Justicia para la paz

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JUSTICIA PARA LA PAZ

En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Manuel Seda, Héctor Gómez, Digna Isabel Durán, Joseph Weiler, Enrique Gil Botero, José Ramón Antón, Diego García- Sayán y el Padre Javier.

Ante miembros del cuerpo diplomático de cuatro continentes -África, Asia, América y Europa- en el acto se apostó por una justicia transicional imperfecta frente a una guerra perfecta; se reafirmó el papel de América Latina como inventora de las Comisiones de la Verdad, y se subrayó la necesidad de una auténtica justicia de reparación hacia las víctimas.

La sesión comenzó con el testimonio de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que la transición de la justicia no es una fórmula matemática, sino un mecanismo valioso que ofrece herramientas fundamentales para abordar violaciones graves de los derechos humanos que resultan de los conflictos armados. “Los cuatro pilares que sostienen este enfoque -la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición- constituyen el fundamento en torno al que hemos construido los procesos de paz sostenibles, como en el caso que vivimos en Colombia en 2016”, aseguró.

 

LA JUSTICIA TRANSICIONAL NO ES UNA FÓRMULA EXACTA, SINO UN MECANISMO VALIOSO

 

Forjar la paz
La ponencia principal corrió a cargo del profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó que en la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para alcanzar una paz duradera, y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional lo son.

Weiler señaló que las peores guerras de la historia fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con la vida de millones de personas. La primera finalizó con el acuerdo de Versalles que, según el profesor, “buscó someter al enemigo para que nunca más pudiera ser una amenaza. No se siguieron los principios que se han plasmado en esta obra, por lo que se convirtió en una garantía de que la guerra se repetiría”.

Sin embargo, para el profesor, Weiler, tras la Segunda Guerra Mundial sucedió lo contrario: “Con el Plan de Schuman y el Tratado de París, el objetivo fue dar al enemigo un ´gran abrazo´ para crear una estructura de convivencia. Estos acuerdos trajeron consigo el periodo de paz más largo en Europa occidental, desde 1952 a la actualidad”. “No es sorprendente que, después, la UE recibiera el Premio Nobel de la Paz. Es como si hubieran podido leer esta obra tan importante para alcanzar un periodo de paz tan prometedor”, añadió Weiler.

 

LA LABOR NOTARIAL TRATA DE CONSTRUIR LA PAZ EN EL DÍA A DÍA CREANDO RELACIONES JURÍDICAS DE LAS QUE SE DERIVE CONFIANZA

 

Espacio para la reflexión
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Jorge P. López, patrono de Fundación Notariado, y en la que participaron el exministro de Justicia y Asuntos Exteriores de Perú, Diego García-Sayán; Alfonso Cavallé, delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias; el Padre Javier Prades, miembro de la Comisión Teológica Internacional (Santa Sede); y la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán.

Al acto asistieron también en representación del Notariado español, su vicepresidente, Manuel Seda (decano del Colegio Notarial de Andalucía), y los decanos de los colegios notariales José María Graíño (Galicia), Ignacio Ferrer (Extremadura), Carmen Rodríguez Pérez (Murcia), Marcos Prieto (La Rioja) y José Carmelo Llopis (Valencia).

Construir la paz

El coloquio abordó la justicia transicional como vía para la construcción de la paz en América Latina. Diego García-Sayán abrió destacando la creación de Comisiones de la Verdad en países como Argentina, Chile y Colombia como señales positivas, pese a las dificultades de la región. Por su parte, Alfonso Cavallé subrayó el papel del Notariado en la justicia preventiva, al fomentar relaciones jurídicas basadas en la confianza y el derecho a la verdad, elementos que previenen conflictos.

El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.

Digna Isabel Durán destacó que la reparación a las víctimas debe partir de ellas mismas, desde su experiencia y voz, rechazando modelos protocolarios impuestos desde el Estado. Finalmente, Enrique Gil Botero, secretario general de COMJIB, cerró el acto reflexionando sobre el origen del libro que motivó el encuentro, nacido de la preocupación por un mundo marcado por conflictos y guerras. Señaló que la justicia transicional representa una esperanza frente al caos global y una vía ética para la paz y la convivencia. Reivindicó además que “es mejor una justicia imperfecta que una guerra perfecta”.

Imagen de la sala durante el evento. FOTOGRAFÍA DE MERCEDES LAVIÑA
Pasado, presente y futuro
de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial ha sido promovida conjuntamente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Consejo General del Notariado y Fundación Notariado. En él participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

MÁS INFORMACIÓN

“De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?», por Esther Paniagua

ÁMBITO EUROPEO

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

“La UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste"

De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Magdalena Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

«Bueno para China, bueno para Europa»

El poder de las ‘tierras raras’

ALDEA GLOBAL

El poder de las ‘tierras raras’

Los expertos en química sonríen condescendientemente cuando los que no lo somos hablamos de ‘tierras raras’. “Bueno -dicen-, no son tierras, tal y como ahora las entendemos, y tampoco son tan raras”. La explicación corta es que son óxidos de distintos minerales y que, antiguamente, a estos compuestos se les llamaba tierras. Y tampoco es que todos sean tan ‘raros’, en el sentido de escasos. Pero las dificultades para su extracción y procesado y su altísimo interés económico y estratégico explican algunos movimientos de alta política.
MELCHOR DEL VALLE
Para separar los elementos se usan productos químicos que sueltan sustancias tóxicas y contaminan.

Cuando decimos que los minerales presentes en las ‘tierras raras’ no son escasos, queremos indicar que algunos son tan abundantes como el mismísimo cobre y bastante más que el oro o la plata. La rareza, por llamarlo así, es que no están presentes por sí mismos en la naturaleza, porque se encuentran unidos a otros minerales. Lo que no es raro, por añadir algo más de contexto, es que estemos ante una discutible traducción de un término inglés: rare earths.

 

LA DEMANDA DE LOS MINERALES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS TIERRAS RARAS SE DUPLICARÁ CON CRECES PARA 2030 Y SE TRIPLICARÁ PARA 2040, SEGÚN LA AIE

 

Recién llegados

La humanidad no tuvo conocimiento de esos minerales hasta finales del siglo XVIII. En los años siguientes fuimos aprendiendo a extraer cada uno de los elementos que componen el conjunto que hemos acabado denominando ‘tierras raras’ y tuvo que terminar la II Guerra Mundial para que empezásemos a encontrar aplicaciones. Ahora los usamos en cosas tan cotidianas como los billetes de euro, para que no sea fácil falsificarlos; tan imprescindibles como los equipos de resonancia magnética; o tan temibles como el guiado de los misiles de crucero. Nuestros móviles, ordenadores, vehículos híbridos y eléctricos, muchos electrodomésticos… En efecto: todo lo que lleve el apellido ‘tecnología’ depende de alguno de esos diecisiete elementos.

Puede decirse que su existencia nos ayuda en nuestro día a día, pero no todo son virtudes. Su obtención es costosa y contaminante. Por un lado, los depósitos no son muy grandes y suelen estar dispersos, lo que encarece su extracción; por otro, para separar los elementos se usan ácidos y otros productos químicos que sueltan sustancias tóxicas con gran capacidad de contaminar los suelos y, por ende, las aguas subterráneas. Evitarlo con un correcto tratamiento supone un plus de encarecimiento. Y esto, sin tener en cuenta que algunos de estos minerales, tras el proceso de obtención, dejan en el medio ambiente residuos radiactivos.

 

Impacto económico

Según la plataforma Data Bridge Market Research (DBMR), que utiliza una red neuronal para analizar e integrar datos macro y micro, el tamaño del mercado de tierras raras en 2024 fue de 7.325 millones de euros, aunque hay algunas otras fuentes que lo sitúan hasta cerca de los 10.800 millones de euros. Por comparar, la cifra inferior supone 4,6 veces el PIB español del mismo año. En la proyección de DBMR a 2032, se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, será del 11,15% y que el tamaño del mercado superará los 17.000 millones de euros. El volumen de producción mundial de tierras raras en 2024 fue algo superior a las 390 kilotoneladas, de las que el 69,2% se obtuvieron en China.

El país asiático tiene casi el monopolio de producción minera, pero va más allá, porque procesa cerca del 90% de esos minerales críticos y dispone, además, de las mayores reservas, estimadas en 44 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Vietnam, Brasil, Rusia e India, con 22, 21, 10 y 9,6 con millones de toneladas, respectivamente, lideran con China la relación de países con mayor volumen de reservas económicas probadas, que así se denominan. Ya sabemos ahora por qué Deng Xiaoping, en 1992, y en plena competencia mundial por el ‘oro negro’, ya lo tenía claro: “Los países de Oriente Medio tienen el petróleo; nosotros tenemos las tierras raras”.

Las tierras raras se incluyen en el grupo de los llamados ‘minerales críticos’, que son imprescindibles para casi todo lo que nos rodea en este primer cuarto del siglo XXI y cuya hegemonía no ha hecho más que empezar. Suele suceder, para desesperación de quienes desean analizar datos individuales, que están muy mezclados los aspectos económicos y diferenciar entre los críticos que no son tierras raras y estas suele ser complicado. Por centrar el comentario, recordemos que los minerales críticos, también llamados ‘estratégicos’, se definen en cada área geográfica según sus intereses. Por ejemplo, la lista de ellos en Estados Unidos es de 50 elementos mientras que en la Unión Europea es de 32. Lo coincidente es que en todas esas relaciones siempre figuran las tierras raras.

Pero es verdad que, de momento, hay minerales de este grupo que tienen una demanda tan alta, que eclipsan casi todo lo demás. Es el caso del cobre, sin el cual no podríamos transportar la energía eléctrica, cuya demanda en 2024 fue de 26.174 kilotoneladas (Kt), o del litio, imprescindible para las baterías, cuya demanda en 2024 fue de 205 Kt, frente a las 91 Kt de las tierras raras, según datos de la Agencia Internacional de la Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025. Hablamos, en todo caso, de minerales esenciales para las que entendemos como ‘energías limpias’, cuya demanda “se duplicaría con creces para 2030 y se triplicaría para 2040, alcanzando casi 35 millones de toneladas (Mt) anuales”, como explica el citado informe.

 

DENG XIAOPING EN 1992: “LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO TIENEN EL PETRÓLEO, NOSOTROS TENEMOS LAS TIERRAS RARAS”

 

Geopolítica

Vueltos a las tierras raras, cuyo consumo actual es el doble que hace veinte años, y su previsible creciente importancia, nos quedamos antes en ese absoluto dominio del mercado por parte de China. EE. UU. no ve con buenos ojos la situación, faltaría más, y trata de encontrar recursos y soluciones para no ser tan dependiente del país asiático. Se puede entender así su interés por negociar con Ucrania la concesión de derechos mineros de ‘tierras raras’ a cambio de paz, en una complicada ‘partida de ajedrez’ con Rusia, dado que muchos de los terrenos explotables están en los territorios ucranianos ocupados tras la invasión. O el interés por Groenlandia, que ya intentó comprar en 2019, y sus enormes reservas.

Pero China va ganando la partida y no solo por los descubrimientos en el país de nuevos yacimientos. Entre sus inversiones mineras fuera de su territorio está el proyecto Kvanefjeld, precisamente en Groenlandia, en asociación con una empresa de Australia, país este último que también puede presumir de abundantes reservas. Es más: la única mina de tierras raras en activo de EE. UU., Mountain Pass, en California, que hoy es una sombra de lo que fueron sus expectativas hasta los años ochenta del pasado siglo, exporta la mayoría de su producción a China para su refinado con el fin de abaratar costes. Y es verdad que los americanos han hecho algún movimiento en el último lustro, como el acuerdo de instalar en tierras australianas una planta de procesamiento, poca cosa en el contexto internacional.

 

LA UNIÓN EUROPEA QUIERE SER AUTOSUFICIENTE CON EL PLAN PRESENTADO EN 2020, LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE SUECIA Y LAS NEGOCIACIONES CON KAZAJISTÁN

 

Los BRICS+ y la UE

Países como Rusia, Brasil o India, asociados con China en el grupo de carácter político y económico internacional de países emergentes, y alternativa al G7 occidental, cuentan con enormes reservas de tierras raras y, al menos por el momento, no parecen muy preocupados por seguir dependiendo de las pautas marcadas por lo chinos. La situación, para la Unión Europea, es diametralmente opuesta porque quiere ser autosuficiente o eso pretende con el plan presentado en 2020. No parece misión fácil si se tiene en cuenta que los europeos importamos el 98% de las tierras raras que utilizamos.

Una línea de trabajo para recudir esa dependencia es el reciclado, que de momento no es solución viable por los altos costes para recuperar los metales. Quizás tengamos un respiro con el descubrimiento en 2023 de un gran yacimiento de tierras raras en Suecia, de momento el mayor de Europa. Y veremos qué pasa con Kazajistán, que, en abril de 2025, justo después de la Primera Cumbre UE-Asia Central, anunció el descubrimiento de su mayor depósito de tierras raras, estimado en unos 20 millones de toneladas. La república ex soviética es proclive a Europa y ha implementado un Plan de Acción Individual de Asociación con la OTAN, pero es fronteriza con Rusia y China, también con Turquía. Entre estos tres países y EE.UU., seguro que les están saliendo muchos ‘novios’ a los kazajos.

Los diecisiete magníficos

El grupo de ‘tierras raras’ está compuesto por catorce lantánidos, y tres metales de transición, aunque uno de ellos, el lutecio, se incluye en ocasiones entre los lantánidos por tener un número atómico similar a estos. Estos son sus símbolos, números atómicos y nombres:

PARA SABER MÁS

Rare Earths. Seeking West‘s Strategic Responses to China‘s Dominance.
Raigirdas Boruta. Geopolitics and Security Studes Center, Lituania (2025).

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Mapa de los impactos y los conflictos de las tierras raras.
Retos para una transición verde y digital.
Mariana Walter, Clàudia Custodio, John Feffer y Volahery Andriamanantenasoa.
ODG, Atlas de Justicia Ambiental, Institute for Policy Studies y CRAAD-O (2023).

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Minerales críticos: datos básicos.
Murtiani Hendriwardani e Isabelle Ramdoo.
The International Institute for Sustainable Development, Canadá (2022).

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«El potencial de las tierras raras en España», por José Luis Leandro Rodríguez

ALDEA GLOBAL
JOSÉ LUIS LEANDRO RODRÍGUEZ,

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía

“El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras”

El potencial de las tierras raras en España

Vivimos un momento de inflexión global en el que el acceso seguro, sostenible y autónomo a materias primas críticas se ha convertido en un asunto prioritario para la Unión Europea. Entre estos recursos, las tierras raras destacan por su valor tecnológico, estratégico y económico. España, como país con tradición minera, conocimiento técnico consolidado y potencial geológico por explorar, debe asumir el reto de posicionarse como proveedor europeo de estos recursos, bajo un modelo responsable y tecnológicamente avanzado. Desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, consideramos que esta oportunidad debe abordarse con seriedad, visión de futuro y consenso social.

Las tierras raras son elementos fundamentales en el desarrollo de tecnologías limpias y digitales. Pese a su abundancia relativa en la corteza terrestre, su aprovechamiento económico presenta retos geológicos, tecnológicos, ambientales y sociales. El término tierras raras alude a un grupo de diecisiete elementos químicos, incluidos los quince denominados lantánidos, que incluyen entre otros, neodimio, terbio, praseodimio, además del escandio e itrio. Aunque su denominación pueda inducir a error, no son particularmente escasos, lo que resulta infrecuente es encontrarlos en concentraciones suficientemente elevadas como para permitir una explotación económicamente viable.

Es esencial distinguir entre tierras raras y minerales críticos o estratégicos. Este último concepto abarca todos aquellos minerales indispensables para sectores clave (energía, defensa, electrónica) cuyo abastecimiento presenta un riesgo significativo. En este grupo se incluyen elementos como el litio, el cobalto, el níquel o el cobre. Por tanto, todas las tierras raras pueden considerarse minerales críticos o estratégicos, pero no todos los minerales críticos son tierras raras.

El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras. Se estima que su consumo se incrementará de manera exponencial en las próximas décadas, impulsado por la expansión de los vehículos eléctricos, turbinas eólicas, redes eléctricas inteligentes y dispositivos electrónicos avanzados.

En la actualidad Asia y particularmente China concentran la mayor parte de la producción mundial, lo que ha generado una dependencia que preocupa a la Unión Europea y a otras economías avanzadas. Esta situación ha motivado la búsqueda de alternativas que garanticen el suministro a largo plazo, incluyendo la reactivación de minas, la exploración e investigación de nuevos yacimientos y el desarrollo de tecnologías de reciclaje.

España cuenta con un potencial geológico relevante en cuanto a tierras raras, especialmente asociado a depósitos de monacita, bastnasita y otros minerales portadores. Entre los proyectos más significativos destacan: Matamulas en Castilla-La Mancha, yacimiento con una acumulación relevante de monacita, que el gobierno autonómico rechazó en su día la tramitación del proyecto por el elevado consumo de agua y el supuesto impacto sobre algunas especies protegidas. Monte Galiñeiro en Galicia, donde la iniciativa fue también desestimada en principio por la oposición social y el posible riesgo ambiental. Por otro lado, en Extremadura, Andalucía y Canarias, diversas investigaciones, apuntan a la existencia de yacimientos importantes. Sin embargo, se localizan en zonas de cierto valor ambiental o turístico, lo que complicará su aprovechamiento.

El aprovechamiento de yacimientos de tierras raras en España debe afrontar diversos desafíos interrelacionados. Por una parte, ambientales ya que esta minería genera residuos y una gestión deficiente puede comprometer ecosistemas frágiles. Es indispensable por ello, la aplicación de tecnologías limpias, sistemas de tratamiento adecuados y estrictos controles. El segundo desafío es el social, en muchos casos, las comunidades locales muestran reticencias ante la apertura de explotaciones mineras debido al temor por los impactos sobre el modelo económico local, basado en la agricultura, el turismo o la conservación. Este fenómeno, refleja una contradicción estructural, ya que la sociedad demanda más tecnología, pero rechaza su explotación. El tercer desafío es el económico; la extracción y el procesamiento de tierras raras requieren inversiones intensivas y tecnologías específicas. Además, los costes laborales y ambientales más estrictos en Europa reducen la competitividad frente a países con regulaciones menos exigentes.

Como Estado miembro de la UE, España está en disposición de convertirse en un actor clave dentro de la estrategia europea para materias primas críticas. Pero para ello es necesario, en primer lugar, establecer marcos regulatorios estables y exigentes, que proporcionen seguridad jurídica y garanticen la sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, impulsar la investigación geológica y metalúrgica, incluyendo tecnologías de extracción con bajo impacto y sistemas de economía circular, como el reciclaje de dispositivos electrónicos. Por otra parte, desarrollar mecanismos de participación social que integren a las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, fomentando modelos de gobernanza compartida y, por último, promover la formación de profesionales especializados en geología, minería responsable, gestión ambiental y economía de recursos estratégicos. Aprovechar este potencial requiere una visión a largo plazo, basada en el equilibrio entre desarrollo económico y cohesión social. Solo así será posible construir un modelo minero moderno, transparente y alineado con los valores de sostenibilidad que exige el siglo XXI.

Desde el Consejo de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía hacemos una llamada a las Administraciones, al tejido empresarial y a la sociedad en general, para construir juntos un futuro donde los recursos minerales no sean una amenaza, sino una herramienta al servicio del desarrollo de nuestro país.

«Los condicionantes de la cuarta revolución industrial»

Nuevas formas de convivencia

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NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA

La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales.
JAIME PÉREZ DE MIGUEL

Los llamados pactos asistenciales son contratos de ayuda mutua que pretenden dar una respuesta económica y asistencial a los retos y problemas asociados a las nuevas realidades vitales y a los cambios demográficos y sociológicos. En este sentido, la evolución del mercado de la vivienda, los nuevos modelos de convivencia, el envejecimiento de la población y la creciente soledad no deseada están reclamando nuevas respuestas desde el Derecho.

De izquierda a derecha: Jorge Prades (Patrono de la Fundación Notariado); Concepción Pilar Barrio Del Olmo (presidenta del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado); José Ángel Martínez Sanchiz (expresidente del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado); Alicia Calaza (notaria de A Estrada, Pontevedra); Albert Domingo (notario de Vilassar de Mar, Barcelona), e Ignacio Gomá (director general de Fundación Notariado).

DESDE EL NOTARIADO SE DEFIENDE LA NECESIDAD DE FORMALIZAR ESTOS ACUERDOS EN ESCRITURA PÚBLICA Y DOTARLOS DE UN MARCO LEGAL QUE FIJE DERECHOS Y OBLIGACIONES

 

El Notariado ha dado un paso al frente promoviendo soluciones y reclamando reformas legales e incentivos fiscales para impulsar este tipo de pactos. Un proyecto que dio el pistoletazo de salida con la jornada Desafíos jurídicos ante las nuevas realidades asistenciales y acuerdos de ayuda mutua, organizada por la Fundación Notariado, y que ha tenido continuidad en los últimos meses a través de diversas iniciativas, como el primer encuentro de los Desayunos notariales promovidos por el Colegio Notarial de Madrid.

De izquierda a derecha: Concepción Pilar Barrio Del Olmo y María José Segarra (Fiscal de la unidad coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores).

Promover soluciones. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Colegio Notarial de Madrid, subrayó durante estos encuentros la responsabilidad de los notarios como garantes de seguridad jurídica en estos nuevos entornos: “El Notariado está en una posición idónea para asumir un papel destacado en la respuesta a problemas como el desamparo, la soledad o la falta de vivienda”.

Durante ambas jornadas se abordaron figuras como el contrato de alimentos vitalicio, el acogimiento familiar y los pactos convivenciales de ayuda mutua, acuerdos aún poco conocidos, pero con gran potencial social. Estas fórmulas permiten organizar, de forma privada y flexible, relaciones de convivencia y asistencia entre personas mayores, jóvenes o familias vulnerables.

Desde el Notariado se defiende la necesidad de formalizar estos acuerdos en escritura pública; dotarlos de un marco legal que fije derechos y obligaciones, e incentivar su uso mediante mejoras fiscales y una regulación adaptada en el Código Civil.

IV Edición de los Premios ‘Cerca de los que están cerca’

La Fundación Aequitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, han convocado una nueva edición de los Premios Cerca de los que están cerca. Unos galardones que reconocen a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores. En sus tres años de existencia ya han congregado a más de 70 organizaciones, de las cuales siete han resultado premiadas.

Los ganadores de las tres primeras ediciones de los premios.

Los premios han recaído en proyectos desarrollados en la España rural, como Langa Dinámica, con el que la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria y su asociación de mayores San Miguel de Langa de Duero resultaron ganadores en la I Edición. También en iniciativas que se apoyan en las nuevas tecnologías, como Beyond the GuardiansShip, con la que la Fundación TU i NOS resultó ganadora en la categoría ‘Mayores con discapacidad’ en la II Edición. Igualmente han resultado premiados proyectos dirigidos a personas mayores que padecen una discapacidad psicosocial, como Egunon Etxea: La casa de los buenos días, con el que fue galardonada Cáritas Diocesana de Bilbao en la última edición.

Desde 2024, estos galardones se complementan con un Premio Honorífico (sin cuantía económica) otorgado a sendas instituciones de reconocida trayectoria en ambos ámbitos -mayores y mayores con discapacidad- gracias al impacto logrado por su actividad. Los ganadores son elegidos de entre las candidaturas que se hayan presentado tanto con un proyecto concreto o solamente al galardón honorífico. El jurado puede igualmente elegir por unanimidad a una institución externa de probada trayectoria, aunque no haya concurrido.

ALICIA CALAZA,
notaria

“Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada”

La protección de la parte más débil

El contrato de alimentos está llamado a dar respuesta a las necesidades de un amplio sector poblacional: los menores con algún tipo discapacidad cuyos progenitores planifican su cuidado para cuando ellos ya no puedan hacerlo personalmente y, los mayores que carecen de una red de apoyo familiar, y aspiran a vivir en compañía, participar e integrarse en un hogar, recibir afecto, sorteando una soledad no deseada.

Se avecina la jubilación de los baby boomers y, ante la inseguridad del modelo público de pensiones, emerge con gran preocupación la falta de liquidez de los recursos disponibles para afrontar esa ansiada fase vital. Los españoles, a diferencia de los países nórdicos, hemos destinado buena parte del ahorro a la compra de vivienda. En un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral, elevado coste de la vida y correlativa imposibilidad de ahorro familiar, así como un parque de viviendas con un valor inalcanzable para buena parte de la población, la convivencia parece una solución provechosa para todos los implicados. Para el alimentista, la reiteración de hábitos es beneficiosa para su salud física y emocional, se encuentra protegido en su domicilio habitual. Por su parte, se facilita el acceso a la propiedad de los alimentantes.

Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad se impone una particular diligencia, para apreciar sus inquietudes y preocupaciones, informar de modo claro y detallado acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, las obligaciones asumidas, las garantías legales y aquellas otras convencionales para defender su posición jurídica.

“El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea”, por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“Todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación"

El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

«La incierta autonomía estratégica de Europa»

Guerra arancelaria: historia y enseñanzas

ALDEA GLOBAL

GUERRA ARANCELARIA: HISTORIA Y ENSEÑANZAS

La historia nos ha demostrado, en más de una ocasión, que nunca ha sido buena idea repetir acciones cuyas consecuencias fueron fracasos y menos en materia macroeconómica. La tentación puede ser pensar que las circunstancias en que se llevaron a cabo aquellos movimientos con final caótico son distintas de las que nos rodean años más tarde. Esto, en el mejor de los casos, porque en el peor, personalismos, egocentrismos e ideologías un tanto obtusas acaban nublando las mentes de los tomadores de decisiones, hasta el punto de no dejarles ver el pasado; el suyo propio, incluso.
MELCHOR DEL VALLE
El actual caos económico en el mundo (ilustración generada por IA).

HEMOS PEDIDO A DOS PROGRAMAS DE IA GENERATIVA QUE ILUSTREN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS GLOBALES EN LA ACTUALIDAD. LOS RESULTADOS NO PUEDEN SER MÁS DESALENTADORES

Hay quien mantiene que nuestra civilización no habría tenido lugar si no hubiese mediado el comercio o, si se prefiere, el intercambio de unas mercancías por otras, primero, y el de productos por monedas, después. A partir del neolítico, al menos, el necesario desplazamiento de los primeros vendedores hacia los territorios de sus clientes, o de los compradores hacia los de sus proveedores, fue también el vehículo de intercambio de técnicas, descubrimientos, actitudes sociales… y seguramente también de momentos de reposo compartiendo genes, lo cual fue más que imprescindible para evitar los inconvenientes de la endogamia. Poco a poco, con camellos, a caballo o en barcos, las grandes rutas de comercio internacional se instalaron en nuestras vidas. Y así viene siendo con más sobresaltos que alegrías, porque las políticas de los Estados en ese terreno han transitado del liberalismo al proteccionismo y viceversa; y ambas corrientes han dejado sus enseñanzas.

 

EN 1930 SE PROMULGÓ LA LEY ARANCELARIA SMOOT-HAWLEY QUE AFECTÓ A MÁS DE 20.000 PRODUCTOS CON UNA MEDIA DEL 40% DE TASAS

 

La Belle Époque. Podemos tomar como referencia, por no ir más lejos, la segunda revolución industrial, cuyo inicio se fecha, aproximadamente, en 1870 y termina en 1914. Aquellos fueron los tiempos del ‘patrón oro’, como solución al cambio de divisas, de nuevas fuentes de energía (gas, electricidad), de modernos materiales (acero), de métodos de transporte novedosos (automóvil, avión, ferrocarril con máquinas de vapor) y del inicio de las telecomunicaciones (radio, telégrafo). Unos y otros factores contribuyen a un notable crecimiento económico y a un incremento del 5% anual en el comercio mundial.

Nos situamos, pues, en una primera globalización, con intercambios comerciales casi sin cortapisas, a los que se puede añadir un creciente movimiento de capitales, grandes migraciones y un destacado periodo de paz. Alguien denominó ese lapso como La Belle Époque y la economía iba viento en popa… Pero el declive de Reino Unido como potencia de referencia dio una oportunidad a Estados Unidos y a Alemania, que optaron por el proteccionismo e iniciaron una competición arancelaria. Ese nacionalismo económico trajo a esos países algunos efectos positivos, cómo no, a muy corto plazo, pero muchos negativos; el principal, por el coste de vidas y recursos, afectó también a muchos más: la Primera Guerra Mundial.

Los felices años veinte. Nos situamos en el periodo entre guerras y nos fijamos en tramo entre 1919 y 1929. Las crónicas de la economía nos hablan de una bonanza económica nunca vista. Había que reconstruir un mundo que acababa de salir de una guerra. EE.UU. recibía pagos por las deudas que habían contraído países como Reino Unido y por la venta de productos que la vieja Europa no estaba en disposición de fabricar. Con más demanda que oferta en el país americano, no tarda en producirse un incremento de precios que lleva, sobre todo, a los consumidores estadounidenses a comprar a crédito por encima de sus posibilidades. Las aparentes posibilidades de negocio invitan a la inversión, también a crédito a veces, lo que da lugar a la burbuja financiera que trajo consigo el Martes Negro (29 de octubre de 1929) y el inicio de la Gran Depresión.

En un intento de proteger, inicialmente, a los agricultores estadounidenses, se promulga la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), que afectó, a la postre, a más de 20.000 productos con una media del 40% de tasas, que en algunos casos fueron del 100%. Esto no solo fue ineficaz, sino que generó el consiguiente caos en el comercio internacional. Países como Canadá, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido aplicaron como respuesta sus propios aranceles a productos made in USA. El resultado fue que la cooperación internacional se debilitó, con unos datos escalofriantes que muestran la realidad de estos gestos de nacionalismo económico: las exportaciones estadounidenses cayeron un 61% en el siguiente trienio y el comercio mundial se contrajo más de un 60%. Si añadimos a los problemas económicos las tensiones geopolíticas, queda servido el caldo de cultivo perfecto para el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Abandono del proteccionismo. Afortunadamente, no toda política de nacionalismo económico acaba en guerra, aunque sus efectos a medio y largo plazo nunca han sido positivos. Incluso tenemos ejemplos, como el de India, de qué sucede si se abandona. Hasta las reformas económicas que emprendió en la última década del pasado siglo, el país se enfrentaba a una más que segura situación de quiebra. Pero el cambio de políticas trajo consigo la reducción o supresión de los aranceles proteccionistas y la eliminación de las licencias de importación para la mayoría de los bienes, así como de restricciones a la inversión extranjera, entre otras cosas. Algo más de tres décadas después de haber salido del aislamiento proteccionista, ya es un actor económico mundial, miembro de G20 y de los BRICS, que solo ha registrado una pequeña recesión en 2020 (pandemia) y que atrae un importante volumen de inversión extranjera directa. Su PIB per cápita ha pasado de los 302,88 USD en 1993, con 926,3 millones de habitantes, a los 2.480,79 USD en 2023, con 1.438 millones.

Camino hacia el declive. Volvemos a lo que decíamos al principio y que resume la frase de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Bueno, sí: la idea tiene muchos padres, tales como Orwell, Churchil…, aunque el filósofo español afincado en EE. UU. y educado en Harvard parece que fue el primero en expresarlo. Y esto nos lleva, por compañerismo universitario, a Dani Rodrik, profesor de la Cátedra Ford Foundation de Economía Política Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Podemos recordar de él que es crítico con la hiperglobalización. Lo justifica diciendo que “el libre comercio sin restricciones ha provocado sensación de desconexión entre la gente común y las élites políticas”.

 

ALGO MÁS DE TRES DÉCADAS DESPUÉS DE HABER SALIDO DEL AISLAMIENTO PROTECCIONISTA, INDIA YA ES UN ACTOR ECONÓMICO MUNDIAL, MIEMBRO DE G20 Y DE LOS BRICS

 

Pues bien, en la última Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos, febrero de 2025), Rodrik insistió en que: “La autosuficiencia es un camino hacia el declive económico. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos o China, puede prosperar sin que los mercados reciban insumos del resto del mundo, obtengan tecnología en la que no están a la vanguardia, accedan a mercados para sus exportaciones, etc.”. A lo que añadió: “No creo que el aislacionismo sea un camino que los nacionalistas económicos inteligentes elegirían”. Y sí: ha dicho “inteligentes”.

Unidos por los aranceles

Si hablamos de ideólogos, tanto la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), como la proclamada como ´El día de la Liberación´ (2025), tienen dos nombres controvertidos: Reed Smoot y Peter Navarro. Smoot, junto a Willis Hawley, promovió desde su puesto en el Senado de EE.UU. la imposición de elevados aranceles a más de 20.000 productos, con el consiguiente caos económico internacional (agravamiento de la Gran Depresión y aumento de los nacionalismos económicos en Europa). Era líder de una organización religiosa a la que se acusaba de prácticas contrarias a la Constitución de EE.UU. (poligamia) y albergaba sentimientos de venganza por los agravios contra sus creencias; un comité de investigación del Senado recomendó su expulsión, aunque la mayoría republicana lo mantuvo.

El economista Peter Navarro es el principal asesor comercial de la actual Administración estadounidense e inspirador de las políticas arancelarias de la Casa Blanca. En sus libros cita con frecuencia como referente a Ron Vara, que en palabras de Navarro es “un estudiante de doctorado de Harvard que se convirtió en un brillante corredor de bolsa y en un Príncipe Oscuro del Desastre”. Lo sorprendente es que Ron Vara es un alter ego de Navarro (mismas letras, cambiadas de orden), como descubrió una profesora emérita de la Universidad Nacional Australiana. Es decir: sus referencias argumentales en política comercial son… ¡él mismo!

Una mirada a los Acuerdos de Bretton Woods

Aún sin finalizar la II Guerra Mundial, solo unas semanas más tarde del desembarco de Normandía, tuvo lugar la conferencia monetaria de las Naciones Unida (julio de 1944) que fijó unas políticas económicas que se mantuvieron vigentes hasta la crisis del petróleo de los años 70. El objetivo de los acuerdos era abandonar el proteccionismo reinante tras la Gran Guerra y establecer el marco en el que se moviesen la economía y las finanzas internacionales. No puede haber paz, se decía ahí, si no existe la libertad comercial. Fue también el nacimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Y esta fue la razón del final de los acuerdos: embarcados en la Guerra de Vietnam, Estados Unidos imprimió dólares en cantidad para financiar la contienda. Con déficit comercial en 1971 y problemas con las reservas de oro de Fort Knox, la administración norteamericana aplicó un arancel temporal del 10% que, en este caso, ayudó a reequilibrar el comercio internacional. Una de las consecuencias del proceso fue el paulatino abandono del patrón oro y la adopción del sistema de tipos cambiarios fluctuantes.

La IA nos muestra un panorama económico demasiado inquietante.

PARA SABER MÁS

Patada a la escalera. La verdadera historia del libre comercio.
Ha-Joon Chang. Ensayos de economía, Nº42 (Universidad Nacional de Colombia, 2013).

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Policy space and the origins of the multilateral economic system.
UNITED NATIONS. New York and Geneva, 2014

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Smoot-Hawley Tariff.
Anthony O’Brien. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples (2001).

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«EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta», por Enrique Feás

ALDEA GLOBAL
ENRIQUE FEÁS,
técnico comercial y economista del Estado. Investigador principal del Real Instituto Elcano

“Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas”

EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta

“Cientos de empresas se enfrentan a la posibilidad de cerrar. Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego. Se han suspendido muchos pedidos, y podrían agotarse pronto las existencias para consumidores estadounidenses. (…) Muchas empresas (…) no pueden absorber aranceles tan altos, ni trasladar estos costes. Sin un alivio inmediato de los aranceles recíprocos, simplemente cerrarán. (…) Los fuertes aumentos de precios derivados de estos aranceles impedirán que los consumidores estadounidenses tengan opciones asequibles. Además, estos aranceles no impulsarán la vuelta de la fabricación de calzado a Estados Unidos. Se necesita una inversión en capital significativa y años de planificación para cambiar el abastecimiento. De hecho, los nuevos aranceles eliminan la certidumbre empresarial necesaria para realizar este tipo de inversiones y destruyen todo el capital necesario. (…) También hay un arancel recíproco sobre la maquinaria y los materiales necesarios para fabricar calzado en los Estados Unidos”.

Nadie mejor que las propias empresas estadounidenses para exponer la pésima idea de imponer aranceles prácticamente universales sobre todos los productos importados. El texto anterior forma parte de una carta dirigida al presidente Trump por un grupo de 76 empresas fabricantes de calzado que incluyen a Nike, Adidas, Skechers o Under Armour, cuyas cuentas de resultados comienzan a ser insostenibles.

Más allá de la crisis política e institucional, la segunda legislatura de Trump no ha podido empezar con peor pie desde el punto de vista económico. Comenzó imponiendo aranceles contra Canadá y México –con quienes había firmado en su primer mandato una actualización del acuerdo de libre comercio– y contra China; luego un arancel general al acero y al aluminio y, finalmente, el 2 de abril –fecha que bautizó como el “Día de la Liberación”– un arancel general mínimo del 10% y otro adicional frente a todos los países con los que Estados Unidos presenta un déficit comercial, usando un concepto de “arancel recíproco” sin ninguna justificación teórica. El pánico generado entre las empresas estadounidenses le llevó días después a posponer la aplicación de este último arancel (la parte superior al 10%) durante tres meses, y a eximir a determinados productos tecnológicos, generando caos, incertidumbre y sensación de arbitrariedad. Desde entonces, cada día hay una nueva decisión por la que se ponen o se quitan aranceles sin coherencia alguna.

Trump, que se ha definido a sí mismo como el “hombre-arancel” en honor a William McKinley –el 25º presidente estadounidense, que gobernó entre 1897 y 1901 y se hizo famoso por su proteccionismo, además de por declararle la guerra a España– cree sinceramente que los aranceles, una herramienta del siglo XX, siguen funcionando en la economía globalizada del siglo XXI. El presidente insiste una y otra vez en que no generarán aumentos de precios para los consumidores, sino que los pagarán en última instancia los exportadores (reduciendo sus precios de venta); que generarán ingresos que permitirán reducir los impuestos a las empresas; que reducirán el déficit comercial bilateral; o que incentivarán el regreso de empresas manufactureras a Estados Unidos, revitalizando la producción y el empleo industriales.

La realidad, sin embargo, resulta bastante tozuda, como demuestra la carta de las empresas. El desarrollo de las cadenas de valor globales desde la década de los 90 del siglo pasado hace que en la actualidad la importación resulte esencial para la fabricación nacional y la exportación a precios competitivos: sin importar, nadie puede hoy producir ni exportar. La incertidumbre arancelaria, además, está acelerando la importación y desacelerando la inversión, hipotecando el crecimiento futuro. Bloquear las importaciones con aranceles desorbitados (del 145% en el caso de China) no va a proteger a la industria estadounidense, sino todo lo contrario: puede llegar a paralizarla. Los mercados, que no entienden de relatos épicos, ya han comenzado a asustarse, y de hecho la subida del bono del Tesoro estadounidense ha sido el único factor que ha hecho recular a Trump (no así el hundimiento de la Bolsa).

Trump y sus asesores económicos creen que el dólar está sobreapreciado, lo que perjudica sus exportaciones. Cuando en 1964 el entonces ministro de economía francés Giscard d’Estaing dijo que el papel del dólar como moneda de reserva mundial suponía un “privilegio exorbitante” para Estados Unidos que le eximía de preocuparse por el saldo de su balanza de pagos seguro que no contaba con que, 60 años después, un presidente estadounidense estaría dispuesto a renegar de ese privilegio y hundir su economía para mejorar ligeramente la balanza comercial, un saldo sin ninguna trascendencia económica (el único relevante es el de la balanza por cuenta corriente, que refleja la diferencia entre lo que un país ahorra y lo que invierte). La prueba de que la especialización es mucho más importante que el tipo de cambio es que Estados Unidos tiene una balanza de servicios superavitaria con casi todos los países del mundo.

Aislar a Estados Unidos del resto del mundo es una pésima idea que corre el peligro de desacelerar la economía y el comercio globales y tensionar los mercados financieros. Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas. Si la propia política no corrige esta situación, serán los mercados quienes terminen haciéndolo, y de una forma bastante más costosa.

«Los condicionantes de la cuarta revolución industrial»

“Afrontar las emergencias: bases para la reconstrucción tras la DANA”, por Zulima Pérez

EN ESTE PAÍS

ZULIMA PÉREZ I SEGUÍ,

profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia. Coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción tras la DANA. Asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial.

"Es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil"

Afrontar las emergencias: bases para la reconstrucción tras la DANA

La situación provocada por la DANA ha sido devastadora, y no solo a nivel material; también personal. Las vidas perdidas, los proyectos personales paralizados, la pérdida de las viviendas, de los automóviles, la destrucción de las infraestructuras, todo esto se ha visto afectado, dejando un shock en las personas de la zona que tardará en curar. El cambio climático ocasiona que cada vez suframos más fenómenos extremos, lo que antes era extraordinario se está convirtiendo poco a poco en más habitual y nuestra obligación es estar preparados frente a las catástrofes. Para ello se necesitan cinco cosas: realizar una buena política de prevención del riesgo y respuesta a la emergencia; tener una buena planificación de protección civil; realizar una buena comunicación de la situación y de las medidas que tomar; educar a la población sobre cómo actuar frente al riesgo y la emergencia; y establecer mecanismos ágiles para la reconstrucción.

Una buena política de gestión del riesgo nos permite minimizar los daños que se pueden ocasionar. La previsión, la precaución y la prevención juegan aquí un papel muy relevante. El principio de previsión nos permite detectar el peligro; a través del principio de precaución intentamos que el peligro no nos afecte haciendo que nuestras actuaciones tiendan a evitarlo, y a través de la prevención reducimos las consecuencias negativas en el caso de que el peligro sea ineludible y derive en una situación de emergencia.

El análisis del riesgo es una herramienta de análisis político que basa sus decisiones sobre la información científica disponible. El análisis del riesgo lo podemos dividir en dos tareas centrales: la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. La evaluación del riesgo implica la identificación del mismo, su estimación y su valoración y se realiza por instancias científicas. Mientras que la gestión del riesgo conlleva el establecimiento de políticas con la finalidad de prohibir, regular o limitar el riesgo que ha sido evaluado con anterioridad. Esta parte del análisis del riesgo se realiza por instancias públicas o privadas, que se encargan de controlar, regular, limitar y evaluar todas las actividades que conllevan riesgos o peligros para la salud pública y el medio ambiente.

La comunicación del riesgo y de la emergencia es una cuestión fundamental para poder hacer frente a estas situaciones. La ley establece el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente acerca de los riesgos colectivos que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos; a recomendar conductas para prevenirlos, y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias. Esta información se tiene que producir en diferentes momentos; cuando se produce la emergencia, para que podamos saber que hacer frente a ella, pero también de manera preventiva, cuando solo existe un riesgo, para que los ciudadanos podamos actuar para minimizar el mismo.

Lo más importante de la comunicación del riesgo es que todas las personas somos responsables de nuestra protección y seguridad, por tanto, todos debemos colaborar para la reducción de los riesgos, pero para ello es necesario que los poderes públicos nos proporcionen información y que sepamos cómo tenemos que actuar. La percepción de los técnicos y de los gobernantes sobre el riesgo es importante, pero hay que partir del hecho de que la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, por lo que la gestión de esa percepción de vuelve también en un objetivo básico en las políticas de gestión del riesgo.

Después de las primeras actuaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y reestablecer los servicios públicos esenciales se abre un proceso de reconstrucción que puede ser largo y que tiene diversas fases: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.

En primer lugar, es necesario que se realice un diagnóstico sobre el impacto que el suceso ha tenido en la zona. Este diagnóstico se tiene que hacer a todos los niveles. Por un lado, el análisis del impacto económico, cómo ha afectado a las empresas y comercios de la zona y al empleo, cómo ha afectado en la agricultura y en los diferentes sectores. Por otro lado, el impacto en viviendas, enseres e infraestructuras; cuál ha sido el daño material de la catástrofe y finalmente el daño social. La DANA ha afectado, de una manera u otra, a todas las personas de la zona, pero especialmente a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, el que se hayan visto arrasadas plantas bajas y hayan quedado inutilizados los ascensores para acceder a plantas más altas ha afectado gravemente a las personas con movilidad reducida y a las personas mayores. También ha existido un impacto en la salud mental de las personas o en las redes asociativas que dinamizaban los diferentes pueblos. Paralelamente al establecimiento de este diagnóstico se van desarrollando líneas de ayudas para hacer frente a todas estas cuestiones.

En segundo lugar, es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil; estableciendo una hoja de ruta; marcando prioridades en la actuación, e intentando construir un territorio más resiliente, más sostenible y más cohesionado. En este momento la ciencia juega un papel fundamental para brindarnos soluciones innovadoras que nos permitan salir más reforzados de la catástrofe.

“Reconstrucción inclusiva: la DANA de Valencia como motor de cambio social”, por Luis Vañó

EN ESTE PAÍS

LUIS VAÑÓ,

presidente de CERMI CV

"Se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana"

Reconstrucción Inclusiva: la DANA de Valencia como motor de cambio social

En medio de la devastación que dejó la DANA en Valencia, se hace evidente la necesidad urgente de transformar nuestro modo de actuar ante las emergencias. La catástrofe reveló que las estructuras tradicionales, que durante tanto tiempo han ignorado las necesidades de las personas con discapacidad, resultan insuficientes para garantizar la seguridad, la dignidad y la autonomía de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana, impulsando un cambio estructural que, basado en la participación activa y el reconocimiento de la diversidad, convierta la tragedia en un motor para la justicia social y la renovación de nuestros espacios.

Historia de María. María, una residente de Valencia con discapacidad visual, relata cómo la falta de alertas accesibles durante la DANA la dejó desorientada y en peligro. «No podía entender las instrucciones de evacuación porque no había alertas auditivas ni mensajes de texto», explica. Su experiencia subraya la urgencia de un plan inclusivo. La historia de María no es un caso aislado; muchas personas con discapacidad han enfrentado barreras similares durante esta emergencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de un cambio sistémico.

En este contexto, la DANA de Valencia no solo representa un episodio de desastre natural, sino también una oportunidad para derribar barreras históricas y construir una sociedad más resiliente, solidaria y humana. El CERMI CV, en su rol proactivo en la gestión política, ya ha elaborado un Plan de Emergencias Inclusivo para Personas Con Discapacidad, anticipándose a las necesidades y desafíos que enfrentan estos colectivos durante las crisis. Este plan no solo busca paliar los efectos inmediatos de una emergencia, sino también construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción.

Desde la emergencia se evidencia que las respuestas improvisadas y la falta de planificación inclusiva se traducen en consecuencias nefastas para aquellos que históricamente han sido relegados a un segundo plano. Es imprescindible que tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado unan esfuerzos para diseñar y ejecutar estrategias que contemplen cada necesidad particular. La experiencia vivida durante la DANA demuestra que, en ausencia de medidas adaptadas, la evacuación, el acceso a los servicios de emergencia y la comunicación, se convierten en retos insuperables, generando un escenario de caos que exacerba las desigualdades y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. Estas personas no deben ser vistas como meros receptores pasivos de asistencia, sino como actores fundamentales en la construcción de soluciones innovadoras y eficaces que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de prevención y solidaridad.

La planificación inclusiva implica, además, un cambio de paradigma que reconozca la diversidad como fortaleza y que desmantele las estructuras que históricamente han marginado a ciertos colectivos. Es necesario incorporar a las personas con discapacidad en todas las fases de la gestión de emergencias, desde la elaboración de protocolos y la formación de equipos de respuesta hasta la evaluación de las estrategias implementadas. Esto no solo garantiza que las medidas adoptadas respondan a sus necesidades específicas, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones con perspectivas valiosas que solo la experiencia vivida puede aportar. Esta integración permite transformar el miedo y la incertidumbre en resiliencia y capacidad de adaptación ante futuros desafíos.

 

ES FUNDAMENTAL COMPRENDER QUE LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA DEBE ENTENDERSE COMO UN PROCESO INTEGRAL QUE VA MÁS ALLÁ DE LA REPARACIÓN MATERIAL

 

Es fundamental que la reconstrucción post-DANA se conciba no solo como la reparación de daños materiales, sino como la oportunidad para rediseñar nuestros entornos de manera integral, apostando por infraestructuras accesibles y sistemas de comunicación adaptados, y promoviendo un modelo de urbanismo que priorice la inclusión y la seguridad de todos. Cada acción emprendida en el proceso de recuperación debe ser analizada desde la perspectiva de su impacto social, teniendo en cuenta que cada intervención puede marcar la diferencia entre la marginalización y la plena inclusión. En ese sentido, es indispensable que las políticas públicas se orienten hacia la construcción de un futuro en el que las emergencias sean gestionadas de forma preventiva y colaborativa; un futuro en el que la participación ciudadana y el diálogo constante se conviertan en los pilares de un sistema que proteja a los más vulnerables y que fomente el desarrollo de comunidades más fuertes y cohesionadas.

El compromiso del CERMI CV y de todos los actores implicados en la gestión de emergencias se revela como una llamada ineludible a la acción. Cada minuto cuenta y cada decisión tomada puede ser determinante para salvar vidas y preservar la dignidad de aquellos que han sido históricamente olvidados. Es necesario que las autoridades, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, asignen los recursos necesarios, implementen normativas claras y fomenten la capacitación especializada de modo que la respuesta ante futuras crisis se base en principios de justicia social, equidad y respeto a los derechos humanos. En este proceso, la inclusión debe convertirse en el eje central que guíe cada intervención, recordándonos que la verdadera fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad para proteger y empoderar a sus miembros más vulnerables.

Impacto de la Inclusión. La inclusión no es solo una cuestión de justicia social; también es un factor crucial para la resiliencia comunitaria. Comunidades que integran a todas las personas, independientemente de sus capacidades, son más fuertes y mejor preparadas para enfrentar desafíos. La diversidad de perspectivas y experiencias enriquece la planificación y ejecución de estrategias de emergencia, asegurando que se consideren todos los posibles escenarios y necesidades. Por ejemplo, la participación de personas con discapacidad en la planificación puede revelar barreras ocultas que, de otro modo, pasarían desapercibidas, como la falta de rampas en refugios o la necesidad de intérpretes de lengua de signos.

Por último, es fundamental comprender que la reconstrucción tras la DANA debe entenderse como un proceso integral que va más allá de la reparación material, abarcando la regeneración del tejido social, la restauración de la confianza en nuestras instituciones y la transformación de la adversidad en oportunidad para innovar y aprender. Esto exige repensar no solo la infraestructura física, sino también nuestras políticas y la forma en que interactuamos como sociedad, de modo que cada acción se convierta en un paso hacia un futuro donde la inclusión y la justicia social sean pilares de todas las intervenciones. En este camino, el compromiso de cada ciudadano es esencial para asegurar que las lecciones del desastre se traduzcan en cambios profundos y duraderos que beneficien a toda la comunidad, recordándonos que el progreso se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables y construir un mañana en el que nadie quede excluido.