La situación provocada por la DANA ha sido devastadora, y no solo a nivel material; también personal. Las vidas perdidas, los proyectos personales paralizados, la pérdida de las viviendas, de los automóviles, la destrucción de las infraestructuras, todo esto se ha visto afectado, dejando un shock en las personas de la zona que tardará en curar. El cambio climático ocasiona que cada vez suframos más fenómenos extremos, lo que antes era extraordinario se está convirtiendo poco a poco en más habitual y nuestra obligación es estar preparados frente a las catástrofes. Para ello se necesitan cinco cosas: realizar una buena política de prevención del riesgo y respuesta a la emergencia; tener una buena planificación de protección civil; realizar una buena comunicación de la situación y de las medidas que tomar; educar a la población sobre cómo actuar frente al riesgo y la emergencia; y establecer mecanismos ágiles para la reconstrucción.

Una buena política de gestión del riesgo nos permite minimizar los daños que se pueden ocasionar. La previsión, la precaución y la prevención juegan aquí un papel muy relevante. El principio de previsión nos permite detectar el peligro; a través del principio de precaución intentamos que el peligro no nos afecte haciendo que nuestras actuaciones tiendan a evitarlo, y a través de la prevención reducimos las consecuencias negativas en el caso de que el peligro sea ineludible y derive en una situación de emergencia.

El análisis del riesgo es una herramienta de análisis político que basa sus decisiones sobre la información científica disponible. El análisis del riesgo lo podemos dividir en dos tareas centrales: la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. La evaluación del riesgo implica la identificación del mismo, su estimación y su valoración y se realiza por instancias científicas. Mientras que la gestión del riesgo conlleva el establecimiento de políticas con la finalidad de prohibir, regular o limitar el riesgo que ha sido evaluado con anterioridad. Esta parte del análisis del riesgo se realiza por instancias públicas o privadas, que se encargan de controlar, regular, limitar y evaluar todas las actividades que conllevan riesgos o peligros para la salud pública y el medio ambiente.

La comunicación del riesgo y de la emergencia es una cuestión fundamental para poder hacer frente a estas situaciones. La ley establece el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente acerca de los riesgos colectivos que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos; a recomendar conductas para prevenirlos, y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias. Esta información se tiene que producir en diferentes momentos; cuando se produce la emergencia, para que podamos saber que hacer frente a ella, pero también de manera preventiva, cuando solo existe un riesgo, para que los ciudadanos podamos actuar para minimizar el mismo.

Lo más importante de la comunicación del riesgo es que todas las personas somos responsables de nuestra protección y seguridad, por tanto, todos debemos colaborar para la reducción de los riesgos, pero para ello es necesario que los poderes públicos nos proporcionen información y que sepamos cómo tenemos que actuar. La percepción de los técnicos y de los gobernantes sobre el riesgo es importante, pero hay que partir del hecho de que la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, por lo que la gestión de esa percepción de vuelve también en un objetivo básico en las políticas de gestión del riesgo.

Después de las primeras actuaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y reestablecer los servicios públicos esenciales se abre un proceso de reconstrucción que puede ser largo y que tiene diversas fases: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.

En primer lugar, es necesario que se realice un diagnóstico sobre el impacto que el suceso ha tenido en la zona. Este diagnóstico se tiene que hacer a todos los niveles. Por un lado, el análisis del impacto económico, cómo ha afectado a las empresas y comercios de la zona y al empleo, cómo ha afectado en la agricultura y en los diferentes sectores. Por otro lado, el impacto en viviendas, enseres e infraestructuras; cuál ha sido el daño material de la catástrofe y finalmente el daño social. La DANA ha afectado, de una manera u otra, a todas las personas de la zona, pero especialmente a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, el que se hayan visto arrasadas plantas bajas y hayan quedado inutilizados los ascensores para acceder a plantas más altas ha afectado gravemente a las personas con movilidad reducida y a las personas mayores. También ha existido un impacto en la salud mental de las personas o en las redes asociativas que dinamizaban los diferentes pueblos. Paralelamente al establecimiento de este diagnóstico se van desarrollando líneas de ayudas para hacer frente a todas estas cuestiones.

En segundo lugar, es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil; estableciendo una hoja de ruta; marcando prioridades en la actuación, e intentando construir un territorio más resiliente, más sostenible y más cohesionado. En este momento la ciencia juega un papel fundamental para brindarnos soluciones innovadoras que nos permitan salir más reforzados de la catástrofe.

En medio de la devastación que dejó la DANA en Valencia, se hace evidente la necesidad urgente de transformar nuestro modo de actuar ante las emergencias. La catástrofe reveló que las estructuras tradicionales, que durante tanto tiempo han ignorado las necesidades de las personas con discapacidad, resultan insuficientes para garantizar la seguridad, la dignidad y la autonomía de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana, impulsando un cambio estructural que, basado en la participación activa y el reconocimiento de la diversidad, convierta la tragedia en un motor para la justicia social y la renovación de nuestros espacios.

Historia de María. María, una residente de Valencia con discapacidad visual, relata cómo la falta de alertas accesibles durante la DANA la dejó desorientada y en peligro. «No podía entender las instrucciones de evacuación porque no había alertas auditivas ni mensajes de texto», explica. Su experiencia subraya la urgencia de un plan inclusivo. La historia de María no es un caso aislado; muchas personas con discapacidad han enfrentado barreras similares durante esta emergencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de un cambio sistémico.

En este contexto, la DANA de Valencia no solo representa un episodio de desastre natural, sino también una oportunidad para derribar barreras históricas y construir una sociedad más resiliente, solidaria y humana. El CERMI CV, en su rol proactivo en la gestión política, ya ha elaborado un Plan de Emergencias Inclusivo para Personas Con Discapacidad, anticipándose a las necesidades y desafíos que enfrentan estos colectivos durante las crisis. Este plan no solo busca paliar los efectos inmediatos de una emergencia, sino también construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción.

Desde la emergencia se evidencia que las respuestas improvisadas y la falta de planificación inclusiva se traducen en consecuencias nefastas para aquellos que históricamente han sido relegados a un segundo plano. Es imprescindible que tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado unan esfuerzos para diseñar y ejecutar estrategias que contemplen cada necesidad particular. La experiencia vivida durante la DANA demuestra que, en ausencia de medidas adaptadas, la evacuación, el acceso a los servicios de emergencia y la comunicación, se convierten en retos insuperables, generando un escenario de caos que exacerba las desigualdades y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. Estas personas no deben ser vistas como meros receptores pasivos de asistencia, sino como actores fundamentales en la construcción de soluciones innovadoras y eficaces que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de prevención y solidaridad.

La planificación inclusiva implica, además, un cambio de paradigma que reconozca la diversidad como fortaleza y que desmantele las estructuras que históricamente han marginado a ciertos colectivos. Es necesario incorporar a las personas con discapacidad en todas las fases de la gestión de emergencias, desde la elaboración de protocolos y la formación de equipos de respuesta hasta la evaluación de las estrategias implementadas. Esto no solo garantiza que las medidas adoptadas respondan a sus necesidades específicas, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones con perspectivas valiosas que solo la experiencia vivida puede aportar. Esta integración permite transformar el miedo y la incertidumbre en resiliencia y capacidad de adaptación ante futuros desafíos.

ES FUNDAMENTAL COMPRENDER QUE LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA DEBE ENTENDERSE COMO UN PROCESO INTEGRAL QUE VA MÁS ALLÁ DE LA REPARACIÓN MATERIAL

Es fundamental que la reconstrucción post-DANA se conciba no solo como la reparación de daños materiales, sino como la oportunidad para rediseñar nuestros entornos de manera integral, apostando por infraestructuras accesibles y sistemas de comunicación adaptados, y promoviendo un modelo de urbanismo que priorice la inclusión y la seguridad de todos. Cada acción emprendida en el proceso de recuperación debe ser analizada desde la perspectiva de su impacto social, teniendo en cuenta que cada intervención puede marcar la diferencia entre la marginalización y la plena inclusión. En ese sentido, es indispensable que las políticas públicas se orienten hacia la construcción de un futuro en el que las emergencias sean gestionadas de forma preventiva y colaborativa; un futuro en el que la participación ciudadana y el diálogo constante se conviertan en los pilares de un sistema que proteja a los más vulnerables y que fomente el desarrollo de comunidades más fuertes y cohesionadas.

El compromiso del CERMI CV y de todos los actores implicados en la gestión de emergencias se revela como una llamada ineludible a la acción. Cada minuto cuenta y cada decisión tomada puede ser determinante para salvar vidas y preservar la dignidad de aquellos que han sido históricamente olvidados. Es necesario que las autoridades, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, asignen los recursos necesarios, implementen normativas claras y fomenten la capacitación especializada de modo que la respuesta ante futuras crisis se base en principios de justicia social, equidad y respeto a los derechos humanos. En este proceso, la inclusión debe convertirse en el eje central que guíe cada intervención, recordándonos que la verdadera fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad para proteger y empoderar a sus miembros más vulnerables.

Impacto de la Inclusión. La inclusión no es solo una cuestión de justicia social; también es un factor crucial para la resiliencia comunitaria. Comunidades que integran a todas las personas, independientemente de sus capacidades, son más fuertes y mejor preparadas para enfrentar desafíos. La diversidad de perspectivas y experiencias enriquece la planificación y ejecución de estrategias de emergencia, asegurando que se consideren todos los posibles escenarios y necesidades. Por ejemplo, la participación de personas con discapacidad en la planificación puede revelar barreras ocultas que, de otro modo, pasarían desapercibidas, como la falta de rampas en refugios o la necesidad de intérpretes de lengua de signos.

Por último, es fundamental comprender que la reconstrucción tras la DANA debe entenderse como un proceso integral que va más allá de la reparación material, abarcando la regeneración del tejido social, la restauración de la confianza en nuestras instituciones y la transformación de la adversidad en oportunidad para innovar y aprender. Esto exige repensar no solo la infraestructura física, sino también nuestras políticas y la forma en que interactuamos como sociedad, de modo que cada acción se convierta en un paso hacia un futuro donde la inclusión y la justicia social sean pilares de todas las intervenciones. En este camino, el compromiso de cada ciudadano es esencial para asegurar que las lecciones del desastre se traduzcan en cambios profundos y duraderos que beneficien a toda la comunidad, recordándonos que el progreso se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables y construir un mañana en el que nadie quede excluido.

Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.

La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.

En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.

Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.

Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.

Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.

El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.

En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.

El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.

En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.

Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.

Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.