Como consecuencia de la guerra de Ucrania se está produciendo un éxodo de población hacia los países de la Unión Europea. Entre los refugiados abundan menores de edad que en ocasiones están acompañados de su progenitor o tutor, en otras, por personas que ejercen la función de guarda de hecho y, en algunos casos, no están acompañados por ningún adulto responsable.
Para dialogar sobre esta situación y extraer conclusiones y recomendaciones al respecto tuvo lugar la jornada Los menores afectados por el conflicto de Ucrania desplazados a España para encontrar refugio, organizada por la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado y realizada en su sede de Madrid, con la presencia de representantes de las Administraciones competentes en la materia y entidades sociales.
LOS PARTICIPANTES COINCIDIERON EN QUE HA EXISTIDO UNA ÁGIL Y EFICIENTE RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL, LAS CC.AA., LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD CIVIL
En el acto de apertura intervinieron el secretario del Consejo General del Notariado, Manuel Tarrío; el director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente; y el subdirector general de Política de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, José Luis Castellanos.
El encuentro contó con la realización de dos mesas redondas. La primera titulada Perspectiva social, moderada por la notaria Carmen Velasco, en la que participaron la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Arauz; la responsable del Departamento de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral; y la responsable del Área de Migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.
En segundo lugar, se celebró el coloquio sobre Perspectiva Institucional, moderado por el notario Juan Pérez Hereza, en el que intervino el fiscal de Sala, coordinador de Menores, de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Esteban; el magistrado juez del Juzgado de Familia nº 24 de Madrid, Juan Pablo González del Pozo; la subdirectora general de protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Ana Cristina Gómez; la directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Moncada; y el notario, vicesecretario del CGN y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, Jorge Prades.
Recomendaciones.
El objetivo de este encuentro consistió en reflexionar sobre la realidad de los menores ucranianos desplazados a España para encontrar refugio, para poder llegar juntos a unas conclusiones y recomendaciones compartidas. En este sentido los participantes coincidieron en que “ha existido una ágil y eficiente respuesta del Gobierno español, las CC.AA., las instituciones públicas y la sociedad civil”. Ahora “nos encontramos ante la ocasión de consolidar, fortalecer y avanzar en el sistema de protección de la infancia”, aseguraron. En el futuro “es necesario profundizar en la seguridad jurídica como principio vertebrador del sistema de protección y ello exige tanto garantizar un diagnóstico adecuado de la situación de vulnerabilidad de los menores, como atender a su interés superior, evitando la confusión con otras situaciones como, por ejemplo, el asilo; y manteniendo la coordinación con el país de origen para favorecer el regreso cuando la situación lo permita”.
NOS ENCONTRAMOS ANTE LA OCASIÓN DE CONSOLIDAR, FORTALECER Y AVANZAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
En este sentido los participantes recomendaron al Gobierno “la adopción de medidas jurídicas que clarifiquen la forma en que podrá prorrogarse la protección temporal de la que disfrutan actualmente los menores ucranianos refugiados en España, al ser el conocimiento de esta circunstancia determinante para su integración, para favorecer el retorno a su país y el reencuentro con sus familias y para la planificación de su vida”. De la misma manera, los expertos destacaron la importancia de realizar “un impulso institucional para el acogimiento familiar que ha de ser la estructura básica del sistema de protección de la infancia”. La labor del Notariado. Por su parte, y en atención a las particularidades que presentan los menores desplazados por el conflicto de Ucrania, el Consejo General del Notariado (CGN) ha hecho llegar a todos los notarios del país la Circular 1/2022, de 28 de marzo, en la que establece recomendaciones “sobre documentación relativa a menores afectados por el conflicto de Ucrania desplazados a España para encontrar refugio”.
El Notariado ya venía trabajando para fortalecer la protección de los niños y niñas. Anteriormente a esta circular se emitió, en 2020, una previa sobre la “actuación notarial en aquellos documentos que afecten a la función de guarda de los menores de edad” que es el resultado del trabajo para dar la respuesta documental que constate la protección jurídica de los menores que están a cargo de personas distintas de sus progenitores. Esta circular contempla tanto la posibilidad de que los padres puedan auxiliarse en el ejercicio de la función de guarda del menor por parte de familiares a través de las escrituras de extensión o apoyo, como la realización del acta de constancia de guarda de hecho, en la que una persona (que no es el progenitor) asume funciones de protección respecto de un menor de edad.
Una vez realizada esta documentación ante notario “se informa a las Administraciones competentes, lo que aporta seguridad jurídica a los menores y facilita la coordinación entre las entidades de protección de la infancia en cada ámbito territorial, así como con la Fiscalía de Menores”, explica Jorge Prades, notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida.
Apoyo notarial
El Consejo General del Notariado emitió en 2020 una circular sobre la “actuación notarial en aquellos documentos que afecten a la función de guarda de los menores de edad” que contempla la posibilidad de realizar:
Escritura de extensión o apoyo: un apoyo general que se otorga en favor de un familiar cuando los progenitores no pueden ejercer la guarda de su hijo durante un tiempo, de forma que queda autorizado para ocuparse del menor durante ese periodo.
Acta de constancia de guarda de hecho: Su finalidad es aportar seguridad jurídica: en el caso de guardas altruistas, al dotar al “guardador de hecho” de un documento que, sin ser título legitimador, le permite justificar la situación fáctica hasta que la autoridad judicial, o la entidad pública, valore la conveniencia de establecer las correspondientes medidas.
Convención sobre los Derechos del Niño
El encuentro se realizó en el marco de la defensa de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, la norma más importante en los ámbitos social y jurídico con respecto a la infancia y la adolescencia. Se destacó la convicción, expresamente recogida en su Preámbulo, de que “la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad” así como la afirmación, también recogida en dicho Preámbulo, de que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
La nueva
realidad social
implica el
cambio del
modelo de
familia como
entorno de
cuidados para
las personas
mayores.
La ciudad de Málaga acoge el 19 y 20 de mayo el
XII Congreso Notarial Español. El lema de esta cita
–cuya celebración tuvo que ser pospuesta por la
pandemia– es El envejecimiento de la sociedad:
principal desafío del siglo.
Está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas a este foro, abierto no sólo a notarios y profesionales jurídicos, sino a representantes, profesionales e instituciones de todos los ámbitos de la sociedad civil. Un amplio y multidisciplinar programa de ponentes participará en mesas redondas y debates con el objetivo de aportar reflexiones sobre un fenómeno que afecta a diferentes ámbitos de nuestra vida.
Inauguración
Está previsto que diversas personalidades participen en el acto inaugural del congreso, a quienes acompañarán el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el coordinador del Congreso, Rodrigo Tena. Antonio Ojeda, primer presidente del Parlamento de Andalucía y ex presidente del Consejo General del Notariado, será el maestro de ceremonias de la inauguración.
Previamente, Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March, pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, bajo el título Dignidad vs Vulnerabilidad, en el Auditorio Egdar Neville.
El programa se estructura en tres bloques: La dignidad vs. protección de la vulnerabilidad; La vida centenaria y su previsión individual y La vida centenaria y su previsión social y política. Cada uno de los temas -de contenido social, económico y jurídico- se debatirá en diferentes mesas redondas de carácter transversal, que tendrán lugar en el Hotel NH Málaga.
Está prevista la asistencia de más de cuatrocientos representantes de toda la sociedad civil
Para el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz” aun siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia”.
Para el coordinador del congreso, Rodrigo Tena, “los notarios estamos en una posición idónea para impulsar un esfuerzo conjunto dedicado a estudiar el fenómeno del envejecimiento, tan necesitado de una aproximación jurídica que ayude a integrar todas las perspectivas. El notario es garante de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada. Pero, además, es un testigo idóneo de la intrahistoria del devenir social y el primero en detectar las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad”.
A continuación, se recogen los puntos de vista de algunos de los miembros del Comité Científico del Congreso: representantes del movimiento asociativo, economistas, médicos y juristas.
Dignidad vs. protección de la vulnerabilidad.
Seis paneles de debate integran este apartado que aborda las amenazas físicas, psíquicas y patrimoniales de la última fase de la vida: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento; El régimen de apoyos a la luz de la Ley 8/2021; Valoración de la capacidad; Voluntades anticipadas y consentimiento informado; La guarda de hecho tras la Ley 8/2021 y Los internamientos involuntarios.
Para Carmen Sánchez Castellano, facultativo especialista de geriatría en el Hospital Ramón y Cajal, «las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación conforman en nuestro país un grupo nada homogéneo, pero que, a grandes rasgos, ha vivido unos cambios tecnológicos enormes en una sociedad que ha alcanzado una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Creo que se encuentran preparados para afrontar un envejecimiento con muchas más oportunidades de ocio y formación de las que tuvieron sus abuelos. Y, por otro lado, deben ser capaces de vivir esta etapa, minimizando las consecuencias propias de enfermedades que prevalecen con la edad, como son las neurodegenerativas o el cáncer. Estar activos desde el punto de vista físico y mental y promover actividades sociales (también las de compromiso, como el voluntariado) puede ayudar a que las personas se desarrollen plenamente en esta etapa de su vida. La sociedad en su conjunto y las instituciones en particular deben fomentar y dar el debido reconocimiento a estas actividades, para evitar la exclusión social de las personas mayores en nuestro país».
Las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación han vivido unos cambios tecnológicos enormes
Miguel Ángel Cabra de Luna, director del área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE y patrono de la Fundación Aequitas, considera «muy acertado el enfoque que se le ha dado al congreso, ya que abarca prácticamente todos los temas de fondo y de actualidad del colectivo. Además, los notarios son esenciales en esta estrategia de empoderamiento y de promoción de la autonomía de la voluntad. Este foro permitirá poner en su sitio la realidad de los mayores en España; el Notariado puede contribuir a esta tarea, desarrollando asesoramiento, apoyos y garantías jurídicas en favor de este grupo tan importante de la población española: un 20% de la misma. Los mayores somos prácticamente 10 millones de personas, constituimos el núcleo de la «Silver Economy», gestionamos el 40% de la riqueza del país y manejamos anualmente en las entidades financieras 400.000 millones de euros, de los que 170.000 corresponden a las pensiones».
El representante del tercer sector enumeró alguno de los temas que preocupan al colectivo de mayores, entre ellos, la sanidad: “El impacto del COVID ha sido tan fuerte que se ha desequilibrado la atención sanitaria primaria y especializada; espero que se puedan recuperar los niveles previos e incluso mejorar los mismos, teniendo en cuenta una mayor interrelación con los servicios sociales. Los cuidados y la dependencia son otro frente que se debe mejorar. En cuanto a las pensiones, deben de mejorarse las más inferiores, pero sin perder el principio de contributividad, dentro del marco del Pacto de Toledo».
Desde una perspectiva más jurídica, Ascensión Leciñena -profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia- indica que «es necesario abordar en este congreso la incidencia de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; así como el alcance de esta nueva juridicidad en el sector poblacional de las personas de edad avanzada. Este colectivo es vulnerable, no sólo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran y cuyo deterioro progresivo provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, sino también por las circunstancias del entorno que los acoge y que contribuye a incrementar el riesgo de sufrir un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo.
«Desde el punto de vista del Derecho Civil, admitida la aplicación de la Ley 8/2021 a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar la concreta situación de este colectivo, lo que arrojará luz sobre el impacto que pueden tener puntos clave de la reforma como son el principio de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben», profundiza Leciñena.
Luciana Miguel Alhambra, médico forense y especialista en geriatría, aporta su punto de vista desde la experiencia como profesional de la salud: «En medicina, las decisiones que requieren la resolución de conflictos éticos están siempre presentes. Cuando el paciente es, además, una persona de edad avanzada, se añade la dificultad de la toma de decisiones al final de la vida, donde los principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) pueden ser especialmente difíciles de equilibrar. El abordaje compartido y multidisciplinar de las distintas situaciones que pueden afectar al anciano es un instrumento fundamental para abrir líneas de debate que permitan encontrar el mejor equilibrio posible entre dichos principios. A mí, como geriatra, me preocupa mucho el anciano con déficit cognitivo, cuyo problema de salud requiere para ser resuelto una reflexión sobre los límites de nuestra actuación y la posible limitación de sus derechos. Es el caso, por ejemplo, del uso de contenciones mecánicas en el anciano agitado. Sin duda, hay indicaciones médicas para usarlas, pero la privación de derechos en el contexto de un posible vicio del consentimiento debe obligarnos con especial esmero al diálogo interprofesional en la búsqueda de soluciones. Y ello es lo que sin duda va a permitir este congreso notarial».
Alhambra considera que el congreso permitirá entender de forma integral «la realidad de la población anciana; las dificultades que les afectan a título personal; el impacto familiar, social, económico, demográfico, … del envejecimiento progresivo de la población y la participación de la sociedad civil en la identificación de problemas o dificultades presentes y futuras. El análisis de estos temas resultará fundamental, tanto para ser certeros en el diagnóstico como para diseñar soluciones realistas y eficaces».
Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, apunta alguna de las líneas maestras previstas para su debate en el congreso: «Debemos abordar la importancia y trascendencia jurídica de la voluntad; la necesaria desinstitucionalización de los mayores y el desarrollo de los apoyos precisos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Las propuestas que puede aportar este foro para la mejora de este colectivo deben ayudar a entender el cambio de paradigma que supone la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; principalmente, las que incidan sobre los apoyos extrajudiciales y las salvaguardas necesarias para que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».
Para el representante del ministerio fiscal, las administraciones públicas deben «poner en valor la relevante aportación a la sociedad de los mayores y desarrollar recursos de proximidad que eviten internamientos no voluntarios. Asimismo, ha de potenciarse la figura del apoyo para la capacidad jurídica a los efectos de garantizar no solo la protección, sino también el ejercicio de sus derechos, incluso cuando residan en centros. Todas estas cuestiones deben ser abordadas con perspectiva de género y sin perder de vista el cambio de modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores, lo que debe comportar una implicación estatal en la provisión de apoyos que subvengan a esa nueva realidad social».
10 millones de mayores españoles constituyen el núcleo de la «silver economy», gestionan el 40% de la riqueza y manejan anualmente 400.000 millones de euros
Vida centenaria y previsión individual
La planificación financiera de una vida centenaria; Abuelos y nietos: derechos, legítimas y alimentos; La hipoteca inversa y otras soluciones inmobiliarias; Poderes preventivos y regulación de la propia discapacidad y La planificación vital de una vida centenaria, serán las mesas redondas de este bloque centrado en analizar los instrumentos personales y patrimoniales que el Derecho ofrece a las personas mayores.
La toma de decisiones en pacientes de edad avanzada y con déficit cognitivo es difícil de equilibrar desde los principios de la bioética.
Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano y técnico comercial y economista del Estado, llama la atención sobre el hecho de que «en los próximos años se jubilarán muchos ciudadanos nacidos durante el baby boom, lo que pondrá a prueba el sistema de pensiones. La elevación de la esperanza de vida no sólo obliga a una revisión del sistema de pensiones, sino también del papel en la sociedad de unas personas mayores que aún pueden aportar mucho, no sólo en lo laboral, sino en otros muchos ámbitos. Por otro lado, si hay un gasto insustituible para una sociedad envejecida es el sanitario, y es preciso prepararse para un escenario en el que la salud preventiva, la medicina personalizada o los gastos de dependencia pasarán a tener un peso considerable en el sistema».
Sobre el congreso, Feás destaca que «tiene la ventaja de plantearse de forma multidisciplinar, algo lógico puesto que el envejecimiento de la población sólo puede contemplarse como un desafío que afecta a todos los ámbitos de la sociedad; lógicamente, al tratarse de un congreso notarial, los aspectos jurídicos tendrán prioridad. El esfuerzo por visibilizar las necesidades y la problemática específica de las personas mayores no puede realizarse sólo desde los poderes públicos. Por ello, iniciativas como dedicar este foro al envejecimiento de la población es una forma magnífica de llamar la atención de la sociedad y del legislador a este importante desafío, favoreciendo el debate sereno y propuestas de interés».
José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de fundamentos de análisis económico en la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, parte de un dato incontestable: «En 2050 prácticamente todos los españoles (más del 95%) alcanzarán los 65 años y una vez superados sobrevivirán otros 25 años». A partir de ahí, el economista considera que, en España, el modelo de pensiones actual «es un sistema de reparto contributivo y tiene unas tasas de sustitución (o el porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) de las más elevadas de los países industrializados. La última reforma ha garantizado por ley el poder adquisitivo de las pensiones; aunque se debería avanzar en la sostenibilidad de las prestaciones. Y, para ello, la edad efectiva de jubilación, de una forma u otra, debería estar relacionada con la esperanza de vida en cada momento; de tal forma que aumentará gradualmente a medida que aumente la longevidad».
La vida centenaria y su previsión social y política
La última sección del congreso afronta cómo mantener el Estado del Bienestar desde las instituciones públicas y los medios colectivos. Los ponentes pondrán en común sus puntos de vista sobre los siguientes ámbitos: ¿Es sostenible una economía de servicios en una sociedad envejecida?»; La financiación pública de las pensiones y de la sanidad en una sociedad envejecida; Conflicto intergeneracional y toma de decisiones políticas; ¿Necesitamos más niños?: Natalidad e inmigración; La tecnología como potenciadora de capacidades y Atención de la dependencia.
El acto de clausura estará presidido por la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.
Medio siglo de congresos notariales en España
XI. 150 Aniversario de la Ley del Notariado. Diversas sedes. 2012.
X. Función notarial. Permanencia y Evolución. Tenerife. 2008.
IX. Patrimonio familiar, profesional y empresarial. Barcelona. 2005.
VIII. Suelo y vivienda en el siglo XXI. Madrid. 2003.
VII. La Justicia preventiva en el espacio jurídico europeo. Desafíos del Notariado. Zaragoza. 2001.
VI. La función notarial en una economía de mercado. Madrid. 1997.
V. Propiedad horizontal, función notarial y deontología. Granada. 1993.
IV. Notariado español: presente y futuro. Madrid. 1997.
III. El Notariado español y la CEE. Maspalomas (Gran Canaria). 1986.
II. Cooperativas. Sevilla. 1980.
I. Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Valencia. 1978.
Una mayor visibilidad
MIGUEL Ángel Cabra de Luna –director del Área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE y patrono de la Fundación Æquitas– considera que la visibilidad de las personas mayores «se conseguirá potenciando su movimiento asociativo, como puede ser la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que aglutina a más de 15.000 asociaciones y representa a cerca de seis millones de personas físicas».
La brecha digital
CARMEN Sánchez Castellano, geriatra del madrileño Hospital Ramón y Cajal, recuerda cómo «recientemente hemos asistido al nacimiento de una campaña denominada Soy mayor, no idiota que se ha visibilizado mucho en los medios de comunicación. No es habitual que veamos movimientos de este tipo, en este caso para hacer patente la brecha digital a la que se enfrentan los mayores. Son ellos los que han reclamado más facilidad para poder seguir manejándose bien con sus finanzas. Han interpelado a la banca, pero también se hace extensivo a la relación con las administraciones o con la sanidad: cita previa online para hacerse el DNI, SMS para confirmar la consulta médica… La demanda tiene que ser doble: más formación para todos los que estén incorporando a sus hábitos las nuevas tecnologías y proporción de los apoyos necesarios para quien los necesite».
Retrasar la jubilación
SERÍA necesario –propone el economista Conde-Ruiz– introducir una reforma para conseguir retrasar el paso del empleo a la jubilación, con las siguientes tres características: primero, el proceso no sería homogéneo para todos los trabajadores, pues debería tener en cuenta cómo de dura o exigente físicamente es la profesión y la salud laboral. Los trabajadores con peor salud o que realicen trabajos físicamente más duros deberán poder jubilarse antes que el resto sin penalización. Segundo, deberá ser flexible, en el sentido de que los trabajadores no pasen de trabajar a jubilarse en una sola noche, sino que debería haber una reducción gradual de la jornada laboral hasta la jubilación total. Y, tercero, una vez alcanzada la edad de jubilación, se debería permitir la plena compatibilidad entre la percepción de la pensión y el salario».
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,
presidente del Consejo General del Notariado
«Aún siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas».
"Todo avance social conlleva
sus correspondientes
desafíos, y los derivados del
envejecimiento constituyen los
que toca gestionar a nuestra
generación"
De manera semejante a lo que ocurre en la naturaleza, en la que cabe distinguir los fenómenos imprevisibles y esporádicos, como una erupción o un maremoto, de aquellos soterrados y persistentes, como el movimiento de placas o el cambio climático, también cuando hablamos de acontecimientos sociales podemos diferenciar unos de otros. Los hay súbitos, como una pandemia, una guerra o una crisis migratoria, que exigen respuestas inmediatas y necesariamente improvisadas, y por eso algunas veces inadecuadas. Pero existen otros de importancia no inferior cuya evolución conocemos desde hace tiempo que, no solo permiten, sino que exigen una reflexión sosegada y a la vez inaplazable, al menos si queremos afrontarlos sin improvisaciones que en esta sede no estarían ya justificadas.
Algo así ocurre con el fenómeno del envejecimiento de las sociedades desarrolladas, entre ellas la nuestra. Sabemos que en el año 2050 uno de cada cuatro europeos será mayor de 65 años. Pues bien, si deseamos estar en disposición de mantener nuestro Estado del Bienestar -nuestra sanidad pública y nuestro régimen de pensiones- sin incurrir en desequilibrios fiscales insostenibles o en injusticias intergeneracionales; si aspiramos a un sistema de acogimiento residencial digno y ajustado a la creciente demanda; si pretendemos impedir situaciones de vulnerabilidad en la contratación sin menoscabar simultáneamente la autonomía de los mayores; si queremos respetar su libertad de adoptar decisiones informadas en todos los sectores, desde el sanitario al financiero; en definitiva, si pretendemos armonizar de la manera más justa posible los importantes conflictos de valores e intereses que el envejecimiento está ya planteando, entonces estamos obligados a reflexionar sin perder un momento sobre todos estos temas y sobre sus implicaciones y derivadas para otros muchos íntimamente conectados.
Efectivamente, en el ámbito social resulta muy difícil proponer soluciones para un problema concreto sin tener en cuenta los medios para implementarlas y sus efectos generales en relación con otros muchos asuntos. Más aún, y como ocurre en este caso, cuando el fenómeno a estudiar presenta ramificaciones que afectan a la economía, a la medicina, a la sociología, a la psicología y, por supuesto, al derecho. No podemos olvidar que el ordenamiento jurídico no es solo la herramienta por excelencia del Estado para diseñar las políticas que considera más convenientes, sino el reflejo del consenso social resultante a la hora de decidir entre distintos valores y conflictos. Todo ello aboga decididamente en favor de un tratamiento del fenómeno desde un punto de vista interdisciplinar que combine las distintas perspectivas. Así, a título de mero ejemplo y en conexión con la reciente Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad, resulta indudable que la valoración de la capacidad para contratar en el ámbito patrimonial o para adoptar determinadas decisiones de tipo personal, como ingresar en un establecimiento residencial, exige tener en cuenta distintos puntos de vista: el correspondiente a la aptitud psicológica y a su evolución médica, sin duda, pero también el respeto a su dignidad y autonomía personal a la hora de adoptar sus propias decisiones, a la complejidad jurídica de las mismas, y a las condiciones sociales subyacentes que hacen viable esa autonomía.
Por todos esos motivos, el Consejo General del Notariado decidió convocar un congreso nacional abierto a toda la sociedad con la finalidad de estudiar este tema del envejecimiento de una manera global, en torno a tres grandes ejes: la difícil coordinación entre la protección de la vulnerabilidad y el respeto a la autonomía personal; la previsión individual de una vida centenaria, tanto desde el punto de vista personal como económico; y su previsión social y política con la finalidad de hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, los notarios llevamos tiempo siendo testigos privilegiados de esta evolución. Del incremento de las situaciones de vulnerabilidad y de ausencia de previsión, y de la necesidad de diseñar instrumentos jurídicos y destinar recursos sociales adecuados para salir al paso de las mismas. No pretendemos ser protagonistas de nada, sino únicamente fomentar un foro de debate que nos permita aprender y compartir experiencias con otros muchos profesionales preocupados por los múltiples retos que este fenómeno plantea.
Es obvio que toda esa problemática no puede hacernos olvidar que el envejecimiento de la población es, en el fondo, una bendición. Se trata de una conquista indudable de la civilización, de la ciencia moderna en todas sus especialidades, pero especialmente de la medicina. Poder disfrutar de tantos años de vida personal y profesional, en compañía de la familia y de los amigos, de una manera activa y satisfactoria, constituye todo un hito en la historia de la Humanidad. Pero también hay que tener presente que esa longevidad a veces no va acompañada de la correspondiente calidad de vida física y psíquica; que la imposibilidad de generar nuevos ingresos económicos constituye en esa franja de edad la regla y no la excepción; que la soledad, esa gran lacra social, se ceba especialmente en los mayores, precisamente cuando son más vulnerables; que la falta de apoyo social a las familias tiende a suplirse atribuyendo a los mayores una carga desproporcionada, etc. En definitiva, debemos ser muy conscientes que todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen, sin duda alguna, los que toca gestionar a nuestra generación.
Nace el “Premio Fides del Notariado Grandes Valores”
2022 es el año en que verá la luz el Premio Fides del Notariado Grandes Valores, promovido por la Fundación Notariado. Su objetivo es reconocer a una persona o institución que en el desarrollo de su actividad haya destacado por defender y representar los grandes valores que mueven el mundo, valores que nos definen como personas y nos construyen como ciudadanos y sociedad.
Equilibrio, de Estela Ferrer, es la escultura que se entregará al premiado como símbolo del galardón.
Redacción
Las candidaturas de esta primera edición han sido presentadas por los distintos miembros del patronato de la Fundación Notariado, así como por los 17 decanos integrantes del Consejo General del Notariado. Tras la valoración de la actividad y trayectoria de las diferentes propuestas se seleccionará una terna de nombres merecedores del galardón, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta.
El premio se hará público una vez hayan sido comunicado y aceptado por la persona o institución elegida. La entrega del premio tendrá lugar en un acto público al que se invitará a los representantes de las altas instituciones del Estado y cuantas organizaciones y personalidades se consideren de especial relevancia en el entorno de la persona o institución premiada.
Como todo ciudadano, el notario debe actuar teniendo los valores humanos como guía, así como los inherentes a su función, para proporcionar al ciudadano la seguridad jurídica preventiva que garantiza la Constitución. El Estado ha atribuido a los notarios la función de dar fe pública (Nihil prius fide, “Nada por encima de la fe”) en los documentos que autorizan, convirtiéndose en documentos públicos a los que la ley reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria. Otros principios que describen la función notarial son cercanía, transparencia, modernidad e imparcialidad.
Equilibrio
El trofeo que simboliza el premio ha surgido del Concurso de Escultura Grandes Valores convocado por la Fundación Notariado entre estudiantes del último curso y de máster de las facultades de Bellas Artes de toda España, así como entre estudiantes vinculados con las artes de otros centros académicos. La ganadora del concurso ha sido la joven estudiante del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, Estela Ferrer, con su obra Equilibrio: dos ramas ascendentes que simbolizan la convivencia y el respeto. “Nacen de un abrazo en la parte inferior, después se rodean, se apoyan y finalmente se dan la mano. Ninguna de las dos invade a la otra, ni es superior, perviven en armonía e igualdad (…) Ambas son necesarias para sostener las dos esferas de nuestra vida, la privada y la pública a las que todas las personas debemos tener derecho para que exista paz, ética y tolerancia, explicó Estela Ferrer al definir su propuesta.
El premio se hará público una vez haya sido comunicado y aceptado por la persona o institución elegida
El trofeo fue presentado como maqueta. Posteriormente se ha realizado el molde y fundido en bronce y un acabado con patinado en azul pompeyano. El presidente de la Fundación Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha expresado su satisfacción con el certamen: “Queríamos apoyar a los estudiantes en sus últimos cursos de formación, jóvenes creadores de hecho, y pedirles que reflexionaran sobre los grandes valores de la humanidad ofreciéndonos una mirada artística innovadora que pudiera simbolizarlos”.
La Fundación Notariado pertenece al Consejo General del Notariado. Tiene como fines esenciales la contribución del Notariado al progreso social, económico y cultural de la sociedad española, con especial atención a los valores humanos, a su progreso y a su perfeccionamiento.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE AUTONOMÍA PERSONAL
Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL
El envejecimiento de la sociedad es uno de los retos más determinantes de este siglo desde el punto de vista demográfico, sanitario, político, económico y jurídico. En los próximos años, no solo aumentará la población en edad avanzada, sino que también viviremos más años. Ser conscientes de esta realidad y tomar decisiones en el ámbito personal y patrimonial para asegurar nuestro bienestar es esencial para vivir mejor y más tranquilo. También lo es que todas las personas puedan expresar su voluntad, contando con los apoyos que requieran para ello.
Las medidas de apoyo se recogen en un documento notarial en el que la persona que necesita ayuda para ejercer sus derechos designa o acuerda quién quiere que le preste esa ayuda, ya sea para su ámbito personal o patrimonial. Además, puede establecer mecanismos de control o salvaguardias para impedir influencias indebidas, conflictos de interés o abusos. El asesoramiento y el apoyo institucional del notario es vital porque garantiza que la persona se haga «un traje a medida» de su voluntad, necesidades, deseos y preferencias. Por eso las medidas de apoyo deben otorgarse en escritura pública.
Protección personal.
Un poder preventivo es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona (poderdante) designar a otra u otras conforme a su voluntad (apoderado/s) para que actúe/n representando sus intereses, en caso de que llegase a estar en una situación en la que no pudiera decidir por sí misma. De este modo, se evitaría el proceso judicial de provisión de apoyos.
El poder permite otorgar las facultades que desee, ampliar o reducir los ámbitos de actuación, así como decidir si esas facultades podrán ejercerse por una sola persona o por varias, que actúen por separado o conjuntamente, o incluso sucesivamente.
En los distintos momentos de uso, el apoderado deberá presentar la copia autorizada de la escritura de poder, con la firma original del notario. Solo podrá actuar con este requisito.
El poder preventivo debe redactarse y autorizarse por un notario y constar en escritura pública. En él se recogerá la identidad de la persona a quien se otorga la representación, se especificarán claramente las acciones que el apoderado podrá llevar a cabo y la forma de hacerlo. También constará la manera de apreciar o valorar dicha falta de capacidad. Asimismo figurará la fecha en que el poder podrá comenzar a utilizarse.
En sentido puramente etimológico, la autocuratela es la designación de un curador para uno mismo. Es un derecho recogido en la reforma del Código Civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En términos jurídicos, se define como una figura legal que permite que una persona en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad, deje por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de curador. El curador será preferentemente asistencial, es decir, ayudará en la toma de decisiones y solo en los casos en que haya una imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad. Será curador representativo cuando el juez le atribuya facultades concretas de representación debiendo, en todo caso, actuar conforme a la historia de vida del curado.
El otorgante puede nombrar curador a quien desee, tanto a personas físicas –ya sean familiares o amigos– como jurídicas (públicas o privadas), entre cuyos fines figure la protección de menores o personas con necesidad de apoyo, y que no tengan ánimo de lucro.
El curador se designa en escritura pública ante notario para garantizar su legalidad y el debido asesoramiento a la persona que lo otorga.
El documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, más conocido como testamento vital, es una fórmula legal por la que una persona mayor de edad y con capacidad suficiente manifiesta qué asistencia médica desea recibir en caso de que llegue a encontrarse en una situación en la que no pueda expresar su voluntad.
La legislación autonómica varía con respecto a la forma de otorgarse este documento, aunque con carácter general se permite:
Ante testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar. En unas comunidades autónomas, basta con redactar una declaración. Otras cuentan con un modelo cerrado, y ya redactado.
En escritura pública ante notario con la ventaja de su conservación en el protocolo notarial y la garantía de su autenticidad e inalterabilidad.
En ambos casos, para que despliegue sus plenos efectos, debe inscribirse en un registro especial de la comunidad autónoma accesible para los facultativos.
Planificación patrimonial.
La renta vitalicia es un contrato utilizado desde antiguo, definido en nuestro Código Civil y formalizado en escritura pública ante notario. Permite que una persona ceda a otra u otras la propiedad de uno o varios de sus bienes (pueden ser muebles, joyas, obras de arte, etc. o inmuebles, pisos, fincas, etc.) a cambio de una cantidad de dinero o pensión hasta su fallecimiento.
Su finalidad es la de proporcionar al beneficiario una renta a partir de un momento determinado de su vida, normalmente la jubilación, para completar la pensión pública y no perder el poder adquisitivo del que disfrutaba durante su vida laboral.
A cambio de la cesión inicial queda asegurada una renta determinada. La entidad financiera con la que se realizan estos contratos suele ser una empresa aseguradora (dentro del ramo vida-ahorro).
El ordenamiento jurídico español recoge distintas fórmulas legales para asegurar que se cumpla la voluntad de una persona
El contrato de renta vitalicia es recomendable que se realice mediante el otorgamiento de una escritura pública ante notario, quien asesorará a la persona mayor sobre las características, implicaciones y efectos prácticos de este contrato antes de redactar la escritura pública.
El contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos, regulado en el Código Civil, es un acuerdo por el que una persona (alimentista o cedente) que ya no está en disposición de prestarse a sí misma el cuidado y la atención necesarios para tener una vida digna, cede a otra un bien. A cambio, el que lo recibe debe proporcionarle vivienda, manutención y asistencia de todo tipo durante su vida.
En el contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos, también se contempla que si quien recibió el bien fallece, las obligaciones contraídas deben pasar a sus herederos para seguir garantizando la situación de protección a quien transmitió el bien o los derechos.
Si en algún momento el alimentista considera que no se está cumpliendo lo pactado, la Ley le reconoce que puede exigir su cumplimiento o que el contrato quede sin efecto, y recuperar lo cedido.
La llamada hipoteca inversa responde al planteamiento de recibir un dinero y poner la vivienda como garantía hipotecaria. Es decir, el propietario contrata un producto financiero que utiliza su casa como garantía sin perder su titularidad a cambio de percibir una cantidad de dinero, ya sea en un importe único al inicio o en forma de mensualidades. El dueño puede continuar disfrutando de su casa hasta su fallecimiento, y también puede cancelar la hipoteca inversa cuando desee.
La hipoteca inversa tiene su propia regulación y no queda recogida en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Según la norma concreta de la hipoteca inversa se le encomienda al notario que «verifique la existencia del correspondiente asesoramiento independiente», y en caso de que la formalización de la hipoteca inversa se realice en contra de la recomendación realizada por el asesoramiento independiente, «se deberá advertir de este término al cliente».
La venta de la nuda propiedad es una fórmula que permite al propietario de una vivienda venderla y seguir viviendo en ella hasta su fallecimiento. El comprador entrega el importe fijado, pero no puede hacer uso de la vivienda hasta que el propietario original haya fallecido.
Si el usufructuario no puede seguir residiendo en su vivienda, podrá alquilarla sin permiso del nudo propietario.
Al hacer la operación, el vendedor debe liquidar la plusvalía por el incremento teórico del valor desde el momento de la adquisición inicial.
Al igual que la renta vitalicia, la nuda propiedad puede aplicarse a la segunda vivienda.
Puesto que se trata de una compraventa, la operación está acogida a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, una normativa que refuerza la protección del consumidor y la seguridad jurídica.
Confíe en el notario
EL notario, como funcionario público del Estado y experto en Derecho, le asesorará de forma imparcial sobre los instrumentos jurídicos para la autonomía de la persona, como las medidas voluntarias de apoyo, los poderes preventivos, la autocuratela o el testamento vital, que nos permiten expresar nuestra voluntad si tenemos una discapacidad, o anticiparla en previsión de no poder hacerlo en el futuro.
Del mismo modo, el notario le ofrecerá asesoría imparcial sobre temas delicados y de creciente interés relacionados con su ámbito patrimonial. En la actualidad, existen diversas opciones que podrían considerarse un complemento a la pensión, como la renta vitalicia, la hipoteca inversa o la venta de la nuda propiedad con reserva del usufructo.
Este programa cuenta con una
dotación presupuestaria de
3.067 millones €, y se focaliza
a las empresas con menos de
50 empleados y a los
autónomos
El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial
En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.
La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.
España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.
Un “Plan Marshall”
Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.
El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.
Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.
De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.
Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.
De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.
El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.
Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.
Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.
El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.
El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:
Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €
El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.
Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.
El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.
Aligerar la carga administrativa
A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.
Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.
Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.
La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.
También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.
La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites
El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.
Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.
Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.
Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.
La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.
«Acelera pyme», iniciativa
desarrollada por la entidad
Red.es, cuenta con una red
de oficinas físicas,
desplegadas por toda
España para atender la
demanda.
Los fondos del Next Generation EU pretenden, entre otras cuestiones, impulsar la modernización del sector empresarial. En España hemos puesto en marcha el programa «Kit Digital»: una iniciativa del Gobierno dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que de la mano de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aspira en los próximos tres años a promover la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas, microempresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.
Renovarse o morir. La célebre expresión atribuida a Miguel de Unamuno en alusión a su particular receta para alcanzar el anhelado progreso económico en su época, viene de nuevo a colación para expresar la necesidad de modernizar el tejido empresarial español. Especialmente en lo relativo a la digitalización de pymes y autónomos. Una constelación de microempresas que, con cifras prepandemia de 2019, suponía nada menos que el 99,8% de las empresas y ocho millones de empleos, a los que hay que añadir un total de 3,2 millones de trabajadores autónomos.
Unas cifras que, sin duda, despejan cualquier atisbo de vacilación en relación con la indiscutible relevancia de este universo empresarial patrio. Lo que evidencia que, a pesar de su reducido tamaño individual, deben ser tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento competitivo de nuestro país en el actual entorno económico global.
Tanto es así que el Gobierno español ha puesto en marcha el programa ‘Kit Digital’. Una iniciativa, presentada en noviembre pasado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aspira en los próximos tres años – bajo la dirección de Red.es- a fomentar la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.
ESTA INICIATIVA ESTÁ DOTADA DE UN PRESUPUESTO DE 3.067 MILLONES DE EUROS EN EL PERÍODO 2021-2023, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
Los posibles beneficiarios pueden contar si lo desean con el asesoramiento de los denominados «agentes facilitadores».
Modernización empresarial
La promoción de la modernización del tejido empresarial es uno de los mantras tatuado a fuego en la mente de los gestores de nuestra economía. Y es, precisamente, en este campo de cultivo en el que se ha sembrado, y esperemos que germine con éxito, una iniciativa que promete transformar el panorama económico español durante los próximos años.
Un cambio radical que reduzca, de una vez por todas, la pertinaz diferencia en materia de competitividad que nos separa de nuestros pares entre los denominados países de nuestro entorno.
Precisamente para paliar esta evidente carencia es para lo que este programa pretende canalizar el proceso de transformación tecnológica y prestar soluciones que permitan avanzar en el grado de madurez digital de las pymes y profesionales por cuenta propia.
Para lograrlo, esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 3.067 millones de euros en el período 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.
Toda una arquitectura administrativa que conforma un armazón de certidumbre en el que, precisamente, cabe destacar la estrecha colaboración requerida por las autoridades tanto de la Cámara de España como del Consejo General del Notariado (CGN).
Un proyecto seguro
Fruto de lo anterior y de cara a consolidar esa necesaria certeza, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, rubricaron a finales del pasado mes de enero un convenio para el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir.
El convenio establece que el CGN podrá suministrar a Red.es información del Índice Único Informatizado, una base de datos que recoge el conjunto de actos celebrados en todas las notarías españolas. Este índice es una herramienta fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.
Además, el acuerdo establece las condiciones y procedimientos telemáticos a través de los que el Consejo General del Notariado, en su condición de entidad colaboradora, proporcionará a Red.es información relativa a la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores.
También podrá facilitarse información de los ficheros derivados del índice: la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política, que junto los sistemas de detección de fraude del OCP servirán a Red.es para el control de los agentes digitalizadores y de los beneficiarios de las subvenciones.
Pasos previos
La primera convocatoria del programa se pondrá en marcha en el mes de marzo. Dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de euros y su objetivo es repartirlos entre pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. La idea es que puedan optar a un bono digital por un montante de 12.000 euros, siempre que cumplan los requisitos de acceso.
Previamente, los interesados tendrán que registrarse en la página oficial www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico de madurez digital además de comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria. Este test es una herramienta que permite conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de madurez digital de la empresa e identifica en qué ámbitos enfocar el proceso de transformación digital de su negocio. Su resultado no es vinculante, es decir, de él no depende la concesión del bono digital ni la cuantía del mismo, y sirve para obtener una foto inicial que permita conocer la evolución al final de la implantación del servicio.
Una vez realizado este autodiagnóstico, la empresa o autónomo tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. Puede hacerlo por sí mismo o bien a través de un representante voluntario. El programa Kit Digital ha sido diseñado con el fin de facilitar al máximo el proceso de solicitud y concesión de ayudas, siempre cumpliendo todas las garantías, por ejemplo, reduciendo los trámites, robotizando el proceso para minimizar el número de documentos que hay que presentar o creando la figura del representante voluntario. Este representante puede ser una persona física, jurídica, una asociación o incluso el propio agente digitalizador que, en nombre del interesado o beneficiario, solicita y tramita la ayuda.
LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA YA ESTÁ EN MARCHA. DISPONE DE UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE EUROS
Las ayudas se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden según se van aprobando. Cuando la empresa o autónomo recibe el bono digital, que no es más que un derecho para contratar soluciones de digitalización por un importe 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 empleados; y 2.000 euros, para las de menos de 3 y ningún empleado, tiene que elegir el agente digitalizador que le prestará el servicio. Y suscribir con ellos un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.
Los interesados en solicitar las ayudas pueden también obtener asesoramiento en la amplia red de Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España. Esta red forma parte del programa Acelera pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes y desarrollada por Red.es y que cuenta con una red de 90 oficinas físicas, que prevén aumentar hasta las 150 en los próximos dos años.
El ABC de las ayudas
Entre las condiciones a cumplir por parte de las empresas y autónomos interesados en acceder al programa ‘Kit Digital’, según se recogen en la Orden de bases ETD/1498/2021 publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre, se encuentran, además del hecho de haber cumplimentado el test de nivel de madurez digital comentado más arriba, los siguientes requisitos: no tener la consideración de empresa en crisis; tener la consideración de pequeña empresa o microempresa; estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones; y no superar el límite de ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden de bases.
La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro (el denominado bono digital) del importe de la subvención concedida en favor del agente digitalizador adherido, lo que quiere decir que el beneficiario nunca recibe el importe, sino que el pago de las ayudas se realizará a los agentes digitalizadores una vez justificada y comprobada cada fase de ejecución del servicio (se establece, para cada categoría de solución de digitalización, unos porcentajes diferentes para cada una de las dos fases en las que se fracciona el pago).
EL BONO DIGITAL ES CANJEABLE POR LAS SOLUCIONES DIGITALES IDÓNEAS A CADA SITUACIÓN, ELEGIDAS DEL CATÁLOGO DISPONIBLE
Oportunidades a la vista
Entre las ventajas de implementar la digitalización en las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia, sin importar su tamaño y volumen de facturación, se encuentran la mejora de la experiencia de compra por parte de los clientes, de la eficiencia y productividad, vía reducción de costes y tiempos, así como una óptima adaptación a los cambios del mercado, sin olvidar la retención y atracción del talento joven.
Tras superar con éxito, desde hace décadas, el estereotipo de otra famosa expresión de Unamuno, en este caso lapidaria, concretada en la alusión al marginal papel histórico desempeñado por la ciencia en España y resumida en el ¡que inventen ellos!, el tren de la modernidad no puede pasar de nuevo de largo. Se antoja, por consiguiente, de vital importancia para el futuro del país que esta vez se aprovechen las ayudas para modernizar el entramado empresarial que conforma la auténtica base de la economía española. Un ecosistema imprescindible para dejar atrás cualquier tópico y cliché relacionado con la asunción de la tecnología como un instrumento imprescindible para el progreso de una sociedad.
Bruselas al rescate
El Next Generation EU es el instrumento inversor de la Unión Europa creado para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Dotado con un total de 750.000 millones de euros: es histórico.
Este programa de recuperación supone la asignación a España, entre 2021 y 2026, de 140.000 millones de euros, alrededor 72.000 de ellos a fondo perdido, y se centra en restañar las heridas económicas y sociales provocadas por la pandemia mediante el impulso a largo plazo de objetivos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Habemus plan
Como requisito previo para acceder a las ayudas previstas en el Next Generation EU los diferentes países miembros tuvieron que presentar en su día sus respectivos planes nacionales de desarrollo y gestión de las mismas. En el caso de España, esta función recayó en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido también como ‘España Puede’.
Este documento guía contó con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el trabajo de consultoras de prestigio internacional, las llamadas ‘Big Four’: PwC, KPMG, Deloitte y E&Y, con el objetivo de impulsar a corto plazo la recuperación económica y de apoyar un futuro proceso transformador para apuntalar el potencial crecimiento y la productividad de la economía española.
En resumen, el PRTR cuenta con cuatro objetivos prioritarios, marcados inicialmente desde Bruselas, que están relacionados entre sí y que pretenden, a la postre, lograr una España más igualitaria, cohesionada, digital y verde. Para ello, se propuso aterrizar las inversiones previstas mediante la priorización de los fondos en diez políticas palanca:
I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. III. Transición energética justa e inclusiva. IV. Administración para el siglo XXI. V. Modernización y digitalización del ecosistema empresarial. VI. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud. VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. IX. Impulso de la industria, la cultura y el deporte. X. Modernización del sistema fiscal.
Este decálogo representa la hoja de ruta para acometer las necesarias reformas e impulsar la modernización del país en sectores clave de la economía como el turismo, la automoción, el agroalimentario, el comercio o la sanidad, entre otros.
Colaboración notarial
El director de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Martínez Lacambra y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron en febrero un convenio para regular las condiciones de la colaboración en el programa “Kit Digital”, cuyo objetivo es promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, así como contribuir a modernizar el tejido productivo español.
Con la firma de este convenio, el Consejo General del Notariado colabora en agilizar los trámites de las solicitudes de ayudas del programa “Kit Digital”, proporcionando a Red.es información que le facilite el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir. En concreto, sobre la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores, y para la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.
Durante el encuentro, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, aseguró que “la agilidad de la tramitación y concesión de las ayudas es uno de los objetivos que persigue el programa, para ello se ha trabajado con gran empeño en simplificar la documentación, motivo este que nos lleva hoy a firmar este acuerdo como ejemplo de colaboración público-privada y transformación digital de las administraciones públicas”.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martinez Sanchiz, manifestó su “total colaboración en un tema de innegable interés para España, relacionado con los fondos europeos y, en concreto, con los de Next Generation, que permitirán ayudar a la digitalización de las pequeñas empresas de nuestro país con programas tan comprometidos como el del Kit Digital».
Según el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, Pedro Galindo, “esta colaboración tiene como objetivo evitar el fraude de los intereses de la Unión Europea, para lo cual pondremos a disposición de Red.es la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política”.
Ojo al dato
Programa “Kit Digital” para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre de 2021, Boletín Oficial del Estado (BOE).
Programa ‘Kit Digital’, impulsado por el Gobierno de España dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que se enmarca dentro del programa Acelera pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Sólo un 15% de los jóvenes españoles tiene casa en propiedad o hipoteca. El 53% vive aún con sus padres
Ni compra ni alquiler. El acceso a la vivienda en España está prácticamente vetado para los menores de 30 años. Un verdadero rompecabezas derivado de un cóctel que incluye ingredientes como la incertidumbre económica, la precariedad laboral, con su consiguiente dificultad para el ahorro, unido a los elevados precios que registra el mercado inmobiliario.
Además, hay que tener en cuenta otras variables que son consecuencia directa de esta inevitable demora en la emancipación de los jóvenes del hogar y, por ende, en la creación de sus propias familias, como es la pertinaz baja tasa de natalidad de la que adolece el país. El resultado de esta tendencia a la postergación de las decisiones vitales termina, a la postre, por afectarnos a todos como sociedad vía mantenimiento del estado de bienestar. Una pescadilla que se muerde la cola y a cuyas causas originales trataron de poner coto las autoridades, primero con el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, y, ya en la presente legislatura, con la futura norma estatal por el derecho a la vivienda, cuyo anteproyecto de ley acaba de ver la luz tras salvar las tensiones de los socios del Gobierno de coalición y que encara su próxima tramitación parlamentaria.
El acceso de los jóvenes a la vivienda en España es una auténtica quimera. Una suerte de utópica ensoñación en la que el anhelo de adquirir una vivienda hace tiempo que se convirtió en una carrera de obstáculos, insalvable para muchos de ellos.
No en vano, la gran mayoría de los españoles menores de 30 años no puede ni siquiera plantearse alquilar casa, al menos en las grandes urbes, por mor de los altos precios del mercado inmobiliario. Una problemática que el Foro Fundación Notariado abordó en su primer debate celebrado el pasado 12 de noviembre, bajo el ilustrativo título de ‘Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad?’, y en el que los expertos demandaros la necesidad de apostar por la “simplificación legislativa”, así como por la adopción de políticas “reales” de cara a afrontar esta problemática.
Y es que la realidad sobre este asunto no deja lugar a las dudas. Ante la pregunta ¿pueden comprar una vivienda los jóvenes?, la respuesta es más que evidente. De hecho, no pueden ni siquiera platearse el alquiler para fraguar su emancipación en solitario del nido familiar.
Las últimas cifras publicadas por el Consejo de la Juventud de España, relativas al año 2020, reflejan una cruda realidad. Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler, en ninguna de las diecisiete comunidades autónomas, con el pico en Baleares (que requiere más del 90% de los ingresos para la adquisición del inmueble), hasta entre el 40% y el 50% que supone en Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla y León, pasando por más del 65% en el caso de Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias.
El resultado es que no disponen de los ingresos suficientes para afrontar ese gasto, ya que les supondría un 60% de los mismos, en el caso del alquiler, y nada menos que un 90% si decidiesen adquirir el inmueble. Porcentajes, en ambos casos, en las antípodas del 30% de recomendación media que establecen las entidades financieras a la hora de decidir si alguien es merecedor de un préstamo hipotecario.
Volar del nido
La procrastinación de la emancipación de los jóvenes españoles está cifrada en una media de 29 años y medio, según datos prepandemia recogidos por Eurostat en 2017, frente a la media comunitaria situada en los 26 años. Los suecos serían los más precoces a la hora de abandonar la casa familiar, frente a los croatas que, con casi 32 años, abanderan el farolillo rojo de este particular ranking.
El precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado
Los jóvenes españoles entre 25 y 24 años ocuparían la sexta posición, superados por los mencionados croatas (31,8 años), eslovacos (30,9 años), malteses (30,7 años), italianos (30,1 años) y búlgaros (29,6 años), todos ellos ciudadanos del sur de Europa con una cultura mediterránea familiar similar.
Una mentalidad diferente es la que domina en el norte y centro del Viejo Continente, donde suecos (18,5 años), luxemburgueses (20 años), daneses (21,1 años) y finlandeses (22 años) lideran la clasificación de la emancipación juvenil.
Las mujeres abandonan la casa de los padres antes que los hombres en casi todos los países de la Unión Europea
Asimismo, cabe constatar que las mujeres abandonan la casa de los padres antes que los hombres en casi todos los países de la Unión Europea, salvo, curiosamente, en Suecia (18,5 años para las mujeres y 18,4 en el caso de los hombres). Mientras que la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que sigue en la casa de los padres varía desde menos del 10% en Dinamarca (3,2%), Finlandia (4,7%) y Suecia (6,0%) hasta alcanzar más de la mitad en Croacia (59,7%), Eslovaquia (57,0%) y Grecia (56,3%). En España el porcentaje es del 42,8%, es decir, 14,3 puntos porcentuales más que la media de la UE, mientras que sólo un 15% de los jóvenes tiene casa en propiedad o con hipoteca y un 27% vive de alquiler.
Esta casa es una ruina
Un reciente estudio publicado a finales de 2018 sobre el desarrollo juvenil, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), apuntaba que sólo el 8% de los jóvenes españoles podía independizarse, frente al 30% de la media europea, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 53% de los jóvenes españoles, entre 24 y 29 años, aún vive con sus padres, porcentaje que baja casi hasta la mitad, el 25%, en la franja de edad de los que tienen entre 30 y 34 años.
En España, además de los altos precios de los alquileres, hay que sumar a la ecuación el elevado paro juvenil, con una tasa superior al 30,6% para los menores de 24 años, según las últimas cifras publicadas en noviembre de 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la precariedad laboral y los sueldos bajos, lo que explica ese alargamiento de la estancia de los jóvenes en casa de los padres.
La media de edad de los jóvenes en España para irse de casa es de 29,5 años
A ello hay que añadir que el precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado, casi un 10% más que hace un año, lo que supone el mayor incremento de los últimos 14 años, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Esta tendencia, junto al precio del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda a los más jóvenes. De hecho, si están entre la franja de edad entre los 24 y los 30 años tienen todas las papeletas, según los datos del INE, para demorar su emancipación. No en vano, más de la mitad de los jóvenes en esa franja de edad viven aún con sus padres, casi 5 puntos más que en 2013.
Luces de esperanza
Ante la generalizada precariedad laboral que atenaza a los jóvenes y la consiguiente ausencia de ahorro para afrontar la entrada para una vivienda en propiedad, fijada por las entidades financieras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en torno al 20 por ciento, se presentan diferentes opciones para dar el salto a la independencia.
El ejecutivo lanzó en su día el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, que seguirá en vigor en 2022, y que contempla, entre otros aspectos, la concesión de hasta 10.800 euros en ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de vivienda, con un límite de 100.000 euros o el 20% del valor del mismo.
Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler
La medida aplica para municipios con más de 5.000 habitantes y cuenta con un complemento económico en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que avala el 15% del valor de la vivienda, con lo que el banco puede financiar hasta un 95% de la misma.
En esta misma línea, existen otras alternativas privadas, con empresas como Libeen o Vidoqui, que ayudan a la compra de casa mediante el pago del alquiler. Es decir, el denominado alquiler con opción de compra con un enfoque democratizador para que todo el mundo pueda tener acceso a este bien de primera necesidad.
Mientras tanto, la banca tradicional afila sus armas. Así, el Banco Santander apuesta por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años mediante el lanzamiento de 1.000 hipotecas con una financiación de hasta el 95%.
Parafraseando los versos de Rubén Darío en cuya célebre estrofa el poeta nicaragüense glosaba la fugacidad de la juventud con un ahogado llanto contenido, los jóvenes españoles se enfrentan desde hace décadas a una angustiosa situación. Un sudoku en el cuadrar la precariedad laboral, con el alza de precios del mercado inmobiliario. Una paradoja matemática que, afortunados aparte, se suele resolver con el inevitable socorro del apoyo familiar.
Para saber más
Porcentaje de adultos jóvenes de 18 a 34 años que viven con sus padres, por edad y sexo – encuesta EU-SILC. Febrero de 2021. Eurostat.
A la espera de su tramitación parlamentaria, el anteproyecto aprobado a finales de octubre por el Gobierno tiene las siguientes claves.
Regulación de los alquileres. Se aplicarán incentivos fiscales y se establecerán topes en función de quién sea el casero (gran tenedor -con más de 10 viviendas- y que además sea persona jurídica -empresa-) que estarán a expensas de lo que determinen los índices de precios, y el resto de los propietarios particulares (independientemente del número de viviendas que posean) y empresas con una cartera de menos de 10 viviendas que estarán sujetos a un procedimiento encaminado a congelar los precios. En cualquier caso, los controles de precios se aplicarán 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, por lo que los contratos que se hayan formalizado antes o hasta que se aplique la normativa mantendrán el precio establecido en el mismo. Como excepciones, el casero podrá solicitar una subida del alquiler, que no podrá exceder del 10%, siempre que justifique obras de mejora en la vivienda o que ofrezca una duración inicial mínima del contrato de 10 años, frente a los cinco habituales.
Establecimiento de ‘zonas de mercado residencial tensionado’. Aquellas en las que los precios de la vivienda hayan subido más de lo razonable serán objeto de regulación del precio del alquiler. Para ello, deberán superar el 30% de los ingresos medios de los hogares la suma de la carga media de los arrendamientos o hipotecas más los gastos y suministros básicos de agua, luz, gas. Internet, teléfono…
Modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ayudar a los ayuntamientos que lo deseen a subir el IBI a las viviendas vacías, aquellas que permanezcan desocupadas sin causa justificada por un período superior a dos años.
Cambios en la normativa antidesahucios. Con un refuerzo de los servicios sociales para detectar casos de emergencia habitacional, personas dependientes o violencia de género, entre otros, tanto en los procedimientos penales como en los civiles, los mayoritarios en estos casos.
Los jóvenes españoles son de los que más tardan en independizarse del hogar familiar. Sin embargo, estas diferencias no se limitan al ámbito europeo, ya que en países como Canadá y EE.UU. también lo hacen antes.
¿Qué podemos aprender de los países punteros en tasas de emancipación juvenil?
Tanto Suecia como el resto de los países nórdicos fomentan el acceso a la vivienda y al trabajo de los jóvenes como un derecho real y bien protegido en sus respectivos estados de bienestar mediante un sistema público de ayudas a la emancipación.
Reino Unido, por su parte, establece ayudas al alquiler o la hipoteca de los jóvenes en caso de desempleo. Los llamados housing benefits cubren estas situaciones temporales y evitan que los jóvenes caigan en la ocasional exclusión social.
El establecimiento de un sistema de ayudas al alquiler a precios asequibles para los jóvenes, así como la existencia de menos barreras para este colectivo a la hora de alquilar, explican el relativo éxito de Alemania en este sentido.
En EE.UU. la arraigada cultura del individualismo está detrás de las tempranas cifras de abandono del hogar de los jóvenes, unido a las amplias posibilidades para encontrar trabajo, vivienda y para, en definitiva, moverse geográficamente por todo el país.
Canadá apoya oficialmente la emancipación de los jóvenes mediante la aplicación del denominado ‘Plan 8’. Un sistema por el que el Estado abona a los propietarios privados el alquiler de las viviendas puestas en el mercado, lo que constituye una decidida apuesta por el futuro de la juventud.
Primera sesión del Foro Fundación Notariado 'Temas que importan'
REHABILITACIÓN Y
PROPIEDAD COMPARTIDA
O TEMPORAL
El Foro Fundación Notariado. Temas que importan celebró a finales de 2021 su primera sesión, bajo el título Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad? Promotores, académicos, entidades financieras y notarios debatieron sobre este particular.
Participaron en el debate Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB); Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de vivienda (de la Universidad Rovira y Virgili); y Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud. Estuvo moderado por Concepción Barrio, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y fue presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado.
Para Martínez Sanchiz la respuesta al título de la sesión es contundente: «Aunque existan dificultades, como el paro juvenil, el acceso a la propiedad de la vivienda por parte de los jóvenes debe ser posible. Esta respuesta exige apoyar a la juventud, creando vínculos de solidaridad intergeneracionales». Sobre la puesta en marcha de este foro, apuntó que «nace con voluntad de permanencia para abordar cuestiones que preocupan a la sociedad y requieren de una solución. Es un acierto que esta materia haya sido la primera que tratemos. El de la juventud es uno de los temas que más nos preocupa a los notarios».
Concepción Barrio hizo hincapié en el recientemente aprobado anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que «refuerza la información y la transparencia, aspectos en los que los notarios podemos aportar mucho, como ya hiciéramos con las actas de transparencia de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Concretamente en la fase precontractual, nuestra intervención puede resultar muy útil a la hora de, por ejemplo, formalizar un contrato de arras. Asimismo, en el ámbito del alquiler se podría evitar falta de información y de seguridad jurídica con el asesoramiento notarial».
Sergio Nasarre señaló la propiedad compartida y temporal como alternativas al mercado actual, dos figuras de tenencia intermedia que se han regulado ya en Cataluña con la Ley 19/2015: «Los propietarios adquieren un 25% (el 5, con recursos propios; el 20, con financiación externa), mientras que el 75 restante se sufraga con una contraprestación económica, menor que una renta de alquiler. Se es propietario a todos los efectos, independientemente del porcentaje. Es una tercera vía, diferente a la propiedad o al alquiler, que permite ser propietario por un período entre 10 y 99 años, hipotecarte y transmitir mortis causa. La propiedad compartida o temporal permite paliar la burbuja del alquiler y evita seguir siendo inquilino toda la vida».
Los expertos demandan una política de vivienda ”real” y simplificación legislativa
Juan Carlos Delrieu resaltó que «de los 25 millones de viviendas existentes, siete necesitan una rehabilitación severa. La rehabilitación debe ser un eje central de la política de vivienda. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población. Con una tasa demográfica en mínimos, la demanda de viviendas nuevas bajará en los próximos años, por lo que no cabe iniciar construcciones, ya que la oferta sería superior a la demanda. La rehabilitación, que cuenta con ayudas europeas, reduciría ese cuello de botella». En su opinión, desde el sector financiero «se debería contar con un portfolio de activos inmobiliario sostenible con criterios de eficiencia energética altos para los jóvenes; con este tipo de viviendas, la posibilidad de mora es más baja que en otras circunstancias». Asimismo, demandó que «la fiscalidad redujera los impuestos de transmisión, que gravan el coste final». Elena Ruiz Cebrián también apostó por «la rehabilitación de viviendas antiguas y la sostenibilidad de las casas como soluciones al problema del acceso a la propiedad. La oferta para los jóvenes es de obra nueva, con precios poco asequibles; o antigua, con pisos de más de cuarenta años, que no ofrecen las mejores condiciones para vivir». Desde el Consejo de la Juventud las propuestas en materia habitacional pasan por una mejora del empleo: «Hay un viraje al alquiler, porque es imposible afrontar la entrada de una hipoteca, que puede suponer tres años de salario íntegro. Por eso, la edad de emancipación media ronda los 29 años. La situación de la juventud es precaria, no por la pandemia y la crisis, sino porque desde hace veinte años suben el coste de la vida y la vivienda».
Juan Antonio Gómez-Pintado consideró que «el acceso a la propiedad depende de las políticas de vivienda que hasta el momento están siendo cortoplacistas. Se ha focalizado la vivienda en alquiler, pero sin dar las herramientas para crear un parque grande de inmuebles en ese régimen, como el fomento a la empresa privada para su construcción. La vivienda protegida o la VPO provenían desde el sector privado en su mayor parte. En otros países consideran prioritario dar solución al acceso a la propiedad de los jóvenes, como en Canadá, Gran Bretaña, Francia o Italia, con iniciativas como el crédito cero, el Help to buy, financiación,..». «La superproducción legislativa en urbanismo es muy grande, con múltiples legislaciones autonómicas y escasa coordinación, lo que genera la carestía. Por eso, la Ley de vivienda que se está debatiendo es difícil que se logre aplicar por las transferencias de competencias. Esta maraña de normas, por ejemplo, encarece el precio del suelo que puede llegar al 40% de la inversión. Hay que hacer planes de vivienda más actualizados y facilitar la concesión de licencias» aseguró.
Foro 'Temas que importan'
Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa, la política…) permitirá ofrecer una visión global e integral de los temas analizados.
El parque de vivienda pública en alquiler en España alcanza hoy sólo el 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea
Afrontar el reto de la vivienda
España tiene un severo y urgente desafío relacionado con la vivienda y con la emancipación de sus jóvenes. Hace dos décadas, muchos de ellos tardaban en emanciparse porque, viviendo en casa de sus padres, ahorraban para comprar su primera vivienda. Y no era una situación casual. Estaba fuertemente relacionada con el hecho de que, en España, durante años, se desarrolló un monocultivo de vivienda en propiedad, con fuertes incentivos a la misma. Una situación que, con todas sus ventajas, tenía un inconveniente, y es que mucho del suelo público destinado a apoyar a los jóvenes se utilizó en forma de viviendas de protección oficial en propiedad que, con los años, se descalificaron y pasaron a convertirse en vivienda libre.
Sin discutir las ventajas que esto pudo tener para los jóvenes que sacaron partido a este sistema, lo cierto es que una de sus consecuencias fue que las ciudades españolas no se dotaron de un parque de viviendas en alquiler para apoyar a los jóvenes del futuro en su emancipación, como sí se hizo en otros países europeos. Situación que se agravó por la venta de vivienda pública que se realizó en algunos territorios. El parque de vivienda pública en alquiler en España alcanza hoy sólo el 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea, y somos el único de los grandes países europeos en los que el alquiler supone menos del 25% de las viviendas.
Subida del alquiler
Pero si en aquellos tiempos los jóvenes contaban con el apoyo de los bancos, que permitían contratar más del 100% de la hipoteca, la crisis financiera se llevó por delante muchas de las prácticas que considerábamos habituales y hoy vemos no sólo una recuperación de los precios de la vivienda, sino también la obligación de contar con un ahorro considerable para afrontar la compra. Esto ha elevado el interés por el alquiler, pero éste se ha topado con un parque pequeño y muchas veces explotado en forma de pisos turísticos, lo que ha provocado grandes subidas en los precios del alquiler, sostenidas en el tiempo hasta que llegó la pandemia, y la creación de lo que venimos llamando todos “áreas tensionadas”.
De ahí que los jóvenes españoles vivan hoy con sus padres más que en casi toda Europa, con una edad media para irse de casa de 30 años, tres más que el europeo medio. Según datos de Eurostat, el 64% de los españoles de entre 25 y 29 años vive con sus progenitores, una cifra en la que sólo nos superan Italia, Grecia y algunos países del este. Esta tasa triplica la de Francia y es diez veces superior que la de los países nórdicos.
Las prioridades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pasan por garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente, o por mejorar la aportación del sector transporte a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también, como no podía ser de otra manera, por considerar el derecho a una vivienda digna y asequible como referencia y valor central de todas nuestras actuaciones en esta materia.
Los presupuestos que estamos aprobando para 2022 son históricos, con una inversión del Grupo Mitma de 16.286 millones, un 17% más que el año precedente, en parte gracias a los fondos procedentes del mecanismo de recuperación, en base al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea, por una cantidad total que asciende a 5.875 M€.
Para poner en contexto lo que esto representa, el Ministerio gestiona acerca del 40% de toda la inversión pública de los PGE y un 1,3% del PIB, con el objetivo de crear unos 350.000 empleos, muchos en sectores con gran capacidad de desarrollo futuro y más de la mitad, con etiqueta verde.
Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades. Movilidad y Transporte tienen cada vez más que ver con Agenda Urbana. Los jóvenes, cada vez más reacios a seguir patrones habituales, se sacan, por ejemplo, cada vez menos el carné de conducir. Entre la población de 35 y 39 años, menos de la mitad tiene permiso de conducir, mientras que hace diez años esta cifra alcanzaba el 60%.
Han cambiado sus modos de trasladarse por la ciudad y nos exigen generar espacios urbanos y metropolitanos más limpios y habitables. Espacios en los que pasear o montar en bicicleta o vehículos eléctricos personales no sean actividades sometidas a fuertes barreras.
En las nuevas ciudades se imponen, cada vez más, los modelos de compartición de vehículos eléctricos, tanto convencionales como los nuevos cuadriciclos pesados. Este cambio está llevando a cosas como que la DGT estudie la necesidad de implantar el permiso B1 para aumentar la seguridad en los trayectos. A esto hay que sumarle la recuperación de la movilidad colectiva, que debe ser una prioridad cuando terminemos de superar la pandemia de la COVID-19, o cómo afectan a la movilidad o a la vivienda las nuevas formas de teletrabajo que se han desarrollado en este entorno. En este nuevo entorno, la vivienda en alquiler es más flexible y hace que nuestros ciudadanos sean más competitivos y estén abiertos a más opciones.
Nuevas necesidades
Entender estas nuevas necesidades de movilidad, estos nuevos comportamientos, también forma parte del reto de la Agenda Urbana en España.
Este Gobierno está dispuesto a afrontar con decisión todos estos retos y no se trata sólo de sacar adelante la primera ley integral del Estado en materia de Vivienda, sino que en esta materia se alcanzará en 2022 un presupuesto inédito de 3.289 millones de euros, algo jamás visto en nuestra historia reciente.
Esta nueva Ley de Vivienda recoge, por ejemplo, iniciativas equilibradas como que, si los arrendatarios están dispuestos a rebajar en un 5% la renta, podrán beneficiarse de una bonificación del 90% de los rendimientos obtenidos, un porcentaje muy superior al 60% que venía aplicándose hasta ahora como máximo. También se establece la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social y se blindan los parques públicos de vivienda impidiendo su venta.
Estos presupuestos pretenden actuar como la palanca fundamental para el mayor impulso a la rehabilitación de viviendas de la Historia de España. Más allá de la importancia de los nuevos desarrollos, es fundamental adecuar el parque de vivienda existente a las nuevas necesidades.
De la cifra total de las cantidades destinadas a vivienda, cabe destacar un presupuesto de 2.014 millones de euros para ayudas a la rehabilitación. Este contará con 1.389 millones para la recuperación económica y social en entornos residenciales, tanto a nivel de barrios como a nivel de viviendas; 600 millones en ayudas para la rehabilitación de edificios públicos de entidades locales y 25 millones en programas de rehabilitación arquitectónica.
Este esfuerzo, en el que esperamos realizar medio millón de actuaciones en el marco de todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no sólo tendrá un impacto positivo en la eficiencia energética y en la generación de empleo, sino que representará un cambio en nuestro modo de actuar, primando la conservación y la renovación del parque de viviendas, tal y como se plantea en la iniciativa Renovation Wave de la Unión Europea.
Más allá del ejercicio 2022, los reales decretos sobre rehabilitación supondrán una inversión total de 5.520 millones de euros; 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial y construcción de vivienda social con cargo a los fondos europeos, además de una nueva línea ICO para conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros en actuaciones para mejorar nuestro parque de edificios residenciales.
Estamos obsesionados, en este proceso, por alcanzar a la población joven, un segmento que no puede desplegar sus proyectos vitales ante las dificultades que supone poder emanciparse, ya mencionadas.
Conviene recordar la enorme cantidad de actuaciones que contempla el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, con una inversión de cerca de 1.717 millones de euros para este periodo. Entre estas hay una docena de programas de todo tipo, también para jóvenes.
Concretamente, se ha diseñado un programa de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler o el acceso a la propiedad a los jóvenes de municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, para contribuir al reto demográfico.
Entre los programas que contempla, también vamos a facilitar acceso al alquiler de vivienda a sectores con escasos medios económicos, con bonificaciones del 50% de la renta.
Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades
Asimismo, ayudaremos a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 900 euros mensuales o del 100% de la renta para facilitarles soluciones inmediatas.
Se ayudará además a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida y se trabajará para incrementar de forma drástica el parque público de viviendas, tanto por adquisiciones individuales como en bloque, y para fomentar el parque privado de vivienda en alquiler accesible.
En este sentido, habrá un programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB para alquiler como vivienda asequible o social, y otro de puesta a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos de vivienda también para alquiler asequible o social. Se tendrán en cuenta también otras posibilidades habitacionales, tales como el fomento de alojamientos temporales, los modelos de co-housing, las viviendas intergeneracionales y modalidades similares. Asimismo, se luchará contra el chabolismo y la infravivienda.
Éstas son sólo algunas de las iniciativas que estamos desarrollando, en el marco de la oportunidad que suponen los fondos europeos, con el fin de acometer un desafío complejo y que requiere no sólo colaboración público-privada, esencial para acometer muchos de los programas, sino también colaboración entre distintas administraciones para asegurarnos de que todos puedan llevarse a cabo.
Confío en que estemos a la altura. Porque nada es más caro que una oportunidad perdida y, como en aquella cita que se le atribuye a Benjamin Disraeli: “El secreto del éxito es la constancia del propósito”. Tenemos el propósito y la oportunidad. Aprovechémoslos.
Inauguración. De izda. a dcha.: José Antonio Riera, José Ángel Martínez Sanchiz y José Alberto Marín
Del 7 al 9 de octubre se celebraron en Tenerife las Jornadas notariales de Poblet-La Palma, organizadas conjuntamente por los colegios notariales de Cataluña y Canarias, con la colaboración de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y la Fundación Notariado. Este encuentro notarial mantiene la tradición iniciada en octubre de 1962 en el monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona), continuada en las ‘Jornadas de Burgos’ y en las últimas décadas con las ‘Jornadas de La Palma’.
Función notarial: garantía de libertad e igualdad. 50 años desde Poblet fue el epígrafe elegido para este encuentro, al que acudieron notarios de toda España. La ponencia inaugural corrió a cargo del presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz (El notario como apoyo en el ejercicio de la capacidad, aspectos éticos y jurídicos).
“El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones supone un cambio radical respecto del sistema proteccionista imperante todavía hoy en la mayor parte de los países”, señaló Martínez Sanchiz. “La Convención de Nueva York de Naciones Unidas pretende poner fin a una discriminación de siglos, de la que todavía quedaban residuos en la legalidad reformada”, aseguró el presidente del Consejo General del Notariado.
“El legislador español ha seguido decididamente el camino de la Convención al suprimir la incapacitación judicial y relegar la actuación judicial en materia de apoyos a un plano subsidiario, con el fin de anteponer siempre los apoyos voluntarios en escritura pública, así como en su caso la guarda de hecho. El notario deberá ayudar a las personas con discapacidad a que puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias. Se trata de un imperativo ético y legal”, concluyó.
Rasgos de la función. La primera jornada se completó con intervenciones de los notarios José Antonio Riera (El principio de inmediación: garantía de libertad e igualdad); Albert Domingo (El papel del notario en la contratación con consumidores, aspectos éticos) y Raquel Iglesias (Los nuevos roles del notario en las escrituras, actas y expedientes de jurisdicción voluntaria).
Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias, destacó algunos de los rasgos que caracterizan a la función notarial, como la inmediación, la presencia activa, la veracidad y el control de la legalidad. Recordó que «las personas, los hechos o las cosas sobre las que el notario da fe, deben estar en su presencia. Sin embargo, es posible interactuar en la actualidad mediante medios audiovisuales (como por videoconferencia en la sede electrónica notarial) que posibilitan una modalidad de presencia física e inmediata con la asistencia de un recurso tecnológico. De hecho, la ya anunciada Ley de Eficiencia Digital supondrá una importante novedad, ya que contempla la transposición de la Directiva europea para la constitución de sociedades online y el protocolo notarial electrónico”.
Albert Domingo, tesorero del Colegio Notarial de Cataluña, analizó los aspectos éticos del notario en la contratación con consumidores, recordando que “la función social que justifica nuestra existencia es la información y el asesoramiento individual con ciencia, paciencia y prudencia. La tutela del notario en estos casos se basa en dar una información clara y detallada, con la dedicación necesaria, para que quien solicita nuestros servicios pueda entender, sin dudas, todo el contenido del instrumento público”.
Raquel Iglesias, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, señaló que “los nuevos roles del notario en las escrituras, actas y expedientes de jurisdicción voluntaria responden a la evolución y adaptación natural del ejercicio de la función tradicional del notario, en su afán de absorber las nuevas necesidades sociales, incluso anticipándose a ellas, dándoles una respuesta rápida y ágil, sin merma de la seguridad jurídica que requieren. El éxito del procedimiento estará asociado a unas coordenadas de compromiso razonable entre agilidad y seguridad económica, de la que la seguridad jurídica es su escudera”.
Deontología. La mesa redonda Siete años desde la aprobación del Código de Deontología abrió la segunda sesión. Moderada por el decano anfitrión, Alfonso Cavallé, contó como ponentes con los notarios Raimundo Fortuñy (vicepresidente del CGN y decano del Colegio Notarial de Baleares), Javier Martínez del Moral, Alba Aula y María Armas.
Los ponentes pusieron sobre la mesa una realidad: el Código de Deontología se aprobó hace siete años, pero no se ha desarrollado por cada Colegio Notarial, lo que dificulta la uniformidad en la aplicación. Por todo ello, se proponen otras medidas de apoyo como la creación de una escuela de práctica notarial más completa si cabe; la elaboración de un cuestionario quinquenal a los colegiados sobre resoluciones y sentencias de los tribunales relativas al sistema notarial o actuaciones contrarias a la deontología, entre otras…
Eficiencia. La jornada de clausura se inició con una conferencia del notario cubano Pedro Landestoy (Los principios notariales), que dio paso a la última mesa redonda (Función notarial versus actividad comercial). Este panel fue moderado por José Alberto Marín (decano de Cataluña), acompañado por los notarios Marta Fuentes, Javier Martínez del Moral, Santiago Tomás y Dámaso Cruz (decano de Aragón).
Martínez del Moral realizó un claro análisis económico de la estructura organizativa del notariado que justificaría, en su opinión, «la configuración actual como la más eficiente y la mejor, para el Estado y para el ciudadano».
Fuentes, por su parte, analizó el concepto de actividad comercial entendida como captación de clientela; distinguiendo «en primer lugar, la actividad puramente social del profesional, que genera buenas amistades, lo que ofrece personalidad, carisma y buen trato al ciudadano. En segundo lugar, la extensa publicación jurídica que da a conocer al profesional, que genera prestigio en el notario; y en tercer lugar, la estrategia puramente comercial, que generaría negocio a través de conductas consideradas malas praxis por vulnerar el Código de Deontología Notarial».
Dámaso Cruz abundó en el camino de la función notarial post-pandemia, la intervención electrónica y el Portal Notarial del Ciudadano. Para el decano aragonés, «el notario no ejerce dos profesiones: un oficio público y otro privado, sino que ambos calificativos son solamente dos vertientes de una única función: la función notarial».
Santiago Tomás Roy recordó que «la deontología se basa en el espíritu y la finalidad de la actuación del notario; es decir, no está tanto en la propia actuación, como en la finalidad de la misma. Si la finalidad de la actuación del notario es únicamente la captación de clientes y, por tanto, de documentos, su actuación está fuera del marco deontológico».
Por último, el anfitrión Alfonso Cavallé hizo una recapitulación de las intervenciones, destacando que «existe una contradicción esencial entre la actividad notarial y la actividad comercial. Y es que el notario comerciante sería un problema para el notariado. El mejor notario no es el que más documentos interviene. El mejor notario es el que más confianza inspira. La confianza en el notario resulta de los efectos del documento público notarial, de ahí la necesidad y conveniencia de fortalecer el aspecto público de la función. Los notarios trabajamos para los demás; no para nosotros mismos.”
50 años desde Poblet. recapitulación fue la última ponencia, dictada por Honorio Romero, ex decano aragonés. El notario honorario señaló algunos de los retos de la profesión: «El primero de ellos, es una reflexión sobre el sistema de oposición, sistema justo, basado en la memoria, como elemento fundamental sin la que no podemos existir». Su propuesta se centra en «descargar el peso relevante de los orales para desplazarlo a favor de los casos prácticos donde el opositor puede mostrar quién será como notario en su actividad profesional en el futuro». El segundo de los retos es el de la formación permanente del colectivo: «La principal marca de calidad del notariado está en su constante esfuerzo de adaptación; adaptación a nuevas normativas y asunción de mayores competencias».
S.M. el Rey, junto a la ministra de Justicia y los miembros del Consejo General del Notariado
Encuentro de S.M. el Rey Felipe VI con el Consejo General del Notariado
Durante la sesión inaugural de las Jornadas Notariales Poblet-La Palma, Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por la ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Pilar Llop, mantuvo un encuentro con los miembros del Consejo General del Notariado.
La ministra de Justicia con los miembros del pleno del CGN
Encuentro con la Ministra de Justicia
La ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Pilar Llop, presidió la sesión plenaria del Consejo General del Notariado (CGN). En este pleno se aprobaron las medidas notariales para apoyar a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma y se confirmó la celebración del XII Congreso Notarial Español el 19 y 20 de mayo de 2022 en Málaga.
Durante el pleno, Pilar Llop agradeció a José Ángel Martínez Sanchiz y los miembros del CGN la acogida dispensada y la oportunidad de asistir a las Jornadas Notariales. La también notaria mayor del Reino puso de manifiesto “que -como ya pudo comprobar desde su primer destino como jueza-, la función notarial es de gran trascendencia para la ciudadanía y, por su propia capilaridad, vertebra España generando cohesión territorial y social”.
La ministra destacó también la labor del notariado español, así como su creatividad, de la que espera aportaciones -por ejemplo, en la cuestión del reto demográfico-; y la garantía que supone la fe pública notarial para que las personas vivan con certidumbre jurídica, cuestión esta última que definió como “un tesoro”. Asimismo, puso en valor la labor realizada durante la pandemia desde los despachos notariales “cuidando” a la ciudadanía, a la vez que mostró su admiración por la tecnología desarrollada por el notariado español. Finalmente, agradeció la solidaridad del notariado con los afectados por la erupción del volcán de la isla de La Palma.
José Ángel Martínez Sanchiz,
presidente del Consejo General del Notariado:
“El notario deberá ayudar a las personas con discapacidad a que puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias. Se trata de un imperativo ético y legal”.
Alfonso Cavallé,
decano del Colegio Notarial de Islas Canarias:
“El mejor notario no es el que más documentos interviene. El mejor notario es el que más confianza inspira”.
José Ángel Martínez Sanchiz,
Alfonso Cavallé,