Nuevas formas de convivencia

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Instagram Linkedin

NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA

La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales.
JAIME PÉREZ DE MIGUEL

Los llamados pactos asistenciales son contratos de ayuda mutua que pretenden dar una respuesta económica y asistencial a los retos y problemas asociados a las nuevas realidades vitales y a los cambios demográficos y sociológicos. En este sentido, la evolución del mercado de la vivienda, los nuevos modelos de convivencia, el envejecimiento de la población y la creciente soledad no deseada están reclamando nuevas respuestas desde el Derecho.

De izquierda a derecha: Jorge Prades (Patrono de la Fundación Notariado); Concepción Pilar Barrio Del Olmo (presidenta del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado); José Ángel Martínez Sanchiz (expresidente del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado); Alicia Calaza (notaria de A Estrada, Pontevedra); Albert Domingo (notario de Vilassar de Mar, Barcelona), e Ignacio Gomá (director general de Fundación Notariado).

DESDE EL NOTARIADO SE DEFIENDE LA NECESIDAD DE FORMALIZAR ESTOS ACUERDOS EN ESCRITURA PÚBLICA Y DOTARLOS DE UN MARCO LEGAL QUE FIJE DERECHOS Y OBLIGACIONES

 

El Notariado ha dado un paso al frente promoviendo soluciones y reclamando reformas legales e incentivos fiscales para impulsar este tipo de pactos. Un proyecto que dio el pistoletazo de salida con la jornada Desafíos jurídicos ante las nuevas realidades asistenciales y acuerdos de ayuda mutua, organizada por la Fundación Notariado, y que ha tenido continuidad en los últimos meses a través de diversas iniciativas, como el primer encuentro de los Desayunos notariales promovidos por el Colegio Notarial de Madrid.

De izquierda a derecha: Concepción Pilar Barrio Del Olmo y María José Segarra (Fiscal de la unidad coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores).

Promover soluciones. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Colegio Notarial de Madrid, subrayó durante estos encuentros la responsabilidad de los notarios como garantes de seguridad jurídica en estos nuevos entornos: “El Notariado está en una posición idónea para asumir un papel destacado en la respuesta a problemas como el desamparo, la soledad o la falta de vivienda”.

Durante ambas jornadas se abordaron figuras como el contrato de alimentos vitalicio, el acogimiento familiar y los pactos convivenciales de ayuda mutua, acuerdos aún poco conocidos, pero con gran potencial social. Estas fórmulas permiten organizar, de forma privada y flexible, relaciones de convivencia y asistencia entre personas mayores, jóvenes o familias vulnerables.

Desde el Notariado se defiende la necesidad de formalizar estos acuerdos en escritura pública; dotarlos de un marco legal que fije derechos y obligaciones, e incentivar su uso mediante mejoras fiscales y una regulación adaptada en el Código Civil.

IV Edición de los Premios ‘Cerca de los que están cerca’

La Fundación Aequitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, han convocado una nueva edición de los Premios Cerca de los que están cerca. Unos galardones que reconocen a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores. En sus tres años de existencia ya han congregado a más de 70 organizaciones, de las cuales siete han resultado premiadas.

Los ganadores de las tres primeras ediciones de los premios.

Los premios han recaído en proyectos desarrollados en la España rural, como Langa Dinámica, con el que la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria y su asociación de mayores San Miguel de Langa de Duero resultaron ganadores en la I Edición. También en iniciativas que se apoyan en las nuevas tecnologías, como Beyond the GuardiansShip, con la que la Fundación TU i NOS resultó ganadora en la categoría ‘Mayores con discapacidad’ en la II Edición. Igualmente han resultado premiados proyectos dirigidos a personas mayores que padecen una discapacidad psicosocial, como Egunon Etxea: La casa de los buenos días, con el que fue galardonada Cáritas Diocesana de Bilbao en la última edición.

Desde 2024, estos galardones se complementan con un Premio Honorífico (sin cuantía económica) otorgado a sendas instituciones de reconocida trayectoria en ambos ámbitos -mayores y mayores con discapacidad- gracias al impacto logrado por su actividad. Los ganadores son elegidos de entre las candidaturas que se hayan presentado tanto con un proyecto concreto o solamente al galardón honorífico. El jurado puede igualmente elegir por unanimidad a una institución externa de probada trayectoria, aunque no haya concurrido.

ALICIA CALAZA,
notaria

“Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada”

La protección de la parte más débil

El contrato de alimentos está llamado a dar respuesta a las necesidades de un amplio sector poblacional: los menores con algún tipo discapacidad cuyos progenitores planifican su cuidado para cuando ellos ya no puedan hacerlo personalmente y, los mayores que carecen de una red de apoyo familiar, y aspiran a vivir en compañía, participar e integrarse en un hogar, recibir afecto, sorteando una soledad no deseada.

Se avecina la jubilación de los baby boomers y, ante la inseguridad del modelo público de pensiones, emerge con gran preocupación la falta de liquidez de los recursos disponibles para afrontar esa ansiada fase vital. Los españoles, a diferencia de los países nórdicos, hemos destinado buena parte del ahorro a la compra de vivienda. En un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral, elevado coste de la vida y correlativa imposibilidad de ahorro familiar, así como un parque de viviendas con un valor inalcanzable para buena parte de la población, la convivencia parece una solución provechosa para todos los implicados. Para el alimentista, la reiteración de hábitos es beneficiosa para su salud física y emocional, se encuentra protegido en su domicilio habitual. Por su parte, se facilita el acceso a la propiedad de los alimentantes.

Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad se impone una particular diligencia, para apreciar sus inquietudes y preocupaciones, informar de modo claro y detallado acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, las obligaciones asumidas, las garantías legales y aquellas otras convencionales para defender su posición jurídica.

“El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea”, por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“Todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación"

El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

«La incierta autonomía estratégica de Europa»

Guerra arancelaria: historia y enseñanzas

ALDEA GLOBAL

GUERRA ARANCELARIA: HISTORIA Y ENSEÑANZAS

La historia nos ha demostrado, en más de una ocasión, que nunca ha sido buena idea repetir acciones cuyas consecuencias fueron fracasos y menos en materia macroeconómica. La tentación puede ser pensar que las circunstancias en que se llevaron a cabo aquellos movimientos con final caótico son distintas de las que nos rodean años más tarde. Esto, en el mejor de los casos, porque en el peor, personalismos, egocentrismos e ideologías un tanto obtusas acaban nublando las mentes de los tomadores de decisiones, hasta el punto de no dejarles ver el pasado; el suyo propio, incluso.
MELCHOR DEL VALLE
El actual caos económico en el mundo (ilustración generada por IA).

HEMOS PEDIDO A DOS PROGRAMAS DE IA GENERATIVA QUE ILUSTREN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS GLOBALES EN LA ACTUALIDAD. LOS RESULTADOS NO PUEDEN SER MÁS DESALENTADORES

Hay quien mantiene que nuestra civilización no habría tenido lugar si no hubiese mediado el comercio o, si se prefiere, el intercambio de unas mercancías por otras, primero, y el de productos por monedas, después. A partir del neolítico, al menos, el necesario desplazamiento de los primeros vendedores hacia los territorios de sus clientes, o de los compradores hacia los de sus proveedores, fue también el vehículo de intercambio de técnicas, descubrimientos, actitudes sociales… y seguramente también de momentos de reposo compartiendo genes, lo cual fue más que imprescindible para evitar los inconvenientes de la endogamia. Poco a poco, con camellos, a caballo o en barcos, las grandes rutas de comercio internacional se instalaron en nuestras vidas. Y así viene siendo con más sobresaltos que alegrías, porque las políticas de los Estados en ese terreno han transitado del liberalismo al proteccionismo y viceversa; y ambas corrientes han dejado sus enseñanzas.

 

EN 1930 SE PROMULGÓ LA LEY ARANCELARIA SMOOT-HAWLEY QUE AFECTÓ A MÁS DE 20.000 PRODUCTOS CON UNA MEDIA DEL 40% DE TASAS

 

La Belle Époque. Podemos tomar como referencia, por no ir más lejos, la segunda revolución industrial, cuyo inicio se fecha, aproximadamente, en 1870 y termina en 1914. Aquellos fueron los tiempos del ‘patrón oro’, como solución al cambio de divisas, de nuevas fuentes de energía (gas, electricidad), de modernos materiales (acero), de métodos de transporte novedosos (automóvil, avión, ferrocarril con máquinas de vapor) y del inicio de las telecomunicaciones (radio, telégrafo). Unos y otros factores contribuyen a un notable crecimiento económico y a un incremento del 5% anual en el comercio mundial.

Nos situamos, pues, en una primera globalización, con intercambios comerciales casi sin cortapisas, a los que se puede añadir un creciente movimiento de capitales, grandes migraciones y un destacado periodo de paz. Alguien denominó ese lapso como La Belle Époque y la economía iba viento en popa… Pero el declive de Reino Unido como potencia de referencia dio una oportunidad a Estados Unidos y a Alemania, que optaron por el proteccionismo e iniciaron una competición arancelaria. Ese nacionalismo económico trajo a esos países algunos efectos positivos, cómo no, a muy corto plazo, pero muchos negativos; el principal, por el coste de vidas y recursos, afectó también a muchos más: la Primera Guerra Mundial.

Los felices años veinte. Nos situamos en el periodo entre guerras y nos fijamos en tramo entre 1919 y 1929. Las crónicas de la economía nos hablan de una bonanza económica nunca vista. Había que reconstruir un mundo que acababa de salir de una guerra. EE.UU. recibía pagos por las deudas que habían contraído países como Reino Unido y por la venta de productos que la vieja Europa no estaba en disposición de fabricar. Con más demanda que oferta en el país americano, no tarda en producirse un incremento de precios que lleva, sobre todo, a los consumidores estadounidenses a comprar a crédito por encima de sus posibilidades. Las aparentes posibilidades de negocio invitan a la inversión, también a crédito a veces, lo que da lugar a la burbuja financiera que trajo consigo el Martes Negro (29 de octubre de 1929) y el inicio de la Gran Depresión.

En un intento de proteger, inicialmente, a los agricultores estadounidenses, se promulga la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), que afectó, a la postre, a más de 20.000 productos con una media del 40% de tasas, que en algunos casos fueron del 100%. Esto no solo fue ineficaz, sino que generó el consiguiente caos en el comercio internacional. Países como Canadá, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido aplicaron como respuesta sus propios aranceles a productos made in USA. El resultado fue que la cooperación internacional se debilitó, con unos datos escalofriantes que muestran la realidad de estos gestos de nacionalismo económico: las exportaciones estadounidenses cayeron un 61% en el siguiente trienio y el comercio mundial se contrajo más de un 60%. Si añadimos a los problemas económicos las tensiones geopolíticas, queda servido el caldo de cultivo perfecto para el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Abandono del proteccionismo. Afortunadamente, no toda política de nacionalismo económico acaba en guerra, aunque sus efectos a medio y largo plazo nunca han sido positivos. Incluso tenemos ejemplos, como el de India, de qué sucede si se abandona. Hasta las reformas económicas que emprendió en la última década del pasado siglo, el país se enfrentaba a una más que segura situación de quiebra. Pero el cambio de políticas trajo consigo la reducción o supresión de los aranceles proteccionistas y la eliminación de las licencias de importación para la mayoría de los bienes, así como de restricciones a la inversión extranjera, entre otras cosas. Algo más de tres décadas después de haber salido del aislamiento proteccionista, ya es un actor económico mundial, miembro de G20 y de los BRICS, que solo ha registrado una pequeña recesión en 2020 (pandemia) y que atrae un importante volumen de inversión extranjera directa. Su PIB per cápita ha pasado de los 302,88 USD en 1993, con 926,3 millones de habitantes, a los 2.480,79 USD en 2023, con 1.438 millones.

Camino hacia el declive. Volvemos a lo que decíamos al principio y que resume la frase de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Bueno, sí: la idea tiene muchos padres, tales como Orwell, Churchil…, aunque el filósofo español afincado en EE. UU. y educado en Harvard parece que fue el primero en expresarlo. Y esto nos lleva, por compañerismo universitario, a Dani Rodrik, profesor de la Cátedra Ford Foundation de Economía Política Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Podemos recordar de él que es crítico con la hiperglobalización. Lo justifica diciendo que “el libre comercio sin restricciones ha provocado sensación de desconexión entre la gente común y las élites políticas”.

 

ALGO MÁS DE TRES DÉCADAS DESPUÉS DE HABER SALIDO DEL AISLAMIENTO PROTECCIONISTA, INDIA YA ES UN ACTOR ECONÓMICO MUNDIAL, MIEMBRO DE G20 Y DE LOS BRICS

 

Pues bien, en la última Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos, febrero de 2025), Rodrik insistió en que: “La autosuficiencia es un camino hacia el declive económico. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos o China, puede prosperar sin que los mercados reciban insumos del resto del mundo, obtengan tecnología en la que no están a la vanguardia, accedan a mercados para sus exportaciones, etc.”. A lo que añadió: “No creo que el aislacionismo sea un camino que los nacionalistas económicos inteligentes elegirían”. Y sí: ha dicho “inteligentes”.

Unidos por los aranceles

Si hablamos de ideólogos, tanto la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), como la proclamada como ´El día de la Liberación´ (2025), tienen dos nombres controvertidos: Reed Smoot y Peter Navarro. Smoot, junto a Willis Hawley, promovió desde su puesto en el Senado de EE.UU. la imposición de elevados aranceles a más de 20.000 productos, con el consiguiente caos económico internacional (agravamiento de la Gran Depresión y aumento de los nacionalismos económicos en Europa). Era líder de una organización religiosa a la que se acusaba de prácticas contrarias a la Constitución de EE.UU. (poligamia) y albergaba sentimientos de venganza por los agravios contra sus creencias; un comité de investigación del Senado recomendó su expulsión, aunque la mayoría republicana lo mantuvo.

El economista Peter Navarro es el principal asesor comercial de la actual Administración estadounidense e inspirador de las políticas arancelarias de la Casa Blanca. En sus libros cita con frecuencia como referente a Ron Vara, que en palabras de Navarro es “un estudiante de doctorado de Harvard que se convirtió en un brillante corredor de bolsa y en un Príncipe Oscuro del Desastre”. Lo sorprendente es que Ron Vara es un alter ego de Navarro (mismas letras, cambiadas de orden), como descubrió una profesora emérita de la Universidad Nacional Australiana. Es decir: sus referencias argumentales en política comercial son… ¡él mismo!

Una mirada a los Acuerdos de Bretton Woods

Aún sin finalizar la II Guerra Mundial, solo unas semanas más tarde del desembarco de Normandía, tuvo lugar la conferencia monetaria de las Naciones Unida (julio de 1944) que fijó unas políticas económicas que se mantuvieron vigentes hasta la crisis del petróleo de los años 70. El objetivo de los acuerdos era abandonar el proteccionismo reinante tras la Gran Guerra y establecer el marco en el que se moviesen la economía y las finanzas internacionales. No puede haber paz, se decía ahí, si no existe la libertad comercial. Fue también el nacimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Y esta fue la razón del final de los acuerdos: embarcados en la Guerra de Vietnam, Estados Unidos imprimió dólares en cantidad para financiar la contienda. Con déficit comercial en 1971 y problemas con las reservas de oro de Fort Knox, la administración norteamericana aplicó un arancel temporal del 10% que, en este caso, ayudó a reequilibrar el comercio internacional. Una de las consecuencias del proceso fue el paulatino abandono del patrón oro y la adopción del sistema de tipos cambiarios fluctuantes.

La IA nos muestra un panorama económico demasiado inquietante.

PARA SABER MÁS

Patada a la escalera. La verdadera historia del libre comercio.
Ha-Joon Chang. Ensayos de economía, Nº42 (Universidad Nacional de Colombia, 2013).

VER MÁS

Policy space and the origins of the multilateral economic system.
UNITED NATIONS. New York and Geneva, 2014

VER MÁS

Smoot-Hawley Tariff.
Anthony O’Brien. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples (2001).

VER MÁS

«EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta», por Enrique Feás

ALDEA GLOBAL
ENRIQUE FEÁS,
técnico comercial y economista del Estado. Investigador principal del Real Instituto Elcano

“Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas”

EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta

“Cientos de empresas se enfrentan a la posibilidad de cerrar. Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego. Se han suspendido muchos pedidos, y podrían agotarse pronto las existencias para consumidores estadounidenses. (…) Muchas empresas (…) no pueden absorber aranceles tan altos, ni trasladar estos costes. Sin un alivio inmediato de los aranceles recíprocos, simplemente cerrarán. (…) Los fuertes aumentos de precios derivados de estos aranceles impedirán que los consumidores estadounidenses tengan opciones asequibles. Además, estos aranceles no impulsarán la vuelta de la fabricación de calzado a Estados Unidos. Se necesita una inversión en capital significativa y años de planificación para cambiar el abastecimiento. De hecho, los nuevos aranceles eliminan la certidumbre empresarial necesaria para realizar este tipo de inversiones y destruyen todo el capital necesario. (…) También hay un arancel recíproco sobre la maquinaria y los materiales necesarios para fabricar calzado en los Estados Unidos”.

Nadie mejor que las propias empresas estadounidenses para exponer la pésima idea de imponer aranceles prácticamente universales sobre todos los productos importados. El texto anterior forma parte de una carta dirigida al presidente Trump por un grupo de 76 empresas fabricantes de calzado que incluyen a Nike, Adidas, Skechers o Under Armour, cuyas cuentas de resultados comienzan a ser insostenibles.

Más allá de la crisis política e institucional, la segunda legislatura de Trump no ha podido empezar con peor pie desde el punto de vista económico. Comenzó imponiendo aranceles contra Canadá y México –con quienes había firmado en su primer mandato una actualización del acuerdo de libre comercio– y contra China; luego un arancel general al acero y al aluminio y, finalmente, el 2 de abril –fecha que bautizó como el “Día de la Liberación”– un arancel general mínimo del 10% y otro adicional frente a todos los países con los que Estados Unidos presenta un déficit comercial, usando un concepto de “arancel recíproco” sin ninguna justificación teórica. El pánico generado entre las empresas estadounidenses le llevó días después a posponer la aplicación de este último arancel (la parte superior al 10%) durante tres meses, y a eximir a determinados productos tecnológicos, generando caos, incertidumbre y sensación de arbitrariedad. Desde entonces, cada día hay una nueva decisión por la que se ponen o se quitan aranceles sin coherencia alguna.

Trump, que se ha definido a sí mismo como el “hombre-arancel” en honor a William McKinley –el 25º presidente estadounidense, que gobernó entre 1897 y 1901 y se hizo famoso por su proteccionismo, además de por declararle la guerra a España– cree sinceramente que los aranceles, una herramienta del siglo XX, siguen funcionando en la economía globalizada del siglo XXI. El presidente insiste una y otra vez en que no generarán aumentos de precios para los consumidores, sino que los pagarán en última instancia los exportadores (reduciendo sus precios de venta); que generarán ingresos que permitirán reducir los impuestos a las empresas; que reducirán el déficit comercial bilateral; o que incentivarán el regreso de empresas manufactureras a Estados Unidos, revitalizando la producción y el empleo industriales.

La realidad, sin embargo, resulta bastante tozuda, como demuestra la carta de las empresas. El desarrollo de las cadenas de valor globales desde la década de los 90 del siglo pasado hace que en la actualidad la importación resulte esencial para la fabricación nacional y la exportación a precios competitivos: sin importar, nadie puede hoy producir ni exportar. La incertidumbre arancelaria, además, está acelerando la importación y desacelerando la inversión, hipotecando el crecimiento futuro. Bloquear las importaciones con aranceles desorbitados (del 145% en el caso de China) no va a proteger a la industria estadounidense, sino todo lo contrario: puede llegar a paralizarla. Los mercados, que no entienden de relatos épicos, ya han comenzado a asustarse, y de hecho la subida del bono del Tesoro estadounidense ha sido el único factor que ha hecho recular a Trump (no así el hundimiento de la Bolsa).

Trump y sus asesores económicos creen que el dólar está sobreapreciado, lo que perjudica sus exportaciones. Cuando en 1964 el entonces ministro de economía francés Giscard d’Estaing dijo que el papel del dólar como moneda de reserva mundial suponía un “privilegio exorbitante” para Estados Unidos que le eximía de preocuparse por el saldo de su balanza de pagos seguro que no contaba con que, 60 años después, un presidente estadounidense estaría dispuesto a renegar de ese privilegio y hundir su economía para mejorar ligeramente la balanza comercial, un saldo sin ninguna trascendencia económica (el único relevante es el de la balanza por cuenta corriente, que refleja la diferencia entre lo que un país ahorra y lo que invierte). La prueba de que la especialización es mucho más importante que el tipo de cambio es que Estados Unidos tiene una balanza de servicios superavitaria con casi todos los países del mundo.

Aislar a Estados Unidos del resto del mundo es una pésima idea que corre el peligro de desacelerar la economía y el comercio globales y tensionar los mercados financieros. Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas. Si la propia política no corrige esta situación, serán los mercados quienes terminen haciéndolo, y de una forma bastante más costosa.

«Los condicionantes de la cuarta revolución industrial»

“Afrontar las emergencias: bases para la reconstrucción tras la DANA”, por Zulima Pérez

EN ESTE PAÍS

ZULIMA PÉREZ I SEGUÍ,

profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia. Coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción tras la DANA. Asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial.

"Es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil"

Afrontar las emergencias: bases para la reconstrucción tras la DANA

La situación provocada por la DANA ha sido devastadora, y no solo a nivel material; también personal. Las vidas perdidas, los proyectos personales paralizados, la pérdida de las viviendas, de los automóviles, la destrucción de las infraestructuras, todo esto se ha visto afectado, dejando un shock en las personas de la zona que tardará en curar. El cambio climático ocasiona que cada vez suframos más fenómenos extremos, lo que antes era extraordinario se está convirtiendo poco a poco en más habitual y nuestra obligación es estar preparados frente a las catástrofes. Para ello se necesitan cinco cosas: realizar una buena política de prevención del riesgo y respuesta a la emergencia; tener una buena planificación de protección civil; realizar una buena comunicación de la situación y de las medidas que tomar; educar a la población sobre cómo actuar frente al riesgo y la emergencia; y establecer mecanismos ágiles para la reconstrucción.

Una buena política de gestión del riesgo nos permite minimizar los daños que se pueden ocasionar. La previsión, la precaución y la prevención juegan aquí un papel muy relevante. El principio de previsión nos permite detectar el peligro; a través del principio de precaución intentamos que el peligro no nos afecte haciendo que nuestras actuaciones tiendan a evitarlo, y a través de la prevención reducimos las consecuencias negativas en el caso de que el peligro sea ineludible y derive en una situación de emergencia.

El análisis del riesgo es una herramienta de análisis político que basa sus decisiones sobre la información científica disponible. El análisis del riesgo lo podemos dividir en dos tareas centrales: la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. La evaluación del riesgo implica la identificación del mismo, su estimación y su valoración y se realiza por instancias científicas. Mientras que la gestión del riesgo conlleva el establecimiento de políticas con la finalidad de prohibir, regular o limitar el riesgo que ha sido evaluado con anterioridad. Esta parte del análisis del riesgo se realiza por instancias públicas o privadas, que se encargan de controlar, regular, limitar y evaluar todas las actividades que conllevan riesgos o peligros para la salud pública y el medio ambiente.

La comunicación del riesgo y de la emergencia es una cuestión fundamental para poder hacer frente a estas situaciones. La ley establece el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente acerca de los riesgos colectivos que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos; a recomendar conductas para prevenirlos, y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias. Esta información se tiene que producir en diferentes momentos; cuando se produce la emergencia, para que podamos saber que hacer frente a ella, pero también de manera preventiva, cuando solo existe un riesgo, para que los ciudadanos podamos actuar para minimizar el mismo.

Lo más importante de la comunicación del riesgo es que todas las personas somos responsables de nuestra protección y seguridad, por tanto, todos debemos colaborar para la reducción de los riesgos, pero para ello es necesario que los poderes públicos nos proporcionen información y que sepamos cómo tenemos que actuar. La percepción de los técnicos y de los gobernantes sobre el riesgo es importante, pero hay que partir del hecho de que la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, por lo que la gestión de esa percepción de vuelve también en un objetivo básico en las políticas de gestión del riesgo.

Después de las primeras actuaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y reestablecer los servicios públicos esenciales se abre un proceso de reconstrucción que puede ser largo y que tiene diversas fases: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.

En primer lugar, es necesario que se realice un diagnóstico sobre el impacto que el suceso ha tenido en la zona. Este diagnóstico se tiene que hacer a todos los niveles. Por un lado, el análisis del impacto económico, cómo ha afectado a las empresas y comercios de la zona y al empleo, cómo ha afectado en la agricultura y en los diferentes sectores. Por otro lado, el impacto en viviendas, enseres e infraestructuras; cuál ha sido el daño material de la catástrofe y finalmente el daño social. La DANA ha afectado, de una manera u otra, a todas las personas de la zona, pero especialmente a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, el que se hayan visto arrasadas plantas bajas y hayan quedado inutilizados los ascensores para acceder a plantas más altas ha afectado gravemente a las personas con movilidad reducida y a las personas mayores. También ha existido un impacto en la salud mental de las personas o en las redes asociativas que dinamizaban los diferentes pueblos. Paralelamente al establecimiento de este diagnóstico se van desarrollando líneas de ayudas para hacer frente a todas estas cuestiones.

En segundo lugar, es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil; estableciendo una hoja de ruta; marcando prioridades en la actuación, e intentando construir un territorio más resiliente, más sostenible y más cohesionado. En este momento la ciencia juega un papel fundamental para brindarnos soluciones innovadoras que nos permitan salir más reforzados de la catástrofe.

“Reconstrucción inclusiva: la DANA de Valencia como motor de cambio social”, por Luis Vañó

EN ESTE PAÍS

LUIS VAÑÓ,

presidente de CERMI CV

"Se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana"

Reconstrucción Inclusiva: la DANA de Valencia como motor de cambio social

En medio de la devastación que dejó la DANA en Valencia, se hace evidente la necesidad urgente de transformar nuestro modo de actuar ante las emergencias. La catástrofe reveló que las estructuras tradicionales, que durante tanto tiempo han ignorado las necesidades de las personas con discapacidad, resultan insuficientes para garantizar la seguridad, la dignidad y la autonomía de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana, impulsando un cambio estructural que, basado en la participación activa y el reconocimiento de la diversidad, convierta la tragedia en un motor para la justicia social y la renovación de nuestros espacios.

Historia de María. María, una residente de Valencia con discapacidad visual, relata cómo la falta de alertas accesibles durante la DANA la dejó desorientada y en peligro. «No podía entender las instrucciones de evacuación porque no había alertas auditivas ni mensajes de texto», explica. Su experiencia subraya la urgencia de un plan inclusivo. La historia de María no es un caso aislado; muchas personas con discapacidad han enfrentado barreras similares durante esta emergencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de un cambio sistémico.

En este contexto, la DANA de Valencia no solo representa un episodio de desastre natural, sino también una oportunidad para derribar barreras históricas y construir una sociedad más resiliente, solidaria y humana. El CERMI CV, en su rol proactivo en la gestión política, ya ha elaborado un Plan de Emergencias Inclusivo para Personas Con Discapacidad, anticipándose a las necesidades y desafíos que enfrentan estos colectivos durante las crisis. Este plan no solo busca paliar los efectos inmediatos de una emergencia, sino también construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción.

Desde la emergencia se evidencia que las respuestas improvisadas y la falta de planificación inclusiva se traducen en consecuencias nefastas para aquellos que históricamente han sido relegados a un segundo plano. Es imprescindible que tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado unan esfuerzos para diseñar y ejecutar estrategias que contemplen cada necesidad particular. La experiencia vivida durante la DANA demuestra que, en ausencia de medidas adaptadas, la evacuación, el acceso a los servicios de emergencia y la comunicación, se convierten en retos insuperables, generando un escenario de caos que exacerba las desigualdades y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. Estas personas no deben ser vistas como meros receptores pasivos de asistencia, sino como actores fundamentales en la construcción de soluciones innovadoras y eficaces que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de prevención y solidaridad.

La planificación inclusiva implica, además, un cambio de paradigma que reconozca la diversidad como fortaleza y que desmantele las estructuras que históricamente han marginado a ciertos colectivos. Es necesario incorporar a las personas con discapacidad en todas las fases de la gestión de emergencias, desde la elaboración de protocolos y la formación de equipos de respuesta hasta la evaluación de las estrategias implementadas. Esto no solo garantiza que las medidas adoptadas respondan a sus necesidades específicas, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones con perspectivas valiosas que solo la experiencia vivida puede aportar. Esta integración permite transformar el miedo y la incertidumbre en resiliencia y capacidad de adaptación ante futuros desafíos.

 

ES FUNDAMENTAL COMPRENDER QUE LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA DEBE ENTENDERSE COMO UN PROCESO INTEGRAL QUE VA MÁS ALLÁ DE LA REPARACIÓN MATERIAL

 

Es fundamental que la reconstrucción post-DANA se conciba no solo como la reparación de daños materiales, sino como la oportunidad para rediseñar nuestros entornos de manera integral, apostando por infraestructuras accesibles y sistemas de comunicación adaptados, y promoviendo un modelo de urbanismo que priorice la inclusión y la seguridad de todos. Cada acción emprendida en el proceso de recuperación debe ser analizada desde la perspectiva de su impacto social, teniendo en cuenta que cada intervención puede marcar la diferencia entre la marginalización y la plena inclusión. En ese sentido, es indispensable que las políticas públicas se orienten hacia la construcción de un futuro en el que las emergencias sean gestionadas de forma preventiva y colaborativa; un futuro en el que la participación ciudadana y el diálogo constante se conviertan en los pilares de un sistema que proteja a los más vulnerables y que fomente el desarrollo de comunidades más fuertes y cohesionadas.

El compromiso del CERMI CV y de todos los actores implicados en la gestión de emergencias se revela como una llamada ineludible a la acción. Cada minuto cuenta y cada decisión tomada puede ser determinante para salvar vidas y preservar la dignidad de aquellos que han sido históricamente olvidados. Es necesario que las autoridades, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, asignen los recursos necesarios, implementen normativas claras y fomenten la capacitación especializada de modo que la respuesta ante futuras crisis se base en principios de justicia social, equidad y respeto a los derechos humanos. En este proceso, la inclusión debe convertirse en el eje central que guíe cada intervención, recordándonos que la verdadera fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad para proteger y empoderar a sus miembros más vulnerables.

Impacto de la Inclusión. La inclusión no es solo una cuestión de justicia social; también es un factor crucial para la resiliencia comunitaria. Comunidades que integran a todas las personas, independientemente de sus capacidades, son más fuertes y mejor preparadas para enfrentar desafíos. La diversidad de perspectivas y experiencias enriquece la planificación y ejecución de estrategias de emergencia, asegurando que se consideren todos los posibles escenarios y necesidades. Por ejemplo, la participación de personas con discapacidad en la planificación puede revelar barreras ocultas que, de otro modo, pasarían desapercibidas, como la falta de rampas en refugios o la necesidad de intérpretes de lengua de signos.

Por último, es fundamental comprender que la reconstrucción tras la DANA debe entenderse como un proceso integral que va más allá de la reparación material, abarcando la regeneración del tejido social, la restauración de la confianza en nuestras instituciones y la transformación de la adversidad en oportunidad para innovar y aprender. Esto exige repensar no solo la infraestructura física, sino también nuestras políticas y la forma en que interactuamos como sociedad, de modo que cada acción se convierta en un paso hacia un futuro donde la inclusión y la justicia social sean pilares de todas las intervenciones. En este camino, el compromiso de cada ciudadano es esencial para asegurar que las lecciones del desastre se traduzcan en cambios profundos y duraderos que beneficien a toda la comunidad, recordándonos que el progreso se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables y construir un mañana en el que nadie quede excluido.

La formación como elemento clave

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Instagram Linkedin

LA FORMACIÓN COMO ELEMENTO CLAVE

La Fundación Notariado impulsa programas de formación que acompañan el esfuerzo, potencian el talento y crean oportunidades para el futuro. Desde el apoyo a opositores y exopositores, hasta el análisis de la incidencia de la digitalización, o la especialización y el desarrollo profesional de jóvenes expertos en arte, su labor contribuye a la evolución de quienes buscan crecer y avanzar en diferentes áreas.
JAIME PÉREZ DE MIGUEL
Los alumnos posan durante el acto de graduación de la I Edición del Diploma Experto en Formación Jurídica.

Ser notario es una de las metas más exigentes dentro del sector jurídico. La oposición requiere años de estudio y una gran resistencia mental. Consciente de este desafío, la Fundación Notariado ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar, tanto a los opositores en su proceso de preparación, como a aquellos que, pese a no haber alcanzado la meta, han adquirido una sólida formación en Derecho.

Uno de los proyectos clave es el Programa de Entrenamiento Mental para Opositores, una iniciativa pionera diseñada por el coach y abogado del Estado Juan Manuel Ruigómez, que busca dotar a los opositores de herramientas para mejorar su estabilidad mental, emocional y física, con el objetivo de que su esfuerzo sea sostenible y aumente sus posibilidades de éxito.

El programa formativo consta de tres fases: la fase I, también llamada de “arranque”, la fase II o “travesía”, y la fase III, o de “ataque a la cumbre”. En la primera fase se sientan las bases y se proporcionan las técnicas de estudio y tecnología cognitiva específica que el opositor necesita para avanzar mejor. Se ven aspectos como los mitos y las falsas creencias de la oposición, la importancia de crear un contexto favorable al rendimiento, una actitud confiada y no dramática, o la importancia de la motivación y la autoestima.

En la fase II se consolida la aplicación práctica del método, subrayando las claves para rendir en el estudio y las virtudes del buen opositor. Y en la fase III se asegura que el opositor llegue al examen en buena forma física, mental y emocional, centrándose en las estrategias y prioridades de los dos meses anteriores al primer examen, tratando de darles una visión clara de lo que va a suceder.

Esta metodología flexible permite adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada opositor, con el fin de aumentar así su rendimiento en el estudio, ayudarle a incrementar su potencia mental, manejar el estrés, aumentar su motivación y autoestima y aprender a ser más resiliente.

 

LA LABOR DE FUNDACIÓN NOTARIADO CONTRIBUYE AL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL EN EL ENTORNO NOTARIAL

 

Un nuevo horizonte. Para aquellos que han dedicado años a la oposición, pero no han logrado convertirse en notarios, la Fundación Notariado, en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, ha desarrollado el Diploma de Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario. Una titulación única en España que tiene como objetivo apoyar a los exopositores que, gracias a la preparación que han llevado a cabo para la oposición, y al hecho de que son licenciados o graduados en Derecho, tienen amplios conocimientos en esta materia.

El programa, de 200 horas y tres meses de duración, está compuesto por cinco módulos temáticos, que incluyen talleres prácticos y exámenes teóricos al final de cada bloque, mediante los cuales la formación de los alumnos se complementa con contenidos jurídicos no tratados en la oposición, como el Derecho Fiscal y Tributario, además de potenciar la vertiente práctica y procesal del Derecho Civil y Mercantil.

El curso, que ya ha celebrado dos ediciones, también busca desarrollar sus habilidades profesionales y personales tras años de preparación en solitario. Así, la suma de los conocimientos jurídicos de alumnos que obtienen con este diploma y las capacidades desarrolladas durante el curso, permiten a los exopositores diversificar sus posibilidades laborales y facilitar su acceso a un empleo.

La fundación apoya esta formación mediante becas que cubren hasta el 80% del coste del curso, permitiendo a los estudiantes afrontar la inversión con mayor facilidad.

 

SER NOTARIO ES UNA DE LAS METAS MÁS EXIGENTES DENTRO DEL SECTOR JURÍDICO
Y REQUIERE UNA GRAN RESILIENCIA

 

Formación práctica. Más allá de los opositores, en el último trimestre de 2024 la Fundación Notariado puso en marcha un programa específico para apoyar también a los empleados de notarías. Se trata del ciclo Formación Práctica Notarial. Mediante sesiones breves, dinámicas y prácticas, cada mes se abordan de la mano de un experto temas concretos del trabajo del día a día de las notarías que pueden suscitar dudas o necesitar aclaraciones, y en los que es necesario incidir para facilitar la tarea a todos sus empleados.

Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.

Hasta el momento se han realizado 6 sesiones en las que se han tratado temas como: la Aplicación del IVA e ITP en la transmisión inmobiliaria; las Inversiones extranjeras en la práctica notarial; las Actas en documentos digitales; las Resoluciones esenciales de 2024; las Sucesiones internacionales; o la Elevación a público de acuerdos.

Los integrantes de la primera y segunda promoción, juntos.
Cátedra ICADE-Fundación Notariado

La digitalización está transformando la sociedad y, con ella, el Derecho. La Cátedra ICADE-Fundación Notariado: Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital busca generar un espacio de investigación, debate y análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito notarial y jurídico.

Ambas instituciones comparten la idea de que la incidencia de la digitalización en el ámbito jurídico no se limita a un simple cambio de soporte documental, sino que afecta de manera sustancial a múltiples experiencias y concepciones jurídicas. Por este motivo, la Cátedra ICADE-Fundación Notariado, que comenzó su andadura en 2021, desarrolla distintas líneas de trabajo e investigación para poder juzgar cuánto hay de realidad, de marketing o de utópico en todo lo que se anuncia.

Son varios los temas que se han abordado en la Cátedra a lo largo de los años, entre otros: la digitalización del derecho de las sociedades, la criptografía como instrumento de autentificación, la gestión de la identidad en el entorno digital, la tokenización de activos, o la inteligencia artificial y la algoritmización de las decisiones jurídicas.

La cátedra está dirigida principalmente a profesionales del Derecho preocupados por las diversas incidencias de las tecnologías de la información en su ámbito de actuación, y busca también atraer el interés de los estudiantes de Derecho y ADE. Cabe subrayar su transversalidad y dinamismo, y la necesidad de que los juristas den respuesta a los retos que plantea una sociedad cada vez más digitalizada.

Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, durante una de las conferencias.
 
Cátedra del Prado

La asociación de la Fundación Notariado y el Museo del Prado en la Cátedra del Prado es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en 2019. Celebrada anualmente durante el mes de noviembre, tiene como finalidad la divulgación del arte del Prado de la mano de un gran experto de prestigio nacional e internacional. Se articula a través de cuatro conferencias gratuitas para estudiantes, profesionales y público en general previa inscripción, que se completan con un ciclo de seminarios exclusivos para los 20 alumnos becados por la Fundación Notariado. Estos son seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar su expediente académico y su perfil formativo.

Durante las sesiones los alumnos abordan el tema que da título a cada cátedra con ejercicios prácticos de análisis historiográfico.

Entre los temas tratados en las últimas ediciones se encuentran el Arte medieval, de la mano de Justin Kroesen, catedrático de historia cultural en la Universidad de Bergen (Noruega); Representar edificios, construir cuadros. La pintura en la escultura, impartido por el catedrático de Historia de la Arquitectura, Juan Calatrava; o Las escalas de la pintura europea, que corrió a cargo de Alexander Nagel, catedrático en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

En noviembre de 2024 dio comienzo la XII Cátedra del Prado bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín.

«Los Next Generation: una oportunidad de oro», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

“Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos"

Los Next Generation: una oportunidad de oro

Los fondos Next Generation EU nacieron como una respuesta inmediata y potente a los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, durante estos últimos cuatro años se ha demostrado que las reformas e inversiones que contienen los planes de recuperación asociados a estos fondos han supuesto mucho más para España y han promovido transformaciones estructurales de la economía española.

Nuestro “momento hamiltoniano” llevó a que, en 2020, ante los estragos económicos y personales de la pandemia y en un ejercicio de solidaridad sin precedentes, la Unión Europea decidió dotarse, de forma unánime, de un instrumento temporal de deuda mancomunada que prácticamente duplicaba el monto total del presupuesto de la UE para el siguiente septenio, en un contexto de salida de un contribuyente neto tradicional como era el Reino Unido. Las cifras de crecimiento económico de los últimos años dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia, ejecutado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR), está siendo un éxito consiguiendo que los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con datos macroeconómicos de pre-pandemia invirtiendo en las prioridades de futuro de forma coordinada, en un contexto socioeconómico y geopolítico enormemente exigente. La estrategia de los fondos Next Generation EU está fuertemente anclada en el liderazgo en la transición verde y digital llevada a cabo a la europea, es decir, sin dejar a nadie atrás.

El inicio de una nueva Comisión Europea en 2025 será también el año decisivo para la implementación efectiva de este plan en España y en todos los países de la Unión Europea, sabiendo que la fecha límite de ejecución es el verano de 2026.

A nivel europeo, a través de estos fondos se han comprometido 648.000 millones de euros del presupuesto de la UE, en forma de subvenciones no reembolsables y préstamos al Estado del total disponible de 750.000 millones de euros.

En el caso de España, el PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% de su PIB), de los cuales 48.000 millones ya han sido desembolsados, un 60% del total de subvenciones, cubriendo un total de 181 hitos y objetivos del total de 594 que el contiene el plan; esto es, el 36%, en cuatro solicitudes de pago. El avance ha sido mayor en las reformas que en las inversiones, ya que esas en general tenían mayor peso en los pagos iniciales del PRTR. Evidentemente, esto implica que queda mucho por hacer (el 70% de los deberes) y en un plazo muy corto de 18 meses (hasta agosto de 2026). Desplegar este nuevo instrumento en un país como España ha supuesto un ejercicio titánico por parte de todos los niveles de la Administración, dado que, en muchos ámbitos, hay una gestión descentralizada. Por poner un ejemplo, a nivel regional, 161 conferencias sectoriales han recibido fondos para gestión de las comunidades autónomas, en paralelo con la gestión por parte de la Administración General del Estado y autoridades locales. A día de hoy, a nivel europeo, la Comisión ya ha desembolsado más de 300.000 millones de euros en pagos que se producen una vez cumplidas las medidas comprometidas.

Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos (de hasta 83.000 millones). El despliegue exitoso del gran número de instrumentos financieros bajo el capítulo de préstamos, que supondrán hasta 76.000 millones de euros para 14 nuevos instrumentos en total, es clave para la finalización exitosa del PRTR. Estos instrumentos financieros están siendo ejecutados por organismos con amplia experiencia y reconocido prestigio, como el Instituto de Crédito Oficial (con ICO verde, ICO pyme, ICO vivienda o ICO Next Tech), el grupo Banco Europeo de Inversiones, así como otros organismos, incluyendo los de reciente creación, como SEPIDES, COFIDES y SETT.

Las últimas revisiones del plan en enero de 2025 ya han buscado modos de agilizar las cosas y, de hecho, han avanzado decenas de hitos y objetivos ya acometidos para que sean desembolsados y se consideren cerrados. Se trata de un esfuerzo que ha de ser compartido y coordinado con todos los niveles de la Administración que forman parte del plan, para llegar a la meta con todos los hitos y objetivos conseguidos a finales de 2026.

Como conclusión, será crítico que todas las administraciones públicas sigan demostrando altas competencias tanto en la asignación como en el uso de estos recursos financieros extraordinarios, cumpliendo con los requerimientos que el plan solicita. El éxito del plan de recuperación y resiliencia en España es una oportunidad de oro para sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible con una ventana de oportunidad que va cerrándose cada vez más rápido.

Señalaba Aristóteles que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Ese bien común, expresado en este caso a través de un esfuerzo fiscal mancomunado, dedicado a contrarrestar los daños económicos de ciudadanos y empresas derivados de la pandemia, es el que nos refuerza como comunidad dentro de la Unión Europea.

«Europa como respuesta»

Descenso mundial de la desigualdad salarial

ALDEA GLOBAL

Madhu Jaiswal, mujer de 20 años que completó su educación hasta los 12, pero dejó la escuela para mantener a su madre viuda y a sus cuatro hermanos. Actualmente no estudia, ni se capacita ni trabaja. Vive en Delhi, India. Enero de 2025. FOTO: VIJAY KUTTY/ILO

DESCENSO MUNDIAL DE LA DESIGUALDAD SALARIAL

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone de manifiesto que la desigualdad salarial se ha reducido desde principios de siglo, aunque hay lugares en el mundo en los que aún es un reto socioeconómico. Factores como el incremento de los salarios mínimos o la bajada de la inflación están detrás de la mejora en los lugares en que se produce, pero aún hay importantes brechas dentro de los países y entre ellos.
MELCHOR DEL VALLE

Explicaba a finales de 2024 Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, que, a pesar de la mejora en los índices de desigualdad salarial registrados desde principios del presente siglo, “el 10% de los trabajadores peor pagados reciben sólo alrededor del 0,5% de la masa salarial total, mientras que el 10% de los trabajadores mejor pagados obtienen cerca del 38% de la misma masa salarial total”. Y no hay que olvidar que los ingresos obtenidos por el trabajo son el principal recurso, cuando no el único, de la inmensa mayoría de las familias del mundo, así que la desigualdad en el mercado laboral es un síntoma de desequilibrio social.

 

ESTUDIANDO LA DESIGUALDAD SALARIAL SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS QUE AYUDEN A DECIDIR DE QUÉ MANERAS SE PUEDE MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

 

Cómo mirar. Lo que llamamos desigualdad salarial se explica sencillamente: se da cuando hay diferencias perceptibles, más o menos grandes, entre lo que unos y otros trabajadores obtienen por su labor. Estudiando estas diferencias internamente, en cada país, o externamente, por parte de instituciones supranacionales, se pueden obtener resultados que ayuden a decidir de qué maneras se puede mejorar la vida de las personas. Quizás la cuestión es cómo medir; y ahí es donde pueden surgir desencuentros, porque corresponde hablar de eficiencia y equidad.

Cuando hay diferencias salariales más o menos amplias, que suelen tener un sesgo competitivo, se producen alicientes para que los trabajadores –o futuros trabajadores– inviertan en su formación y esfuerzo, lo que mejora sus posibilidades de empleo o de obtención de ingresos. Y esto puede redundar, dicho sea de paso y muy por encima, en la capacidad de adaptación de las empresas ante cambios tecnológicos (lo estamos viendo con la implantación de la inteligencia artificial, por ejemplo) o económicos; por lo tanto, crecimiento económico, mejora del PIB… Pero, ¿cómo tener en cuenta que no todo el mundo puede –o quiere– dedicar recursos económicos o personales a su formación? Es en este punto en el que se produce la desigualdad y, si nos centramos en la equidad social, su incidencia en la pobreza.

Informe de la OIT. Cabe recordar que la OIT es una agencia de la ONU que reúne a tres partes: gobiernos, empleadores y trabajadores. Simplemente esto evidencia el peso de la equidad, cosa por otro lado imprescindible, a la hora de plantear el Informe mundial sobre salarios 2024-25. En otras palabras, dedica su mayor esfuerzo a evidenciar las desigualdades salariales sin entrar demasiado en consideraciones de eficiencia. Admite, eso sí, que “en los países de ingreso bajo, casi el 22% de los trabajadores asalariados perciben en promedio un salario inferior a la mitad de la mediana salarial por hora de su país, mientras que la proporción pasa a ser del 17, el 11 y el 3% en los países de ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto, respectivamente. En promedio, la desigualdad en los segmentos intermedios y altos de la distribución salarial es mayor que en su mitad inferior. Esta conclusión tiene importantes implicaciones para la formulación de políticas, porque las medidas eficaces para reducir la desigualdad salarial pueden ser diferentes según los segmentos de la distribución a los que se apliquen”.

El uso de ratios basadas en percentiles y deciles (medidas de posición estadísticas), para los cálculos de desigualdad salarial que refleja la OIT, hace difícil clasificar los países según el mayor o menor grado de desigualdad entre sus trabajadores; de ahí que las conclusiones se refieran a Estados agrupados por ingresos salariales: bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Para tener una visión por países, podemos usar el índice de Gini (IG). Sirve para medir la desigualdad de una sociedad a través de la diferencia en los ingresos, de manera que cero se corresponde con la absoluta igualdad y cien con la total desigualdad. Según datos de 2023 (Banco Mundial y OCDE), los países con menos índice (con mayor igualdad, por tanto) son Eslovaquia, Eslovenia e Islandia (IG de 21,4, 23,4 y 23,7, respectivamente). España, por comparar, está en mitad de la tabla con un IG 31,5. La mayor desigualdad es para Sudáfrica (63), Namibia (59,1) y Colombia (54,8).

Salario mínimo. Según el Informe mundial sobre salarios 2024-25 de la OIT, “cerca del 60 por ciento de una muestra de 160 países ajustaron los valores de los salarios mínimos en 2022, pero solo en uno de cada cuatro países tales cambios supusieron un aumento del valor real de esos salarios. Aunque en el 55 por ciento de los países de la muestra los suelos salariales aumentaron en términos reales en 2023, en la mayoría de los casos los incrementos no fueron de cuantía suficiente para compensar los descensos de los dos años anteriores”.

Añade el informe algo tan obvio como que ajustar el salario mínimo es la única manera de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con los salarios más bajos, poniendo como ejemplo la reciente crisis económica mundial, con peores efectos para los ingresos familiares más bajos. Islandia, uno de los países con menor IG que reseñamos, se sitúa en cuarto lugar en la clasificación de los salarios mínimos, con 12 pagas de 2.830,5 €. Por encima están Suiza (4.548,8 €), Mauricio (3.079,7 €) y Papúa Nueva Guinea (2.927,2 €). De nuevo por comparar, España se sitúa en la mitad alta de la tabla, con 1.381,3 €. Y en la cola están Zimbabue (0,6 €), Jordania (0,3 €) y Zambia (0,1 €), aunque conviene aclarar que hay muchos países que ni tan siquiera tienen salario mínimo. Téngase en cuenta también que el poder adquisitivo en las distintas áreas geográficas es un factor para tener en cuenta y resulta tanto o más significativo que el importe bruto del salario.

Brecha de género. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es, a pesar de llevar un cuarto del siglo XXI ya vivido, uno de los aspectos más sangrantes de nuestra sociedad. Según la ONU, en 2024, la remuneración salarial que obtuvieron las mujeres fue un 23% inferior a la de los hombres. En otras palabras, por cada euro que percibió un hombre, una mujer con el mismo trabajo obtuvo 77 céntimos. Si la mujer es madre, la brecha es aún mayor, llevando la diferencia hasta un 35% en regiones como Asia Meridional. Centrados en Europa, la brecha media es del 12,7% (cada euro ganado por un hombre equivale a 87 céntimos ganados por una mujer). Estonia presentaba la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, con un 21,3%, seguida de Austria (18,4%), Suiza y Chequia (17,9% los dos países). Y la rareza se da en Luxemburgo, donde la brecha es del 0,7%, ¡pero a favor de la mujer! En España estamos por debajo de la media europea con un reseñable 8,7%.

La OIT pone de manifiesto que “se constata que los hombres ganan más que las mujeres en todos los grupos de países por nivel de ingreso y en toda la escala salarial”. Y añade en su informe que en los países de ingreso mediano bajo y mediano alto, la brecha salarial de género crece cuando las mujeres trabajan en ocupaciones mal remuneradas y decrece cuando se analiza una minoría de mujeres con estudios.

 

SUIZA (4.548,8 €) Y MAURICIO (3.079,7 €) SON LOS PAÍSES CON MAYOR SALARIO MÍNIMO. ZIMBABUE (0,6 €) Y JORDANIA (0,3 €) LOS QUE LO TIENEN MENOR

 

Parece oportuno terminar, como empezamos, con palabras del director general de la OIT Gilbert F. Houngbo: “Abordar las desigualdades de ingresos en el mercado laboral, incluidas las brechas salariales de género y las brechas salariales que sufren los trabajadores en situaciones vulnerables, es un camino eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza de los hogares. En un contexto de importante inestabilidad geopolítica, esto contribuiría a sociedades más justas y reduciría las tensiones sociales”. Esa “inestabilidad geopolítica” parece indicar que no está en el horizonte visible lograr el deseo de Houngbo, a pesar de formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, de Naciones Unidas. No hay más que mirar un poco por encima la información internacional que aportan los medios convencionales diariamente para comprobar que cada vez hay más negacionistas del desarrollo sostenible.

Evolución de la brecha salarial de género en Europa (2012-2022)

Fuente: Eurostat
La brecha salarial de género en Europa

Según Eurostat, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo en 3,7 puntos porcentuales ente 2012 y 2022. La variación no es uniforme: en Eslovenia, Letonia, Polonia, Malta, Suiza y Lituania, aumentó la diferencia entre 0,1 y 3,7 puntos. El mayor descenso se dio en España (10 puntos), seguida de Estonia (8,6 puntos), Islandia (8,4 puntos) y Luxemburgo (7,6 puntos porcentuales).

James Mutisi, propietario de Jimwella Piggery, es uno de los beneficiarios de la formación Inicia y Mejora tu Negocio (IMESUN) de la OIT. Vive en Mutare, Zimbabwe. Octubre de 2024. FOTO: SHAUN CHITSIGA/ILO
Desigualdad salarial en España por CC. AA.
Con los datos de la Encuesta de Población Activa (INE, 2023), las Comunidades con mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco, donde el 43,9% de los asalariados ganó 2.548,2 euros mensuales o más, Navarra (39,5%) y Comunidad de Madrid (37,3%). En el otro extremo, las que tuvieron un mayor porcentaje de asalariados en sueldos bajos, por debajo de 1.534,7 euros, fueron Extremadura (42,9%), Región de Murcia (37,2%) y Canarias (36,6%). Las comunidades con mayor salario medio fueron País Vasco (2.624,3 €), Comunidad de Madrid (2.575,5 €) y Navarra (2.515,7 €). Los menores salarios medios se percibieron en Extremadura (1.915,9 €), Canarias (1.987,9 €) y Castilla–La Mancha (2.025,2 €).

PARA SABER MÁS

Global Wage Report 2024-2025.
International Labour Office, Ginebra

VER MÁS

Gender Equality Index 2024.
European Institute for Gender Equality.

VER MÁS

“La demagogia y el salario mínimo», por Casimiro García-Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos"

La demagogia y el salario mínimo

Las teorías sobre los salarios han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Se atribuye al abogado y político de tendencia socialista Ferdinand Lassalle (Breslau, Prusia, 1825; Carouge, Suiza, 1864) la teoría de la “ley de hierro de los salarios”. El resumen de su tesis es que los salarios tienden a igualarse con el nivel mínimo de subsistencia de los trabajadores. Cuando los salarios suben por encima de ese nivel mínimo, los trabajadores tienen más hijos y, como consecuencia, aumenta la competencia por el empleo y los salarios vuelven automáticamente a bajar hasta ese nivel en el que el obrero tenía para comer -mal- y poco más. El empresario era un explotador que sólo perseguía la plusvalía.

La realidad ahora es muy distinta. Pongamos un ejemplo. Una de las regiones donde se cobran salarios más altos es el País Vasco y, sin embargo, es una de las autonomías españolas con un índice más bajo de natalidad. En lugar de tener más hijos, a pesar de que la remuneración está bastante por encima del nivel de subsistencia, los vascos tienen menos hijos. La realidad ha hecho añicos la teoría de Lassalle. Ya no funciona, si es que alguna vez funcionó.

Los salarios tienen que ver con la productividad de la economía y, muy especialmente, con la educación. Las economías más productivas y las que tienen un nivel educativo más alto son las que retribuyen mejor a sus trabajadores.

La izquierda, sobre todo en España, está empeñada en la pelea nominal por la subida del salario mínimo (SMI), como si esa fuera la solución para sacar a los trabajadores de la pobreza. Josu Jon Imaz (CEO de Repsol) dijo hace unas semanas en el acto de entrega del premio al Empresario del Año de la revista Actualidad Económica: “Yo no quiero un país en el que el debate sea el del SMI o el de la ayuda social… Quiero un país en el que los jóvenes puedan aspirar a salarios muy superiores, un país con seguridad jurídica, regulatoria, social y fiscal”. Tiene razón.

El salario mínimo en España es, más que nada, una batalla política. Que, además, ha derivado en una batalla fiscal interna dentro del propio Gobierno. Están los que proponen que no tribute (Yolanda Díaz) y los que defienden que debe pagar IRPF (María Jesús Montero).

Los sindicatos han abanderado la batalla por la subida del SMI como si fuera una conquista social sin precedentes. Pero la tabla rasa siempre suele ir en contra de los más débiles. Pagar 1.184 euros en catorce pagas a un trabajador para una gran empresa con beneficios no le supone ningún esfuerzo. Es más, la inmensa mayoría de sus trabajadores suele estar por encima de ese baremo. Sin embargo, esos 1.184 euros (16.576 euros al año) para un pequeño negocio en una zona rural pueden ser la diferencia entre contratar o no contratar a un empleado. Desligar los salarios de la productividad, de la capacidad de una empresa para generar beneficios, es un error de libro. Dentro de un tiempo veremos el efecto de esta subida en los datos de empleo en las zonas más pobres y despobladas.

Leo el reportaje que acompaña a este comentario y me sorprende un dato: el segundo país con salario mínimo más alto del mundo -por detrás de Suiza- es Mauricio. ¡Mauricio! Un pequeño país situado en el índico que logró su independencia de Reino Unido en 1968 y cuya principal fuente de riqueza cuando era colonia británica era la caña de azúcar.

Pues bien, si la información es correcta, el salario mínimo de Mauricio está por encima de los 3.000 euros. Lo de Suiza lo entiendo. Pero ¿Mauricio?

Miro la información a través de Google. Y me sorprenden varias cosas. Es un país pequeño (1,2 millones de habitantes) en el que el 50% de su PIB se origina en el sector financiero. El tratamiento fiscal ventajoso ha atraído a más de 22.000 empresas extranjeras a Mauricio. En parte, le ha copiado el modelo a Suiza, pero en un entorno de playas paradisíacas. El impuesto máximo de sociedades es del 17%, mientras que el tipo máximo sobre la renta es del 25%. ¡Quién lo pillara! Pero lo que más me ha sorprendido es que Mauricio dedica el 13% de su PIB a gasto en educación.

Claro que no podemos trasplantar el modelo de Mauricio a España. Pero sí sacar algunas lecciones de lo que ha hecho este pequeño país. Bajar impuestos ha hecho que una economía esencialmente agrícola se haya convertido en una economía de servicios. El PIB per cápita ha subido desde la independencia hasta los 22.000 dólares al año y el presupuesto permite destinar una gran cantidad de dinero a educación.
Muchos jóvenes con un elevado nivel de estudios en España tienen que emigrar a otros países en busca de mejores salarios y oportunidades de promoción profesional. Eso sí que es un drama. Pero, mientras que esa sangría de talento se produce, los sindicatos y el gobierno celebran la gran conquista de haber situado el SMI por encima de los 1.100 euros.

La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos. No hay bienestar sin riqueza y la riqueza sólo se crea con empresas competitivas y empleados motivados y bien pagados. Lo contrario es engañar a la gente. Por eso, el debate sobre los salarios suele estar viciado de demagogia.

Talento en fuga