Tormenta perfecta en el consumo

ENTRE MAGNITUDES

TORMENTA PERFECTA EN EL CONSUMO

La inflación no da tregua en España. El alza generalizada del coste de bienes y servicios experimentada en los últimos meses se está cebando, fundamentalmente, con los alimentos. La subida de la cesta básica de la compra está tensionando los recursos de las familias, especialmente las más desfavorecidas, lo que ha supuesto un freno al consumo, a pesar de la bajada del IVA decretada por el Gobierno.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como el principal culpable de esta situación.

FERNANDO GEIJO,

La inflación corroe el poder adquisitivo de salarios y ahorros. A pesar de que su espiral alcista se ha moderado con los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al registrase una caída de 2,7 puntos hasta situarse en el 3,3%, la subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos) sólo cayo una décima, hasta el 7,5% en tasa interanual. Este giro, más allá de la intensidad de la bajada, no supone una sorpresa y tiene algo de espejismo, ya que el IPC subyacente continúa elevado, y no implica que los precios bajen, sino que suban menos, y, además, no alcanza para cumplir el objetivo del 2% de inflación ‘saludable’ fijado por el Banco Central Europeo.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como la principal culpable de esta situación, que repuntó en febrero nada menos que un 16,7% en relación con el mismo mes de 2022, mientras que en enero el repunte ascendió al 15,5%. Sin embargo, los analistas también señalan que se ha producido una elevación de los márgenes de las empresas al aprovechar para subir precios y proteger así sus beneficios, lo que estaría espoleando esta crecida inflacionista en la eurozona.

 

EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD FUE UN 33% MÁS BARATO GRACIAS, EN PARTE, AL TRASVASE DE CONSUMIDORES A LA TARIFA DEL MERCADO LIBRE

 

Subida sin control.

La comparativa de forma mensual, frente a la interanual, resulta ahora más pertinente que nunca, dado que el INE cambió en enero pasado su método de contabilización de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al incluir desde ahora la evolución del coste de la electricidad en el mercado libre y, a su vez, proceder a variar la ponderación de bienes y servicios frente al total de gastos que realizamos.

Al hilo de lo anterior, se puede observar que la aceleración de precios en tasa mensual aumentó en un 0,9%, el mayor en un mes de febrero desde nada menos que 1978, siendo el sector turístico el líder en subidas (un 13% los paquetes turísticos nacionales y un 9,8% de hoteles y alojamientos), sin pasar por alto la electricidad (un 12,6%) los alimentos para bebés (11,4%) y las legumbres y hortalizas frescas (11,2%). Y todo ello, en el lapso de un solo mes.

De todas las partidas analizadas para calcular el IPC, que incluye la valoración del coste de la conocida como canasta básica de alimentos, gracias a la encuesta permanente realizada para conocer los gastos que realizan los hogares y comprobar así los que se adquieren de forma asidua y la variación en los mismos, los alimentos son los que centran la mayor atención.

Por consiguiente, la imparable evolución al alza del importe de los alimentos, que reflejan con terquedad las estadísticas, puede considerarse como alarmante, según los entendidos en la materia. Esto es debido, entre otros aspectos, a la rigidez de su demanda, constante y ajena a los vaivenes de las modas o tendencias, al ser considerados como bienes de primera necesidad cuyo precio no se corrige por las leyes de la oferta y la demanda. Asimismo, la bajada del IVA decretada por el Gobierno no ha tenido, al menos de momento, los efectos deseados en términos de ahorro para el bolsillo de las familias. Por último, cabe destacar que los efectos de la inflación en los alimentos afectan a todas las clases sociales, pero es indiscutible que son los hogares con rentas más bajas los que, ante esta situación, deben dedicar una mayor parte del su ya de por si exiguo presupuesto a esta partida.

Para elaborar sus análisis, el INE realiza un seguimiento de alrededor de dos centenares de los bienes y servicios que consumimos de manera recurrente, donde los alimentos son uno de los principales registros, por los motivos antes indicados.

A pesar de la mencionada rebaja del IVA aplicada en enero, el coste de la comida ha seguido subiendo con fuerza y de manera generalizada en el segundo mes de año en curso. De hecho, a algunos de ellos se les ha aplicado un IVA cero y, sin embargo, se han encarecido un 11,2%, en el caso de hortalizas y legumbres frescas; un 5,4% para las frutas frescas; un 2,7% los cereales; la leche entera subió un 1,8% y la desnatada una décima menos; el pan un 0,8%; los huevos un 0,7% y el queso un 0,5%. Por su parte, otros productos básicos como la pasta y el aceite de oliva, cuyo IVA bajó a la mitad, del 10% al 5%, aumentaron un 2,7% y un 0,5%, respectivamente.

Causas exógenas.

En su valoración de la situación, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital argumentan que la subida del precio de los alimentos, similar a la producida en Francia e inferior a la contabilizada en Alemania, se circunscribe, sobre todo, a la partida de frescos, en concreto hortalizas, legumbres y frutas.

Asimismo, consideran que se trataría de un alza puntual derivada de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas tanto en España como en otros países de nuestro entorno comunitario, lo que ha provocado escasez en las cosechas y el consiguiente aumento de precios debido a la mayor demanda internacional.

 

AZÚCAR, MANTEQUILLA, ACEITE, LECHE Y HUEVOS, SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON

 

En el otro platillo de la balanza, el transporte combinado de pasajeros se convirtió en el bálsamo que alivió el tsunami alimentario. La rebaja, aprobada por el Gobierno, del precio del abono de transporte público supuso una caída del mismo de nada menos que el 48,1% con respecto a febrero de 2022, mientras que el coste de la electricidad fue un 33% más barato gracias, en parte, al trasvase de consumidores a la tarifa del mercado libre. Mientras, gasolina (-3%) y telefonía móvil (-4,8%) también pusieron su granito de arena y ayudaron a aliviar la situación.
Ante este panorama, los consumidores tratan de exprimir cada euro de gasto y sacarle el máximo rendimiento apostando por la marca blanca o del distribuidor, que en España ya suponen el 46% del peso en la cesta de la compra, siendo el segundo país de Europa en este aspecto tras Suiza (52%) y por delante de Países Bajos (45%), Reino Unido (43%) y Alemania (40%). Otra estrategia de ajuste del gasto sería el aumento de la frecuencia de compra, que ha subido un 6% en España, en línea con lo que sucede en el resto del continente: un 10,8% en Portugal, 6,5% en Reino Unido y un 4,7% en Francia, lo que evidencia la necesidad de comprar sólo lo necesario en cada momento y esperar a la llegada de nuevas ofertas y descuentos o, en el mejor de los casos, al ansiado alivio inflacionista.

El ejemplo francés

El Gobierno galo alcanzó recientemente un acuerdo con los principales grupos de distribución que operan en el país vecino, cuyas principales claves son:

  • La bajada de precios se realiza vía reducción de márgenes de las propias cadenas de distribución.
  • Existencia de un compromiso para no repercutir las rebajas en los márgenes de agricultores, transportistas o fabricantes.
  • Apuesta por la transparencia, mediante la publicación recurrente de los márgenes de agricultores, productores y empresarios.
  • Vigilancia de los puntos acordados por medio de los servicios antifraude franceses.
  • Libertad de elección por las cadenas de supermercados de los productos seleccionados para formar parte de esta iniciativa, que eligen en cada caso cuáles forman parte al no existir una lista común de productos ni un mínimo de ellos para ser elegibles.
  • Todos los productos seleccionados llevarán una etiqueta común con la bandera francesa y la denominación: ‘trimestre anti-inflación’.

El increíble producto menguante

Un informe publicado en febrero por Facua-Consumidores en Acción señala que de un total de 507 productos analizados en 12 de ellos se observó, entre enero de 2022 y 2023, la práctica conocida como ‘reduflación’. Esta consiste en que el fabricante reduce el peso o el tamaño del envase al tiempo que mantiene o, en algunos casos, incluso aumenta el precio del mismo, lo que conlleva, en ocasiones, aumentos por encima de los dos dígitos porcentuales.

Ojo al dato

«La inflación mata a la gente», por Casimiro García-Abadillo

ENTRE MAGNITUDES

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato"

La inflación mata a la gente

Allá por el año 1990 el cantante dominicano Kaki Vargas lanzó una canción que se convirtió en un fulgurante éxito en el mercado latino: La inflación. Su estribillo era pegadizo: La inflación es general, la inflación mata a la gente… En ese año, el IPC en España estaba en el 6,8%. Treinta y tres años más tarde, en febrero de este año, la inflación ha sido del 6%, pero la que más sufre el ciudadano medio, la de los alimentos, se ha disparado hasta el 16,6%. Kaki Vargas alucinaría con este dato. Aunque no es necesario que vuelva a escribir otra canción.

Los datos macroeconómicos no le dicen nada a la mayoría de las personas. Pregunten ustedes en la calle a cualquiera con el que se crucen qué es eso del PIB y verán. Otra cosa es el IPC, el temido Índice de Precios al Consumo, la inflación. Eso lo sabe todo el mundo, porque casi todo el mundo va al mercado casi a diario y allí se puede comprobar fácilmente si la vida ha subido y cuánto.

El Gobierno ha rebajado el IVA de algunos productos (leche, aceite, etc., aunque no lo ha hecho con la carne y al pescado) y el resultado ha sido más bien escaso, por no decir nulo. Les pondré tres ejemplos: entre febrero de 2022 y febrero de 2023, los huevos han subido un 98,2%; las naranjas, un 204,7%, y las cebollas, un 368,1%. Sí, no es un error: ¡¡¡un 368,1%!!! Otro motivo por el que las cebollas nos hacen llorar.

Así que no es extraño que las ventas en los supermercados sigan cayendo sin solución de continuidad, aunque la facturación de los distribuidores crezca por efecto de la inflación. Se vende menos, pero a precios mucho más altos.

Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato.

Pero como la inflación es algo tan sensible, la demagogia acude a ella recurrentemente cuando los argumentos políticos se agotan. Me refiero a la campaña de algunos líderes de Podemos (entre ellos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra) atacando a cadenas como Mercadona con el argumento ramplón de que sus dueños (Juan Roig) se “están forrando” con la subida de los alimentos.

Bastaría con haberse fijado en los márgenes de esta cadena (como también en los de su competencia) para darse cuenta de que los distribuidores no han repercutido al público en su totalidad la subida de los precios en origen. Sí, los supermercados han facturado más, pero con menor margen.

Lo peor que tiene la inflación no es sólo que la sufren más quienes menos tienen, sino que actúa de forma contagiosa, casi como un virus. Lógicamente, para compensarla, los sindicatos demandan mayores subidas salariales; después esos mayores salarios se transmiten a los precios y así se entra en una espiral muy difícil de frenar, como en España sabemos muy bien. Las subidas de precios hacen, además, menos competitivos los productos y, consecuentemente, esa pérdida de competitividad termina por afectar al crecimiento (el dichoso PIB).

Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está tan preocupado por volver a la senda del 2% como objetivo de la subida de precios. Si los países no hacen un esfuerzo por enfriar sus economías, a medio pazo se puede producir un descarrilamiento general: no olvidemos que la inflación produce los mismos efectos que una ilusión óptica. Una subida salarial del 5% puede parecer buena, pero si la inflación está por encima del 6% eso significa que se ha perdido más de un punto de poder adquisitivo.

Así que Cristine Lagarde (la elegante presidenta del BCE) seguirá echando jarros de agua fría a la economía en forma de subida de tipos de interés.

“O sea, que además de subirnos los precios, también nos subirán las hipotecas…” Podría quejarse usted con cierta razón. Pues me temo que sí.

Las guerras generan catástrofes (y no sólo humanitarias) y tenemos una guerra en Europa que dura ya más de un año. La invasión de Ucrania por Rusia disparó los precios de la energía, que influyen mucho en el coste de los alimentos. Mientras las tensiones en el sector energético continúen, la batalla contra la inflación sólo tendrá como herramienta fundamental la subida de tipos.

Nos esperan, por tanto, meses difíciles, no de apocalipsis (esperemos que el sector financiero no nos dé otro susto), pero sí de contracción del gasto.

El Gobierno se equivoca al dibujar un panorama un tanto idílico, en el que el papá Estado siempre viene en ayuda de los más necesitados. Incluso con el mayor gasto público de la historia y con la aportación extraordinaria de los fondos Next Generation, el crecimiento de la economía (en previsión del Banco de España) será este año del 1,6%. En 2022 la economía española creció un 5,5%, casi cinco puntos más que lo esperado para este año.

Pero, a diferencia de otras épocas, ese frenazo de la economía no va a ir acompañado de un desplome de los precios. La inflación media de este año será del 3,7% (según el Banco de España), pero con el precio de los alimentos muy por encima de esa cifra.

La inflación seguirá siendo un problema en 2023. Será también general, porque en la Zona Euro se situó en febrero en el 8,5%, y, por desgracia, seguirá, como decía Kaki Vargas matando a la gente… Aunque sea lentamente.

¡Es la guerra!

Entrevista a María Isabel Valdés-Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias

EN ESTE PAÍS

María Isabel Valdés-Solís,

decana del Colegio Notarial de Asturias

La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís, ha entrado a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. Hablamos con ella sobre este reconocimiento, su discurso de ingreso sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, le preguntamos por la presencia de las mujeres en el Notariado español.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

«La Ley 8/2021 es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos»

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.

«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»

Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.

«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»

¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

Atención profesional a la dependencia

EN ESTE PAÍS

La esperanza de vida en la UE en 2021 fue de 80 años, frente a los 83 de España.

Atención profesional a la dependencia

El sector de la asistencia a la dependencia es uno de los que muestran una mayor demanda de empleo, con la previsión de que se sostenga en los próximos años, cifrando en unos 300.000 los cuidadores necesarios a corto plazo.
CARLOS CAPA

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.

LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN

La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.

EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES

Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.

PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.

Se necesita formación

Qué España sea uno de los escasos países que ofrecen una sólida seguridad jurídica en el tratamiento de la dependencia, regulada por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, también se traslada a la existencia de un sistema formativo que, cada vez más, ofrece la posibilidad de obtener titulaciones específicas, desde la universitaria a la profesional, para cubrir esta demanda actual y desde luego futura de puestos de trabajo, para cuyo desempeño los expertos relacionan estas aptitudes: interés en actividades del ámbito sociosanitario, capacidad comunicativa, concentración y observación, alto control emocional y sensibilidad para atender a personas con la salud delicada y comprensión, atención, amabilidad y empatía hacia los demás.

La importancia de la fisioterapia

Entre las necesidades del mercado de trabajo, la de los profesionales de la fisioterapia ocupa un lugar destacado. Las limitaciones organizativas y de personal de los servicios sanitarios públicos, o los propios impedimentos de movilidad de los dependientes hacen necesaria la existencia de fisioterapeutas que acudan a los domicilios de los dependientes para mejorar su calidad de vida mediante la práctica de ejercicios de movilidad, coordinación y equilibrio.

Muchos de nuestros mayores sufren dolencias crónicas como el reuma, la artritis, la osteoporosis o la incontinencia, que pueden ser aliviadas con la intervención de un especialista

PARA SABER MÁS

Estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la dependencia en España
Ver más
Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el catálogo de formación para la asistencia a la dependencia
Ver más
Informe de la CEOE sobre la dependencia
Ver más
Apoyos para decidir libremente

Las personas con discapacidad también tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica. La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial, regularizando un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos contando con un sistema de apoyos.

“Esta ley es un hito histórico porque supone que las personas con discapacidad puedan actuar en el marco de su autonomía y auto realizarse, y este progreso lo que hace es reestablecer nuestra fe en la humanidad” afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con una discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. También se establecen las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad.

Junto a los notarios, otros muchos profesionales pueden ayudar a las personas con discapacidad en este camino.

AEQUITAS

La creación de sociedades y su supervivencia

ENTRE MAGNITUDES

LA
CREACIÓN DE SOCIEDADES
Y SU SUPERVIVENCIA

Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado. (*) Datos provisionales.

En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 sociedades creadas y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas supera el millón de sociedades en todo el período.
REDACCIÓN

EN ESPAÑA SE CONSTITUYERON 104.998 sociedades durante 2022 de acuerdo con los datos aún provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Las sociedades de menor tamaño, constituidas con un capital fundacional de entre 3.006€ (hasta la Ley crea y crece) y 4.000€, alcanzaron las 78.524. La práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Este grupo conforma en términos generales el nicho de empresas de menor tamaño (microempresas y pymes) que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español.

 

POR CADA 100 SOCIEDADES QUE SE CREARON EN EL PERÍODO 2007-2022 SE LIQUIDARON 27,5

 

Junto a este segmento se sitúa el resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior a los 4.000€, y que alcanzaron en 2022 las 26.464.

En términos comparativos con el año 2021, se registró una caída del 1,7% en el total de nuevas sociedades constituidas, similar entre las de menor capital inicial (-1,9%) y el resto (-1,3%).

Crece la economía, caen las sociedades. Aunque la economía española se expandió en 2022 a tasas dinámicas (el PIB real avanzó un 5,5%, la misma tasa que en 2021 según la estimación preliminar) el número de nuevas sociedades cayó. Ello pudo deberse a la dislocación provocada en 2020 por la crisis sanitaria y las extraordinarias medidas adoptadas para combatirla. Las medidas restrictivas conllevaron la reducción significativa de la actividad de las notarías, que se concentraron en gran medida en actos notariales inaplazables durante la primavera de 2020. La gradual normalización de la actividad durante el segundo semestre de 2020 permitió que el número de sociedades constituidas recuperara volúmenes previos a la crisis sanitaria. Muchas de las operaciones aplazadas se realizaron durante el año 2021, generando un incremento de las nuevas constituciones del 25,6% frente al año 2020. Así, resultaba esperable una normalización en 2022 tras dos años anómalos y erráticos, registrándose un retroceso del 1,7% en el total de nuevas sociedades creadas.

Con todo, es importante reseñar que el número de nuevas sociedades en 2022 volvió a superar levemente el umbral de las 100.000, situándose en el entorno de lo que ha venido ocurriendo desde 2014, ejercicio en el que comenzó el ciclo expansivo de la economía tras dos crisis consecutivas: primero la crisis financiera global en 2008-09 y después la crisis fiscal y de la deuda soberana en la eurozona en 2011-13.

 

LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS OPTARON POR LA FORMA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

Ampliando el foco, sí se observa una tendencia que se ha ido consolidando: el mayor peso que han adquirido progresivamente las sociedades de menor capital en el total. En 2007, año de inicio de las series de CIEN, las sociedades con un capital inicial entre 3.000 y 4.000€ eran el 67% del total de nuevas sociedades constituidas. En cambio, en 2022 alcanzaron su máximo al superar el 75%. Por tanto, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas pertenecen a este segmento ya que han evolucionado relativamente mejor que las de mayor capital inicial.

Por autonomías, la creación de empresas se concentró en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En términos comparativos, el año 2022 trajo consigo una elevada disparidad. Sólo una autonomía, Baleares, registró un aumento en la creación de sociedades frente al año 2021, que además fue significativo (+13,0%). Las restantes autonomías cifraron caídas, que fueron relativamente más moderadas en Madrid (-0,7%), Cataluña (-1,6%), Andalucía (-1,8%) y Comunidad Valenciana (-2,0%). Los peores registros se consignaron en Navarra (-11,3%), Murcia (-8,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Cantabria (-7,5%).

Según las operaciones de 2022, algo más de siete de cada diez sociedades se crearon en Madrid (22,5% del total), Cataluña (19,6%), Andalucía (17,3%) y Comunidad Valenciana (12,0%). Ello supone un grado de concentración notable, ya que estas cuatro CC.AA. «solo» aportan el 60% del PIB nacional. Y al contrario de los suele presuponerse, en esas cuatro CC.AA. hay una mayor proporción de sociedades creadas de menor capital inicial (3.000€ a 4.000€) que de sociedades con un capital superior a los 4.000€. Así, los motores económicos de España concentran gran parte de las nuevas sociedades constituidas y en particular del tejido empresarial de menor tamaño (pymes y microempresas). En concreto, casi un 75% de las pymes se crean en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana frente a cerca del 65% de mayor tamaño.

 

POR AUTONOMÍAS, LA CREACIÓN DE EMPRESAS SE CONCENTRÓ EN MADRID, CATALUÑA, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA

 

Por último, el capital inicial de las nuevas sociedades promedió en 2022 los 17.377€ lo que supone un aumento del 3,6% frente a 2021. El capital promedio entre las sociedades con menor capital fundacional volvió a situarse cerca de 3.023€, mientras que el de las sociedades con capital inicial superior a 4.000€ promedió los 62.050€, un 4,2% más que en el año previo.

Frente a 2007, el capital inicial medio del conjunto de sociedades ha disminuido cerca del 13%, debido al peso creciente que han adquirido en el total las de menor capital inicial.

Supervivencia de las sociedades. En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 nuevas sociedades creadas, y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas total que supera el millón de sociedades en todo el período.

Por cada 100 sociedades que se han creado en el período 2007-2022 se han liquidado 27,5%, porcentaje que alcanzó el 32,5% en 2022.

Por comunidades autónomas también se han observado diferencias en el número de sociedades que se liquidan en relación al total de constituidas. En 11 autonomías la ratio de sociedades liquidadas sobre creadas superó el promedio nacional, destacando País Vasco (39,9%) y La Rioja (38,9%). En cambio, en Murcia y Andalucía se liquidan menos del 20 de cada 100 sociedades.

Capital social y número de socios

DOS aspectos interesantes de la idiosincrasia de las sociedades creadas durante el 2007-2022 y que se ya han liquidado son el capital social fundacional medio y el número de socios medio. A simple vista, y sin tener en cuenta otros factores, parece que la supervivencia de las sociedades es más probable cuando el capital inicial es mayor y el número de socios fundacionales es menor.

Años de supervivencia

EN cuanto a la supervivencia de las sociedades, los gráficos muestran tendencias relativamente estables de la supervivencia de las sociedades a uno, dos y tres años de la fecha de constitución. Cogiendo el año 2019, que sirve de comparación para las tres métricas, se observa que un 0,7% de las sociedades creadas en 2019 no sobrevivió los primeros 12 meses, un 1,3% no superó entre uno y dos años y un 1,6% se liquidó entre el segundo y el tercer año de vida.

Desagregando por autonomías se observa que Madrid y Cataluña presentan siempre tasas de supervivencia inferiores al total de la nación, quizá por su mayor “intensidad emprendedora” en la creación de sociedades de menor capital inicial.

En sentido contrario Murcia presenta la mayor tasa de supervivencia de las sociedades creadas entre uno y dos años de antigüedad y entre dos y tres años. En ambos tramos solo se liquida un 0,6% y un 0,8% de las sociedades constituidas, respectivamente.

«El entorno institucional ahoga a la empresa», por Gerardo Cuerva

ENTRE MAGNITUDES

Gerardo Cuerva.
GERARDO CUERVA,

presidente de Cepyme

"El problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme"

El entorno institucional ahoga a la empresa

En España no existe un problema de emprendimiento, así lo atestiguan los datos. Las propias estadísticas notariales arrojan que se constituyeron más de 100.000 sociedades en 2022, dando lugar a una ratio de una nueva sociedad por cada 450 ciudadanos. De forma que el problema no se encuentra en la creación de proyectos empresariales, sino en otros aspectos que tienen que ver con su crecimiento y supervivencia; dos cuestiones muy interrelacionadas como también ponen de relieve los datos del Consejo General del Notariado. Entre 2007 y 2022, el capital social de las empresas liquidadas se situó un 23% por debajo del promedio del capital fundacional de las empresas creadas en el mismo periodo.

La lógica dicta que resulta más fácil que una empresa sobreviva cuanto mayor sea su tamaño, pues es más probable que diversifique sus mercados y productos y, sobre todo, que genere economías de escala y, a su vez, un mayor excedente. Dicho excedente puede ser dedicado a invertir en ámbitos estratégicos como la eficiencia de procesos e I+D, pero también puede retenerse dentro de la empresa con el fin de lograr una sólida capitalización que marque la diferencia entre la supervivencia o el cierre cuando se dan escenarios de crisis.

La anterior situación no debe perderse de vista. La próxima crisis no será como la derivada del COVID en lo referente al acuerdo europeo para dar forma a una ayuda ambiciosa y a fondo perdido con el fin de que nadie se quedase atrás y, sobre todo, para salvaguardar el proyecto europeo. En la próxima crisis, volverán a estar muy presentes las diferencias entre países y las naciones ortodoxas de Europa demandarán importantes ajustes internos. Entonces, la diferencia entre la continuidad o el cierre de muchos proyectos empresariales vendrá marcada por su capacidad de crecimiento en el pasado y cómo ésta se ha traducido en una estructura de capital más saludable y en la consecución de una demanda más diversificada.

Por desgracia, las señales de alerta presiden los datos españoles. En 2007, las sociedades con un capital inicial de entre 3.000 y 4.000 euros sumaron el 67% del total de empresas constituidas y, en 2022, dicha cifra se situó en máximos históricos que superaron el 75%. Un dato que da lugar a una lectura positiva, en España existe un espíritu emprendedor mayor de lo percibido, y a otra negativa, derivada de la preponderancia de nuevos proyectos sin margen de error. El origen de esta situación se debe, en parte, a que un número importante de personas busca la generación de autoempleo como consecuencia de un contexto institucional que no sabe poner en valor a los 3 millones de personas paradas ni facilita el camino para que proyectos afianzados activen estos valiosos recursos laborales. La situación es tal que España cerró 2022 con una tasa de paro próxima al 13%, cuando el mapa de empleo de Fundación Telefónica sitúa las ofertas de empleos digitales en 94.378 y las relativas a ocupaciones no digitales en 315.016.

De vuelta a la realidad específica de la empresa, cabe reconocer que el problema no estriba tanto en que durante el pasado año casi el 75% de las empresas constituidas lo hicieran con un capital medio de 3.023 euros (al borde del mínimo legal), sino en que el contexto normativo español ahoga la capacidad de crecimiento de estas empresas. Las cargas que juegan en contra de los recursos productivos proliferan, al tiempo que perviven multitud de normas que desincentivan el crecimiento. El FMI identificó en su evaluación de la economía española en 2018 más de 100 regulaciones relacionadas con el tamaño que, potencialmente, desincentivan el crecimiento. Desafortunadamente, desde CEPYME podemos corroborar que a día de hoy no se han hecho los deberes a este respecto, a pesar del consenso que existe hacia la conveniencia de modificar las normativas que actúan como desincentivo al crecimiento.

Los obstáculos al crecimiento suelen traducirse en empresas menos sólidas y, en este sentido, son muy significativos los datos del Notariado acordes con que el porcentaje de sociedades liquidadas sobre el total de empresas se situó por debajo del 15% en 2015 frente al 32,5% de 2022, máximo de la serie. Los datos confirman que el problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme y al que, en 2022, se ha venido a sumar el choque inflacionista. Éste ha dado forma a unas alzas de costes del 20% para la pyme, mientras que sus ventas en volúmenes ya caían en la parte final del año pasado. Una combinación que ha dado lugar a márgenes más estrechos y, por tanto, al descenso de la liquidez, lo cual resulta una de las cuestiones más inquietantes para una empresa. En este contexto, la supervivencia a corto plazo se ha convertido en una preocupación creciente para muchas pymes españolas.

Frente a esta realidad, la mejor política radica en la generación de un entorno normativo racional y pensado desde la posibilidad de los recursos de la pyme, pero también caracterizado por la certidumbre y en el que la figura del empresario se perciba como un generador de riqueza y no como un adversario. Las instituciones no dejan de ser reglas de juego y cuando se introducen nuevas figuras impositivas a la carrera o múltiples normas complejas y presididas por una calidad técnica mejorable, no se ayuda a la actividad empresarial. Tampoco se hace cuando se demoniza al empresario, dado que se alimenta el desánimo en una pieza estratégica del engranaje económico, al tiempo que se limita la llegada de la inversión extranjera.

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo

92.000 oportunidades de empleo

EN ESTE PAÍS

92.000 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La falta de profesionales cualificados con titulación de FP que den respuesta a las demandas del mercado se vislumbra como un problema persistente. Esa es la principal conclusión del Informe sobre la Formación Profesional (FP) elaborado anualmente por CaixaBank Dualiza con la colaboración de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Una de cada cuatro empleos que se generarán hasta 2030 serán para Formación Profesional

CARLOS CAPA

«EL DÉFICIT DE PROFESIONALES CUALIFICADOS SE ATENUARÁ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL»

El estudio, que este año lleva por título Una nueva Ley de FP para unos nuevos tiempos, cifra en 92.500 las oportunidades de empleo para FP que quedarán no cubiertas hasta el año 2030, teniendo en cuenta el empleo que se generará, así como las personas que se titulan.

Ese déficit viene atenuado por la entrada en vigor de la nueva Ley de FP, que tendrá un impacto directo en la generación de empleo, por dos motivos. El primero, el aumento de recursos en el sistema se traducirá en un incremento de plazas ofertadas, lo que, de modo directo, afectará a un mayor número de personas tituladas en FP incorporándose al mercado laboral. El segundo, que facilitará una mayor adecuación de esos titulados a las necesidades del tejido productivo, lo que aumentará la empleabilidad de los técnicos de FP, facilitando el cambio en la percepción social, así como de los propios empleadores.

Sin embargo, ese impacto provocado por la nueva normativa no comenzará a sentirse hasta el año 2026, cuando accederán al mercado los primeros titulados promovidos por el nuevo marco regulatorio.

LA FP HA RESPONDIDO SIEMPRE CON MAYOR VELOCIDAD QUE OTRAS OPCIONES FORMATIVAS A LOS CAMBIOS SOCIALES

Oportunidades

Por primera vez, el estudio ha cuantificado las oportunidades de empleo que se generarán en España hasta el año 2030 para titulados de Formación Profesional, y que se estima en más de dos millones (2.131.325).

En concreto, más de un millón (1.219.136) corresponden a quienes cursen una FP de Grado Superior y algo menos (912.189) a aquellos que estén cursando un Grado Medio.

Según esos cálculos, una de cada cuatro nuevas oportunidades del total de 8.654.362 que se generarán en toda la economía hasta 2030 sería para FP.

Los sectores donde más empleo se generará serán el comercio, la educación, la hostelería, la construcción y la industria, y ese desarrollo tendrá una traslación directa al empleo en Formación Profesional.

De ese modo, el comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requieran: 242.380 oportunidades en Grado Superior y 203.868 en Grado Medio; seguido de la industria manufacturera (153.332 para Grado Superior y 103.560 para Grado Medio), y de las actividades sanitarias (101.517 para Grado Superior y 112.805 para Grado Medio).

Según se recoge en el estudio, falta por ver si la Formación Profesional contará con las herramientas suficientes para poder dotar de profesionales a las demandas que se generarán en cada uno de esos sectores. Lo cierto es que, hasta ahora, la FP ha respondido siempre con mayor velocidad que otras opciones formativas a los cambios sociales.

De este modo, el informe de CaixaBank Dualiza refleja cómo los sectores donde más ha aumentado la presencia de personas ocupadas con estudios de FP durante los últimos cinco años, han sido energía eléctrica, gas y vapor (+4,6%), comercio (+3,4%), actividades recreativas (+3%), e industria manufacturera (+2,9%).

El estudio también ha analizado cuáles son las familias profesionales en las que un mayor porcentaje de alumnos se titulan, así como, una vez se han titulado, cuáles son los profesionales que más pueden desarrollarse en los campos donde se han formado.

Sectores prometedores

En el primer aspecto, aparecen Sanidad, Administración y Gestión, y Servicios Socioculturales a la comunidad, que alcanzan un 44% de titulados totales. En el segundo, Sanidad sería la que en mayor medida provee titulados a su propia actividad. Un 65% de quienes se titulan en esta familia pueden emplearse en la misma.

Otras actividades como la Fabricación Mecánica (58,5%) u Hostelería (46,6%) también presentan un alto grado de especialización mientras que otras familias profesionales, como Administración y Gestión, o Electrónica y Electricidad ofrecen un carácter más transversal.

EL 36,3% DE LAS PERSONAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OCUPARON PUESTOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDERÍAN A TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Según observa el estudio, en sectores como la hostelería, una amplia parte del personal del que se nutre proviene de familias profesionales que no tienen nada que ver con el desempeño real, como imagen y sonido, imagen personal, actividades deportivas o administración y gestión, señalando que parte de ese efecto proviene del desajuste vertical que se produce cuando algunas personas se ocupan en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas o infracualificadas.

La nueva ley: elemento clave

La observación del comportamiento de los indicadores de FP durante 2022 confirma las tendencias que afianzan el crecimiento y mayor protagonismo de esta formación dentro del sistema educativo español, en el que se ha superado el millón de alumnos matriculados.

En primer lugar, el sistema educativo debe afrontar desafíos específicos como la disminución de la tasa de abandono escolar (el doble que la del conjunto de países de la OCDE); el aumento del nivel educativo de la población menos cualificada; el ajuste entre la oferta de personas cualificadas y la demanda de los sectores productivos, y el impulso de la formación a lo largo de la vida de todas las personas activas en el mercado laboral.

Asimismo, debe dar respuesta a retos más globales como la revolución digital; la transición hacia una economía más sostenible, o el reto demográfico como consecuencia del envejecimiento de la población.

Los expertos consideran que la FP puede contribuir a todos estos desafíos de una manera decisiva, ayudando a adaptar los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas en los próximos años.

En este contexto, la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de este año, constituye un elemento clave para reforzar el papel de la FP en el sistema educativo y formativo español. Una ley que aspira a cambiar el modelo de desarrollo de nuestra Formación Profesional cumpliendo una de las grandes aspiraciones del sistema: aunar en un solo sistema la formación inicial y la formación para el empleo.

PARA SABER MÁS

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Ver más

El Observatorio de la Formación Profesional ha publicado una extensa guía sobre la nueva Ley de Formación Profesional

Ver más
El comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requerirán, seguido de la industria manufacturera y de las actividades sanitarias
Intrusismo laboral

En 2021, el 36,3% de las personas con estudios universitarios ocuparon puestos de trabajo que corresponderían a titulados de FP, principalmente de Grado Superior, mientras que el 67,4% de las personas con FP de Grado Superior se emplearon en puestos que podrían ser desempeñados por profesionales de Grado Medio.

Ese desajuste tiene un impacto negativo en el conjunto del sistema educativo, en términos de inversión en educación no rentabilizada. Pero a la vez esa sobrecualificación provoca costes personales, por un aumento de la frustración de quienes consideran que se han formado para posiciones superiores, y costes empresariales, por un mayor índice de rotación.

La fiscalidad del patrimonio y su transmisión

ENTRE MAGNITUDES

LA FISCALIDAD DEL PATRIMONIO Y SU TRANSMISIÓN

De izquierda a derecha: Luis Aribayos, Javier Máximo Juárez, Carmen Jover, José Ángel Martínez Sanchiz y Fernando Fernández Méndez de Andés.

¿Pagar por donar? ¿Pagar por heredar? ¿Renunciar a una herencia por los impuestos? ¿Dónde es más barato y más caro heredar? ¿Cómo planificar una sucesión patrimonial? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué piensan los consumidores? ¿A qué dudas se enfrentan los notarios? Todas estas cuestiones se abordaron en el foro de debate Temas que importan, de la Fundación Notariado.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal? fue el título del panel de debate, presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fernando Fernández Méndez de Andés, exprofesor de economía de IE Business School; Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros); Luis Aribayos, secretario general de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), y Javier Máximo Juárez, notario y moderador, participaron como ponentes.

En la presentación del foro, Martínez Sanchiz señaló la importancia del tema elegido que “abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”.

Anomalía

Fernando Fernández inició su exposición describiendo las razones que justifican la creación de un impuesto: “Financiar bienes y gastos públicos; estabilizar la macroeconomía y evitar crisis, y contribuir a la justicia social”. Sin embargo, según el ponente, en España algunos tributos no responden a esas necesidades: “El Impuesto sobre Patrimonio no tiene justificación teórica al ser una renta ya gravada. Es una anomalía, ya se tributa por ser propietario de una vivienda o con la contribución urbana y rústica del IBI. Y por lo que se refiere al futuro impuesto sobre grandes fortunas, considero que es un tributo justiciero para las comunidades no leales”.

“Asimismo, impuestos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio impiden el ahorro. Necesitamos un ahorro que permita la inversión y hacer frente a la cifra histórica de deuda actual. Desde un punto de vista dinámico no tiene sentido establecer impuestos sobre el ahorro”, resaltó el economista.

 

DEBEMOS ANALIZAR Y COMPARAR LA SITUACIÓN
ESPAÑOLA CON LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

 

En nuestro país, la empresa familiar no puede ser competitiva debido a esa onerosa carga fiscal, señaló el profesor de IE: “La fiscalidad debe acabar con el raquitismo de nuestra empresa familiar, que no puede pasar del rango de micropyme. Sucesiones y Donaciones son un obstáculo para su desarrollo y, en ocasiones, la causa de la disolución de las empresas familiares”.

Entre las medidas concretas apuntadas por Fernández cabe destacar “la eliminación de diferencias formales entre sucesiones y donaciones entre vivos; asimismo, el sistema financiero debería asumir los costes bancarios asociados al abono de Sucesiones y Donaciones”.

Para concluir, señaló que “la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. Hay un modelo de familia implícito que la legislación favorece y en el que se detectan irregularidades, como en el caso de las legítimas y la penalización de los herederos colaterales”.

“En la actualidad existen demagogia y un populismo fiscal en el mapa tributario -resaltó-, por no hablar del laberinto autonómico en materia de impuestos. Esta situación provoca que haya contribuyentes que se vayan a otros países de la UE. Debemos analizar y comparar la fiscalidad internacional. España tiene una oportunidad de oro en la actual economía deslocalizada para atraer inversión -por el clima, la cultura, nuestra red digital- pero falta una fiscalidad competitiva”.

Principales cifras

Carmen Jover expuso algunas cifras sobre los impuestos analizados en este foro: “Por lo que se refiere a Patrimonio, en 2019 se recaudaron 1.300 millones en toda España. Al aprobar su bonificación la Comunidad de Madrid, las regiones que más recaudan pasan a ser Cataluña y Valencia. En cuanto a Sucesiones, se recauda casi el doble: 2.500 millones. En este tributo, Madrid ha aprobado bonificaciones para parientes próximos y colaterales. Aun así, están muy lejos de Impuestos como el de la Renta o el IVA con unos ingresos de 80.000 y 70.000 millones, respectivamente”.

 

¿TRIBUTOS COMO SUCESIONES,
DONACIONES O PATRIMONIO CREAN RIQUEZA O
SUPONEN UN OBSTÁCULO?

 

“Estos impuestos precisan una regulación más clara, homogénea y estricta; unas reglas generales que eviten ir caso por caso. Además, son muy antiguos; incluso recogen términos como el del ajuar, y deben actualizarse. Las empresas familiares se encuentran ante serios conflictos, con exenciones y reducciones que necesitan aclarar. Es muy significativo que existan tantas renuncias a herencias; son tributos tan caros que no se pueden asumir si en tu patrimonio no tienes líquido”.

Uno de los aspectos que abordó la vicepresidenta de REAF es la futura aprobación del Impuesto de solidaridad en las grandes fortunas, “prevista para antes de final de año. Será un impuesto estatal y temporal para el próximo bienio que afectará a los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros”.

Fiscalidad insoportable

Javier Máximo Juárez planteó a los asistentes una cuestión: “¿Tributos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio crean riqueza o suponen un obstáculo?”. Juárez señaló que “la ley del impuesto de sucesiones para la empresa familiar es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces. Por ello, los familiares colaterales -que ya empiezan a ser tenidos en cuenta en comunidades como Murcia y Madrid- enfrentan una fiscalidad insoportable. Si se renuncia a una herencia por sus impuestos es señal de que algo no funciona bien”.

Tras demandar una mejora en “la seguridad jurídica y la aplicación de los beneficios fiscales en la empresa familiar y la microempresa”, Juárez repasó ante el auditorio algunas de las principales preocupaciones que detecta en las personas y empresas que acuden a su notaría: “Les llama la atención tal disparidad tributaria. También se interesan, al ser una zona turística, por la tributación de los no residentes; algo, resuelto ya por la jurisprudencia de la UE, pero que siempre es fuente de problemas. ¿Por qué si el fallecido ha generado un patrimonio y satisfecho plusvalía, IVA, IRPF o ITP… tienen los parientes próximos que liquidar sucesiones?, me preguntan”.

La “muerte” de las empresas

Luis Aribayos realizó una foto fija del sector empresarial español antes de adentrarse en los aspectos fiscales: “Se debe conocer esta realidad antes de legislar. El 99,8% de las empresas son pymes; sólo hay 5.100 que no lo son. Y el 95% del total son microempresas; es decir, cuentan con menos de diez trabajadores. El 89% son empresas familiares y sólo el 18% tiene más de veinte años. La mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, por lo que ser emprendedor se puede calificar como una actividad de alto riesgo. No podemos perder tejido productivo por un impuesto; a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer”.

 

POR LO QUE SE REFIERE A PATRIMONIO, EN 2019 SE RECAUDARON 1.300 MILLONES EN TODA ESPAÑA

 

El representante de CEPYME hizo hincapié en una paradoja: “España es el país con mayor caída en su entorno del PIB y cuenta con una deuda récord, pero la recaudación tributaria es un 5% mayor. Ante este panorama, las pymes tienen un grave problema con una caída en la productividad de un 7% en los últimos cuatro años”.

Aribayos fue contundente en su diagnóstico sobre los impuestos analizados en el foro: “Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE. Tiene que desaparecer, no deben gravarse los bienes sino la capacidad de renta; el futuro Impuesto a las grandes fortunas introducirá inseguridad jurídica en los inversores extranjeros. Y sobre Sucesiones y Donaciones, pedimos simplificarlos, no podemos tener dudas y limitaciones”.

Sobre la competitividad autonómica en materia tributaria, declaró que “es algo lícito. Cuando Madrid decide no recaudar en Sucesiones o Patrimonio es porque está convencida que va a recaudar más por el IVA y el IRPF”.

Laberinto autonómico

Por último, Manuel Pardos señaló que “los consumidores de a pie, trabajadores, agricultores o autónomos a los que defiende ADICAE no se ven afectados por impuestos como el de Patrimonio. En cambio, sí que preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes; o la falta de capacidad para manejar instrumentos de disminución de impuestos. Los consumidores están peor pertrechados en cuanto a información, por lo que solicitamos la colaboración del Notariado en esta labor -como hemos hecho en otras ocasiones- para que la crisis no afecte como ocurrió en momentos anteriores. Nos interesa esa protección preventiva de los usuarios de los servicios financieros, algo de lo que los notarios saben mucho”.

Para concluir, el representante de ADICAE aludió a la justicia social para “apoyar de manera temporal el impuesto a la Banca, las energéticas y las grandes fortunas”.

Foro 'Temas que importan'

Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa, la política… permitirá ofrecer una visión global e integral de los temas analizados.

Más información

J. Á. MARTÍNEZ SANCHIZ

“El tema elegido abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”

JAVIER JUÁREZ

«La ley del impuesto de sucesiones es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces»

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

«La legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social»

CARMEN JOVER

«Sucesiones es un impuesto tan caro que no se puede asumir sin líquido en tu patrimonio”

LUIS ARIBAYOS

«Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE; Sucesiones y Donaciones debe simplificarse»

MANUEL PARDOS

«Al consumidor le preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes”
De izda. a dcha.: Carmen Jover, Javier M. Juárez, Fernando Fernández Méndez de Andés, José Ángel Martínez Sanchiz y Luis Aribayos.

El dato: un bien público

EN ESTE PAÍS

EL DATO: UN BIEN
PÚBLICO

El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del dato, un documento elaborado en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que recoge aspectos estratégicos, técnicos y éticos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia.

CARLOS CAPA

 

Implicaciones éticas

En cuanto a las implicaciones éticas de este proyecto, se contará con equipos o procesos que garanticen la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad cuando estén afectados por algún derecho de terceros (anonimización, pseudonimización, privacidad diferencial, generalización, aleatorización). Los responsables públicos encargados de la gestión de este sistema se comprometen a proteger las condiciones de acceso; la existencia de derechos de terceros; y la protección del secreto comercial y estadístico.

Este documento fue ratificado unánimemente en la Conferencia Sectorial de Justicia que, celebrada el 23 de junio en Toledo, y que reúne a los consejeros de esta materia de las comunidades autónomas con la Administración del Estado.

El documento, que también ha recibido el aval del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en este ámbito.

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia y en la que es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XX.

La producción de datos y la gestión del servicio público de justicia basado en ellos no predetermina -según recoge el documento- un modelo de servicio, sino que incentiva la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el sistema y dar soluciones a problemas concretos. Los datos en el ámbito de justicia comprenden tanto los relativos al funcionamiento de los sistemas judiciales como al resto de elementos integrantes del estado de Derecho; en particular, la capacidad normativa en la resolución de controversias y la seguridad jurídica.

 

SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE DATOS SEGURO, INTEROPERABLE Y ORIENTADO A SU REUTILIZACIÓN

 

Objetivos

El primero de los objetivos de esta propuesta es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. En este sentido, la producción y utilización de los datos, con fines estadísticos entre otros, contribuye a garantizar la separación de poderes, el imperio de la ley y la efectiva garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y la evaluación del impacto de los cambios en el marco normativo.

También se pretende la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes Administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado.

Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

La gestión pública orientada a datos supone la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen las demandas, el funcionamiento y los resultados que produce el sistema de justicia.

Esa identificación de índices e indicadores sirven para mejorar los resultados; colaborar en la producción de datos; y compartir y comparar los resultados de las distintas iniciativas y reformas en este sector.

El manifiesto pretende también garantizar la innovación mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se apuesta por impulsar la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes no estructuradas y transformarlas en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua. La calidad del sistema de datos depende de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como de la participación de actores del sector público y actores privados. La consideración de los datos como bien público exige la implementación de un sistema de cogobernanza entre las diferentes Administraciones dirigido en última instancia a la creación de un espacio público de datos del sector de la justicia que garantice el acceso y la calidad de los datos compartidos y fomente la participación en el mismo del mayor número de actores públicos y privados.

Igualdad y cohesión

Por último, se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad. La gestión del sistema basada en datos está orientada a generar herramientas para contribuir a la cohesión, garantizar la igualdad y respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

El compromiso alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas pone especial énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: la transparencia y accesibilidad por una parte y el compromiso ético en el tratamiento de los datos, máxime cuando estos se refieren a un espacio tan sensible como el de la relación de los ciudadanos con la Justicia.

 

EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA ES EL DE LA CONSIDERACIÓN DEL DATO COMO UN BIEN PÚBLICO

 

Así, todos los organismos implicados deben garantizar las condiciones de reutilización de los datos a partir del respeto a los derechos individuales; la existencia de una base jurídica suficiente y exigiendo la obtención del consentimiento cuando concurran datos sometidos a derechos de terceros como son el secreto comercial, la propiedad intelectual o la privacidad, para lo que se fomentará la eliminación de restricciones de acceso tanto de carácter técnico como jurídico y económico. La interconectividad entre los distintos organismos del sector público y entre los distintos niveles de gobierno en la elaboración y el intercambio de información supone una herramienta que lleva en último término a impulsar la cohesión territorial.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, financiado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PARA SABER MÁS

El Manifiesto del dato. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Justicia.

Ver más

Texto del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital

Ver más

LA LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL

El Manifiesto está en relación con uno de los más ambiciosos proyectos que se ha emprendido para modernizar la Justicia española: la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia y está dirigida a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la misma, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

En el texto se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos.

Menos ninis y más sisis

ENTRE MAGNITUDES

MENOS "NINIS" Y MÁS "SISIS"

Conseguir un empleo de calidad (bien remunerado y ‘de lo tuyo’) es un anhelo generalizado entre los jóvenes españoles. Sin embargo, la alta tasa de abandono escolar, la estrechez del mercado laboral, la elevada ratio de desempleo, la precariedad y falta de oportunidades y, por supuesto, los vaivenes de los diferentes ciclos económicos, pandemias aparte, conforman una desafiante carrera de obstáculos de difícil manejo para la mayoría de ellos.
FERNANDO GEIJO

En medio de este contexto, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que desde el fin de la crisis sanitaria el número de personas que estudian y trabajan en España ha superado al de su contraparte, los denominados ninis. Sin embargo, las causas de este particular ‘sorpasso’ no evidencian una mejoría, al menos significativa, de las expectativas laborales de los jóvenes en el actual entorno de incertidumbre al que se enfrenta la economía mundial.

Un reciente informe extraído de los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indica que en España hay un 19% menos de ninis que hace un año.

Es decir, un total de 805.400 jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan, frente a 959.200 ‘sisis’ que compaginan formación y empleo, según las últimas cifras aportadas por esta institución dependiente del INE relativas al segundo trimestre de 2022. Estas magnitudes suponen bajar, por segunda vez en diez años, del millón de ninis, al descender en 184.600 jóvenes con respecto al año anterior, tras alcanzar los 1,54 millones en 2010, escalar hasta 1,65 millones en 2012 y situarse en 982.900 personas antes de la llegada de la pandemia.

¿Espejismo o realidad?

Entre las causas de este desplome en el número de ninis, tras cuatro trimestres de descensos consecutivos, podrían encontrarse los balsámicos efectos de la reciente reforma laboral, al facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, algunos expertos consideran que no es oro todo lo que reluce y que, tras estas caídas en su número, encuadradas por cierto en una tendencia mundial generalizada, podría hallarse un indicador de precariedad al entender que muchos jóvenes acceden al mercado laboral más por necesidad que por su voluntad propia, dado que ante la imposibilidad de obtener el necesario apoyo familiar financiero deben costearse por sí mismos los estudios con empleos, en su mayoría, precarios y a tiempo parcial.

Y es que el retrato robot del nini español no solo se corresponde con el que habita en el imaginario colectivo de la sociedad (bajo nivel de instrucción y de ingreso familiar y/o de origen inmigrante) sino que, en muchos casos también, se trata de jóvenes pertenecientes al estamento social acomodado, cuyas familias pueden permitirse prolongar su mantenimiento, frente a los integrantes de las clases más populares que deben, sí o sí, ‘buscarse la vida’ desde temprana edad.

UN RECIENTE INFORME EXTRAÍDO DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) INDICA QUE EN ESPAÑA HAY UN 19% MENOS DE NINIS QUE HACE UN AÑO

El término nini se corresponde en inglés con el acrónimo NEET, cuyo significado es not in education, employment or training, lo que nos aporta una nueva pieza al puzle de este fenómeno para permitirnos contemplar la fotografía de este heterogéneo grupo de personas que lo integran.

Por consiguiente, no debemos perder de vista el factor educativo en su ecuación puesto que este colectivo tampoco recibe formación, un aspecto fundamental para evitar su desconexión definitiva del mercado laboral.

No en vano, si los jóvenes permanecen económicamente inactivos durante un período de tiempo es precisamente porque están centrados en sus estudios y, por tanto, invirtiendo en su futuro mejorando su empleabilidad. Por el contrario, los ninis estarían ahondando en su exclusión profesional, con riesgo incluso en algunos casos de caer en la marginación social, al mantenerse alejados de las aulas.

Y llegó la pandemia

A lo largo de 2020 la evolución del mercado de trabajo se vio cercenada por el cese de actividad decretado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En 2021 el anhelado rebote resultó ser más débil de lo esperado y no tomó impulso hasta su relanzamiento definitivo a comienzos de 2022. A lo largo de este tiempo, los jóvenes fueron el colectivo más afectado desde el punto de vista laboral. A esto hay que añadir el agravante del fracaso escolar que, aunque con tendencia a la baja, en la actualidad aún afecta en España al 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, tres puntos por encima de la media europea, según los datos de la EPA.

LA EDUCACIÓN SE ERIGE COMO UNO DE LOS ASPECTOS CLAVE PARA TRATAR DE ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO QUE RODEA A LOS NINIS

Los jóvenes españoles siguen sufriendo una alta tasa de desempleo, con una media del 28,52% para los menores de 25 años, según los últimos datos del INE. Sin embargo, el acceso al mundo laboral es complicado, aun teniendo formación, ya que, además, deben contar en muchas ocasiones con experiencia previa para acceder a determinados puestos. Un cóctel de difícil combinación, al menos, en los inicios de la carrera laboral.
Ante este panorama, muchos jóvenes procrastinan muy a su pesar el inicio de la misma y, por ende, ponen en peligro no solo sus futuras pensiones sino el mantenimiento de las actuales. De hecho y a pesar de su descenso, los aún más de 800.000 ninis contabilizados en España ni se forman ni tampoco cotizan, utilizando una acepción más amplia de este término un tanto peyorativo.

A grandes males

La educación se erige como uno de los aspectos clave para tratar de romper el círculo vicioso que rodea a los ninis. En este sentido, los jóvenes de hasta 29 años con nivel educativo bajo ya incorporados al mercado de trabajo suponían dos de cada diez activos de esa franja de edad en el primer trimestre de 2022, mientras que los formados son más de la mitad de los ocupados.

En la actualidad, el descenso del abandono de las aulas se debe más a la necesidad de formación por exigencias del mercado laboral, puesto que ahora el listón mínimo para acceder a casi cualquier puesto de trabajo se sitúa en la educación secundaria obligatoria.

En este sentido, el reciente estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Education at a Glance 2022, indica que el 28% de la población española de 25 a 34 años sólo había alcanzado la ESO como techo formativo, un porcentaje que dobla la media de los países que integran este organismo, pero cinco puntos inferior al obtenido una década atrás.

 

EL FRACASO ESCOLAR AÚN AFECTA EN ESPAÑA AL 13,3% DE LOS JÓVENES DE ENTRE 18 Y 24 AÑOS, TRES PUNTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA

 

Parece indudable que para las personas sin trabajo ni formación el futuro es mucho más incierto. Al calor de esta reflexión han surgido en España iniciativas como las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O). Fundadas en 1995 como una iniciativa de la Comisión Europea, su objetivo es dar una respuesta educativa a los jóvenes sin empleo de entre 15 y 29 años. En nuestro país existen ya 43 de estos centros repartidos entre nueve comunidades autónomas. Otra alternativa sería enfocar los estudios en cubrir las necesidades reales que demanda el mercado laboral, apostando, como en Suecia o Alemania, por la Formación Profesional Dual, sin olvidar alternativas como las bonificaciones salariales, que tan bien han funcionado en comunidades como el País Vasco.

Algunos economistas abogan por otorgar más facilidades o incentivos a las empresas para facilitar la contratación de personas sin experiencia, ya que las series estadísticas demuestran que en nuestro país cuanto mejor va la economía menos se estudia, por lo que entiende que habría que añadir al acrónimo nini una ‘n’ más, al objeto de indicar que muchos de ellos ni estudian, ni trabajan ni lo buscan.

Mujer, pobre y con escasa formación

Del informe presentado por la OIT se extraen varias conclusiones:

  • La tasa mundial de ninis creció un 1,5% en 2020 con respecto a 2019 debido a la pandemia sanitaria.
  • Los países desarrollados tienen un porcentaje de ninis más bajo y una brecha de género menor para este indicador.
  • Los varones de países de ingresos bajos y medios tienen 1,4 veces más probabilidades de pertenecer a este colectivo.
  • Las mujeres con renta media-alta tienen el doble de opciones de caer en esta situación que las de ingresos altos.
  • El norte, centro y sur de Europa registra la tasa de ninis más baja del mundo, 11,4%, frente al 51,4% de los países árabes, la más alta.
  • La diferencia de género entre los ninis apunta a un mayor hándicap para las mujeres, debido a barreras adicionales a las laborales relativas al entorno familiar y formativo.
  • En todas las subregiones en que se ha dividido el planeta, la tasa de mujeres nini siempre es superior a la de los varones, doblando y triplicando incluso esta ratio en algunas zonas como Asia meridional y los países árabes.
  • La pandemia ha provocado un importante deterioro de la calidad de la educación por el cierre de las escuelas que afectó a 1.600 millones de alumnos en todo el mundo.

El pertinaz desempleo

El paro entre menores de 25 años cayó en España en 2021 en 119.900 personas, aunque aún se sitúa en el 30,7%, tres puntos más que el año anterior, según datos de la EPA. Por segmentos de edad, se registraron 119.100 desempleados entre los de 16 y 19 años, 12.000 menos que en el ejercicio previo, mientras que el número de jóvenes inscritos en el paro de entre 20 y 24 años alcanzó los 333.400, 107.900 menos que en 2020.

Ojo al dato

Encuesta de Población Activa (EPA), segundo trimestre de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ver

Informe sobre las tendencias mundiales del empleo juvenil, 2022. Resumen ejecutivo. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ver

Estudio ‘Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis’. Instituto de la Juventud (Injuve). Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ver
Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) tienen como fin dar una respuesta educativa a los jóvenes sin empleo de entre 15 y 29 años.