Los ayuntamientos dan ejemplo

EN ESTE PAÍS

Los ayuntamientos dan ejemplo

El actual saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales aporta oxígeno al resto de Administraciones.

ELVIRA ARROYO
El dinero ahorrado por las corporaciones locales en depósitos y efectivo superó en el tercer trimestre de 2024 los 45.000 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico. Este escenario es el resultado de unas reglas de equilibrio presupuestario y gasto mucho más rigurosas para las entidades locales. Por ello, se plantea abordar una reforma que dé más flexibilidad a los ayuntamientos para invertir su superávit.

Los ahorros que tienen en los bancos las entidades locales han aumentado cerca de un 125% desde 2016, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta situación tiene su origen en 2011, cuando se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. […] Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. […]”), cuyos principios fueron desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se introduce así “una regla muy exigente para las corporaciones locales, que no pueden tener déficit, ni siquiera un 0,1%”, explica César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, y subdirector del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cabe recordar que las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) instan a que todos los Estados miembros tengan un déficit inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda inferior al 60% del PIB. La legislación española impone a las entidades locales un déficit del 0% y un endeudamiento máximo del 3%, requisitos que en 2024 han logrado sobradamente tras registrar un superávit del 0,3% y situar su endeudamiento en el 1,4% del PIB. Este porcentaje dista mucho de las cifras de otras Administraciones públicas, ya que en el cuarto trimestre de 2024 la deuda de la Administración central era del 93,6% del PIB y la de las comunidades autónomas del 21,1% del PIB.

 

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA IMPONE A LAS ENTIDADES LOCALES UN DÉFICIT DEL 0% Y UN ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, ALGO QUE HABITUALMENTE HAN CUMPLIDO

 

“A diferencia del resto de Administraciones públicas, las Administraciones locales han cumplido estas normas casi siempre, algo que no han hecho ni el Estado ni las comunidades autónomas”, recuerda César Martínez.

Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2024 con un superávit de 483 millones de euros y desde 2019 tiene un superávit acumulado de 1.108 millones de euros.

Varias causas. Esta circunstancia atípica en la que los municipios acumulan más depósitos bancarios que deuda se debe a tres razones, según explica César Martínez Sánchez. La primera es que se ha cumplido la regla del equilibrio presupuestario. La segunda es la regla del gasto, “una regla adicional según la cual el gasto no puede superar la referencia que marca cada año el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De este modo, aunque un municipio tenga ingresos suficientes para incrementar su gasto un 7%, no puede hacerlo porque hay un límite que persigue que tenga superávit”. En tercer lugar, está el destino obligatorio del superávit. “Este dinero prácticamente solo se puede destinar a amortizar la deuda de forma anticipada. Como las Administraciones locales han tenido superávits recurrentes, hay muchos municipios que no tienen deuda o que la han rebajado muchísimo”.

Estos factores han dado lugar a un saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales que aporta oxígeno al resto de Administraciones, pero, a juicio de César Martínez, esto no tiene sentido. “No puede ser que los ayuntamientos tengan decenas de miles de millones en los bancos”.

 

LOS AYUNTAMIENTOS SE QUEJAN DE ESTAR
OBLIGADOS A DESTINAR SU SUPERÁVIT BÁSICAMENTE A LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA

 

Sin cambios en 2025. Todo apunta a que de momento se mantendrán estos criterios. El Ministerio de Hacienda ha indicado que en 2025 el subsector local y cada entidad local individualmente tendrán que registrar equilibrio presupuestario o superávit, y el objetivo de deuda pública se fija en el 1,3% del PIB.

A su vez, la variación del gasto computable de las entidades locales, al igual que para el resto de las Administraciones públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que será del 3,2% en 2025.

En cuanto al superávit presupuestario de 2024, deberá destinarse a reducir deuda en 2025, siempre con el límite del volumen de endeudamiento. Con respecto a este punto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha manifestado su contrariedad con la nota técnica remitida por el Ministerio de Hacienda a los alcaldes, en la que “nos prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior para las inversiones que se consideran financieramente sostenibles y nos obliga a destinarlo tan solo a amortización de deuda”.

 

LA PRESIDENTA DE LA FEMP INSISTE EN QUE ES URGENTE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

Reformas. En realidad, las corporaciones locales llevan años pidiendo que se revise el modelo vigente. La presidenta de la FEMP insiste en que es urgente actualizar el sistema de financiación local y garantizar la autonomía de los ayuntamientos. Considera que las entidades locales siguen operando con una legislación obsoleta y un sistema de financiación que no se ha revisado desde 2002, lo que supone un obstáculo para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. También reclama al Gobierno contar con Presupuestos Generales del Estado, una ley necesaria para que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells puedan disponer de recursos y transferencias de capital que permitan aprobar sus cuentas y sacar adelante sus principales proyectos. “Los ayuntamientos están perdiendo por esta situación 1.159 millones de euros”, ha señalado.

Para el profesor Martínez Sánchez la solución está en “reformar la regla del gasto para que los municipios que tengan equilibrio presupuestario y no tengan deuda puedan hacer más inversiones. Habría que crear un fondo de reserva para contingencias con aproximadamente el 30% de los gastos liquidados el año anterior. Una vez hecho esto, no habría que limitar el gasto”. Esto permitiría acometer proyectos que ahora no se pueden hacer. Desde su punto de vista, es contradictorio que un ayuntamiento tenga un superávit que no puede gastar y en algunos barrios falte una escuela infantil, por ejemplo.

Principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos
  • Tributos propios (IBI, Gestión de Residuos, IVTM, plusvalía, IAE, ICIO…).
  • La participación en los tributos del Estado (Incluye, por un lado, un porcentaje de la recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales; y, por otro lado, el Fondo Complementario de Financiación).
  • Subvenciones
  • Operaciones de crédito.
  • Multas y sanciones.
  • Ingresos procedentes de su patrimonio.
  • Donaciones.
PARA SABER MÁS

“El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar”, por Yolanda Gómez

EN ESTE PAÍS
YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

“Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones”

El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar

Desde los últimos coletazos de la crisis financiera y la gran recesión, los ahorros de los municipios españoles no han dejado de crecer. Al cierre de 2023 alcanzaron los 38.698 millones de euros en efectivo y depósitos, según datos del Banco de España. El montante de su deuda, sin embargo, ha seguido el camino inverso y al cierre del citado ejercicio se situaba en 23.309 millones de euros, el nivel más bajo desde 2004 y casi la mitad que sus ahorros. Estas cifras no son consecuencia de que los alcaldes de los más de 8.000 municipios que hay en España sean todos unos virtuosos de la gestión pública o unos amantes de la austeridad, sino que responden a unas estrictas reglas fiscales aprobadas en 2011 y 2012, en un intento de convencer a nuestros socios comunitarios de que estábamos dispuestos a sanear nuestras cuentas públicas y a evitar así el rescate del país.

En concreto, ese incremento de los ahorros de los municipios tiene detrás la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, con un pacto entre el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Detrás de esa reforma, como más tarde confesó Rodríguez Zapatero, no solo estaban las presiones de la Comisión Europea, sino muy especialmente las del entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que, en una misiva enviada al presidente del Gobierno español, reclamaba «medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad» a la deuda española.

La reforma tenía como objetivo blindar por la vía constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, y dar prioridad al pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria. Con estas dos medidas se pretendía mejorar la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer frente al pago de la deuda.

Este mandato constitucional se desarrolló en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fijó rígidos controles financieros para todas las administraciones. Para las corporaciones locales, esto se tradujo en la obligación de presentar presupuestos equilibrados y someterse a la regla de gasto, un mecanismo que limita su incremento. Según esta regla, el incremento de gasto está ligado al crecimiento del PIB, sin tener en cuenta si las cuentas están saneadas, si se aumentan los ingresos o si hay superávit presupuestario.

De este modo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en las comunidades y en el Estado, que han disparado su gasto y, por tanto, su déficit y su deuda tanto para hacer frente a la pandemia como después para paliar los efectos de la crisis de inflación tras la invasión rusa de Ucrania, los ayuntamientos han seguido aumentando sus ahorros y saneando sus cuentas.

Este ahorro acumulado y este colchón financiero, que ha servido para compensar, aunque solo en parte, los abultados números rojos del resto de administraciones, genera debate tanto entre la clase política como entre los propios economistas. Si bien es cierto que estos ahorros pueden ser muy útiles en tiempos de crisis, si no pueden gastarse en lo que realmente se necesita, de poco pueden servir.

Desde 2014 se pueden emplear parte de estos ahorros en inversiones financieramente sostenibles, como infraestructuras o proyectos muy específicos. No obstante, muchos municipios, con sus cuentas saneadas y libres de deuda, no encuentran los proyectos adecuados en los que intervenir con lo que, para cumplir la ley, tienen que destinar sus superávits a amortizar deuda.

Ante esta situación son varias las alternativas que proponen los expertos para poder utilizar estos recursos. Una de ellas sería reordenar competencias, de manera que los ayuntamientos prestaran más servicios que ahora recaen en otras administraciones.

Otra propuesta sugiere invertir los ahorros en la deuda de otras administraciones, como la de las autonomías, obteniendo una rentabilidad que podría destinarse a ingresos corrientes. Esto evitaría la situación actual de mantener el dinero en depósitos, pagando incluso comisiones por ello.

Desde la Federación de Municipios y Provincias se va más allá y en varias ocasiones se ha pedido que se permita a las entidades locales reinvertir su superávit en aquello que consideren más conveniente para los ciudadanos, sin “supervisión ni autorización” por parte de otras administraciones. Se quejan los ayuntamientos de las estrictas reglas presupuestarias a las que están sometidos y que contrastan con la flexibilidad que se permite a las comunidades autónomas o a la Administración Central.

Es cierto que, a diferencia de estas administraciones, los ingresos de los ayuntamientos están mucho menos ligados al ciclo económico. El IBI, una de sus principales fuentes de financiación, es mucho menos errático que los ingresos ligados al consumo (IVA o impuestos especiales) o a las rentas (IRPF o Sociedades), con los que se financian el Estado y las autonomías. Pero también lo es que las exigencias de estabilidad son mucho mayores con los entes locales que con el resto de administraciones.

Ante esta situación el debate está abierto y lo cierto es que los grupos políticos, a pesar de la crispación, le debían dar solución. Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones, de manera que se eviten desequilibrios en las cuentas globales del Estado español superiores a los que ya tenemos. Al Estado y a las autonomías les vendría bien en estos momentos tener un colchón para hacer frente a la guerra arancelaria.

«La vivienda: cuestión de Estado»

No es país para jóvenes

ENTRE MAGNITUDES
La diferencia de renta entre jóvenes y mayores, en España, alcanza el 28%.

NO ES PAÍS PARA JÓVENES

La brecha generacional se ensancha en España. Precariedad laboral y vivienda encarecida, por un lado, y revalorización vía indexación al IPC de las pensiones, con cotizaciones más altas de longevos jubilados, por otro, agrandan un boquete económico que amenaza los planes vitales de los jóvenes y pone en riesgo el sostenimiento del sistema de protección de los mayores.
FERNANDO GEIJO

El dato mata el relato. Las cifras no mienten y ponen el foco en una tozuda realidad que se confirma cada año. La renta en nuestro país de los ciudadanos de entre 16 y 29 años se situó en 2024 en poco más de 13.400 euros, frente a un promedio superior a los 17.000 euros anuales que alcanzó la de la población sénior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La grieta que separa a ambos colectivos se fijó el año pasado en nada menos que el 27,8%, diferencia establecida por el INE entre la renta media de los mayores de 65 años frente a la de lo menores de 30, más baja.

LOS HOGARES FORMADOS POR MAYORES DE 65 AÑOS SON LOS ÚNICOS QUE EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS HAN AMPLIADO SU RENTA

Brecha generacional. En 2023 la renta media de los ciudadanos de 65 años en adelante aumentó un 6,3% con respecto al ejercicio anterior. Un incremento que no sólo superó el del ingreso medio español, fijado en el 5,1%, sino también el de los jóvenes, que llegó al 5%.

SÓLO EL 25% DE LOS NACIDOS ENTRE 1985 Y 1995 SON DUEÑOS DE SU CASA, FRENTE AL 81% DE LOS NACIDOS DEL 1945 AL 1965

La explicación a estas cifras se encuentra en la revalorización de las pensiones, asegurada por ley en un entorno de fuerte inflación y, por ende, de pérdida de poder adquisitivo para el resto de grupos sociales que no vieron reflejado un aumento similar en sus respectivas alzas salariales vía convenios colectivos.

A lo anterior hay que sumar la adversa combinación entre los bajos salarios y los prohibitivos precios de la vivienda, que están golpeando en mayor medida a la población joven frente al resto de la sociedad. Sin olvidar la escasa inversión en políticas educativas que fortalezcan la formación de los júnior y la magra apuesta por fomentar las ayudas públicas en el entorno de la familia.

Renta por edad. Las proyecciones de la Seguridad Social, en línea con las del INE y Eurostat, indican que para 2040 el número de población joven en España descenderá del actual 20% al 16%. Un porcentaje que avala el sesgo de los partidos políticos para tratar de contentar con sus políticas a la población más envejecida y numerosa.

La Encuesta Financiera de las Familias, que elabora el Banco de España, muestra que los hogares formados por mayores de 65 años son los únicos que en los últimos veinte años han ampliado su renta. Cabe destacar, en este sentido, que en 2002 en los tramos de edad de entre 65 y 74 años, alcanzaban una riqueza media cifrada en 148.000 euros, frente a los 132.000 que acumulaban en promedio los ciudadanos de entre 35 y 44 años, mientras que en 2022 la diferencia se hizo mayor alcanzando la de los primeros los 226.000 euros y la de los jóvenes apenas 75.700 euros. Y es que, como dejó escrito Quevedo en su famosa letrilla satírica del Siglo de Oro, “poderoso caballero es don dinero”.

En términos de patrimonio el escenario se repite. Así lo demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida del INE al subrayar que en 2023 la renta media de las personas de entre 16 y 29 años era un 28% inferior a la de los mayores de 65 años (cuando en 2008 era un 16% más baja).

Ante esta situación, y a pesar de que los expertos en la materia consideran que no se está produciendo una auténtica disputa intergeneracional sino que más bien se trataría de un nuevo capítulo de la clásica lucha de clases, no se puede obviar que la pensión media en España ronda los 1.600 euros, para los jubilados del régimen general (ocho de cada diez) y que el salario medio se situó en algo más de 1.850 euros en 2022, siendo el más frecuente de poco más de 1.200 euros, según la Encuesta de Estructura Salarial.

SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA,
CADA GENERACIÓN DE ESPAÑOLES SERÁ MÁS POBRE QUE LA ANTERIOR EN TÉRMINOS DE ACCESO A UNA VIVIENDA EN PROPIEDAD

Acceso a la vivienda. El caso de la vivienda merece un capítulo aparte. La citada Encuesta Financiera de las Familias, que desde 2002 elabora el Banco de España, atestigua que cada generación de españoles sería más pobre que la anterior, al menos en términos de acceso a una vivienda en propiedad.

De esta forma, constata que sólo el 67% de los nacidos entre 1975 y 1985 tenía casa propia a los 42 años, en contraste con el 81% de los que llegaron al mundo entre 1945 y 1965, que ya era propietario de su propio techo a esa misma edad, lo que supone una caída de 14 puntos básicos.

En el caso de los más jóvenes, este porcentaje se desploma para los nacidos entre 1985 y 1995 hasta el 25%, dado que apenas uno de cada cuatro ha podido adquirir una casa.

Además, la carencia de una vivienda en propiedad, lastrada por el alza de precios y la falta de ahorro derivada de los ajustados salarios, obedece en numerosas ocasiones a la inexistencia de un patrimonio previo vía herencia. A veces, única esperanza para escapar de esta especie de círculo vicioso.

¿Polos opuestos? En línea con la atracción física de los extremos, lo cierto es que jóvenes y mayores pertenecen a una misma realidad social y están ampliamente conectados por múltiples nudos, incluidos los afectivos y de parentesco, por lo que se complementan y, en definitiva, se necesitan mutuamente para mantener el necesario equilibrio de reemplazo generacional.

En definitiva, y en contraposición al título de la célebre cinta de los hermanos Coen, donde Javier Bardem obtuvo el Óscar por su interpretación, en España las estadísticas revelan con pertinaz insistencia una situación financiera cada vez más hostil para la población joven.

Divergencia intergeneracional

El informe Encuesta Financiera de las Familias revela que la concentración de la riqueza en España creció entre 2011 y 2021. De esta manera, el 5% más rico de la población aumentó su participación en la riqueza neta en un 7,3%, en contraste con países como Italia, donde se estabilizó, y Alemania, Francia o Portugal, en los que la desigualdad se redujo. El estudio alerta sobre el agravamiento de esta divergencia intergeneracional y advierte de que, sin medidas específicas, los jóvenes tendrán más dificultades para alcanzar niveles de vida análogos a los de sus ancestros. Para paliar esta situación, los expertos proponen aumentar el parque de vivienda pública, regular el alquiler y flexibilizar el mercado laboral.

El peso de los mayores

El peso demográfico y electoral de los jubilados en España, más de diez millones, condiciona las políticas públicas en favor de los mayores. Atender sus demandas se ha convertido en una prioridad para los partidos políticos, especialmente en materia de gasto. En el campo de las pensiones, recientes iniciativas como la cuota de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya implican un sobrecoste para los trabajadores en activo, representando el 40% del presupuesto total estatal y cerca del 13% del PIB. Sin olvidar que el gasto sanitario en mayores de 85 años multiplica por ocho el de los menores de 25 años.

Ojo al dato
  • Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2022: Métodos, resultados y cambios desde 2020. Banco de España, 2024.
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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), año 2023. Instituto Nacional de Estadística (INE).

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  • Encuesta de Estructura Salarial (EES), año 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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  • El Futuro del Empleo: 10 retos y oportunidades, Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo, noviembre de 2024. Fundación Adecco.
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“Una causa sin rebeldes”, por Carmelo Encinas

ENTRE MAGNITUDES
CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“Montar una familia es una tarea ciclópea para los jóvenes que no cuenten con el empujón económico de sus padres”

Una causa sin rebeldes

Aquel octubre de 1955 la Warner Bros estrenó en los Estados Unidos una película que cosecharía un extraordinario éxito de taquilla. Su título Rebelde sin causa, fue el único gran triunfo en las salas de proyección del director Nicholas Ray cuyos trabajos eran realizados de manera independiente y con escasa intención comercial. Al margen de la calidad cinematográfica, su exhibición tenía un poderoso atractivo cargado de morbo. Su principal protagonista, el joven actor James Dean, había fallecido tan solo unos días antes en accidente de tráfico cuando conducía el Porche con el que acudía para competir en una carrera automovilística, su gran pasión. Esa muerte, a la temprana edad de 24 años, causó enorme impacto en el mundo del cine y la figura de Dean paso de la vida al mito. El gancho de la tragedia, con toda la fortaleza promocional que supuso, convirtió la imagen del actor en el gran icono de la rebeldía juvenil que la película abordaba.

Rebelde sin causa trató de retratar las diferencias entre generaciones y la decadencia moral de una juventud estadounidense muy crítica con el estilo de vida de sus progenitores. Una rebeldía que encaraba los modos de la sociedad y sus instituciones pero que carecía de objetivos específicos para su desafío. Han pasado siete décadas desde el estreno de aquel mítico film y las brechas generacionales siguen hoy vigentes, aunque con matices diferenciales, según las características de cada sociedad. En la España de aquellos años 50, la causa que aún motivaba a la inmensa mayoría de nuestra gente era la de convertirse en clase media escapando de la precariedad cuando no de la miseria en que la guerra civil había sumido al país. Cuando ya superado el bloqueo internacional los años del desarrollismo le dieron algo de aire a la economía nacional, la gran causa que se fue imponiendo entre la ciudadanía española fue la de recuperar la libertad que el franquismo mantenía secuestrada desde su victoria militar. Es cierto que el dictador murió en la cama, pero aquella ansiada libertad hubo de ganarse en las calles. Si cada generación tuvo su causa no cabe imaginar una más motivadora que la de rebelarse contra una autárquica en demanda de los legítimos derechos a ser ciudadanos libres. Para quienes así lo vivimos constituyó todo un privilegio el asistir y participar en el tránsito a la democracia y la posterior incorporación a la Europa comunitaria con el fenomenal impulso que ello supuso para el desarrollo y la modernización y del país.

Los padres siempre tratan de proporcionar a sus hijos lo que a ellos les faltó cuando eran niños o jóvenes; todo aquello que echaron de menos en su formación, su calidad de vida o su divertimento. En términos generales los chavales de ahora han disfrutado y disfrutan de ventajas que fueron inimaginables para la mayoría de sus progenitores, lo que no siempre es un factor positivo en su desarrollo. El criarse entre algodones tiende a adormecer el ánimo y la fortaleza para afrontar las vicisitudes que con el tiempo habrán de superar. La ilusión es el motor de la vida y el haber tenido todo sin mayor esfuerzo opaca el anhelo por conseguir aquello que se desea.

En el afán de proporcionar el mayor bienestar a la prole, dimos siempre por supuesto que nuestros hijos tendrían una existencia adulta más confortable que la nuestra. No imaginamos que los salarios irían a la baja, que se eternizarían como becarios y que la independencia del hogar familiar superaría los 30 años de media. Es difícil desengancharse de la tutela paterna y las circunstancias muchas veces tampoco lo hacen demasiado apetecible. Vivir con los padres es gratis y aún ganando poco se le saca mucho brillo al dinero para viajar, salir de marcha o darse caprichos si no has de afrontar los gastos corrientes de una casa y comes a mesa puesta. Este bajo estímulo para montarse una vida por su cuenta cae bajo mínimos al explorar el mercado inmobiliario y advertir que el alquiler de un apartamento minúsculo se llevará como poco la mitad del sueldo y la compra de un piso, por modesto que fuere, exige un prologando sacrificio de ahorro antes de hipotecarse casi de por vida. Así, montar una familia se presenta como una tarea ciclópea para aquellos jóvenes que no cuenten con el empujón económico inicial de sus padres. La consecuencia de todo ello es el mencionado alargamiento de la adolescencia y una caída en la tasa de natalidad que invierte peligrosamente la pirámide demográfica.

Que la renta media de los mayores de 65 años en España sea un 6,4% superior a la del conjunto de la UE no es una mala noticia, como algunos pretenden hacernos creer; nuestros jubilados se han ganado su pensión a golpe de cotización durante décadas y lo justo es que la disfruten. Sí es negativo, en cambio, que los ingresos de la población en edad de trabajar sean un 7,3% más bajos que los de la media europea. Hay vectores adversos para la gente joven como los ya apuntados que requieren correcciones estructurales urgentes. Tal exigencia debería desatar la reacción reivindicativa de una juventud que parece condenada a una vida adulta peor de la que gozaron sus padres. La causa justificaría una actitud de rebeldía airada que sin embargo apenas se advierte. En lugar de ´rebeldes sin causa´ lo que hay es una causa sin rebeldes.

Confucio y la piedad filial

Un comité de expertos para la reconstrucción tras la dana

EN ESTE PAÍS

UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA

ELVIRA ARROYO
El Gobierno de España ha constituido un comité de personas expertas que asesorará en la toma de decisiones para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones de octubre de 2024. Lo componen 35 especialistas de distintos ámbitos, que aportarán soluciones desde una perspectiva global y recomendaciones para abordar futuras crisis.

La reconstrucción de los lugares devastados por la dana que atravesó España a finales de octubre de 2024, dejando graves daños sobre todo en la provincia de Valencia, es todo un desafío que exige una respuesta integral. La responsabilidad de este reto está siendo liderada por el vicepresidente para la Reconstrucción Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno, José María Ángel. Ambos han manifestado su intención de aunar esfuerzos y trabajar en sintonía.

 

EL COMITÉ PRESENTARÁ UNA HOJA DE RUTA A LA GENERALITAT VALENCIANA Y AL EJECUTIVO CENTRAL PARA LA RESTITUCIÓN DEL TERRITORIO VALENCIANO

 

Estrategia a seguir. Además, a primeros de febrero de 2025, iniciaba su andadura un comité de expertos creado por el Gobierno de España, que se reunirá periódicamente y participará en la redacción de una estrategia de reconstrucción, en la que se definirán las bases para la reactivación social y económica de las zonas damnificadas por la DANA. También tratará cuestiones a largo plazo, con propuestas para actuar ante futuras emergencias.

El comité lo forman 35 personas especializadas en derecho constitucional, prevención de riesgos, desarrollo económico e industrial, ordenación del territorio, ingeniería rural y agroalimentaria, medioambiente y emergencias climáticas, geología, infraestructuras hidráulicas, igualdad, salud mental, análisis de datos e inteligencia artificial. A ellas se suman seis colegios profesionales de la Comunitat Valenciana y la sociedad civil (colectivos sociales, empresariales, sindicales y del tercer sector). “Esto es muy positivo, puesto que la reconstrucción de un desastre de esta magnitud es un proceso multidisciplinario que abarca a toda la sociedad en su conjunto y donde tanto expertos como agentes sociales debemos retroalimentarnos para encontrar las mejores soluciones, aprender de los errores y atender a las necesidades de la población afectada, mirando siempre hacia un futuro más resiliente y sostenible”, explica una de sus componentes, Carmen Grau Vila, doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda (Japón). “También celebro -añade- que el 40% de los miembros inicialmente convocados al comité sean mujeres. Digo inicialmente porque está abierto a nuevas adhesiones”.

En la primera reunión participaron también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; además de Francisco José Gan Pampols y José María Ángel.

 

ESTOS EXPERTOS DEBERÁN ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE DEFINIRÁN LAS BASES PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ZONAS DAMNIFICADAS

 

Aportaciones. Uno de los compromisos asumidos es la elaboración de un informe técnico que sirva como hoja de ruta tanto a la Generalitat Valenciana como al Ejecutivo central para la restitución del territorio valenciano. En palabras de José María Ángel, el objetivo es «recuperar, reconstruir y rehabilitar. Para ello, debemos apoyarnos en expertos y generar un documento que nos ayude a trabajar en una dirección común».

Cada experto pondrá a disposición del comité sus conocimientos con este fin.

Enrique Cabrera Rochera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politècnica de València ha manifestado que su trabajo en el comité pretende contribuir a la búsqueda de unas infraestructuras hidráulicas y unos servicios de agua más resilientes, así como a una modernización del ciclo integral del agua. “Todo ello con un objetivo: que, ante posibles situaciones de emergencia, el impacto sobre los ciudadanos sea el menor posible y la recuperación de los servicios básicos de agua y saneamiento tras la catástrofe se agilice al máximo”.

 

LOS EXPERTOS ADVIERTEN QUE ESTE TIPO
DE DESASTRES TIENDEN A PERPETUARSE Y A SER CADA VEZ MÁS FRECUENTES, LO QUE EXIGE ESTAR PREPARADOS

 

En el ámbito de la salud mental, uno de sus representantes es Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría y Psicología de la Universitat de València, que ya ha formado parte de otros comités de expertos (fue Comisionado de la presidencia de la Generalitat Valenciana en Salud Mental durante la pandemia de la Covid-19). Tabarés destaca que la sociedad está asistiendo cada vez más, de forma directa e indirecta, a situaciones catástrofe o emergencia que repercuten en la salud física y mental, con un aumento de problemas cardiovasculares, trastornos cognitivos, ansiedad, estrés postraumático… Las personas más vulnerables, como mayores que viven solos, menores con problemas, trabajadores de emergencias y los voluntarios tienen más probabilidades de verse afectados. “Mi objetivo es señalar el impacto de todo esto en la salud física y mental para orientar la asignación de recursos. Para ello, sería necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones implicadas: municipal, autonómica y central para conocer la prevalencia de los problemas de salud mental y física relacionados con la dana, con el objetivo de asignar recursos, planificar y poner en marcha intervenciones basadas en la evidencia”, comenta.

Planificación. La prioridad inmediata es la reconstrucción, pero a la vez hay que pensar en la prevención. Rafael Tabarés subraya que este es un aspecto fundamental porque no estamos ante una excepción. En este sentido, recuerda que algunos científicos relacionan fenómenos como la última dana ocurrida en Valencia con un cambio climático y que en la última asamblea general de la OMS se habló de la necesidad de responder a los efectos del cambio climático en la salud. “Es importantísimo empezar a estudiar con claridad el impacto de estas situaciones, que se van a perpetuar en el tiempo, en los sistemas sanitario y social. Tenemos que analizar si nuestro sistema sanitario se puede hacer cargo de situaciones como la dana”. También recomienda trabajar aspectos como la cadena de suministros, factores tecnológicos y todo lo relacionado con la prevención. “No es cuestión de crear alarmismo, pero es mucho mejor prepararse. De hecho, los planes de estudio de medicina, enfermería o psicología deberían incluir aspectos relacionados con el cambio climático, las situaciones catastróficas y la salud y el bienestar”, concluye.

Carmen Grau advierte de la importancia de anticiparse. “Me gustaría que no pase el tiempo y se olvide; que no vuelva a ocurrir en dos décadas y nos pille igual de desprevenidos. Los desastres de este tipo son cíclicos y me temo además que serán más frecuentes e intensos. Es ahora, en la reconstrucción, cuando tenemos la oportunidad de crear nuevas medidas de contención y mitigación para protegernos”. Grau apunta que hay estrategias de transmisión a las siguientes generaciones que pueden trabajarse desde las escuelas o instituciones y que en Japón salvan muchas vidas. Además, le gustaría presentar al comité modelos de otros lugares que han sido reconstruidos, como los pueblos japoneses tras el tsunami de 2011; o de EE. UU. tras el huracán Katrina de 2005. “Quiero poner sobre la mesa, pero también acercar herramientas que ayuden a los pueblos a protegerse y saber actuar, y a las autoridades a mejorar nuestros sistemas”, concluye.

Gestión de riesgos y desastres
Carmen Grau, valenciana de la zona afectada por la dana, es doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda, Japón. En declaraciones a Escritura Pública afirma que para ella es un honor poder ayudar y poner a disposición de su tierra aprendizajes adquiridos investigando en Japón. “Soy originaria de un pueblo valenciano que está situado en la zona de más riesgo de fuertes lluvias de España. Por mi pueblo pasa el río Vaca y muy cerca desemboca el río Xúquer (Júcar). De pequeña viví una riada en 1996 y esa experiencia, junto al triple desastre de 2011 cuando ya vivía en Japón, fueron el germen de mi investigación doctoral. Sé de la importancia de la historia y la necesidad de la mejora continua en materia de gestión de riesgos y desastres para salvar vidas y optimizar sistemas”.
El papel de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial jugará un papel decisivo ante cualquier desastre natural. Nuria Lloret Romero, catedrática en Administración Electrónica de la UPV, señala que su aportación en este comité “se va a centrar en analizar qué tipo de tecnología y especialmente inteligencia artificial se puede aplicar para la prevención, pero también la gestión de las catástrofes y todo lo que está relacionado con la previsión de tendencia de datos para poder corregir y actuar ante cualquier situación de emergencia”.
QUIÉN ES QUIÉN EN EL COMITÉ

Planificación estratégica

  • Zulima Pérez Seguí, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de València (UV). Coordinadora del Comité.
  • Carmen Grau Vila, doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda, Japón.

Desarrollo económico e industrial

  • José Manuel Pastor, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. UV.
  • Daniel Beunza, profesor de Bayes Business School (University of London).

Territorio y Urbanismo

  • José Sergio Palencia Jiménez, profesor titular del Departamento de Urbanismo. Universitat Politècnica de Valencia (UPV).
  • Vicent García Nebot, abogado, ex director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana (GVA).
  • Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y experto en planeamiento urbanístico.

Ingeniería rural y agroalimentación

  • Gloria Sánchez Moragas, Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC).

Geología

  • Juan Grima Olmedo, Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

Medioambiente y emergencia climática

  • Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional, Universidad de Alicante (UA).
  • Félix Antonio López, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC).
  • María José Estrela Navarro, catedrática de Geografía UV.

Agua e infraestructuras hidráulicas

  • Enrique Cabrera Rochera, catedrático de Mecánica de Fluidos UPV.
  • Antonio Jiménez Álvarez, director de Estudios de Agua y Medio Ambiente de CEDEX.

Inteligencia artificial y análisis de datos

  • Nuria Lloret Romero, presidenta de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado CV, catedrática de Administración Electrónica UPV.

Salud mental

  • Rafael Tabarés, catedrático de Psicología y Psiquiatría UV.
  • Carmen Leal Cercós, catedrática de Psiquiatría y presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

Igualdad

  • Ana Marrades Puig, profesora de Derecho Constitucional UV.

Colegios profesionales

  • María Diago, decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana.
  • Nieves Romero Garí, decana del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.
  • José Carbonell, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
  • Javier Machi Felici, decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana.
  • Salvador Lara Ortega, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.
  • Sergio Riolobos, presidente de la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT) y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana (COITCV)

Sociedad civil

  • Luis Vañó Gisbert, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI en la Comunitat Valenciana.
  • Lourdes Mirón, presidenta de Jovesolides y coordinadora Valenciana de ONG.
  • Amalia Alba Tarazona, presidenta de Dones Progresistes.
  • Esther Martínez Ferrando, presidenta del Consejo de la Juventud.
  • Julio Huerta, gerente de la Fundación Horta Sud.
  • Francesc de Paula Pons, vicepresidente del Instituto Empresarial Horta Sud.
  • Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia.
  • Emilio Sampedro, presidente de Concoval.
  • Ismael Sáez Vaquero, secretario general UGT-PV.
La prioridad inmediata es la reconstrucción, pero a la vez hay que pensar en la prevención.

Las pensiones en su encrucijada

ENTRE MAGNITUDES

Contamos con una de las mayores esperanzas de vida de la Unión Europea, con una edad promedio de 84 años.

Las pensiones en su encrucijada

El sudoku de las pensiones en España reclama soluciones imaginativas a largo plazo. Un tema de vital importancia para todos los ciudadanos que deberá ser abordado desde el necesario consenso político.
FERNANDO GEIJO

En España la tasa de natalidad se situó en mínimos del 6,61% en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sin olvidar que en 2023 hubo más personas que accedieron a una pensión que bebés nacidos. Asimismo, contamos con una de las mayores esperanzas de vida de la Unión Europea, con una edad promedio de 84 años. A todo ello hay que sumar que una generación, la del baby boom nacida entre 1958 y 1975, compuesta por unos cuatro millones de personas, está a las puertas de la jubilación. De hecho, sus primeras cohortes ya disfrutan de su merecido descanso.

Pero, además de algunos efectos positivos de las reformas acometidas en 2011, 2021 y 2023, se aprecian otros signos de esperanza. Por ejemplo, que se ha alcanzado una población que acaba de superar por primera vez los 49 millones de habitantes, gracias a la inmigración desde Colombia, Venezuela y Marruecos, principalmente, a lo que hay que unir el incremento del número de ocupados, cifrado en un récord de 21,86 millones de trabajadores a finales de 2024. Esto ha elevado la ratio de dependencia, número de cotizantes por jubilado, al 2,32.

Por último, se observa también una cierta tendencia a la demora en el acceso a la jubilación, lo que en 2024 situó la tasa real de retiro en 65,2 años, cada vez más cercana a la edad legal establecida para 2025 en 66 años y 8 meses (salvo que se haya cotizado 38 años y 3 meses, o más). Esto es debido al endurecimiento de las condiciones para acogerse a la prejubilación, con penalizaciones para poder cobrar el 100% de la pensión, y a las ventajas inherentes si se opta por el retraso voluntario de la misma.

 

AL CIERRE DE 2024 EL COSTE DE PAGAR LAS
PENSIONES SE SITUÓ EN EL ENTORNO DE LOS 200.000 MILLONES DE EUROS

 

Magro ahorro, máximo gasto

En este contexto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo intergubernamental que agrupa a los 38 Estados más prósperos del mundo, ha presentado recientemente el informe Pension Markets in Focus 2024. En el mismo se pone en evidencia, entre otras cuestiones, la escasez del Fondo de Reserva de las pensiones en España frente a la situación financiera que presentan sus homólogos internacionales, salvo México que comparte dato.

 

LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIA LA NECESIDAD DE SEGUIR ADOPTANDO MEDIDAS CORRECTORAS QUE APUNTALEN EL FUTURO DE LAS PENSIONES

 

La conocida popularmente como ‘hucha de las pensiones’ sólo representa en nuestro país un escaso 0,4% del PIB, unos 6.000 millones de dólares (5.672 millones de euros), cifra que nos coloca a la cola de la clasificación de la OCDE no sólo frente a los países de nuestro entorno -Luxemburgo (33,1%), Finlandia (32,2%), Suecia (31,4%), Portugal (11,2%), Francia (7%) y Noruega (6,9%)-, sino incluso con aquellos más alejados como Corea del Sur (46,3%) y Japón (38,3%).

Sin embargo, aún hay espacio para el optimismo, dado que, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, avanzan que este fondo alcanzará en 2024 cerca de 9.300 millones de euros. Y esto será posible gracias, en parte, a la implantación de componentes correctores como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); la previsible subida en 2025 de un 4% de la base máxima de cotización, hasta rozar los 5.000 euros mensuales (60.000 euros al año), y al abono de la cuota de solidaridad que afecta ya a las nóminas situadas por encima de los 59.000 euros brutos al año.

A pesar de ello, no hay que olvidar que, a día de hoy, la ‘hucha’ no llegaría ni siquiera a cubrir un mes de gasto en pensiones, puesto que en enero pasado superó por primera vez los 13.000 millones de euros, alcanzando 13.432,4 millones, un 6,17% más que el año anterior. De hecho, al cierre de 2024 el coste de pagar las pensiones se situó en el entorno de los 200.000 millones de euros, con un ritmo de aumento que supera el 7% interanual.

La situación financiera de la Seguridad Social evidencia la necesidad de seguir adoptando medidas correctoras que apuntalen el futuro de las pensiones en España.

En este sentido, la OCDE recomienda en su informe adoptar nuevas iniciativas para estrechar la brecha de cobertura y respaldar las pensiones con activos más innovadores e inclusivos. Entre ellos destaca la mutualización de riesgos y la posibilidad de disponer del valor de la vivienda propia, con un porcentaje de propietarios en España que en 2023 aún suponía más del 75%. Además, recomienda utilizar fórmulas recurrentes y menos populares como elevar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años, para ajustarla a la esperanza de vida, y recortar la generosidad de las pensiones, por medio de una reducción de la tasa de reemplazo de la pensión, situada en torno al 80% del último salario.

“Pensiones: una bomba de relojería con mecanismo retardado”, por José García Montalvo

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ GARCÍA MONTALVO,

catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra

“Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto”

Pensiones: una bomba de relojería con mecanismo retardado

“Es difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”. Esta vieja broma entre economistas refleja con bastante exactitud la enorme complejidad de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto. No obstante, en España los datos actuales son claros. El gasto total de pensiones en España fue de 13.455,61 millones de euros en febrero de 2025, lo que supone un aumento del 6,22% anual. El déficit contributivo, la forma más adecuada de calcular el déficit que generan las pensiones en las cuentas públicas, se sitúa en casi 30.000 millones de euros impulsado por el crecimiento de los gastos por el reciente brote de inflación y la indexación de las pensiones a la inflación.

Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto. Vayamos por partes. En primer lugar, esta aproximación no parece la más adecuada teniendo en cuenta que la previsión de gastos es más sencilla que la previsión de ingresos, lo que genera un riesgo significativo de insuficiencia. Los gastos, asociada con la jubilación masiva de los “baby boomers” y la evolución de sus salarios, son más previsibles que los ingresos contributivos, que dependen de la evolución de la economía fundamentalmente asociada a la evolución futura de la productividad y la variación en la tasa de afiliación, ligada en gran parte a la inmigración. Baste recordar que el 42,3% de los 501.551 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2024 eran extranjeros. Las previsiones de variaciones vegetativas, basadas en tasas de fecundidad y mortalidad, son mucho más sencillas que las previsiones de migrantes o evolución futura de la productividad. De hecho, los jubilados de aquí a 30 años ya han nacido mientras que es muy difícil prever cuantos inmigrantes nuevos habrá en 30 años. Un ejemplo de esta dificultad se puede encontrar en las estimaciones de la AIReF, sin duda los cálculos más fundamentados sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. La AIReF calcula una entrada de 235.000 inmigrantes cada año entre 2020 y 2050 y unos 339.000 entre 2051 y 2070. Sin embargo, en 2022 llegaron a España 727.005 inmigrantes, mientras en 2023 sumaron 642.296 persona.

Un segundo elemento que define el énfasis en los ingresos en lugar de los gastos es el mecanismo de garantía de la sostenibilidad. Mientras el factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2023 y fue derogado, proponía disminuir la cuantía de la pensión de jubilación a medida que aumentaba la expectativa de vida de cada jubilado, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional intenta que los jóvenes no vean reducidas sus pensiones a partir de “repartir de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones” con una cotización adicional finalista que se destinaría a cubrir las desviaciones del nivel de gasto.

¿Funcionará la reciente reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Según la AIReF el impacto de las reformas del sistema público de pensiones aprobadas desde 2021 a 2023 supondrá un incremento del gasto en 2050 de 2,4 puntos porcentuales del PIB (por revaloración de las pensiones con el PIB, eliminación del factor de sostenibilidad, jubilación anticipada, incentivos a la jubilación tardía, cómputo de años de cálculo de la pensión inicial y evolución de pensión máxima frente a las bases máximas de cotización), mientras los ingresos (por el Mecanismo de Equidad Generacional, reforma de cotizaciones de autónomos, evolución bases máximas de cotización y tasa de solidaridad) solo incrementarán 1,3 puntos del PIB. Por tanto, la estimación de déficit generado por estas medidas es de un incremento de 1,1 puntos del PIB. A partir de un escenario base macroeconómico y demográfico, la AIREF calcula que el gasto en pensiones alcanzará un máximo del 14,8% del PIB en 2049 para las pensiones del Sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo las pensiones no contributivas y las clases pasivas.

Esta situación es particularmente preocupante teniendo en cuenta los niveles de deuda alcanzados por el sector público español y la aprobación del nuevo marco fiscal europeo que pretende garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sin tener en cuenta la aplicación de las reglas fiscales, la AIREF estima un déficit público creciente desde 2026 hasta un máximo del 8,1% en 2055, y una deuda en 2070 que alcanzaría el 186% del PIB en el escenario base.

Es evidente la influencia de la economía política de este problema. La Seguridad Social abona pensiones a 9,3 millones de votantes, lo que convierte a este grupo en un colectivo de especial interés para los partidos políticos. Esto significa que las reformas normalmente consisten en pegar una patada adelante para no ahuyentar al electorado. Esta situación genera un claro agravio intergeneracional. Mientras se sigue acumulando deuda para pagar las pensiones actuales, que tendrán que pagar los jóvenes, los cálculos del Banco de España indican que un pensionista actual recibe un 74% más de lo que ha contribuido y FEDEA estima que los pensionistas actuales cobran durante una media de 21 años cuando las aportaciones permiten financiar solo 16 años. Mientras se realizan transferencias de recursos públicos para cubrir el pago de las pensiones no se invierten suficientes recursos públicos para políticas de innovación y aumento de la productividad que podrían aumentar los salarios de los jóvenes, o ayudas sociales para un colectivo que tiene enormes problemas para pagar una vivienda en alquiler. En estas circunstancias no extraña que la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años haya caído 8,6 puntos porcentuales entre 2008 y 2024 mientras que la tasa entre los jóvenes de 16 a 29 años ha aumentado en 3,6 puntos, y ya está 3,8 puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años. España no es país para jóvenes.

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“Los fondos de pensiones como dinamizadores del crecimiento”, por David Cano Martínez

ENTRE MAGNITUDES
DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Los fondos de pensiones son el vehículo idóneo para impulsar desde el lado de la demanda este necesario cambio estructural de la economía europea”

Los fondos de pensiones como dinamizadores del crecimiento

Creo que existe consenso a la hora de defender que queremos un crecimiento de la economía, entendido este como un avance del PIB que genere riqueza. A partir de ahí, el debate se centra en cómo repartir entre clases sociales y edades ese mayor PIB y cómo debe actuar la política fiscal en consecuencia, tanto en la tributación de las rentas del capital y del trabajo, como en la del patrimonio y en eventos como donaciones y herencias. Otro debate adicional es el papel que debe jugar el Estado, bien como dinamizador de la economía, bien como un agente más que invierte y consume, bien como el encargado de regular y vigilar al resto de agentes. Podemos completar este análisis simplificado del sistema económico con otra pieza: la política monetaria. Responsabilidad del banco central, juega un rol relevante mediante la modificación del tipo de interés a corto plazo y de la base monetaria. Pero no solo; su papel como regulador y supervisor del sistema crediticio es también central a la hora dinamizar el crecimiento del PIB y, lo que puede ser más importante, conseguir que este sea sostenible. Porque de nada sirve tratar de maximizar el avance del PIB a corto plazo si la forma de lograrlo genera desequilibrios (inflación, déficit en la balanza de pagos, exceso de endeudamiento, burbujas de valoración en activos inmobiliarios, financieros y digitales, etc.) que tarde o temprano provocarán una crisis, con efectos dispares entre los agentes. ¡Claro que necesitamos un sistema crediticio solvente, rentable y prudente! Solo así se puede garantizar que los ahorradores tengan un “puerto seguro” en el que contratar depósitos y “dormir tranquilos” (aunque ello implique pérdidas de poder adquisitivo derivado de un tipo de remuneración menor que la inflación). Solo así se puede garantizar que un agente que tenga necesidades de financiación para acometer un proyecto de inversión o un gasto pueda satisfacerlas mediante un crédito bancario. Si queremos que el PIB crezca necesitamos un sistema crediticio rentable y solvente.

Pero quiero avanzar y reivindicar el papel de otro agente en el desarrollo de una economía. Me refiero a los fondos de pensiones. Permítame que los homologue al sistema crediticio: usted tiene un ahorro que puede materializar, en lugar de en un depósito bancario, en un fondo de pensiones. A efectos de lo que quiero defender en este artículo, me es indiferente que sea un fondo de pensiones de empleo o un fondo de pensiones individual y, en este caso, me es indiferente que esté gestionado por una gestora de un banco, de una aseguradora o una independiente. Lo que quiero defender es que necesitamos ahorradores a largo plazo, es decir, aquellos cuyo horizonte de inversión es superior a los 5 años (como es lógico, en un plan de pensiones algunos partícipes pueden llegar a tener un horizonte de 30 años). Porque un plazo largo de inversión permite asumir riesgo de mercado, de crédito y de liquidez. Porque para financiar esa expansión de la economía con la que he empezado el artículo, hace falta mucho más que crédito bancario, cuya característica diferencial debe ser que tenga poco riesgo (si no, es muy difícil garantizar la solvencia del sistema crediticio, condición necesaria para garantizar la devolución de los depósitos bancarios). Necesitamos agentes que estén dispuestos a financiar proyectos que tienen riesgo y cuyo plazo de maduración es largo. Necesitamos inversores (y no solo ahorradores). Esta es una de las características diferenciales del PIB actual respecto al de hace una, dos o cinco décadas: cada vez pesan más los intangibles, cada vez hay que financiar más innovaciones tecnológicas sobre las que, a priori, es difícil hacer estimaciones de su rentabilidad futura. Hacen falta agentes que estén dispuestos a asumir esos riesgos, de manera diversificada y por una parte de su cartera. Hace falta desarrollar los fondos de pensiones.

En diferentes foros y de forma reiterada he defendido la necesidad de dinamizar el mercado de capitales como fuente de financiación complementaria (que no necesariamente alternativa) al canal bancario para fomentar una economía más competitiva. La ratio entre parámetros como la capitalización bursátil o el saldo vivo de bonos dividido entre el PIB está correlacionada de forma positiva con la capacidad de crecimiento de una economía (EE.UU. es aquí el paradigma).

Pues ahora quiero reivindicar a los fondos de pensiones, que son el vehículo idóneo para impulsar desde el lado de la demanda este necesario cambio estructural de la economía europea, precisamente por su horizonte de inversión a largo plazo que permite la asunción de riesgos. Efectivamente, la ratio entre el valor de mercado de estos vehículos de inversión colectiva y el PIB es otro indicador de la capacidad competitiva y del potencial de crecimiento de una economía. Debería incentivarse y favorecer su operativa si queremos conseguir una economía con mayor y más sostenible potencial de crecimiento.

Pero porque, además, su desarrollo consigue dos efectos colaterales. Por un lado, garantizar la existencia de un patrimonio en el momento de la jubilación que se habrá revalorizado a una mayor tasa que la inflación, precisamente por la mayor asunción de riesgo que habrá hecho. Solo con un mayor patrimonio rentabilizado se puede aligerar la pesada carga que para los Estados supone la creciente longevidad y envejecimiento.

El otro efecto colateral es que la transformación de ahorrador en inversor mediante el uso de fondos de pensiones implica un aumento de la cultura financiera de los habitantes de un país que también redundará en un mayor crecimiento futuro del PIB.

China vista por un economista

“Los Caminos de Santiago en Europa», por Jorge Martínez-Cava

ESFERA CULTURAL

JORGE MARTÍNEZ-CAVA,
presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

“Los notarios han sido testigos privilegiados de la experiencia de los peregrinos a Santiago. Gracias a su labor, disponemos de una valiosa fuente documental”

Los Caminos de Santiago en Europa

Cuando hablamos del Camino de Santiago siempre pensamos en el denominado Camino Francés, que transcurre entre Roncesvalles o Somport hasta Santiago de Compostela; no puede ser de otro modo. Es el Camino que describe el Codex Calixtinus, y que vienen recorriendo millones de peregrinos desde el siglo IX.

Es el gran camino, histórico, referencia absoluta de la peregrinación y con todos los reconocimientos posibles.

Pero los Caminos de Santiago no acaban en el Camino Francés.

En 1987, el Consejo de Europa, presidido por Marcelino Oreja Aguirre, declaró al Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo. En su resolución dejaba claro que se refería a todos los caminos que se dirigen a Santiago en Europa y que son rutas de peregrinación vivas en la actualidad. Se trataba, en definitiva, de promover la recuperación de las rutas de peregrinación a Santiago y necesitaban un impulso para su revitalización.

Definía cuatro criterios para que una ruta fuese Camino de Santiago: que tuviese restos históricos jacobeos; que estuviese debidamente señalizada; que hubiese lugares de hospitalidad, y que pasasen peregrinos en la actualidad.

A partir de ahí, un movimiento imparable de asociaciones jacobeas en toda Europa se puso en marcha para recuperar los viejos caminos de peregrinación que atraviesa el continente. Ha sido, y es, un movimiento civil de voluntarios sin precedentes y apenas ayudas oficiales, que han buceado en archivos, señalizado y desbrozado caminos, creado albergues y casas de acogida. Ha sido, y es, un movimiento que ha logrado poner en pie más de 300 caminos de Santiago, con 80.000 km. señalizados, 2.000 lugares de hospitalidad que unen toda Europa en una red de solidaridad y cultura común, con valores que hacen al Camino de Santiago la red de peregrinación más grande del mundo y con una vitalidad creciente.

Desde ese año, 1987, el movimiento asociativo jacobeo tuvo claro que debía organizarse a nivel internacional, sobre todo en Europa, porque los Caminos de Santiago se explican desde Europa por su historia, su geografía y, por encima de todo, sus valores, basados en la solidaridad, hospitalidad, encuentro entre culturas y sentimiento común espiritual.

No ha sido sencillo lograr este objetivo. Hemos tardado más de treinta años en lograrlo.

Pero el pasado mes de julio, más de 150 asociaciones de amigos del Camino de Santiago, con 40.000 asociados de 18 países, hemos creado la federación de asociaciones Camino Europa Compostela para dar la máxima visibilidad a los Caminos de Santiago y atención a los peregrinos que atraviesan Europa, desde Ucrania, Noruega, Finlandia y todos los rincones de la península ibérica, que caminan para unirse al río común que entra en Galicia y llega a Santiago de Compostela y, a veces, sigue hasta el fin del mundo, Finisterre.

Los Caminos de Santiago explican la historia de Europa de los últimos siglos y unen los pueblos del viejo continente sin que las fronteras o las múltiples lenguas nos separen y es un orgullo participar en esta hermosa tarea de voluntarios por dar vida a estos caminos de peregrinación.

Por otro lado, la declaración como Primer Itinerario Cultural Europeo ha permitido profundizar en otros elementos que son fundamentales en el devenir de los Caminos de Santiago. En la última resolución del Comité de Caminos del Consejo de Europa se hace hincapié en recuperar el patrimonio material, inmaterial y natural jacobeos que nacen alrededor de los caminos, pero que se expande mucho más allá.

La resolución nos invita, nos insta, a trabajar en este sentido.
No hay duda de que el arte románico o el gótico se explican en gran medida por el Camino de Santiago y el catálogo de monumentos alrededor de los Caminos de Santiago es inmenso.

Pero toca identificar todas las historias, milagros y leyendas que se plasman en un rico acerbo de sagas, canciones, milagros y cuentos que refuerzan el sentido de la peregrinación.

Un ejemplo es la leyenda del ahorcado que transcurre por primera vez en Santo Domingo de la Calzada. Un joven es ahorcado por la falsa denuncia de una posadera y permanece vivo hasta la vuelta de la peregrinación de Santiago de sus padres, que acuden al alcalde para pedirle que lo descuelguen, quien responde que el ahorcado está tan vivo como la gallina asada que se está comiendo, y la gallina se pone a cantar en ese momento.

Este milagro se repite a lo largo de toda Europa y es un símbolo de la tradición común de la cultura de la peregrinación.
Deseamos recuperar todos los elementos del patrimonio inmaterial que giran alrededor del Camino de Santiago.

Por esta razón pensamos que en algún momento habrá que bucear en los archivos de las notarías para buscar los escritos que hacen referencia a los actos jurídicos, como donaciones, testamentos, compra y venta de propiedades, matrimonios y demás documentos legales que se han ido depositando por los peregrinos en los despachos de las notarías a lo largo de los siglos porque, estamos convencidos, encontraremos un auténtico filón de la historia de la peregrinación.

Los notarios han sido testigos privilegiados de la experiencia de los peregrinos a Santiago. Gracias a su labor, disponemos de una valiosa fuente documental que nos tiene que permitir reconstruir la historia de los Caminos de Santiago y comprender mejor la vida de quienes la recorrieron: los peregrinos.

La seguridad jurídica del alquiler

EN ESTE PAÍS

La seguridad jurídica del alquiler

España advierte que el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles.
CARLOS CAPA
La falta de viviendas es un problema social de primera magnitud que afecta de manera singular a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, como la que establece el artículo 47 de la Constitución Española. Esta situación está generando tensiones en el mercado del alquiler.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

 

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO

 

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

 

LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS

 

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

 

EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA

 

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Reforma legal
El Banco de España es diáfano en señalar a los poderes públicos que es necesario reformar el marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sin perder de vista la protección a los inquilinos. Este equilibrio se puede lograr mediante un diálogo abierto entre autoridades, propietarios e inquilinos, que permita diseñar políticas que atiendan las necesidades de todos los actores del mercado.
Es necesario un marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Mirando a los vecinos
Países como Alemania y los Países Bajos han implementado con éxito modelos que combinan incentivos fiscales, regulación equilibrada y colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios.
PARA SABER MÁS
Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España
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Texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023
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Reportaje sobre la vivienda del nº 149 de Escritura Pública
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