La presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, Valentina Rubertelli, inauguró la sesión de la Academia Notarial de la Comisión de Asuntos Europeos, destacando “el papel del notario en la formación de pactos de convivencia o cohabitación, como funcionario público, asesor familiar y profesional”.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, puso en valor el compromiso del Notariado español en establecer lazos con el Notariado internacional, destacando como principal objetivo “mantener un vínculo cercano con la sociedad, ofreciendo asesoramiento y seguridad jurídica y atendiendo a sus necesidades”. Además, Marín hizo alusión a las uniones no matrimoniales y a “la dispersión que hay tanto en España, en las distintas comunidades autónomas, como en Europa” y señaló que “lo fundamental en esta cuestión es plantearse qué instituciones son necesarias en esta materia y qué alcance deben tener.”

Análisis en profundidad. La directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Catalunya, Inmaculada Barral, señaló que “este encuentro nos permitirá analizar la situación de las parejas no matrimoniales en profundidad, ver cómo se regula en los distintos países y si esas soluciones son aplicables a nuestro entorno, teniendo en cuenta que cada lugar cuenta con unas regulaciones que están adaptadas a su ciudadanía”.

LOS PARTICIPANTES EN ESTE ENCUENTRO EXAMINARON LAS UNIONES NO MATRIMONIALES, ANALIZANDO LAS DIFERENCIAS LEGALES ENTRE PAÍSES

Finalmente, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, José Ignacio González Álvarez, en representación del Consejo General del Notariado, puso de manifiesto que “en España existen 15 legislaciones distintas en esta materia. Solo en 2023 se registraron más de 36.000 acuerdos de pareja de hecho en España”, un dato que muestra la tendencia de la sociedad actual.

Situación europea. El tema central del encuentro de la Academia Notarial Europea de la Comisión de Asuntos Europeos fue Parejas no matrimoniales en Europa: uniones de hecho, uniones civiles y uniones registradas. En este contexto, los representantes del Notariado internacional examinaron las diversas formas de uniones no matrimoniales, analizando las diferencias legales entre los países y proponiendo áreas donde hay espacio de mejora.

Así, entre las parejas no matrimoniales se incluyen las uniones de hecho, las relaciones estables no formalizadas que pueden tener derechos y obligaciones similares al matrimonio en ciertos países; las uniones civiles, que proporcionan un reconocimiento legal formal con derechos equiparables al matrimonio en temas como herencia y seguridad social; y las uniones registradas, inscritas oficialmente y dotadas de un marco legal claro y específico.

En la conferencia inaugural, la profesora titular de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, Esperança Ginebra Molins, destacó los distintos modelos que existen en materia de uniones no matrimoniales y su pluralidad de expresiones. Tras ello, la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universitat de Barcelona, Cristina González Beilfuss, intervino con su ponencia Uniones civiles y uniones registradas: perspectivas de Derecho internacional privado.

Después, en una mesa redonda moderada por la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, las autoridades notariales abordaron las diferencias legislativas de las uniones no matrimoniales entre sus respectivos países, con la participación de Gianfilippo Laurini como representante de Italia; Hana Hoblai, procedente de Croacia; Alain Deliège, de Bélgica; Christina Chatzidandi, de Grecia; y como representante de Letonia, Ilze Metuzāle.

Iglesias hizo hincapié en el hecho de que “ante el panorama legislativo actual tanto en la Unión Europea como a nivel nacional y autonómico, los notarios debemos velar por la aplicación del derecho vigente. Además, teniendo en cuenta la situación en Cataluña y en España, son muchas las cuestiones que nos podemos plantear; y para eso resulta de especial interés la calebración de estas jornadas. Cada país cuenta con elementos en común, pero también con muchos otros aspectos diferenciadores que pueden propiciar el debate y llegar a conclusiones que sean favorables para todos los países”.

ITALIA REGULÓ LAS UNIONES CIVILES PORQUE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS LA CONMINÓ A RECONOCER LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

Conclusiones. Finalmente, la catedrática de la Universidad de Barcelona, Elena Lauroba, hizo una síntesis de las intervenciones anteriores. Así, destacó cómo en buena medida, “las regulaciones surgen de la problemática de cada país y de las necesidades e idiosincrasia de su sociedad. Por ejemplo, Italia ha regulado las uniones civiles, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la conminó a procurar algún reconocimiento a las parejas del mismo sexo y Letonia no ha regulado las uniones de hecho hasta este año”.

Por otro lado, la catedrática insistió en “las simetrías y diferencias con la institución del matrimonio, y si cabe mantener una regulación de parejas cuando se regula el matrimonio para todos. De hecho, cuando Alemania reguló el matrimonio homosexual, eliminó la regulación de las parejas, y Suiza ha hecho lo propio recientemente. El debate está abierto, y es especialmente relevante en un momento en que la sociedad está envejeciendo y es previsible que las personas tengan una sucesión de relaciones que quepa calificar de ‘uniones’”.

EN ESTOS ENCUENTROS SE TRATARON ASPECTOS COMO LA DESJUDICIALIZACIÓN, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desjudicialización. En la sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) se abordaron temas fundamentales de derecho comparado e internacional privado. En particular, aspectos como la desjudicialización, la seguridad jurídica y la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito notarial. Las autoridades notariales presentaron estudios al respecto, que permitirán valorar los progresos realizados hasta la fecha y anticipar los próximos pasos a seguir.

En la inauguración de la sesión, la presidenta de la CAE, Valentina Rubertelli, en agradecimiento a José Alberto Marín, por su implicación y apuesta por el Notariado internacional, le hizo entrega de la bandera de la Unión Internacional del Notariado (UINL). Por su parte, el decano destacó “el continuo aprendizaje gracias al intercambio permanente con los distintos notariados”. También puso de relieve la importancia del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, uno de los más importantes del mundo junto al de París y Génova, así como el papel del Centro Tecnológico del Notariado, cuya sede principal se ubica muy cerca de la ciudad condal. Finalmente, puso en valor la importancia de la seguridad jurídica que otorgan los notarios a todos los ciudadanos.

Muchos se quedaron sorprendidos ante la franqueza del entonces futuro comisario europeo de Defensa y Espacio con sus declaraciones a la agencia Reuters en septiembre. Andrius Kubilius, que todavía no había sido ratificado por el parlamento comunitario en un cargo de nueva creación, había planteado que la UE debería prepararse para una posible guerra directa con Rusia antes de diez años.

“Los ministros de Defensa y los generales de la OTAN coinciden en que Vladimir Putin podría estar listo para la confrontación con la OTAN y la UE en seis u ocho años, no nos queda mucho tiempo. Y esto significa que debemos tomar decisiones rápidas y ambiciosas”, dijo Kubilius.

Sin embargo, una cosa es la voluntad del mandatario y otra muy distinta que recabe el apoyo que necesita entre los Estados miembros, incluso cuando hay multitud de frentes geopolíticos que también justificarían una ampliación de las capacidades militares. Parece claro que, si la UE quiere ser una superpotencia global, ya no solo a la altura de Estados Unidos sino también de China en el siglo XXI, eso pasa por que sus tropas e industria militar sean comparables.

TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA EN 2022, ACABAREMOS ESTE AÑO CON ESTADOS INCUMPLIENDO EL UMBRAL DEL 2% DE GASTO EN DEFENSA AL QUE SE COMPROMETIERON

Iniciativas de la UE. Sin ir más lejos, a principios de este mismo año, la UE tuvo que ‘improvisar’ Eunavfor Aspides, una operación de seguridad marítima en el Mar Rojo y el Golfo. La UE depende, como China o Estados Unidos, de las mercancías que atraviesan la región y los ataques hutíes ‘obligaron’ a Bruselas a lanzar una iniciativa para escoltar a los buques, defenderlos de las agresiones y que no tuvieran que sufrir “un retraso de 100 días, que son los que se necesitan para hacer que los cargueros atraviesen el Cabo de Buena Esperanza en vez del Canal de Suez”, según advierte Ángel Saz-Carranza, director del Centro de Economía Global y Geopolítica, EsadeGeo.

Sin embargo, estas iniciativas ocasionales se parecen poco a las reformas permanentes que Kubilius persigue y que se presentan difíciles según los precedentes. Después de que Rusia invadiera por primera vez Ucrania en 2014, los miembros de la OTAN, una organización mayoritariamente europea, acordaron por unanimidad gastar al menos el 2% de su PIB anual en defensa antes de 2025. ¿Qué ha sucedido? Pues que los analistas prevén que, incluso después de la nueva y mucho más brutal invasión de Ucrania en 2022, acabaremos este año con un tercio de los Estados incumpliendo el umbral de gasto al que se comprometieron.

Hitos. El comisario europeo de Defensa y Espacio no solo tiene como prioridad que todos los miembros de la UE lleguen a ese 2%, sino también que avancen desde ahora hasta 2030 en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la estrategia industrial europea de defensa.

Y entre ellos destacan, por ejemplo, que los Estados comunitarios compren coordinadamente como mínimo el 40% de los equipos de defensa, gasten al menos la mitad del presupuesto de sus contratos públicos de defensa en productos europeos y comercialicen, como mínimo, el 35% de los productos de defensa solo entre países de la UE.

A cambio de ese esfuerzo, Bruselas prometió en marzo 1.500 millones de euros en financiación mediante el Programa para la Industria de Defensa; en abril, el Banco Europeo de Inversiones pidió que le permitieran que la mitad o más de los proyectos que financia pudieran ser militares y, ya en octubre, este banco y la Agencia Europea de Defensa anunciaron una cooperación reforzada en la financiación de proyectos militares con la asistencia del Fondo Europeo de Inversiones.

LOS ENVÍOS DE LA UE A UCRANIA LLEVAN MESES PARALIZADOS POR EL BLOQUEO DE HUNGRÍA

Notables e insuficientes. Álvaro Silva Soto, subdirector del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, reconoce “que los últimos esfuerzos comunitarios son notables históricamente”. Sin embargo, apunta, “resultan insuficientes para que Europa dé el gran salto adelante de poder defenderse sola a medio plazo”. Y eso incluye, probablemente, los seis u ocho años en los que Andrius Kubilius quiere que el Viejo Continente sea capaz de medirse con Rusia.

La UE, aclara Silva Soto, “seguirá recurriendo a la presencia de las tropas americanas; la OTAN seguirá coordinando muchas veces a los ejércitos europeos y el paraguas nuclear de Estados Unidos seguirá siendo fundamental”. Otra cosa, matiza, “es que asumamos cada vez más porciones de nuestra defensa común y del sostenimiento de la OTAN y que nos adaptemos más rápido a una realidad innegable: Washington necesita en su competición con China parte de los recursos militares que, hasta ahora, le había dedicado a Europa”.

JOSEP BORRELL: “TENEMOS 6.000 MILLONES QUE HAN PUESTO LOS ESTADOS MIEMBROS Y NO LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE HAY UN PAÍS QUE SE OPONE”

De todos modos, tampoco será este un camino fácil. Washington quiere que Europa asuma parte de la carga que le supone la OTAN pero desea, al mismo tiempo, continuar liderando la organización de forma abrumadora y que sus miembros le compren sus armas en vez de producir las suyas. Por otra parte, el ritmo de las decisiones comunitarias es casi imposible de predecir.

Y para muestra un botón. La UE necesita unanimidad para tomar decisiones sobre la gestión del fondo mediante el que los Estados miembros cofinancian las armas que envían a Ucrania y los envíos llevan meses paralizados por el bloqueo de Hungría.

Es más, el alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, reconoció en octubre a la agencia EFE que en la UE “estamos rompiéndonos la cabeza para intentar encontrar una solución que evite este bloqueo un poco absurdo, porque tenemos 6.000 millones que han puesto los Estados miembros, están en caja, y no los podemos utilizar para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania porque hay un país que se opone”.

Andrius Kubilius se va a encontrar como comisario europeo de Defensa y Espacio con muchas dificultades como las de Borrell. ¿Podrá superarlas haciendo que la UE avance al galope en su capacidad para defenderse? ¿Y qué sucederá si no es así cuando, en menos de diez años, Rusia pueda enfrentarse a Europa en una guerra abierta?

Hay pocos expertos más sobrios y ponderados que el ex presidente del BCE Mario Draghi. Y sus palabras fueron muy reveladoras hace pocos meses: la UE no se estaba tomando en serio la competencia extranjera en un mundo en el que sus rivales económicos ya no jugaban “según las reglas”.

El manual clásico de la globalización liberal tras la Guerra Fría, con excepciones y zonas grises sobre todo en materias como fiscalidad transnacional, ha ido dejando paso a un modelo cada vez más definido por la intervención abrumadora de las grandes potencias en la promoción de sus campeones e industrias nacionales en sectores críticos.

Un ejemplo reciente de esto es la transición ecológica en general y la movilidad sostenible en particular. Si, en 2009, China solo vendía 500 vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés) en su territorio, en 2022 y más de 29.000 millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales después, ya comercializaba en su territorio más de seis millones de unidades y concentraba más de la mitad de la demanda mundial. Y no es solo eso: el gigante asiático ha catapultado sus exportaciones de EV en más de un 70% en los últimos dos años, algo que ha atizado la respuesta de Washington.

Mayores aranceles

Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que supuestamente iba a desescalar la “guerra comercial” de su predecesor con Pekín, anunció en mayo unos aranceles que incluyen el 100% para los vehículos eléctricos importados del gigante asiático y el 50% para los componentes de placas solares hasta 2026. China, que siguió una estrategia parecida en el sector fotovoltaico a la de los EV, produce hoy el 86% de toda la energía solar fotovoltaica global.

ESTADOS UNIDOS AVENTAJA A LA UE EN ÁREAS TAN CRUCIALES COMO TECNOLOGÍAS ESPACIALES, BIOTECNOLOGÍA SANITARIA, COMPUTACIÓN CUÁNTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Unión Europea, en un contexto en el que se esperaba un diluvio de vehículos eléctricos del gigante asiático ante el cierre de facto del mercado estadounidense, fue la última en mover, una vez más, sus peones. En agosto, la Comisión propuso unos aranceles sobre los EV chinos durante los próximos cinco años que irían del 17% como mínimo a poco más del 36% como máximo dependiendo de las marcas afectadas cuando, hasta ahora, se habían mantenido en un 10%.

Esa propuesta quedaba sujeta a negociación con Pekín y con los miembros del bloque comunitario, que deberían aprobarla en su forma definitiva antes de noviembre. También cabe recordar que los coches Tesla fabricados en China “disfrutarían” de un arancel privilegiado del 9%, porque el lugar de procedencia de la marca es Estados Unidos.

EL MANUAL CLÁSICO DE LA GLOBALIZACIÓN LIBERAL TRAS LA GUERRA FRÍA HA IDO DEJANDO PASO A UN MODELO CADA VEZ MÁS DEFINIDO POR LA INTERVENCIÓN

Mucho más que coches

Lo que está sucediendo ahora con la movilidad sostenible se puede extender fácilmente a otros sectores, como advirtió el economista-jefe del Centre for European Reform, en una reflexión de urgencia en la red social X en agosto. Según Sander Tordoir, China ha paliado la pérdida de empleo, derivada del estallido de su burbuja inmobiliaria en 2023, híper-estimulando la producción no solo de vehículos eléctricos, sino también de chips, productos químicos y maquinaria… y canalizando toda la sobreproducción hacia unas exportaciones fuertemente subvencionadas.

Eso, apunta Tordoir, podría poner en peligro los 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia y llevar al bloque comunitario a perder más ocupaciones industriales de las que perdió Estados Unidos en su desindustrialización con China a principios del siglo XXI.

En estas circunstancias, todas las miradas se han vuelto sobre Bruselas. Y las dudas sobre su capacidad de reacción no son pocas, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años en su competición con Estados Unidos, que es una potencia mucho más comparable que China.

Si una de las claves de los elevados niveles de vida comunitarios son los estados del bienestar, la otra podría ser perfectamente la renta per cápita (RPC) que los financia. Pues bien, según Eurostat, la RPC estadounidense habría crecido el doble que la europea desde 1993 hasta 2022 y, según el Banco Mundial, Estados Unidos habría ampliado su ventaja en renta per cápita sobre la eurozona en más de un tercio durante las últimas dos décadas.

Pero los problemas no terminan ahí. Según un informe de DigitalEurope, la UE solo lidera dos de los ocho grandes sectores tecnológicos (conectividad avanzada y fabricación aditiva) que definirán la economía del futuro y China ya se habría convertido en el campeón mundial en innovación energética gracias, sobre todo, a su apuesta por la solar fotovoltaica.

Mientras tanto, Estados Unidos nos aventajaría en áreas tan cruciales como tecnologías espaciales, biotecnología sanitaria, semiconductores avanzados, computación cuántica e inteligencia artificial. En estos momentos, según las cifras de la OCDE, el volumen de inversión del capital riesgo en inteligencia artificial en Estados Unidos multiplica por más de ocho la de la Unión Europea.

LA UE SOLO LIDERA DOS DE LOS OCHO GRANDES SECTORES TECNOLÓGICOS: CONECTIVIDAD AVANZADA Y FABRICACIÓN ADITIVA

Claves de la remontada

Los expertos coinciden en que la remontada comunitaria necesitaría avanzar en las recomendaciones que presentó el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe de abril. Según Letta, sería necesario suscribir un Pacto Europeo por la Competitividad que extendiera el mercado común a la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.

Dentro de la parte financiera, habría que dar pasos hacia la integración de los mercados de capitales en línea con el esfuerzo iniciado en 2014 y, al mismo tiempo, Bruselas debería tener, según el informe, cada vez más que decir en la coordinación de ayudas públicas concretas a sectores críticos y que ya están recibiendo enormes subsidios o ventajas fiscales no solo en China… sino también en Estados Unidos con la reciente Inflation Reduction Act, que ha movilizado 350.000 millones de dólares para impulsar, entre otras, la transición ecológica.

De todos modos, aunque Europa se juega mucho y Hungría se ha comprometido a implementar durante estos meses de su presidencia europea un pacto por la competitividad, lo cierto es que hoy sigue siendo una mera declaración de intenciones que comparten sobre el papel los 27 miembros de la Unión con notables discrepancias en aspectos como la integración del mercado de capitales o el aumento del poder de Bruselas sobre las ayudas públicas a empresas y sectores críticos. ¿Seremos capaces de pisar el acelerador?

El Parlamento Europeo aprobó en febrero con el apoyo abrumador de sus miembros un reglamento crucial que entró en vigor a finales de mayo. Este reglamento, que contó con 335 votos a favor y tan solo 190 en contra, es un paso clave hacia la creación de una aplicación móvil con forma de cartera digital (wallet) que emitirán para cada usuario las autoridades de los Estados miembros y que será reconocida en toda la UE. Las primeras versiones estarán disponibles en distintos países comunitarios a partir de 2026.

El enorme peso geopolítico europeo y la creciente necesidad de fórmulas parecidas en otras grandes potencias sugieren que los estándares del Viejo Continente acabarán aceptándose en otras circunscripciones. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ya anunció el pasado 30 de abril en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) que había firmado un memorándum con su homólogo japonés para que la identidad digital europea fuese interoperable con la nipona.

Aplicación móvil

Esta cartera europea se descargará voluntariamente en un dispositivo electrónico (un teléfono, una tableta…) con la forma de una aplicación móvil. El gran objetivo comunitario es que sirva para almacenar y compartir credenciales verificadas oficialmente, como pueden ser, en el caso de los ciudadanos, la edad, el carné de conducir, el pasaporte, las cualificaciones educativas o las recetas médicas. La app también podrá utilizarse como firma electrónica o repositorio de tarjetas bancarias. Las administraciones públicas quieren utilizar estas aplicaciones también para prevenir el fraude.

Los usuarios, tanto empresas como personas, podrán o no instalarse la aplicación, aunque ciertamente será más difícil resistirse si la adopción se vuelve masiva. Según la firma de análisis ABI Research, las apps ‘en circulación’ podrían pasar de casi 170 millones en 2026 a más de 300 millones tan solo cinco años después. Y aquí es donde pueden presentarse importantes desafíos.

LA CARTERA DIGITAL EUROPEA SE DESCARGARÁ VOLUNTARIAMENTE EN UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO(UN TELÉFONO, UNA TABLETA…) CON LA FORMA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL

Carrera de obstáculos

Para empezar, muchas de las apps se concentrarán durante algún tiempo en los Estados más avanzados tecnológicamente (Bulgaria, Croacia o Rumanía se encuentran bastante menos digitalizados que Francia o Estonia, por ejemplo), por lo que existirán disparidades nacionales considerables que afectarán a viajeros y empresas transnacionales.

En segundo lugar, a principios de la próxima década, la Comisión Europea espera una cobertura del 80% del mercado, algo que puede poner en dificultades a las poblaciones envejecidas y vulnerables del interior de los propios países. Según un informe reciente de UGT, más de 14 millones de españoles ni siquiera saben en qué consiste la banca online.

El perfil de la población o el ritmo de adopción pueden animar a los Estados a emitir wallets con distintas funcionalidades, y sus características se diversificarán aún más con las propias preferencias de los negocios, los ciudadanos y los residentes comunitarios, que son los que deberán elegir no solo las credenciales que quieren llevar en su aplicación, sino también las que prefieren revelar cada vez. Por ejemplo, podremos acreditar la edad, pero no la identidad en algunos sitios web o podremos compartir los datos que nos avalen como buenos inquilinos ante caseros o plataformas de alquiler, sin que tengamos que proporcionar en ese mismo momento el número del DNI o la tarjeta de crédito.

Otro gran desafío será la seguridad que blinde la privacidad y protección de unos datos tan sensibles para los usuarios y negocios no solo frente a las grandes tecnológicas o los hackers, sino también ante el posible abuso de las instituciones.

HAY 4 PROYECTOS PILOTO EN MARCHA EN LOS QUE COLABORAN MÁS DE 250 EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES DE NORUEGA, ISLANDIA, UCRANIA Y 25 ESTADOS EUROPEOS

Confianza y usabilidad

Las autoridades comunitarias prometen que, a través del panel de privacidad de las carteras, “los usuarios podrán tener el control total de sus datos y podrán solicitar su eliminación”. En paralelo, la app será de código abierto para “fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad” y “también se establecen normas estrictas para el registro y la supervisión de las empresas implicadas con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad”.

La confianza, la usabilidad y la credibilidad van a ser ingredientes fundamentales para el éxito de la nueva identidad digital europea. Y aquí el diseño y la reputación de la app comunitaria, que recordemos que será de descarga voluntaria, tendrán que medirse con rivales tan poderosos, experimentados y populares como Google. La UE lanzó en abril del año pasado cuatro proyectos piloto de 45 millones de euros. Y ahí están probando, desde entonces, las wallets en escenarios de la vida real con la participación de más de 250 empresas privadas y autoridades públicas de 25 Estados miembros, así como Noruega, Islandia y Ucrania.

EL GRAN OBJETIVO COMUNITARIO ES QUE SIRVA PARA ALMACENAR Y COMPARTIR CREDENCIALES VERIFICADAS OFICIALMENTE

Como se ve, quedan muchas incógnitas por despejar para la identidad digital europea y algunas, como la reacción de las grandes tecnológicas estadounidenses que vean amenazado el acceso gratuito a los datos de sus usuarios, ni siquiera dependen totalmente de ella. Por eso, nos esperan años interesantes en los que personas y empresas deberán tomar muchas decisiones sobre lo que quieren guardar, compartir y proteger.

Los números no son amables. Los casos de sarampión comenzaron a aumentar en la Unión Europea el año pasado, aunque se concentraron sobre todo en Rumanía, Liechtenstein, Austria, Bélgica y Estonia. Desde marzo de 2023 se han notificado más de 6.000 diagnósticos, una cifra que la Comisión Europea considera preocupante.

Riesgo para los bebés

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), la población más expuesta son los bebés menores de un año, porque todavía no pueden vacunarse y debería ‘protegerlos’ la inmunidad de un entorno que sí hubiera recibido las dos dosis de la vacuna del sarampión. Los expertos admiten que ya existen víctimas mortales, aunque los fallecimientos representen una tímida minoría.

La tosferina también está dando quebraderos de cabeza a las autoridades comunitarias. Aunque no se han publicado estadísticas europeas actualizadas, todo apunta a que el incremento está siendo significativo. En marzo se confirmó que España atraviesa el peor brote epidémico desde 2015 y, a modo de ejemplo, si el informe del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la tercera semana de marzo del año pasado recogió cuatro casos, el de este año ya recogía casi 900 diagnósticos en nuestro país.

DESDE MARZO DE 2023, SE HAN NOTIFICADO MÁS DE 6.000 DIAGNÓSTICOS DE SARAMPIÓN EN LA UE, CIFRA QUE LA COMISIÓN EUROPEA CONSIDERA PREOCUPANTE

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reconoce, no obstante, que se trata de una infección contagiosa que, incluso en aquellos países con una alta cobertura de vacunación, registra brotes cada tres o cinco años. Además, el ECDC matiza que el incremento que vemos en las cifras de hoy se debe en parte a la anormal falta de circulación de la infección por las restricciones a la movilidad y las extraordinarias medidas de prevención de la pandemia. En varios países europeos, los casos de 2023 y 2024 ya son diez veces más abundantes que los de 2021 y 2022.

Luis Ortigosa, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de España, recuerda que “nuestro país ha pasado de inmunizar contra siete enfermedades a inmunizar contra 16 mediante el calendario sistemático de vacunación que se puso en marcha en 1985 y que, como vemos, no ha dejado de ampliarse”. Otro de los grandes éxitos del programa, añade, “es que hace años que el 95% de los niños está vacunado, lo que nos ha permitido crear una inmunidad de grupo que también protege a los pocos que no se vacunan”.

Sin embargo, eso no significa, señala Ortigosa, que “muchas de las enfermedades, como ha ocurrido con la viruela, se hayan erradicado o hayan desaparecido para siempre, sino que —como ha sucedido con el sarampión, la tosferina, el tétanos o la difteria— hemos conseguido contenerlas en niveles mínimos y hemos eliminado la inmensa mayoría de los casos autóctonos”.

En consecuencia, lo que vemos ahora mismo, añade, es que “el origen de la mayoría de los brotes que están surgiendo en España provienen de personas extranjeras que o no habían podido inmunizarse en su país o que, como sucede más en Europa, habían preferido no hacerlo por motivos religiosos o por unas teorías de la conspiración que aprovecharon la pandemia para exagerar o inventar graves efectos secundarios para las vacunas”.

ESPAÑA ATRAVIESA EL PEOR BROTE EPIDÉMICO DE TOSFERINA DE CASI LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, SEGÚN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Tendencias negativas

Aunque la cobertura de vacunación general europea, según la Organización Mundial de la Salud, continúa en un saludable 94% de la población infantil, lo cierto es que, en los últimos tres años, casi dos millones de niños no se han inmunizado contra el sarampión. Y eso ayuda a explicar por qué hubo 60 veces más casos en 2023 que en 2022. La cobertura general de la población infantil de Reino Unido a los cinco años se encontraba en el 93,2% en 2022/2023, su nivel más bajo en casi 15 años según las últimas estadísticas publicadas por su sistema nacional de salud. Londres es el único de los nueve territorios británicos con una tasa inferior al 90%.

Existen otros indicadores que también empiezan a ser inquietantes. Según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, la encuesta que toman como referencia las autoridades comunitarias, la confianza en las vacunas es relativamente baja y lleva descendiendo desde 2018 en Holanda, Letonia y Lituania. Por su parte y también desde 2018, Croacia, Hungría, Lituania y Holanda cada vez creen menos en la vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Entre 2020 y 2022, la mayoría de los países comunitarios perdió confianza en la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Además de las diferencias entre países, también existen grandes diferencias entre grupos de edad. La población de entre 18 y 34 años cree menos en las vacunas que la población de 65 años, y su confianza se erosionó entre 2018 y 2022. Como los hijos se suelen tener antes de los 35 años, algunos expertos temen que algunas familias jóvenes del Viejo Continente estén empezando a dejar de vacunarlos.

Eficaces y seguras

Finalmente, según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, los profesionales sanitarios en países como Francia, Grecia y Eslovaquia confían cada vez menos en las vacunas, aunque una mayoría abrumadora, en la Unión Europea siga creyendo que son eficaces y seguras. Parte de esa incipiente desconfianza podría estar relacionada, según algunos estudios, con el creciente escepticismo entre los profesionales ante las autoridades sanitarias y las prácticas de las compañías farmacéuticas.

Luis Ortigosa cree que “nada de lo ocurrido hasta ahora debería llevar en ningún caso al alarmismo, sino a la precaución y la concienciación, muy especialmente, de la población adulta”. Hay adultos de más de 40 años, afirma, “que no saben todo lo que ha avanzado el calendario de vacunación en las últimas décadas y que podrían estar mejor inmunizados”. Y brotes increíbles como el de la tosferina, inéditos en España en los últimos 15 años, son una buena ocasión para recordarlo y acercarse a preguntar al ambulatorio.

“Uno para todos, todos para uno”, parece ser la intención que subyace en el espíritu de la legislación para tratar de meter en cintura la elusión fiscal que practican algunas multinacionales y grandes empresas aprovechando su dimensión y huella geográfica.

La idea es poner orden en la selva impositiva, donde los países compiten al ofrecer impuestos a la medida (léase a la baja) para captar inversiones en sus respectivos territorios en detrimento de otros Estados. Una estrategia administrativa que drena recursos tributarios en los mercados donde se produce la actividad comercial y concentra, en forma de maná, el pago de tasas en áreas privilegiadas. Además, supone una evidente desventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, excluidas de esta especie de juego del trilero fiscal al alcance sólo de las grandes corporaciones.

Un poco de historia

Para cambiar esta dinámica, desde el pasado 1 de enero, han entrado en vigor varias normativas comunitarias que introducen un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% paras las multinacionales con actividades en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El objetivo de esta nueva legislación es obtener una mayor ecuanimidad y estabilidad impositiva en un mundo interconectado, tanto en el ámbito comunitario como global. De hecho, esta senda se inició hace años con las recomendaciones emitidas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Fruto de ello, la UE adoptó medidas para convertir lo anterior en derecho comunitario, de cara a luchar contra la planificación fiscal agresiva en su mercado interior. De esta manera, aprobó sendas directivas: UE 2016/1164 y UE 2017/952, de 12 de julio de 2016 y 29 de mayo de 2017, por las que se establecían normas para evitar la elusión fiscal y se legislaba en materia de asimetrías híbridas con terceros países, respectivamente. Posteriormente, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva UE 2022/2523, de 15 de diciembre de 2022, en la que se definen aspectos como el gravamen mínimo de sociedades, establecido en el 15%, y el impuesto complementario.

140 PAÍSES YA SE HAN ADHERIDO A LAS NUEVAS NORMATIVAS ANTIELUSIÓN FISCAL EMPRESARIAL

Cuestión de pilares

Previamente, en octubre de 2021, la normativa tributaria recibió un nuevo impulso mediante la declaración conjunta de la OCDE y el G-20 en relación con la citada erosión impositiva y el traslado desleal de beneficios. Para ello se aprobó una declaración, apoyada hoy en día por alrededor de 140 países (incluidos China e India y, por parte europea, algunos países bajo la lupa de la laxitud, como Países Bajos, Luxemburgo y Malta), que suponen en conjunto más del 90% del PIB mundial, y que, entre otros aspectos, perseguía unificar el marco fiscal internacional con una solución basada en dos pilares.

El primero incluye mecanismos para permitir la reasignación de los derechos de imposición entre diferentes jurisdicciones, en las que grandes empresas y multinacionales comercian y obtienen sus beneficios. El segundo comprende las normas para garantizar que se abone el impuesto de sociedades al tipo mínimo acordado del 15%, transpuesto al derecho de la UE mediante Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 2022.

El tamaño importa

La nueva normativa comunitaria afecta por igual a multinacionales y a grupos nacionales considerados de gran magnitud, siempre y cuando tengan, por un lado, una sociedad matriz o filial en algún país de la UE y, por otro, ingresos combinados anuales iguales o superiores a los 750 millones de euros obtenidos en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores de operación en el mercado único.

Asimismo, la reciente legislación en vigor trata de no dejar cabos sueltos. De esta manera, si se da el caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15% en un país determinado, la directiva comunitaria contempla la posibilidad de calcular la carga fiscal a abonar mediante el denominado impuesto complementario. Una suerte de compensación efectiva cuando se dé la circunstancia de que una filial no esté sujeta al tipo mínimo en el país extranjero en el que desarrolla su actividad, para lo que se le aplicará la citada tasa a su sociedad matriz en el Estado miembro de la UE donde esté situada.

Además, esta directiva también garantiza el pago tributario en los casos en que la matriz no se encuentre ubicada en la UE sino en algún país con bajas tasas que, aún, no aplique normas similares.

Sangría económica

La importancia financiera de este asunto no es baladí. Así, la propia OCDE calculó en su día que los gobiernos pierden cada año nada menos que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por evasión fiscal debido a la ingeniería financiera practicada por grandes empresas y multinacionales.

Tras la puesta en marcha de la normativa europea se abre el turno para que los gobiernos nacionales aprueben leyes en línea con el tipo mínimo acordado, reduciendo las posibilidades de fraude. Esto, sin llegar a eliminar la competencia fiscal entre Estados, acotará el uso agresivo de estrategias de atracción de inversiones y supondrá, según la OCDE, la generación a escala global de ingresos adicionales anuales para las Administraciones por importe de 150.000 millones de dólares.

LA EVASIÓN POR INGENIERÍA FISCAL GENERA PÉRDIDAS ANUALES DE ENTRE 100.000 Y 240.000 MILLONES DE DÓLARES

Como mostró la célebre película Wall Street, el dinero nunca duerme, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas, la avidez por maximizar los ingresos y reducir los gastos es una constante de toda gestión empresarial que se precie. Sin embargo, las nuevas normativas aprobadas ya están dando sus resultados. Gracias al trabajo pionero de la UE, varios ‘paraísos’ ya han anunciado la implementación de un impuesto de sociedades para las empresas que operen en sus respectivos territorios. Una necesaria cuestión de justicia distributiva frente a las recurrentes prácticas ejercidas por algunos grandes conglomerados empresariales.

En un contexto de altos niveles de endeudamiento y dificultades en materia de inversión, la UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad. Aunque no ha sido fácil, después de unas largas negociaciones, el Consejo Europeo, bajo la presidencia española, alcanzó en diciembre de 2023 un acuerdo para implantar unas reglas fiscales que garanticen la reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda; una política económica contracíclica, y la protección de las inversiones.

El acuerdo será debatido antes de su entrada en vigor, prevista para 2024, y tendrá efectos en la planificación presupuestaria de 2025.

Claves

Los dirigentes europeos han definido un sistema más sencillo y transparente, con mejores normas de control para asegurar el crecimiento sostenible mediante reformas e inversiones sensatas.

Cada país presentará planes presupuestarios y estructurales a medio plazo, con una duración mínima de cuatro años (ampliables a siete), en los que detallarán cómo prevén hacer sus ajustes a partir de un único indicador operativo: el valor de referencia para el gasto. Su ejecución será objeto de un seguimiento más intenso para corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos.

SE MANTIENEN LOS VALORES DE REFERENCIA DEL 3 % DEL PIB PARA EL DÉFICIT Y DEL 60 % DEL PIB PARA LA DEUDA

Se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda. Si un país incumple el déficit del 3 %, se aplicará el procedimiento de déficit excesivo, que le obligará a hacer los ajustes necesarios hasta volver a estar dentro de los límites exigidos.

LAS NUEVAS NORMAS FISCALES MARCAN UNA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL DÉFICIT DEL 0,4 % DEL PIB AL AÑO

Además, se han incorporado salvaguardas, con umbrales de referencia para todos los países, con el fin de conseguir una reducción media anual del 1 % de la deuda en los países con una deuda superior al 90 % del PIB, como España; y del 0,5 % en los países que estén entre 60 % y el 90 %. En cuanto al déficit, se marca una velocidad de ajuste del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25 % en caso de extensión de los planes de 4 a 7 años.

Se contempla también un régimen transitorio hasta 2027, que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Políticas coordinadas

La reforma de las reglas fiscales adquiere especial importancia en un momento en el que las políticas monetaria y fiscal de la UE deben ir de la mano para que la economía funcione sin problemas. Esto a veces es complicado porque ambas son independientes.

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria única para los 19 países de la zona euro, mientras que la política fiscal está en manos de los gobiernos de cada país. Sin embargo, la estabilidad de los precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda.

Por ejemplo, en el actual contexto de inflación, las medidas fiscales de apoyo a la energía han ayudado a la contención de precios y a preservar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, tanto la Comisión Europea como el BCE piden retirar dichas medidas para evitar un impulso de la demanda que agravaría las presiones inflacionarias.

Fin de la tregua

Aunque el nuevo marco fiscal tardará un año en aplicarse, la UE ya ha vuelto en enero de 2024 a la normalidad fiscal, tras desactivar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se empezó a aplicar en marzo de 2020 por la pandemia y luego se mantuvo tras la invasión rusa de Ucrania, permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales.

España ya ha anunciado que en 2024 espera que su déficit público disminuya al 3% del PIB, con lo que volvería a estar dentro de los topes que exige Europa. Sin embargo, la ratio de deuda pública/PIB española seguirá muy por encima del límite del 60% del PIB que ponen las reglas europeas, a pesar de que se ha reducido en términos porcentuales. La previsión es que en 2024 siga bajando hasta el 106,3%, lo que supondría 14 puntos menos que en 2020.

ESPAÑA ESPERA QUE EN 2024 SU DÉFICIT PÚBLICO DISMINUYA AL 3 % DEL PIB, CON LO QUE VOLVERÍA A ESTAR DENTRO DE LOS TOPES QUE EXIGE EUROPA

Asimismo, el Ejecutivo español anticipa en 2024 un crecimiento del PIB del 2%, superior al de la media de la zona euro y espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. En todo caso, recuerda que la evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo. Los conflictos son en este momento el principal factor de riesgo por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica europea mundial.

Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando a reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo.