La Ley que defiende la capacidad jurídica de todas las personas

EN SOCIEDAD

La Ley que defiende la capacidad jurídica de todas las personas

Redacción

El pasado 3 de septiembre, día en que se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, tuvo lugar un debate para analizar la efeméride en el canal de televisión de la agencia de noticias Servimedia.

Moderada por el periodista José Manuel González Huesa, la mesa redonda contó con las intervenciones de: Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Aequitas; María José Segarra, fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores, y patrona de Aequitas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Inés de Araoz, coordinadora del Departamento Jurídico en Plena Inclusión; y Lourdes Márquez, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE.

En su valoración de estos cinco años, la presidenta del Notariado y de la Fundación Aequitas apuntó que “hemos avanzado mucho, aunque en el ámbito social y jurídico queda pendiente superar sesgos y prejuicios aún existentes sobre las personas con discapacidad, que generan unos daños colaterales. Sigue habiendo necesidades no atendidas como la accesibilidad a las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial, aún debemos eliminar todas esas dificultades”.

LOS PONENTES COINCIDIERON EN RESALTAR LOS BENEFICIOS DE LA LEY 8/2021, AUNQUE PUSIERON DE MANIFIESTO ALGUNOS RETOS PENDIENTES EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA

De izquierda a derecha: Lourdes Márquez, Concepción Pilar Barrio Del Olmo e Inés de Araoz. María José Segarra, en pantalla.

Responsabilidad jurídica y moral

“Desde la aprobación de la Ley -señaló Barrio- hubo preocupación en el Notariado por formarnos. Era una ley con gran responsabilidad jurídica y moral para el notario. En las notarías ha habido una evolución; cada vez se adoptan más medidas voluntarias de apoyo que son conocidas mejor por parte de familiares y persona con discapacidad. A veces es el propio notario el que las recomienda para resolver las preocupaciones existentes en el ámbito patrimonial o asistencial”.

“En previsión de una situación de discapacidad, una persona puede ordenar aspectos no sólo económicos, también puede adoptar medidas personales. Puedes indicar quién quieres que se encargue de tu patrimonio y tu persona, con salvaguardas para evitar abusos. El asesoramiento notarial permite diseñar un ‘traje a medida’; para ello, se precisa de una conversación previa para informar sobre las diferentes posibilidades de un contrato de alimentos o un poder preventivo, por ejemplo, figuras muy aconsejables”, prosiguió la presidenta, quien recalcó que el artículo 25 de la Ley del Notariado (que garantiza la comprensión y accesibilidad de las personas con discapacidad a los instrumentos públicos), es un ejemplo de accesibilidad universal.

CONCEPCIÓN BARRIO DEL OLMO: “DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY 8/2021, CADA VEZ SE ADOPTAN MÁS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO EN LAS NOTARÍAS”

Sobre el futuro, la máxima representante del CGN y de la Fundación Aequitas pidió a todos los sectores implicados “no relajarse. Hemos conseguido mucho para que todo ese esfuerzo tenga una marcha atrás. Debemos conseguir superar esos daños colaterales que pueden dejar esta Ley en papel mojado”.

Desjudicialización

Segarra puso en valor “el esfuerzo por formarnos y aprender de todos los operadores jurídicos para aplicar una norma que ha cambiado la forma de ver a las personas con discapacidad. Los operadores somos los garantes de aplicar necesarias salvaguardas que garanticen que la voluntad se realice de forma libre”.

MARÍA JOSÉ SEGARRA, PATRONA DE AEQUITAS, APUNTÓ QUE LAS SENTENCIAS SOBRE INCAPACITACIÓN PREVIAS A LA LEY 8/2021 ESTARÁN RESUELTAS EN EL PLAZO PREVISTO

“La esperada desjudicialización -expresó la patrona de Aequitas- no se está produciendo con la intensidad que necesitaríamos. Los volúmenes de casos sobre discapacidad existentes en los juzgados siguen siendo importantes. Cabe destacar que sólo el 3% de las personas se oponen a las medidas de apoyo establecidas en el juzgado; hay una aceptación general de esos apoyos. Por lo que se refiere al plazo para revisar las sentencias de incapacitación anteriores a 2021, que concluye el próximo septiembre, con el ritmo de trabajo actual se va a alcanzar. La justicia es ahora más accesible, pero no disponemos de facilitadores procesales, órganos especializados en todos los territorios (no sólo en capitales de provincia), equipos multidisciplinares, personal en la fiscalía para realizar las entrevistas… pero desde el Ministerio Fiscal tenemos la plena voluntad de poner todo nuestro esfuerzo para superar esas trabas”.

“El movimiento de la discapacidad -destacó Pérez Bueno- en alianza con otros colectivos y operadores jurídicos como el Notariado, tenía mucho interés en que esta ley capital y de potestad legislativa saliera bien. Este esfuerzo fue considerable, la comunidad jurídica española dio lo mejor de sí para conseguirlo. Pero no es una “ley realidad”, es una “ley proceso” que precisa un despliegue. Quizá cuando pase su primera década de aplicación se encontrarán los cambios destinados a mantenerse”.

LUIS CAYO PÉREZ BUENO SEÑALÓ QUE SERÁN NECESARIOS DIEZ AÑOS PARA QUE LA NORMATIVA ESTÉ PLENAMENTE IMPLANTADA

Adaptación constante

El representante del CERMI estatal hizo hincapié en que “es una norma innovadora que ha marcado la pauta a otros países” y que su adaptación debe ser constante, “hoy mismo, por ejemplo, se ha aprobado el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva que refuerza la figura del facilitador procesal. Tenemos constancia de la existencia de daños colaterales en materias como la fiscal o de seguridad social que deben ser reconducidos. La desjudicialización tampoco se ha conseguido del todo; aunque hay que tener en cuenta que el ámbito de la justicia es la esfera peor dotada de la acción pública y precisa mayores recursos”.

INÉS DE ARAOZ HIZO HINCAPIÉ EN EL TRABAJO PREVIO REALIZADO POR EL TERCER SECTOR PARA ADAPTARSE A LA LEGISLACIÓN

Araoz puso de manifiesto “el trabajo previo a la entrada en vigor de la Ley de las organizaciones del mundo de la discapacidad en materia de transformación de cara a implementar el artículo 12 de la Convención de la ONU (Las personas con discapacidad tienen derecho al igual reconocimiento como persona ante la Ley). Podemos estar satisfechos con el contenido de esta reforma; aunque desde organismos como el Observatorio de Jurisprudencia han emitido informes sobre la aplicación que detectan indicadores que se incumplen. Es el caso de muchas sentencias, de cuyo contenido y obligaciones no se informa debidamente al curador o al guardador de hecho; lo que dificulta conocer si las personas jurídicas o las personas están dando lo que necesita la persona con discapacidad”.

LOURDES MÁRQUEZ ASEGURÓ QUE “QUEDA MUCHO POR HACER PARA PASAR DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS EJERCIDOS”

Por último, Márquez resaltó que “la Ley 8/2021 evidencia lo contenido en la Convención de la ONU, que este año cumple veinte años. Cambió el modelo de sustitución de la voluntad para enfocarse en la persona, creando apoyos individualizados o ‘trajes a medida’ para cada caso”. La representante de Fundación ONCE coincidió en apuntar retos pendientes: “Queda mucho por hacer para pasar de los derechos reconocidos a los ejercidos. Por ejemplo, en materia de accesibilidad universal; un puente que todos tenemos que cruzar”. Aunque se mostró optimista por “la colaboración y compromiso entre operadores jurídicos y movimiento asociativo. Cada uno de los actores debe cumplir su papel y seguir buscando las mejores soluciones para cada persona”.

Canal de Servimedia

El Diálogo está disponible en el Canal de YouTube de la agencia de noticias.

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Cuidar de quienes nos cuidan

EN SOCIEDAD

Cuidar de quienes nos cuidan

Carlos Capa

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el galardón anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la justicia más accesible por un proyecto que convierte una idea elemental —que ningún sanitario deje de denunciar una agresión por miedo, cansancio o desorientación— en una respuesta judicial coordinada, cercana y replicable.

En una sociedad que exige disponibilidad permanente a sus sanitarios, el acto de cuidar rara vez se ha detenido a mirar a quienes cuidan. Especialmente cuando el profesional sanitario, después de afrontar una agresión verbal, física o intimidatoria en su consulta, descubre que denunciar no es solo relatar lo ocurrido: es iniciar un recorrido administrativo y judicial que puede parecer largo, frío y, a veces, desalentador.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido acortar esa distancia, con su proyecto, significativamente titulado Cuidar de quienes nos cuidan. El premio fue recogido el pasado 26 de junio en la sede del CGPJ por el magistrado presidente, Juan Avelló Formoso, acompañado por la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elisabeth Hernández, y por el magistrado especialista de lo Social Javier Ercilla García.

EL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA HA DECIDIDO ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE LA DENUNCIA Y LA JUSTICIA CON SU PROYECTO CUIDAR DE QUIENES NOS CUIDAN

La entrega del reconocimiento corrió a cargo de Jorge Prades López, vicesecretario del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, secretaria del Colegio de Registradores de España. Más allá de la emotividad del acto, la escena condensaba una alianza institucional con un objetivo práctico: lograr que la víctima no se quede sola ante el primer obstáculo.

Un problema complejo

La iniciativa nace de una constatación tan real como dura. Muchos médicos comunitarios que sufren una agresión terminan por no denunciar. No porque el hecho carezca de gravedad ni porque desconozcan que tienen derecho a hacerlo, sino porque el desgaste se suma al desgaste: la atención del paciente, la tensión de una jornada asistencial, la necesidad de explicar lo sucedido, la incertidumbre sobre los trámites, la previsión de declaraciones y la sensación de adentrarse en un mundo ajeno.

En el origen del proyecto hay una pregunta esencial: ¿qué puede hacer la Justicia para que una víctima no renuncie antes incluso de haber iniciado el camino?

SE BUSCA QUE NINGÚN MÉDICO COMUNITARIO DEJE DE DENUNCIAR UNA AGRESIÓN POR DESCONOCIMIENTO, AGOTAMIENTO O FALTA DE APOYO

La respuesta articulada desde Las Palmas de Gran Canaria evita la lógica de las soluciones aisladas. No se trata de acompañar a un facultativo concreto en una situación excepcional, sino de establecer un cauce reconocible, estable y útil para el conjunto de profesionales afectados. La innovación, por tanto, no está solo en prestar ayuda, sino en convertir esa ayuda en sistema.

El modelo pone el foco en la coordinación entre instituciones que hasta ahora podían actuar en compartimentos separados: la organización judicial, el Colegio de Médicos y los profesionales que conocen, desde la práctica jurisdiccional, la realidad de los conflictos surgidos en el ámbito sanitario. Ese trabajo conjunto permite que la denuncia deje de ser un salto al vacío y se transforme en una decisión informada.

La víctima no necesita únicamente una respuesta cuando ya está ante el órgano judicial. La necesita antes: en el momento de comprender qué ha ocurrido, de valorar sus opciones y de encontrar un apoyo que no añada complejidad a una experiencia ya traumática.

LA ACCESIBILIDAD NO CONSISTE ÚNICAMENTE EN ABRIR LA PUERTA DEL JUZGADO. CONSISTE EN QUE LA PERSONA SEPA QUE PUEDE CRUZARLA, QUE SERÁ COMPRENDIDA

Con rostro humano

Hablar de justicia accesible suele remitir a la eliminación de barreras físicas, lingüísticas, tecnológicas o cognitivas. Todas son decisivas. Pero el proyecto premiado amplía esa mirada y sitúa en el centro una barrera menos visible: la del desánimo.

La agresión a un sanitario no se agota en el instante del incidente. Puede dejar una huella profesional, emocional y organizativa. Puede alterar la relación con los pacientes, generar inseguridad en el puesto de trabajo y extender la idea de que determinadas conductas forman parte inevitable de la asistencia sanitaria. Normalizar esa violencia es, en sí mismo, una forma de fracaso colectivo.

Cuidar de quienes nos cuidan plantea una alternativa: que el profesional no tenga que escoger entre continuar con su actividad y defender sus derechos. Que denunciar no aparezca como una carga añadida, sino como una vía acompañada y comprensible. Y que cada denuncia, además de responder a un daño individual, contribuya a visibilizar una realidad que no debe permanecer en silencio.

EL PROYECTO NO ASPIRA A RESOLVER UNA EXCEPCIÓN, SINO A IMPEDIR QUE LA RENUNCIA A DENUNCIAR SE CONVIERTA EN LA RESPUESTA HABITUAL DE QUIEN HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN

Ese enfoque contiene una dimensión institucional relevante. Cuando una persona renuncia a denunciar porque el procedimiento le resulta inaccesible, no falla únicamente su confianza personal: también se pierde información sobre un fenómeno social y se debilita la capacidad de prevenirlo. La denuncia es un instrumento de tutela, pero también de conocimiento. Hace visible lo que, de otro modo, permanece disperso en conversaciones de pasillo, partes internos o experiencias íntimas de frustración.

La accesibilidad, entendida así, exige un cambio de perspectiva. No se pregunta qué debe hacer el ciudadano para adaptarse a la Administración de Justicia, sino qué debe hacer la Justicia para resultar inteligible y transitable para el ciudadano. En este caso, para el sanitario que acaba de vivir una situación que jamás debería considerarse inherente a su profesión.

Un premio que interpela

El reconocimiento otorgado por el CGPJ sitúa al Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria como referente de una forma de entender el servicio público de Justicia. El galardón no premia únicamente una buena práctica local; reconoce una cultura institucional: la que escucha los problemas antes de que se conviertan en abandono, la que coopera con quienes están fuera del edificio judicial y la que no confunde formalidad con eficacia.

La presencia de Jorge Prades López, en representación del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, por el Colegio de Registradores de España, subraya además el carácter transversal de la accesibilidad. La Justicia no se construye solo desde la jurisdicción. Depende también de la capacidad de las profesiones jurídicas y de las instituciones públicas para detectar dónde se rompe el acceso efectivo a los derechos.

La fuerza de Cuidar de quienes nos cuidan reside precisamente en su aparente sencillez. No parte de una arquitectura burocrática grandilocuente, sino de una pregunta humana: ¿qué ocurre con el médico después de una agresión? A partir de ahí, organiza una respuesta.

Quizá esa sea la enseñanza más valiosa del proyecto. Las grandes reformas son necesarias, pero la calidad democrática de las instituciones también se mide en los detalles: en la llamada que orienta, en el cauce que evita una renuncia, en la coordinación que sustituye el peregrinaje y en la certeza de que pedir amparo no supondrá quedarse más solo.

Porque cuidar a quienes cuidan no es un gesto de cortesía institucional. Es una exigencia de justicia.

Pasos a seguir

Comunicar la agresión: El médico afectado debe comunicar la agresión sufrida a los servicios de asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Las Palmas.
Coordinación judicial: Gracias al protocolo acordado con el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria se optimiza la tramitación de la denuncia y se refuerza la organización de las citaciones y comparecencias.
Acompañamiento especializado: Se ofrece apoyo directo al profesional sanitario en su relación con el órgano judicial para reducir el impacto y la revictimización durante el proceso.

De la reacción a la prevención

La participación del Colegio de Médicos de Las Palmas, junto a los representantes de la Administración de Justicia ofrece una de las claves de la iniciativa: no hay protección efectiva si las instituciones esperan a encontrarse solo en el momento de la crisis.

El colegio profesional conoce de cerca la realidad de los facultativos, sus dudas y los obstáculos que encuentran al activar los mecanismos de defensa. Los juzgados, por su parte, son la puerta de acceso a la respuesta judicial. La colaboración entre ambos espacios permite construir un lenguaje compartido y, sobre todo, una cadena de apoyo menos fragmentada.

El magistrado especialista de lo Social, Javier Ercilla García, completa esa visión interdisciplinar. Las agresiones en el ámbito sanitario no pueden tomarse exclusivamente como episodios individuales. Tienen también una dimensión laboral y preventiva: afectan a las condiciones en las que se presta la asistencia, a la seguridad en el trabajo y al deber colectivo de proteger a quienes desarrollan una función esencial.

No es casual que el proyecto se dirija a los médicos comunitarios. La medicina de proximidad implica contacto continuo, confianza, urgencias, exigencias y, en ocasiones, una presión que desborda los límites de la relación asistencial. Precisamente por ello, la respuesta institucional debe ser clara: el profesional sanitario presta un servicio público o esencial, pero no está obligado a soportar violencia.

La justicia más cercana no es necesariamente la que multiplica ventanillas. Es la que reduce la necesidad de buscarlas. Es la que anticipa la duda, ordena el recorrido y convierte un derecho abstracto en una posibilidad real.

El reconocimiento de hijos ante notario

La participación del Colegio de Médicos de Las Palmas, junto a los representantes de la Administración de Justicia ofrece una de las claves de la iniciativa: no hay protección efectiva si las instituciones esperan a encontrarse solo en el momento de la crisis.

El colegio profesional conoce de cerca la realidad de los facultativos, sus dudas y los obstáculos que encuentran al activar los mecanismos de defensa. Los juzgados, por su parte, son la puerta de acceso a la respuesta judicial. La colaboración entre ambos espacios permite construir un lenguaje compartido y, sobre todo, una cadena de apoyo menos fragmentada.

El magistrado especialista de lo Social, Javier Ercilla García, completa esa visión interdisciplinar. Las agresiones en el ámbito sanitario no pueden tomarse exclusivamente como episodios individuales. Tienen también una dimensión laboral y preventiva: afectan a las condiciones en las que se presta la asistencia, a la seguridad en el trabajo y al deber colectivo de proteger a quienes desarrollan una función esencial.

No es casual que el proyecto se dirija a los médicos comunitarios. La medicina de proximidad implica contacto continuo, confianza, urgencias, exigencias y, en ocasiones, una presión que desborda los límites de la relación asistencial. Precisamente por ello, la respuesta institucional debe ser clara: el profesional sanitario presta un servicio público o esencial, pero no está obligado a soportar violencia.

La justicia más cercana no es necesariamente la que multiplica ventanillas. Es la que reduce la necesidad de buscarlas. Es la que anticipa la duda, ordena el recorrido y convierte un derecho abstracto en una posibilidad real.

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Entrevista a Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco

ESPACIO ÆQUITAS

Las personas se sitúan en el centro de las políticas públicas y es responsabilidad nuestra prestar atención prioritaria a las más vulnerables”

BAKARTXO TEJERIA,

presidenta del Parlamento Vasco

José M. Carrascosa

La sede vitoriana del Parlamento Vasco acogió en 2024 y 2026 sendas jornadas de la Fundación Aequitas, con una amplia representación de operadores jurídicos y movimiento asociativo. Estos foros fueron inaugurados por Bakarto Tejeria, presidenta de este órgano legislativo de representación popular desde 2012. La parlamentaria, también jurista, aborda en esta entrevista la estrecha relación que mantienen las instituciones de su comunidad autónoma con la discapacidad.

-El pasado enero inauguró las segundas jornadas que la Fundación Aequitas organizó en su institución. ¿Qué balance realiza de este encuentro?

– Muy positivo. Nos permitieron profundizar en algunos de los retos que plantea la aplicación del nuevo modelo de apoyos a las personas con discapacidad en ámbitos especialmente sensibles, como el ingreso involuntario. Y lo hicimos desde un punto de vista eminentemente práctico y bajo una perspectiva vasca, poniendo en valor las posibilidades que ofrece nuestro Derecho Civil. Contar con la participación de representantes de fundaciones y entidades de referencia junto con miembros de la Fiscalía, la Judicatura, la Abogacía, el ámbito financiero y otros profesionales y expertos, favoreció la creación de un espacio de reflexión interdisciplinar de extraordinario valor.

-En este foro, puso de manifiesto que, a pesar de contar con legislación pionera en materia de discapacidad (como la Ley 8/2021), aún queda camino por recorrer en la aplicación normativa. ¿Cuáles son las principales áreas de mejora en este sentido?

– En Euskadi, las políticas sociales y de inclusión han sido vanguardistas; por eso, ahora no se trata tanto de reconocer nuevos derechos como de hacer plenamente efectivos los reconocidos. El desafío de los próximos años será transformar el cambio normativo en un cambio real en la vida de las personas, garantizando que la autonomía, la accesibilidad, la participación y la igualdad de oportunidades dejen de ser únicamente principios inspiradores para convertirse en una realidad cotidiana. Por otra parte, el desarrollo del Derecho Civil Vasco podría ampliar la oportunidad singular de diseñar instrumentos jurídicos innovadores y flexibles.

“NO SE TRATA TANTO DE RECONOCER NUEVOS DERECHOS COMO DE HACER PLENAMENTE EFECTIVOS LOS RECONOCIDOS”

-El Derecho Civil y Foral vasco cuenta con figuras propias en materia de discapacidad (testamento mancomunado, pacto sucesorio o poder testatorio). Como jurista, ¿considera que esta singularidad es suficientemente conocida?

– Lamentablemente, no. El Derecho Civil Vasco pone a disposición de la ciudadanía instrumentos jurídicos de gran utilidad para proteger los derechos, el patrimonio y la autonomía de las personas con discapacidad. Sin embargo, estas figuras y el amplio abanico de posibilidades que ofrecen para poder hacer ese “traje a medida” que necesitan las personas con discapacidad siguen siendo poco conocidas por una parte importante de la sociedad y de las familias. La labor de divulgación que viene desarrollando la Academia Vasca de Derecho, en colaboración con las instituciones y los distintos operadores jurídicos, está contribuyendo a dar mayor visibilidad a estas herramientas y a fomentar su utilización. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer.

-En estas jornadas se puso de manifiesto la importante presencia del tejido asociativo en la sociedad vasca. ¿Qué papel juega el tercer sector en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad?

– En Euskadi, el tercer sector ha sido un pilar decisivo en el desarrollo de un sistema de servicios sociales avanzado y en la promoción de una cultura de inclusión y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. La colaboración entre instituciones y sociedad civil organizada es uno de los ejes de nuestro sistema de protección social. Nuestros servicios sociales no serían lo que son sin el tercer sector.

“LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA ES UNO DE LOS EJES DE NUESTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL”

-Es un hecho que la discapacidad se enfrenta a barreras en materia de accesibilidad física, comunicativa… ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Administración autonómica o instituciones como el Parlamento Vasco, en este sentido?

– En el ámbito legislativo, la Cámara Vasca ha aprobado leyes de gran trascendencia en favor de la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. Ahí están, entre otras, la Ley de Promoción de la Accesibilidad (1997), la Ley sobre Perros de Asistencia para la atención a personas con discapacidad, la de Servicios Sociales (2008), la de Derecho Civil Vasco (2015), la del Tercer Sector Social de Euskadi (2016), la del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (2022) o la de Empleo Público Vasco (2022).

-En su dilatada experiencia como parlamentaria, ha integrado varias comisiones estrechamente vinculadas con las preocupaciones ciudadanas (Derechos Humanos, Mujer y Juventud, Acción Social…). ¿Puede explicarnos cuáles son las principales líneas de trabajo existentes desarrolladas por estos grupos? ¿Y, concretamente, en materia de discapacidad?

– Fueron años de intenso trabajo, guiados por la convicción de que las personas deben situarse en el centro de todas las políticas públicas y de que es responsabilidad nuestra prestar una atención prioritaria a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

En las comisiones parlamentarias se desarrollan buena parte de las funciones legislativas, de control e impulso al Gobierno. En la de Derechos Humanos, por ejemplo, se abordan cuestiones como la inclusión, la protección de las personas más vulnerables, la defensa de las minorías, la igualdad de trato en el acceso al empleo, la educación o los servicios sociales de las personas con discapacidad. Algo similar ocurre en la Comisión de Acción Social y en la de Mujer y Juventud, un ámbito en el que se hace especialmente visible la doble discriminación que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad y exige respuestas específicas desde las instituciones.

-Su carrera política se inició como concejal y alcaldesa en un municipio guipuzcoano. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las labores de un ayuntamiento y su ocupación actual de ámbito autonómico?

– Las diferencias son notables. En el Ayuntamiento, los problemas a los que te enfrentas son locales: garantizar los servicios básicos de las y los vecinos como el agua, la gestión de residuos… El ámbito competencial del Parlamento Vasco es mucho más amplio, abarca a todas las personas que vivimos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Como alcaldesa, gestionaba. En el Parlamento, además de realizar la función de control del Gobierno, legislamos, es decir, elaboramos las leyes que van a determinar aspectos tan fundamentales de nuestras vidas como la sanidad, la educación o la seguridad.

HUELLA DIGITAL

La presidenta del Parlamento Vasco cuenta con perfiles propios en Instagram y Facebook, ambos con unos 1.300 seguidores, donde informa de manera actualizada -en euskera- de su actividad institucional.

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Europa fortalece su capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias

EN EL ESCAPARATE

Europa fortalece su capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias

Elvira Arroyo

Tras décadas de avances históricos, la mejora de los indicadores sanitarios mundiales se ha ralentizado. El aumento de los brotes infecciosos, el retroceso de la financiación internacional y el auge de la desinformación están poniendo a prueba los sistemas de salud. Ante este escenario, la Unión Europea (UE) ha lanzado la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial, una estrategia para reforzar los sistemas sanitarios y afrontar con rapidez nuevas emergencias.

Durante los últimos 25 años la salud mundial ha vivido una transformación sin precedentes. La esperanza de vida se ha incrementado en más de cinco años, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad y la mortalidad materna ha descendido un 40% desde el año 2000. Estos avances han sido posibles gracias al crecimiento económico, la investigación científica y décadas de inversión internacional que han ampliado el acceso a la atención médica en gran parte del planeta. En la actualidad, aunque los indicadores de salud continúan mejorando, lo hacen a un ritmo menor.

LA RESILIENCIA SANITARIA SE HA CONVERTIDO EN PIEZA CLAVE DE LA SEGURIDAD COLECTIVA, LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y EL BIENESTAR SOCIAL

La Comisión Europea advierte de que el contexto que hizo posible estos progresos está cambiando. La cooperación multilateral pierde peso frente a enfoques más bilaterales, mientras la desinformación erosiona la confianza pública en la ciencia y en las instituciones. A ello se suma la reducción de la financiación internacional: entre 2024 y 2025, la ayuda al desarrollo destinada a la salud cayó un 21%, lo que ha puesto de relieve las debilidades de numerosos sistemas sanitarios, especialmente en los países de renta baja.

Todo ello ocurre mientras aumentan los riesgos de propagación de enfermedades infecciosas. El cambio climático, la degradación ambiental, la resistencia a los antimicrobianos o la inseguridad alimentaria contribuyen a que los brotes sean cada vez más frecuentes e intensos. Además, en un mundo interconectado, las carencias sanitarias de una región pueden convertirse rápidamente en un problema global.

LA COOPERACIÓN MULTILATERAL PIERDE PESO FRENTE A ENFOQUES MÁS BILATERALES, MIENTRAS LA DESINFORMACIÓN EROSIONA LA CONFIANZA PÚBLICA EN LA CIENCIA Y EN LAS INSTITUCIONES

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios ante crisis de alcance global. Seis años después de aquella emergencia, la Unión Europea ha decidido reforzar su papel en la salud global mediante la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial, adoptada el 13 de mayo de 2026. Esta hoja de ruta pretende mejorar la capacidad de prevención, preparación y respuesta ante futuras crisis, fortalecer los sistemas sanitarios y forjar unas bases más sólidas frente a amenazas que no conocen fronteras.

Ejes prioritarios

La nueva estrategia europea pretende actuar sobre las principales vulnerabilidades detectadas tras la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias recientes. Para ello, la Comisión Europea ha diseñado un plan de acción estructurado en cinco grandes prioridades y nueve iniciativas emblemáticas que comenzarán a desplegarse entre 2026 y 2027.

El primer reto consiste en construir una gobernanza sanitaria mundial más eficaz y menos fragmentada, capaz de responder a dificultades persistentes como la insuficiencia de financiación. Bruselas considera imprescindible una mayor coordinación entre los Estados miembros y mantener su compromiso con la agenda sanitaria global. En este sentido, recuerda que ya ha movilizado más de 6.000 millones de euros en inversiones sanitarias.

El segundo objetivo se centra en consolidar los sistemas sanitarios nacionales, especialmente en los países socios de la UE. La Comisión considera que aquellos Estados capaces de financiar, gestionar y prestar sus propios servicios sanitarios están mejor preparados para proteger a sus poblaciones y asegurar la continuidad asistencial durante las crisis. La transición hacia una mayor soberanía sanitaria se apoyará en inversiones específicas, con especial atención a la atención primaria.

EN UN MUNDO INTERCONECTADO, LAS CARENCIAS SANITARIAS DE UNA REGIÓN PUEDEN CONVERTIRSE RÁPIDAMENTE EN UN PROBLEMA GLOBAL

El tercer eje de la estrategia consiste en mejorar la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta ante futuras amenazas epidémicas. La Comisión quiere impulsar tecnologías como la secuenciación genómica y la inteligencia artificial para mejorar la vigilancia en tiempo real y agilizar la identificación de nuevas amenazas. Asimismo, prevé ampliar las capacidades de análisis de aguas residuales y del medio ambiente, capaces de detectar la presencia de patógenos antes incluso de que se registren casos clínicos.

La rapidez de actuación será clave. El brote de mpox (antes “viruela del mono”) registrado en África en 2024 demostró la importancia de una respuesta coordinada, pero también dejó ver las deficiencias en los sistemas de detección temprana. Para subsanarlas, la UE se decanta por las denominadas plataformas agnósticas de patógenos, unos sistemas de vigilancia diseñados para identificar de forma precoz cualquier agente infeccioso, incluso aquellos desconocidos o no incluidos previamente en los programas de seguimiento.

Cadenas de suministro diversificadas

El cuarto pilar de la estrategia europea busca diversificar las cadenas de suministro globales, impulsar la fabricación de productos sanitarios estratégicos y fomentar la cooperación internacional en el desarrollo de contramedidas médicas. La pandemia de la COVID-19 dejó constancia de las limitaciones de depender de un número reducido de países y fabricantes para el suministro de vacunas, medicamentos y otros productos esenciales.

La Comisión Europea considera que unas cadenas de suministro más diversificadas son decisivas para afianzar la resiliencia sanitaria y reducir la vulnerabilidad ante tensiones geopolíticas o interrupciones del mercado.

Este compromiso es especialmente importante para productos destinados a combatir enfermedades como el cáncer, el VIH, la tuberculosis o la malaria, así como para responder a futuras epidemias. En esta línea, la UE puso en marcha en 2021 el programa MAV+, que ha movilizado alrededor de 2.000 millones de euros en países como Sudáfrica, Senegal, Ghana, Nigeria, Ruanda y Egipto.

La Comisión prevé intensificar estos esfuerzos mediante nuevos instrumentos de inversión y una mayor colaboración con el sector privado para impulsar la producción de productos sanitarios esenciales y mantener la competitividad de la industria europea.

Por último, la quinta línea de actuación aborda la lucha contra la desinformación sanitaria. Durante las crisis sanitarias importantes, existe un mayor riesgo de información engañosa e injerencia por parte de agentes extranjeros en materia de salud que pueden mermar la confianza pública en la ciencia. El objetivo de la UE es que la formulación de políticas de salud mundial se siga sustentando en la cooperación internacional y en la evidencia científica.

Al mismo tiempo, es necesario intensificar la lucha contra los medicamentos falsificados y de calidad inferior, sobre la base de los conocimientos especializados de la UE en el sector y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

ES NECESARIO INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA LOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS Y DE CALIDAD INFERIOR

Una cuestión de seguridad global

La Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial llega en un momento especialmente delicado para la salud global. Episodios recientes como el mpox en África o los recurrentes brotes de ébola han vuelto a recordar la debilidad de los sistemas sanitarios y la celeridad con la que una amenaza local puede adquirir dimensión internacional. Para los responsables europeos, la preparación ya no puede entenderse como una respuesta puntual ante una crisis, sino como una política permanente basada en la anticipación, la vigilancia y la cooperación.

Pero, más allá del ámbito sanitario, la Comisión Europea reconoce que la salud es un factor cada vez más relevante en el tablero geopolítico. En este contexto, la Unión Europea aspira a consolidarse como un actor de referencia en la gobernanza sanitaria mundial, reafirmando su apoyo al multilateralismo y a la Organización Mundial de la Salud.

En definitiva, ninguna región puede considerarse segura si el resto del mundo sigue siendo vulnerable. La resiliencia sanitaria se ha convertido en pieza clave de la seguridad colectiva, la estabilidad económica y el bienestar social.

La financiación sanitaria de la UE

Más del 42% de los recursos del Fondo para Pandemias son aportados por Team Europe.

360 millones de euros son destinados por la UE para Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Alrededor de 540 millones de euros se han invertido en la fabricación de productos sanitarios en África, movilizando hasta 2.000 millones de euros en el marco de la iniciativa MAV+ para vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias.

Más de 100 millones de euros se han destinado a iniciativas de seguridad sanitaria puestas en marcha junto con Africa CDC (Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades).

700 millones de euros han sido comprometidos por la UE para el Fondo Mundial, elevando la contribución total de Team Europe a más de 3.000 millones de euros.

Fuente: Comisión Europea. 2026.

El primer acuerdo mundial sobre pandemias

La pandemia de la COVID-19 hizo visibles las dificultades de la comunidad internacional para coordinar una respuesta rápida ante una emergencia sanitaria de alcance mundial. Para prevenir situaciones similares, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron en mayo de 2025 el primer Acuerdo sobre Pandemias de carácter internacional.

El texto incorpora el enfoque Una sola salud, que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente.

El acuerdo recoge que las decisiones sobre confinamientos, campañas de vacunación, cierres de fronteras u otras medidas de salud pública seguirán siendo competencia exclusiva de cada Estado.

El modelo europeo de innovación sanitaria

La Unión Europea considera que su fortaleza sanitaria se basa en la combinación de investigación, capacidad industrial y un marco regulador que garantiza la seguridad y eficacia de medicamentos, vacunas y productos sanitarios.

En este marco, la Agencia Europea de Medicamentos permite acelerar la evaluación y autorización de nuevos productos en situaciones de emergencia, manteniendo elevados estándares de calidad y seguridad.

La investigación es otro de los pilares del modelo europeo. A través de la Asociación Global Health EDCTP3, financiada por Horizonte Europa, la UE impulsa el desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas, especialmente en África subsahariana.

Un observatorio para seguir la financiación sanitaria mundial

La Comisión Europea propone la creación de un Rastreador Mundial de Salud y Resiliencia, una herramienta que permitirá monitorizar de forma sistemática el gasto sanitario a escala internacional. El objetivo es aumentar la transparencia, evitar duplicidades y mejorar la eficacia de los recursos destinados a la salud global.

La intención es desarrollarlo en colaboración con la OCDE, la OMS y el Banco Mundial. A medio plazo, el rastreador ampliará su alcance a otras prioridades sanitarias internacionales e incorporará, cuando los datos lo permitan, indicadores desglosados por sexo y con perspectiva de género.

Para saber más

Unión Europea de la Salud. Iniciativa de la Comisión Europea en la que todos los países de la UE se preparan y responden juntos a las crisis sanitarias.

Reglamento (UE) 2022/2371 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud.

Acuerdo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre pandemias (2025).

Perfiles de salud por país europeo 2025. Comisión Europea. Análisis detallado de los sistemas nacionales de salud de la UE que incluye una sección especial sobre productos farmacéuticos.

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Alianza contra el blanqueo: Notariado y Policía Nacional

EN ESTE PAÍS

Alianza contra el blanqueo: Notariado y Policía Nacional

REDACCIÓN

La Policía Nacional y el Consejo General del Notariado celebraron en junio, en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), la I Jornada Consejo General del Notariado-Policía Nacional: Interacción en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un encuentro que ha servido para reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera.

La jornada reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada.

En la inauguración participaron Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, y Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial. En su intervención, la presidenta del Notariado señaló que el Notariado y la Policía Nacional son “dos instituciones íntimamente unidas por un propósito común: el servicio a la sociedad y el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho”.

Retos a futuro

Durante el encuentro se expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación y lucha contra estos delitos, el papel preventivo que desempeñan los notarios en este ámbito y las herramientas que ponen a disposición de las autoridades para facilitar sus investigaciones.

Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación.

Casos de éxito

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de diversos casos de éxito fruto de la cooperación entre la Policía Nacional y el Consejo General del Notariado. Responsables de ambas instituciones expusieron actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas, la identificación de entramados societarios complejos, recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica.

Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. En este sentido, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales. La jornada concluyó con una mesa redonda dedicada a compartir experiencias y analizar los retos futuros de la colaboración frente a nuevas amenazas vinculadas a la criminalidad económica y financiera.

En la clausura Manuel Seda, vicepresidente del CGN y decano del Colegio Notarial de Andalucía y Fernando Alonso, jefe de la UCDEF, destacaron el papel de ambas instituciones en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el Consejo de la Unión Europea.

Seda aseveró que la colaboración entre notarios y Policía es una herramienta esencial para reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos: “Esa seguridad jurídica es un instrumento hacia la consecución de un derecho fundamental como es la libertad civil. A eso contribuye el Notariado y también, en una dimensión distinta, pero no lejana, la Policía Nacional”. “Tenemos que seguir en esta línea de colaboración: es fundamental que desarrollemos instrumentos y que profundicemos en estas relaciones, porque el crimen organizado avanza con una gran rapidez”, concluyó.

Colaboración Policía-Notariado

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló durante la jornada realizada en colaboración con la Policía Nacional, que “vivimos un momento de gran complejidad, con amenazas de ciberdelincuencia, corrupción, fraude económico, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en cuya lucha los notarios colaboramos diariamente en las notarías, y corporativamente a través de nuestro Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales y las bases de datos de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública”. Frente a estas realidades, añadió que “nuestras respectivas responsabilidades convergen y la colaboración institucional deja de ser una opción para convertirse en una necesidad, porque cuando Notariado y Policía Nacional colaboran, la cadena de garantías que sostiene nuestra convivencia se refuerza”.

Índice Único Informatizado

Según explicó el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, Pedro Galindo, en su intervención, en la base de datos del Notariado “hay información de cerca de 48 millones de personas físicas y de más de 3.3 millones de personas jurídicas. Además, sabemos que en los últimos cuatro años han pasado 2.650.000 sociedades de responsabilidad limitada por las notarías españolas. Por lo tanto, la verdadera información mercantil del país no está en el registro mercantil, está en el Índice Único Informatizado Notarial”.

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Diez medidas urgentes para prevenir los incendios forestales

EN ESTE PAÍS

Diez medidas urgentes para prevenir los incendios forestales

REDACCIÓN

El Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario han suscrito un convenio para la acción conjunta en situaciones de emergencia. Su objetivo es contribuir a paliar los efectos devastadores en situaciones de crisis o catástrofes. Como primera medida hacen un llamamiento a la colaboración y al compromiso de toda la sociedad para reforzar la cultura de la prevención de los incendios forestales.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores amenazas para nuestro patrimonio natural, la actividad económica del medio rural y la seguridad de las personas.

Su impacto trasciende el ámbito ambiental, afectando también a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, infraestructuras, viviendas y al conjunto de las comunidades que viven y trabajan en el territorio.

La prevención de los incendios forestales es una responsabilidad compartida que requiere la implicación activa de las administraciones públicas, los profesionales del sector agrario y forestal y de toda la ciudadanía.

En este contexto, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario, conscientes de la creciente incidencia y severidad de los incendios asociadas a las condiciones climáticas extremas, desean trasladar una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar la prevención, reducir los riesgos y contribuir a la protección de nuestros montes y espacios rurales.

LOS INCENDIOS TRASCIENDEN EL ÁMBITO AMBIENTAL, AFECTANDO TAMBIÉN A EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS Y FORESTALES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDAS

Porque la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestros montes, nuestro medio rural y a las personas que viven y trabajan en él. Cada actuación responsable contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales y a preservar un patrimonio natural y productivo que es de todos.

Con este propósito, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario hacen un llamamiento a la colaboración y al compromiso de toda la sociedad para reforzar la cultura de la prevención y avanzar hacia un territorio más seguro, sostenible y resiliente frente al fuego.

CADA ACTUACIÓN RESPONSABLE CONTRIBUYE A REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y A PRESERVAR UN PATRIMONIO NATURAL Y PRODUCTIVO QUE ES DE TODOS

Recomendaciones a la ciudadanía:

Evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición: No arrojar colillas, cerillas ni residuos en el medio natural o en sus proximidades. Un gesto aparentemente insignificante puede desencadenar un incendio de graves consecuencias en condiciones de altas temperaturas, sequedad y viento.

Respetar estrictamente las limitaciones relativas al uso del fuego: Durante los periodos de alto riesgo deben observarse rigurosamente las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes en relación con barbacoas, hogueras, quemas recreativas y cualquier actividad susceptible de originar fuego o chispas.

Atender los avisos y niveles de alerta: Consultar la información oficial sobre el riesgo de incendios y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los organismos responsables de la gestión forestal. Asimismo, se recomienda circular exclusivamente por las vías y caminos autorizados.

Comunicar de inmediato cualquier indicio de incendio: La detección temprana resulta determinante para evitar que un conato se convierta en un gran incendio forestal. Ante la presencia de humo, fuego o cualquier situación sospechosa, debe alertarse de forma inmediata a los servicios de emergencia.

Mantener limpias las parcelas, viviendas y entornos habitados: La eliminación de maleza seca, restos vegetales y otros materiales combustibles en las proximidades de edificaciones constituye una medida esencial de autoprotección. Del mismo modo, el abandono de residuos en el medio natural incrementa los riesgos y dificulta las labores preventivas.

Recomendaciones para el sector

Gestionar adecuadamente los restos de poda y de cosechas: Evitar la acumulación de material vegetal seco y priorizar, siempre que sea posible y conforme a la normativa vigente, el triturado e incorporación al suelo de los restos vegetales o su valorización como biomasa, reduciendo así el riesgo de propagación del fuego.

Extremar las precauciones en el uso de maquinaria agrícola y forestal: Realizar revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado de cosechadoras, tractores, desbrozadoras y demás equipos susceptibles de generar chispas o sobrecalentamientos, especialmente durante los periodos de mayor riesgo.

Adaptar las labores agrícolas a las condiciones meteorológicas: Evitar la realización de trabajos que puedan provocar igniciones durante las horas de máximo calor y en situaciones de riesgo extremo. La planificación de las tareas más sensibles en las primeras horas del día contribuye significativamente a reducir incidentes.

Mantener franjas de seguridad y áreas de protección: Conservar libres de vegetación seca los perímetros de parcelas y explotaciones, especialmente en zonas colindantes con terrenos forestales, favoreciendo que los espacios agrícolas actúen como elementos de contención frente a la propagación de incendios.

Impulsar el pastoreo extensivo y controlado: El aprovechamiento ganadero constituye una herramienta eficaz de gestión del territorio, al contribuir a la reducción de la biomasa combustible y al mantenimiento de áreas estratégicas para la prevención de incendios.

Compromisos del Notariado y Foro Agrario

En este contexto, y en caso de emergencia, el Consejo General del Notariado y Foro Agrario se comprometen a:

Intercambiar información, dentro de sus competencias, que facilite la toma de conocimiento real del problema y la adopción de las medidas necesarias para su resolución.
Suministrar información de las actuaciones a desarrollar con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, agilizar las actuaciones, evitando solapamiento y duplicidad de procesos y concurrencia innecesaria de actividades.

Además, el Notariado:

Habilitará los colegios notariales y las notarías para la realización de actuaciones jurídicas que tengan por objeto ayudar a paliar los daños personales y patrimoniales de los ciudadanos.
Habilitará servicios telefónicos y telemáticos de ayuda a los ciudadanos afectados.
Ayudará en la recuperación de las escrituras públicas de los ciudadanos.
Ofrecerá asesoramiento gratuito en la forma que reglamentariamente se determine.

Convenio para la acción conjunta ante emergencias

El 17 de junio la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente de la Fundación Foro Agrario, Fernando J. Burgaz, firmaron un convenio de colaboración para la acción conjunta en situaciones de emergencia. Este acuerdo tiene como objeto establecer las líneas de actuación y coordinación para contribuir a paliar los efectos en situaciones de crisis o catástrofes.

La Comisión de Emergencias del Notariado

La Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, presidida por el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, coordina las actuaciones del Notariado y su colaboración con otras instituciones ante catástrofes y situaciones de crisis. Su Plan Notarial de Emergencias persigue ayudar y asesorar a los afectados y proteger sus derechos jurídicos y patrimoniales. Así, este plan facilita la búsqueda y recuperación de escrituras públicas pérdidas o destruidas y la expedición de actas notariales para documentar los daños sufridos; ofrece asistencia jurídica gratuita presencial y telemática, habilita canales de comunicación, y establece protocolos a seguir para agilizar la gestión de trámites urgentes en zonas catastróficas.

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Asesoramiento jurídico a las mujeres del ámbito rural

FUNDACIÓN NOTARIADO

Asesoramiento jurídico a las mujeres del ámbito rural

Redacción

La Fundación Notariado y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han firmado un convenio de colaboración para impulsar acciones de formación y asesoramiento jurídico a mujeres del medio rural con el objetivo de facilitar el acceso a información clara y comprensible sobre cuestiones jurídicas que afectan a su vida personal, familiar y profesional y así reforzar su autonomía.

El acuerdo fue suscrito por Teresa López López, presidenta de FADEMUR, y Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

A través de esta colaboración, ambas entidades pondrán en marcha charlas, conferencias y actividades divulgativas impartidas por diferentes notarias y notarios de toda España para ahondar en una variedad de temas de interés para FADEMUR como el emprendimiento y sus distintas fórmulas jurídicas; la estructura patrimonial de las sociedades; la representación y/o titularidad compartida de las explotaciones agrarias; además de otros como las cuestiones sucesorias, tanto testamentos como herencias; o las dudas referidas a las personas con discapacidad, la violencia de género o la violencia en todas sus formas contra las mujeres.

EL ACUERDO PERMITIRÁ REFORZAR LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES RURALES

Iniciativas emprendedoras

FADEMUR, con 56.000 mujeres asociadas, trabaja desde hace años en el impulso y apoyo de iniciativas emprendedoras de las mujeres rurales, especialmente en ámbitos vinculados a la actividad agrícola, ganadera, agroalimentaria, artesanal y a los servicios desarrollados en el entorno rural. Este convenio permitirá incorporar también el asesoramiento jurídico preventivo como una herramienta útil para reforzar la autonomía y el desarrollo personal y profesional de las mujeres y familias rurales.

Por su parte, Fundación Notariado desarrollará esta iniciativa a través de su Comisión de Igualdad, reforzando el compromiso del Notariado con la igualdad de oportunidades y con el acompañamiento jurídico cercano a las personas que viven en el entorno rural. El Notariado cuenta con más de 660 notarías en municipios de menos de 15.000 habitantes, una presencia territorial que permite garantizar el acceso al mismo nivel de seguridad jurídica y asesoramiento en toda España, también en los pequeños municipios.

LAS FUTURAS CHALAS ABORDARÁN ASPECTOS DE SU VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PATRIMONIAL

En palabras de Concepción Pilar Barrio Del Olmo “este convenio da un paso más en esa cercanía. No se trata solo de estar presentes en el territorio, sino de mantener una relación activa, efectiva y directa con las personas; explicar y resolver dudas antes de que surjan los problemas. Hacer el Derecho más práctico y comprensible es fundamental para que las mujeres y familias rurales puedan tomar decisiones con libertad, seguridad y tranquilidad”.

Teresa López López destacó que “en los pueblos, muchas veces, las mujeres tienen que resolver cuestiones importantes sin disponer de información clara o acompañamiento especializado. Gracias a esta colaboración podremos acercar recursos muy útiles a mujeres que los necesitan en su día a día”.

UN LUGAR DESTACADO DE LA ASESORÍA NOTARIAL LO OCUPARÁN TODO LO RELACIONADO CON LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

La colaboración tendrá una duración inicial de cuatro años. Las directoras territoriales de FADEMUR propondrán los temas en los que sus asociadas tienen mayor interés o necesidad y la Comisión de Igualdad de Fundación Notariado identificará a los notarios y notarias que vayan a impartir dichas conferencias. Todo en aras de ofrecer herramientas a las mujeres rurales que les ayuden a tomar determinadas decisiones jurídicas y económicas con mayor conocimiento y afrontarlas con mayor seguridad.

Para Barrio Del Olmo, “la seguridad jurídica preventiva cobra una especial importancia en el medio rural, donde determinadas situaciones pueden requerir una mayor información o acompañamiento. Este tipo de iniciativas permiten orientar mejor el asesoramiento notarial, anticipar posibles dificultades y ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada caso”.

La presidenta de FADEMUR aseguró que “muchas mujeres rurales sostienen proyectos familiares, explotaciones agrarias y pequeños negocios, pero a menudo afrontan situaciones complejas sin información suficiente. Contar con asesoramiento cercano y comprensible es fundamental para fortalecer sus derechos, impulsar su independencia económica y garantizar oportunidades en igualdad”.

¿Qué es FADEMUR?

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR es una entidad de ámbito estatal declarada de utilidad pública, que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Actualmente está constituida por más de ciento cincuenta organizaciones de mujeres rurales con implantación en 16 comunidades autónomas, y representa a unas 56.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural español. Se constituyó como Federación Estatal en el año 2004, conscientes de la necesidad de respuestas de las mujeres rurales ante las políticas puestas en marcha por las distintas Administraciones.

Teresa López, presidenta de FADEMUR

Teresa López, natural de Cabanas (A Coruña), estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid. Tras acabar la carrera se incorporó al gabinete técnico de Unión Agrarias-UPA Galicia como responsable de ganadería en un momento tan crítico como la crisis de las “vacas locas”. En 2002 se incorporó a la Ejecutiva de UPA Federal y desde 2009 es la secretaria de Igualdad. En 2004, después de mucho trabajo con las mujeres de los pueblos de toda España, preocupadas por la falta de servicios básicos, el aislamiento y la desigualdad, lideró la creación de FADEMUR junto con otras compañeras de la organización, cuyo lema Igualdad y progreso para las mujeres rurales dejó claro desde un principio cuáles eran sus objetivos.

El acuerdo de colaboración

En este breve vídeo se puede ver distintos momentos de la firma del convenio. Aquí

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Entrevista a García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España

EN CURSO LEGAL

La ciudadanía debe saber que la Procura no es un trámite accesorio, sino una pieza esencial del proceso judicial”

García Barrenechea,

presidente del Consejo General de Procuradores de España

CARLOS CAPA

Alberto García Barrenechea es desde abril de este año presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Hasta febrero de 2026 ejerció como decano del Colegio de Procuradores de Madrid. Experto jurista con más de 30 años de ejercicio afronta ahora el reto de situar a la Procura como profesión innovadora e imprescindible de la arquitectura judicial española.

Acaba de ser elegido presidente en un momento de importantes cambios en la Justicia española, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios de su mandato y cómo se diferencia su proyecto de los mandatos anteriores?

Mis tres prioridades al frente del Consejo General de Procuradores de España son muy claras: reforzar el papel institucional de la Procura; impulsar una Justicia más ágil y accesible, y situar a los procuradores en el centro de la transformación digital y de la resolución eficiente de conflictos. No se trata solo de gestionar una corporación profesional, sino de aprovechar un momento histórico de cambio para demostrar que la Procura aporta valor real al sistema. Mi proyecto se diferencia de otros mandatos porque quiere ser más proactivo, más autónomo y más útil para la ciudadanía. La profesión no puede limitarse a reaccionar ante las reformas; debe anticiparse, influir y proponer. Queremos una organización con voz propia, capaz de defender mejor a sus colegiados y, al mismo tiempo, de contribuir a una Justicia más moderna, cercana y eficaz

“ES POSIBLE REDUCIR LA CONGESTIÓN JUDICIAL SI SE ATRIBUYEN FUNCIONES DE FORMA RACIONAL Y EFICAZ A LOS PROCURADORES EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL”

La Ley 1/2025 modifica sustancialmente el papel del procurador, especialmente en la ejecución civil de sentencias, exigiendo un consentimiento informado del cliente que antes no existía en las delegaciones de la Administración de Justicia. Con cuatro millones y medio de casos sin resolver y la previsión de superar los cinco millones este año, ¿cree realmente que los procuradores podrán agilizar los juzgados?

La Ley Orgánica 1/2025 abre una oportunidad importante, pero su éxito dependerá de cómo se aplique en la práctica. La Procura está preparada para asumir nuevas funciones y colaborar en la mejora de la ejecución civil, siempre que se nos doten de medios, seguridad jurídica y una implantación homogénea en todo el territorio. Es evidente que no basta con cambiar la norma: hace falta voluntad política, coordinación institucional y una inversión real en organización judicial. Con una sobrecarga tan grande en los juzgados, cualquier medida que descargue trabajo y acelere trámites merece ser valorada. Ahora bien, no debemos caer en el optimismo ingenuo. Si la reforma no va acompañada de criterios claros, formación y herramientas adecuadas, el riesgo es que el cambio se quede a medias. La Procura puede ayudar mucho, pero no puede sustituir sola las carencias estructurales del sistema.

“LA PROCURA NO PUEDE LIMITARSE A REACCIONAR ANTE LAS REFORMAS: DEBE ANTICIPARSE, INFLUIR Y PROPONER”

En su campaña electoral habló de convertir al Consejo General en una institución con un papel más activo y autónomo. ¿Cuáles son las preocupaciones reales y urgentes de los cerca de 10.000 procuradores que representa?

Las preocupaciones de los procuradores son muy concretas y muy reales. La primera es, sin duda, el atasco judicial, porque afecta directamente a la eficacia del servicio que prestamos y a la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Pero hay otras cuestiones igual de importantes: el reconocimiento social de la profesión, la necesidad de una mayor visibilidad institucional y la adaptación a un entorno normativo y tecnológico cada vez más exigente. También nos preocupa que la ampliación de funciones llegue de forma equilibrada y con garantías, para que el procurador no asuma más responsabilidades sin los medios necesarios. Representamos a cerca de 10.000 profesionales que quieren seguir siendo útiles, especializados y cercanos. La ciudadanía debe saber que la Procura no es un trámite accesorio, sino una pieza esencial del proceso judicial. Nuestro reto es doble: resolver problemas internos de la profesión y explicar mejor a la sociedad quiénes somos y qué hacemos.

“EL NOTARIADO APORTA CERTEZA, REDUCE LA LITIGIOSIDAD Y AYUDA A QUE MUCHOS CONFLICTOS NO LLEGUEN A LOS TRIBUNALES”

Los notarios tienen un papel crucial en la garantía de la seguridad jurídica en el sistema español. Desde la perspectiva de la Procura: ¿qué valoración hace de la función notarial?

La función notarial es fundamental para la seguridad jurídica preventiva y cumple un papel de enorme valor en el sistema español. Desde la perspectiva de la Procura, el Notariado aporta certeza, reduce la litigiosidad y ayuda a que muchos conflictos no lleguen a los tribunales. Eso, indirectamente, también beneficia nuestro trabajo, porque un entorno más seguro jurídicamente facilita la gestión procesal y reduce incidencias. La relación entre Procura y Notariado es buena y debe seguir profundizándose sobre bases de colaboración, eficiencia y servicio al ciudadano. Ambos cuerpos compartimos una vocación jurídica muy sólida y una responsabilidad institucional relevante. En la práctica, esa relación ya se traduce en instrumentos útiles, aunque todavía hay margen para seguir desarrollando sinergias, especialmente en el ámbito digital. Cuanto mejor funcione la coordinación entre operadores jurídicos, más fácil será ofrecer respuestas rápidas, claras y seguras a los ciudadanos.

“LA CLAVE ESTÁ EN QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO SEA COSMÉTICA, SINO UNA VERDADERA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA”

¿Cómo describiría actualmente la relación entre la Procura y el Notariado?

La colaboración entre procuradores y notarios ha avanzado de forma significativa, especialmente con el envío telemático de poderes para pleitos. Eso demuestra que la cooperación institucional no es una fórmula retórica, sino una herramienta práctica que mejora la vida profesional y el servicio al ciudadano. Ahora bien, debemos ir más allá de lo ya conseguido. La transformación digital permite explorar nuevas vías de conexión entre despachos, notarías, juzgados y administraciones públicas. El objetivo debe ser reducir tiempos, evitar desplazamientos innecesarios y simplificar trámites que hoy todavía resultan demasiado pesados. En ese camino, la tecnología no debe ser un fin en sí mismo, sino una aliada para ganar eficiencia y transparencia. La relación entre Procura y Notariado puede convertirse en un ejemplo de cómo dos profesiones jurídicas complementarias trabajan juntas para hacer más accesible y comprensible la Justicia.

“LA RELACIÓN ENTRE PROCURA Y NOTARIADO PUEDE CONVERTIRSE EN UN EJEMPLO DE CÓMO DOS PROFESIONES TRABAJAN JUNTAS PARA HACER MÁS ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE LA JUSTICIA”

Con la nueva Ley 1/2025, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) dejan de ser una opción y pasan a ser obligatorios en muchos casos. ¿La Procura está preparada para este cambio?

La incorporación de los MASC supone un cambio cultural importante, y la Procura quiere estar plenamente preparada para asumirlo. Los procuradores estamos acostumbrados a trabajar con rigor, cercanía al procedimiento y orientación práctica, así que podemos desempeñar un papel valioso en la difusión de soluciones colaborativas. Pero para ello hace falta formación específica, actualización continua y un marco normativo que no genere inseguridad. Estamos impulsando iniciativas para que los profesionales conozcan bien los nuevos instrumentos y puedan asesorar con solvencia a sus clientes. Además, creo sinceramente que la Procura puede convertirse en un agente de cambio en favor de una cultura de paz, no entendida como una idea abstracta, sino como una forma más eficiente de resolver conflictos. Si conseguimos que más controversias se encaucen por vías adecuadas antes de llegar al pleito, ganarán los ciudadanos, ganará el sistema y ganará la Justicia

¿Por qué después de siglos de ejercicio profesional la Procura sigue siendo desconocida para la mayoría de ciudadanos?

La Procura sigue siendo poco conocida por una razón: durante demasiado tiempo se ha explicado mal, o simplemente no se ha explicado. Es una profesión altamente técnica, pero esa especialización no siempre se ha traducido en visibilidad social. Por eso necesitamos una estrategia de pedagogía mucho más clara, sostenida y comprensible para la ciudadanía. No se trata de hacer publicidad, sino de comunicar mejor una realidad profesional que es indispensable en el proceso judicial. Los procuradores somos especialistas en Derecho Procesal, gestionamos impulsos procesales; garantizamos la comunicación entre partes y juzgados; y contribuimos a que el procedimiento avance. Si la sociedad no conoce ese trabajo, es más difícil que lo valore. Nuestro esfuerzo debe centrarse en explicar con ejemplos concretos qué aportamos y por qué somos una pieza esencial de la Justicia moderna.

La digitalización está transformando la gestión de la Justicia española. Desde el CGPE han impulsado la integración de herramientas digitales en todos los procesos. ¿Qué plataformas tecnológicas concretas están implementando para facilitar la gestión de casos y la comunicación con los juzgados?

La digitalización está cambiando de forma profunda la forma en que se gestiona la Justicia, y la Procura no puede quedarse atrás. Estamos impulsando herramientas que faciliten la relación con los juzgados, mejoren el seguimiento de los procedimientos y simplifiquen la gestión diaria de los profesionales. Ahora bien, digitalizar no significa automáticamente resolver problemas estructurales. Si los sistemas son lentos, fragmentados o poco interoperables, la tecnología solo traslada la ineficiencia a un entorno nuevo. Por eso defendemos una digitalización útil, interoperable y realmente orientada al usuario. Bien aplicada, beneficia mucho a los procuradores porque nos permite trabajar con más rapidez y precisión, pero también a jueces, letrados y ciudadanos. La clave está en que la transformación digital no sea cosmética, sino una verdadera mejora del servicio público de justicia.

La ampliación de competencias de los procuradores en la ejecución civil de sentencias es una demanda constante del CGPE. ¿Por qué España está esperando para implementar plenamente este modelo?

España tiene margen para avanzar mucho más en materia de ejecución civil, y la experiencia comparada, como la portuguesa, demuestra que es posible reducir la congestión si se atribuyen funciones de forma racional y eficaz. Los procuradores estamos preparados para asumir mayores competencias en ese ámbito, siempre con control, formación y garantías. La nueva exigencia del consentimiento informado del cliente puede verse como una cautela razonable, pero no debería convertirse en un obstáculo que frene una reforma necesaria. Si el modelo mejora la eficacia y refuerza la confianza del ciudadano, debe aplicarse con ambición. Lo importante es que la ejecución no se convierta en un cuello de botella permanente. Si queremos una Justicia más ágil, hay que aprovechar mejor a todos los operadores jurídicos y dejar atrás inercias que ya han demostrado sus límites.

Para terminar: ¿cómo visualiza el futuro de la profesión de procurador en los próximos cinco años?

En los próximos cinco años visualizo una Procura más reconocida, más digital y con mayor capacidad de incidencia en la mejora de la Justicia. Veo una profesión plenamente integrada en los nuevos entornos tecnológicos, pero sin perder su esencia de cercanía, rigor y conocimiento procesal. También imagino a los procuradores desempeñando un papel más activo en la prevención y solución de conflictos, especialmente a través de la mediación y de otros mecanismos adecuados. Para que eso ocurra, hacen falta tres cosas: formación, reconocimiento institucional y una legislación que confíe de verdad en nuestras capacidades. La Procura tiene futuro porque responde a una necesidad real del sistema judicial. Si se la dota de herramientas y se la entiende como lo que es —una profesión técnica, útil y comprometida con la ciudadanía—, su papel será cada vez más visible y más decisivo.

HUELLA DIGITAL

Alberto García Barrenechea tiene cuentas en X (@AGBarrenechea) y LinkedIn

También el Consejo General de Procuradores informa de la actividad de su presidente a través de sus cuentas de Linkedin y @ProcuradoresE

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Entrevista a Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España

ÁMBITO EUROPEO

Somos la voz, los ojos y oídos de la Comisión Europea en nuestro país”

Daniel Calleja,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

GORKA R. PÉREZ

Daniel Calleja es director de la Representación de la Comisión Europea en España desde hace apenas seis meses. En esta charla valora el papel de Bruselas en nuestro país y los retos de comunicación en un contexto de desinformación. Defiende una percepción “muy positiva” de la UE en España, y subraya la importancia de reforzar la cercanía institucional sin perder rigor.

-Acaba de cumplir sus primeros seis meses en el cargo. ¿Cuál es la misión principal de la Representación de la Comisión Europea en España y qué papel desempeña dentro del entramado institucional de la UE?

– La Representación de la Comisión Europea en España se halla bajo la autoridad directa de la presidenta de la Comisión Úrsula von der Leyen. Tiene una triple misión: representar oficialmente a la Comisión ante las autoridades españolas, ejecutar la política de información y comunicación en todas las áreas de acción de la Unión Europea y en tercer lugar mantener informada a la Comisión de todas las cuestiones relevantes en las relaciones entre España y la UE. Se puede resumir en una sola frase: somos la voz los ojos y oídos de la Comisión en nuestro país.

-Como director de la Representación: ¿cuáles son sus responsabilidades diarias y cómo se articula su trabajo con Bruselas y con las autoridades españolas?

– La actividad del director de la Representación es muy intensa. España es el segundo país de la UE más visitado por los Comisarios europeos, a los que acompañamos y apoyamos en todas sus actividades. Hay una relación muy fluida con las autoridades españolas a nivel nacional, autonómico y local con las que estamos en permanente contacto, para asegurar una estrecha cooperación con Bruselas.

“LA DESINFORMACIÓN ES UN FENÓMENO PREOCUPANTE QUE DEBEMOS COMBATIR OFRECIENDO UNA INFORMACIÓN VERAZ Y OBJETIVA”

-Una de las funciones de la Comisión es velar por la correcta aplicación del Derecho de la UE. ¿Qué papel juega la Representación en ese seguimiento desde el ámbito nacional?

– La Representación juega esencialmente un papel de información y de comunicación en lo que se refiere al control de la aplicación del derecho de la Unión. Además de informar a la opinión pública del estado de los distintos procedimientos, también tenemos, mucho contacto con la sociedad civil que nos hace partícipe de sus preocupaciones en relación a la aplicación del derecho europeo, para que las traslademos a Bruselas.

-¿Cómo se relaciona con los distintos niveles de la Administración —Estado, comunidades autónomas y entidades locales— y con qué objetivos?

– La relación se establece a todos los niveles, en la medida en que prácticamente todas las políticas de la Unión Europea tienen una incidencia a nivel nacional, regional y local. Si pensamos en el impacto de la PAC, de la política de cohesión y los fondos estructurales, de la acción del fondo social europeo, de cuestiones de inmigración, de transportes o energía, en todos estos ámbitos es importante explicar y recibir las observaciones de las Administraciones responsables a todos los niveles.

“ESPAÑA ES EL SEGUNDO PAÍS DE LA UE MÁS VISITADO POR LOS COMISARIOS EUROPEOS”

-Más allá de las instituciones: ¿qué tipo de interlocución mantiene con empresas, organizaciones profesionales, colegios, universidades o sociedad civil

– La interlocución es muy directa. Se establece a través de la participación de la Representación de la Comisión en los distintos actos y manifestaciones que todos los días tienen lugar en torno a Europa. También recibimos muchas visitas en nuestra sede donde además del contacto directo con la sociedad civil, celebramos muchos actos de dimensión europea. En estos meses he tenido múltiples contactos con las empresas, los sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, colegios y todos los estratos de la sociedad.

“UN 74% DE LOS ESPAÑOLES SE DECLARA SATISFECHO DE PERTENECER A LA UE”

-La comunicación con los ciudadanos es una tarea clave para la UE. ¿Qué instrumentos utiliza para explicar las políticas europeas y acercarlas al debate público en España en un momento internacional tan convulso como el actual?

– Tenemos múltiples instrumentos. Además de la labor de nuestro servicio de prensa en la Representación, y de la organización de eventos, tenemos un instrumento muy eficaz gracias a los 37 centros de información Europe Direct, que repartidos a lo largo y ancho de toda la geografía española están en contacto directo con los ciudadanos. Por otra parte, disponemos de 29 centros de documentación europea en toda España para facilitar cualquier tipo de información sobre Europa al ciudadano que la solicite. Estoy visitándolos todos. Todo ello sin olvidar la importante acción de nuestra oficina regional de la Comisión Europea en Barcelona.

Por otra parte, España es un país que cuenta con numerosas agencias y organismos comunitarios que son muy activos en el ámbito de sus respectivas competencias.

-En un contexto de desinformación y escepticismo hacia las instituciones, ¿qué retos encuentra a la hora de trasladar el valor añadido de la Unión Europea?

– La desinformación es un fenómeno preocupante que debemos combatir ofreciendo una información veraz y objetiva a la ciudadanía. No he percibido una actitud euroescéptica por parte de la sociedad española. En España, este año celebramos el 40 aniversario de nuestra adhesión. La percepción de los españoles sobre nuestra pertenencia a la UE es muy positiva. Un 74% se declara satisfecho de pertenecer a la UE y un 77% desearía que se tomaran todavía más decisiones a nivel de la UE. Estos datos demuestran que nuestro país existe un alto grado de confianza en las instituciones europeas.

“LA FUNCIÓN NOTARIAL ES TRANSCENDENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DEL ESTADO DE DERECHO”

-Desde la amplia experiencia que le dan sus más de 35 años en las instituciones europeas, ¿en qué ámbitos considera que la acción de la Comisión Europea tiene hoy un impacto más directo y tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos españoles?

– Es difícil citar un ámbito especifico, porque la acción de la Unión Europea se despliega y tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Desde su adhesión a la Unión Europea, España se ha beneficiado de la modernización de sus infraestructuras, la internacionalización de su economía, nuevos derechos y libertades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas, el programa Erasmus para los jóvenes, una mejora de la salud y de la calidad de vida gracias a la acción de la Unión y en general una mayor influencia y presencia como europeos en la escena internacional.

-¿Qué le gustaría que ciudadanos y profesionales entendieran mejor sobre el funcionamiento de la Comisión Europea y su presencia en nuestro país?

– A pesar de la percepción positiva que los españoles tienen de Europa, sigue siendo un gran desafío explicar y hacer pedagogía sobre las instituciones europeas acercándolas a la opinión pública española y haciendo hincapié en que detrás de la complejidad de la toma de decisiones, que es inherente a una organización que agrupa a 27 Estados miembros, nuestra acción solo tiene sentido al servicio de los ciudadanos.

-Y, por último: ¿Cómo valora la labor que realizan los notarios españoles y europeos y que aportan a la seguridad jurídica y al desarrollo de la normativa comunitaria?

– Lo he dicho en otras ocasiones: la función notarial es transcendental para el mantenimiento de la seguridad jurídica y del estado de derecho en nuestro país. Dos conceptos definen la profesión notarial: confianza y seguridad. Facilitar las transacciones y garantizar las relaciones en nuestras sociedades es una tarea imprescindible en el marco de una profesión que cada vez tiene una mayor dimensión europea.

HUELLA DIGITAL

En el portal de la Comisión Europea se ofrece información detallada sobre su área de trabajo, además de distintas vías de contacto con Daniel Calleja.
En este enlace se puede consultar toda la actividad de Daniel Calleja al frente de la Representación de la Comisión Europea en España hasta el momento.

EUROPEAN SCOPE

We are the voice, the eyes and the ears of the European Commission in our country”

Daniel Calleja,

Head of the European Commission Representation in Spain

GORKA R. PÉREZ

Daniel Calleja has been Head of the European Commission’s Representation in Spain for just six months. In this talk, he assesses the role of Brussels in our country and the challenges of communication in a context of disinformation. He argues that there is a “very positive” perception of the EU in Spain, and emphasises the importance of strengthening institutional ties without compromising on rigour.

-You have just completed your first six months in the post. What is the main remit of the European Commission’s Representation in Spain, and what role does it play within the EU’s institutional framework?

– The European Commission’s Representation in Spain operates under the direct authority of the Commission President, Ursula von der Leyen. It has a threefold mission: to represent the Commission officially before the Spanish authorities; to implement the information and communication policy across all areas of the European Union’s activities; and, thirdly, to keep the Commission informed of all relevant issues concerning relations between Spain and the EU. It can be summed up in a single sentence: we are the Commission’s voice, eyes and ears in our country.

“DISINFORMATION IS A WORRYING PHENOMENON THAT WE MUST COMBAT BY PROVIDING ACCURATE AND OBJECTIVE INFORMATION”

-As Head of the Representation: what are your day-to-day responsibilities, and how does your work relate to Brussels and the Spanish authorities?

– The head of the Representative Office has a very busy schedule. Spain is the second most visited country in the EU by European Commissioners, whom we accompany and support in all their activities. We have a very smooth working relationship with the Spanish authorities (with whom we are in constant contact to ensure close cooperation with Brussels) at the national, regional and local level.

-One of the Commission’s roles is to ensure the correct application of EU law. What role does the Representation play in this monitoring at the national level?

– The Representation essentially plays an information and communication role with regard to monitoring the application of EU law. As well as keeping the public informed about the progress of the various procedures, we also have close contact with civil society, which shares its concerns with us regarding the application of European law, so that we can pass these on to Brussels.

“SPAIN IS THE SECOND MOST VISITED COUNTRY IN THE EU BY EUROPEAN COMMISSIONERS”

-How does it interact with the various levels of government — central government, autonomous communities and local authorities — and to what end?

– This relationship is established at all levels, given that virtually all European Union policies have an impact at national, regional and local levels. If we consider the impact of the CAP, cohesion policy and the Structural Funds, the work of the European Social Fund, and issues relating to immigration, transport and energy, it is important in all these areas to explain matters and to take on board the comments of the relevant authorities at all levels.

-Beyond institutions: what sort of dialogue do you maintain with businesses, professional organisations, schools, universities and civil society?

– The dialogue is very direct. This is achieved through the Commission’s Representation taking part in the various events and demonstrations that take place every day across Europe. We also welcome many visitors to our headquarters, where, in addition to engaging directly with civil society, we host numerous events with a European dimension. Over the past few months, I have had numerous contacts with businesses, trade unions, professional associations, universities, schools and all sections of society.

“74 PER CENT OF SPANIARDS SAY THEY ARE SATISFIED WITH BEING PART OF THE EU”

-Communicating with citizens is a key task for the EU. What tools do you use to explain European policies and bring them into the public debate in Spain at such a turbulent time on the international stage as the present?

– We have a wide range of tools. In addition to the work carried out by our press office at the Representation and the organisation of events, we have a highly effective tool in the form of the 37 Europe Direct information centres, which are spread throughout Spain and are in direct contact with the public. Furthermore, we have 29 European documentation centres throughout Spain to provide any kind of information about Europe to members of the public who request this. I’m visiting all of them. All this without forgetting the important work carried out by our European Commission regional office in Barcelona.

Furthermore, Spain is a country with numerous EU agencies and bodies that are very active within their respective areas of competence.

-Against a backdrop of disinformation and scepticism towards institutions, what challenges do you face in conveying the added value of the European Union?

– Disinformation is a worrying phenomenon that we must combat by providing the public with accurate and objective information. I have not noticed any Eurosceptic sentiment amongst the Spanish public. In Spain, this year we celebrate the 40th anniversary of our membership. The Spanish people’s view of our membership of the EU is very positive. 74 per cent say they are satisfied with EU membership, and 77 per cent would like to see even more decisions taken at an EU level. These figures show that there is a high level of trust in European institutions in our country.

“THE ROLE OF NOTARIES IS CRUCIAL TO MAINTAINING LEGAL CERTAINTY AND THE RULE OF LAW”

-Drawing on the wealth of experience you have gained from more than 35 years working in the European institutions, in which areas do you think that the European Commission’s actions currently have the most direct and tangible impact on the daily lives of Spanish citizens?

– It is difficult to single out a specific area, because the European Union’s activities extend across many fields and have a direct impact on our daily lives. Since joining the European Union, Spain has benefited from the modernisation of its infrastructure, the internationalisation of its economy, new rights and freedoms for our citizens and businesses, the Erasmus programme for young people, improvements in health and quality of life due to the Union’s actions, and, in general, greater influence and presence as Europeans on the international stage.

-What would you like members of the public and professionals to understand better about how the European Commission works and its presence in our country?

– Despite the positive perception that Spaniards have of Europe, it remains a major challenge to explain and raise awareness of the European institutions by bringing them closer to the Spanish public and emphasising that, behind the complexity of decision-making – which is inherent in an organisation comprising 27 Member States – our actions only make sense when they are there to serve citizens.

-And finally: How do you view the work carried out by Spanish and European notaries and the contribution they make to legal certainty and the development of EU legislation?

– I have said this on other occasions: the role of notaries is of paramount importance for the maintenance of legal certainty and the rule of law in our country. Two concepts define the notarial profession: trust and security. Facilitating transactions and safeguarding relationships within our societies is an essential task within the context of a profession that is taking on an increasingly European dimension.

Digital signature

The European Commission’s website provides detailed information on his area of work, as well as various ways to contact Daniel Calleja.
This link provides an overview of all the work carried out by Daniel Calleja as Head of the European Commission’s Representation in Spain to date.

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El Notariado en el aniversario del European Law Institute

ÁMBITO EUROPEO

El Notariado en el aniversario del European Law Institute

Carlos Capa

El European Law Institute (ELI) nació en 2011 con un propósito tan sencillo como ambicioso: mejorar la calidad del Derecho en Europa a través del análisis jurídico y de la cooperación entre profesionales e instituciones. Hoy reúne a cerca de 1.800 miembros individuales y 180 institucionales. Trabaja en ámbitos tan sensibles como la armonización del Derecho europeo, la transformación digital, la inteligencia artificial y la cooperación judicial. Con esa tarjeta de visita celebró en Madrid su 15º aniversario.

En el Colegio Notarial de Madrid se reunieron representantes de primer nivel del mundo jurídico e institucional para hablar de Europa, de seguridad jurídica y de la función de las instituciones en un contexto en el que la tecnología, la cooperación y la protección de derechos ya no pueden tratarse como materias separadas. La jornada dejó una imagen muy precisa del momento: el ELI como espacio de encuentro, el Notariado como garante de confianza y las Administraciones como actores de una agenda jurídica en movimiento.

EL ENCUENTRO TUVO MUCHO DE CONMEMORACIÓN Y BASTANTE DE ADVERTENCIA: EL DERECHO EUROPEO NECESITA PUENTES, PERO TAMBIÉN NECESITA SOSTENERSE CON FIRMEZA

El encuentro tuvo mucho de conmemoración y bastante de advertencia: el Derecho europeo necesita puentes, pero también necesita sostenerse con firmeza en un tiempo de cambios rápidos y de certezas frágiles.

Puentes entre sistemas

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, manifestó ante los asistentes que “el Derecho europeo necesita instituciones que tiendan puentes entre las distintas tradiciones jurídicas, entre el mundo académico y la práctica profesional, entre la innovación y la protección de los derechos”, para añadir que el European Law Institute desempeña esa labor “con rigor, excelencia y visión de futuro”.

LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMPARTIERON EL MENSAJE DE REFORZAR LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS EN UNA EUROPA QUE NECESITA MÁS COORDINACIÓN Y CONFIANZA

La presidenta del CGN situó el debate en un tiempo de transformaciones jurídicas, económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas que exigen respuestas más sofisticadas y cohesionadas. Defendió el papel del Notariado como institución pública al servicio de la seguridad jurídica preventiva, con capacidad para verificar identidades y capacidades jurídicas también en medios digitales y recordó que “ese control preventivo debe ir unido a la lucha contra el blanqueo de capitales, un terreno en el que el Notariado aporta herramientas concretas a través de su Órgano Centralizado de Prevención y de las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública”.

Convergencia normativa

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inauguró la jornada con un discurso de tono claramente europeísta, pero también reformista, defendiendo “la importancia del análisis comparado del Derecho como herramienta para modernizar los sistemas jurídicos nacionales” y llamó a aproximar el modelo español de investigación penal a los estándares mayoritarios en Europa, apostando por la convergencia normativa como vía para reforzar instituciones y mejorar la respuesta del sistema jurídico.

Bolaños señaló que era para él un honor “participar en estas jornadas que conmemoran el XV aniversario de la creación del ELI y, hacerlo en este entorno del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, donde realmente se pone de manifiesto la importancia y la solera que tiene el Notariado en nuestro país».

FÉLIX BOLAÑOS DEFENDIÓ “LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS COMPARADO DEL DERECHO COMO HERRAMIENTA PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES”

En su opinión “ELI se ha convertido en una institución internacional referente en el estudio del Derecho europeo, desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. No sólo aspira a un conocimiento teórico, doctrinal o académico, sino también, y más importante para las Administraciones Públicas, a mejorar el ordenamiento jurídico europeo a través de propuestas y recomendaciones a los legisladores y a los Gobiernos».

El ministro puso además en valor la convergencia de los ordenamientos jurídicos europeos sobre la base de “valores comunes como la democracia, la separación de poderes y la protección de los derechos de la ciudadanía”, añadiendo una advertencia que dio densidad política a la jornada: esos valores, dijo, no son irreversibles. Bolaños enlazó ese diagnóstico con el papel de España en iniciativas europeas sobre menores en entornos digitales, responsabilidad de plataformas y lucha contra contenidos ilícitos y manipulaciones digitales.

CONCEPCIÓN BARRIO SEÑALÓ QUE “EL DERECHO EUROPEO NECESITA INSTITUCIONES QUE TIENDAN PUENTES ENTRE LAS DISTINTAS TRADICIONES JURÍDICAS”

Lugar de cooperación

Por su parte. la presidenta del ELI, la profesora de la universidad Carlos III de Madrid, Teresa Rodríguez de las Heras, definió la razón de ser del instituto: actuar como lugar de cooperación entre academia, práctica profesional e instituciones en un terreno: el Derecho europeo, donde la comparación y la coordinación son ya parte del trabajo cotidiano, y situó el programa como “un encuentro concebido para reflexionar sobre el papel del ELI en la articulación de respuestas comunes ante los nuevos desafíos jurídicos”.

De su mano descubrimos la actividad y el impacto que ha tenido en el ámbito jurídico europeo en estos 15 años, en una mesa redonda en la que participó junto con los vicepresidentes del ELI Geoffrey Vos y Pietro Sirena.
El primero señaló que “ELI reúne a las instituciones educativas, al sector tecnológico, al mundo académico y a expertos internacionales que trabajan para abordar los grandes desafíos jurídicos de nuestro tiempo». Se refirió particularmente a los retos tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial: «Cuando trabajamos sobre el ámbito tecnológico, la colaboración entre operadores jurídicos y académicos de toda Europa resulta fundamental para proteger el Estado de Derecho y preservar nuestras democracias. Por ello, espero con ilusión los próximos cincuenta años de esta organización y la labor que seguirá desarrollando». Por su parte, Pietro Sirena, señaló que «la evolución a futuro del Derecho europeo no depende tanto de la producción de nuevos instrumentos o reglamentos, como del desarrollo de una cultura, educación y práctica jurídica comunes». Además, hizo hincapié en que «un Derecho genuinamente europeo solo puede surgir si los juristas de Europa desarrollan un sentido compartido de comunidad; una comunidad en la que los distintos estilos, lenguas y sistemas jurídicos sigan siendo diversos, pero sean entendidos como expresiones de una historia compartida y una cultura jurídica común”.

Bajo la moderación de Teresa Rodríguez de las Heras conocimos las perspectivas de cuatro miembros fundadores del ELI sobre el desarrollo, evolución y proyección de la institución: Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Agentes Judiciales (UIHJ); Leo Netten, presidente honorario de la UIHJ; Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y Annerie Ploumen, vicepresidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE).

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS DEFINIÓ LA JORNADA COMO “UN ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ARTICULACIÓN DE RESPUESTAS COMUNES ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS JURÍDICOS”

En sus intervenciones hicieron un repaso de los logros alcanzados por el Instituto y destacaron el importante papel de ELI en la construcción del Derecho europeo, así como la necesidad de seguir colaborando entre instituciones para fortalecer el Estado de Derecho en la Unión Europea y la importancia de la cooperación profesional para afrontar los retos que trae consigo la digitalización.

El Notariado en la era digital

En su intervención final Concepción Pilar Barrio Del Olmo insistió en que “la función notarial está preparada para seguir desempeñando un control preventivo eficaz en un entorno digital, donde la verificación de la identidad y de la capacidad jurídica resulta cada vez más delicada”. La idea no es menor: en un ecosistema jurídico cada vez más automatizado, el valor de la intervención notarial se mide precisamente por su capacidad para dar seguridad antes de que surja el conflicto.

A eso se sumó la referencia al Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, sobre el que la presidenta del Consejo General del Notariado expresó “preocupación por la falta de claridad en torno al papel de la escritura notarial”, recordando “que no toda reforma mejora por sí sola la arquitectura institucional”. Barrio Del Olmo cerró su intervención con una apelación a la colaboración del Ministerio de Justicia, especialmente en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En conclusión: el control preventivo no puede rebajarse en nombre de la modernización.

Control preventivo

En la última mesa redonda de la jornada, moderada por el notario Gonzalo Cano, participaron José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia y delegado del CGN para Europa; Juan Gómez-Riesco, notario miembro de la Sección Internacional del CGN, y Marcos Ruiz, director de Negocio y Operaciones del Centro Tecnológico del Notariado.

José Carmelo Llopis señaló que la Unión Europea camina hacia un modelo en el que “la confianza se deposita en el origen primario del dato o atributo”, y si queremos atributos fiables “debemos mantener la autenticidad en el origen del dato”. En este sentido, remarcó que “el Notariado no sólo cumple con los requisitos del Derecho europeo para ser considerado fuente auténtica, sino que, además, por su propia configuración institucional y normativa, es el paradigma de dicha definición. Prescindir del Notariado como fuente auténtica implicaría debilitar la fiabilidad del sistema”.

Juan Gómez-Riesco abordó las novedades normativas que plantea el Régimen 28 de la UE, que propone la creación de un nuevo tipo societario El notario puso de relieve cuestiones y dudas que suscita, entre otras, la base jurídica empleada, así como «la necesidad de reforzar e incluir medidas de control preventivo adicionales que garanticen la máxima seguridad jurídica y una eficaz prevención del blanqueo de capitales, desde la constitución de la sociedad, a sus modificaciones, transmisión de participaciones sociales, disolución y liquidación».

Marcos Ruiz explicó el marco regulatorio y el funcionamiento de los wallet digitales de identidad que prepara la UE para ciudadanos y empresas. «En el ámbito empresarial no basta con identificar a la persona o a la sociedad: hay que acreditar representación, facultades, vigencia y efectos jurídicos. La Business Wallet no sustituye a las fuentes auténticas: las necesita para que el atributo tenga valor jurídico», señaló. En ese mismo sentido, explicó que estas tecnologías «canalizan la actuación, pero realmente son las fuentes auténticas de información las que aportan validez jurídica a las operaciones. Automatizar no debe significar perder controles que aportan trazabilidad, análisis de riesgo y prevención, como la intervención notarial”.

Los participantes en la jornada compartieron el mensaje de reforzar las instituciones jurídicas en una Europa que necesita más coordinación, más confianza y más capacidad de respuesta. El ministro habló de convergencia; el Notariado, de puentes y control preventivo; el ELI, de cooperación y mejora del Derecho. No fue una suma de discursos paralelos, sino una convergencia de diagnósticos sobre el momento presente.

El ELI celebró su XV aniversario con una idea nítida: el Derecho europeo solo será fuerte si sigue siendo capaz de tender puentes entre tradición e innovación, entre práctica y teoría, entre seguridad y cambio, en definitiva, una llamada a seguir construyendo confianza.

Firma en el libro de honor

Previo a la inauguración del encuentro, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó en el Libro de Honor del Colegio Notarial de Madrid, acompañado de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, decana del mismo y presidenta de Consejo General del Notariado, y de Teresa Rodríguez de las Heras, presidenta del European Law Institute (ELI).

Cadena de seguridad

Para la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, “en estos 15 años ELI ha demostrado algo que nos parece muy valioso: que es posible un espacio independiente, plural y técnico capaz de abordar el Derecho desde diferentes perspectivas, pero también desde diferentes tradiciones públicas”.

En su ponencia sobre La justicia penal en el futuro ordenamiento jurídico europeo, Peramato subrayó que «el Estado de Derecho comienza en esa cadena institucional que arranca en la seguridad jurídica preventiva. Como parte de esa cadena de seguridad jurídica, resulta obligado reconocer el papel que han desempeñado los notarios, especialmente en la era digital, como parte activa y decisiva de esa arquitectura de protección”. También resaltó el papel de los fiscales en esa arquitectura europea del Estado de Derecho. “Son piezas esenciales de una cadena sostenida en redes de confianza y trabajo conjunto”. Una cadena que ya no es sólo nacional, sino europea. Por último, recalcó que «el Índice Único Informatizado Notarial y los sistemas de identificación de titularidad real constituyen hoy una herramienta estructural muy valiosa en la lucha contra la delincuencia económica». «Gracias a ellos es posible levantar con rapidez el velo de las estructuras societarias opacas; identificar a quienes se sitúan tras ellas, y proporcionar a los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad una información que no solamente es fiable, sino que es completa y en tiempos compatibles con la complejidad de la criminalidad», detalló.

La política comunitaria

En la jornada participó la directora general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Ana Gallego Torres, que habló sobre la política comunitaria y el futuro del ordenamiento jurídico europeo. «Este aniversario sirve para reconocer el trabajo y contribución de ELI al proyecto europeo y a la construcción de una Unión basada en el Derecho, la Cooperación y la Justicia. Una labor que ha ayudado a transformar la experiencia en guías prácticas, a reforzar el tejido jurídico de Europa y a la evolución de las políticas de justicia de la UE», aseguró.
«Hoy, la Justicia en el marco de las políticas de la UE es reconocida como un eje central en términos de potencia democrática, económica y geopolítica». También apuntó que «sin la confianza en que los productos jurídicos emanados de las instituciones de los Estados miembros son equivalentes, se rompen las bases del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia». «En definitiva, la confianza de los ciudadanos y las empresas depende en gran medida de la aplicación del Derecho transfronterizo; de que el acceso a la justicia sea real, efectivo y no solamente teórico», concluyó.

EUROPEAN SCOPE

The Notariat on the anniversary of the European Law Institute

Carlos Capa

The European Law Institute (ELI) was founded in 2011 with a simple yet ambitious purpose: to improve the quality of law in Europe through legal analysis and cooperation between professionals and institutions. Today it has about 1,800 individual members and 180 institutional members. It works in sensitive areas such as the harmonization of European law, digital transformation, artificial intelligence, and judicial cooperation. With that business card, it celebrated its 15th anniversary in Madrid.

Representatives of the highest level of the legal and institutional world met at the Madrid Notary Association to discuss Europe, legal security and the role of institutions in a context in which technology, cooperation and the protection of rights can no longer be treated as separate issues. The day provided a very clear snapshot of the moment: the ELI as a meeting place, the notariat as a guarantor of trust, and the administrations as key players in a dynamic legal agenda.

THE MEETING WAS PART COMMEMORATION AND PART WARNING: EUROPEAN LAW NEEDS BRIDGES, BUT IT ALSO NEEDS TO STAND FIRM

The meeting was part commemoration and part warning: European law needs bridges, but it also needs to stand firm in a time of rapid change and fragile certainties.

Bridges between systems

The president of the General Council of Notaries (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, told those present that “European law needs institutions that build bridges between different legal traditions, between the academic world and professional practice, between innovation and the protection of rights“, adding that the European Law Institute carries out this work “with rigour, excellence and a forward-looking vision‘.

The president of the CGN placed the debate in a time of legal, economic, social, technological, and geopolitical transformations that demand more sophisticated and cohesive responses. She defended the role of the Notary as a public institution serving preventive legal security, with the ability to verify identities and legal capacities, including in digital media, and recalled that “‘this preventive control must be combined with the fight against money laundering, an area in which the Notary provides concrete tools through its Centralized Prevention Body and the databases of beneficial owners and public officials“.

PARTICIPANTS IN THE EVENT SHARED THE MESSAGE OF STRENGTHENING LEGAL INSTITUTIONS IN A EUROPE THAT NEEDS MORE COORDINATION AND TRUST

Regulatory convergence

The Minister of the Presidency, Justice and Relations with the Cortes, Félix Bolaños, opened the day with a speech that was clearly pro-European, but also reformist, by defending “the importance of comparative analysis of law as a tool for modernizing national legal systems” and called for the Spanish model of criminal investigation to be brought closer to the majority standards in Europe, advocating regulatory convergence as a way to strengthen institutions and improve the response of the legal system.

Bolaños said it was an honour for him to «participate in these events commemorating the 15th anniversary of the creation of the ELI, and to do so in this setting of the General Council of Notaries and the Madrid Notary Association, where the importance and the long-standing tradition of the Notariat in our country are truly evident».

In his opinion, “ELI has become an international institution that is a benchmark in the study of European law, from the perspective of both regulations and case law. It does not only aspire to theoretical, doctrinal or academic knowledge, but also, and more importantly for Public Administrations, to improve the European legal system through proposals and recommendations to legislators and governments».

The minister also emphasised the convergence of European legal systems based on ”common values such as democracy, the separation of powers and the protection of citizens’ rights”, adding a warning that gave political weight to the day: these values, he said, are not irreversible. Bolaños linked this diagnosis to Spain’s role in European initiatives on minors in digital environments, platform responsibility, and the fight against illegal content and digital manipulation.

FÉLIX BOLAÑOS DEFENDED «THE IMPORTANCE OF COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS AS A TOOL FOR MODERNIZING NATIONAL LEGAL SYSTEMS»

Place of cooperation

For her part, the president of the ELI, Professor Teresa Rodríguez de las Heras from Carlos III University of Madrid, defined the raison d’être of the institute: to act as a place of cooperation between academia, professional practice and institutions in one field: European law, where comparison and coordination are already part of everyday work. She positioned the programme as ”a meeting designed to reflect on the role of the ELI in articulating common responses to new legal challenges”..

With her help, we discovered the activity and impact it has had in the European legal sphere over the last 15 years, in a roundtable discussion in which she participated alongside ELI Vice-Presidents Geoffrey Vos and Pietro Sirena.
Vos noted that ”ELI brings together educational institutions, the technology sector, the academic world, and international experts who work to address the major legal challenges of our time”. He referred specifically to technological challenges and the emergence of artificial intelligence: «When we work in the technological sphere, collaboration between legal and academic operators from across Europe, it is essential to protect the rule of law and preserve our democracies. Therefore, I look forward to the next fifty years of this organization and the work it will continue to do». For his part, Pietro Sirena pointed out that «the future development of European law does not depend so much on the production of new instruments or regulations, but on the development of a common legal culture, education and practice». In addition, he emphasized that «a genuinely European law can only emerge if European jurists develop a shared sense of community; a community in which different legal styles, languages, and systems remain diverse, but are understood as expressions of a shared history and a common legal culture».

CONCEPCIÓN BARRIO POINTED OUT THAT «EUROPEAN LAW NEEDS INSTITUTIONS THAT BUILD BRIDGES BETWEEN THE DIFFERENT LEGAL TRADITIONS»

Under the moderation of Teresa Rodríguez de las Heras, we heard the perspectives of four founding members of the ELI on the development, evolution, and future of the institution: Marc Schmitz, president of the International Union of Judicial Officers (UIHJ); Leo Netten, honorary president of the UIHJ; Noemí Alarcón, vice-president of the Council of the Bars and Law Societies of Europe (CCBE) and Annerie Ploumen, vice-president of the Council of Notaries of the European Union (CNUE).

In their speeches, they reviewed the achievements of the Institute and highlighted the important role of ELI in the construction of European law, as well as the need to continue collaborating between institutions to strengthen the rule of law in the European Union and the importance of professional cooperation to address the challenges posed by digitalization.

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS DEFINED THE DAY AS “A MEETING TO REFLECT ON THE ARTICULATION OF COMMON RESPONSES TO NEW LEGAL CHALLENGES”

Notaries in the Digital Age

In her final speech, Concepción Pilar Barrio Del Olmo insisted that “the notarial function is prepared to continue performing effective preventive control in a digital environment, where the verification of identity and legal capacity is becoming increasingly delicate”. The idea is not insignificant: in an increasingly automated legal ecosystem, the value of notarial intervention is precisely measured by its ability to provide security before a conflict arises.

This was added to the reference to the Public Integrity Bill, on which the president of the General Council of Notaries expressed “concern about the lack of clarity surrounding the role of the notarial deed”; she recalled that “that not every reform improves the institutional architecture on its own”. Barrio Del Olmo concluded his speech with an appeal for cooperation from the Ministry of Justice, particularly in the fight against money laundering and the financing of terrorism. In conclusion: preventive control cannot be sacrificed in the name of modernization.

Preventive control

The last round table of the day, moderated by notary Gonzalo Cano, featured José Carmelo Llopis, dean of the Valencia Notarial Association and CGN delegate for Europe; Juan Gómez-Riesco, notary member of the International Section of the CGN, and Marcos Ruiz, Business and Operations Director of the Notarial Technology Centre.

José Carmelo Llopis pointed out that the European Union is moving towards a model in which ”trust is placed in the primary source of the data or attribute”, and if we want reliable attributes, “we must maintain authenticity at the source of the data”. In this regard, he emphasised that ”the Notary not only meets the requirements of European law to be considered an authentic source, but also, due to its own institutional and regulatory structure, is the paradigm of this definition. Doing away with the Notary as an authentic source would mean weakening the reliability of the system”.

Juan Gómez-Riesco addressed the regulatory changes brought about by EU Regulation 28, which proposes the creation of a new type of company. The notary highlighted the issues and doubts that it raises, among other things, the legal basis used, as well as «the need to strengthen and include additional preventive control measures that guarantee maximum legal certainty and effective prevention of money laundering, from the incorporation of the company, to its amendments, transfer of shares, dissolution and liquidation».

Marcos Ruiz explained the regulatory framework and the functioning of the digital identity wallets that the EU is preparing for citizens and businesses. “In the business world, it is not enough to identify the person or company: representation, powers, validity and legal effects must also be proven. The Business Wallet does not replace authentic sources: it needs them for the attribute to have legal value”, he pointed out. In the same vein, he explained that these technologies “channel the action, but it is really the authentic sources of information that provide legal validity to the operations. Automation should not mean losing controls that provide traceability, risk analysis, and prevention, such as notarial intervention».

Participants in the event shared the message of strengthening legal institutions in a Europe that needs more coordination, trust, and responsiveness. The minister spoke of convergence; the Notariat, of bridges and preventive control; the ELI, of cooperation and the improvement of law. It was not a sum of parallel speeches, but a convergence of diagnoses about the present moment.

ELI celebrated its 15th anniversary with a clear idea: European law will only be strong if it continues to be able to build bridges between tradition and innovation, between practice and theory, between security and change, in short, a call to continue building trust.

Sign the guestbook

Prior to the opening of the meeting, the Minister of the Presidency, Justice and Relations with the Courts, Félix Bolaños, signed the Guestbook Madrid Notary Association, accompanied by Concepción Pilar Barrio Del Olmo, dean of that institution and president of the General Council of Notaries, and Teresa Rodríguez de las Heras, president of the European Law Institute (ELI).

Safety chain

For the Spanish Attorney General, Teresa Peramato, “in these 15 years, ELI has demonstrated something that we regard as highly valuable: that an independent, plural and technical space is possible, capable of addressing the law from different perspectives, but also from different public traditions”.

In her presentation on Criminal Justice in the Future European Legal Order, Peramato emphasised that “the Rule of Law begins in that institutional chain that starts with preventive legal security. As part of this chain of legal security, it is mandatory to recognize the role that notaries have played, especially in the digital age, as an active and decisive part of this protection architecture». She also highlighted the role of prosecutors in this European architecture of the Rule of Law. «They are essential pieces of a chain sustained by networks of trust and collaboration». A chain that is no longer just national, but European. Finally, she emphasized that «the Computerized Single Notarial Information Index and the systems for identifying beneficial ownership are now a very valuable structural tool in the fight against economic crime. These enable us to swiftly lift the veil of opaque corporate structures; identify those behind them; and provide judges, prosecutors, and law enforcement agencies with information that is not only reliable but also complete and delivered within a timeframe compatible with the complexity of the criminality,” she explained.

EU Policy

The Director General for Justice and Consumers of the European Commission, Ana Gallego Torres, participated in the event, speaking about the European Union’s policy and the future of European legal order. This anniversary serves to recognize the work and contribution of ELI to the European project and the construction of a Union based on Law, Cooperation and Justice. «This work has helped transform experience into practical guidelines, strengthen the legal fabric of Europe, and advance the EU’s justice policies,» she said.
Today, justice within the framework of EU policies is recognized as a central pillar in terms of democratic, economic, and geopolitical power. Se also pointed out that «without confidence that the legal products emanating from the institutions of the Member States are equivalent, the foundations of the European area of security, freedom and justice are broken. «Ultimately, the trust of citizens and businesses depends largely on the application of cross-border law; on whether access to justice is real, effective, and not just theoretical,» she concluded.

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