El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial

En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.

La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.

España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.

Un “Plan Marshall”

Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.

Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.

De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.

Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.

De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.

El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.

Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.

El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.

El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:

• Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
• Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
• Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €

El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.

Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.

Aligerar la carga administrativa

A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.

Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.

Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.

La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.

También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.

La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites

El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.

Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.

Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.

Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.

La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.

Afrontar el reto de la vivienda

España tiene un severo y urgente desafío relacionado con la vivienda y con la emancipación de sus jóvenes. Hace dos décadas, muchos de ellos tardaban en emanciparse porque, viviendo en casa de sus padres, ahorraban para comprar su primera vivienda. Y no era una situación casual. Estaba fuertemente relacionada con el hecho de que, en España, durante años, se desarrolló un monocultivo de vivienda en propiedad, con fuertes incentivos a la misma. Una situación que, con todas sus ventajas, tenía un inconveniente, y es que mucho del suelo público destinado a apoyar a los jóvenes se utilizó en forma de viviendas de protección oficial en propiedad que, con los años, se descalificaron y pasaron a convertirse en vivienda libre. 

Sin discutir las ventajas que esto pudo tener para los jóvenes que sacaron partido a este sistema, lo cierto es que una de sus consecuencias fue que las ciudades españolas no se dotaron de un parque de viviendas en alquiler para apoyar a los jóvenes del futuro en su emancipación, como sí se hizo en otros países europeos. Situación que se agravó por la venta de vivienda pública que se realizó en algunos territorios. El parque de vivienda pública en alquiler en España alcanza hoy sólo el 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea, y somos el único de los grandes países europeos en los que el alquiler supone menos del 25% de las viviendas.  

Subida del alquiler

Pero si en aquellos tiempos los jóvenes contaban con el apoyo de los bancos, que permitían contratar más del 100% de la hipoteca, la crisis financiera se llevó por delante muchas de las prácticas que considerábamos habituales y hoy vemos no sólo una recuperación de los precios de la vivienda, sino también la obligación de contar con un ahorro considerable para afrontar la compra.  Esto ha elevado el interés por el alquiler, pero éste se ha topado con un parque pequeño y muchas veces explotado en forma de pisos turísticos, lo que ha provocado grandes subidas en los precios del alquiler, sostenidas en el tiempo hasta que llegó la pandemia, y la creación de lo que venimos llamando todos “áreas tensionadas”. 

De ahí que los jóvenes españoles vivan hoy con sus padres más que en casi toda Europa, con una edad media para irse de casa de 30 años, tres más que el europeo medio. Según datos de Eurostat, el 64% de los españoles de entre 25 y 29 años vive con sus progenitores, una cifra en la que sólo nos superan Italia, Grecia y algunos países del este. Esta tasa triplica la de Francia y es diez veces superior que la de los países nórdicos. 

Las prioridades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pasan por garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente, o por mejorar la aportación del sector transporte a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también, como no podía ser de otra manera, por considerar el derecho a una vivienda digna y asequible como referencia y valor central de todas nuestras actuaciones en esta materia.

Los presupuestos que estamos aprobando para 2022 son históricos, con una inversión del Grupo Mitma de 16.286 millones, un 17% más que el año precedente, en parte gracias a los fondos procedentes del mecanismo de recuperación, en base al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea, por una cantidad total que asciende a 5.875 M€. 

Para poner en contexto lo que esto representa, el Ministerio gestiona acerca del 40% de toda la inversión pública de los PGE y un 1,3% del PIB, con el objetivo de crear unos 350.000 empleos, muchos en sectores con gran capacidad de desarrollo futuro y más de la mitad, con etiqueta verde. 

Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades. Movilidad y Transporte tienen cada vez más que ver con Agenda Urbana. Los jóvenes, cada vez más reacios a seguir patrones habituales, se sacan, por ejemplo, cada vez menos el carné de conducir. Entre la población de 35 y 39 años, menos de la mitad tiene permiso de conducir, mientras que hace diez años esta cifra alcanzaba el 60%. 

Han cambiado sus modos de trasladarse por la ciudad y nos exigen generar espacios urbanos y metropolitanos más limpios y habitables. Espacios en los que pasear o montar en bicicleta o vehículos eléctricos personales no sean actividades sometidas a fuertes barreras.

En las nuevas ciudades se imponen, cada vez más, los modelos de compartición de vehículos eléctricos, tanto convencionales como los nuevos cuadriciclos pesados. Este cambio está llevando a cosas como que la DGT estudie la necesidad de implantar el permiso B1 para aumentar la seguridad en los trayectos. A esto hay que sumarle la recuperación de la movilidad colectiva, que debe ser una prioridad cuando terminemos de superar la pandemia de la COVID-19, o cómo afectan a la movilidad o a la vivienda las nuevas formas de teletrabajo que se han desarrollado en este entorno. En este nuevo entorno, la vivienda en alquiler es más flexible y hace que nuestros ciudadanos sean más competitivos y estén abiertos a más opciones. 

Nuevas necesidades

Entender estas nuevas necesidades de movilidad, estos nuevos comportamientos, también forma parte del reto de la Agenda Urbana en España. 

Este Gobierno está dispuesto a afrontar con decisión todos estos retos y no se trata sólo de sacar adelante la primera ley integral del Estado en materia de Vivienda, sino que en esta materia se alcanzará en 2022 un presupuesto inédito de 3.289 millones de euros, algo jamás visto en nuestra historia reciente.  

Esta nueva Ley de Vivienda recoge, por ejemplo, iniciativas equilibradas como que, si los arrendatarios están dispuestos a rebajar en un 5% la renta, podrán beneficiarse de una bonificación del 90% de los rendimientos obtenidos, un porcentaje muy superior al 60% que venía aplicándose hasta ahora como máximo.  También se establece la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social y se blindan los parques públicos de vivienda impidiendo su venta.

Estos presupuestos pretenden actuar como la palanca fundamental para el mayor impulso a la rehabilitación de viviendas de la Historia de España. Más allá de la importancia de los nuevos desarrollos, es fundamental adecuar el parque de vivienda existente a las nuevas necesidades. 

De la cifra total de las cantidades destinadas a vivienda, cabe destacar un presupuesto de 2.014 millones de euros para ayudas a la rehabilitación. Este contará con 1.389 millones para la recuperación económica y social en entornos residenciales, tanto a nivel de barrios como a nivel de viviendas; 600 millones en ayudas para la rehabilitación de edificios públicos de entidades locales y 25 millones en programas de rehabilitación arquitectónica.  

Este esfuerzo, en el que esperamos realizar medio millón de actuaciones en el marco de todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no sólo tendrá un impacto positivo en la eficiencia energética y en la generación de empleo, sino que representará un cambio en nuestro modo de actuar, primando la conservación y la renovación del parque de viviendas, tal y como se plantea en la iniciativa Renovation Wave de la Unión Europea. 

Más allá del ejercicio 2022, los reales decretos sobre rehabilitación supondrán una inversión total de 5.520 millones de euros; 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial y construcción de vivienda social con cargo a los fondos europeos, además de una nueva línea ICO para conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros en actuaciones para mejorar nuestro parque de edificios residenciales.  

Estamos obsesionados, en este proceso, por alcanzar a la población joven, un segmento que no puede desplegar sus proyectos vitales ante las dificultades que supone poder emanciparse, ya mencionadas. 

Conviene recordar la enorme cantidad de actuaciones que contempla el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, con una inversión de cerca de 1.717 millones de euros para este periodo. Entre estas hay una docena de programas de todo tipo, también para jóvenes. 

Concretamente, se ha diseñado un programa de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler o el acceso a la propiedad a los jóvenes de municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, para contribuir al reto demográfico.  

Entre los programas que contempla, también vamos a facilitar acceso al alquiler de vivienda a sectores con escasos medios económicos, con bonificaciones del 50% de la renta.

Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades

Asimismo, ayudaremos a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 900 euros mensuales o del 100% de la renta para facilitarles soluciones inmediatas.  

Se ayudará además a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida y se trabajará para incrementar de forma drástica el parque público de viviendas, tanto por adquisiciones individuales como en bloque, y para fomentar el parque privado de vivienda en alquiler accesible. 

En este sentido, habrá un programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB para alquiler como vivienda asequible o social, y otro de puesta a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos de vivienda también para alquiler asequible o social. Se tendrán en cuenta también otras posibilidades habitacionales, tales como el fomento de alojamientos temporales, los modelos de co-housing, las viviendas intergeneracionales y modalidades similares. Asimismo, se luchará contra el chabolismo y la infravivienda.   

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que estamos desarrollando, en el marco de la oportunidad que suponen los fondos europeos, con el fin de acometer un desafío complejo y que requiere no sólo colaboración público-privada, esencial para acometer muchos de los programas, sino también colaboración entre distintas administraciones para asegurarnos de que todos puedan llevarse a cabo. 

Confío en que estemos a la altura. Porque nada es más caro que una oportunidad perdida y, como en aquella cita que se le atribuye a Benjamin Disraeli: “El secreto del éxito es la constancia del propósito”. Tenemos el propósito y la oportunidad. Aprovechémoslos.