No deja de sorprender que uno de los primeros proyectos de la construcción europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Roma, fuera la creación de lo que un día se llamó Comunidad Europea de Defensa. Corría el año 1952, y la misma Europa que dejaba atrás un continente devastado por la guerra, entendió casi desde el primer día —salvo Francia, que dos años después vetaría el acuerdo— que era necesario levantar una arquitectura propia de seguridad y de defensa, dos conceptos que necesariamente van unidos. Setenta y dos años después, la vieja Europa, ahora con 27 miembros, sigue dándole vueltas a la misma idea. No es ninguna novedad. Europa se ha acostumbrado a pasar por el diván después de cada crisis, y son legión.

Es cierto que la ampliación de la OTAN a nuevos territorios respecto de sus miembros fundacionales ha resuelto muchos de los problemas de defensa y seguridad en el flanco Este, pero hay pocas dudas de que no puede haber autonomía estratégica, el proyecto central de la Comisión Europea, sin una arquitectura propia en aras de lograr una posición común en el tablero geopolítico.

La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN? Lo que sabemos es que los límites los marca la llamada Política Común de Seguridad y Defensa, pero no deja de ser un desiderátum en la medida que cualquier avance en esa dirección, necesariamente, genera recelos en EE. UU., cuya política exterior no siempre coincide con los intereses europeos. Sin contar con que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Las sucesivas ampliaciones hacia el Este, de hecho, han metido en un problema a Europa que, quiera o no, debe intentar convivir con un vecino incómodo, como es Rusia. Otra cosa es que Moscú lo desee.

Y es por eso, precisamente, por lo que la aspiración a una cultura de seguridad y defensa propias —articulada en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común— no deja de tener algo de voluntarista. Entre otras razones, porque ambas zonas del Atlántico comparten, en lo general, una misma visión que las dos partes quieren proteger ante el avance de las autocracias y el pensamiento iliberal. Eso sí, con un evidente desequilibrio de fuerzas. En estos momentos, Europa dispone de apenas 3.500 militares y 2.000 civiles en operaciones de paz en el mundo; no parece mucho en un contexto de fuertes tensiones en determinadas áreas geográficas. Desde luego, a años luz del imponente despliegue de EE. UU. en el conjunto del planeta.

El caso de Ucrania, donde no ha habido fisuras relevantes en el seno de la OTAN tras más de dos años de guerra, es el más evidente. Tampoco hay divergencias en el otro teatro de operaciones actual, Oriente Medio, donde Europa juega un papel irrelevante. Esto es así porque lo que se ha llamado vínculo transatlántico es, de hecho, la pieza esencial de la política de seguridad y defensa, y así lo seguirá siendo hasta donde alcanza la vista a ver, por lo que habría que hablar más de un reforzamiento de la complementariedad entre EE.UU. y Europa, que del nacimiento de una verdadera autonomía estratégica. Entre otras razones porque una cosa es predicar y otra, como dice el refrán, dar trigo, y Europa, por razones presupuestarias, ahí están sus reglas fiscales, no está en condiciones de crear una arquitectura propia. Ni siquiera ha sabido o podido articular una posición común en el frente Sur, que atañe directamente a países como España, donde el terrorismo yihadista ha expulsado a Francia como el guardián de la región.

Cabe recordar, en este sentido, que fue el Tratado de Maastricht (en 1993) el que decidió avanzar en la integración europea a través de la economía, pero dejando en un segundo plano la defensa y la seguridad. Probablemente, porque, tras la caída del Muro, se pensó que las viejas tensiones de la guerra fría se habrían de disolver para siempre. No fue así y hoy, con décadas de retraso, Europa intenta recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que existen compromisos internacionales en el marco de la OTAN o que el Banco Europeo de Inversiones está ya en condiciones de ofrecer vías de financiación, pero en un contexto de envejecimiento hay pocas dudas de que lo prioritario para muchos gobiernos será el sostenimiento del Estado de bienestar, pese a las amenazas procedentes del frente oriental.

También es cierto que Europa, en aras de lograr una cierta autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a los Estados miembros a cooperar en la adquisición conjunta en la región de material de guerra (el 50% hasta 2030), pero, igualmente, los intereses de cada país con sus industrias nacionales son demasiado fuertes para pensar que esto pueda materializarse con la dimensión prevista. Y ello pese a que una colaboración más estrecha de las industrias nacionales de defensa generaría beneficios globales gracias al aprovechamiento de las economías de escala y así evitar las duplicidades en una actividad clave desde el punto de vista de la investigación tecnológica o de la ciberseguridad.

No es un asunto menor teniendo en cuenta que, según la Agencia Europea de Defensa, el gasto total de los Estados miembros superó en 2022 los 240.000 millones de euros, incluidos 58.100 millones de inversiones en defensa. Es una cifra mareante, pero probablemente reducida respecto de lo que gasta EE. UU., lo que aboca a Europa a seguir siendo subalterna de Washington. Basta recordar que la Agencia Europea de Defensa, creada hace dos décadas, cuenta con una plantilla de apenas 180 funcionarios. No parece mucho para enfrentarse a un mundo tan convulso.

Celebrando su reelección como un gol: con ese gesto de victoria y los puños en alto recibió la alemana Ursula von den Leyen la noticia de su reelección como presidenta de la Comisión Europea, el pasado julio en Estrasburgo. 401 de 720 eurodiputados votaron a favor de su plan de prosperidad para Europa, una apuesta por la continuidad en momentos de incertidumbre global… pero esta vez con un acento muy diferente en los ritmos y prioridades para los próximos cinco años.

Si la pasada fue la legislatura del Pacto Verde, esta será la legislatura del Pacto Industrial.

Los grandes objetivos de fondo son continuistas: Europa necesita terminar de costear la transición verde y digital de su tejido empresarial, hacerlo más competitivo, avanzar en su autonomía estratégica de terceros -lo que significa mucho más que lograr una verdadera política de defensa, que va desde lograr la independencia energética hasta acortar las cadenas de valor, la producción local de microchips y paracetamol o la protección de infraestructuras críticas de posibles ciberataques-. Debe la UE también en esta legislatura honrar los compromisos de ampliación al este, no sin antes completar las reformas institucionales necesarias que permitan que la futura UE ampliada se maneje en aguas navegables.

La clave, sin embargo, estará como siempre en los matices. En este caso, en el cambio de acento que los grupos políticos mayoritarios y proeuropeos han incluido en sus primeras intervenciones, y que la presidenta de la CE hizo suyos durante el discurso de candidatura a la investidura.

En su reelección al frente del ejecutivo comunitario, además del necesario apoyo de la mayoría de delegaciones conservadoras, socialistas y liberales, el voto del grupo de los Verdes fue clave para revalidar a Ursula von der Leyen. Ella se comprometió con los ecologistas a no dar marcha atrás en la agenda verde, aunque la abordará de manera más “pragmática”: presentará durante los primeros cien días un nuevo plan de “industria limpia” para impulsar empresas europeas y, a la vez, luchará para comprometer una reducción del 90% de las emisiones para el año 2040. La apuesta está en demostrar que la dicotomía entre industria o clima es un falso debate.

Espoleados por los efectos de la pandemia y de la inflación, los ciudadanos buscan soluciones urgentes a sus problemas sociales o económicos y en las últimas elecciones europeas muchos se han dejado seducir por partidos soberanistas de extrema derecha: Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría… España es, de hecho, el único país de los 5 grandes de la UE donde la ultraderecha antisistema o euroescéptica no ha quedado ni en primera ni en segunda posición en las urnas.

Sin negar esa realidad, es importante también destacar que los grupos políticos del centro constructivo en el Parlamento Europeo -conservadores, socialistas, liberales y verdes- siguen componiendo una mayoría amplia y han reeditado su intención de seguir avanzando juntos, pero son muy conscientes de que necesitarán dar mejores respuestas a un sector de la ciudadanía que se siente perdedora de la globalización desenfrenada. Agricultores, empresarios abrumados por una normativa verde y unos precios energéticos que no les permiten recuperar su ventaja competitiva, jóvenes que no pueden emanciparse y sienten que, a pesar de ser la generación mejor formada, vivirá peor que sus padres.

El principal cambio de paradigma en el pleno de julio fue el sentido de urgencia que se imprimió en cada discurso al objetivo de lograr una mayor competitividad con respecto a otros grandes gigantes comerciales como EE.UU. o China. Y en blindar una Europa más segura contra los ataques rusos o la inmigración ilegal, pero también más social (el “plan europeo de vivienda”, una nueva política que contará con fondos de cohesión y permitirá más ayudas de Estado, fue una clara demanda del grupo socialista a cambio de su apoyo a la candidata alemana).

¿Cómo afectará este nuevo ciclo a las relaciones comerciales con EE.UU.? En 2022 la administración de Joe Biden promulgó la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA) para apoyar con subsidios a los fabricantes norteamericanos que reúnan estándares medioambientales de producción. La IRA excluyó de su plan de estímulos a los países que carecen de un acuerdo de libre comercio con EE.UU., como Europa. La UE reaccionó preocupada por el impacto de la ley en sectores económicos clave como el del vehículo eléctrico, y para evitar que las nuevas exenciones fiscales atrajeran a empresas e inversiones europeas en EE.UU. en plena crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania. En marzo de 2023, la CE anunció su propio “plan industrial del pacto verde”. Otras disputas recientes han sido la negociación entre ambos lados del Atlántico para establecer un acuerdo sobre minerales críticos, todavía sin resolver, o los aranceles sobre varios productos verdes con los que EE.UU. quiere protegerse de la producción china y que la UE sufre como nueva guerra comercial.

¿Lograrán en esta nueva legislatura EE.UU. y la UE alinear sus enfoques discordantes hacia la descarbonización? La UE además ha adoptado importantes regulaciones en el sector de las nuevas tecnologías -ley de servicios y mercados digitales, ley de protección de datos, ley de inteligencia artificial- que afectan especialmente a las Big Tech estadounidenses. Teniendo en cuenta la próxima cita electoral en EE.UU. y la posible victoria de Donald Trump, la posibilidad de sufrir los efectos de nuevas políticas aislacionistas desde allí será un factor clave para la industria europea.

También hay que tener en cuenta, en momentos de grandes crisis geopolíticas, que nada une más que un enemigo común. Salvo, quizás, compartir un enemigo común (Rusia) y además un “rival sistémico” (China). Ambos países, Rusia y China, han sido el mejor pegamento transatlántico en los últimos años. “Las elecciones son las bisagras del destino”, vaticinó Von der Leyen en su discurso de candidatura. Vivimos momentos de cambios profundos en el proceso de globalización y en lo que llevamos de siglo varias crisis han sacudido el tablero de juego en las relaciones comerciales y diplomáticas de la UE. En este año macroelectoral, seguimos intentando anticipar de qué lado va cayendo cada ficha.

La digitalización es un fenómeno que ha invadido prácticamente todas las esferas de nuestra vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Desde la forma de trabajar, de desarrollar los estudios o los hábitos de compra, a la forma de relacionarnos a través de las redes sociales. El espacio virtual no sabe de fronteras y cada vez es más necesario que los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos y privados de forma segura, tanto en el ámbito nacional como internacional, gestionando la identidad bajo su propio control, pues es el ciudadano su único legítimo propietario.

La Unión Europea ha hecho un viaje que empezó en la década de los 90 con el objetivo de crear un Mercado Único Digital (con la aprobación de la Directiva 1999/93/CE el 13 de diciembre de 1999 por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica), para llegar a la última estación el pasado 11 de abril, con la aprobación el Reglamento 2024/1183 (eIDAS2) por el que se modifica el Reglamento eIDAS1 (910/2014) en lo que respecta al marco europeo de identidad digital, implementando el paradigma de self-sovereign identity (identidad autosoberana).

Este término, que fue acuñado por Cristopher Allen en 2016, en su artículo The Path to Self-Sovereign Identity (El camino hacia la identidad auto-soberana), deja claro que esta identidad consiste en hacer públicos y accesibles algunos aspectos de la persona, de manera que el ciudadano pueda controlar cuándo mostrarla, actualizarla e incluso esconderla.

Europa inicia el camino en los años 90, cuando decidió impulsar el Mercado Único Digital en el ámbito territorial europeo. En 1997, la Comisión emitió una comunicación donde subrayaba la importancia del comercio electrónico y la necesidad de un marco común regulatorio. Posteriormente, en 1999, otra comunicación se enfocaba en asegurar la seguridad y confianza en las comunicaciones electrónicas.

El 13 de diciembre de 1999 se aprobó la Directiva 1999/93/CE por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica. Se fijaron las bases para la interoperabilidad de las firmas electrónicas y se intentó eliminar barreras nacionales a su uso, fomentando la confianza en las transacciones electrónicas en la UE. Por tanto, la vocación en todo momento de la interoperabilidad y la definición de ese marco común pretendían impulsar el Mercado Único Digital, quedando muy lejos de vislumbrar ese concepto de la identidad autosoberana, pues en aquel momento era difícil imaginar que la intensidad de lo digital llegaría a las cotas actuales.

La Directiva 1999/93/CE implicaba que los distintos países realizarían la transposición en su legislación interna. El resultado no fue el pretendido, ya que cada Estado miembro interpretó la Directiva, incorporando algunas restricciones e impidiendo la interoperabilidad y generando un escenario fragmentado.

Sin embargo, la Comisión Europea mantenía el objetivo de la creación de un eficaz Mercado Único Digital. En la comunicación de 19 de mayo de 2010, Una Agenda Digital para Europa, se lamentaba de que internet no tuviera fronteras, pero los mercados en línea en la UE siguieran separados por múltiples barreras, señalando que no podía mantenerse esta situación.

El siguiente gran paso a la consolidación de ese Mercado Único Digital se dio con la aprobación el 23 de julio de 2014 del Reglamento 910/2014 (eIDAS1) relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y con la derogación de la Directiva 1999/93/CE. Entró en vigor en 2016, con la ventaja de que fue de aplicación directa para los Estados miembros, sin que precisara de transposición a la legislación interna.

El Reglamento eIDAS1 definió un catálogo de servicios de confianza, entendidos como servicios que gozan de la presunción de veracidad cuando son prestados por un prestador cualificado, y supuso un importante avance en la consolidación de ese Mercado Único Digital. Al incorporar la identificación electrónica (eID) permite a consumidores y empresas probar electrónicamente que son quienes dicen ser y así obtener acceso a servicios o realizar transacciones comerciales en línea.

No obstante, la Comisión Europea, en su comunicación de 19 de febrero de 2020, Configurar el futuro digital de Europa, enfatizó en la necesidad de contar con “una sociedad europea potenciada por soluciones digitales que estén firmemente arraigadas en nuestros valores comunes”. Aseverando que “esa sociedad digital debe ser totalmente inclusiva, equitativa y accesible para todos”. En el mismo documento se puso de manifiesto la importancia de que los propios ciudadanos pudieran controlar su identidad en línea cuando fuera necesaria la autenticación para acceder a determinados servicios digitales.

En base a esa línea argumental, el 11 de abril de 2024 se aprobó el Reglamento 2024/1183 (eIDAS2), por el que se modifica el Reglamento eIDAS1 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital.

Se incorpora un nuevo modelo de gestión de identidad basado en el concepto de cartera (wallet) digital. Dicho modelo se basa en el paradigma del self-sovereign identity, que consiste en un modelo descentralizado en el que la gestión de la identidad está exclusivamente bajo el control de su legítimo propietario, a diferencia de los modelos centralizados a los que estamos acostumbrados.

El wallet o cartera digital no es más que el equivalente electrónico de la cartera física que el ciudadano lleva de forma habitual, y lo que se conoce como atributos correspondería a las tarjetas o documentos que contiene la cartera.
El reglamento establece que los atributos proporcionados por los prestadores cualificados de servicios de confianza como parte de la declaración deben ser cotejados con fuentes auténticas.

Es evidente que este nuevo marco legislativo unido al rol del notario como fuente auténtica en virtud de su condición de fedatario público, le otorga un papel esencial en un eficaz despliegue de la cartera digital y, por tanto, en el impulso de la identidad auto-soberana.

El carácter de prestador cualificado de servicios de confianza del Centro Tecnológico del Notariado permitirá a su vez la emisión de declaraciones de atributos electrónicos por parte de los notarios. En este sentido, desde el Centro se está desarrollando un prototipo de cartera electrónica notarial que permitirá, en primera instancia, la emisión y almacenamiento de una declaración de atributo por parte del Consejo General del Notariado a los notarios acreditando su condición, y posteriormente, la emisión de una credencial de identidad para algún actor externo, tal como algún colegio profesional.

Desde el Centro Tecnológico estamos convencidos de la relevancia de ese cambio de paradigma y trabajaremos para adecuarnos a la cartera digital y para que el Notariado tenga un rol esencial en la autenticación de los atributos, que son la pieza clave en la Identidad Digital Europea.