«Europa no se construye desde el miedo», por María Andrés

ALDEA GLOBAL

MARÍA ANDRÉS,
directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

“Para recuperar el alma social y solidaria de la Unión Europea hoy nos falta todavía hacerle frente al elefante en la habitación: la política migratoria y de asilo"

Europa no se construye desde el miedo

En la crisis financiera de 2008, las respuestas de los dirigentes europeos fueron tardías e insuficientes. Llegaron en forma de rescates financieros, carentes de estímulos sociales y ceñidos por el corsé de una austeridad excesiva. “Rescatáis bancos, no personas” se convirtió pronto en el lema de los descontentos. No hubo solidaridad de facto en las primeras decisiones, solo miedo al contagio. Tuvimos que esperar hasta julio de 2012, cuando el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció el llamado discurso Lo que sea necesario (Whatever it takes), hoy ampliamente considerado como el punto de inflexión en la crisis de la deuda soberana europea.

En 2016, Europa permaneció en silencio durante la campaña del Brexit que promulgaba el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El miedo a que la activación de las instituciones europeas en el debate fuera percibido como injerencia continental en un asunto doméstico dejó el campo abierto a un enorme ejercicio de desinformación del lado brexiteer, con el resultado que todos conocemos y abriendo una grave crisis política. No hubo una respuesta inicial de rescate a los ciudadanos británicos, solo miedo al contagio.

Apenas unos meses antes, más de un millón de personas cruzaron a Europa huyendo de la guerra en Siria. Su repentina afluencia provocó otra crisis más en el continente, mientras Europa luchaba por responder a la situación. Miles murieron intentando llegar a las costas y, aunque algunos países les permitían su entrada, otros levantaban vallas y cerraban sus fronteras. Tampoco hubo entonces una respuesta concertada, se actuó desde el miedo al efecto llamada.

De esta triple crisis financiera, política y humanitaria de la legislatura pasada aprendimos una valiosa lección: Europa no se construye desde el miedo.

Y así lo hemos demostrado -por fin- en esta legislatura europea (2019-24), con las respuestas contundentes que hemos sabido dar a la pandemia del Covid y a la guerra rusa contra Ucrania. En ambas la UE ha demostrado una solidaridad interna, una unidad externa y una capacidad rápida de respuesta que ni Putin ni el resto del mundo -quizás ni nosotros mismos- hubiéramos podido prever.

Fíjense en los tabúes que hemos sabido romper en un tiempo récord: en respuesta al covid, en menos de tres meses logramos lanzar un endeudamiento conjunto de toda la UE para financiar con 750.000 millones de euros la recuperación tras el confinamiento. En menos de 12 meses, comenzamos a distribuir nuevas vacunas a todos los ciudadanos de la Unión.

Cuando comenzó la guerra en Ucrania, tardamos 24 horas en lanzar un primer paquete de sanciones contra Rusia; 48 horas para aprobar el envío armamento bélico para la defensa de Ucrania, y menos de 10 meses para lanzar el plan RePower EU, contra la dependencia energética de Rusia.

Pero para recuperar el alma social y solidaria de la Unión Europea hoy nos falta todavía hacerle frente al elefante en la habitación: la política migratoria y de asilo.

El pasado abril los eurodiputados lograron por fin aprobar su posición negociadora para abordar con el Consejo las medidas que regirán el control en las fronteras exteriores, la migración y el asilo. Partiendo de la única premisa posible -lo más urgente es evitar más muertes en el Mediterráneo- los eurodiputados exigen un sistema de reparto de migrantes más equitativo y solidario entre los países de la UE, que no redunde únicamente en los Estados con fronteras exteriores de la Unión.

El reto es formidable: abordar la recepción de ciudadanos de terceros países que se han jugado la vida para alcanzar nuestra frontera. Hacerlo, insisten los eurodiputados en sus enmiendas, de manera que se respeten sus derechos fundamentales (examinando caso por caso su derecho a asilo) y de acuerdo a leyes internacionales como el convenio de Ginebra. Asegurar y acelerar su retorno a los países de origen cuando no se cumplen los requisitos de entrada. Y llevarlo todo a cabo con un sistema más ágil y armonizado.

La solidaridad comunitaria no debe ser solo hacia los que llegan de fuera, insisten los eurodiputados, sino entre los propios países de la UE, repartiendo con un sistema obligatorio de cuotas -en base al PIB y población de cada Estado- el número mínimo de personas que deben acoger. Y aquí radica la principal novedad: para flexibilizar las opciones nacionales y asegurar un sistema con el que todos los gobiernos quieran comprometerse -lo contrario sería volver al papel mojado de antes-, una parte limitada de esa cuota nacional de refugiados podrá evitarse a cambio de una contribución financiera por parte del Estado que así lo solicite.

También se podrá contribuir en especie en determinados casos, con material o recursos que ayuden al país europeo con fronteras exteriores a gestionar esas llegadas. Además, en el caso de situaciones de crisis, ante las posibles llegadas repentinas y masivas, la Comisión Europea podrá intervenir ordenando reubicaciones obligatorias, exigen los eurodiputados.

El precio de la contribución financiera -el Consejo propone 20.000 euros por cada persona que deje de acogerse- y el porcentaje de cuota nacional que podría intercambiarse por dotaciones financieras o en especie son los elementos clave que deberán ahora resolverse con una difícil negociación entre ambas instituciones. La presidencia española del Consejo que ahora comenzamos (de julio a diciembre de este año) podría jugar un papel clave. Después entraremos en el tiempo de descuento de esta legislatura: el último pleno del actual Parlamento Europeo con el que contamos para aprobar el texto final tendrá lugar el 22-25 de abril de 2024.

Fiar la consecución de este acuerdo a la legislatura siguiente supondría actuar desde el repliegue nacional y la parálisis en un tema -el de la acogida humanitaria- que definirá los valores esenciales con los que identifiquemos a la UE en las próximas elecciones.

El valor de la pesca sostenible

ALDEA GLOBAL

El valor de la pesca sostenible

Un barco de pesca artesanal sostenible en Mangily (Madagascar) después de recoger las redes.

La sobrepesca no es un problema nuevo. La excesiva explotación de los caladeros se remonta a los tiempos en que las ballenas generaban leyendas como la de Moby Dick y el capitán Ahab. Hoy, estos grandes mamíferos marinos subsisten a duras penas: han desaparecido caladeros enteros de otras especies y las alertas de riesgo de extinción se multiplican. Mientras se mira de reojo a la cada vez más activa acuicultura, la FAO aboga por la Transformación Azul.
MELCHOR DEL VALLE

El último informe sobre El estado mundial de la pesca y la acuicultura (informe SOFIA), publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en junio de 2022 –con datos de 2020–, indica que la producción pesquera y acuícola total alcanzó un máximo histórico de 214 millones de toneladas, de las que 178 millones corresponden a animales acuáticos y 36 millones a algas. Los datos se refieren tanto a la producción oceánica como a la continental. Y los de pesca solo tienen en cuenta la legal desembarcada y no la accidental, lógicamente. Para darse una idea, dicho volumen de captura y cría es similar a la producción de carnes de ave y cerdo juntas en el mismo periodo.

 


SEGÚN LA FAO, LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA MUNDIAL ALCANZÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 214 MILLONES DE TONELADAS EN 2020


 

El 89 % se destinó al consumo humano directo; y aquí viene un dato del informe que puede ayudar a contextualizar uno de los grandes problemas de la sobrepesca: los alimentos acuáticos aportaron en torno al 17 % de las proteínas de origen animal consumidas y alcanzaron el 23 % en los países de ingresos medianos bajos y más del 50 % en lugares de Asia y África. En otras palabras, la esquilmación de los caladeros significa hambre para muchas personas de países en desarrollo.

Un poco de historia.

A principios del siglo XIX –de vuelta a los tiempos de la novela de Herman Melville– se pescaban ballenas para obtener, principalmente, grasa para las lámparas de aceite. El resultado fue que la población de varias especies de estos mamíferos marinos se redujo en más de un 90 % hasta mediados del siglo XX, cuando se implementaron diversos programas de protección. Pero la moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas no llegó hasta la década de los 80. Aun así, en 2023, se siguen capturando unas mil ballenas anualmente por parte de flotas de países (Islandia, Japón y Noruega) que no han suscrito la moratoria. Tampoco aquí se tiene en cuenta la caza ilegal y la pesca accidental.

Lo descrito en el párrafo anterior se puede aplicar a otras muchas especies, varios de cuyos caladeros han desaparecido materialmente a partir de mediados del siglo XX, sobre todo en zonas más próximas a las líneas costeras. Fue la consecuencia de que los países desarrollados incrementaran su capacidad pesquera, dando lugar a un notable crecimiento de la pesca industrial y orillando a los pescadores locales. La disminución de capturas por sobreexplotación, a partir de ahí, fue llevando a buscar bancos de especies comerciales en aguas cada vez más profundas y a utilizar métodos de localización y pesca más precisos y sofisticados. El incremento de la sobrepesca fue tal, que a principios del presente siglo se estimó que la pesca industrial era la razón por la que la población de grandes peces, con el atún a la cabeza, fuese tal sólo el 10 % de la existente cincuenta años antes.

Producción mundial.

Según el informe de la FAO, la pesca de captura llegó a los 90,3 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4 % respecto de la media registrada en el periodo 2017-2019. China siguió siendo en 2020 el principal productor pesquero, seguido de Indonesia, Perú, Rusia, EE. UU., India y Vietnam. Entre todos ellos alcanzan casi el 49 % de la producción de captura mundial. Las especies más pescadas, según datos de la FAO, son la anchoveta (4,9 millones de toneladas), el abadejo de Alaska (3,5 millones) y el atún listado (2,8 millones).

 


LOS PAÍSES DESARROLLADOS INCREMENTARON SU CAPACIDAD PESQUERA, HACIENDO CRECER LA PESCA INDUSTRIAL Y ORILLANDO A LOS PESCADORES LOCALES


 

La producción animal acuícola, por otro lado, llegó en 2020 a los 87,5 millones de toneladas. Asia ha dominado la producción mundial durante las últimas décadas, produciendo el 91,6 % de los animales acuáticos y las algas del mundo en 2020. La «locomotora» de esta situación también es China, que ha producido más animales acuáticos y algas cultivados que el resto de los países juntos. Por continentes, Egipto es el principal productor de África, Chile lo es de América y Noruega, de Europa.

Pesca sostenible.

Si queremos seguir contando con una fuente de proteína animal que no necesita suministro de agua dulce ni terreno de cultivo y que apenas genera gases de efecto invernadero –léase animales acuáticos– es imprescindible que los procesos de pesca respeten la vida de un número suficiente de individuos que permita a la especie reproducirse de forma adecuada. Esta es la esencia de lo que se considera pesca sostenible, que lleva añadido el respeto a la función y diversidad de los ecosistemas. Un aspecto, este último, en el que las flotas de arrastre reciben la mayoría de las críticas, porque su arte de pesca se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso, dañando los ecosistemas y reduciendo su capacidad para mantener el ciclo vital de las especies comerciales. La UE, como ejemplo de preocupación por la sostenibilidad pesquera, ha hecho público un acuerdo del Parlamento (junio de 2023) para controlar más el exceso de pesca y que se cumplan las normas de la Política Pesquera Común.

 


LOS PAÍSES QUE MÁS PESCAN, CON CHINA A LA CABEZA, LLEGAN AL 49 % DE LA PRODUCCIÓN DE CAPTURA MUNDIAL


 

La necesidad de pesca sostenible también debe implicar a la acuicultura. Su actual realidad es que se capturan pequeños peces para alimentar a las especies más grandes cultivadas, con lo que se están restando recursos a los peces salvajes, que no podrán reproducirse por falta de comida. Esto es, al menos, lo que mantienen algunas organizaciones ecologistas. Sostenible, en el caso de la acuicultura, añaden, podría ser limitar las capturas a especies herbívoras, aunque esto es algo que se considera complicado en el sector. También cabe buscar métodos de alimentación que permitan el correcto desarrollo de los animales acuáticos de cría, a lo que hay que añadir una correcta gestión para mantener la calidad de los productos y evitar la contaminación, por exceso de individuos, en los criaderos.

‘Transformación Azul’.

Esta estrategia promovida por la FAO, que los propios autores califican de «visionaria», busca el equilibrio entre seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, pero mira con «ojo inquieto», como el «hombre de casino provinciano» que cantó Machado, al cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente. Según Manuel Barange, director de la División de Pesca y Acuicultura de la organización, «La transformación azul es un proceso basado en resultados mediante el cual los miembros y asociados de la FAO pueden aumentar al máximo la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y las dietas saludables asequibles, permaneciendo dentro de los límites ecológicos».

 


ASIA DOMINA LA ACUICULTURA MUNDIAL, ALCANZANDO EL 91,6 % DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS Y LAS ALGAS DEL MUNDO


 

Hay razones para el optimismo, ya que las pesquerías explotadas de manera sostenible supusieron el 82,5 % del volumen de los desembarques de 2019, porcentaje 3,8 % superior al registrado desde 2017. Pero lo evidente es que la puesta en marcha de medidas contundentes desde los poderes políticos internacionales es ya urgente, porque según los últimos datos obtenidos por la FAO, «unos 58,5 millones de personas trabajaban en el sector; de ellas, aproximadamente el 21 % eran mujeres. Se estima que las vidas y el sustento de alrededor de 600 millones de personas dependen, de alguna manera, de la pesca y la acuicultura».

Pesca sostenible frente al hambre

Hoy hay cerca de ochocientos millones de seres humanos en el mundo que tienen escasez de alimentos. Para 250 millones, la situación es de hambre aguda o, directamente, inanición, según la ONU. Añadido el crecimiento de población previsto, un incremento de dos mil millones de personas para 2050, el planeta tendría que producir un 70 % más de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, según cálculos de la FAO.

La ‘Transformación Azul’ que promueve la FAO tiene como primer objetivo la intensificación y expansión sostenible de la acuicultura, con la mirada puesta en aumentar la producción acuícola mundial de entre el 35 y el 40 por ciento para 2030. Se prevé, además, dice la agencia de Naciones Unidas para la alimentación, «que la producción de alimentos acuáticos aumente en un 15% adicional para 2030». Y, añade, que el crecimiento debe ser social y económicamente sostenible, además de minimizar las consecuencias del cambio climático.

Acuicultura: nada nuevo bajo el agua

La idea, y necesidad, de criar animales acuáticos tiene varios milenos. Se sabe que los chinos ya criaban carpas en el año 2000 antes de nuestra Era. Los antiguos griegos, según contaba Aristóteles, cultivaban ostras. Y de los romanos sabemos que usaban piscinas para la cría y engorde de peces o para mantenerlos vivos tras la captura y que llegasen así frescos a las mesas.

España es el primer productor acuícola de la Unión Europea. Hay más de 5 000 piscifactorías o granjas que producen en torno al 25% de los animales acuáticos que se consumen en el país. Una gran parte de esa producción procede de los cultivos de mejillón en las bateas de las que cuelgan las maromas donde se adhiere el molusco. España es el segundo productor mundial de mejillón, tras China. Este país es también uno de los principales destinos de las exportaciones españolas de pescado y preparaciones de la pesca.

Canales de cría del esturión naccarii en Riofrío (Granada).

Para saber más

El estado mundial de la pesca y la acuicultura: hacia la transformación azul. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2022).

Living Blue Planet Report: Species, habitats and human well-being. WWF y Zoological Society of London (2015).

Sea Around Us: fisheries, ecosystems and biodiversity. U. de Columbia Británica y U. de Australia Occidental. Editores: Pauly D., Zeller D., Palomares M.L.D. Mapa interactivo. Datos 2020.

«El futuro de la pesca en España», por Basilio Otero

ALDEA GLOBAL

BASILIO OTERO,
presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

“En España carecemos de relevo generacional debido, en gran parte, a la burocracia y a las trabas que normas y más normas nos imponen"

El futuro de la pesca en España

España es potencia pesquera en la Unión Europea. No hay mar en el mundo en el que no esté un barco con capital o bandera española. Somos referencia en el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales.

El problema fundamental es que, a pesar de estas buenas prácticas, carecemos de relevo generacional, debido en gran parte, a la burocracia y a las trabas que normas y más normas nos imponen desde Bruselas.

Paradójicamente en la Unión Europea el 70% del pescado que se consume es de importación de terceros países que no cumplen con las exigencias medioambientales ni sociales que aquí tenemos. A pesar de lo dicho la normativa es cada vez más exigente para los pescadores y pescadoras europeos y europeas.

Hay que decir que una parte de esa culpa es nuestra, pues carecemos de didáctica explicando las bondades de ser pescadora o pescador. Hemos sido una profesión demasiado corporativista y solo hay noticias cuando se trata de hechos luctuosos. Es necesario tener una didáctica hacia la sociedad en la que pongamos en valor nuestra profesión.

Siendo conscientes de que los trabajos primarios entran en decadencia a medida que un país prospera, solo tenemos que mirar nuestro entorno europeo en donde los países del norte tienen menos unidades pesqueras, pero más eficientes. Debemos poner en valor las tecnologías y el avance en habitabilidad que experimentamos en los buques.

Otro factor que nos limita es la normativa incesante, pues nos acogota. Pongo varios ejemplos:

La potencia de los buques es considerada capacidad extractiva, cuando no es cierto. Cuando se empezó a limitar la extracción consideraron que esta era la mejor medida. Han pasado muchos años y a día de hoy, con las cuotas y totales admisibles de captura, TAC, no es una medida que sirva. Sin embargo, esta potencia es seguridad, conciliación familiar, descanso de la tripulación y frescura en el pescado.

Ejemplo de buenas prácticas es el RMS, Rendimiento Máximo Sostenible, que es el máximo que se puede capturar de una especie sin poner en peligro su futuro biológico. Había una fecha límite para poder alcanzarlo, el año 2020, pero la gestión hecha con muchos sacrificios por parte de la flota consiguió que este RMS se alcanzara en 2019, un año antes del tope.

El MAP de Mediterráneo, el multi anual plan implantado, hace insostenible la pesquería para muchos pesqueros. Hay que decir que en este mar no hay cuotas ni TAC prácticamente; se rige por días de pesca y en muchos casos hay barcos con menos de 110 días de pesca al año. Esto hace insostenible la empresa; no hay una actividad empresarial sostenible con menos de seis meses de facturación. Aunque se está pidiendo una revisión científica después de casi cuatro años de implantación, desgraciadamente en la Unión Europea nadie escucha, a pesar de que estamentos como la FAO en su último informe hace referencia a la recuperación de especies, stocks, y a su buena perspectiva de futuro.

Las aguas desde el golfo de Cádiz hasta las costas irlandesas se cerraron a la pesca en septiembre del año pasado; los informes científicos utilizados fueron del año 2011. Es algo incomprensible pues había datos enviados del año 2021. Por si esto fuera poco se utilizaron datos de arrastre para artes de pesca tan diferentes como las redes o los anzuelos (en otro artículo sería necesario explicar las diferencias que existen entre estas artes).

Aunque el Reino de España ha recurrido esta norma, el problema es que la justicia europea es lenta y se estima que el fallo tardará tres años, cuando las consecuencias se están notando desde septiembre de 2022, con un descenso en la facturación de estas artes de pesca que ronda el 30%.

Se pidió un nuevo informe con datos más actualizados que, después de múltiples retrasos, llegó hace pocas semanas y en el que lejos de rectificar se proponen más zonas de cierre. Hay que decir que estas zonas de cierre vienen propiciadas por la protección de especies vulnerables de esponjas, plumas… Es decir: se adoptan en aquellas zonas en la que existen o pueden existir estas especies. La primera pregunta es sencilla: si estas zonas prohibidas llevan siendo utilizadas por los pescadores desde hace más de ocho décadas y lo que se persigue es conservar especies de lento crecimiento, como el coral de aguas frías que, a día de hoy, existen en esas zonas… ¿Alguien se ha parado a pensar que si siguen ahí es porque no se capturan, corroborando la afirmación que hace la gente del mar que asegura que no las pesca ni daña? Esto me recuerda a otra pataleta de la Unión Europea con los cetáceos y la interacción de pesqueros con estos mamíferos. En aquel caso llevábamos a bordo científicos y se demostró que la interacción de la flota española era cero ya que en nuestro país está prohibida la pesca pelágica, que es la que se realiza con artes que se utilizan en la superficie, que es la zona por donde estos mamíferos se desplazan principalmente.

Lo aquí descrito es un breve resumen de los retos que afrontamos. Confío en el futuro de la pesca española, aunque quizá sea diferente a la que conocemos y eso hará que las zonas de litoral se transformen, pues una de las ventajas de la pesca es la fijación de población en el litoral.

¡No se puede dejar de consumir pescado para estar sanos saludables y ser felices!

«Mercados de valores y criptoactivos europeos», por Carmen Pastor

EN ESTE PAÍS

CARMEN PASTOR SEMPERE,
Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Alicante Conferenciante en la Cátedra ICADE-Fundación Notariado

“La autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos”

Mercados de valores y criptoactivos europeos

En este primer semestre de 2023 el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (conocido como MiCA por sus siglas en inglés) ha sido definitivamente publicado, al igual que el resto de disposiciones que integran el denominado Paquete de Finanzas Digitales con el objetivo de garantizar que la UE adopte la revolución digital y la impulse con empresas europeas innovadoras a la cabeza, poniendo los beneficios de las finanzas digitales a disposición de las personas y las empresas. De este modo, el reciente Itinerario hacia la Década Digital, -con metas y objetivos concretos para 2030- incluye la Identidad Digital Europea (en la propuesta de Reglamento eIDAS2, del que también se espera su aprobación a lo largo de 2023). La Identidad Digital Europea (IDe) permite el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica de los diferentes países de la UE y da la posibilidad a que los propios ciudadanos europeos se identifiquen y verifiquen su información personal en línea, sin tener que recurrir a proveedores comerciales, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que se encuentren. Se asegura, de este modo, que todo ciudadano de la UE y residente en la Unión pueda utilizar un monedero digital personal (Wallet).

La creación de mercados de criptoactivos -sectoriales o no- en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales, deberá coordinarse con la IDe de ciudadanos y de empresas tal y como se propone en eIDAS2, así como los pagos (mayorista/minorista) y la contratación electrónica, -en su reciente regulación DMA y DSA (Digital Market Act y Digital Service Act)-. En otras palabras: deben encontrarse en un mismo sistema de identidad digital (Wallet), de lo contrario, el funcionamiento de los mercados (financieros o no) podría verse alterado y los servicios de pago tradicionales podrían verse desplazados, así como la coherencia y los mecanismos de control, supervisión y prevención del fraude y blanqueo (Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE, que incorpora la travel rule criptográfica a Europa (TFR)). Por ello, además de MiCA y TFR, el paquete de Finanzas Digitales también incluye el Reglamento de régimen piloto sobre infraestructuras de mercado, un Reglamento de resiliencia operativa digital y una directiva para aclarar o modificar determinadas normas relacionadas con los servicios financieros de la UE. Como se comprueba, pocas dudas pueden quedar al lector sobre el alcance de la regulación, así como del impacto que puede tener la tecnología en diferentes facetas del mercado que emerge y el papel crucial que puede tener la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) -o en términos generales blockchain– para el futuro desarrollo social y económico para Europa.

Los intercambios descentralizados regulados y el sistema IDe dan la estructura a nuevos mercados de criptoactivos, muy lejanos a la actual y confuso comercio de criptomonedas (Exchanges), de modo que puede hacer efectiva la portabilidad de datos y activos en el Mercado Único Digital (de criptoactivos), en el que “casi todas sus piezas (tokens)” están reguladas y tienen su ámbito, función y mercado. De este modo, el “criptoactivo” no solo es el objeto que se comercia, también es la forma en que se liquidan las operaciones. Y ello, debido a su intrínseca “plasticidad” que le permite ir desde los instrumentos financieros, hasta digitalizar (“tokenizar”) cualquier activo real único y utilizarlo como representación y/o respaldo de activos financieros, derechos de propiedad intelectual, y un largo sin fin de activos ilíquidos (sin mercado).

A grandes rasgos, dentro del paquete de finanzas digitales los tokens fungibles financieros siguen regulados por Mifid II y su sistema de registro DLT en el Reglamento Régimen Piloto. Por ello, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión “modifica la definición de «instrumento financiero» de dicha directiva a fin de aclarar, sin que subsista ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología de registros distribuidos” (Preámbulo, II. P. 4º).

El espacio que cubre MiCA en este nuevo mercado es el de los medios de pago, en el que no se utilizan cuentas corrientes bancarias, en su lugar Wallets y criptoactivos fungibles de pago (dinero de emisión privada), de dos tipos: el “token referenciado a activos” (ART), que está destinado a mantener un valor estable al referirse al valor de varias monedas que son de curso legal (monedas fiduciarias), una o varias materias primas, o uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos; y los “token de dinero electrónico” (ficha de dinero electrónico, EMT) que son un tipo de criptoactivo que pretende ser un medio de intercambio y mantiene un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso legal. Por último, se ocupa de los utility tokens, destinados a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, disponible en DLT, y solo lo acepta el emisor de ese token. Asimismo, MiCA, establece los requisitos de emisión y la reserva de actividad, para los prestadores de servicios de criptografía. Quedaría por decidir si el siguiente paso es la adición de monedas digitales del banco central (euro digital, CBDC, dinero de emisión pública), y si la tecnología pudiera permitir la transferencia instantánea de “efectivo digital” sin necesidad de pasar por ningún mecanismo de compensación.

En definitiva, la autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos (No fungible Tokens -NFT-) que, a diferencia de las criptomonedas, no se comercializan ni intercambian en equivalencia, característica que, a priori, parecía excluirlos de cualquier operación financiera y destinarlos, funcionalmente al registro de la propiedad de activos únicos, idóneos, por ejemplo, para las obras de arte digitales a las que dan “una singularidad” y, por lo tanto, valor y oportunidad de automatizar completamente los mercados y las regalías de reventa para ventas secundarias. Ciertos mercados ya usan DLT para autenticar artículos de lujo. Ahora bien, la plasticidad de DLT a la que aludíamos, hace que un token emitido como NFT, pese a tener un único identificador, pueda ser fraccionado y dividido como partes alícuotas, lo cual plantea serias dudas sobre la imposibilidad de convertirse en un instrumento financiero, o un fungible con atribución de pago por las partes (dinero mercancía), inclusive, instrumento para el blanqueo y evasión de capitales, por lo que es probable que pronto se proporcionen directrices al respecto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Cerca de los que están cerca

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Cerca de los que están cerca

Seguir reconociendo el trabajo de las asociaciones y de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores ha llevado a la Fundación Æquitas y a la Fundación Notariado a convocar la II Edición de los premios Cerca de los que están cerca.

En esta segunda convocatoria también se contará con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a casi 6 millones de afiliados. El premio se subdivide en dos categorías: trabajar por y para las personas mayores, y para los mayores con discapacidad. La dotación es de 6.000€ por modalidad. Los colegios notariales de España están organizando torneos de pádel entre sus notarios con objeto de dotar económicamente al galardón.

Etapa de crecimiento.

La filosofía de este certamen es demostrar que la vida no se acaba en la vejez, que sigue siendo una etapa de crecimiento en la que reinventarse, a pesar de ser un momento de especial vulnerabilidad. Por esta razón, las dos fundaciones pertenecientes al Consejo General del Notariado consideran muy necesario premiar a las asociaciones de mayores y entidades sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación sea el de trabajar por y para un segmento de población de alrededor de nueve millones de personas.

Las candidaturas están abiertas a todo tipo de iniciativas de ámbito local, autonómico o nacional que presenten proyectos que mejoren y dignifiquen la vida de las personas mayores en un amplio espectro de iniciativas. Tanto las que fomenten una vida activa y saludable, como las culturales y educativas, o las orientadas a cultivar las relaciones sociales y el acompañamiento de los mayores para hacer frente a la soledad no deseada.

Precisamente este fue el objetivo del proyecto ganador en 2022, Langa Dinámica, una iniciativa de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria que consiguió tejer redes de relación intergeneracional en el hogar del jubilado de San Miguel de Langa de Duero entre distintos colectivos del pueblo con sus mayores.

El jurado está compuesto por cinco miembros de las organizaciones convocantes: tres de Fundación Æquitas y Fundación Notariado y dos de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Los criterios de selección del jurado medirán el impacto real y potencial de la iniciativa en términos cualitativos y cuantitativos, las posibilidades de réplica, la vocación de continuidad y su originalidad.

 


LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SORIA FUE LA GANADORA DE LA PRIMERA EDICIÓN CON UN PROYECTO PARA HACER FRENTE A LA SOLEDAD NO DESEADA


 

Se podrán presentar candidaturas hasta el 15 de junio de 2023. Las bases del concurso y el formulario de inscripción se pueden descargar en la página web de Fundación Notariado.

El envejecimiento de la sociedad

Los premios Cerca de los que están cerca nacieron en 2022 en el marco de la celebración del XII Congreso Notarial El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, celebrado en Málaga. Durante los días 19 y 20 de mayo un prestigioso plantel de profesionales e instituciones de la sociedad civil y del ámbito jurídico reflexionaron en distintas conferencias y en una veintena de mesas redondas con el fin de aportar soluciones sobre lo que se percibe como uno de los fenómenos más determinantes de este siglo.

Lázaro González,

presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP)

Con una acreditada trayectoria profesional en la empresa pública y privada y un foco muy especial en luchar contra la soledad de las personas mayores, Lázaro González afronta el reto de presidir la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado?

Sin duda, defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la vinculación de su financiación al crecimiento económico del país.

En sanidad, impulsar la atención domiciliaria desde los centros de atención primaria de salud, así como su presencia en las residencias de personas mayores, mediante una buena coordinación sociosanitaria. También trabajar con las autoridades sanitarias para que la salud bucodental, de gran importancia para las personas mayores, se incluya en la cartera del Servicio Nacional de Salud. Por último, promover el cambio del sistema de cuidados de larga duración mediante una modificación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y defender el refuerzo de los Servicios Sociales.

Otra de mis prioridades será promover el envejecimiento activo y saludable y luchar contra el edadismo y trabajar con el conjunto de las organizaciones que integran la Plataforma para acabar con la soledad no deseada.

Por último, reforzar la presencia de la PMP en todos los ámbitos relacionados con la vida de las personas mayores y colaborar con las Administraciones Públicas.

Las fundaciones Æquitas y Notariado han creado los premios Cerca de los que están cerca. ¿Qué opinión le merece la iniciativa?

Conocía el galardón antes de ser nombrado presidente de la PMP por mi trabajo social en torno a la soledad no deseada, aunque no en profundidad. Ahora lo conozco mejor y me parece que es una iniciativa excelente, pues es un ejemplo de cómo desde organizaciones con vocación de servicio público como la Fundación Æquitas y Fundación Notariado se puede aportar una contribución significativa al bienestar de la población mayor y de los mayores con discapacidad.

¿Cree que iniciativas como esta pueden ayudar a combatir la soledad de los mayores si se llevaran a mayor escala?

Creo que iniciativas como la premiada son ejemplos muy ilustrativos de lo que deben ser unas buenas prácticas para acabar con la soledad no deseada, pues resaltan dos principios esenciales universalmente reconocidos cara a la eficacia en este campo, como son la solidaridad intergeneracional y el trabajo comunitario.

¿Cuáles serían los frentes en los que se debería avanzar para solucionar los problemas de las personas mayores?

En primer lugar, promover un envejecimiento activo y saludable de toda la población venciendo discriminaciones. En segundo, asegurar unas pensiones e ingresos dignos para que toda la población mayor y con discapacidad tenga una vejez con bienestar. Y, por último, cambiar el actual modelo de cuidados de larga duración para que todos podamos envejecer en nuestros domicilios o en residencias que sean como verdaderos hogares, acompañando con servicios de proximidad a las personas que se sienten solas.

¿Y la sociedad civil?

Lo primero es cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema o una carga para la sociedad. Esta educación debe iniciarse desde la infancia. Como resultado de esto debemos avanzar hacia una mejor convivencia intergeneracional, en una sociedad en la que nadie sobre, todos aportemos y nos ayudemos.

“Tenemos que cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema”

«Una unión más estable e integrada», por José Ramón Patterson

ALDEA GLOBAL

JOSÉ RAMÓN PATTERSON,

periodista

“El Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo"

Una unión más estable e integrada

Cuando estudiaba en la universidad, hace algunas décadas, un profesor de economía nos planteó el siguiente ejercicio: debido a un desastre natural, los habitantes de una pequeña población son evacuados a otro lugar, donde tienen que reiniciar su vida disponiendo únicamente de alojamientos precarios y lo básico para sobrevivir unos meses. Contando con ese estrecho margen, los habitantes de la nueva aldea deben organizarse y establecer un sistema económico que satisfaga todas sus necesidades.

Entre los modelos posibles, sin otro criterio que la supervivencia, opté por el más básico, la tribu, dando por sentado que los miembros de la colonia lograrían cooperar entre ellos sin que apareciesen tensiones graves. Esto es, descarté los patrones organizativos caudillistas y los demasiado desarrollados y elegí uno de los más primitivos, quizá el más igualitario que existe, donde no hay líderes y las disputas, a falta de un poder público que las zanje, se resuelven mediante mecanismos de arbitraje tradicionales.

En aquella sociedad ideal, en función de las capacidades de cada cual, habría agricultores, ganaderos, pescadores, leñadores, herreros, mineros, ceramistas, tejedores, carpinteros, albañiles, etc. Como sistema de pago escogí el trueque. Tampoco es que hubiese más alternativas. Además, era el que mejor se adecuaba al entramado social que monté, cuyo objetivo final no era otro que el autoabastecimiento. En resumen, estaba construyendo una economía cerrada, es decir, una auténtica autarquía.

Y, claro, de sistemas autárquicos sabemos mucho en España -Corea del Norte nos pilla un poco lejos-. Y lo que sabemos de ellos es que son una utopía porque es imposible que una comunidad sea capaz de producir todos los bienes y desarrollar los servicios que requieren sus integrantes. Por otro lado, ¿qué pasaría con la sobreproducción de patatas y leche? ¿O con las herraduras sobrantes una vez calzadas todas las caballerías? ¿Y con el stock de productos textiles?

El caso es que llegué a la conclusión de que, en el mundo actual, las autarquías no son el mítico reino de Shambala y limitan la capacidad y los deseos de progresar, como ocurría en la URSS y los países de la órbita soviética. Así que, para salir del atolladero, inventé media docena de villorrios cerca de donde se asentó la tribu original y asigné a cada uno de ellos recursos diferentes (agua, luz solar, fauna, flora, minerales) para que pudieran especializarse en lo que podían realizar mejor e intercambiarlo con los otros.

Lo que estaba haciendo, sin saberlo, era aplicar la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, en las que se basa el libre comercio. Sin entrar en precisiones, esta teoría preconiza que los países deben centrarse en producir aquello que hacen mejor que los demás y con menor coste, de manera que, en ausencia de aranceles, se puedan importar bienes que saldrían más baratos que produciéndolos, lo que supuestamente crea un círculo virtuoso que aumenta el bienestar de los países.

Bajo esta premisa nació en 1993, treinta y seis años después de los Tratados de Roma, el Mercado Único Europeo. Desde entonces han ido desapareciendo las trabas arancelarias y las barreras nacionales para el movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. Hoy las empresas de la UE tienen acceso a 450 millones de potenciales clientes y los ciudadanos podemos vivir, trabajar, comprar o estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión, cuyo PIB, conviene resaltarlo, casi se ha triplicado en este tiempo.

El mercado único ha impulsado la economía de la UE, pero también ha contribuido a su estabilidad y estimulado su integración, ya que los mecanismos de los que se ha dotado han sido sustanciales para capear las graves crisis de los últimos años. Cada una de ellas ha sido una vuelta de tuerca en su evolución. Es probable, por otro lado, que sin el mercado único no fuese la potencia económica mundial en la que se ha convertido, sino una insignificante área de libre comercio.

Pero el Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo, que se está produciendo de manera subrepticia tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Con la aprobación de los sucesivos Marcos Temporales para apoyar las economías nacionales, la UE es más transigente con las ayudas de Estado, lo que da ventajas a los países con mayor margen fiscal para ayudar a sus empresas, aunque no sean competitivas, lo que, a la postre, distorsiona gravemente el mercado.

Hay otros escollos para completarlo, como la existencia de paraísos fiscales dentro de la UE. Hablo de Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre. Las ventajas fiscales que ofrecen propician que las multinacionales instalen allí sus sedes, con independencia del lugar donde obtienen sus beneficios. Así -es un suponer-, un español puede adquirir un libro publicado en España a través de una plataforma que factura desde su emplazamiento en Luxemburgo, donde, asombrosamente, declara pérdidas.

Hay quien dice que el Mercado Único es el principal activo de la Unión Europea. Yo quiero pensar que puede ser el pretexto perfecto para avanzar en una integración en la que, en palabras de la socióloga Saskia Sassen, predomine una lógica distributiva e inclusiva que sirva para recuperar a los “expulsados” del orden económico y social. En todo caso, sus beneficios son evidentes y está claro que ha sido muy útil para que la UE no acabe reducida a la irrelevancia.

A cuestas con la inflación

ALDEA GLOBAL

A CUESTAS CON LA INFLACIÓN

La inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Desde hace algunos años, sobre todo después de que un virus de origen chino se hiciera con el control sanitario del mundo y un megalómano de origen ruso decidiese invadir un país vecino, una de las palabras más repetidas en medios informativos, conversaciones políticas y hasta en charlas de bar es «inflación». Y bueno, sí: es un problema. Por eso los bancos centrales buscan atajarlo controlando los tipos de interés y los gobiernos mirando con lupa sus cuentas. Algo que no afecta a todos por igual y, mucho menos, a países de distintas áreas geográficas, que en algunos casos la padecen muy en positivo y en otros muy en negativo.
MELCHOR DEL VALLE

Aunque no tengamos ni idea de economía, todos hemos experimentado que cuando nos dicen que sube la inflación, en la realidad cotidiana compramos menos cosas con la misma cantidad de dinero. Tiene que ver con el índice de precios al consumo, IPC, claro; pero no son lo mismo. El IPC recoge la variación de precios en una muestra representativa de bienes y servicios; la inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Nuestros temores.

Una encuesta realizada por IPSOS en enero y febrero de 2023, en la que participaron 19.500 personas de 29 países, concluyó que la mayor preocupación de los entrevistados, un 43% de ellos, es, precisamente, la inflación. Once puntos porcentuales por debajo, 32%, están la pobreza y la desigualdad social; y relegan al crimen y la violencia (27%), al desempleo (27%) y a la corrupción financiera y política (25%) al tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. Los acontecimientos y los varapalos al bolsillo de los consumidores en 2022 son, con toda probabilidad, los generadores de tal temor.

 


LOS COSTES ENERGÉTICOS SON LOS MAYORES CONTRIBUYENTES AL CRECIMIENTO DE ESA TEMIDA INFLACIÓN


 

Si miramos a nuestras economías personales, las facturas mes a mes nos dicen alto y claro que los costes energéticos son los mayores contribuyentes al crecimiento de esa temida inflación, en nuestras casas y en todo el mundo. Tensiones geopolíticas, por un lado, y reducciones en la producción, por otro, han hecho que se desbaratasen las previsiones de todos los agentes económicos internacionales. Unos cálculos en los que entran en juego aspectos como los tipos de interés que imponen los bancos centrales o la evolución de la economía, pero que tienen poco recorrido en cuanto hay un acontecimiento fuera de lo habitual.

Los más y los menos.

Como en casi todo, la inflación afecta de distinta manera a los diferentes países y las causas de esas diferencias, a mayores de las variaciones en el coste de productos y servicios, tienen su origen en decisiones políticas, no siempre de tipo bélico. La devaluación de la moneda o el intento de compensar una caída del producto interior bruto, PIB, mediante un incremento de impuestos son ejemplos de medidas políticas que pueden provocar inflación. Por eso, a la hora de comparar los datos de los diferentes países, es conveniente tener en cuenta sus diferentes realidades sociales y políticas, además de las económicas.

 


LUXEMBURGO (4,3%), ESPAÑA (6%) Y GRECIA (6,1%) ESTÁN A LA CABEZA DE LOS QUE MÁS HAN CONSEGUIDO CONTENER LA INFLACIÓN EN LA UE


 

Por otro lado, la gran mayoría de los Estados, por medio de sus sistemas oficiales de estadística, actualizan mensualmente (lo más habitual) sus datos, pero no todos, con lo que las comparaciones deben tener en cuenta la fecha en que se han tomado las cifras. En nuestro caso, hemos utilizado los porcentajes que ha obtenido la API Trading Economics, que solo recoge datos de fuentes oficiales, en los meses de enero y febrero de 2023, aunque en algún caso solo están disponibles los de diciembre de 2022. Según aquéllos, los países con mayor inflación son Líbano (190%), Venezuela (156%) y Argentina (102%). En el antepenúltimo puesto estaría Siria, pero sus últimos datos disponibles son de agosto de 2020 (139%) y no sería adecuada la comparación. En el otro lado de la tabla están Macao (0,77%), Baréin (0,8%) y China (1%).

Otros datos.

Un aspecto que puede resultar interesante, y revelador de cómo van intentando controlar las respectivas instituciones sus cifras de inflación, es conocer la variación entre el porcentaje inmediatamente anterior y el más actual. Así mirado, los que más han conseguido rebajar su índice son Zimbabue (-137,7%; de 230% a 92,3%), Sudán (-20,3%; de 86,6% a 63,3%) y Afganistán (-3,9%; de 9,1% a 5,2%). Donde se ha experimentado mayor incremento es en el Líbano (66%; de 124% a 190%), Sudán del Sur (16,9%; de 14,4% a 31,3%) y Egipto (6,1%; de 25,8% a 31,9%).

Entre las causas más importantes de los incrementos están las subidas de los alimentos, la vivienda o el transporte (Sudán del Sur, Egipto) o la devaluación de la moneda (el Líbano, Egipto). Las bajadas se deben a la intervención de los bancos centrales (Zimbabue) o a cierta estabilidad política intermitente (Sudán, Afganistán). En el periodo en que hemos tomado estos datos no se ha dado ninguna inflación negativa, pero sí en algunos momentos de los últimos años, como es el caso de Sudán del Sur, que en octubre de 2022 llegó a registrar un -12,73%. Este índice está relacionado con una importante caída de la economía a causa de la inestabilidad y la inseguridad.

Más de cerca.

Si miramos a nuestro entorno, la Unión Europea registra en febrero de 2023 una inflación media del 9,9%, 0,1 puntos menos que en el mes anterior. Luxemburgo (4,3%), España (6%) y Grecia (6,1%) están a la cabeza de los que más han conseguido contener la inflación; Hungría (25,4%), Letonia (20,3%) y Lituania (18,7%) son los que registran los índices más altos. Un poco más lejos, en el entorno europeo, tenemos a Liechtenstein y Suiza con índices envidiables (3,4%), aunque habrá que seguir muy de cerca la situación de los helvéticos tras la caída de uno de sus bancos comerciales de referencia. En el otro extremo, Turquía (55,18%) y Moldavia (25,9%). En el caso turco, que llegó a estar en un 85,51% en octubre de 2022, la contención de los precios parece haber sido la fórmula para los resultados y el optimismo, ya que quieren llegar cerca del 22% a final de 2023.

A mediados de marzo de 2023, la OCDE hacía públicas sus Perspectivas Económicas Provisionales con algún dato positivo: «Se prevé que la inflación general disminuya gradualmente durante 2023 en la mayoría de los países del G20: del 8,1% en 2022 al 5,9% en 2023 y al 4,5% en 2024. La razón de estas variaciones es una política monetaria más estricta, la disminución de los precios de la energía después de un invierno suave en Europa y la disminución de los precios mundiales de los alimentos. Sin embargo, la inflación subyacente sigue siendo persistente, sostenida por los fuertes aumentos de los precios de los servicios y las presiones de costes de los ajustes en los mercados laborales». Cabe recordar que la inflación subyacente no tiene en cuenta los productos frescos y ni la energía. El informe rebaja la tasa de inflación que prevé para España en 2023, del 4,8% al 4,2%, por debajo de la media de la Eurozona (6,2%).

«The economy, stupid!».

La frase, seguramente lo recuerdan, la utilizó Bill Clinton en 1992 durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia, frente a George Bush padre. La idea era oponer «las cosas de comer» de los votantes a los «grandes logros» como el fin de la Guerra Fría o la del Golfo Pérsico. Eran tiempos, por cierto, en los que la inflación de EE.UU. estaba en torno al 1,5%; en febrero de 2023 está al 6%.

Estamos acostumbrados a ver y escuchar información sobre, por ejemplo, cómo los bancos centrales suben los tipos de interés como método para contener la inflación; pero si los ciudadanos estamos pagando un préstamo hipotecario a interés variable o necesitamos un préstamo al consumo, por ejemplo, el remedio macroeconómico va a perjudicar a nuestra microeconomía personal. Y esto sucede mientras los factores que contribuyen al incremento de los precios, a subir la inflación, por tanto, también nos afectan al bolsillo: pagamos más por los alimentos, la energía, la vivienda… Entonces luchamos por ganar más, recuperamos capacidad de consumo y esto hace que siga subiendo la inflación. Es un vertiginoso círculo vicioso que no todo el mundo es capaz de parar. Nos queda buscar a los que sí lo son; y a los demás, cabe recordarles que se dediquen a lo suyo, porque «es la economía…».

El peso de las distintas partidas

Una forma de comprender cómo nos afecta a cada uno el índice de inflación que publican los organismos estatales de estadística, el INE, en el caso de España, es saber el peso que las diferentes partidas tienen en el cálculo de los precios al consumo.

En España, las categorías más importantes son alimentos y bebidas no alcohólicas (23% del peso total); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%); restaurantes y hoteles (13%); y transporte (13%). El índice también incluye ocio y cultura (6%), bienes y servicios varios (6%), ropa y calzado (6%), mobiliario y equipamiento y mantenimiento domésticos (6%), salud (4%), comunicaciones (4%), bebidas alcohólicas y tabaco (3%) y educación (2%).

El coste de la energía

Aunque el peso de la partida de energía sea menos importante que la cesta de la compra en el cálculo de la inflación, cuando petróleo y gas, básicamente, disparan sus precios, su influencia va más allá del puro cálculo porcentual, porque impacta en la producción y distribución de productos de primera necesidad, en el transporte y en multitud de servicios. Es la razón por la que los costes energéticos están siempre en el «ojo del huracán».

En la Cumbre de DAVOS de 2022, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, dijo que «el mundo se encuentra en medio de su primera crisis energética verdaderamente global. La respuesta no es combustibles fósiles adicionales, sino poner esfuerzos en la transición energética». En ese momento el índice de precios de la energía (petróleo, gas, carbón y propano) era de 306,67 y llegaría a 376,41 en agosto; quizás de ahí la preocupación de Birol. Dicho índice había escalado a esas cifras desde los 55,89 de marzo de 2020. En enero de 2023, el índice bajó un poco, hasta 223,27.

Para saber más

A Fragile Recovery.
OECD Economic Outlook, Interim Report March 2023.

Perspectivas de la Economía mundial. Actualización.
Fondo Monetario Internacional, enero de 2023.

Inflation Rate.
Trading Economics (actualización mensual).

«El clasista impuesto de los pobres», por Juan José Morodo

ALDEA GLOBAL

JUAN JOSÉ MORODO,

periodista

“En España, hay quienes ven la solución en un "pacto de rentas" antes de que todo se descontrole, una medida excepcional impulsada por el Gobierno"

El clasista impuesto de los pobres

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo y refleja la disminución del poder adquisitivo de una unidad monetaria. Su medida más frecuente es el Índice de Precios de Consumo (IPC), que corresponde al porcentaje de la variación general de estos en el tiempo. Es el problema económico más grave que sufren la economía española y casi todas las economías del mundo.

Según el último Eurobarómetro, la inflación es hoy la mayor preocupación de los ciudadanos europeos y, particularmente, de los españoles, a los que inquieta aún más que el mismísimo desempleo. Reduce la capacidad de compra de quien no puede aumentar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios; se ensaña más cuanto menos pudiente es la renta del hogar y tiene, por tanto, carácter clasista, de ahí que muchos economistas la hayan bautizado como el «impuesto de los pobres», pero también afecta negativamente a la rentabilidad del ahorro y a la inversión.

En general, la inflación se genera cuando la demanda supera con creces a la oferta y provoca empobrecimiento, porque al deteriorarse el principal instrumento de intercambio, la moneda, empeora el funcionamiento de todo el sistema económico. Cuando proviene del exterior, como la que produce un shock energético en países fuertemente dependientes como España, el país en su conjunto se empobrece. Cuando se centra en productos y servicios de primera necesidad, como los alimentos o la energía, es especialmente dañina con los ciudadanos de renta más baja, a los que además anula la mínima capacidad de ahorro.

Los guardianes de la estabilidad de los precios y por tanto de que la inflación no se dispare son los bancos centrales. En el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) tiene fijado un objetivo de inflación del 2% a medio plazo, incompatible a todas luces con los ingentes estímulos que todas las autoridades monetarias han inyectado en la economía internacional para combatir el impacto, primero, de la pandemia de Covid, y, después de la guerra en Ucrania.

Así como los bancos centrales están entre la espada y la pared (suben los tipos para contener la inflación con riesgo de pasarse y perjudicar al crecimiento), la caída en la capacidad adquisitiva exacerba la demanda de subidas salariales, justificada en muchos casos. Pero, si los sueldos escalan de forma igual de vertiginosa que los precios, existe el peligro de entrar en una espiral destructiva: un aumento pronunciado de los sueldos para contrarrestar la inflación puede producir un aumento en los costes de producción, lo que llevaría a un nuevo aumento de los precios y vuelta a la casilla de salida.

En España hay quienes ven la solución en un «pacto de rentas» antes de que todo se descontrole; una medida excepcional impulsada por el Gobierno para repartir el impacto de la inflación entre los agentes económicos (patronal y sindicatos, pero también los hogares). Su objetivo es evitar que se desencadene la citada retroalimentación del aumento de precios y de costes. Tal espiral de precios y salarios tendería a enquistar la inflación como una losa para la recuperación económica, por lo que, una vez comprobado que la inflación no es un fenómeno pasajero como autoridades y supervisores llegaron a creer, debería transmitirse la idea de que todos los perceptores de rentas de un tipo u otro deben compartir equitativamente su pesado coste.

El pacto de rentas entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios supondría, en teoría, que los primeros aceptarían moderar las subidas de los salarios más de lo que cabría exigir por la inflación, teniendo en cuenta los márgenes empresariales, mientras que las empresas se comprometen a subidas ligeras de los sueldos, mantener el empleo y una senda moderada de incremento de los precios que no compense por completo el encarecimiento del coste del trabajo y de la producción.

La cláusula de revisión salarial vinculada al IPC en los convenios colectivos planteada por los sindicatos y la exigencia por los empresarios de que pensionistas y funcionarios entren en el reparto de costes son puntos de desencuentro que alejan tal solución solidaria.

Mientras, los ciudadanos contemplan con preocupación los precios marcados en los anaqueles de los establecimientos a la hora de hacer sus compras a la vez que el Banco de España calcula que el precio de los alimentos, la partida que más pesa en la ponderación del IPC (casi una cuarta parte), no ha alcanzado su cota más alta y estima que, a pesar de medidas gubernamentales como la reducción el IVA en ciertos productos, la inflación de estos «no ha hecho pico» y superará el 12% en 2023 (16,6% en febrero), cuatro puntos más que su anterior estimación de diciembre de 2022, con productos tan básicos como las legumbres y las hortalizas o las frutas a la cabeza de las subidas.

Y aún peor. La inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene persistente por encima del índice general, en cotas no vistas en casi cuatro décadas y como un peligroso monstruo todavía más difícil de combatir.

Soluciones extraordinarias aparte, y más allá de analgésicos coyunturales, sólo un examen eficaz de la cadena de formación de precios, muy especialmente en el grupo de los alimentos, pero también en la vivienda (alquileres) y en aquellas relacionadas con el turismo (hoteles, cafés y restaurantes) hará posible que la lucha contra el dolor de cabeza de la inflación dé el fruto deseado.

«El cuidado como factor de civilización», por Luis Cayo Pérez

EN ESTE PAÍS

LUIS CAYO PÉREZ BUENO,

presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

 

“Lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo"

El cuidado como factor de civilización

Afirma la paleontología que el inicio de la civilización humana (si es que existe tal cosa) puede datarse en aquel momento preciso en que alguien lesionado fue atendido y curado por sus más cercanos, evitando así que la naturaleza inexorable, abandonado a su propia suerte, hubiera terminado con su vida. El socorro de alguna manera mutualizado, la asunción y puesta en práctica de la responsabilidad espontánea del grupo humano respecto de uno de sus individuos amenazado, parece estar en el origen de esa aspiración siempre procrastinada del logro efectivo de una civilización humana digna de tal nombre.

Los cuidados estaban al principio y están ahora, sea cual sea la fase en que el proyecto civilizatorio se halle. Y es deseable que así sea, en una época como la nuestra en que elementos como la prolongación generalizada de la esperanza de vida o el surgimiento sobrevenido de discapacidades en número no menor afloran fragilidades extendidas, ante las que la propia persona y su núcleo más próximo no se bastan, y que precisan pues de la atención y de la respuesta organizada de la comunidad.

La provisión de apoyos y cuidados a la población más frágil deviene así una de las cuestiones palpitantes de la vida actual, sobre la que los poderes públicos, la sociedad civil, el mercado y la propia ciudadanía, todos los operadores sociales y económicos, en fin, han de tomar conciencia, pensar, discernir, comprometer y materializar. Qué hagamos (o dejemos de hacer) en lo que atañe a los cuidados, es hoy el mejor indicio del estado (decente o calamitoso) de nuestra civilización.

Sentado lo anterior, a guisa siquiera de presupuesto de partida harto provisional, ¿cómo debería ser en nuestras sociedades contemporáneas un sistema de cuidados? Desde luego no está todo dicho y menos hecho, pero se pueden esbozar algunos rasgos de lo que sería tal entramado. Así lo hemos intentado desde la discapacidad organizada que encarna el CERMI, contribuyendo con nuestras propuestas y sugerencias (de parte sí, pero en extremo interesada) al diseño de un sistema de apoyos y cuidados a la altura de la demanda ahora tan palmariamente desatendida.

En primer término, la mutualización de los cuidados que necesitamos, valga la expresión, ha de concebirse y desplegarse como responsabilidad pública. El asunto es de tal relevancia, ha adquirido tal magnitud y alcance, que solo la comunidad política estructurada (el Estado) puede promoverla y sostenerla, mediante una (casi) nueva arquitectura robusta de protección social. El carácter incuestionablemente público -en cuanto a la regulación y la garantía, al menos- del sistema no obsta, empero, a que otras instancias, privadas, cívicas y económicas, puedan y deban ser cooperadores necesarios de su buen funcionamiento y resultados.

La protección social de los apoyos y los cuidados, además, ha de configurarse como derecho sí, como derecho subjetivo de lo más perfecto; un derecho de las personas y las familias que lleva consigo indefectiblemente el deber inexcusable de los poderes públicos de proveerlo y garantizarlo, en grado suficiente y en tiempo ágil. Son inaceptables las medias tintas, que todo lo emborronan, de que los derechos sociales, como ocurre en nuestra España actual, se ofrecen siempre capitidisminuidos, precarios, limitados y discontinuos, a tal punto que queda disuelto el pretendido derecho si es que alguna vez lo hubo.

Pero incluso lo mejor y más deseable no se puede imponer. Es habitual que, respecto de lo social, en cuanto generosamente se ayuda y asiste, la opinión de la persona en situación de necesidad apenas cuente. La bondad del propósito anula la voluntad de quien recolecta sus efectos. Esto ya no es de recibo. Los deseos, las preferencias, las opiniones de la persona, su autonomía intangible, pese a precisar apoyos externos, han de prevalecer en cualquier trance. El sistema de cuidados ha de obedecer a este designio, a saber, colaborar eficazmente con la persona a realizar su querido y deliberado plan de vida.

Del mismo modo, no todo cuidado sirve. Se debe y se puede hacer acepción de los mismos. Y las personas con discapacidad queremos y exigimos un determinado tipo de apoyos, aquellos que, respetando nuestras preferencias, a la par sean inclusivos, es decir, que nos mantengan en nuestro medio de pertenencia, insertados enteramente en la vida en comunidad, en la corriente general, sin forzarnos a soportar dispositivos separados y segregados, pensados en exclusiva para quienes necesitan cuidados, que consienten y hasta justifican tratos desiguales y mucho menos exigentes.

Siendo los apoyos y los cuidados una aspiración legítima de los individuos y de las familias, y hasta un derecho que la comunidad política ha de satisfacer, lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo, proveyendo a nuestro propio cuidado y bienestar y aportando leal y cooperativamente al de los demás. Hemos de autorresponsabilizarnos de nuestro mejor decurso existencial y corresponsabilizarnos del de quienes nos rodean. El autocuidado resulta crucial, tanto como la generación previa y preventiva de entornos vitales amistosos (al tiempo accesibles e inclusivos) que permitan maximizar y prolongar las mayores cotas de autonomía personal. Aquí las tecnologías también vienen en nuestro auxilio, siempre que sean asequibles, en la medida en que potencian las habilidades y minimizan las necesidades.

Si la civilización, al decir de algunos, comenzó por los cuidados, su resultado más feliz es que nos termine deparando en una civilización de los cuidados. Hagámoslo posible.

Implicaciones jurídicas del documento público digital

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

IMPLICACIONES JURÍDICAS DEL DOCUMENTO PÚBLICO DIGITAL

El documento público digital fue el tema del congreso celebrado los días 13 y 14 de febrero en el marco de la Cátedra ICADE-Fundación Notariado sobre Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital.

El congreso, estructurado en dos partes, dedicadas a El documento electrónico como nuevo instrumento documental y a La digitalización sustancial del documento notarial, fue inaugurado por Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE), y Segismundo Álvarez, vicedirector de la Cátedra. Veiga señaló el extraordinario interés despertado por la jornada, con más de cien inscritos online. Álvarez, por su parte, aseguró que las jornadas cumplen a la perfección con el objetivo de la Cátedra: “Fundamentar lo jurídico en un conocimiento riguroso de la parte tecnológica”.

La clausura del congreso corrió a cargo de Sofía Puente, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que afirmó que “en la Administración de Justicia hace años que nos adentramos en la senda de la digitalización. Es un camino imparable e irreversible y el Notariado español no podía quedar fuera de esta senda”.

Primera jornada

Información y electricidad. La digitalización como paso de lo material a lo intangible, fue el título de la conferencia inaugural, dictada por el notario y director de la Cátedra, Manuel González-Meneses. En su intervención, señaló que “el Derecho es pensamiento, información, datos… Si la técnica nos ofrece hoy formas más eficientes de comunicar, registrar y conservar la información, que además están ya absolutamente generalizadas en nuestra sociedad, y si el fenómeno de la información es hoy infinitamente más amplio de lo que fue en el pasado, los juristas no podemos vivir de espaldas a esa realidad, no podemos vincular nuestro destino a la tecnología del papel”.

A continuación, la primera mesa redonda, Del documento tradicional al electrónico, estuvo moderada por el notario Juan Álvarez-Sala y tuvo como ponentes a José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, y a José Antonio Vega, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Extremadura.

Martínez Sanchiz realizó un recorrido por la historia del documento jurídico, remontándose a las tablillas de barro, las pizarras, los papiros y pergaminos. “El camino hacia la autenticidad formal –apuntó- fue largo y dificultoso. Los sellos se empezaron a incluir en las tablillas romanas y en los papiros de contratos de venta. Esos sellos en cosa ajena recuerdan la firma electrónica actual. La autenticidad, no solo formal sino también sustancial, se acaba encontrando en la credibilidad del autor, en su compromiso con la verdad y la legalidad; en el compromiso del propio notario como persona pública».


EN LA CLAUSURA, SOFÍA PUENTE AFIRMÓ QUE LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA ES IMPARABLE Y QUE EL NOTARIADO NO PUEDE QUEDAR FUERA DE ESA SENDA


José Antonio Vega se ocupó de la ‘electronificación’ del documento jurídico, que -a su juicio- no da lugar a una nueva categoría jurídica, sino a un cambio en cuanto al código, el soporte y el proceso. El catedrático apuntó que “las nuevas tecnologías han producido un nuevo instrumento, el documento electrónico, que responde a la evolución del lenguaje comunicativo entre los hombres y que hace que los significantes de la información puedan ser magnitudes físicas codificadas”.

En el coloquio posterior, Martínez Sanchiz, frente a la concepción del documento jurídico como mera “reproducción” de un acto a efectos probatorios, sostuvo el valor del documento como forma de expresión de la voluntad negocial, y por tanto como un elemento que da existencia al negocio en el mundo jurídico no limitado al ámbito litigioso.

La tecnología del documento electrónico fue el tema del segundo panel, que contó con José María Anguiano, abogado y licenciado en Informática, y con Rafael Palacios y Javier Jarauta, ambos ingenieros industriales y profesores del departamento de Telemática y Computación de ICAI.

Anguiano explicó el concepto y los diferentes casos de uso de funcionamiento de los hashes (o huellas digitales de un fichero), como herramientas criptográficas para asegurar la integridad de los archivos electrónicos. Palacios explicó el funcionamiento de los algoritmos de criptografía asimétrica y su uso como instrumentos para conseguir confidencialidad y garantía de procedencia o firma, advirtiendo de la posible incidencia del desarrollo de la computación cuántica en la seguridad de estos algoritmos. Por último, Jarauta se ocupó del problema de la conservación en el tiempo de los archivos informáticos e ilustró a los asistentes acerca de las firmas electrónicas longevas como forma de mantener la posibilidad de autenticación en el tiempo de los documentos electrónicos.

La tercera mesa se centró en El documento electrónico de naturaleza pública, en su triple tipología de documentos administrativos, judiciales y notariales. Con el notario Francisco Javier García Mas como moderador, los ponentes fueron Antonio David Bering, profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Juan Ignacio Cerdá, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, y la notaria Itziar Ramos.

Bering explicó los avances en cuanto al expediente administrativo electrónico y su plasmación en documentos administrativos en soporte exclusivamente electrónico, llamando la atención sobre el concepto de gestión documental y sobre la distinción entre una mera digitalización de documentos preexistentes en papel y lo que es un genuino documento electrónico. Para Cerdá, “en España no se puede hablar todavía de justicia electrónica. Hay problemas estructurales y de personal. Tampoco se ha implantado la nueva oficina judicial y hay problemas de índole tecnológico”. Por su parte, Ramos se ocupó del estado vigente de digitalización de las actuaciones notariales que es el instaurado hace veinte años por la Ley 24/2001, que ya previó el documento notarial original o matriz en formato electrónico, admitiendo la expedición de copias autorizadas y simples electrónicas, pero restringiendo el ámbito de circulación de las primeras.

Segunda jornada

La siguiente mesa redonda, dedicada a La experiencia europea, tuvo carácter internacional al contar con la participación de David Siegel, miembro del Directorio del Colegio Federal del Notarios de Alemania; Jeroen Van Der Weele, notario de los Países Bajos; y Jorge Batista da Silva, presidente del Colegio de Notarios de Portugal.

David Siegel presentó el sistema ya adoptado en Alemania que, trasponiendo la Directiva 2019/1151, permite la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y su presentación en el Registro Mercantil. Detalló los medios técnicos que permiten la actuación notarial a distancia con las mismas garantías que la presencial y el nuevo régimen y sistema de creación y conservación de la escritura matriz electrónica. Van Der Weele señaló que, en el desarrollo legislativo actual en su país, “sólo es posible constituir sociedades de responsabilidad limitada presencialmente ante notario” al no haberse adaptado aún a la Directiva, pero explicó que existe un proyecto legislativo semejante a la norma alemana. Da Silva, por su parte, señaló que el Decreto Ley 126/2021 luso estableció un régimen legal temporal para la autorización, a través de videoconferencia, de determinadas escrituras públicas y explicó también el mecanismo para la descarga telemática de copias autorizadas electrónicas.

A continuación, el notario Carlos Higuera pronunció la conferencia Incidencia del proyecto de ley de trasposición de la directiva de digitalización de sociedades de capital en el documento notarial. En ella realizó un análisis del proyecto de ley 121/000126 actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, en cuanto afecta a los documentos notariales, con novedades tan importantes como la introducción de un protocolo electrónico que ha de reflejar la totalidad del protocolo de papel y que bajo el control del notario titular correspondiente estará depositado y conservado en el sistema del Consejo General del Notariado; así como la posibilidad de otorgamientos notariales a distancia para determinado tipo de documentos.

El futuro del documento notarial fue la última mesa redonda del Congreso. Con las intervenciones de los notarios José Carmelo Llopis, Fernando Gomá y Javier González Granado tuvo a José Cabrera, abogado e Investigador de la Universidad Comillas, como moderador.

Llopis centró su ponencia en el otorgamiento a distancia como modalidad de otorgamiento de un documento electrónico. En concreto, el ponente dividió su intervención en tres puntos. Primero, la necesidad de un canal seguro de aportación de los documentos necesarios para el otorgamiento al notario. Segundo, la potenciación del archivo electrónico del notario. Y tercero, las ventajas propias del documento electrónico, en particular, su interoperabilidad.

Gomá presentó una ponencia sobre la copia electrónica en la nube. Después de revisar el sistema vigente de expedición de copias autorizadas electrónicas sólo para su remisión a otros notarios, registros o autoridades administrativas o judiciales y para una finalidad determinada, se ocupó del nuevo sistema de exteriorización del documento notarial que traerá consigo el citado proyecto de ley, que permitirá el acceso a la copia en formato electrónico a cualquier persona que acredite interés legítimo.

Por último, González Granado abordó la cuestión de la matriz y el protocolo electrónicos, enfatizando las ventajas de una matriz electrónica en la que se pudiera incluir contenido dinámico por medio de hipervínculos.

II Edición de los Premios "Cerca de los que están cerca"

Seguir reconociendo el trabajo de las asociaciones de mayores y de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de este grupo de edad ha llevado a las dos fundaciones, Aequitas y Notariado, a convocar la II Edición de los Premios Cerca de los que están cerca. En esta segunda convocatoria también se contará con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a casi 6 millones de afiliados. El Premio se subdivide en dos categorías: trabajar por y para las personas mayores, y para las personas mayores con discapacidad. La dotación del Premio es de 6.000€ por categoría, cuantía que se obtendrá total o parcialmente a través de la convocatoria de torneos deportivos en los que participan los propios notarios.