I Encuentro de la Comjib y la Cmplot

EN SOCIEDAD

I Encuentro de la COMJIB y la CMJPLOT

Intervención del presidente del Consejo General del Notariado

Paralelamente a las jornadas notariales se celebró la primera reunión conjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países de habla portuguesa (CMJPLOT). S.M. el Rey Felipe VI, clausuró este encuentro, que contó con la asistencia de diversas personalidades españolas e iberoamericanas, como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, o la ministra de Justicia, Pilar Llop.

REDACCIÓN

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Iber@, la plataforma tecnológica desarrollada por el Notariado español para mejorar y agilizar la cooperación jurídica internacional, fue altamente valorada por la treintena de organismos gubernamentales de Justicia reunidos en este encuentro. Iberfides y EUdoc, herramientas de conexión transnacional entre los notarios iberoamericanos y europeos, respectivamente, fueron igualmente presentadas durante el encuentro.

Para el secretario general de COMJIB, Enrique Gil Botero, el Tratado de Medellín y la red Iber@ son el futuro de la colaboración internacional de la Justicia. Valora en Iber@ que sea “un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, incorporando funcionalidades como la videoconferencia o la firma digital y que facilite la conexión con otras redes como Eurojust o Interpol”.

Un momento de la intervención de la presidenta de la UINL, Cristina Noemí Armella.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, manifestó durante su intervención que la cooperación jurídica internacional “constituye también una oportunidad para expresar y manifestar la solidaridad entre todos los seres humanos, como se ha puesto de manifiesto con la erupción del volcán de La Palma. Es también la ocasión -afirmó- de potenciar, fomentar y extender la justicia en el mundo y para eso hace falta la cooperación gubernamental, como la de todos los ministros y organismos gubernamentales reunidos en este encuentro, pero también la colaboración extragubernamental como la que los notarios representamos”.

“Nuestro deseo de cooperar más y mejor se verá reforzado por este encuentro”, apuntó la ministra de Justicia, que ha añadido que “no escatimaremos ningún esfuerzo para que nuestra acción conjunta sea cuanto antes una realidad visible y eficaz”. La ministra destacó que este encuentro sirve para poner en común experiencias que fortalezcan las grandes metas y estructuras de la Justicia en las respectivas regiones: Estado de Derecho, seguridad jurídica e igualdad.

La ministra de Justicia, Pilar Llop (izquierda, de pie) en el I Encuentro de Ministros de Justicia de Comjib y Cmjplot
Llop destaca el valor de Iber@

Durante su intervención en la reunión conjunta de ministros iberoamericanos y lusófonos, la notaria mayor del Reino elogió la Red Iber@, desarrollada por el Consejo General del Notariado, mediante la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), con la que “se modernizan las comunicaciones en materia de cooperación jurídica internacional y contribuyen a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.

La presidenta de la Unión Internacional del Notariado intervino por videoconferencia

S.M. el Rey con los ministros de Justicia
Iber@ refuerza la tutela judicial iberoamericana

En su reseña, La Casa Real ponía en valor la puesta en marcha del proyecto Iber@, desarrollada con tecnología del Notariado español, que «sienta las bases e inicia el despegue de una iniciativa pionera que suma un largo centenar de instituciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, con funcionalidades como la videoconferencia y la firma digital».

«Asimismo -proseguía-, esta plataforma fortalece la lucha contra delitos como la corrupción, la droga y la trata de personas y, con la activa participación de los estados y poderes públicos, contribuye a la construcción y consolidación de sociedades más justas y pacíficas, dotando de mayor protección a las víctimas y garantizando el acceso general a la justicia. Crea, en suma, un espacio social reforzado para la tutela judicial efectiva a disposición de los operadores jurídicos».

Una puerta de entrada a la sede electrónica notarial

EDITORIAL

Una puerta de entrada a la

sede electrónica notarial

Podríamos decir que con el Portal Notarial del Ciudadano los notarios han dado el salto a internet, pero no sería cierto porque llevan más de 20 años operando en la Red, aunque siempre en espacios privados y seguros.

Para el Notariado, la puesta en marcha de este Portal supone abrir su sede electrónica a ciudadanos y empresas, ampliando a toda la sociedad la conexión que existe desde 2002 entre las más de 2.800 notarías y numerosos organismos públicos.

Gracias a este Portal, particulares y empresas pueden elegir al notario que quieran para realizar diversas gestiones y servicios, con la misma seguridad y garantías que en las notarías, pero con la agilidad propia de las operaciones digitales.

También pueden saber qué notarios custodian los originales de sus escrituras y pedirles que les “suban” las copias electrónicas, de forma que siempre las tengan a mano.

De igual manera, pueden designar al notario que prefieran que formalice su préstamo hipotecario y que se encargue de supervisar la documentación que les ha entregado la entidad financiera, o iniciar con él la preparación de un testamento, o pedirle que realice en su nombre los trámites necesarios para constituir una sociedad. Incluso pueden llegar a recibir asesoramiento del notario por videoconferencia y dentro de la sede notarial, siempre que sea necesario.  

Una ayuda a los más vulnerables. El Portal Notarial del Ciudadano se abrió a la sociedad hace un año, en un momento de vital importancia para las personas vulnerables. De hecho, se realizó un gran esfuerzo por acelerar su puesta en marcha para ayudar en la tramitación, por ejemplo, de las moratorias hipotecarias que muchas personas tuvieron que solicitar a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Hasta la fecha tiene registrados a más de 93.000 usuarios.

Su existencia amplía y facilita el asesoramiento del notario, lo que cobra especial relieve con las personas más vulnerables, al permitir a los notarios ofrecerles mantener videoconferencias previas al otorgamiento de cualquier documento notarial, ahorrándoles desplazamientos.

En realidad, el Portal Notarial del Ciudadano supone abrir a la sociedad el potencial tecnológico del que disponen los notarios desde hace 20 años.

De hecho, la existencia de la sede electrónica notarial permitió, sólo en 2020, el envío de 8 millones de copias electrónicas de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones a los registros y al catastro, y cientos de miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos, que supusieron un volumen de firmas notariales superior a los 20 millones.

Ampliable a más servicios. “Estos servicios online son solo el principio de todos los que podremos ir añadiendo al Portal, a expensas de que se aborden las reformas legislativas necesarias para ello” ha explicado el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz. “El Portal es una apuesta decidida de los notarios por ofrecer nuevas facilidades y prestaciones digitales a ciudadanos y empresas, con la seguridad y garantías propias de nuestra función”, ha asegurado.

En 2001 la Ley estableció la integración del notario en la prestación de servicios digitales, pero lo hizo con cautelas que hoy podrían superarse. En virtud de esta normativa, aún vigente, los notarios pueden prestar servicios digitales a las Administraciones Públicas y expedir copias autorizadas -a las que se reconocen todos los efectos legales de la escritura pública- para ese sector. Pero para los ciudadanos solamente se permite emitir copias electrónicas simples, que tiene unos efectos jurídicos limitados. Esto, que era lógico desde el punto de vista de la ley del año 2001, no lo es 20 años después.

Y en cuanto a otras cuestiones, como por ejemplo el otorgamiento del documento público notarial, en estos momentos tiene que seguir siendo siempre presencial. Sin embargo, en determinados casos este proceso podría ser electrónico, ya que los notarios pueden garantizar su seguridad gracias al uso de la firma electrónica cualificada y de la videoconferencia en la sede electrónica notarial.

Esta tecnología, pionera entre los notariados de la UE, está plenamente desarrollada y probada y podría aplicarse de forma inmediata a la transposición a la legislación española de la directiva europea que permite la constitución de sociedades íntegramente por vía online.

Con proyección futura. El Notariado tendrá que seguir avanzando tanto en su digitalización como en darlo a conocer, porque siendo una realidad el ciudadano aún le percibe conectado con el papel.

Cuando uno piensa en el notario el estereotipo es un señor mayor con una pluma en la mano. Sin embargo, los notarios son digitales desde el año 2002, y ese gran desarrollo tecnológico está a disposición de la sociedad, sin coste para el erario público.

Esta realidad ampliamente conocida por la Administración Pública, no lo es por los ciudadanos, que son la razón de ser de la función pública notarial. Es a ellos y a las empresas a los que los notarios prestan sus servicios; son los que les requieren y los que realmente dan sentido a su día a día.

El Portal Notarial del Ciudadano abre una puerta a la digitalización de muchos de los servicios notariales y pone sobre la mesa el debate. Es sorprendente como en Iberoamérica, por ejemplo en Argentina o Colombia, la copia autorizada del documento notarial puede entregarse a los ciudadanos, indistintamente, en papel o digital, y en España no. Tampoco tiene mucho sentido que para determinadas tareas, o para determinadas actividades, sea obligatorio el desplazamiento físico de las personas a las notarías.

Avanzar en este terreno será el siguiente reto, para, a medio plazo, extender esta tecnología en el ámbito de la Unión Europea y de Iberoamérica; algo que está liderando el Notariado español.

Seguridad jurídica y digitalización

EN SOCIEDAD

Seguridad jurídica y digitalización

El donostiarra Palacio de Miramar acogió en julio el seminario Seguridad Jurídica y Digitalización. Este foro, organizado por el Consejo General del Notariado (CGN) y la Universidad del País Vasco, se enmarcó dentro del programa de Cursos de Verano de la institución académica y estuvo dirigido por el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

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José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del (CGN) y Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), inauguraron el seminario. El decano del Colegio Notarial del País Vasco, Diego Granados, anfitrión del foro, estuvo presente en el acto inaugural.

Para Martínez Sanchiz «la digitalización necesita de un doble proceso: de adaptación de la seguridad jurídica a la digitalización y de encauzamiento de la digitalización para adecuarla al principio de humanidad». Por su parte, Gil Botero señaló que «las nuevas tecnologías se han convertido en nuestras aliadas para garantizar la justicia y la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que las acciones delictivas saltan las fronteras hoy en día». 

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda La digitalización en la agenda de España para el siglo XXI; que contó con la participación de Javier Bikandi, director de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco y Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del CGN.

“La ciudadanía no quiere mayor digitalización, sino mejores servicios. No se trata de digitalizar por digitalizar, sino de hacerlo desde una perspectiva de gobernanza y transparencia. Utilizamos la administración electrónica para reducir los principales problemas que los ciudadanos nos transmiten, como la burocracia, el exceso de requisitos y el uso de un lenguaje complejo. Reduciendo esas trabas hemos incrementado más de un cien por cien el uso de los trámites telemáticos durante el último año en la plataforma Euskadi.es», aseguró Javier Bikandi.  

Fernández-Bravo subrayó la idea de que «no tenemos que digitalizarnos por que sí. El notario adapta la voluntad de los contratantes con los medios idóneos para la confección del documento, y ahí es donde entramos de lleno en la digitalización».

Transposición de la directiva. La incorporación por los Estados miembros de la directiva comunitaria de digitalización de sociedades centró una de las mesas de debate. Junto a Álvaro Lucini, delegado del CGN para el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), participaron Ádám Tòth, presidente del CNUE; Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán; Valentina Rubertelli, presidenta del Consejo Nacional del Notariado italiano y vicepresidenta del CNUE; y Radim Neubauer, presidente de la Cámara Nacional del Notariado checo.

«La transposición de la directiva europea sobre la constitución telemática de sociedades impone una doble exigencia: la del cambio normativo, que es relativamente sencilla de cumplir, y la del desarrollo técnico necesario para implantar los procedimientos íntegramente en línea, que resulta bastante más compleja, pero que en España ha sido resuelta antes que en ningún otro país por el Notariado español», declaró Álvaro Lucini. 

Según Lucini, «el plazo inicial establecido para la transposición de la mayor parte de la directiva vencería el 1 de agosto. No obstante, el artículo 2.3 de la directiva contempla que ese plazo pueda ser prorrogado un año más por cualquier Estado miembro que encuentre dificultades objetivas. En España la transposición de la directiva marcha con cierto retraso. Otros Estados miembros van más adelantados. Es el caso de Alemania e Italia, donde la ley de transposición ha sido recientemente aprobada en el parlamento. También el de Bélgica o República Checa, en que los proyectos de ley presentados por los respectivos gobiernos están siendo debatidos en los parlamentos», apuntó el notario español.

Por su parte, el húngaro Tóth señaló que «la prioridad de los gobiernos europeos es ahora la transición digital, acelerada por la actual crisis sanitaria. El uso de las nuevas tecnologías puede contribuir sin duda a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, por ejemplo, en el ámbito del Derecho de sociedades, como la creación online de empresas o las reuniones generales celebradas por videoconferencia. Los ciudadanos y las empresas deben tener un acceso sencillo, resiliente y efectivo a la justicia, y los Notarios de Europa apoyamos este enfoque».

El presidente del Notariado alemán destacó que «la UE ha dado un paso muy importante para el futuro del Derecho de sociedades con esta directiva. La directiva, mantiene un gran respeto por los sistemas legales de los Estados miembros y su tradición. Por primera vez se reconoce de forma explícita el rol del Notariado en la legislación europea en materia societaria. El legislador alemán transpuso los requisitos de la directiva con una ley de herramientas digitales; el borrador fue aprobado por el Ministerio de Justicia en febrero y luego en junio por el Parlamento sin cambios significativos».

Por su parte, Radim Neubauer apuntó que en la República Checa «la directiva se implementará en una Ley de Enmienda al Código Notarial. En este caso, en las sociedades de responsabilidad limitada. La ley ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y está siendo evaluada por el Senado, aunque cuenta con el apoyo unánime para su aprobación».

Por último, Valentina Rubertelli, presidenta de los notarios italianos, detalló la transposición comunitaria en su país: «El Parlamento italiano aprobó la directiva sin utilizar la prórroga de un año. La constitución de sociedades online se referirá a sociedades de responsabilidad limitada, con domicilio social en Italia, con capital desembolsado en una contribución en efectivo. La escritura se realizará con firma electrónica reconocida en una plataforma segura, con identificación mediante documento de identidad y videoconferencia. Nuestra empresa informática, Notartel, desarrolló la Piattaforma Italiana del Notariato (PIN) y puso en marcha un programa de formación muy intensivo para notarios que habrá cubierto todo el país antes de la entrada en vigor de la directiva el próximo 1 de agosto».

Sede electrónica notarial. Mario Abascal, director general de la Agencia Notarial de Certificación, y José Carmelo Llopis, delegado de nuevas tecnologías del CNUE, integraron el segundo panel de debate: La digitalización de las sociedades en España, constitución de sociedades a través de la sede electrónica notarial. Ambos mostraron cómo se puede solicitar la cita para constituir una sociedad telemáticamente ante un notario español en breves minutos, a falta de la firma definitiva, cuestión pendiente de la consiguiente habilitación normativa derivada de la citada transposición.

Abascal señaló que el procedimiento para la constitución de sociedades se realizará «desde una herramienta sencilla, intuitiva, con usabilidad, con servidores seguros del máximo nivel. La videoconferencia no ‘saldrá’ de la sede electrónica; el notario mantiene el control de la sesión. El ciudadano deberá realizar un registro previo para darse de alta; en el caso de no contar con el certificado CLAVE de la Policía Nacional o con otro reconocido (cualquiera de los 24 españoles existentes o los autorizados por el reglamento EIDAS), habrá de pasar por la notaria para acreditarse.

Llopis mostró a los asistentes cómo en menos de diez minutos se puede solicitar la cita para constituir una sociedad electrónicamente con la tecnología del Notariado español: «Tras iniciar la solicitud, se establecen cinco pasos a seguir: gestiones del ciudadano que puede realizar el notario (solicitud del NIF profesional, elaboración de los estatutos, trámites posteriores como el pago de tributos o la inscripción en el registro mercantil…); denominación social (de responsabilidad limitada..); domicilio y objeto social; tipo de aportaciones (dinerarias o no); número de participaciones y valor nominal; derechos especiales de voto; pactos, sistema de administración (único, solidario, mancomunado…); dirección web corporativa; notario autorizante (con su geolocalización…)».

Sector empresarial. La digitalización del sector empresarial español fue el tema de la mesa redonda moderada por Luis Fernández-Bravo, que contó con la participación de Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme; Antonio Magraner, vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE); Julio Linares, presidente de la comisión de digitalización de la CEOE y Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es.

«La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en España y la necesidad de llevar a cabo la transición digital, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad e impulsando la llegada de las TIC a la empresa -especialmente pymes y startups– y a la industria», señaló Gutiérrez. 

Martínez Lacambra puso de manifiesto el nivel de digitalización en España: «Tenemos muy buen posicionamiento en los índices comunitarios sobre la materia. Por ejemplo, somos el segundo país con mayor nivel de digitalización en Administración Pública».

Antonio Magraner remarcó que «la industrialización despobló muchas regiones y la digitalización puede recuperar esa España ‘vaciada’ captando ‘nómadas digitales’.

Linares coincidió en señalar cómo la pandemia ha acelerado la digitalización: «en el teletrabajo, la medicina, la educación a distancia… pero también ha habido aspectos negativos como el agravamiento de la brecha digital o el aumento de los ciberataques. Es fundamental que las empresas puedan vender, comprar, autogestionarse y relacionarse con sus empleados y administración de manera digital”.

A continuación tuvo lugar la ponencia del notario Manuel González Meneses, sobre La seguridad jurídica entre la automatización y la agencia humana, quien señaló la importancia de nuestro sistema de seguridad jurídica “en la generación, tratamiento y conservación de la información, que está permitiendo crear y procesar una gigantesca base de datos «.

Inteligencia artificial. El último panel de debate se centró en las Reflexiones sobre el futuro digital de la sociedad. Intervinieron Ramón López de Mántaras, profesor e investigador del CSIC; Juan Pavón, catedrático de Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad Complutense; y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco.

Pavón analizó cómo las tecnologías pueden establecer «nuevas relaciones de confianza entre las personas. La IA comienza a abordar la confianza y otros aspectos como el aprendizaje automático».

Para Innerarity «vamos a un panorama de gobernanza en el que tendremos que echar mano de la IA para configurar nuestras acciones. Pero la tecnología se basa en la repetición de nuestros comportamientos, lo que oscurece las alternativas. Nuestra dignidad se basa en la ruptura, en la toma de decisiones; y la tecnología identifica nuestras experiencias e implementa mecánicamente las decisiones. En momentos de decisión o de ruptura, las máquinas sirven poco».

Para concluir, López de Mántaras se mostró crítico con los abusos de la digitalización: «Las grandes plataformas tecnológicas compiten constantemente entre ellas para captar nuestra atención. Cuanta más atención les prestamos más saben de nosotros: nuestras preferencias, nuestro comportamiento, etc., y así lo pueden monetizar obteniendo grandes beneficios. Debemos movilizarnos para evitar la manipulación de lo que pensamos y hacemos”.

Discapacidad y digitalización. La primera mesa redonda de la última jornada abordó la Discapacidad y la Digitalización. Moderada por el notario y director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas Manuel Rueda, contó con la participación de Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad; Raquel Correa, secretaria general de las juventudes de Unidad Progresista de la ONCE; y Jesús Hernández Galán, director de accesibilidad e innovación de la Fundación ONCE.

Pérez Bueno incidió en la conexión entre las ‘tres D’, «discapacidad, derechos y digitalización. Las personas con discapacidad somos un grupo social que tiene dificultades objetivas para el ejercicio de sus derechos en todos los órdenes, y la digitalización puede ser una palanca para ejercer efectivamente esos derechos. No nos vale cualquier digitalización, sino que debe estar condicionada a que sea accesible, asequible e inclusiva».

Para Rueda, «la digitalización puede suponer un elemento importante de supresión de barreras que causan la discapacidad. No obstante, para evitar que se puedan crear otras barreras hay que tener en cuenta los criterios de la Convención de la ONU sobre accesibilidad y diseño universal aplicados a los instrumentos y programas de digitalización». En relación con la reciente Ley de reforma de la discapacidad, el representante de la Fundación Aequitas indicó que «desde las notarías hemos impulsado la adaptación de nuestros medios informáticos para el apoyo de las personas con discapacidad».

«La sensibilización de la sociedad y de profesiones como el Notariado es fundamental para lograr la plena accesibilidad. Los notarios pueden asesorar y ayudar mucho a las personas con discapacidad», destacó el director de accesibilidad de la Fundación ONCE.

Correa realizó un repaso por la relación de los jóvenes con discapacidad en relación con la tecnología: «Existen problemas de accesibilidad en las herramientas virtuales que nos sirven para conectarnos en el ámbito de la educación: hay desconocimiento de la enseñanza virtual para la discapacidad -visual, auditiva…-, contenidos no adaptados, manejo poco usable que tienen como consecuencia la pérdida de información relevante. Para alcanzar un trabajo de calidad, la inclusión social y económica; el acceso igualitario y el empleo pleno se deben superar estas barreras».

A continuación, Raimundo Fortuñy, vicepresidente del CGN, pronunció la conferencia La digitalización del Notariado español, en la que recordó cómo «en 2001 se aprobó en el Parlamento una ley que revolucionó el Notariado, donde se regularon la firma electrónica avanzada para todos los notarios, un mismo sistema de comunicación entre todas las notarías, y la creación de una dirección única corporativa. Todo ello configuró el embrión de la primera sede electrónica notarial. Desde entonces se cuentan por millones las presentaciones telemáticas de copias de escrituras públicas realizadas por los notarios españoles; el Índice Único Informatizado Notarial se ha convertido en una base de datos con 130 millones de documentos notariales -grabados, no escaneados- referidos a 42 millones de personas físicas y 3,5 millones de personas jurídicas. Durante la pandemia, los notarios cursamos 30 millones de comunicaciones electrónicas», recapituló. 

Ley de Eficiencia Digital. Junto a Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la clausura corrió a cargo de Beatriz Artolazábal, consejera de Justicia, Igualdad y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y José Ángel Martínez Sanchiz.

«En septiembre esperamos que se presente la Ley de Eficiencia Digital que contemplará la transposición de la directiva comunitaria de constitución telemática de empresas ante notario; el protocolo notarial electrónico y la videoconferencia ante notario. El Notariado está preparado para asumir el reto de la transposición de dicha directiva», manifestó Puente.

La representante de Justicia añadió que «el compromiso del Ministerio es respetar el mecanismo de seguridad jurídica preventiva notarial. Este sistema anticipa los controles y es un modelo tremendamente eficaz al evitar los litigios. La tecnología es el instrumento último para realizar una función de importancia capital, que incluye el juicio de capacidad, la identificación, el asesoramiento…».

Beatriz Artolazábal aseguró que ‘la seguridad jurídica que aportan los notarios es esencial en el crecimiento económico y necesita de nuevos servicios digitales para adaptarse con eficiencia a los nuevos retos. La fe pública notarial ha experimentado un cambio de paradigma por la digitalización; nada puede suplir lo que aporta el Notariado en ámbitos como el control de legalidad, el consentimiento informado o la mediación». 

José Ángel Martínez Sanchiz señaló que “en la adaptación a la vida digital, los notarios tenemos los deberes hechos, gracias en gran medida a nuestro centro tecnológico. Ya podemos mostrar cómo constituir una sociedad limitada por videoconferencia en la sede electrónica notarial con todas las garantías y en un brevísimo espacio de tiempo, como la posibilidad, además, de que los particulares puedan disponer de la copia autorizada electrónica de su escritura en el móvil. Este es, por otra parte, el camino que se está siguiendo de cara a la trasposición de la Directiva de herramientas digitales en países como Alemania, Italia, Hungría, Bélgica o Chequia, que cuentan ya con proyectos legislativos en esa misma dirección».

«Pero también -señaló Martínez Sanchiz- hemos venido a escuchar y aprender. En este sentido, ha sido muy interesante la mesa relativa a las empresas y la digitalización, inmersas en un proceso de adaptación que les permita, sobre todo a las pymes, obtener mayor fortaleza, a la espera de los fondos europeos, de los que una partida muy importante está previsto que se destine a estos proyectos y aplicaciones digitales».

«En estas sesiones, la necesidad de conciliar la digitalización con el principio de humanidad dio entrada al planteamiento ético: por un lado, su incidencia en la propia idea de democracia, y, por otro, la digitalización y la discapacidad, en una mesa que fue verdaderamente emocionante y que abre una puerta a la esperanza, porque la digitalización puede ser un apoyo para las personas con discapacidad. Una invitación al optimismo. Escribió Leibniz que ‘en tanto Dios piensa y cuenta, crea el mundo’. Los hombres no somos dioses; las máquinas tampoco son hombres, pero los hombres pensamos y contamos, y, gracias a ello, podemos crear un mundo mejor; más humano», concluyó.

Lanzamiento de IBER@

Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), adelantó que en los próximos meses entraría en funcionamiento la plataforma IBER@ -una iniciativa puesta en marcha desde COMJIB e IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional-: «Esta herramienta permitirá perfeccionar la asistencia legal mutua en tiempo real de manera digital entre más de cien instituciones jurídicas de los 22 Estados que integran la comunidad iberoamericana. IBER@ se ha desarrollado con la tecnología de la Agencia Notarial de Certificación española (ANCERT)».

Diversos países -como Alemania, Italia, Bélgica, Austria o Chequia- ya han iniciado la transposición de la directiva comunitaria sobre creación de empresas online

Hitos tecnológicos del Notariado español

Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Notariado, citó algunos hitos alcanzados por las aplicaciones tecnológicas de los notarios en los últimos años: «La Base de Datos de Titularidad Real notarial ha salvado vidas al evitar atentados terroristas. Esta herramienta se basa en el Índice Único Informatizado Notarial que facilita todos los datos que la Administración necesita, pero salvaguardando el contenido del contrato. Nuestra empresa de tecnologías, ANCERT, acaba de obtener el certificado de AENOR para los servicios de confianza reconocidos por el reglamento europeo, lo que tienen pocas entidades y que se suma al certificado del Centro Criptológico Nacional. En otro orden de cosas, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha permitido la circulación de 400.000 documentos con una garantía total de protección desde la sede electrónica notarial. Por último, hemos contribuido a la puesta en marcha del proyecto EUDOC con el Notariado alemán para crear una red segura de intercambio de documentación. En una primera fase se han conectado los notarios españoles y alemanes, aunque con vocación de apertura al resto de Notariados europeos».

A falta de la habilitación jurídica, el Notariado español está preparado para constituir una sociedad online, mediante videoconferencia y firma electrónica

Compromiso con la discapacidad

Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, manifestó «la sensibilidad del Notariado con la discapacidad. Los notarios realizan una gran labor de asesoramiento con los ciudadanos; la Ley de discapacidad, que entra en vigor el 3 de septiembre, supondrá un reto en este sentido».

La Ley de Eficiencia Digital incorporará nuevos servicios notariales como el protocolo electrónico, la constitución online de empresas o la vídeo conferencia

Discriminación tecnológica

Jesús Hernández, director de accesibilidad e innovación de la Fundación ONCE, alertó sobre cómo «la tecnología puede ser un elemento de discriminación, por falta de accesibilidad, tecnologías disruptivas o algoritmos con sesgos. Debemos conseguir que pueda potenciar capacidades, con la robótica asistencial, la inteligencia artificial, el reconocimiento de imagen o la realidad virtual asistida».

Durante la pandemia, los notarios cursaron 30 millones de comunicaciones electrónicas

Modelo de cooperación

«Un buen ejemplo de cooperación digital entre instituciones es el convenio suscrito por el Gobierno Vasco y el Notariado para el intercambio de información por medios electrónicos”, aseguró Javier Bikandi, director de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco. «Esta iniciativa permitió implantar la conexión de datos entre la plataforma de tramitación online notarial y la sede electrónica autonómica para la transmisión de copias de las escrituras públicas tanto a los registros como a fundaciones y cooperativas».

Galería multimedia

"Seguridad jurídica y digitalización"
De izquierda a derecha: Jens Bormann, Javier Bikandi, Diego María Granados, Luis Fernández-Bravo, Álvaro Lucini, Valentina Rubertelli, Carmelo Llopis, Enrique Gil Botero, Mario Abascal, Ádám Tóth y Raimundo Fortuñy.
Inauguración
De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz (en pantalla), Raimundo Fortuñy y Enrique Gil Botero.
La digitalización en la agenda de España para el siglo XXI
De izquierda a derecha: Luis Fernández-Bravo y Javier Bikandi.
La incorporación por los Estados miembros de la directiva de digitalización de sociedades
De izquierda a derecha: Valentina Rubertelli, Jens Bormann, Ádám Tóth y Álvaro Lucini.
La digitalización de las sociedades en España
De izquierda a derecha: José Carmelo Llopis y Mario Abascal
La digitalización del sector empresarial español
De izquierda a derecha: Alberto Martínez Lacambra, Antonio Magraner, Galo Gutiérrez y Luis Fernández-Bravo
La digitalización del Notariado español
De izquierda a derecha: Manuel Rueda y Raimundo Fortuñy
Digitalización y discapacidad
De izquierda a derecha: Manuel Rueda, Luis Cayo Pérez Bueno y Jesús Hernández Galán.
La seguridad jurídica entre la automatización y la agencia humana
De izquierda a derecha: Daniel Innerarity, Juan Pavón, Ramón López de Mántaras y Manuel González Meneses
Clausura
De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz (pantalla), Sofia Puente, Beatriz Artolazábal y Segismundo Álvarez Royo-Villanova
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Mayor transparencia y seguridad jurídica de los préstamos hipotecarios

EDITORIAL

Mayor transparencia

y seguridad jurídica

de los préstamos hipotecarios

Tras dos años de andadura de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) el Notariado hace un balance positivo de su aplicación, al haber aumentado la transparencia y la seguridad jurídica de los préstamos hipotecarios.

La sensación generalizada de los notarios es que los futuros prestatarios salen satisfechos de las reuniones a solas con ellos, tras recibir toda la información y explicaciones necesarias para comprender una operación de gran complejidad, como es el préstamo hipotecario”.

Protección del consumidor
Esta ley entró en vigor el 16 de junio de 2019 con el objetivo, entre otros, de reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual del préstamo hipotecario.

En ella se garantiza el derecho del consumidor a elegir el notario que prefiera y a reunirse con él a solas para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello.

Según la experiencia notarial, en estos dos años la nueva normativa ha facilitado la elección del notario por los clientes de las entidades financieras; un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que tienen que transcurrir como mínimo 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

La experiencia muestra que estos encuentros a solas con el notario se producen, de media, entre 7 y 3 días antes de la autorización y firma del préstamo.

El notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario. En primer lugar, interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública de préstamo hipotecario. El segundo momento en el que interviene es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario.

En la primera fase, de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al consumidor toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la que debe ser en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad financiera a fin de que el consumidor le confirme que efectivamente la recibió.

Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Con la actuación en la fase precontractual del préstamo, los notarios contribuyen a su transparencia en beneficio de ambas partes y garantizando su seguridad jurídica.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario.

Actas de transparencia
Entre junio de 2019 y abril de 2021 los notarios han autorizado 677.596 actas de transparencia, frente a los 606.498 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipoteca.

En estas actas, que son gratuitas, los notarios verifican que la entidad financiera ha entregado al consumidor toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la que debe ser en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual; de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes; y de que el consumidor haya superado un test de comprensión.

Tras dos años de andadura de la Ley reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario (LCCI) el Notariado hace un balance positivo de su aplicación

El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Que el número de actas de transparencia haya sido mayor que el número de préstamos hipotecarios puede deberse a varias razones. Puede haber ocurrido que el notario autorice un acta positiva pero finalmente no llegue a formalizarse el préstamo hipotecario; o que la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) haya caducado, al posponerse la formalización de la operación (por enfermedad, viaje inesperado, accidente, problemas con la documentación de la parte vendedora, negociaciones de última hora entre las partes vendedora y compradora, etc.). También puede haber ocurrido que el acta notarial fuera negativa, lo que podría deberse, por ejemplo, a que el consumidor considerase que la oferta no reflejaba exactamente lo negociado con la entidad y acudiera a la misma para aclarar estas diferencias, con lo que habrá habido una nueva oferta de préstamo y por tanto se habrá autorizado una nueva acta que sí podrá ser positiva.

Principales consultas
Algunas de las consultas más comunes que los consumidores suelen hacer a los notarios son, por ejemplo, si hay comisión en caso de realizar reembolsos anticipados, o qué ocurre con los seguros contratados en caso de amortización anticipada total del préstamo. También les preguntan si es obligatorio contratar seguros u otros productos para obtener el préstamo o qué consecuencias se producen en caso de retraso o incumplimiento. Los notarios les recuerdan que si no quieren seguir teniendo el seguro contratado tienen derecho a obtener la devolución de la parte proporcional de prima que ya hubieran pagado. También y en relación con el pago de las cuotas, que les puede llegar sin previo aviso un requerimiento de la entidad financiera con una comisión por reclamación de cuotas impagadas (no aplicable por el mero hecho del impago, pero sí para compensar gastos en los que incurre la entidad para gestionar el cobro de la cantidad retrasada).

Habrá que esperar a que pase algo más de tiempo para que los datos y la experiencia confirmen las mejoras que esta ley ha introducido en el mercado hipotecario. Lo que sin duda puede afirmarse tras dos años de su aplicación es que las personas que contratan una hipoteca reciben hoy una información más completa y transparente, que les permite comparar escenarios y prever situaciones futuras. En el proceso cuentan, además, con más tiempo de reflexión y con la ayuda de los notarios, que ejercen una importante labor de control y asesoría, propia de su función como garantes de la legalidad y de la seguridad jurídica preventiva.

Entrevista a Gabriela Bravo Sanestanislao, consejera de la Generalitat Valenciana

EN CURSO LEGAL

Gabriela Bravo Sanestanislao,

consejera de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

«Hemos impulsado proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana»

Gabriela Bravo es consejera de Justicia desde junio de 2015. Fiscal de carrera fue, entre 2008 y 2013, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde ejerció la presidencia desde 2007 hasta septiembre de 2008. Desde hace más de seis años forma parte del equipo de Gobierno que encabeza el president Ximo Puig en la Comunidad Valenciana al frente de una de las consejerías clave, máxime en los últimos años marcados por la pandemia.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

-Lleva dos legislaturas consecutivas al frente de la Conselleria. ¿Cómo ha evolucionado en estos seis años la Justicia en la Comunidad Valenciana?
Desde la conselleria que dirijo hemos impulsado a lo largo de estos seis años proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana. Situamos a la justicia en el centro de nuestra agenda política, y ello ha tenido reflejo presupuestario que se ha visto incrementado en más de un 58%. Esto ha servido para, entre otras medidas, incrementar la planta judicial de los 398 órganos que había en 2015 a los 420 con los que acabaremos 2021 y pretendemos llegar a los 440 cuando acabe esta legislatura. También hemos multiplicado por nueve los funcionarios de refuerzo en nuestros juzgados. Además, tenemos en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales para construir, rehabilitar o reformar el 75% del parque inmobiliario judicial valenciano con una inversión de más de 200 millones de euros.

En todo caso, si he de destacar algún proyecto en concreto, creo que merece especial atención la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio público gestionado directamente por la Generalitat que se ha desplegado en la práctica totalidad de los partidos judiciales valencianos con más de 170 profesionales que ofrecen una atención integral a las víctimas en alguno de sus 33 centros y que desde 2018 ha asistido a más de 70.000 personas. También hemos dinamizado el turno de oficio para convertirlo en un auténtico servicio público con mayor apoyo presupuestario y que llegue a todos los rincones del territorio.

-Aunque la esperada justicia digital está avanzando, probablemente por los imperativos de la pandemia, aún no alcanza la eficiencia de otros servicios públicos. ¿Cuándo tendremos una Justicia propia del siglo XXI?
Antes de la pandemia diseñamos el plan de digitalización y modernización de la Administración de Justicia más ambicioso desde que la Generalitat asumió las competencias en la materia en los años 80 y que está en ejecución ahora mismo con una inversión que supera los 30 millones de euros. Entre ellos destaca la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual (llamada AUREA) que ya está en marcha y que ha supuesto la digitalización en las 490 salas de vistas valencianas y ello ha propiciado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año (casi 10.000), con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

-Desde todos los ámbitos de la Justicia se traslada la preocupación de que, una vez liberados los diques establecidos a la normativa extraordinaria provocada por el Covid-19, llegue lo que se ha denominado la “pandemia litigiosa. ¿Tiene la Comunidad Valenciana algún plan para esta situación?

El pasado 4 de enero entraron en funcionamiento los tres juzgados Covid, uno por cada capital de provincia (dos de lo Mercantil para Valencia y Alicante, y uno de lo Social para Castellón), para aliviar la carga de trabajo judicial provocada por la suspensión de los plazos procesales por la declaración del estado de alarma. En todo caso, la justicia ha de ser también motor de reactivación económica y no un obstáculo; por esa razón son tan importantes los planes de choque en este momento, en el que hay que apoyar a las jurisdicciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia y que son la civil, la mercantil y la social.

-Siempre ha sido una figura de referencia en la lucha contra la violencia de género –lo que usted ha denominado “terrorismo machista”-.
Defino la violencia de género como “terrorismo machista” porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo desde finales de los 70 y, además, en la mitad de tiempo. En la Conselleria de Justícia tenemos un programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas; más y mejor coordinación de los servicios públicos, y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. Los resultados de esta apuesta están siendo esperanzadores. Por ejemplo, en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha atendido a casi 70.000 personas desde su puesta en marcha hace tres años y, entre ellas, casi el 70% eran mujeres víctimas de violencia de género o doméstica. Y hemos ido aún más allá porque la valenciana es la primera –y hasta ahora, la única− comunidad autónoma que ha creado un espacio específico para ellas. Me refiero a la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género –que está en la Ciudad de la Justicia de Valencia– en la que mujeres policías con formación especializada, junto a psicólogas y trabajadoras sociales, atienden y acompañan a la víctima desde el primer momento. Desde que se puso en marcha hace dos años, se ha atendido y protegido a 1.132 mujeres que ya están levantando esa losa de silencio. Y este mismo año abriremos otras dos oficinas en Castellón y Alicante. A ello hay que unir nuestra lucha contra otras formas de violencia de género como es la prostitución, para cuya erradicación hemos constituido el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, para plantear medidas para la reforma de nuestro ordenamiento jurídico y que el consumo de sexo pagado sea considerado un delito.

-En su experiencia diversa en el mundo de la Justicia ha tenido relación frecuente con el Notariado. ¿Qué valor aportan los notarios a la Administración de Justicia?
El Notariado despliega una función legitimadora que se transmite a los actos y documentos que refrenda con su acción y que les otorga la presunción de veracidad, integridad y legalidad. Esta función siempre ha sido necesaria en el mundo jurídico, prácticamente desde la propia génesis del Derecho Romano, y es especialmente importante en estos tiempos en los que la pandemia ha puesto a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, de las que el Notariado forma parte esencial, podemos trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los notarios y notarias ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica.

-¿Se valora suficientemente la importancia de la seguridad jurídica?
Se debe hacer porque la seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada de algo que no lo es. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades. Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria en el que se han implicado todas las fuerzas políticas porque esta crisis nos afecta a todos y nadie puede quedarse al margen para no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.

-Por último, le ruego una confesión personal. ¿Echa de menos las responsabilidades en las instituciones nacionales?
Procuro vivir cada momento con el máximo entusiasmo y aportar lo mejor de mí misma sin perder tiempo ni energía mirando hacia atrás. La etapa de Madrid en el CGPJ fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Luego, en 2015, el president Ximo Puig me ofreció formar parte del primer Consell del Botànic y me pareció que aquella oferta era una oportunidad para poner en marcha un proyecto que situara a la Comunitat Valenciana como un referente de una justicia eficaz y eficiente; moderna en sus modos y en sus medios; que dignificara el turno de oficio como servicio público con retribuciones adecuadas para que el acceso a la Justicia se realizara en condiciones de igualdad y que los recursos económicos no fueran un factor discriminatorio y, en definitiva, que priorizara la protección y asistencia a las víctimas, en especial a las de violencia de género. Todos estos proyectos están en marcha en mayor o menor medida y, por ello, me siento muy honrada y satisfecha de formar parte de este gobierno autonómico.

“La Comunitat Valenciana es la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año”

Huella digital:

Gabriela Bravo no mantiene un perfil público en las principales redes sociales, pero sí la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ella encabeza y donde a través de la cuenta @GVAJusticia se informa puntualmente de su actividad oficial. La biografía de Gabriela Bravo está disponible en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana.

Perfil en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana
Perfil en Wikipedia

“Defino la violencia de género como ‘terrorismo machista’ porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo”

El Catastro y Justicia acuerdan incorporar las representaciones gráficas a las escrituras públicas

PRIMER PLANO

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El Catastro y Justicia acuerdan incorporar las representaciones gráficas a las escrituras públicas

A finales de marzo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, y la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda, firmaron una resolución para la incorporación de representaciones gráficas en los documentos notariales. Asimismo, la disposición articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Consejo General del Notariado.

La nueva resolución aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre los notarios y el Catastro, de forma segura y coordinada, y reduce los trámites administrativos a los ciudadanos.

Los objetivos del convenio persiguen: aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; eliminar barreras de acceso a la información; reducir costes; permitir la implicación de la ciudadanía en la actualización y rectificación de la descripción de sus inmuebles, y simplificar trámites administrativos.

En la resolución se abordan temas no resueltos en el marco legal actual, como la necesidad de incorporar a los documentos notariales un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro, que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral. Del mismo modo, se incorporan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos.

La resolución concreta la información gráfica que ha de intercambiarse entre los notarios y el Catastro y aborda temas como la coherencia documental y la representación gráfica; la subsanación de discrepancias; la modificación física de las parcelas; la ocupación en planta de las construcciones, o el intercambio de información relativa a nuevas referencias catastrales.

Herramienta clara. La resolución fue firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón.

Puente señaló que “esta resolución pone en manos de los notarios una herramienta clara, eficaz y reclamada para poder contribuir a la imprescindible y obligatoria coordinación de la cartografía registral con la realidad”.

Por su parte, De Aragón apuntó que este acuerdo aporta «un protocolo de buenas prácticas con el que podremos acometer nuevos e importantes proyectos siempre en beneficio de la sociedad”.

La Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro es, dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, el órgano directivo que tiene encomendada la formación, mantenimiento y difusión de la información catastral. Este registro administrativo depende del Ministerio de Hacienda y describe los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. La descripción catastral incluye sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran su localización, referencia, superficie, uso, cultivo, representación gráfica y titular. Existen más de 3.500 puntos de información catastral, situados principalmente en municipios y diputaciones distribuidos a lo largo de todo el territorio, en los que pueden obtenerse información, certificados y otros servicios.

Web Catastro

El acuerdo dota de mayor seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, simplifica el trámite administrativo y facilita la comunicación de información gráfica

FUNDACIÓN AEQUITAS

Acuerdo para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad

La Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado (CGN), firmaron en abril un convenio de colaboración que tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de actividades que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad.

El acuerdo fue suscrito por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Æquitas, y Almudena Castro-Girona, directora de esta última fundación.

CERMI, CGN y las fundaciones ONCE y Æquitas promoverán la defensa de los derechos de este colectivo, eliminando discriminaciones y fomentando el ejercicio de derechos en libertad e igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, se impulsará la creación de un espacio transversal (con la participación de universidades, organizaciones sociales, entidades públicas y empresas privadas) para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, fomentarán la interacción entre los operadores jurídicos y la sociedad civil para contribuir al desarrollo de políticas públicas.

Entre las líneas concretas de actuación cabe destacar las siguientes:

 – Accesibilidad Universal. Actuaciones encaminadas a dotar de accesibilidad –tanto física como jurídica– al sistema de justicia español, para garantizar el ejercicio libre e igualitario de los derechos de las personas con discapacidad. 

– Fomento del empleo. Desarrollo de programas de formación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector jurídico. 

– Encuentros y talleres. Organización de encuentros y talleres de ámbito jurídico para incentivar el estudio de los instrumentos que el Derecho ofrece para potenciar la autonomía personal y el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos.

– Toma de conciencia. Difusión de noticias y actividades conjuntas en relación con la discapacidad y los derechos humanos.

– Formación. Sensibilización de los operadores jurídicos en materia de derechos humanos y discapacidad.

 – Empoderamiento. Asesoramiento jurídico a las personas con discapacidad que lo requieran.

– Investigación. Convocatoria de un premio para fomentar las mejores prácticas, experiencias, investigaciones y actividades en materia de discapacidad y derechos humanos.

CERMI

Es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. En total, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, decidieron unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

Web CERMI
Fundación ONCE

Constituida por acuerdo del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en 1988, tiene como fines prioritarios la financiación y el desarrollo de programas que impulsen la plena inclusión social de las personas con discapacidad mediante el empleo, la formación y la accesibilidad universal.

Web Fundación ONCE
Fundación Æquitas

La Fundación Æquitas, constituida en 1999 por el Consejo General del Notariado, trabaja para mejorar la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección, como personas con discapacidad, menores, inmigrantes y personas mayores.

Web Fundación Æquitas

Entrevista a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados

CON SELLO PERSONAL

Meritxell Batet,

presidenta del Congreso de los Diputados

«Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que pudiera afectar a la representatividad de la Cámara»

Ante una de las legislaturas más complicadas de nuestra democracia, preguntamos a la actual presidenta del Congreso de los Diputados sobre esta circunstancia y sobre alguna de las facetas más relevantes de su labor.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Diputada en siete legislaturas, ministra de Política Territorial y Función Pública y ahora presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Ha roto su techo de cristal?

–Tras 40 años de avance del principio de igualdad en España, tras muchos años de políticas para la igualdad efectiva y de mejora de los servicios públicos, gracias al esfuerzo de muchas mujeres pioneras, y tras la aprobación de reformas normativas valientes y efectivas, los techos de cristal van disminuyendo en ámbitos cada vez más amplios de la proyección profesional. En la política, las mujeres de mi generación hemos tenido más fácil el desarrollo de nuestras carreras; nuestra conquista ha sido la normalidad y, en especial, la posibilidad de formar familias sin renunciar a nuestra proyección.

La igualdad entre mujeres y hombres es hoy una lucha que se plantea con especial crudeza cuando se vincula a otras discriminaciones, como las derivadas de la pobreza, la inmigración o la exclusión social. Quedan muchos techos, de cristal y de acero, que romper mediante normas y políticas ambiciosas. Y es también una exigencia en ámbitos mucho más sutiles y relevantes, en los que a veces temo que estemos retrocediendo, como la educación y las aspiraciones de nuestros jóvenes, mujeres y hombres.

–Es conocido su activismo en pro de la igualdad entre géneros. Sin embargo, en la cámara que usted preside hay una amplia mayoría masculina, con casi 200 diputados.

–En la legislatura actual, las mujeres somos 154 de los 350 diputados, un 44%. Es el segundo número más alto tras las 166 de la corta legislatura pasada, manteniendo un porcentaje por encima del 40% gracias a la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La igualdad en el Congreso pone de manifiesto la efectividad de normas antidiscriminatorias, así como la posibilidad de avanzar en igualdad efectiva en un contexto marcado por lo público y con servicios públicos desarrollados y buenos salarios. En ese marco, las barreras son fundamentalmente mentales y educativas y se van superando en el acceso a los cargos directivos de la Cámara y los grupos y, sobre todo, en la posibilidad de conciliar la carrera política con la vida personal y familiar.

Como en el caso de carreras profesionales similares en el ámbito de la Administración o la Justicia, las mejoras deben concentrarse en el acceso a las condiciones necesarias de educación y formación y en el mantenimiento e impulso de los servicios públicos que hacen posible la conciliación.

Con ese objetivo, en el ámbito de las Cortes Generales hemos aprobado el primer Plan de Igualdad, con medidas dirigidas a avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación. Pero no debemos olvidar que muchas mujeres se enfrentan cada a día a entornos laborales en los que las discriminaciones por razón de sexo son habituales. Es imprescindible que los poderes públicos sigan tomando decisiones y dictando leyes para que la sociedad avance en la igualdad de mujeres y hombres.

–¿Por qué una licenciada en Derecho y profesora de Derecho Constitucional decidió meterse en política?

–Fui representante estudiantil, miembro del claustro en mi universidad y constituí una asociación en defensa de los derechos de los estudiantes. Mi dedicación a la política, más que el resultado de una decisión, ha sido la evolución natural de una vocación muy temprana por el ejercicio de la representación en la búsqueda del interés general.

Por otro lado, el interés por el Derecho lleva casi naturalmente al debate político sobre el contenido y configuración de las normas. Y la cercanía del Derecho Constitucional al sistema político es obvia. Para mí, la Constitución es también un instrumento fundamental de transformación social que fija valores y objetivos que necesitan de desarrollo y concreción mediante la política.

–¿Cómo afronta su responsabilidad ante uno de los periodos más complejos del parlamentarismo español, teniendo en cuenta la fragmentación resultante de las últimas elecciones generales?
–Lo que define al Parlamento es el pluralismo. La expresión de ese pluralismo es esencial para poder integrar posiciones, para expresar alternativas y críticas y para conseguir que la gran mayoría de los ciudadanos vean reflejadas sus inquietudes y sus ideas en el debate público. En el Parlamento deben oírse todas las voces presentes en la sociedad, aunque nos incomoden, y quizás especialmente cuando nos incomodan. Garantizar ese pluralismo es mi función fundamental. Y la segunda, que esa expresión sea compatible con el respeto a los demás diputados y a toda la ciudadanía, algo que siempre es posible –aún en el caso de las más duras críticas–, pero que no siempre sucede.

Son los grupos y los diputados quienes deciden el contenido y el tono de sus intervenciones y quienes asumen su responsabilidad. La Presidencia puede poco más que, como decía Azaña, sonrojarse en lugar del diputado y en defensa del propio Parlamento, poner de manifiesto la necesidad de mantener el respeto y contribuir a recuperar ámbitos de acuerdo y de consenso entre los grupos.

–Respecto a la situación actual provocada por la pandemia, ¿cómo está afectando esto a la representatividad y funciones de los diputados?
–Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que la situación pudiera afectar a la representatividad de la Cámara y alterar sustancialmente el cumplimiento de sus funciones. Creo que lo hemos conseguido: el Congreso se ha reunido para ejercer sus funciones legislativas y de control parlamentario durante toda la crisis. Ha debatido y votado todas las normas de rango legal que se han aprobado y las prórrogas de las declaraciones de alarma; las comparecencias han sido constantes, mayores en número que en situación ordinaria, como también lo ha sido la tramitación de preguntas e interpelaciones al Gobierno, y actualmente se desarrollan sin excepción todas las funciones de las Cortes, tanto en Pleno como en Comisión.

El acuerdo sobre reducción de asistencia a los Plenos entre los grupos parlamentarios ha hecho posible el mantenimiento de las sesiones y, con ellas, de las funciones parlamentarias. Se ha generalizado la votación telemática en el Pleno, lo que mantiene totalmente la representatividad de la Cámara.

Pero el trabajo parlamentario necesita el máximo posible de contacto y diálogo, dentro y fuera de las sesiones, y el trato personal entre los miembros de la Cámara facilita el desarrollo de la actividad parlamentaria y un mejor resultado de la misma, por lo que espero recuperar la plena asistencia de diputados y diputadas en cuanto sea posible.

-¿Qué se puede hacer para acercar esa actividad parlamentaria a los ciudadanos? Muchas veces solo trascienden un momento de tensión o una anécdota…
–Fundamentalmente hacerla bien, útil y efectiva para cumplir sus funciones, que son la exposición de alternativas y la discusión de acuerdos, tanto a nivel legislativo como de control del Gobierno. Aunque algunos medios pueden destacar los momentos de tensión y desacuerdo, los ciudadanos pueden seguir la actividad parlamentaria y obtener una imagen real de la misma: toda la actividad de Pleno y Comisión es pública y está disponible en la página web del Congreso. Los medios, más allá del titular, informan de los debates y los resultados del trabajo parlamentario, que arroja siempre espacios de enfrentamiento, pero también espacios de acuerdo.

Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad encuentran expresión y debate en el Congreso, y para ello trabajan también todos los grupos parlamentarios.

–No obstante, también ha descendido la actividad legislativa. ¿Tiene prevista la Mesa de la Cámara la adopción de alguna medida para recuperar esta labor?
–Los años 80 y 90 fueron años de gran actividad legislativa, pues había que construir un sistema democrático y adoptar numerosas reformas. Hoy ese trabajo fundamental está hecho. Contamos con una base normativa estable, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones y actualizaciones, lo que debería llevar a una reducción natural del número de normas tramitadas y a concentrarse en ámbitos nuevos o que exigen reformas importantes.

Es cierto que, más allá de la actual crisis sanitaria, en los últimos diez años se ha producido una creciente sustitución de la ley por el decreto-ley. Es también cierto que esa deriva podría afectar a estándares de pluralismo y calidad legislativa y creo que sería bueno revisar esa tendencia. Pero soy consciente de que para ello debemos esforzarnos también en conseguir un procedimiento legislativo que permita afrontar cambios legislativos de una forma más ágil.

–En diciembre de 2018 celebramos el 40 aniversario de la Carta Magna… Desde su conocimiento del Derecho Constitucional, ¿goza nuestra Constitución de buena salud?
–La salud de la Constitución es la de todos. Hemos gozado de buena salud en la España democrática gracias a la buena salud de nuestra Constitución y su efectividad en estos más de 40 años.

Mantener esa buena salud es una tarea fundamental para todos; la salud de las constituciones se mide en su capacidad de integración, en que la gran mayoría de los ciudadanos vea reflejada en ella sus valores, sus prioridades y sus inquietudes, y globalmente se reconozca en sus normas y objetivos.

Que la Constitución no haya necesitado de reformas relevantes es mérito de quienes la redactaron. Para estar a su altura a nosotros nos toca detectar las fisuras que se generen sobre sus consensos fundamentales o las demandas de alcanzar nuevos acuerdos propios de nuestro tiempo, cuando estas existen. Ciertamente, me preocupa que en nuestro país, como en muchos otros de nuestro entorno, cada vez parezca reducirse la amplitud e intensidad de esos consensos sociales y políticos, hasta el punto de producirse intentos de patrimonialización partidista de la Constitución.

Pero no cabe duda de que ya en su redacción actual encontramos esa eficacia integradora capaz de incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías, a un sistema de derechos y libertades y, en definitiva, a un proyecto de convivencia.

–Nuestra Constitución reconoce como uno de los valores superiores la seguridad jurídica. Los notarios tienen atribuida la función de evitar, con carácter preventivo, que tal valor se vea conculcado. Usted, que es jurista, ¿cómo valora su función?
–La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial, han hecho efectiva. Mantener esa seguridad resulta más difícil cuando las normas son menos estables y pretenden también introducir nuevos valores y consideraciones en las relaciones entre particulares. Esa nueva generación de normas nos plantea un reto tanto al legislador como a quien debe aplicarlas, y en especial al notario en su función de garantía: todos debemos esforzarnos para adaptarnos a esa nueva realidad, pues combinar la fuerza transformadora del Derecho y la seguridad jurídica exige un compromiso personal y responsable de cada uno: del legislador, para conseguir normas claras a la vez que matizadas; y de los operadores jurídicos, para tomar en consideración, en su aplicación, las variables que prevé la propia Ley. Los notarios acreditan cada día su capacidad para ello. Los legisladores debemos ser también capaces de hacerlo.

«La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial han hecho efectiva»
Huella digital

LA presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, tiene sus propios perfiles oficiales en las redes sociales Facebook (facebook.com/BatetMeritxell) y Twitter (@meritxell_batet), donde publica temas relacionados tanto con su propia agenda como con la actividad parlamentaria. Sobre la programación y actividad de esa Cámara se puede seguir la cuenta oficial en Twitter (@Congreso_Es) y consultar su página web.

Web Congreso de los Diputados
«Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad
encuentran expresión y debate en el Congreso»