sino que también es una reconfiguración institucional del dinero. Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones. Para conseguir lo primero y evitar lo segundo, su análisis debe ser multidisciplinar, integrando perspectivas económicas, jurídicas, sociales y tecnológicas. El tiempo, esfuerzo y rigor dedicado en los últimos meses en su diseño creo que permiten ser optimistas respecto a que supondrá un avance. Como también lo fue la creación del euro como moneda “convencional”.

¿Burbuja o demografía?, por José García Montalvo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

JOSÉ GARCÍA MONTALVO,

Catedrático de Economía de la UPF y Miembro del Consejo Asesor del Portal Estadístico del Notariado

Las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles"

¿Burbuja o demografía?

En los últimos años han reaparecido indicadores que recuerdan al periodo previo a la gran crisis inmobiliaria: los precios de la vivienda crecen a tasas de dos dígitos, el volumen de compraventas es muy elevado y los descuentos efectivos sobre el precio de oferta son reducidos, lo que refleja un mercado tenso y con poca capacidad de negociación por parte del comprador. Esto ha alimentado la percepción de que se podría estar repitiendo una burbuja inmobiliaria similar a la de los años 2000. Sin embargo, un análisis detallado de los determinantes de la demanda y de la oferta, y la evolución demográfica muestra que la situación actual tiene una naturaleza muy distinta.

La creación de hogares

La clave está en la relación entre la formación de hogares y el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Durante los años de la burbuja la construcción de vivienda nueva superó con creces la creación de hogares: se terminaban entre 500.000 y 600.000 viviendas anuales mientras se formaban unos 400.000 hogares, generándose un claro superávit de vivienda que alcanzó las 700.000 viviendas en 2008. En el periodo reciente se están creando en torno a 230.000 hogares anuales, mientras que solo se terminan del orden de 90.000 viviendas nuevas cada año. Esta brecha acumulada implica un déficit significativo de vivienda, que se puede cuantificar en unas 700.000 unidades en 2024. El desajuste alcanza un nivel similar, pero de signo opuesto.

La presión de la demanda actual no proviene solo de la formación de nuevos hogares, sino también del notable aumento de la población, impulsado en buena parte por la inmigración. Este contexto demográfico creciente choca con una oferta extraordinariamente rígida: la producción de viviendas por habitante y la proporción de viviendas terminadas sobre el stock existente se sitúan entre las más bajas de los países desarrollados. Esa rigidez de la oferta tiene raíces estructurales. La elasticidad de la oferta de vivienda en España es reducida, de modo que subidas de precios que en otros países activarían un fuerte aumento de la construcción en España producen un incremento pequeño de la oferta. La producción de vivienda se mantiene en torno a dos viviendas terminadas por mil habitantes, muy alejada de los niveles del pasado y de los estándares de otras economías avanzadas. La regulación urbanística fragmentada, la lentitud en la gestión del suelo, el peso de las restricciones locales y un marco fiscal poco incentivador para la inversión residencial contribuyen a este comportamiento inercial del lado de la oferta.

Indicadores de riesgo

Al mismo tiempo, el sistema financiero y el endeudamiento privado presentan un perfil mucho más prudente que en la etapa de burbuja inmobiliaria. El saldo de crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias se mantiene en niveles relativamente bajos en relación con el PIB, y el crédito hipotecario de los hogares representa una proporción sensiblemente inferior a la que se observaba antes de 2008. Los indicadores de riesgo asociados a las nuevas hipotecas —como la ratio préstamo‑valor, la ratio préstamo‑ingresos o el peso del servicio de la deuda sobre la renta familiar— se sitúan en cotas moderadas, muy alejadas de las financiaciones superiores al 100% del valor y de los esfuerzos de pago excesivos que caracterizaron el ciclo anterior. La combinación de una supervisión macroprudencial más estricta y un menor apalancamiento limita la posibilidad de que el crédito actúe como combustible de una burbuja especulativa de la misma naturaleza.

Si se analizan los fundamentales macroeconómicos que explican el comportamiento de los precios de la vivienda —crecimiento del PIB, creación de empleo, tipos de interés y, sobre todo, dinámica demográfica — se observa que buena parte del aumento reciente de los precios se puede explicar por estos factores. Esto contrasta con la situación previa a la crisis financiera, cuando una porción muy considerable del aumento de precios resultaba “inexplicable” por los fundamentales y solo podía entenderse como sobrevaloración alimentada por el crédito y por las expectativas de revalorización de la vivienda.

Miedo a “quedarse fuera”

En el plano de la psicología del mercado, comienzan a observarse comportamientos que recuerdan al miedo a “quedarse fuera” del acceso a la propiedad, lo que en la literatura anglosajona se describe como FOMO (Fear Of Missing Out”). Algunos compradores se adelantan en la decisión de compra ante la expectativa de que la vivienda será cada vez menos accesible. Este componente subjetivo puede reforzar la presión alcista, pero opera sobre un escenario donde el problema principal es la insuficiencia de viviendas disponibles frente al aumento de hogares, no tanto un ciclo de excesivo crecimiento del crédito y expectativas irreales de crecimiento futuro de los precios.

En conjunto, el diagnóstico que emerge es que el riesgo actual no responde al patrón clásico de burbuja inmobiliaria sustentada en un boom de construcción y sobreendeudamiento, sino a un desajuste estructural y persistente entre una demanda demográfica robusta y una oferta que reacciona muy poco a las señales de precios. La diferencia crucial entre los dos periodos considerados es que antes existía un exceso de oferta financiado con crédito que inflaba artificialmente los precios, mientras que ahora la tensión de precios proviene de una oferta insuficiente frente a una evolución demográfica muy dinámica.

Esta distinción tiene implicaciones directas para la política económica. Ante una burbuja de crédito, la respuesta natural consiste en desplegar instrumentos macroprudenciales que frenen el apalancamiento y la concesión de hipotecas de alto riesgo. En el contexto actual, en cambio, las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles, por reducir las rigideces de suelo y tramitación que limitan la construcción y por reforzar los instrumentos que permiten absorber el impacto del crecimiento demográfico sin trasladarlo íntegramente a los precios. Solo abordando este desequilibrio entre demografía y oferta se puede mitigar el riesgo de que la tensión actual derive en episodios de sobrevaloración más graves en el futuro.

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, por José María Graíño

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

JOSÉ MARÍA GRAÍÑO,

decano del Colegio Notarial de Galicia

Con el anticipo hereditario se mitigan los conflictos sucesorios. Es una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias”

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes

Uno de los problemas socioeconómicos más acuciantes para los ciudadanos españoles, y especialmente para los más jóvenes, es la extraordinaria dificultad para acceder a una vivienda digna que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de nuestra Constitución, satisfaciendo las legítimas expectativas de las personas de lograr una vida independiente.

Y, sin embargo, nos encontramos en paralelo con la circunstancia fáctica de que, en España, según el Instituto Nacional de Estadística, existen tres millones ochocientas mil viviendas vacías que, en principio, están fuera del mercado inmobiliario.

Son muchas las medidas legislativas de política pública que pretenden solventar o aminorar las referidas dificultades, que van desde el incremento de la oferta, el control de precios, la promoción de viviendas protegidas, hasta llegar a las ayudas directas.

Ante esta problemática, el derecho privado, bien a través de las donaciones en territorio de derecho común y/o mediante los pactos sucesorios en las comunidades autónomas que tienen Derecho Civil propio (Galicia, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco), puede ayudar a paliar, en alguna medida, la dificultad de acceso a la vivienda de nuestros jóvenes y al propio tiempo movilizar el parque inmobiliario.

¿Tiene sentido esperar al fallecimiento para que transmitir una vivienda o una cuantía económica para satisfacer las necesidades de los jóvenes? Esta pregunta y la reflexión que conlleva están cada vez más presentes en las familias. Las notarías son reflejo de la vulnerabilidad económica de los jóvenes y de la siempre bien dispuesta ayuda de los padres, constatándose un cambio en la ordenación sucesoria. Este se traduce en un incremento de las donaciones y pactos sucesorios, ya se trate de la vivienda, de otros bienes o de una cuantía económica que se destina a la compra del inmueble, evitando así un mayor endeudamiento para su adquisición.

En Galicia, una de las comunidades autónomas con derecho civil propio, los instrumentos más utilizados para conseguir los resultados indicados son los pactos sucesorios, regulados por la actual Ley 2/2006 de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.

Pactos sucesorios: La herencia en vida

Los pactos sucesorios previstos en la Ley son el de mejora y el de apartación. Pueden realizarse con o sin entrega presente de los bienes y permiten la atribución inmediata de bienes como negocio jurídico de naturaleza mortis causa, frente a las donaciones que, por todos es conocido, participan de naturaleza inter vivos.

Los pactos sucesorios han de formalizarse en escritura pública y forman parte, desde su reconocimiento legislativo, de la cultura jurídica de los gallegos, al gozar de una gran versatilidad y ventajas fiscales.

Pueden otorgarlos los padres y abuelos en favor de sus hijos y nietos, si es un pacto de apartación, a los hijos o descendientes que sean legitimarios, también al cónyuge, quedando, con la apartación, desprovistos de su condición de legitimarios.   

Antes de otorgar un pacto sucesorio es conveniente plantearse una serie de cuestiones, entre otras, si los transmitentes van a necesitar o no en el futuro esos bienes que se adjudican.

En este sentido, los notarios desaconsejamos que la vivienda habitual se transmita por esta vía, siendo más recomendable el instrumento testamentario que puede revocarse ante un cambio de circunstancias, ello, no obstante, en supuestos como la necesidad de acometer reformas en la vivienda que van a ser costeadas ya por los adjudicatarios, podrán reservarse el usufructo hasta el fallecimiento del último de los cónyuges, transmitiendo la nuda propiedad. En otros casos se transmite el usufructo, conservando los transmitentes la nuda propiedad.

Es importante, también, según los casos concretos, reservarse la facultad de disponer y prohibir la venta o hipoteca. Establecer la reversión en caso de fallecimiento del mejorante o incumplimiento de condiciones. También es aconsejable imponer la condición de cuidar y asistir a los mejorantes y en caso de no cumplirse quedaría ineficaz dicha adjudicación.

Bonificaciones fiscales

Las ventajas fiscales son un innegable incentivo para animar a su proliferación. El favorable tratamiento tributario que tienen en Galicia ha determinado que la ayuda de los padres o abuelos se materialice a través de este instrumento sucesorio, pues están exentos de tributación en el Impuesto de Sucesiones hasta la cantidad de un millón de euros por padre y madre y cada hijo.

Por otra parte, quisiera resaltar que, con el anticipo hereditario, se mitigan los conflictos sucesorios, constituyendo una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias. Se tendrán en cuenta a la hora de hacer la partición. Se computarán e imputarán en su caso a la legítima o a la parte de libre disposición. Se puede pactar el carácter colacionable o no. Entendemos que son unos negocios jurídicos que dan respuesta a una exigencia social.

Además, por esta vía, se trata de conseguir un recíproco plan de apoyo y ayuda intergeneracional entre abuelos, padres, hijos y nietos. De esta manera se satisfacen las necesidades de vivienda de las nuevas generaciones para iniciar su desarrollo personal y profesional y, a la vez, se garantiza a los padres y abuelos cuidados y afectos, tranquilidad y seguridad. Con la llamada herencia en vida, se transforma una expectativa en una realidad presente. La intervención notarial se manifiesta como un eje de la planificación sucesoria flexible: interpretando los intereses, configurando los instrumentos jurídicos adecuados a cada persona, según su situación personal, familiar y patrimonial.