Para dialogar sobre esta situación y extraer conclusiones y recomendaciones al respecto tuvo lugar la jornada Los menores afectados por el conflicto de Ucrania desplazados a España para encontrar refugio, organizada por la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado y realizada en su sede de Madrid, con la presencia de representantes de las Administraciones competentes en la materia y entidades sociales.

LOS PARTICIPANTES COINCIDIERON EN QUE HA EXISTIDO UNA ÁGIL Y EFICIENTE RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL, LAS CC.AA., LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD CIVIL

En el acto de apertura intervinieron el secretario del Consejo General del Notariado, Manuel Tarrío; el director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente; y el subdirector general de Política de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, José Luis Castellanos.

El encuentro contó con la realización de dos mesas redondas. La primera titulada Perspectiva social, moderada por la notaria Carmen Velasco, en la que participaron la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Arauz; la responsable del Departamento de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral; y la responsable del Área de Migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.

En segundo lugar, se celebró el coloquio sobre Perspectiva Institucional, moderado por el notario Juan Pérez Hereza, en el que intervino el fiscal de Sala, coordinador de Menores, de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Esteban; el magistrado juez del Juzgado de Familia nº 24 de Madrid, Juan Pablo González del Pozo; la subdirectora general de protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Ana Cristina Gómez; la directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Moncada; y el notario, vicesecretario del CGN y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, Jorge Prades.

Recomendaciones.

El objetivo de este encuentro consistió en reflexionar sobre la realidad de los menores ucranianos desplazados a España para encontrar refugio, para poder llegar juntos a unas conclusiones y recomendaciones compartidas. En este sentido los participantes coincidieron en que “ha existido una ágil y eficiente respuesta del Gobierno español, las CC.AA., las instituciones públicas y la sociedad civil”. Ahora “nos encontramos ante la ocasión de consolidar, fortalecer y avanzar en el sistema de protección de la infancia”, aseguraron. En el futuro “es necesario profundizar en la seguridad jurídica como principio vertebrador del sistema de protección y ello exige tanto garantizar un diagnóstico adecuado de la situación de vulnerabilidad de los menores, como atender a su interés superior, evitando la confusión con otras situaciones como, por ejemplo, el asilo; y manteniendo la coordinación con el país de origen para favorecer el regreso cuando la situación lo permita”.

NOS ENCONTRAMOS ANTE LA OCASIÓN DE CONSOLIDAR, FORTALECER Y AVANZAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

En este sentido los participantes recomendaron al Gobierno “la adopción de medidas jurídicas que clarifiquen la forma en que podrá prorrogarse la protección temporal de la que disfrutan actualmente los menores ucranianos refugiados en España, al ser el conocimiento de esta circunstancia determinante para su integración, para favorecer el retorno a su país y el reencuentro con sus familias y para la planificación de su vida”. De la misma manera, los expertos destacaron la importancia de realizar “un impulso institucional para el acogimiento familiar que ha de ser la estructura básica del sistema de protección de la infancia”.
La labor del Notariado. Por su parte, y en atención a las particularidades que presentan los menores desplazados por el conflicto de Ucrania, el Consejo General del Notariado (CGN) ha hecho llegar a todos los notarios del país la Circular 1/2022, de 28 de marzo, en la que establece recomendaciones “sobre documentación relativa a menores afectados por el conflicto de Ucrania desplazados a España para encontrar refugio”.

El Notariado ya venía trabajando para fortalecer la protección de los niños y niñas. Anteriormente a esta circular se emitió, en 2020, una previa sobre la “actuación notarial en aquellos documentos que afecten a la función de guarda de los menores de edad” que es el resultado del trabajo para dar la respuesta documental que constate la protección jurídica de los menores que están a cargo de personas distintas de sus progenitores. Esta circular contempla tanto la posibilidad de que los padres puedan auxiliarse en el ejercicio de la función de guarda del menor por parte de familiares a través de las escrituras de extensión o apoyo, como la realización del acta de constancia de guarda de hecho, en la que una persona (que no es el progenitor) asume funciones de protección respecto de un menor de edad.

Una vez realizada esta documentación ante notario “se informa a las Administraciones competentes, lo que aporta seguridad jurídica a los menores y facilita la coordinación entre las entidades de protección de la infancia en cada ámbito territorial, así como con la Fiscalía de Menores”, explica Jorge Prades, notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida.

Las medidas de apoyo se recogen en un documento notarial en el que la persona que necesita ayuda para ejercer sus derechos designa o acuerda quién quiere que le preste esa ayuda, ya sea para su ámbito personal o patrimonial. Además, puede establecer mecanismos de control o salvaguardias para impedir influencias indebidas, conflictos de interés o abusos. El asesoramiento y el apoyo institucional del notario es vital porque garantiza que la persona se haga «un traje a medida» de su voluntad, necesidades, deseos y preferencias. Por eso las medidas de apoyo deben otorgarse en escritura pública.

Protección personal.

Un poder preventivo es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona (poderdante) designar a otra u otras conforme a su voluntad (apoderado/s) para que actúe/n representando sus intereses, en caso de que llegase a estar en una situación en la que no pudiera decidir por sí misma. De este modo, se evitaría el proceso judicial de provisión de apoyos.

El poder permite otorgar las facultades que desee, ampliar o reducir los ámbitos de actuación, así como decidir si esas facultades podrán ejercerse por una sola persona o por varias, que actúen por separado o conjuntamente, o incluso sucesivamente.

En los distintos momentos de uso, el apoderado deberá presentar la copia autorizada de la escritura de poder, con la firma original del notario. Solo podrá actuar con este requisito.

El poder preventivo debe redactarse y autorizarse por un notario y constar en escritura pública. En él se recogerá la identidad de la persona a quien se otorga la representación, se especificarán claramente las acciones que el apoderado podrá llevar a cabo y la forma de hacerlo. También constará la manera de apreciar o valorar dicha falta de capacidad. Asimismo figurará la fecha en que el poder podrá comenzar a utilizarse.

En sentido puramente etimológico, la autocuratela es la designación de un curador para uno mismo. Es un derecho recogido en la reforma del Código Civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En términos jurídicos, se define como una figura legal que permite que una persona en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad, deje por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de curador. El curador será preferentemente asistencial, es decir, ayudará en la toma de decisiones y solo en los casos en que haya una imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad. Será curador representativo cuando el juez le atribuya facultades concretas de representación debiendo, en todo caso, actuar conforme a la historia de vida del curado.

El otorgante puede nombrar curador a quien desee, tanto a personas físicas –ya sean familiares o amigos– como jurídicas (públicas o privadas), entre cuyos fines figure la protección de menores o personas con necesidad de apoyo, y que no tengan ánimo de lucro.

El curador se designa en escritura pública ante notario para garantizar su legalidad y el debido asesoramiento a la persona que lo otorga.

El documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, más conocido como testamento vital, es una fórmula legal por la que una persona mayor de edad y con capacidad suficiente manifiesta qué asistencia médica desea recibir en caso de que llegue a encontrarse en una situación en la que no pueda expresar su voluntad.

La legislación autonómica varía con respecto a la forma de otorgarse este documento, aunque con carácter general se permite:

• Ante testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar. En unas comunidades autónomas, basta con redactar una declaración. Otras cuentan con un modelo cerrado, y ya redactado.
• En escritura pública ante notario con la ventaja de su conservación en el protocolo notarial y la garantía de su autenticidad e inalterabilidad.

En ambos casos, para que despliegue sus plenos efectos, debe inscribirse en un registro especial de la comunidad autónoma accesible para los facultativos.

Planificación patrimonial.

La renta vitalicia es un contrato utilizado desde antiguo, definido en nuestro Código Civil y formalizado en escritura pública ante notario. Permite que una persona ceda a otra u otras la propiedad de uno o varios de sus bienes (pueden ser muebles, joyas, obras de arte, etc. o inmuebles, pisos, fincas, etc.) a cambio de una cantidad de dinero o pensión hasta su fallecimiento.

Su finalidad es la de proporcionar al beneficiario una renta a partir de un momento determinado de su vida, normalmente la jubilación, para completar la pensión pública y no perder el poder adquisitivo del que disfrutaba durante su vida laboral.

A cambio de la cesión inicial queda asegurada una renta determinada. La entidad financiera con la que se realizan estos contratos suele ser una empresa aseguradora (dentro del ramo vida-ahorro).

El ordenamiento jurídico español recoge distintas fórmulas legales para asegurar que se cumpla la voluntad de una persona

El contrato de renta vitalicia es recomendable que se realice mediante el otorgamiento de una escritura pública ante notario, quien asesorará a la persona mayor sobre las características, implicaciones y efectos prácticos de este contrato antes de redactar la escritura pública.

El contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos, regulado en el Código Civil, es un acuerdo por el que una persona (alimentista o cedente) que ya no está en disposición de prestarse a sí misma el cuidado y la atención necesarios para tener una vida digna, cede a otra un bien. A cambio, el que lo recibe debe proporcionarle vivienda, manutención y asistencia de todo tipo durante su vida.

En el contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos, también se contempla que si quien recibió el bien fallece, las obligaciones contraídas deben pasar a sus herederos para seguir garantizando la situación de protección a quien transmitió el bien o los derechos.

Si en algún momento el alimentista considera que no se está cumpliendo lo pactado, la Ley le reconoce que puede exigir su cumplimiento o que el contrato quede sin efecto, y recuperar lo cedido.

La llamada hipoteca inversa responde al planteamiento de recibir un dinero y poner la vivienda como garantía hipotecaria. Es decir, el propietario contrata un producto financiero que utiliza su casa como garantía sin perder su titularidad a cambio de percibir una cantidad de dinero, ya sea en un importe único al inicio o en forma de mensualidades. El dueño puede continuar disfrutando de su casa hasta su fallecimiento, y también puede cancelar la hipoteca inversa cuando desee.

La hipoteca inversa tiene su propia regulación y no queda recogida en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Según la norma concreta de la hipoteca inversa se le encomienda al notario que «verifique la existencia del correspondiente asesoramiento independiente», y en caso de que la formalización de la hipoteca inversa se realice en contra de la recomendación realizada por el asesoramiento independiente, «se deberá advertir de este término al cliente».

La venta de la nuda propiedad es una fórmula que permite al propietario de una vivienda venderla y seguir viviendo en ella hasta su fallecimiento. El comprador entrega el importe fijado, pero no puede hacer uso de la vivienda hasta que el propietario original haya fallecido.

Si el usufructuario no puede seguir residiendo en su vivienda, podrá alquilarla sin permiso del nudo propietario.

Al hacer la operación, el vendedor debe liquidar la plusvalía por el incremento teórico del valor desde el momento de la adquisición inicial.

Al igual que la renta vitalicia, la nuda propiedad puede aplicarse a la segunda vivienda.

Puesto que se trata de una compraventa, la operación está acogida a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, una normativa que refuerza la protección del consumidor y la seguridad jurídica.