XIV Cátedra del Prado: un viaje por el tiempo

FUNDACIÓN NOTARIADO

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El Museo Nacional del Prado celebró en noviembre la XIV Cátedra del Prado bajo el título Tiempo, la fuerza invisible. Conceptos imaginales en el curso de la historia, dirigida por Astrit Schmidt-Burkhardt, profesora de Historia del Arte e Historia de la Imagen en la Freie Universität de Berlín, y patrocinada por la Fundación Notariado. A través de cuatro conferencias abiertas al público y un seminario exclusivo para 25 alumnos becados, la cátedra propuso un viaje intelectual para explorar cómo el tiempo se manifiesta, se representa y condiciona la creación artística.

 

XIV CÁTEDRA DEL PRADO: UN VIAJE POR EL TIEMPO

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
Portada de la cátedra.

La XIV Cátedra del Prado abordó el tiempo como categoría estética e histórica: aquello que no vemos, pero que estructura nuestras experiencias y nuestra memoria visual. Desde ese enfoque, se exploraron sus metáforas fundacionales -el círculo y la línea-, la dialéctica entre repetición y acontecimiento, y la manera en que el ritmo de trabajo o la materia misma de las obras registran su paso.

Cada jueves de noviembre Astrit Schmidt-Burkhard articuló en cada sesión miradas complementarias, pero siempre con el tiempo como hilo conductor. Así, la primera conferencia, Ser y tiempo: la forma revisó las figuras del tiempo —ciclo y flecha— como modelos de pensamiento histórico. Tiempo y obra: el tempo examinó la velocidad de la ejecución artística y sus cambiantes valoraciones a lo largo de los siglos. Obra y transitoriedad: el material contrapuso permanencias y fugacidades a través del mármol, el papel y la nieve. Y Transitoriedad e historia: el acontecimiento tomó las obras El 2 de mayo y El 3 de mayo de Goya para indagar cuánto dura el presente y cómo el arte convierte lo abstracto en historia concreta. El coloquio final permitió cruzar perspectivas filosóficas, historiográficas y técnicas, reforzando el carácter transversal del programa.

25 alumnos becados

Además de las conferencias, la XIV Cátedra del Prado se completó con un ciclo de seminarios exclusivos para 25 alumnos de Historia del Arte o materias afines, becados por Fundación Notariado y seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar el expediente académico, el perfil formativo y el interés por el curso de todos los solicitantes. Esta iniciativa ofreció a los jóvenes investigadores una oportunidad única de aprendizaje en un contexto de excelencia académica y de contacto directo con el Museo.

 


EL COLOQUIO FINAL PERMITIÓ CRUZAR PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS, HISTORIOGRÁFICAS Y TÉCNICAS, REFORZANDO EL CARÁCTER TRANSVERSAL DEL PROGRAMA


 

En cuatro sesiones temáticas (Imagen del tiempo: Forma, Velocidad, Materia e Intensidad), celebradas cada viernes de noviembre, los estudiantes ejercitaron métodos de análisis historiográfico, confrontando fuentes, objetos y marcos interpretativos. La combinación de estas clases magistrales y el trabajo guiado favoreció una comprensión operativa de los conceptos, con resultados que los alumnos podrán transferir a sus futuras investigaciones y a la esfera cultural. El seminario no solo reforzó sus conocimientos teóricos, sino que también estimuló su capacidad crítica y su aproximación práctica a un tema tan complejo como el tiempo en el arte, consolidando un espacio de formación altamente valorado en el ámbito universitario.

Una gran alianza

La Cátedra del Prado es fruto del convenio suscrito en 2019 entre el Museo Nacional del Prado y Fundación Notariado. Desde entonces, cada edición ha consolidado un modelo de divulgación abierto y de prestigio.

Además, en los últimos años ambas entidades han llevado a cabo otros proyectos culturales como Acoger es un bien para todos, La vejez como experiencia humana o Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar, los cuales han contribuido a acercar el patrimonio del Prado a la sociedad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre distintos colectivos y promoviendo iniciativas de interés cultural y social con una mirada inclusiva y enriquecedora. 

Francisco de Goya, El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, 1814.
Taller de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1507-1516.
 
Premios Cerca de los que están cerca

La Fundación Aequitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, han celebrado la IV edición de los Premios Cerca de los que están cerca. Unos galardones que reconocen la labor de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan por mejorar el bienestar de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad.

La convocatoria ha tenido una gran acogida, con 56 candidaturas recibidas, frente a las 13 de la primera edición. En la categoría Mayores se otorgó el premio ex aqeuo a INTRESS, por su proyecto Vivir en compañía: Promoción de la autonomía de personas mayores en situación de vulnerabilidad, y a ASDECOBA, por la iniciativa Vivir en casa. El proyecto Aprende a cuidar y a cuidarte de la Fundación Pasqual Maragall se alzó con el galardón de la categoría Mayores con discapacidad.

En el apartado de Premio Honorífico se reconoció la trayectoria de Mensajeros de la Paz por su trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de Fundación Atena en su dedicación a las personas mayores con discapacidad a lo largo de los años.

Impuesto de sociedades: presión y elusión

ALDEA GLOBAL

Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.

IMPUESTO DE SOCIEDADES: PRESIÓN Y ELUSIÓN

El impuesto de sociedades es una importante fuente de ingresos para los Estados, que en ocasiones se ven entre “la espada” de fomentar inversiones, ergo bajar las tasas a las empresas, y “la pared” de obtener recursos, lo que se traduce en subidas impositivas, para atender a las necesidades corrientes o a las extraordinarias derivadas de catástrofes naturales o defensa, por poner dos ejemplos fácilmente visualizables en este final de 2025. En teoría, cualquier empresa de cualquier parte del mundo paga el impuesto de sociedades sobre los beneficios de su facturación… En teoría. Y luego está la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

MELCHOR DEL VALLE

Según explica la OCDE (informe Reformas de la política fiscal 2025: OCDE y economías asociadas seleccionadas) la tendencia de los últimos años de la disminución de tasas en el impuesto de sociedades (IS) se “ha detenido o muestra indicios de reversión”. Los países que subieron las tasas del IS son más de los que las bajaron, explican, y los incrementos fueron mayores que las reducciones. Además, varios gobiernos crearon o aumentaron impuestos extraordinarios sobre el beneficio de las empresas para financiar sus presupuestos, en algunos casos, ante el aumento del gasto en defensa.

 


LOS PAÍSES QUE SUBIERON LAS TASAS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES FUERON MÁS QUE LOS QUE LAS BAJARON Y LOS INCREMENTOS FUERON MAYORES QUE LAS REDUCCIONES


 

Algunos datos. Los indicadores de variación del porcentaje del impuesto de sociedades, a la vista de los 162 países analizados por la consultora Trading Economics, entre los que se incluyen los 38 de la OCDE, no parecen mostrar demasiados altibajos en 2025: hay seis países que incrementan sus tasas: Lituania (1%), Eslovaquia (3%), Libia (4%), Bielorrusia (5%), Rusia (5%) y Montenegro (6%); y tres que las bajaron: Namibia (-1%), Luxemburgo (-1,07%) y Guinea (-5%). Así que, ciertamente, como dice la OCDE, hay más registros de subidas que de bajadas.

Claro que estas variaciones pueden, o no, ser importantes en sí mismas, porque la presión fiscal no solo depende de la tasa que se aplique, sino de la base impositiva. De hecho, el informe antes citado de la OCDE pone negro sobre blanco que “los países siguieron adoptando medidas de reducción de la base imponible para ofrecer un trato fiscal preferencial a ciertos tipos de inversión, en particular en investigación y desarrollo (I+D), tecnologías de reducción de emisiones y sectores considerados importantes para la seguridad nacional”. Es decir, las políticas fiscales se enfocan hacia medidas de reducción de la base imponible, en lugar de bajar los tipos, cuando pretenden ofrecer un trato fiscal más favorable a las empresas.

Más necesidades. En ocasiones, los países necesitan obtener más recursos, sean cuales sean las razones, y recurren a impuestos especiales incrementando la presión fiscal a determinados tipos de empresas. Siguiendo con datos de la OCDE, en 2024, más de una decena de países, incluido Isla de Man (donde teóricamente no hay IS), introdujeron o aumentaron impuestos dirigidos a bancos y otras instituciones financieras. En otros casos, añadieron recargos más amplios o normas especiales para gravar las ganancias retenidas o las no distribuidas; o ajustaron sus políticas fiscales en relación con las energéticas.

Y luego están necesidades más perentorias, como financiar el gasto en defensa. Tenemos el ejemplo de Ucrania que, por esa razón, aumentó la tasa sobre el IS del 1,5% al 5%. O Estonia, que tiene previsto un impuesto de seguridad del 2% sobre la renta corporativa, que se aplicará de 2026 a 2028. Japón, otro caso, prevé una sobretasa del 4%, a partir de abril de 2026, para determinadas situaciones de ingresos empresariales. O Rumanía, que desde enero de 2024 añadió el 1%, en este caso sobre la facturación, para las empresas que superen los 50 millones de euros en el año fiscal.

Presión fiscal. Cabe recordar que hablamos de la totalidad de impuestos recaudados en un país respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). También que las recaudaciones de la seguridad social se consideran impuestos, tanto las de las empresas como la de los ciudadanos. Visto esto, hay once países que superan el 40% de presión tributaria, todos ellos europeos, con Bélgica (44,1%), Francia (45,4%) y Dinamarca (45,7%) en el podio. Pero si esa relación la observamos respecto a los impuestos a las sociedades, los daneses ocupan el penúltimo lugar en la tabla, con un 6,5% (Islandia, 5,9%, es el último), mientras que los franceses están también aquí en lo alto (18,6%), solo por detrás de Noruega (19,2%), cuya tasa de IS no es, por cierto, de las más altas (22%).

 


LA OCDE SEÑALA QUE SE HA GENERADO UNA TRANSPARENCIA “SIN PRECEDENTES” EN LA PLANIFICACIÓN FISCAL DE LAS MULTINACIONALES


 

Se puede introducir una variable más en la ecuación: el porcentaje de la recaudación total de los Estados al margen de sus respectivos PIB. Y de nuevo Dinamarca, a pesar de tener la mayor presión fiscal del mundo, es el país donde menor porcentaje de sus ingresos provienen de los impuestos corporativos: solo un 15,1%, frente a República Checa, Polonia y Eslovaquia, que superan en todos los casos el 50%. España, por comparar, se queda cerca, con un 48,8%. Estará pensando el lector, con toda la razón, que si un país no recauda de las empresas, tendrá que hacerlo de los ciudadanos. En efecto, ese es el caso de Dinamarca, aunque podemos añadir un detalle para la reflexión: el país nórdico es también, junto a Finlandia, el lugar del mundo donde sus habitantes son más felices, según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, publicado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Es cuestión de averiguar si pagar impuestos da la felicidad.

El Proyecto BEPS. Las siglas corresponden a Base Erosion and Profit Shifting o, lo que es lo mismo, erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La OCDE lo define como “las estrategias de planificación fiscal que las empresas multinacionales utilizan para aprovechar las lagunas en la normativa fiscal y trasladar artificialmente sus beneficios a países con baja o nula tributación, con el fin de evadir el pago de impuestos”. Hablamos de eludir el pago de unos 200.000 millones de euros al año. Esto llevó a la organización, en colaboración con el G20, a poner en marcha una serie de iniciativas que evitasen la elusión fiscal. De todo esto, ya dio cuenta Escritura Pública en su número 131, recién firmado el acuerdo de los ministros de finanzas del G7 (junio de 2021) para reformar, en el ámbito del plan BEPS, el sistema fiscal global estableciendo un tipo impositivo mínimo global del 15% en el IS.

Muy resumidamente, en octubre de ese mismo año se habían unido al “Marco Inclusivo” (creado en 2015, es el conjunto de países que definen y controlan las normas para la redistribución de la potestad tributaria en las distintas jurisdicciones donde operan las multinacionales) más de 140 países, muchos de ellos en vías de desarrollo, a los que la elusión fiscal afecta más. Y aunque todos los miembros del Marco Inclusivo deberían de haber adaptado su normativa entre 2023 y 2024 para que el impuesto mínimo global estuviese vigente en 2025, las cosas van más despacio de los previsto, aunque con buenas sensaciones.

OCDE/G20 BEPS, 2025. En su informe A Decade of the BEPS Initiative, la OCDE reconoce que, diez años después de la creación del Marco Inclusivo, “si bien el análisis cuantitativo del proyecto BEPS sigue siendo difícil debido a las limitaciones de datos y metodológicas, hay una serie de datos que sugieren los efectos positivos del proyecto”. Citan, entre ellos, que se ha generado una transparencia “sin precedentes” en la planificación fiscal de las multinacionales, que facilita el trabajo de las autoridades fiscales. O que la iniciativa TIWB (inspectores fiscales sin fronteras, por sus siglas en inglés) de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con otras organizaciones regionales, ha ayudado a las administraciones tributarias de los países en desarrollo a recaudar 2.400 millones de dólares adicionales en ingresos. O que las reglas de limitación de intereses, que también se han aplicado ampliamente en los países en desarrollo, han contribuido a reducir la evasión fiscal.

Para algunos críticos, sin embargo, la seguridad jurídica puede verse comprometida en el maremágnum que supone la adaptación de las acciones BEPS al marco jurídico e interpretativo de los distintos Estados, generando costes muy altos de cumplimiento. En la actualización del Plan BEPS (julio de 2025) hay un párrafo que puede servir de respuesta: “En la actualidad, existe una gama mucho más amplia de herramientas e iniciativas para garantizar la seguridad jurídica en materia fiscal, que pueden servir no solo para resolver controversias, sino también para prevenirlas, entre otras cosas mediante la aplicación coordinada de normas comunes”.

El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, durante la ponencia sobre de perspectivas económicas en el marco de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.
Estructuras tributarias en el mundo

En África, América Latina y Asia las economías dependen más del IVA, del impuesto de sociedades y del impuesto a bienes y servicios, que del IRPF o de los pagos a la seguridad social. Sin embargo, en los países de la OCDE, de media, predominan las contribuciones a estos dos últimos. La conclusión se basa en los valores promedio, aunque hay casos de diferencias enormes ente países. Por ejemplo, mientras que la media de ingresos tributarios de la seguridad social en Asia y el Pacífico es del 8%, en Japón, que pertenece a esa región, es del 39%.

POR SI LAS DUDAS

A Decade of the BEPS Initiative: An Inclusive Framework Stocktake Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
OCDE (2025)

El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.
Kane Borders, Panayiotis Nicolaides, Gabriel Zucman.
Real Instituto Elcano (2025).

Tax Policy Reforms 2025: OECD and Selected Partner Economies.
OCDE (2025).

Reunión en la sede de la OCDE del grupo de trabajo sobre impuestos y desarrollo relativos a los precios de transferencia y a cuestiones de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS). FOTO OCDE.

“Reflexiones sobre la presión fiscal en España”, por Antonio Durán-Sindreu

ALDEA GLOBAL
ANTONIO DURÁN-SINDREU,

Profesor Asociado UPF. Doctor en Derecho y Socio-director Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios

“El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza”

Reflexiones sobre la presión fiscal en España

Parece ser que alcanzar una presión fiscal algo superior a la media europea es un éxito histórico. Pues, ¿qué quieren que les diga? Personalmente, aumentarla sin más no me dice nada. Su valoración exige compararla con otros parámetros, como la mejora en la calidad de los servicios, la eficacia de las políticas de gasto, la renta per cápita, o el nivel de endeudamiento. Prefiero, sin duda, menor presión fiscal y mayor calidad de los servicios, que mayor presión fiscal sin mejor calidad de los servicios o eficacia en la gestión de las políticas de gasto. Pero, además, la recaudación no necesariamente se aumenta con mayores impuestos, sino también con mayor riqueza. Sin esta, los impuestos carecen de sentido. En consecuencia, cuanto mayor sea la riqueza, mayor será la recaudación. Recaudar más también se consigue corrigiendo los muchos déficits de equidad de nuestro sistema tributario.

Lo cierto es que la presión fiscal ha llegado a su límite. Al menos, esta es mi opinión. Creo que se es muy consciente de que la presión fiscal de las rentas medias y bajas ha llegado a su límite. Vaya, que a los de siempre no se les puede ahogar más, al menos, de forma transparente. Sí que se les puede apretar más de forma silenciosa a través de no deflactar la tarifa del IRPF, o de no actualizar el mínimo personal del contribuyente que, recordémoslo, es el importe necesario para cubrir las necesidades más básicas y que permanece invariable desde 2015. También lo es actualizar otros límites muy sensibles para este tipo de rentas, como el importe de las reducciones para los rendimientos del trabajo de pequeña cuantía, o el importe que en concepto de otros gastos se puede deducir para calcular el rendimiento neto del trabajo en el IRPF. Pero también lo es no deflactar los tipos del IVA que, recordémoslo, es un impuesto regresivo y, por tanto, que a quien más perjudica es a quien menos renta tiene.

Sin embargo, con todo ello no es suficiente. Tampoco lo son los ingresos caídos del cielo consecuencia de la guerra de Ucrania y la consiguiente inflación, que ha incidido, e incide, en los productos y servicios más básicos.

La dosis de anestesia se incrementa pretendiendo hacernos creer que la culpa de todo la tienen los ricos. Y no es así. Es cierto que hay que plantear muy seriamente introducir progresividad en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS). Hace tiempo que lo vengo diciendo. El esfuerzo fiscal de quienes más beneficios tienen (astronómicos, diría yo), es mucho menor que el esfuerzo fiscal de cualquier autónomo. El problema se agrava si tenemos en cuenta que nuestro sistema tributario favorece el trasvase de rentas del IRPF al IS, y el remansamiento de beneficios, es decir, el no repartir dividendos; circunstancias, ambas, casi exclusivamente al alcance de las rentas más altas.

Por su parte, la internalización y globalización de la economía han aumentado el riesgo de las deslocalizaciones e incentivado la competencia fiscal internacional, que no se limita solo a los países europeos.

No niego que el cambio climático, la necesidad de mayor gasto de defensa y las diversas crisis que atravesamos, obliguen a aumentar determinados impuestos o a aprobar otros nuevos, que se les bautiza como de solidaridad. De hecho, tal vez era lo único que se podía hacer ante la asfixia fiscal de la clase media. No olvidemos que esta ha sido, y es, la más perjudicada. De hecho, muchos de los llamados impuestos caídos del cielo son consecuencia directa del empobrecimiento de la clase media. Ahí están el IVA y determinados impuestos especiales.  

No creo que este sea el camino. El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza y se adapte aquel al futuro no tan lejano en el que el trabajo dejará de ser el recurso más intensivo en el proceso de creación de riqueza. Habrá, pues, que empezar a tomar medidas con relación al gravamen de los recursos tecnológicos que lo suplan; promover incentivos fiscales destinados a crear riqueza vinculándola a la capitalización y a la inversión en activos productivos y en la creación de empleo; premiar a las empresas que repartan dividendos en lugar de remansarlos; fomentar el equilibrio medioambiental mediante una verdadera fiscalidad participativa que discrimen positivamente a quienes así lo hagan, y a quienes inviertan en sostenibilidad y en políticas de economía social; habrá que valorar también si los impuestos con finalidad extrafiscal han de tener mayor protagonismo. Y así, un largo etcétera. El camino no es, pues, el del parcheo. Es el de afrontar de una vez por todas y de forma conjunta y solidaria, el futuro que tenemos por delante. No hay que centrarse en el presente, sino en el futuro.

Sin embargo, y a pesar de hacerlo como decimos, hay que ser conscientes de que la presión fiscal tiene un límite, que es aquel que razonablemente la economía de cada país puede soportar. Por ello, es necesario valorar también la eficacia de todas las ayudas, prestaciones económicas, e incentivos, y evitar las duplicidades administrativas y el gasto superfluo, político, o clientelar. Hace falta que nuestros responsables políticos respondan personalmente por su inacción o falta de diligencia. En consecuencia, y en mi opinión, la mayor presión fiscal que soportamos no es la solución a nuestros problemas, ni a los del mundo en general.

“Los Fondos Next GenerationEU», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

“Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito"

Los Fondos Next GenerationEU

La implantación de los fondos Next GenerationEU encara ya su recta final. Nacieron de la pandemia en 2020 con una duración limitada: en agosto de 2026 todos los hitos y objetivos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del que se ejecutan, tendrán que haber sido cumplidos para que España pueda recibir los correspondientes fondos.

El 8 de agosto pasado se desembolsó el quinto pago por una cuantía total de 23.000 millones de euros. A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan, esto es, el 44%, tras cinco solicitudes de pago. El PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% del PIB de España). Estas cifras nos muestran que, en este momento, queda todavía trabajo por hacer en el año escaso que resta.

Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito, pero quedan desafíos por abordar. El ritmo de implementación, ejecución y desembolsos se ha visto ralentizado en el último año debido a la alta carga administrativa. Además, la evaluación de la consecución de los hitos y objetivos es compleja debido a su alto grado de detalle. Es por ello por lo que la evaluación de la quinta solicitud de pago ha sido larga (el pago se solicitó el 20 de diciembre de 2024 y se desembolsó el 8 de agosto de 2025) y ha necesitado de varias revisiones del plan.

Estos desafíos son comunes a los planes de todos los Estados miembros y por ello el pasado 4 de junio la Comisión Europea publicó una comunicación que busca simplificar los planes, de una forma integral y sistemática, antes de que termine el año 2025. Esta simplificación ayudará a agilizar la labor de los Estados miembros (la consecución de los hitos y objetivos) y de la Comisión Europea (la evaluación de las solicitudes de pago), para así asegurar los desembolsos pendientes en este último año. Entre las opciones que esta comunicación presenta para simplificar los planes, se encuentra extender aquellas medidas que han sido exitosas hasta el momento, reducir el tamaño de los préstamos en caso de que la demanda fuera más baja de lo esperado, o separar aquellas partes de proyectos que no puedan completarse antes de agosto de 2026 para que sean financiadas por otros mecanismos de financiación nacionales o europeos. La comunicación propone, también, revisar la literalidad de los hitos y objetivos para centrarse únicamente en los elementos esenciales y así facilitar su implementación.

El mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido pionero en la forma de implementar fondos europeos, y ha supuesto un éxito sin precedentes al facilitar reformas estructurales que la Comisión Europea llevaba años requiriendo en el marco del Semestre Europeo y al ejecutar inversiones con un alto impacto en la competitividad y desempeño del tejido industrial español. Además, como los planes han sido elaborados con la estrecha participación de los Estados Miembros, se han tenido en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, y cada país ha tenido un alto grado de sentido de propiedad de su propio plan.

Por ello, teniendo en cuenta las ventajas del modelo basado en resultados del mecanismo de recuperación, el pasado 16 de julio la Comisión Europea propuso mantener esa metodología de cara al próximo presupuesto de la UE (el llamado Marco Financiero Plurianual (años 2028-2034)), que ahora debe ser discutido y acordado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En su propuesta, la Comisión Europea incluye planes nacionales y regionales de asociación que agruparían gran parte de los fondos europeos existentes. Al igual que los planes del marco de recuperación y resiliencia, los planes nacionales de asociación se basarían en las prioridades europeas, adaptándose a las necesidades específicas de los Estados miembros y de las regiones, y los fondos se desembolsarán de acuerdo al cumplimiento de hitos y objetivos. El nuevo sistema ofrecería flexibilidad a los Estados miembros para incluir capítulos nacionales, sectoriales y, cuando corresponda, regionales y territoriales, como en la normativa vigente, en función de las estructuras y tradiciones constitucionales de cada Estado miembro. Proporcionarían apoyo específico en todas las políticas de la UE para atender necesidades urgentes, como los desafíos que enfrentan las regiones fronterizas orientales más afectadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, o la prevención y mitigación de desastres naturales. En general, los planes nacionales de asociación serían menos prescriptivos en cuanto a cómo alcanzar los objetivos comunes, pero más exigentes en cuanto a qué lograr, garantizando el pleno respeto del principio de subsidiariedad.

Como conclusión, el último año del mecanismo de recuperación y resiliencia será clave para el éxito del instrumento. Aún queda mucho por hacer, y el esfuerzo común de todas las administraciones, empresas y ciudadanos es fundamental para que las inversiones y reformas del PRTR lleguen a buen puerto. Esto es así, no sólo porque la economía española tiene mucho de lo que beneficiarse aún, sino porque es el reflejo de un nuevo modelo de financiación europea que tiene el potencial de traspasar el ámbito limitado del mecanismo de recuperación y resiliencia para alimentar el marco del presupuesto de la Unión. Está en el interés de todos, ciudadanos, empresas e instituciones nacionales y europeas, aprovechar al máximo esta oportunidad.

La crisis de la deuda

ALDEA GLOBAL

Los países en desarrollo –resalta el informe de UNCTAD– no deben verse obligados a elegir entre el pago de su deuda o servir a su población. FOTO WEB ONU

LA CRISIS DE LA DEUDA

Con los ecos resonando aún de la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (FFD4), celebrada en Sevilla a principios de julio de 2025, la pregunta sigue siendo si estas cumbres, complicadas y costosas de llevar a cabo, sirven para algo. La ONU y su Pacto Mundial creen que sí. Las ONG que trabajan con ciudadanos de países en vías de desarrollo, aunque con luces y sombras, también. Veamos compromisos, cifras y las necesidades que determinan la crisis de la deuda.
MELCHOR DEL VALLE

Hablamos, sí, de países en vías de desarrollo y de su deuda: esa obligación que les estrangula y les hace que, como resumía en la FFD4 Jason Braganza, del Foro Africano y Red sobre Deuda y Desarrollo, “en lugar de invertir en salud, educación y agua potable, están pagando a sus acreedores”.

 


CERCA DE 3.400 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN PAÍSES QUE GASTAN MÁS EN PAGO DE INTERESES QUE EN SANIDAD O ENSEÑANZA


 

Las cifras. Según el informe Un mundo endeudado, de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se resume la situación con los siguientes datos: la deuda pública de los países en desarrollo (2024) se situó en los 31 billones de dólares (26,6 billones de euros); el pago neto de los intereses por la deuda de dichos países alcanzó 921.000 millones de dólares (casi 791.000 millones de euros), y la transferencia neta negativa, cuando se paga más a los proveedores externos de lo que se recibe en nuevos desembolsos, supuso 25.000 millones de dólares (21.471 millones de euros). Si quieren releer las cifras, que merecen una reflexión, permítanos decir que hemos hecho la conversión a la nomenclatura continental europea. Es decir: cada billón de dólares lo hemos transcrito como mil millones de dólares para hacer más sencilla su equivalencia en euros.

Otra lectura de esas magnitudes es que 61 países en desarrollo gastan más del 10% de los ingresos estatales en pagos netos de intereses y que 46 de ellos gastan más en pagos de intereses que en sanidad o enseñanza o, dicho de otra manera, casi 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en pago de intereses, nos repetimos, que en sanidad o enseñanza. Hablamos del 41,5% de la población mundial. “Los países en desarrollo –resalta el informe de UNCTAD– no deben verse obligados a elegir entre el servicio de su deuda o servir a su población. Es urgente reformar la arquitectura financiera internacional”.

Los deberes. Esa frase final, combinada con el retraso que registra la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, era el punto de partida de la FFD4 de Sevilla. La cumbre planteó tres líneas principales de acción: financiación para los ODS, cerrando la brecha financiera y ampliando la capacidad para préstamos de los bancos de desarrollo; alivio de la deuda, canjeando, por ejemplo, deuda externa por inversiones al desarrollo, entre otras cosas; y justicia fiscal global, con idea de lograr lo previsto en la Convención Fiscal de la ONU, pero también incrementando los impuestos a las grandes fortunas, incluyendo el uso de aviones privados y beneficios empresariales.

Entre los compromisos, se puede citar a Italia, que convertirá 230 millones de euros de deuda africana en inversiones para el desarrollo, o la llamada Alianza por la Cláusula de Pausa de Deuda, consistente en promover la suspensión de pagos durante situaciones de crisis. Cara a movilizar inversión, la plataforma SCALED ampliará la financiación mixta con apoyo público y privado, mientras que FX EDGE y Delta impulsarán préstamos en moneda local mediante herramientas de gestión de riesgos. Y respecto a la idea de justicia fiscal, Impuestos de Solidaridad Global aplicará tasas a vuelos privados y de lujo para recaudar fondos para el clima y los ODS.

 


LA IV CONFERENCIA SOBRE LA FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO (FFD4) DE SEVILLA HA MARCADO UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ARQUITECTURA FINANCIERA GLOBAL


 

Las críticas. Las movilizaciones de protesta promovidas por distintas ONG internacionales durante la IV Conferencia nos pueden dar una idea de lo poco conforme que está lo que la ONU llama la sociedad civil. En un comunicado (julio de 2025), la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se queja de que las negociaciones previas a la cumbre de Sevilla fueron debilitando las, en principio, ambiciosas propuestas “debido a la imposición de las prioridades de los países del norte global”. Como cabía esperar, muestran su disgusto por la ausencia de Estados Unidos en la cumbre, pero también dan un tirón de orejas a los países europeos por haber “frenado las reformas más ambiciosas para democratizar la arquitectura financiera y cancelar las deudas del sur global”.

Sin embargo, la coordinadora “reconoce el valor del consenso alcanzado en el actual contexto global”. Les hubiera gustado, claro, que el Compromiso de Sevilla recogiese todos los cambios urgentes que, en su opinión, el mundo necesita, no solo algunos. Al fin y al cabo, recuerdan en el comunicado, “lo que recoge no es de obligado cumplimiento, como no lo es lo de ninguna de estas conferencias”. “Existen algunas luces –concluyen– que deben marcar el camino. Se vislumbran algunas oportunidades para avanzar en la agenda global de cooperación, fiscalidad y cuidados, que deben ser fortalecidas y traducidas en compromisos vinculantes y mecanismos de financiación sostenibles”.

 


LA CUMBRE PLANTEÓ TRES LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN: FINANCIACIÓN, ALIVIO DE LA DEUDA Y JUSTICIA FISCAL GLOBAL


 

Las falsas soluciones. Diversas organizaciones internacionales, como el ya citado Foro Africano y Red sobre Deuda y Desarrollo o la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, alertan sobre lo que han definido como “falsas soluciones”, que son los llamados “canjes de deuda por acción climática”. Muy escuetamente, consisten en que los acreedores ofrezcan alivio de la deuda a cambio de que el gobierno del país deudor se comprometa a, por ejemplo, descarbonizar la economía o proteger la biodiversidad de los bosques o los arrecifes. El propio Fondo Monetario Internacional admite que no es probable que los citados canjes aporten una solución universal para todos los países con problemas de deuda.

Para entender algo mejor la idea de “falsa solución”, recurrimos al informe Canjes de deuda por clima: ¿pueden alinearse con un enfoque justo de resolución de la deuda y acción climática? publicado por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, social y climática (LATINDADD). Sus reticencias se basan en tres críticas: la capacidad de estos canjes de deuda de aliviar a los países del Sur de la carga del servicio de la deuda externa es habitualmente exagerada y tergiversada; son en su mayoría procesos dirigidos por los acreedores e implican poco sacrificio de su parte; y amenazan la gobernabilidad democrática y pueden perpetuar formas de dominación en los países del Sur por parte de organizaciones extranjeras que no rinden cuentas o que no están sujetas a instancias de supervisión.

La esperanza. “Estamos en Sevilla para cambiar el rumbo”, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Y es verdad que solo un significativo cambio de rumbo puede aliviar la situación de ese 41,5% de la población mundial que describimos líneas más arriba. Así que nos quedamos, como expone la Red España del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con que “La IV Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) de Sevilla ha marcado un punto de inflexión en la arquitectura financiera global. Con la presencia de más de 50 líderes mundiales, centenares de delegaciones y representantes civiles y empresariales, la cumbre se erigió como un espacio decisivo para reorientar los flujos de capital hacia un futuro justo, verde e inclusivo”.

La deuda pública en el mundo

Según cálculos de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), basados en Perspectivas de la economía mundial del FMI (abril de 2025), la deuda pública mundial en 2024 llegó a cerca de los 103.000 millones de dólares (en nomenclatura continental europea), equivalentes a 88.230 millones de euros: un máximo histórico. Un 68,9% de dicha deuda corresponde a países desarrollados, pero es el resto, ese 31,1% que afecta a los países incluidos en tres regiones, África, América Latina y el Caribe y Asia y Oceanía, el que determina la crisis de deuda que intenta paliar el Compromiso de Sevilla.

La asfixia de los intereses

Número de personas que viven en países en desarrollo en los que el pago de intereses supera al gasto en sanidad o enseñanza (cifras en millones de personas).

 

Fuente: ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

PARA SABER MÁS

Compromiso de Sevilla.
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
Naciones Unidas (2025).

A world of debt. Report 2024.
ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Dirigido por Rebeca Grynspan y coordinado por Carlos Razo.

Canjes de deuda por clima: ¿pueden alinearse con un enfoque justo de resolución de la deuda y acción climática?
Daniel Ortega y Andre Standing
Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, social y climática, LATINDADD (2023).

Reloj de la deuda mundial.
Commodity.com (actualización permanente cada cinco segundos).

«Sevilla pasó y casi nadie se enteró», por Casimiro García- Abadillo

ALDEA GLOBAL
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

 

“Podríamos decir que partimos de bajo cero, ya que, en la ayuda al desarrollo se ha producido en los últimos tiempos un retroceso importante”

Sevilla pasó y casi nadie se enteró

Desde el pasado 30 de junio al 3 de julio se celebró en Sevilla la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo de la ONU. Setenta jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la capital andaluza para hablar sobre la pobreza mundial, el cambio climático y sus efectos, etc.

Esta es la cuarta reunión de este tipo que se organiza bajo los auspicios de la ONU. Otras tres se celebraron antes en Monterrey (2002), Doha (2008) y Adis Abeba (2015). Este tipo de cumbres deberían empezar haciendo un balance sobre los objetivos que se cumplieron en las cumbres anteriores. Sería lo natural. Porque si no, parece que siempre se parte de cero. De hecho, podríamos decir que partimos de bajo cero, ya que, en la ayuda al desarrollo se ha producido en los últimos tiempos un retroceso importante. No sólo porque Estados Unidos, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, ha reducido sustancialmente su aportación, sino porque lo mismo han hecho países que antes contribuían mucho, como Alemania, Reino Unido o Francia, y que ahora han decidido gastar menos en ayudas al desarrollo y más en armamento.

Estados Unidos aportaba hasta hace un año nada menos que el 40% de la ayuda total al desarrollo. Pues bien, Estados Unidos no participó en esta IV Conferencia de Sevilla. A pesar de ello, hubo representantes de algunos países que saludaron la retirada del principal contribuyente casi como un triunfo. No lo entiendo.

Según los cálculos que en Sevilla se barajaron, se necesitarían unos 4 billones de dólares más al año durante el próximo lustro para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Pero nadie en Sevilla dijo de dónde se sacaría esa cantidad ingente de dinero.

La pobreza es un problema real, dramático. En los países más pobres los gobiernos dedican casi el 50% de sus ingresos a pagar los intereses de la deuda. Pero ¿cuál fue la solución que se dio en la cumbre de Sevilla a este círculo vicioso que ahoga a muchos países de África, Asia y Latino América? Ninguna. Buenas palabras y poco más.

He mirado en distintos medios y foros para ver cuál era el compromiso adquirido por España en este evento, en el que se ha volcado el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Rastreando, he encontrado que España aportará 145 millones de euros en programas de salud, fundamentalmente en la lucha contra el SIDA. Poco más. Eso sí, grandes discursos sobre el multilateralismo. Críticas a Trump no faltaron.

Hubo mucha política y poco compromiso de aportación de fondos, de soluciones. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, aprovechó su intervención para citar al economista francés de izquierdas Thomas Piketty (autor de El Capital): “La desigualdad es una decisión política”. Como se ve, la demagogia tampoco faltó en esta cumbre.

En el mismo foro, el premio Nobel Joseph Stiglitz arremetió contra los ricos, en su línea. Todo eso está muy bien, pero ¿quién aflojará la mosca? De demagogia no viven los países pobres. Hubiera sido mucho más útil para ellos un mayor y cuantificable compromiso que una ristra de discursos sobre lo malos que son los ricos. Cuando, al fin y al cabo, son los países ricos los que más aportan en la ayuda al desarrollo.

En fin, que la IV Conferencia no dio mucho más de sí que la tercera o la segunda. De la primera no hablo, porque en los comienzos de estas cumbres siempre se hacen declaraciones de principios que están muy bien, pero… De hecho, entre la tercera y esta cuarta han pasado nada menos que diez años, sin que la pobreza haya disminuido apreciablemente.

Pero, para Pedro Sánchez y José Manuel Albares (Exteriores) organizar esta cumbre era una buena oportunidad para mostrar la apuesta del Gobierno por el multilateralismo, por la Agenda 2030. Sólo en la organización del evento, el Gobierno se ha gastado 2 millones de euros. Una cantidad apreciable, pero que se hubiera dado por bien empleada si la campaña de imagen hubiera salido bien.

Pero, mira por donde, en esta ocasión el Gobierno tampoco tuvo suerte. El día 1 de julio, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresaba en la prisión de Soto del Real. Así que, al día siguiente, ni una sola portada, ni siquiera la de los medios afines, dedicó un espacio destacado a la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo.

Y si preguntamos por el Compromiso de Sevilla (así se llama el documento final de la cumbre multilateral) en la calle muy pocos sabrían decir de qué se trata. Hagan si no la prueba.

No es para celebrarlo. Pero sí para hacernos reflexionar sobre la utilidad de estos foros internacionales. Sobre todo, los que se concluyen sin compromisos firmes que impliquen poner más dinero, más medios, acuerdos con entidades financieras y empresas para que los países más pobres puedan dejar de serlo algún día. Todo eso nada tiene que ver con la propaganda, con la imagen, con el postureo. De eso, sí que hubo bastante en Sevilla.

Justicia para la paz

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

JUSTICIA PARA LA PAZ

En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Manuel Seda, Héctor Gómez, Digna Isabel Durán, Joseph Weiler, Enrique Gil Botero, José Ramón Antón, Diego García- Sayán y el Padre Javier.

Ante miembros del cuerpo diplomático de cuatro continentes -África, Asia, América y Europa- en el acto se apostó por una justicia transicional imperfecta frente a una guerra perfecta; se reafirmó el papel de América Latina como inventora de las Comisiones de la Verdad, y se subrayó la necesidad de una auténtica justicia de reparación hacia las víctimas.

La sesión comenzó con el testimonio de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que la transición de la justicia no es una fórmula matemática, sino un mecanismo valioso que ofrece herramientas fundamentales para abordar violaciones graves de los derechos humanos que resultan de los conflictos armados. “Los cuatro pilares que sostienen este enfoque -la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición- constituyen el fundamento en torno al que hemos construido los procesos de paz sostenibles, como en el caso que vivimos en Colombia en 2016”, aseguró.

 


LA JUSTICIA TRANSICIONAL NO ES UNA FÓRMULA EXACTA, SINO UN MECANISMO VALIOSO


 

Forjar la paz
La ponencia principal corrió a cargo del profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó que en la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para alcanzar una paz duradera, y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional lo son.

Weiler señaló que las peores guerras de la historia fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con la vida de millones de personas. La primera finalizó con el acuerdo de Versalles que, según el profesor, “buscó someter al enemigo para que nunca más pudiera ser una amenaza. No se siguieron los principios que se han plasmado en esta obra, por lo que se convirtió en una garantía de que la guerra se repetiría”.

Sin embargo, para el profesor, Weiler, tras la Segunda Guerra Mundial sucedió lo contrario: “Con el Plan de Schuman y el Tratado de París, el objetivo fue dar al enemigo un ´gran abrazo´ para crear una estructura de convivencia. Estos acuerdos trajeron consigo el periodo de paz más largo en Europa occidental, desde 1952 a la actualidad”. “No es sorprendente que, después, la UE recibiera el Premio Nobel de la Paz. Es como si hubieran podido leer esta obra tan importante para alcanzar un periodo de paz tan prometedor”, añadió Weiler.

 


LA LABOR NOTARIAL TRATA DE CONSTRUIR LA PAZ EN EL DÍA A DÍA CREANDO RELACIONES JURÍDICAS DE LAS QUE SE DERIVE CONFIANZA


 

Espacio para la reflexión
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Jorge P. López, patrono de Fundación Notariado, y en la que participaron el exministro de Justicia y Asuntos Exteriores de Perú, Diego García-Sayán; Alfonso Cavallé, delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias; el Padre Javier Prades, miembro de la Comisión Teológica Internacional (Santa Sede); y la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán.

Al acto asistieron también en representación del Notariado español, su vicepresidente, Manuel Seda (decano del Colegio Notarial de Andalucía), y los decanos de los colegios notariales José María Graíño (Galicia), Ignacio Ferrer (Extremadura), Carmen Rodríguez Pérez (Murcia), Marcos Prieto (La Rioja) y José Carmelo Llopis (Valencia).

Construir la paz

El coloquio abordó la justicia transicional como vía para la construcción de la paz en América Latina. Diego García-Sayán abrió destacando la creación de Comisiones de la Verdad en países como Argentina, Chile y Colombia como señales positivas, pese a las dificultades de la región. Por su parte, Alfonso Cavallé subrayó el papel del Notariado en la justicia preventiva, al fomentar relaciones jurídicas basadas en la confianza y el derecho a la verdad, elementos que previenen conflictos.

El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.

Digna Isabel Durán destacó que la reparación a las víctimas debe partir de ellas mismas, desde su experiencia y voz, rechazando modelos protocolarios impuestos desde el Estado. Finalmente, Enrique Gil Botero, secretario general de COMJIB, cerró el acto reflexionando sobre el origen del libro que motivó el encuentro, nacido de la preocupación por un mundo marcado por conflictos y guerras. Señaló que la justicia transicional representa una esperanza frente al caos global y una vía ética para la paz y la convivencia. Reivindicó además que “es mejor una justicia imperfecta que una guerra perfecta”.

Imagen de la sala durante el evento. FOTOGRAFÍA DE MERCEDES LAVIÑA
Pasado, presente y futuro
de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial ha sido promovida conjuntamente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Consejo General del Notariado y Fundación Notariado. En él participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

“De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?», por Esther Paniagua

ÁMBITO EUROPEO

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

“La UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste"

De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Monika Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

El poder de las ‘tierras raras’

ALDEA GLOBAL

El poder de las ‘tierras raras’

Los expertos en química sonríen condescendientemente cuando los que no lo somos hablamos de ‘tierras raras’. “Bueno -dicen-, no son tierras, tal y como ahora las entendemos, y tampoco son tan raras”. La explicación corta es que son óxidos de distintos minerales y que, antiguamente, a estos compuestos se les llamaba tierras. Y tampoco es que todos sean tan ‘raros’, en el sentido de escasos. Pero las dificultades para su extracción y procesado y su altísimo interés económico y estratégico explican algunos movimientos de alta política.
MELCHOR DEL VALLE
Para separar los elementos se usan productos químicos que sueltan sustancias tóxicas y contaminan.

Cuando decimos que los minerales presentes en las ‘tierras raras’ no son escasos, queremos indicar que algunos son tan abundantes como el mismísimo cobre y bastante más que el oro o la plata. La rareza, por llamarlo así, es que no están presentes por sí mismos en la naturaleza, porque se encuentran unidos a otros minerales. Lo que no es raro, por añadir algo más de contexto, es que estemos ante una discutible traducción de un término inglés: rare earths.

 


LA DEMANDA DE LOS MINERALES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS TIERRAS RARAS SE DUPLICARÁ CON CRECES PARA 2030 Y SE TRIPLICARÁ PARA 2040, SEGÚN LA AIE


 

Recién llegados

La humanidad no tuvo conocimiento de esos minerales hasta finales del siglo XVIII. En los años siguientes fuimos aprendiendo a extraer cada uno de los elementos que componen el conjunto que hemos acabado denominando ‘tierras raras’ y tuvo que terminar la II Guerra Mundial para que empezásemos a encontrar aplicaciones. Ahora los usamos en cosas tan cotidianas como los billetes de euro, para que no sea fácil falsificarlos; tan imprescindibles como los equipos de resonancia magnética; o tan temibles como el guiado de los misiles de crucero. Nuestros móviles, ordenadores, vehículos híbridos y eléctricos, muchos electrodomésticos… En efecto: todo lo que lleve el apellido ‘tecnología’ depende de alguno de esos diecisiete elementos.

Puede decirse que su existencia nos ayuda en nuestro día a día, pero no todo son virtudes. Su obtención es costosa y contaminante. Por un lado, los depósitos no son muy grandes y suelen estar dispersos, lo que encarece su extracción; por otro, para separar los elementos se usan ácidos y otros productos químicos que sueltan sustancias tóxicas con gran capacidad de contaminar los suelos y, por ende, las aguas subterráneas. Evitarlo con un correcto tratamiento supone un plus de encarecimiento. Y esto, sin tener en cuenta que algunos de estos minerales, tras el proceso de obtención, dejan en el medio ambiente residuos radiactivos.

 

Impacto económico

Según la plataforma Data Bridge Market Research (DBMR), que utiliza una red neuronal para analizar e integrar datos macro y micro, el tamaño del mercado de tierras raras en 2024 fue de 7.325 millones de euros, aunque hay algunas otras fuentes que lo sitúan hasta cerca de los 10.800 millones de euros. Por comparar, la cifra inferior supone 4,6 veces el PIB español del mismo año. En la proyección de DBMR a 2032, se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, será del 11,15% y que el tamaño del mercado superará los 17.000 millones de euros. El volumen de producción mundial de tierras raras en 2024 fue algo superior a las 390 kilotoneladas, de las que el 69,2% se obtuvieron en China.

El país asiático tiene casi el monopolio de producción minera, pero va más allá, porque procesa cerca del 90% de esos minerales críticos y dispone, además, de las mayores reservas, estimadas en 44 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Vietnam, Brasil, Rusia e India, con 22, 21, 10 y 9,6 con millones de toneladas, respectivamente, lideran con China la relación de países con mayor volumen de reservas económicas probadas, que así se denominan. Ya sabemos ahora por qué Deng Xiaoping, en 1992, y en plena competencia mundial por el ‘oro negro’, ya lo tenía claro: “Los países de Oriente Medio tienen el petróleo; nosotros tenemos las tierras raras”.

Las tierras raras se incluyen en el grupo de los llamados ‘minerales críticos’, que son imprescindibles para casi todo lo que nos rodea en este primer cuarto del siglo XXI y cuya hegemonía no ha hecho más que empezar. Suele suceder, para desesperación de quienes desean analizar datos individuales, que están muy mezclados los aspectos económicos y diferenciar entre los críticos que no son tierras raras y estas suele ser complicado. Por centrar el comentario, recordemos que los minerales críticos, también llamados ‘estratégicos’, se definen en cada área geográfica según sus intereses. Por ejemplo, la lista de ellos en Estados Unidos es de 50 elementos mientras que en la Unión Europea es de 32. Lo coincidente es que en todas esas relaciones siempre figuran las tierras raras.

Pero es verdad que, de momento, hay minerales de este grupo que tienen una demanda tan alta, que eclipsan casi todo lo demás. Es el caso del cobre, sin el cual no podríamos transportar la energía eléctrica, cuya demanda en 2024 fue de 26.174 kilotoneladas (Kt), o del litio, imprescindible para las baterías, cuya demanda en 2024 fue de 205 Kt, frente a las 91 Kt de las tierras raras, según datos de la Agencia Internacional de la Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025. Hablamos, en todo caso, de minerales esenciales para las que entendemos como ‘energías limpias’, cuya demanda “se duplicaría con creces para 2030 y se triplicaría para 2040, alcanzando casi 35 millones de toneladas (Mt) anuales”, como explica el citado informe.

 


DENG XIAOPING EN 1992: “LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO TIENEN EL PETRÓLEO, NOSOTROS TENEMOS LAS TIERRAS RARAS”


 

Geopolítica

Vueltos a las tierras raras, cuyo consumo actual es el doble que hace veinte años, y su previsible creciente importancia, nos quedamos antes en ese absoluto dominio del mercado por parte de China. EE. UU. no ve con buenos ojos la situación, faltaría más, y trata de encontrar recursos y soluciones para no ser tan dependiente del país asiático. Se puede entender así su interés por negociar con Ucrania la concesión de derechos mineros de ‘tierras raras’ a cambio de paz, en una complicada ‘partida de ajedrez’ con Rusia, dado que muchos de los terrenos explotables están en los territorios ucranianos ocupados tras la invasión. O el interés por Groenlandia, que ya intentó comprar en 2019, y sus enormes reservas.

Pero China va ganando la partida y no solo por los descubrimientos en el país de nuevos yacimientos. Entre sus inversiones mineras fuera de su territorio está el proyecto Kvanefjeld, precisamente en Groenlandia, en asociación con una empresa de Australia, país este último que también puede presumir de abundantes reservas. Es más: la única mina de tierras raras en activo de EE. UU., Mountain Pass, en California, que hoy es una sombra de lo que fueron sus expectativas hasta los años ochenta del pasado siglo, exporta la mayoría de su producción a China para su refinado con el fin de abaratar costes. Y es verdad que los americanos han hecho algún movimiento en el último lustro, como el acuerdo de instalar en tierras australianas una planta de procesamiento, poca cosa en el contexto internacional.

 


LA UNIÓN EUROPEA QUIERE SER AUTOSUFICIENTE CON EL PLAN PRESENTADO EN 2020, LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE SUECIA Y LAS NEGOCIACIONES CON KAZAJISTÁN


 

Los BRICS+ y la UE

Países como Rusia, Brasil o India, asociados con China en el grupo de carácter político y económico internacional de países emergentes, y alternativa al G7 occidental, cuentan con enormes reservas de tierras raras y, al menos por el momento, no parecen muy preocupados por seguir dependiendo de las pautas marcadas por lo chinos. La situación, para la Unión Europea, es diametralmente opuesta porque quiere ser autosuficiente o eso pretende con el plan presentado en 2020. No parece misión fácil si se tiene en cuenta que los europeos importamos el 98% de las tierras raras que utilizamos.

Una línea de trabajo para recudir esa dependencia es el reciclado, que de momento no es solución viable por los altos costes para recuperar los metales. Quizás tengamos un respiro con el descubrimiento en 2023 de un gran yacimiento de tierras raras en Suecia, de momento el mayor de Europa. Y veremos qué pasa con Kazajistán, que, en abril de 2025, justo después de la Primera Cumbre UE-Asia Central, anunció el descubrimiento de su mayor depósito de tierras raras, estimado en unos 20 millones de toneladas. La república ex soviética es proclive a Europa y ha implementado un Plan de Acción Individual de Asociación con la OTAN, pero es fronteriza con Rusia y China, también con Turquía. Entre estos tres países y EE.UU., seguro que les están saliendo muchos ‘novios’ a los kazajos.

Los diecisiete magníficos

El grupo de ‘tierras raras’ está compuesto por catorce lantánidos, y tres metales de transición, aunque uno de ellos, el lutecio, se incluye en ocasiones entre los lantánidos por tener un número atómico similar a estos. Estos son sus símbolos, números atómicos y nombres:

PARA SABER MÁS

Rare Earths. Seeking West‘s Strategic Responses to China‘s Dominance.
Raigirdas Boruta. Geopolitics and Security Studes Center, Lituania (2025).

Mapa de los impactos y los conflictos de las tierras raras.
Retos para una transición verde y digital.
Mariana Walter, Clàudia Custodio, John Feffer y Volahery Andriamanantenasoa.
ODG, Atlas de Justicia Ambiental, Institute for Policy Studies y CRAAD-O (2023).

Minerales críticos: datos básicos.
Murtiani Hendriwardani e Isabelle Ramdoo.
The International Institute for Sustainable Development, Canadá (2022).

«El potencial de las tierras raras en España», por José Luis Leandro Rodríguez

ALDEA GLOBAL
JOSÉ LUIS LEANDRO RODRÍGUEZ,

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía

“El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras”

El potencial de las tierras raras en España

Vivimos un momento de inflexión global en el que el acceso seguro, sostenible y autónomo a materias primas críticas se ha convertido en un asunto prioritario para la Unión Europea. Entre estos recursos, las tierras raras destacan por su valor tecnológico, estratégico y económico. España, como país con tradición minera, conocimiento técnico consolidado y potencial geológico por explorar, debe asumir el reto de posicionarse como proveedor europeo de estos recursos, bajo un modelo responsable y tecnológicamente avanzado. Desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, consideramos que esta oportunidad debe abordarse con seriedad, visión de futuro y consenso social.

Las tierras raras son elementos fundamentales en el desarrollo de tecnologías limpias y digitales. Pese a su abundancia relativa en la corteza terrestre, su aprovechamiento económico presenta retos geológicos, tecnológicos, ambientales y sociales. El término tierras raras alude a un grupo de diecisiete elementos químicos, incluidos los quince denominados lantánidos, que incluyen entre otros, neodimio, terbio, praseodimio, además del escandio e itrio. Aunque su denominación pueda inducir a error, no son particularmente escasos, lo que resulta infrecuente es encontrarlos en concentraciones suficientemente elevadas como para permitir una explotación económicamente viable.

Es esencial distinguir entre tierras raras y minerales críticos o estratégicos. Este último concepto abarca todos aquellos minerales indispensables para sectores clave (energía, defensa, electrónica) cuyo abastecimiento presenta un riesgo significativo. En este grupo se incluyen elementos como el litio, el cobalto, el níquel o el cobre. Por tanto, todas las tierras raras pueden considerarse minerales críticos o estratégicos, pero no todos los minerales críticos son tierras raras.

El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras. Se estima que su consumo se incrementará de manera exponencial en las próximas décadas, impulsado por la expansión de los vehículos eléctricos, turbinas eólicas, redes eléctricas inteligentes y dispositivos electrónicos avanzados.

En la actualidad Asia y particularmente China concentran la mayor parte de la producción mundial, lo que ha generado una dependencia que preocupa a la Unión Europea y a otras economías avanzadas. Esta situación ha motivado la búsqueda de alternativas que garanticen el suministro a largo plazo, incluyendo la reactivación de minas, la exploración e investigación de nuevos yacimientos y el desarrollo de tecnologías de reciclaje.

España cuenta con un potencial geológico relevante en cuanto a tierras raras, especialmente asociado a depósitos de monacita, bastnasita y otros minerales portadores. Entre los proyectos más significativos destacan: Matamulas en Castilla-La Mancha, yacimiento con una acumulación relevante de monacita, que el gobierno autonómico rechazó en su día la tramitación del proyecto por el elevado consumo de agua y el supuesto impacto sobre algunas especies protegidas. Monte Galiñeiro en Galicia, donde la iniciativa fue también desestimada en principio por la oposición social y el posible riesgo ambiental. Por otro lado, en Extremadura, Andalucía y Canarias, diversas investigaciones, apuntan a la existencia de yacimientos importantes. Sin embargo, se localizan en zonas de cierto valor ambiental o turístico, lo que complicará su aprovechamiento.

El aprovechamiento de yacimientos de tierras raras en España debe afrontar diversos desafíos interrelacionados. Por una parte, ambientales ya que esta minería genera residuos y una gestión deficiente puede comprometer ecosistemas frágiles. Es indispensable por ello, la aplicación de tecnologías limpias, sistemas de tratamiento adecuados y estrictos controles. El segundo desafío es el social, en muchos casos, las comunidades locales muestran reticencias ante la apertura de explotaciones mineras debido al temor por los impactos sobre el modelo económico local, basado en la agricultura, el turismo o la conservación. Este fenómeno, refleja una contradicción estructural, ya que la sociedad demanda más tecnología, pero rechaza su explotación. El tercer desafío es el económico; la extracción y el procesamiento de tierras raras requieren inversiones intensivas y tecnologías específicas. Además, los costes laborales y ambientales más estrictos en Europa reducen la competitividad frente a países con regulaciones menos exigentes.

Como Estado miembro de la UE, España está en disposición de convertirse en un actor clave dentro de la estrategia europea para materias primas críticas. Pero para ello es necesario, en primer lugar, establecer marcos regulatorios estables y exigentes, que proporcionen seguridad jurídica y garanticen la sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, impulsar la investigación geológica y metalúrgica, incluyendo tecnologías de extracción con bajo impacto y sistemas de economía circular, como el reciclaje de dispositivos electrónicos. Por otra parte, desarrollar mecanismos de participación social que integren a las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, fomentando modelos de gobernanza compartida y, por último, promover la formación de profesionales especializados en geología, minería responsable, gestión ambiental y economía de recursos estratégicos. Aprovechar este potencial requiere una visión a largo plazo, basada en el equilibrio entre desarrollo económico y cohesión social. Solo así será posible construir un modelo minero moderno, transparente y alineado con los valores de sostenibilidad que exige el siglo XXI.

Desde el Consejo de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía hacemos una llamada a las Administraciones, al tejido empresarial y a la sociedad en general, para construir juntos un futuro donde los recursos minerales no sean una amenaza, sino una herramienta al servicio del desarrollo de nuestro país.