La formación como elemento clave

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Instagram Linkedin

LA FORMACIÓN COMO ELEMENTO CLAVE

La Fundación Notariado impulsa programas de formación que acompañan el esfuerzo, potencian el talento y crean oportunidades para el futuro. Desde el apoyo a opositores y exopositores, hasta el análisis de la incidencia de la digitalización, o la especialización y el desarrollo profesional de jóvenes expertos en arte, su labor contribuye a la evolución de quienes buscan crecer y avanzar en diferentes áreas.
JAIME PÉREZ DE MIGUEL
Los alumnos posan durante el acto de graduación de la I Edición del Diploma Experto en Formación Jurídica.

Ser notario es una de las metas más exigentes dentro del sector jurídico. La oposición requiere años de estudio y una gran resistencia mental. Consciente de este desafío, la Fundación Notariado ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar, tanto a los opositores en su proceso de preparación, como a aquellos que, pese a no haber alcanzado la meta, han adquirido una sólida formación en Derecho.

Uno de los proyectos clave es el Programa de Entrenamiento Mental para Opositores, una iniciativa pionera diseñada por el coach y abogado del Estado Juan Manuel Ruigómez, que busca dotar a los opositores de herramientas para mejorar su estabilidad mental, emocional y física, con el objetivo de que su esfuerzo sea sostenible y aumente sus posibilidades de éxito.

El programa formativo consta de tres fases: la fase I, también llamada de “arranque”, la fase II o “travesía”, y la fase III, o de “ataque a la cumbre”. En la primera fase se sientan las bases y se proporcionan las técnicas de estudio y tecnología cognitiva específica que el opositor necesita para avanzar mejor. Se ven aspectos como los mitos y las falsas creencias de la oposición, la importancia de crear un contexto favorable al rendimiento, una actitud confiada y no dramática, o la importancia de la motivación y la autoestima.

En la fase II se consolida la aplicación práctica del método, subrayando las claves para rendir en el estudio y las virtudes del buen opositor. Y en la fase III se asegura que el opositor llegue al examen en buena forma física, mental y emocional, centrándose en las estrategias y prioridades de los dos meses anteriores al primer examen, tratando de darles una visión clara de lo que va a suceder.

Esta metodología flexible permite adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada opositor, con el fin de aumentar así su rendimiento en el estudio, ayudarle a incrementar su potencia mental, manejar el estrés, aumentar su motivación y autoestima y aprender a ser más resiliente.

 

LA LABOR DE FUNDACIÓN NOTARIADO CONTRIBUYE AL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL EN EL ENTORNO NOTARIAL

 

Un nuevo horizonte. Para aquellos que han dedicado años a la oposición, pero no han logrado convertirse en notarios, la Fundación Notariado, en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, ha desarrollado el Diploma de Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario. Una titulación única en España que tiene como objetivo apoyar a los exopositores que, gracias a la preparación que han llevado a cabo para la oposición, y al hecho de que son licenciados o graduados en Derecho, tienen amplios conocimientos en esta materia.

El programa, de 200 horas y tres meses de duración, está compuesto por cinco módulos temáticos, que incluyen talleres prácticos y exámenes teóricos al final de cada bloque, mediante los cuales la formación de los alumnos se complementa con contenidos jurídicos no tratados en la oposición, como el Derecho Fiscal y Tributario, además de potenciar la vertiente práctica y procesal del Derecho Civil y Mercantil.

El curso, que ya ha celebrado dos ediciones, también busca desarrollar sus habilidades profesionales y personales tras años de preparación en solitario. Así, la suma de los conocimientos jurídicos de alumnos que obtienen con este diploma y las capacidades desarrolladas durante el curso, permiten a los exopositores diversificar sus posibilidades laborales y facilitar su acceso a un empleo.

La fundación apoya esta formación mediante becas que cubren hasta el 80% del coste del curso, permitiendo a los estudiantes afrontar la inversión con mayor facilidad.

 

SER NOTARIO ES UNA DE LAS METAS MÁS EXIGENTES DENTRO DEL SECTOR JURÍDICO
Y REQUIERE UNA GRAN RESILIENCIA

 

Formación práctica. Más allá de los opositores, en el último trimestre de 2024 la Fundación Notariado puso en marcha un programa específico para apoyar también a los empleados de notarías. Se trata del ciclo Formación Práctica Notarial. Mediante sesiones breves, dinámicas y prácticas, cada mes se abordan de la mano de un experto temas concretos del trabajo del día a día de las notarías que pueden suscitar dudas o necesitar aclaraciones, y en los que es necesario incidir para facilitar la tarea a todos sus empleados.

Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.

Hasta el momento se han realizado 6 sesiones en las que se han tratado temas como: la Aplicación del IVA e ITP en la transmisión inmobiliaria; las Inversiones extranjeras en la práctica notarial; las Actas en documentos digitales; las Resoluciones esenciales de 2024; las Sucesiones internacionales; o la Elevación a público de acuerdos.

Los integrantes de la primera y segunda promoción, juntos.
Cátedra ICADE-Fundación Notariado

La digitalización está transformando la sociedad y, con ella, el Derecho. La Cátedra ICADE-Fundación Notariado: Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital busca generar un espacio de investigación, debate y análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito notarial y jurídico.

Ambas instituciones comparten la idea de que la incidencia de la digitalización en el ámbito jurídico no se limita a un simple cambio de soporte documental, sino que afecta de manera sustancial a múltiples experiencias y concepciones jurídicas. Por este motivo, la Cátedra ICADE-Fundación Notariado, que comenzó su andadura en 2021, desarrolla distintas líneas de trabajo e investigación para poder juzgar cuánto hay de realidad, de marketing o de utópico en todo lo que se anuncia.

Son varios los temas que se han abordado en la Cátedra a lo largo de los años, entre otros: la digitalización del derecho de las sociedades, la criptografía como instrumento de autentificación, la gestión de la identidad en el entorno digital, la tokenización de activos, o la inteligencia artificial y la algoritmización de las decisiones jurídicas.

La cátedra está dirigida principalmente a profesionales del Derecho preocupados por las diversas incidencias de las tecnologías de la información en su ámbito de actuación, y busca también atraer el interés de los estudiantes de Derecho y ADE. Cabe subrayar su transversalidad y dinamismo, y la necesidad de que los juristas den respuesta a los retos que plantea una sociedad cada vez más digitalizada.

Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, durante una de las conferencias.
 
Cátedra del Prado

La asociación de la Fundación Notariado y el Museo del Prado en la Cátedra del Prado es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en 2019. Celebrada anualmente durante el mes de noviembre, tiene como finalidad la divulgación del arte del Prado de la mano de un gran experto de prestigio nacional e internacional. Se articula a través de cuatro conferencias gratuitas para estudiantes, profesionales y público en general previa inscripción, que se completan con un ciclo de seminarios exclusivos para los 20 alumnos becados por la Fundación Notariado. Estos son seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar su expediente académico y su perfil formativo.

Durante las sesiones los alumnos abordan el tema que da título a cada cátedra con ejercicios prácticos de análisis historiográfico.

Entre los temas tratados en las últimas ediciones se encuentran el Arte medieval, de la mano de Justin Kroesen, catedrático de historia cultural en la Universidad de Bergen (Noruega); Representar edificios, construir cuadros. La pintura en la escultura, impartido por el catedrático de Historia de la Arquitectura, Juan Calatrava; o Las escalas de la pintura europea, que corrió a cargo de Alexander Nagel, catedrático en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

En noviembre de 2024 dio comienzo la XII Cátedra del Prado bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín.

«Los Next Generation: una oportunidad de oro», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

“Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos"

Los Next Generation: una oportunidad de oro

Los fondos Next Generation EU nacieron como una respuesta inmediata y potente a los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, durante estos últimos cuatro años se ha demostrado que las reformas e inversiones que contienen los planes de recuperación asociados a estos fondos han supuesto mucho más para España y han promovido transformaciones estructurales de la economía española.

Nuestro “momento hamiltoniano” llevó a que, en 2020, ante los estragos económicos y personales de la pandemia y en un ejercicio de solidaridad sin precedentes, la Unión Europea decidió dotarse, de forma unánime, de un instrumento temporal de deuda mancomunada que prácticamente duplicaba el monto total del presupuesto de la UE para el siguiente septenio, en un contexto de salida de un contribuyente neto tradicional como era el Reino Unido. Las cifras de crecimiento económico de los últimos años dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia, ejecutado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR), está siendo un éxito consiguiendo que los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con datos macroeconómicos de pre-pandemia invirtiendo en las prioridades de futuro de forma coordinada, en un contexto socioeconómico y geopolítico enormemente exigente. La estrategia de los fondos Next Generation EU está fuertemente anclada en el liderazgo en la transición verde y digital llevada a cabo a la europea, es decir, sin dejar a nadie atrás.

El inicio de una nueva Comisión Europea en 2025 será también el año decisivo para la implementación efectiva de este plan en España y en todos los países de la Unión Europea, sabiendo que la fecha límite de ejecución es el verano de 2026.

A nivel europeo, a través de estos fondos se han comprometido 648.000 millones de euros del presupuesto de la UE, en forma de subvenciones no reembolsables y préstamos al Estado del total disponible de 750.000 millones de euros.

En el caso de España, el PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% de su PIB), de los cuales 48.000 millones ya han sido desembolsados, un 60% del total de subvenciones, cubriendo un total de 181 hitos y objetivos del total de 594 que el contiene el plan; esto es, el 36%, en cuatro solicitudes de pago. El avance ha sido mayor en las reformas que en las inversiones, ya que esas en general tenían mayor peso en los pagos iniciales del PRTR. Evidentemente, esto implica que queda mucho por hacer (el 70% de los deberes) y en un plazo muy corto de 18 meses (hasta agosto de 2026). Desplegar este nuevo instrumento en un país como España ha supuesto un ejercicio titánico por parte de todos los niveles de la Administración, dado que, en muchos ámbitos, hay una gestión descentralizada. Por poner un ejemplo, a nivel regional, 161 conferencias sectoriales han recibido fondos para gestión de las comunidades autónomas, en paralelo con la gestión por parte de la Administración General del Estado y autoridades locales. A día de hoy, a nivel europeo, la Comisión ya ha desembolsado más de 300.000 millones de euros en pagos que se producen una vez cumplidas las medidas comprometidas.

Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos (de hasta 83.000 millones). El despliegue exitoso del gran número de instrumentos financieros bajo el capítulo de préstamos, que supondrán hasta 76.000 millones de euros para 14 nuevos instrumentos en total, es clave para la finalización exitosa del PRTR. Estos instrumentos financieros están siendo ejecutados por organismos con amplia experiencia y reconocido prestigio, como el Instituto de Crédito Oficial (con ICO verde, ICO pyme, ICO vivienda o ICO Next Tech), el grupo Banco Europeo de Inversiones, así como otros organismos, incluyendo los de reciente creación, como SEPIDES, COFIDES y SETT.

Las últimas revisiones del plan en enero de 2025 ya han buscado modos de agilizar las cosas y, de hecho, han avanzado decenas de hitos y objetivos ya acometidos para que sean desembolsados y se consideren cerrados. Se trata de un esfuerzo que ha de ser compartido y coordinado con todos los niveles de la Administración que forman parte del plan, para llegar a la meta con todos los hitos y objetivos conseguidos a finales de 2026.

Como conclusión, será crítico que todas las administraciones públicas sigan demostrando altas competencias tanto en la asignación como en el uso de estos recursos financieros extraordinarios, cumpliendo con los requerimientos que el plan solicita. El éxito del plan de recuperación y resiliencia en España es una oportunidad de oro para sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible con una ventana de oportunidad que va cerrándose cada vez más rápido.

Señalaba Aristóteles que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Ese bien común, expresado en este caso a través de un esfuerzo fiscal mancomunado, dedicado a contrarrestar los daños económicos de ciudadanos y empresas derivados de la pandemia, es el que nos refuerza como comunidad dentro de la Unión Europea.

«Europa como respuesta»

Descenso mundial de la desigualdad salarial

ALDEA GLOBAL

Madhu Jaiswal, mujer de 20 años que completó su educación hasta los 12, pero dejó la escuela para mantener a su madre viuda y a sus cuatro hermanos. Actualmente no estudia, ni se capacita ni trabaja. Vive en Delhi, India. Enero de 2025. FOTO: VIJAY KUTTY/ILO

DESCENSO MUNDIAL DE LA DESIGUALDAD SALARIAL

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone de manifiesto que la desigualdad salarial se ha reducido desde principios de siglo, aunque hay lugares en el mundo en los que aún es un reto socioeconómico. Factores como el incremento de los salarios mínimos o la bajada de la inflación están detrás de la mejora en los lugares en que se produce, pero aún hay importantes brechas dentro de los países y entre ellos.
MELCHOR DEL VALLE

Explicaba a finales de 2024 Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, que, a pesar de la mejora en los índices de desigualdad salarial registrados desde principios del presente siglo, “el 10% de los trabajadores peor pagados reciben sólo alrededor del 0,5% de la masa salarial total, mientras que el 10% de los trabajadores mejor pagados obtienen cerca del 38% de la misma masa salarial total”. Y no hay que olvidar que los ingresos obtenidos por el trabajo son el principal recurso, cuando no el único, de la inmensa mayoría de las familias del mundo, así que la desigualdad en el mercado laboral es un síntoma de desequilibrio social.

 

ESTUDIANDO LA DESIGUALDAD SALARIAL SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS QUE AYUDEN A DECIDIR DE QUÉ MANERAS SE PUEDE MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

 

Cómo mirar. Lo que llamamos desigualdad salarial se explica sencillamente: se da cuando hay diferencias perceptibles, más o menos grandes, entre lo que unos y otros trabajadores obtienen por su labor. Estudiando estas diferencias internamente, en cada país, o externamente, por parte de instituciones supranacionales, se pueden obtener resultados que ayuden a decidir de qué maneras se puede mejorar la vida de las personas. Quizás la cuestión es cómo medir; y ahí es donde pueden surgir desencuentros, porque corresponde hablar de eficiencia y equidad.

Cuando hay diferencias salariales más o menos amplias, que suelen tener un sesgo competitivo, se producen alicientes para que los trabajadores –o futuros trabajadores– inviertan en su formación y esfuerzo, lo que mejora sus posibilidades de empleo o de obtención de ingresos. Y esto puede redundar, dicho sea de paso y muy por encima, en la capacidad de adaptación de las empresas ante cambios tecnológicos (lo estamos viendo con la implantación de la inteligencia artificial, por ejemplo) o económicos; por lo tanto, crecimiento económico, mejora del PIB… Pero, ¿cómo tener en cuenta que no todo el mundo puede –o quiere– dedicar recursos económicos o personales a su formación? Es en este punto en el que se produce la desigualdad y, si nos centramos en la equidad social, su incidencia en la pobreza.

Informe de la OIT. Cabe recordar que la OIT es una agencia de la ONU que reúne a tres partes: gobiernos, empleadores y trabajadores. Simplemente esto evidencia el peso de la equidad, cosa por otro lado imprescindible, a la hora de plantear el Informe mundial sobre salarios 2024-25. En otras palabras, dedica su mayor esfuerzo a evidenciar las desigualdades salariales sin entrar demasiado en consideraciones de eficiencia. Admite, eso sí, que “en los países de ingreso bajo, casi el 22% de los trabajadores asalariados perciben en promedio un salario inferior a la mitad de la mediana salarial por hora de su país, mientras que la proporción pasa a ser del 17, el 11 y el 3% en los países de ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto, respectivamente. En promedio, la desigualdad en los segmentos intermedios y altos de la distribución salarial es mayor que en su mitad inferior. Esta conclusión tiene importantes implicaciones para la formulación de políticas, porque las medidas eficaces para reducir la desigualdad salarial pueden ser diferentes según los segmentos de la distribución a los que se apliquen”.

El uso de ratios basadas en percentiles y deciles (medidas de posición estadísticas), para los cálculos de desigualdad salarial que refleja la OIT, hace difícil clasificar los países según el mayor o menor grado de desigualdad entre sus trabajadores; de ahí que las conclusiones se refieran a Estados agrupados por ingresos salariales: bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Para tener una visión por países, podemos usar el índice de Gini (IG). Sirve para medir la desigualdad de una sociedad a través de la diferencia en los ingresos, de manera que cero se corresponde con la absoluta igualdad y cien con la total desigualdad. Según datos de 2023 (Banco Mundial y OCDE), los países con menos índice (con mayor igualdad, por tanto) son Eslovaquia, Eslovenia e Islandia (IG de 21,4, 23,4 y 23,7, respectivamente). España, por comparar, está en mitad de la tabla con un IG 31,5. La mayor desigualdad es para Sudáfrica (63), Namibia (59,1) y Colombia (54,8).

Salario mínimo. Según el Informe mundial sobre salarios 2024-25 de la OIT, “cerca del 60 por ciento de una muestra de 160 países ajustaron los valores de los salarios mínimos en 2022, pero solo en uno de cada cuatro países tales cambios supusieron un aumento del valor real de esos salarios. Aunque en el 55 por ciento de los países de la muestra los suelos salariales aumentaron en términos reales en 2023, en la mayoría de los casos los incrementos no fueron de cuantía suficiente para compensar los descensos de los dos años anteriores”.

Añade el informe algo tan obvio como que ajustar el salario mínimo es la única manera de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con los salarios más bajos, poniendo como ejemplo la reciente crisis económica mundial, con peores efectos para los ingresos familiares más bajos. Islandia, uno de los países con menor IG que reseñamos, se sitúa en cuarto lugar en la clasificación de los salarios mínimos, con 12 pagas de 2.830,5 €. Por encima están Suiza (4.548,8 €), Mauricio (3.079,7 €) y Papúa Nueva Guinea (2.927,2 €). De nuevo por comparar, España se sitúa en la mitad alta de la tabla, con 1.381,3 €. Y en la cola están Zimbabue (0,6 €), Jordania (0,3 €) y Zambia (0,1 €), aunque conviene aclarar que hay muchos países que ni tan siquiera tienen salario mínimo. Téngase en cuenta también que el poder adquisitivo en las distintas áreas geográficas es un factor para tener en cuenta y resulta tanto o más significativo que el importe bruto del salario.

Brecha de género. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es, a pesar de llevar un cuarto del siglo XXI ya vivido, uno de los aspectos más sangrantes de nuestra sociedad. Según la ONU, en 2024, la remuneración salarial que obtuvieron las mujeres fue un 23% inferior a la de los hombres. En otras palabras, por cada euro que percibió un hombre, una mujer con el mismo trabajo obtuvo 77 céntimos. Si la mujer es madre, la brecha es aún mayor, llevando la diferencia hasta un 35% en regiones como Asia Meridional. Centrados en Europa, la brecha media es del 12,7% (cada euro ganado por un hombre equivale a 87 céntimos ganados por una mujer). Estonia presentaba la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, con un 21,3%, seguida de Austria (18,4%), Suiza y Chequia (17,9% los dos países). Y la rareza se da en Luxemburgo, donde la brecha es del 0,7%, ¡pero a favor de la mujer! En España estamos por debajo de la media europea con un reseñable 8,7%.

La OIT pone de manifiesto que “se constata que los hombres ganan más que las mujeres en todos los grupos de países por nivel de ingreso y en toda la escala salarial”. Y añade en su informe que en los países de ingreso mediano bajo y mediano alto, la brecha salarial de género crece cuando las mujeres trabajan en ocupaciones mal remuneradas y decrece cuando se analiza una minoría de mujeres con estudios.

 

SUIZA (4.548,8 €) Y MAURICIO (3.079,7 €) SON LOS PAÍSES CON MAYOR SALARIO MÍNIMO. ZIMBABUE (0,6 €) Y JORDANIA (0,3 €) LOS QUE LO TIENEN MENOR

 

Parece oportuno terminar, como empezamos, con palabras del director general de la OIT Gilbert F. Houngbo: “Abordar las desigualdades de ingresos en el mercado laboral, incluidas las brechas salariales de género y las brechas salariales que sufren los trabajadores en situaciones vulnerables, es un camino eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza de los hogares. En un contexto de importante inestabilidad geopolítica, esto contribuiría a sociedades más justas y reduciría las tensiones sociales”. Esa “inestabilidad geopolítica” parece indicar que no está en el horizonte visible lograr el deseo de Houngbo, a pesar de formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, de Naciones Unidas. No hay más que mirar un poco por encima la información internacional que aportan los medios convencionales diariamente para comprobar que cada vez hay más negacionistas del desarrollo sostenible.

Evolución de la brecha salarial de género en Europa (2012-2022)

Fuente: Eurostat
La brecha salarial de género en Europa

Según Eurostat, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo en 3,7 puntos porcentuales ente 2012 y 2022. La variación no es uniforme: en Eslovenia, Letonia, Polonia, Malta, Suiza y Lituania, aumentó la diferencia entre 0,1 y 3,7 puntos. El mayor descenso se dio en España (10 puntos), seguida de Estonia (8,6 puntos), Islandia (8,4 puntos) y Luxemburgo (7,6 puntos porcentuales).

James Mutisi, propietario de Jimwella Piggery, es uno de los beneficiarios de la formación Inicia y Mejora tu Negocio (IMESUN) de la OIT. Vive en Mutare, Zimbabwe. Octubre de 2024. FOTO: SHAUN CHITSIGA/ILO
Desigualdad salarial en España por CC. AA.
Con los datos de la Encuesta de Población Activa (INE, 2023), las Comunidades con mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco, donde el 43,9% de los asalariados ganó 2.548,2 euros mensuales o más, Navarra (39,5%) y Comunidad de Madrid (37,3%). En el otro extremo, las que tuvieron un mayor porcentaje de asalariados en sueldos bajos, por debajo de 1.534,7 euros, fueron Extremadura (42,9%), Región de Murcia (37,2%) y Canarias (36,6%). Las comunidades con mayor salario medio fueron País Vasco (2.624,3 €), Comunidad de Madrid (2.575,5 €) y Navarra (2.515,7 €). Los menores salarios medios se percibieron en Extremadura (1.915,9 €), Canarias (1.987,9 €) y Castilla–La Mancha (2.025,2 €).

PARA SABER MÁS

Global Wage Report 2024-2025.
International Labour Office, Ginebra

VER MÁS

Gender Equality Index 2024.
European Institute for Gender Equality.

VER MÁS

“La demagogia y el salario mínimo», por Casimiro García-Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos"

La demagogia y el salario mínimo

Las teorías sobre los salarios han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Se atribuye al abogado y político de tendencia socialista Ferdinand Lassalle (Breslau, Prusia, 1825; Carouge, Suiza, 1864) la teoría de la “ley de hierro de los salarios”. El resumen de su tesis es que los salarios tienden a igualarse con el nivel mínimo de subsistencia de los trabajadores. Cuando los salarios suben por encima de ese nivel mínimo, los trabajadores tienen más hijos y, como consecuencia, aumenta la competencia por el empleo y los salarios vuelven automáticamente a bajar hasta ese nivel en el que el obrero tenía para comer -mal- y poco más. El empresario era un explotador que sólo perseguía la plusvalía.

La realidad ahora es muy distinta. Pongamos un ejemplo. Una de las regiones donde se cobran salarios más altos es el País Vasco y, sin embargo, es una de las autonomías españolas con un índice más bajo de natalidad. En lugar de tener más hijos, a pesar de que la remuneración está bastante por encima del nivel de subsistencia, los vascos tienen menos hijos. La realidad ha hecho añicos la teoría de Lassalle. Ya no funciona, si es que alguna vez funcionó.

Los salarios tienen que ver con la productividad de la economía y, muy especialmente, con la educación. Las economías más productivas y las que tienen un nivel educativo más alto son las que retribuyen mejor a sus trabajadores.

La izquierda, sobre todo en España, está empeñada en la pelea nominal por la subida del salario mínimo (SMI), como si esa fuera la solución para sacar a los trabajadores de la pobreza. Josu Jon Imaz (CEO de Repsol) dijo hace unas semanas en el acto de entrega del premio al Empresario del Año de la revista Actualidad Económica: “Yo no quiero un país en el que el debate sea el del SMI o el de la ayuda social… Quiero un país en el que los jóvenes puedan aspirar a salarios muy superiores, un país con seguridad jurídica, regulatoria, social y fiscal”. Tiene razón.

El salario mínimo en España es, más que nada, una batalla política. Que, además, ha derivado en una batalla fiscal interna dentro del propio Gobierno. Están los que proponen que no tribute (Yolanda Díaz) y los que defienden que debe pagar IRPF (María Jesús Montero).

Los sindicatos han abanderado la batalla por la subida del SMI como si fuera una conquista social sin precedentes. Pero la tabla rasa siempre suele ir en contra de los más débiles. Pagar 1.184 euros en catorce pagas a un trabajador para una gran empresa con beneficios no le supone ningún esfuerzo. Es más, la inmensa mayoría de sus trabajadores suele estar por encima de ese baremo. Sin embargo, esos 1.184 euros (16.576 euros al año) para un pequeño negocio en una zona rural pueden ser la diferencia entre contratar o no contratar a un empleado. Desligar los salarios de la productividad, de la capacidad de una empresa para generar beneficios, es un error de libro. Dentro de un tiempo veremos el efecto de esta subida en los datos de empleo en las zonas más pobres y despobladas.

Leo el reportaje que acompaña a este comentario y me sorprende un dato: el segundo país con salario mínimo más alto del mundo -por detrás de Suiza- es Mauricio. ¡Mauricio! Un pequeño país situado en el índico que logró su independencia de Reino Unido en 1968 y cuya principal fuente de riqueza cuando era colonia británica era la caña de azúcar.

Pues bien, si la información es correcta, el salario mínimo de Mauricio está por encima de los 3.000 euros. Lo de Suiza lo entiendo. Pero ¿Mauricio?

Miro la información a través de Google. Y me sorprenden varias cosas. Es un país pequeño (1,2 millones de habitantes) en el que el 50% de su PIB se origina en el sector financiero. El tratamiento fiscal ventajoso ha atraído a más de 22.000 empresas extranjeras a Mauricio. En parte, le ha copiado el modelo a Suiza, pero en un entorno de playas paradisíacas. El impuesto máximo de sociedades es del 17%, mientras que el tipo máximo sobre la renta es del 25%. ¡Quién lo pillara! Pero lo que más me ha sorprendido es que Mauricio dedica el 13% de su PIB a gasto en educación.

Claro que no podemos trasplantar el modelo de Mauricio a España. Pero sí sacar algunas lecciones de lo que ha hecho este pequeño país. Bajar impuestos ha hecho que una economía esencialmente agrícola se haya convertido en una economía de servicios. El PIB per cápita ha subido desde la independencia hasta los 22.000 dólares al año y el presupuesto permite destinar una gran cantidad de dinero a educación.
Muchos jóvenes con un elevado nivel de estudios en España tienen que emigrar a otros países en busca de mejores salarios y oportunidades de promoción profesional. Eso sí que es un drama. Pero, mientras que esa sangría de talento se produce, los sindicatos y el gobierno celebran la gran conquista de haber situado el SMI por encima de los 1.100 euros.

La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos. No hay bienestar sin riqueza y la riqueza sólo se crea con empresas competitivas y empleados motivados y bien pagados. Lo contrario es engañar a la gente. Por eso, el debate sobre los salarios suele estar viciado de demagogia.

Talento en fuga

«La vivienda: cuestión de Estado», por Yolanda Gómez

ALDEA GLOBAL

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

"Es el momento de que PSOE y PP dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado"

La vivienda: cuestión de Estado

Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.

La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.

En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.

Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.

Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.

Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.

El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.

En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.

El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.

En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.

Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.

Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.

La gallina de los huevos de oro

«Un ‘reseteo’ estratégico en tiempos de Trump», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS,
directora de la oficina del Parlamento Europeo en España

“Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común"

Un reseteo estratégico en tiempos de Trump

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha reavivado las tensiones sobre el compromiso del país con la OTAN y la seguridad europea. En sus primeros discursos, Trump ha advertido que no protegerá a los países que no cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar -España está a la cola de toda la UE con un 1,28%-, dejando claro que reducirá la implicación americana en la Alianza. Este escenario plantea una amenaza directa a la estabilidad del continente en un momento de gran volatilidad por la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento Europeo aprobó recientemente en Estrasburgo una dura resolución en la que exigía más apoyo militar concertado a Ucrania ante la implicación reciente de China y Corea del Norte en el conflicto y ante las pruebas rusas de nuevos misiles balísticos. El lenguaje bélico invade ya los comunicados de prensa de unas instituciones creadas para la paz hace ahora 67 años.

La Eurocámara, a diferencia del nuevo mandatario norteamericano, deja claro que “no pueden llevarse a cabo negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania” y pide a la UE trabajar para lograr el apoyo internacional más amplio posible al país, sobre todo teniendo en cuenta la escalada reciente y el preocupante apoyo en recursos a Rusia de Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Todos estos acontecimientos urgen reforzar la autonomía estratégica de la UE y su cooperación en defensa, especialmente con el Reino Unido, un aliado clave que ha quedado fuera de la estructura comunitaria tras el Brexit. Las noticias que nos llegan de Londres son positivas: el nuevo gobierno de Keir Starmer, con su enfoque proeuropeo y su voluntad de resetear las relaciones con Bruselas, ofrece una oportunidad única.

Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común. En un mundo cada vez más inseguro, la UE y el Reino Unido tienen mucho que ganar de una asociación más estrecha.

La Unión Europea, consciente de las implicaciones de un Estados Unidos obsesionado con China y menos comprometido con nuestro continente, debe liderar el esfuerzo para fortalecer su pilar defensivo dentro de la OTAN, integrando las capacidades británicas en un marco europeo más sólido. El Reino Unido, por su parte, tiene el incentivo de consolidar su influencia en Europa a través de acuerdos que no solo refuercen su posición como socio privilegiado, sino que también le permitan mantener su relevancia en un entorno geopolítico cada vez más hostil.

La clave radica en una negociación de doble vía: por un lado, garantizar que la UE mantenga una postura unida y cohesionada en sus negociaciones en bloque con el Reino Unido. Por otro, es lógico que en políticas como la de defensa su colaboración incluya acuerdos bilaterales adicionales, como el mantenido con Francia y el reciente Acuerdo Trinity House con Alemania, que incluye la construcción de una fábrica de artillería en Reino Unido, el despliegue de aviones alemanes para proteger el Atlántico Norte y el desarrollo conjunto de misiles de largo alcance y drones.

Insisto: Aunque valiosos, estos acuerdos nunca deben contemplarse en detrimento del refuerzo de una verdadera dimensión europea de la defensa. Cierto, la UE no tiene ejército propio, pero el margen de cooperación es amplio. El Reino Unido debe participar también en proyectos estratégicos conjuntos, en iniciativas como el Instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa, diseñado para fomentar adquisiciones conjuntas y optimizar el gasto público en capacidades militares. Además, invertir en otras áreas estratégicas como la ciberseguridad y la conectividad espacial fortalecería la resiliencia de las infraestructuras críticas de ambos.

El liderazgo de Starmer llega en un momento oportuno. Un acuerdo estructurado con la UE permitiría finalmente al Reino Unido participar en misiones militares y civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.

Además, la cooperación podría extenderse a áreas críticas como la seguridad energética y la gestión de migraciones. Británicos y europeos ya dieron en febrero un paso significativo en esta última materia, al acordar una colaboración entre sus agencias de control de fronteras para combatir la migración irregular con un mayor intercambio de información y la coordinación operativa. Paralelamente, se están explorando mecanismos que permitan una movilidad juvenil más estructurada, facilitando que jóvenes europeos y británicos vivan y trabajen temporalmente en el otro territorio. El enfoque es delicado: busca fortalecer la seguridad y la cooperación, evitando la percepción de un regreso a la libre circulación, algo aún sensible en Reino Unido.

No hay luna de miel después de un divorcio traumático. La UE ha dejado claro que cualquier avance significativo en este reseteo de relaciones requerirá que el Reino Unido cumpla plenamente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020. Esto incluye la implementación de controles fronterizos y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, cuestiones que hasta ahora han sido fuente de fricciones.

En todo caso, el regreso de Trump a la Casa Blanca deja claro que Europa ya no puede depender del paraguas de seguridad estadounidense como lo ha hecho en el pasado. Debe asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, y el Reino Unido, con sus capacidades militares avanzadas, su potencia nuclear y su experiencia global, es un socio natural en este esfuerzo.

En última instancia, el éxito de este reseteo dependerá de la voluntad política de ambas partes para priorizar el interés común sobre las diferencias pasadas. Y la elección de Trump podría terminar siendo el mejor catalizador para ello.

Colocar bien las fichas

La copia electrónica notarial

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Instagram Linkedin

LA COPIA ELECTRÓNICA NOTARIAL

Cumplido el primer año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, las ventajas que ofrece la norma en cuanto a la digitalización de las actuaciones notariales aún son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Contribuir al conocimiento y análisis de esta realidad fue el objetivo de la sesión monográfica La copia electrónica en la nube y con CSV como nueva forma de exteriorización del documento notarial, organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital celebrada recientemente.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Manuel González-Meneses, Alfonso Madridejos y Segismundo Álvarez.

Los ponentes, los notarios Alfonso Madridejos y Manuel González-Meneses, también director de la cátedra, fueron presentados por el notario y vicedirector, Segismundo Álvarez, quien comenzó recordando la vocación de vanguardia de la cátedra en el estudio de todo lo relativo a la conexión entre tecnología y derecho, sin limitarse a las cuestiones estrictamente notariales, aunque en esta ocasión se analizase una ley que pretende avanzar en la digitalización de la función notarial.

Escrituras digitales

Alfonso Madridejos relacionó el nuevo régimen de las copias con lo que considera la más importante novedad de la Ley 11/2023 con respecto a la digitalización de las actuaciones notariales: la puesta en marcha del protocolo notarial electrónico, el eje en torno al que gira toda la reforma, y que supone incrementar exponencialmente la seguridad y utilidad del protocolo notarial, por el hecho de que las escrituras tienen ahora un doble formato: en papel y electrónico. Mientras que el protocolo de papel tiene un carácter estático, el protocolo electrónico es una herramienta dinámica, porque en él no solo está reflejada la escritura matriz tal y como fue autorizada, sino también la vida y dinamismo del propio negocio documentado.

Según explicó Madridejos, con la nueva regulación, “las copias electrónicas resultan potenciadas, puesto que ahora pueden ser expedidas para cualquier persona con interés legítimo que así lo solicite, con la novedad de la incorporación del CSV o Código Seguro de Verificación. El CSV proporciona una doble ventaja para el usuario: por un lado, permite garantizar la autenticidad e integridad de las copias, ya que su custodia se realiza en la Sede Electrónica Notarial con todas las garantías proporcionadas por el Consejo General del Notariado; y por otro, se mantienen siempre actualizadas y permiten conocer la situación de la matriz”.

“En definitiva, la copia notarial autorizada electrónica con CSV, que en poco tiempo debería generalizarse, supone, dentro del proceso de digitalización del tráfico jurídico en nuestro país, una gran mejora del sistema, un incremento muy importante de la seguridad jurídica, una notable agilización de los trámites y procedimientos y una considerable reducción de los costes para los usuarios de los servicios notariales, todo ello, no puede olvidarse, con un gran esfuerzo en inversión, costes y trabajo para el colectivo notarial”, comentó Madridejos.

EL PROTOCOLO ELECTRÓNICO ES DINÁMICO PORQUE EN ÉL ESTÁ REFLEJADA LA ESCRITURA MATRIZ Y LA VIDA DEL PROPIO NEGOCIO DOCUMENTADO

El Reglamento elDAS2

Por su parte, González-Meneses quiso situar el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales en un contexto más amplio: en un entorno social donde empleamos cada vez más dispositivos informáticos portátiles, como el teléfono móvil, a la hora de legitimarnos para muchas actuaciones. En particular, lo relacionó con la normativa europea -el Reglamento eIDAS2 promulgado en este año 2024- que pretende implantar un wallet o cartera de identidad digital europea consistente en una aplicación que permitirá emplear el teléfono móvil para acreditar, no solo la identidad personal, sino otra serie de variados atributos que interesa hacer valer frente a terceros y en interacciones tanto online como presenciales. El wallet permitirá manejar credenciales en formato digital con enlaces a las páginas web de las entidades u organizaciones emisoras de estas como forma de verificar en tiempo real tanto la autenticidad de la credencial como la vigencia del atributo que esta acredita. De manera análoga, el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales permite a los ciudadanos la acreditación de rasgos jurídicos, como la condición de propietario de un bien, de apoderado de otra persona o de administrador de una compañía, por ejemplo, con una copia electrónica en el teléfono móvil con un enlace -el CSV en formato QR-, que facilita a cualquier persona ante la que se exhibe ese dispositivo, escanear ese QR con su propio dispositivo para acceder en tiempo real a un ejemplar actualizado de esa misma copia que se mantiene en la Sede Electrónica Notarial.

La copia autorizada electrónica

González-Meneses incidió en que esta novedad es una exigencia derivada de la propia liberación de la copia autorizada electrónica, y tanto por razones de usabilidad (el CSV facilita la verificación de la autenticidad e integridad de la copia de un documento notarial que se exhibe en formato digital sin necesidad de disponer de un ordenador y un software que permita la verificación de la firma electrónica cualificada del notario emisor de la copia), como de seguridad. Una vez puestas en circulación, a diferencia de las copias de papel, las electrónicas (por excelencia, la copia de un poder de representación que legitima al apoderado para actuar en nombre del poderdante frente a terceros), no se pueden retirar porque, como cualquier archivo informático, se pueden reproducir una infinidad de veces por la persona que la ha recibido -ej. el apoderado en el caso del poder-. Por lo tanto, la existencia de un repositorio de copias accesible online por cualquiera ante el que se exhibe la copia en formato digital, con información actualizada sobre la vigencia o revocación del documento, es algo imprescindible para la protección tanto del poderdante como de los terceros ante los que pretende actuar el apoderado.

“El hecho de que la incorporación del CSV y la posibilidad de cotejo con un ejemplar actualizado de la misma copia en la Sede Electrónica Notarial sea algo conforme con el signo de los tiempos y una exigencia de usabilidad, de racionalidad y equidad del nuevo régimen de libre circulación de las copias entre particulares, no debe llevarnos a desconocer -advirtió González-Meneses- el cambio tan sustancial que supone esta reforma”.

ON LINE

El diálogo La copia electrónica en la nube y con csv como nueva forma de exteriorización del documento notarial puede visualizarse en la web de Fundación Notariado.

VER SEMINARIO
Alfonso Madridejos.
Manuel González-Meneses.
Tres cuestiones sobre la digitalización notarial

Manuel González-Meneses, notario y director de la catedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital, se detuvo, durante la cátedra, en tres cuestiones sobre la Ley 11/2023 que permitió la digitalización de diversas actuaciones notariales. En primer lugar, frente a la tradicional responsabilidad individual de cada notario en la llevanza de su protocolo y en la expedición de copias, la reforma supone la asunción por la propia corporación notarial de funciones con relevancia frente a terceros (la generación automatizada y aleatoria del CSV para cada copia emitida, la conservación del repositorio actualizado de copias, y el mantenimiento de su acceso online permanente). En segundo lugar, el acceso mediante CSV al ejemplar de la copia que se conserva en el repositorio de copias no tiene nada que ver con la tradicional legitimación para obtener copia de un determinado documento notarial, por cuanto se trata de un acceso automático y anónimo para cualquiera que conozca el CSV correspondiente; y por último, la fundamental cuestión de la eficacia jurídica del repositorio de copias respecto de terceros ya que -a juicio del director de la cátedra- la reforma solo tiene sentido si se entiende que la nueva normativa impone sobre estos -las personas ante los que se exhibe una copia en formato electrónico-, la carga de consultar el repositorio de copias mediante el CSV, ya que cualquier información actualizada en relación con la vigencia del documento le va a ser jurídicamente oponible.

Página de acceso al Portal Notarial del Ciudadano.
Fundación Notariado y su XII Cátedra del Prado

Bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado. 1815, el desmantelamiento del Louvre y el renacimiento de los museos en Europa, tuvo lugar la XII Cátedra del Prado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, y patrocinada por Fundación Notariado. El programa se articuló en cuatro conferencias de carácter gratuito para los asistentes inscritos, impartidas todos los jueves del mes de noviembre de 2024. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana; el jefe de su Centro de Estudios, Javier Arnaldo; y Raimundo Fortuñy, entonces vicepresidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fortuñy analizó este periodo histórico desde el punto de vista del Notariado: “En esta época la Asamblea Nacional francesa aprobó la llamada Ley Ventoso y es en este momento de la Historia cuando se produce la ordenación del Notariado como elemento vertebrador en respuesta a las demandas sociales de seguridad, legalidad y autenticidad, así como de la conciencia de restitución de lo ajeno”.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Javier Solana y Javier Arnaldo.

La prosperidad de las naciones

ALDEA GLOBAL

LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES

Lo que sucedió en continentes enteros, como África o América, hace algo más de 500 años, determina hoy por qué existen diferencias en la prosperidad de distintas naciones. Al menos, así lo defienden los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que obtuvieron el Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones económicas y políticas se han venido desarrollando y cómo estas, condicionadas por su historia, determinan la prosperidad de las naciones y las diferencias sociales y económicas entre ellas. Su teoría, sin embargo, no está exenta de críticas.

MELCHOR DEL VALLE
© JOHAN JARNESTAD | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE SUECIA

Cabe decir que los galardonados son historiadores económicos y que su investigación, por simplificar, no se basa solo en analizar secuencias de datos, sino en comparar estas con hechos históricos. Por eso, el acta del jurado que concedió el galardón considera que su trabajo ha demostrado que “una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, en referencia a la que los europeos llevamos a cabo en el siglo XVI y siguientes. La novedad está en la relación que establecen entre mortalidad, asentamientos e instituciones específicamente, pero también en tener en cuenta dichos aspectos con independencia de la nacionalidad de los colonizadores.

 

LOS NOBEL DE ECONOMÍA PARTIERON DE UNA PREGUNTA SIMPLE: “¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE QUE HAYA GRANDES DIFERENCIAS EN LA RENTA PER CÁPITA ENTRE DISTINTOS PAÍSES?”

El principio

En el año 2001, los autores galardonados publicaron en la revista American Economic Review el artículo The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, que es lo que promovió su candidatura al Nobel. A esto seguramente contribuyó también el libro de Acemoğlu y Robinson (es decir: sin Johnson) titulado Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) publicado en 2013.

En su momento, estudiosos de la economía del desarrollo consideraron que la tesis expuesta en el artículo contribuye a entender la evolución de las antiguas colonias mediante el análisis de la mortalidad de los colonos europeos, tomada esta como una variable del desarrollo de las instituciones. Dicho de otra manera, apuntan a que los europeos solo instauraron instituciones que inducían al crecimiento en áreas donde no enfermaban y podían establecerse. En cambio, en otras zonas donde estaban más expuestos a enfermedades, por ejemplo, África central, promovieron instituciones más propias de autócratas, que persisten hasta el día de hoy y explican en gran medida las diferencias en los ingresos entre países.

Inclusivas o extractivas

Para explicar su teoría, los autores dividen las instituciones de los países que fueron colonizados a partir del siglo XVI en inclusivas, basadas en el respeto al Estado de Derecho y habitualmente asociadas a regímenes democráticos estables, y extractivas, donde no se respetan los derechos básicos y la seguridad jurídica es manifiestamente mejorable. Es decir, y por unir conceptos con el párrafo anterior: los autores apuntan a que las inclusivas se dan en los países donde no enfermaban los colonos, por lo tanto hacían de aquéllos lugares su hogar, mientras que las extractivas se encuentran en naciones donde los europeos estaban más expuestos a contagios (diversas zoonosis con altos índices de mortalidad, por ejemplo), con lo que llegaban, extraían –de ahí el nombre– lo que podían y se marchaban, pero no se quedaban a vivir. También puede entenderse la conclusión de que los europeos que decidían establecerse en las colonias reprodujeron el sistema institucional de sus países de origen, mientras que quienes solo buscaban enriquecerse, y hacer cuanto antes el viaje de vuelta, pensaron que se quitaban problemas de encima; se miraba de perfil lo de respetar la propiedad privada y los derechos humanos.

Si intentamos simplificar un poco la tesis, no hemos de perder de vista que los Nobel de Economía partieron de una pregunta simple: “¿Cuáles son las causas de que haya grandes diferencias en la renta per cápita entre distintos países?”. Y encontraron que la posible respuesta está en que la tasa de mortalidad de los colonos determinó el lugar donde decidieron establecerse, esos asentamientos marcaron el carácter de las primeras instituciones establecidas y estas, a su vez, fueron el caldo de cultivo de las actuales. Ponen como ejemplo de inclusivos a EE. UU., país surgido de los asentamientos en las primeras “Trece Colonias” y su famosa –y letal para los nativos– ‘conquista del oeste’, y Australia, que fue inicialmente destino de convictos. Entre los extractivos, citan colonias españolas y portuguesas en América, asentamientos en el África Occidental Británica, incluida Costa de Oro (Ghana) y Costa de Marfil, y el antiguo Congo Belga (República Democrática del Congo).

 

UNA DE LAS EXPLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS EN LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES SON LAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE SE INTRODUJERON DURANTE LA COLONIZACIÓN

Nada definitivo

Daron Acemoğlu, nacido en Turquía y de origen armenio, y Simon Johnson, estadounidense, son profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y James A. Robinson ejerce en la Universidad de Chicago. En sus conclusiones dejan ver que ni las instituciones ni el desarrollo económico son factores sujetos a un destino inalterable y, por lo tanto, pueden transitar hacia mayores calidades democráticas y económicas. También admiten que aún hay cantidad de preguntas sin respuesta y que están en marcha diversos estudios para intentar contestarlas. Es una manera de decir que su trabajo es solo un primer paso, seguramente muy importante desde el punto de vista de una materia tan compleja como es la economía del desarrollo, y no un dato definitivo.

Es verdad que no es fácil explicar por qué “el 20% más rico de los países del mundo es hoy unas 30 veces más rico que el 20% más pobre; además, la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente; aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”, como lo expone la organización de The Nobel Price, pero no es fácil explicarlo basándose solo en las diferencias de las instituciones de esos países. Probablemente, una razón para no tomarse al pie de la letra la investigación de los Nobel de Economía 2024 es la tendencia a la baja durante los últimos años en la calidad democrática de países que se ponen como ejemplo de colonias inclusivas, con EE. UU. en primer plano, y como se deduce de los índices del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, (The Global State Of Democracy 2024) y de la Economist Intelligence Unit de The Economist (Democracy Index 2023).

Críticas

Las críticas les han llegado a los autores desde distintos frentes. David Y. Albouy, profesor de Economía en la Universidad de Illinois, publicó en la misma revista (American Economic Review), aunque once años más tarde, un artículo en el que sostiene, entre otras cosas, que las muestras de mortalidad sobre las que se basa el trabajo original son poco fiables y que hay confusiones con los nombres anteriores de los países africanos. El catedrático de Harvard Edward Glaeser, utilizando el mismo instrumento de mortalidad de colonos, pero para el capital humano (Do institutions cause growth?, publicado en Journal of Economic Growth, 2004), encontró que dicho factor (el capital humano) tiene un mejor desempeño econométrico que la calidad institucional y concluye que las instituciones prosperan cuando hay capital humano y social en cantidad.

 

LOS EUROPEOS SOLO INSTAURARON INSTITUCIONES QUE INDUCÍAN AL CRECIMIENTO EN ÁREAS DONDE NO ENFERMABAN Y PODÍAN ESTABLECERSE

Mushtaq Khan, que es profesor de economía en la School of Oriental and African Studies, la conocida SOAS (University of London), opina que el trabajo de los galardonados solo indica que los países de altos ingresos actuales obtienen mejores resultados en los índices institucionales occidentales, simplemente. No deja de ser cierto, en fin, que países del este asiático, como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, crecieron rápidamente sin tener previamente instituciones inclusivas. Otra economista crítica, Yuen Yuen Ang, profesora de Política Económica de Johns Hopkins University (Washington, EE. UU.) y muy reconocida por sus trabajos sobre el desarrollo de China, opina que la teoría de Acemoğlu, Johnson y Robinson no explica el crecimiento de China, pero tampoco el de Occidente; y recuerda que las instituciones de EE. UU. fueron corruptas cuando el país se estaba desarrollando.

Nobel de Economía, reducto estadounidense

El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).

De arriba a abajo, los profesores Daron Acemoğlu, Simon
Johnson y James A. Robinson, premio Nobel de Economía
2024. FOTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS Y DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO.

Anuncio del Premio Nobel de Economía 2024. FOTO NOBEL PRIZE
Colonialismo a sangre y fuego

Una de las críticas a The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation es que si el proceso de colonización es la base del trabajo no se haya tenido en cuenta su coste de una manera más amplia. Dichas críticas recuerdan que en las colonias que los autores consideran inclusivas, la violencia fue algo normalizado y muy cercano en algunos casos al genocidio de poblaciones nativas, antes de crearse las instituciones, por lo que es algo que debería formar parte del análisis. En una entrevista con The New York Times, tras recibir el premio, Acemoğlu no dio importancia a lo que hubiese sucedido entre colonos y nativos: “En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos cómo diferentes estrategias coloniales han conducido a diferentes patrones institucionales que han persistido a lo largo del tiempo”.

PARA SABER MÁS

The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson.
The American Economic Review (2001).

VER MÁS

The Global State Of Democracy 2024.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

VER MÁS

Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof.
Mushtaq H. Khan.
SOAS, University of London.

VER MÁS

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024.
The Nobel Price.

VER MÁS

«Instituciones: Nobel, DANA y Trump»», por Enrique Alberola

ALDEA GLOBAL

ENRIQUE ALBEROLA,
asesor y editor del blog del Banco de España (Las opiniones de este artículo no representan las del Banco de España)

"Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo"

Instituciones: Nobel, DANA y Trump

El reciente premio Nobel de Economía a los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ha reconocido la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Apenas unas semanas después hemos asistido a dos acontecimientos preocupantes, que alertan sobre la calidad y el devenir de las instituciones. El primero, muy cercano, la mala gestión de las inundaciones en Valencia por las instituciones (in)competentes. El segundo, la inapelable victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos.

La mayoría de las economías ricas, en particular las occidentales, han basado su crecimiento y prosperidad en las instituciones inclusivas, como las denominan los galardonados. ¿Por qué son fundamentales? Este tipo de instituciones permiten a los ciudadanos desenvolverse libremente en el marco de un Estado de derecho. Facilitan así su desarrollo personal y el aprovechamiento de sus capacidades. De esta forma, las instituciones inclusivas favorecen, no solo que alcancen sus objetivos económicos y sociales, sino comportamientos que fomentan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua del marco institucional.

Las instituciones inclusivas suelen estar asociadas a sociedades democráticas y se refuerzan con el desarrollo económico, según la idea del círculo virtuoso. Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis fiscal en Europa quebraron esta dinámica. El motor del círculo virtuoso se gripó y hay un riesgo de involución: un círculo vicioso de regresión democrática y, también, económica.

¿Qué pasó? La crisis global tuvo un fuerte impacto sobre la clase media y los sectores más desfavorecidos, que se sintieron abandonados, y agravó la desigualdad, que ya estaba aumentando antes en las economías avanzadas. Esta situación hizo crecer el sentimiento de exclusión y la desconfianza en las instituciones establecidas. En el ámbito político, ha derivado en la pérdida de apoyo a los partidos centrales tradicionales y en una creciente polarización. Esto dificulta los consensos que fundamentan las reformas económicas y el avance como sociedad. También mina la convivencia. Todo ello amenaza la propia calidad de las instituciones: la polarización tensa al sistema y sus instituciones, que corren el riesgo de ser arrastradas por las pugnas políticas. No sorprende que la calidad institucional se haya reducido en la mayoría de las democracias occidentales y en España aún más, como mostramos recientemente en una entrada en el blog del Banco de España titulada Premio Nobel 2024: la calidad de las instituciones potencia el crecimiento económico. Y, en mi opinión, ese deterioro no es ajeno, aunque sea tangencialmente, a la mala gestión de la DANA.

Desde una perspectiva global, el modelo económico dominante, que ha favorecido el libre comercio y la iniciativa privada, ha perdido adeptos. La emergencia económica del Sur global y algunas políticas discutibles de Occidente redujeron el ascendente de este sobre el resto del mundo. La rivalidad y la tensión geopolítica han aumentado desde entonces. El ascenso de los BRICs, liderados por China, es un buen ejemplo. Estos modelos alternativos no abrazan las instituciones inclusivas, aunque es verdad que sin ellas han podido desarrollarse. Por cierto, esta evidencia ha servido de crítica a las tesis de Acemoglu y compañía. Tales países también ponen en cuestión la arquitectura de las instituciones internacionales surgida de la posguerra mundial y diseñada, en su vertiente económica, por las potencias occidentales.

En definitiva, una crisis económica ha desembocado en una regresión institucional. ¿Qué consecuencias económicas puede tener esta deriva negativa?

Por un lado, el aumento de la incertidumbre política, que no es buena para la actividad económica. Por ejemplo, en las elecciones de los últimos veinte años se ha producido una caída continua en el porcentaje de votos de los partidos ganadores, lo que reduce la estabilidad de los gobiernos. En paralelo, el índice de incertidumbre de políticas económicas (conocido como EPU) ha mostrado una tendencia al alza. La inestabilidad política, la falta de consensos o la revisión de las normas al albur de los cambios de gobierno no permiten tomar decisiones en un entorno de previsibilidad y esto afecta negativamente al crecimiento económico, como bien sabemos.

Por otro lado, en el ámbito global la polarización contribuye a agravar las tendencias a la fragmentación económica, uno de los grandes riesgos que enfrenta la economía mundial. Es cierto que las pulsiones a la fragmentación también son resultado de la creciente competencia entre naciones en el concierto internacional. Pero la polarización refuerza las posiciones radicales, defensivas de lo propio y, por lo tanto, da rienda suelta a los instintos proteccionistas, nacionalistas y excluyentes. Y estas posiciones amenazan la cooperación y la integración globales y, con ello, las instituciones que las articulan. Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo.

Además, cuando la polarización alcanza a los países abanderados del orden establecido, la situación se vuelve crítica. Por eso, el 5 de noviembre fue un día negro para los que creemos en los valores inclusivos, pues existe el riesgo de que el círculo vicioso se acelere.

Y todo esto ocurre cuando la necesidad de cooperación global es más importante que nunca ante la amenaza climática y la creciente interdependencia global. Por no mencionar los riesgos de inestabilidad geopolítica global, que la fragmentación también propicia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya apuntaba una razón al inicio: la crisis económica y financiera. Pero hay otro elemento muy importante: la revolución de la desinformación propiciada por Internet y los desarrollos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial. Esto daría para otro artículo, así que les dejo con una recomendación: el nuevo libro de Acemoglu y Johnson, Poder y Progreso, que alerta de los peligros de la revolución tecnológica actual, liderada por las redes y la inteligencia artificial y concentrada en grandes corporaciones amenaza la propia calidad de la democracia.

Claves para poder pasar del conflicto a la paz

ALDEA GLOBAL

T E N E R I F E 2 0 2 4

CLAVES PARA PODER PASAR DEL CONFLICTO A LA PAZ

En la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo y qué hay que dejar de lado para llegar a la paz. Y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional -Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición- son la mejor guía para alcanzarla.

REDACCIÓN

 

Esta idea, expresada por Joseph Weiler (catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022) y compartida por todos los ponentes, fue una de las principales conclusiones que se extrajeron en la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial, celebrada en el Colegio Notarial de Madrid. “La Justicia Transicional se refiere al concepto de transición al final de un conflicto. Pero está claro que los procedimientos son los que garantizan esa transición y una justicia a largo plazo. Esta es la lección más importante que podemos extraer de este libro”, aseguró Weiler.

La obra ha sido promovida conjuntamente por la COMJIB, el Consejo General del Notariado (CGN) y Fundación Notariado. En sus casi 500 páginas, participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

Un mundo en llamas

El evento estuvo presidido por Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, y en él participaron el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, delegado para América del CGN y vicepresidente de la Comisión de Deontología de la Unión Internacional del Notariado (UINL); la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán; el profesor Joseph Weiler; y Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas (ONU), Organismos Internacionales (OOII) y Derechos Humanos (DDDH) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

LA OBRA HA SIDO PROMOVIDA CONJUNTAMENTE POR LA COMJIB, EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO Y FUNDACIÓN NOTARIADO

 

El acto comenzó con unas palabras de condolencia por las víctimas y damnificados por la DANA. Barrio del Olmo dio la bienvenida e hizo alusión a la obra que se presentaba “tan importante en un momento en el que la actualidad está marcada por el conflicto internacional”. Por su parte, Cavallé destacó a Enrique Gil Botero como principal impulsor de este libro, así como su papel en el proceso de paz en Colombia. Además, señaló la contribución del Notariado “tan vinculado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz”.

 

PARTICIPAN UNA VEINTENA DE PONENTES: FILÓSOFOS, HUMANISTAS, PROFESORES, EX MINISTROS Y ALTOS CARGOS

 

Seguidamente, tomó la palabra Gil Botero, quien comenzó su discurso explicando el porqué, cómo y para qué de este libro: “La obra nace de ver un mundo terrorífico, entrópico y destructor, un mundo en llamas con más de 56 guerras y 92 países involucrados. Una situación y un panorama donde los organismos internacionales son ambiguos, vacilantes y han perdido, si es que la tuvieran, la fuerza y el ideario que justificó su creación; unas potencias que exhiben y permanecen sigilosas y una Europa que está anestesiada”, afirmó. El secretario general de la COMJIB concluyó que, por todo ello, “este libro es un grito en la oscuridad. La justicia transicional abre una esperanza y busca ayudar y poner en orden la convivencia, el progreso y la construcción de unas sociedades justas y con valores de civilidad. La consecución de la paz debe ser imperativo moral para todos, porque las guerras actuales tienen al mundo al borde de la autodestrucción”.

Gil Botero anunció también que el libro será traducido al inglés para ser presentado a principios de 2025 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.

Digna Isabel Durán hizo alusión a la importancia de la justicia transicional que “no puede ser conjugada como una fórmula para todos los conflictos del mundo, pero sí aporta herramientas importantes para cesar con las violaciones de los derechos humanos que sufren algunas sociedades”. Busca -añadió- “restaurar, reparar en lo posible a las víctimas, prevenir la impunidad e implementar medidas para que estas violaciones no se vuelvan a repetir y, finalmente, promover la reconciliación de los pueblos. Las personas víctimas de una guerra tienen que recibir justicia, reparación y medidas de no repetición”, aseguró.

En la clausura, Cecilia Robles también puso el foco en los cuatro pilares a los que hace referencia la obra como herramienta política y práctica para responder a crisis nacionales e internacionales, especialmente el de la Justicia, pues, según explicó, “España presta un gran apoyo a la Corte Penal Internacional para contribuir a los desafíos a los que se enfrenta”. “Este apoyo es político, financiero -ámbito en el que hemos hecho un gran esfuerzo-, de refuerzo de sus recursos humanos y estamos estudiando nuevos acuerdos de cooperación” afirmó.

 

EL LIBRO SERÁ PRESENTADO A PRINCIPIOS DE 2025 EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS DE NUEVA YORK

 

Además, Robles señaló la importancia del papel que desempeñan las mujeres y las niñas en los procesos de justicia transicional como protagonistas, pero también como víctimas. “Tenerlas presentes es una cuestión de justicia y es recomendable, puesto que está demostrado que los procesos de paz que las incluyen son más duraderos”, finalizó.

Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial expresa el compromiso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado de contribuir a la construcción de la paz en nuestras sociedades. La publicación contiene un primer capítulo en el que se establecen los fundamentos del Derecho Penal y se explica el papel y el valor de la Justicia Transicional en la solución de conflictos.

El segundo capítulo, que conforma el grueso de la obra, se articula en torno a los cuatro ejes de la Justicia Transicional; los cuatro pilares que las víctimas de todo conflicto necesitan para superar el pasado y construir el futuro: Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. A través de estos, diferentes autores realizan un análisis riguroso y detallado de la justicia transicional en América Latina, además de ofrecer recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y los actores internacionales.

Este libro supone por tanto una contribución a la literatura académica, además de ofrecer una guía para los formuladores de políticas, defensores de derechos humanos y activistas de la paz en todo el mundo. En él se analizan en detalle las políticas de reparación en varios países latinoamericanos, destacando tanto los éxitos como aquellas situaciones que fueron claramente insuficientes. Un estudio que permite concluir que, en una región marcada por décadas de conflicto y violencia, la justicia transicional se erige como el camino hacia la reconciliación y la paz duradera.

Entre los textos incluidos en la obra destacan las palabras del Papa Francisco y el prólogo del Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Cecilia Robles, Concepción Pilar Barrio, Enrique Gil Botero y Digna Isabel Durán.
De izda. a dcha.: Digna Isabel Durán, Enrique Gil Botero, Joseph Weiler, Concepción Pilar Barrio del Olmo, Cecilia Robles y Alfonso Cavallé.
Joseph Weiler.
Principios, no reglas

La ponencia principal corrió a cargo del Profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó los cuatro principios de la Justicia Transicional en torno a los cuales se articula la obra y los cuales aseguró que “son fundamentales para la resolución de conflictos”. Sin embargo, quiso aclarar que “se trata de principios, no de reglas. Son abiertos y adaptables a diferentes situaciones. Son formas de pensar, pero no pueden ser entendidos como una receta, por lo que debemos tomar este libro como una guía o un método que nos ayuda a alcanzar la paz, no como una fórmula”, añadió. Weiler también quiso destacar en su ponencia la labor de los notarios en este ámbito, ya que, según explicó, “trabajan en interés de la sociedad, buscando la paz y la verdad. Aunque son profesionales privados, a menudo se encargan de aplicar y defender el Derecho público con la intención de lograr soluciones beneficiosas para la ciudadanía que perduren a largo plazo”.