Sobre estos aspectos dialogaron el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; el director general del centro tecnológico del Notariado, Ancert, Alberto Martínez Lacambra; y el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal. El debate tuvo lugar en una sesión del Foro Confilegal; un espacio de debate organizado por el medio y moderado por su director, Carlos Berbell.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: «NUESTRA FUNCIÓN SE BASA EN EL CONTACTO CON LAS PERSONAS, QUE MANTENEMOS EN LAS NOTARÍAS Y HEMOS EXTENDIDO CON LOS SERVICIOS DIGITALES»

Los representantes del cuerpo notarial y de la patronal de la pequeña y mediana empresa pusieron sobre la mesa los cambios que han traído consigo las medidas de digitalización de las actuaciones notariales, recogidas en la Ley 11/2023, en vigor desde el pasado 9 de noviembre, y su impacto en el sector empresarial, particularmente en las pymes.

El presidente del CGN remarcó que estas novedades suponen un gran avance y un hito histórico para el Notariado, pero no una transformación de la función que tradicionalmente desarrollan los notarios. “Estos servicios online facilitan el acceso de los ciudadanos al notario. Nuestra función se basa en el contacto con las personas, que mantenemos en las notarías y hemos extendido al entorno digital”, subrayó.

Videoconferencias notariales

Según Martínez Sanchiz, la normativa introduce dos mejoras fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de realizar ciertos actos por medio de una videoconferencia en la Sede Electrónica Notarial, que tiene la máxima calificación -nivel alto- en el Esquema Nacional de Seguridad, a la cual se accede a través del Portal Notarial del Ciudadano.

En esta web ciudadanos y empresas pueden solicitar cita con el notario que elijan para pedirle diversos servicios online, como realizar el otorgamiento de algunos poderes o la constitución de una sociedad limitada. También, las videoconferencias notariales van a permitir solucionar situaciones societarias en las que es difícil reunir presencialmente a todas las personas, como ampliaciones de capital o nombramientos de administradores, y facilitar la financiación, agilizando la firma de créditos no hipotecarios o pólizas.

ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA: «EN APENAS DOS MESES, LOS NOTARIOS HAN DEPOSITADO 1.300.000 PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL»

Verificación de la identidad

En lo relativo a la comprobación de la identidad, el presidente del Notariado explicó que “la acreditación en el Portal Notarial supone una verificación inicial, puesto que requiere también registrarse con un certificado electrónico cualificado, Cl@ve Pin o acudiendo previamente a una notaría. Además -continuó- el sistema cruza la información con la base de datos de la policía para comprobar que el carnet de identidad o DNI no ha sido sustraído o se ha perdido”.

Alberto Martínez Lacambra señaló que desde el centro tecnológico del Notariado, Ancert, están trabajando para integrar un software que permite detectar si el documento de identidad que se muestra en imagen es auténtico o se trata de una copia.

Copias autorizadas electrónicas

Esta ley también permite generar copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales, que hasta ahora solo podían circular en un circuito cerrado con las administraciones públicas, para que cualquier particular o empresa disponga de ellas mediante un código seguro de verificación (CSV), pudiendo acceder incluso desde su teléfono móvil.

Para Francisco Vidal este es “un instrumento ideal para la empresa” y refuerza la seguridad jurídica, “por la trazabilidad del proceso, especialmente con el uso de estos CSV que permiten conocer la situación actualizada de un documento público en el momento de su utilización”.

Agilidad y eficiencia para las empresas

En España existen cerca de tres millones de sociedades, de las cuales un 93 % son microempresas. Particularmente, “700.000 empresas constan de uno o dos trabajadores y más de millón y medio son autónomos sin empleados. Con estos recursos laborales cualquier medida que lleve a procesos más eficientes es vital”, apuntó Francisco Vidal.

En opinión del director del área económica de Cepyme, poder realizar un acto de forma telemática con varias personas que se encuentran en diferentes lugares, que de otra manera podría verse retrasado varios meses, “ahorra tiempo y dinero porque hay un coste de oportunidad en ciertas operaciones”.

Alrededor del 99% del tejido empresarial de la Unión Europea (UE) está compuesto por pymes y autónomos. Una cifra nada desdeñable desde el punto de vista estadístico que, sin duda, da idea de la magnitud e importancia del colectivo que ansiaba una regulación más efectiva de la morosidad en el pago de sus facturas. Una oportunidad para, de paso, eliminar ambigüedades en los plazos de abono, acotados a un máximo único de 30 días común para toda la UE, que atañe a todas las operaciones comerciales, realizadas tanto con grandes compañías como con Administraciones públicas.

EUROPA PROPONE POR PRIMERA VEZ MULTAR A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES MOROSAS

El nuevo Reglamento sobre la morosidad (Late Payment Regulation, por su denominación en inglés), cuya aprobación estaba prevista para antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, y que derogaría la vigente Directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, trata de poner coto a una práctica recurrente llevada a cabo, principalmente, por multinacionales e importantes corporaciones al alargar más allá de los límites legales el pago de sus facturas a proveedores, con aplazamientos que, en ocasiones, llegan a superar los 120 días de demora.

Vigilancia reforzada

La futura legislación contempla que sean los propios Estados miembros quienes se encarguen de aplicar el régimen sancionador acordado, respetando siempre el espíritu de la norma, que habla de “sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias”.

El objetivo no es otro que garantizar la aplicación efectiva del reglamento. Para ello, cada Estado designaría a la autoridad, que pueden ser varias, responsable última de su funcionamiento. Entre sus facultades se encontraría la potestad para realizar inspecciones sobre el terreno, así como la capacidad para imponer multas y, en su caso, medidas cautelares al responsable de la infracción.

Cuando se produjera un impago, se pondría en marcha de forma obligatoria, automática y sin que el acreedor siquiera lo solicite, el mecanismo para reclamar los intereses de demora sobre la cantidad adeudada, a lo que habrá que sumar un 8% adicional en función de cómo estén en ese momento los tipos de referencia del Banco Central Europeo (BCE), mientras que para los países de la UE que aún no han adoptado la moneda común, el tipo lo fijaría el respectivo banco central nacional.

Los expertos consideran que la instauración de un régimen sancionador es el único camino para conseguir la reducción en los plazos de reembolso de las facturas, habida cuenta de las dificultades en la materia registradas, por ejemplo, en España, tras múltiples intentos previos y prórrogas parlamentarias para regular este asunto.

LA UE REDUCIRÍA EL TIEMPO PARA AGILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A UN MÁXIMO DE 30 DÍAS

Mejoras efectivas

El nuevo reglamento, que derogaría una directiva que data nada menos que de 2011, pretende aportar certeza a pymes y autónomos, dado que la anterior normativa no fue transpuesta por todos los Estados de la UE. O sea, lograr la necesaria armonización en el conjunto de los 27 países que integran el bloque comunitario.

Otra diferencia con el escenario presente es que la inminente legislación poseería un carácter legal reforzado, al tratarse de un reglamento -de aplicación rápida y directa- frente a la actual directiva, lo que facilitaría la eliminación de cualquier tipo de ambigüedad y/o laguna.

Esta iniciativa legislativa forma parte de una batería de medidas emanadas desde la Comisión Europea de cara a apoyar al amplio ecosistema europeo de pymes y autónomos. De hecho, incluye también la simplificación burocrática, histórica demanda de las asociaciones sectoriales, al objeto de que las pequeñas y medianas empresas puedan calcular su base imponible según las reglas del país en el que tienen su sede y, de esta manera, presenten una única declaración de impuestos ante la Hacienda de ese Estado. Una disposición que, según los técnicos comunitarios, reduciría en cerca de un tercio sus costes administrativos, con el ahorro de alrededor de 34.000 millones de euros al año.

La relevancia de esta iniciativa se refuerza, además, con el dato aportado por los expertos de la propia Comisión, al calcular que el recorte en un solo día de los retrasos en los reembolsos podría ahorrarles a las empresas europeas cerca de 160 millones de euros en costes de financiación.

El último de la fila

La propuesta de Bruselas garantizaría igualmente el pago automático de los intereses acumulados y las tasas de compensación, al introducir medidas en este sentido para proteger a las empresas de pagadores olvidadizos.

En este sentido, prevé el resarcimiento por los denominados costes de recuperación, al determinar que el deudor debe pagar de forma automática al acreedor una indemnización por los costes de cobranza. Es decir, una compensación a tanto alzado de 40 a 50 euros, o su equivalente, por transacción comercial abonada con retraso. Con ello, se delimitaría la inequidad que supone que el propio acreedor se haga cargo de los intereses generados por la dilación.

Asimismo, no hay que olvidar que este tipo de situaciones genera un efecto arrastre en la cadena de cobros, como en el caso de las subcontratas en algunos grandes concursos públicos que, en ocasiones, deben esperar un tiempo extra para percibir sus honorarios por parte de los proveedores, en vez de cobrar directamente de la Administración pública en cuestión.

La asimetría y el abuso de poder están presenten en el texto de justificación de las razones para poner en marcha el nuevo reglamento, derivado del paquete de medidas integradas en el denominado SME Relief Package, recientemente anunciado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso sobre el Estado de la Unión.

UNA DE CADA TRES PYMES CERRÓ EN ESPAÑA POR CULPA DE LA MOROSIDAD

No cabe duda de que las condiciones de cada coyuntura financiera afectan a todos los agentes y empresas. Sin embargo, en el reparto de cartas de la competencia empresarial, no es lo mismo jugar la partida económica siendo una multinacional que una pyme. En definitiva, se trata de una esperada iniciativa impulsada desde la Comisión que, en esta ocasión, pone el foco como nunca antes en tratar de equilibrar la balanza de oportunidades entre los Davides y los Goliats.

En este marco de reflexión, el pasado 12 de diciembre se celebró la jornada ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que, además de los presidentes de ambas instituciones, intervinieron en la mesa de debate, moderada por la jefa de empresas del diario Cinco Días, Raquel Díaz Guijarro, varios expertos pertenecientes a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la propia CEOE, entre otros.

FERNANDO SANTIAGO OLLERO (CGCGAE): «DESDE 1979 A 2022 SE HAN APROBADO EN NUESTRO PAÍS 414.272 LEYES DE TODO TIPO»

En la misma se analizó la situación normativa en España y su influencia en el desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y de los trabajadores por cuenta propia, así como la problemática en torno a la realidad fiscal y laboral en nuestro país. Asimismo, y para arrojar luz a la situación, se presentaron los datos del último barómetro de opinión elaborado por el CGCGAE, que indican que el 69% de los gestores administrativos piensan que los negocios están ahora peor que antes de la pandemia, mientras que el 23% indicó que igual y sólo el 8% eligió la opción: mejor en la actualidad.

Inseguridad vs. certeza

Entre los invitados al acto en el auditorio de la CEOE, Francisco Vidal, director de economía y política sectorial de CEPYME, consideró en el transcurso de su intervención que “la cantidad y calidad normativa está generando mucha inseguridad a las empresas en España”, puesto que “cuando la norma no te permite cuantificar tus retornos”, desde su punto de vista, “inviertes menos”. Asimismo, aseguró que “muchas veces se piden imposibles a las empresas” y, en esta misma línea argumental, afirmó que “la fragmentación del mercado, y la normativa en materia de gobernanza y medioambiente” deben ser abordadas en los próximos años de cara a eliminar obstáculos y aportar certeza a los empresarios. Finalizó su intervención solicitando a la Administración que “genere confianza con sus actos” posibilitando “un escenario de certidumbre sobre los retornos” empresariales.

Por su parte, el economista Javier Santacruz incidió en la necesidad de contar con “una regulación más estable y predecible”, sobre todo a tenor de la fotografía económica actual, calificada por este experto como de “estanflación”. Es decir, “de bajo crecimiento con inflación”, generada a su juicio “como consecuencia de demasiados años de acceso al dinero gratis”, lo que, a la larga, “perjudica el crecimiento económico”.

Gregorio Izquierdo, director de economía de CEOE, fue más explícito al asegurar que “la creación de un clima favorable para las compañías es un asunto clave en España”, máxime si tenemos en cuenta que “ni la inversión ni las ventas de las empresas han recuperado todavía niveles precovid”. Todo ello conduce a un ambiente negativo en el que la falta de inversión hace que “las empresas no puedan crecer” y, por tanto, “crear empleo”. Lo que, en última instancia explicaría, en su opinión, “el diferencial de nuestro país con el resto de la Unión Europea en términos de productividad”.

ANTONIO GARAMENDI (CEOE): «LA ECONOMÍA SUMERGIDA TODAVÍA SE ESTIMA EN ESPAÑA EN TORNO AL 24 % DEL PIB»

Líderes en regulación

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), recalcó las “enormes diferencias” que se observan en materia de digitalización entre la propia Administración y los trabajadores por cuenta propia. Un colectivo que, en su opinión, se encuentra en una “situación de marginación y de quiebra continua”, tras enfrentar la crisis financiera, la pandemia sanitaria y el aumento de la inflación como consecuencia, entre otros motivos, de los actuales conflictos bélicos. En definitiva, inmerso en unas condiciones de trabajo en las que “se han disparado los costes como consecuencia del exceso de regulación, ya que cada vez que se aprueba una nueva norma es necesario contar con profesionales que ayuden al proceso de adaptación a la misma, lo que se conoce como coste de transición”.

FRANCISCO VIDAL (CEPYME): «LA CANTIDAD Y CALIDAD NORMATIVA ESTÁ GENERANDO MUCHA INSEGURIDAD A LAS EMPRESAS EN ESPAÑA»

Esta especie de círculo vicioso genera un panorama de negocios donde “sólo las empresas más grandes”, con músculo para afrontar con garantías estos procesos de adaptación a la nueva ordenación, “son capaces de sobrevivir” en una “Europa que es líder en regulación, frente al liderazgo en tecnología de China y EE.UU.”, concluyó Ferrero.

Javier Santacruz destacó también en su intervención el desfase que, en ocasiones, existe entre la situación de la Administración Pública y los autónomos, al demandar que la primera “tiene que cumplir con las normas que pymes y autónomos antes que ellos”, por ejemplo, en asuntos como la “eficiencia energética o la presencialidad”, al tiempo que consideró que la reducción de la brecha económica que nos separa de Europa no es debida tanto a “la mejora doméstica sino al empeoramiento de otras economías”, como la alemana.

CELIA FERRERO (ATA): «SE HAN DISPARADO LOS COSTES COMO CONSECUENCIA DEL EXCESO
DE REGULACIÓN»

Santacruz se preguntó también cuál es el coste del cumplimiento normativo para las empresas en un entorno con un “crecimiento estancado”, que “sólo sirve para sobrevivir” a muchos profesionales y pequeñas empresas, donde se están “perdiendo horas trabajadas”, lo que no implica “subidas de productividad”.

A lo anterior habría que añadir, en palabras de Francisco Vidal, el denominado “coste en horas de trabajo” que, sin embargo, en su opinión no se vería aliviado por la derogación de las normas anteriores a la entrada en vigor de la nueva, sino que conviven en una suerte de sumatorio de cargas administrativas.

JAVIER SANTACRUZ (ECONOMISTA): «NECESITAMOS UNA REGULACIÓN MÁS ESTABLE Y PREDECIBLE»

Cuando más puede ser menos

Celia Ferrero, de ATA, reflexionó sobre el inminente incremento del SMI al razonar que su aumento “puede ir en negativo”, al tener que pagar más impuestos derivados de lo anterior. En esta misma línea insistió en que “para subir los salarios, la empresa necesita obtener beneficios y crear así empleo de calidad. Mientras que, si la Administración se ‘come’ el margen de beneficio, tenemos un problema”.

Por otra parte, arguyó que “los regímenes sancionadores son cada vez más exigentes y caros”, además de señalar que “la Administración no se aplica la regulación que exige a las empresas privadas”, ya que, en su opinión, “no se puede inundar a las empresas de normativas y cargas que la propia Administración no cumple”.

La jornada fue clausurada por el presidente del CGCGAE y del Colegio de Madrid, Fernando Santiago Ollero, quien remarcó el exceso de burocracia a la que están sometidos las pymes y autónomos. Así, reveló que, desde el retorno de la democracia hasta los inicios de la presente década (1979-2022), “se han aprobado en nuestro país un total de 414.272 leyes de todo tipo por parte de todas las Administraciones Públicas”, según se recoge en el informe del Banco de España, Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España. Esa cantidad supone, a razón de aproximadamente 220 días hábiles, nada menos que “9.634 leyes al año”, o lo que según sus propios cálculos sería: “una ley cada diez minutos”. A esta cantidad habría que añadir las alrededor de 3.000, 12 de media por día laborable, que promulgan cada ejercicio las instituciones europeas.

GREGORIO IZQUIERDO (CEOE): «LA CREACIÓN DE UN CLIMA FAVORABLE PARA LAS COMPAÑÍAS ES UN ASUNTO CLAVE EN ESPAÑA»

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en su discurso final la importancia del diálogo social para resolver temas complejos y se refirió también, entre otros asuntos, a la necesidad de calcular la presión fiscal sobre los contribuyentes y no, como hasta ahora, sobre todos los ciudadanos, al hilo de lo cual recordó que la economía sumergida todavía se estima en España en torno al 24% del PIB, según los últimos datos publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el think tank de la CECA.

Ponerte por tu cuenta. Una expresión tradicional presente en el imaginario colectivo que ejemplifica a la perfección la decisión de muchas personas a la hora de emprender y poner en marcha su propio negocio. Una opción que en ocasiones responde a una clara vocación profesional pero que, en otras, es el resultado de la mera necesidad de trabajar.

La encuesta Oferta y demanda de empleo en España en 2022, elaborada por Infoempleo, perteneciente al Grupo Adecco, señala que más de un 65% de los entrevistados asegura que “llegaron al autoempleo empujados por la necesidad” y, por tanto, no se consideraban “motivados por un verdadero interés en trabajar de forma independiente”. No en vano, un 60% de los encuestados indicaron que antes desarrollaban su labor por cuenta ajena a tiempo completo y que preferirían esta opción por motivos de “tranquilidad”. Lo que cuadra con el dato del 45,3% que afirmó sentirse más infeliz desde que era autónomo.

Sin duda, un porcentaje considerable entre los 3.992 profesionales en activo, desempleados y autónomos encuestados, cuya opinión se une también en esta edición a la de un total de 152 empresas consultadas y al análisis de más de 355.000 ofertas de empleo, bien colgadas en el portal de Infoempleo o recibidas a través de Adecco.

EL 65% DE LOS ENTREVISTADOS POR INFOEMPLEO ASEGURAN SER AUTÓNOMOS POR NECESIDAD

Ventajas e inconvenientes

La plena autonomía en la toma de decisiones y de horarios, en un 50% y un 42,7%, respectivamente, junto a la libre elección de la actividad (33,8%), unido a la sensación de libertad (28,1%), y al incremento de la satisfacción personal (20,3%), son algunos de los aspectos citados de manera recurrente entre los principales atractivos a tener en cuenta a la hora de decidirse por el emprendimiento.

En la otra cara de la moneda se sitúan la burocracia (52%) y, en mayor medida si cabe, la elevada carga fiscal que deben soportar los autónomos en España, con un porcentaje de respuestas en este caso del 56,2%, como los principales obstáculos que desincentivan y sirven de barrera de entrada al denominado emprendimiento. Y todo ello sin olvidar tampoco otras problemáticas citadas en el estudio en torno a situaciones relacionadas con la competencia desleal, la economía sumergida, la morosidad, la actual incertidumbre económica o la dificultad para encontrar financiación y la ausencia de coberturas sociales. Esto último podría ser, además, la causa de que un 16,15% de los encuestados considere que: “no hay ninguna ventaja a la hora de trabajar por tu cuenta”.

PARA FINANCIAR SUS PROYECTOS LOS EMPRENDEDORES RECURREN FUNDAMENTALMENTE A LOS AHORROS, LOS CRÉDITOS BANCARIOS Y LA AYUDA DE AMIGOS Y FAMILIARES

Fórmulas financieras

A toda persona que decide iniciar un negocio se le recomienda tener algo de experiencia en el sector, una formación adecuada y, por supuesto, una buena idea de negocio.

Sin embargo, el capítulo económico se antoja clave en términos de supervivencia. Y es precisamente aquí donde la diversidad de vías de financiación se disgrega en diferentes alternativas, como la financiación colectiva o crowdfounding, apenas utilizada por un reducido 1,04% de los entrevistados, o los mentores, también conocidos en terminología anglosajona como business angels, con solo un 2,08%.

Por el contrario, las opciones más recurrentes para contar con un respaldo económico se centran en los préstamos bancarios (27,6%), mientras que la petición de apoyo a amigos y familiares, que aglutinó casi un tercio de las respuestas, en concreto el 22,4% de las mismas, y las ayudas y subvenciones supusieron la solución para el 10,9% de los encuestados en el estudio de Infoempleo. Por último, destacar las alternativas de inversión propia, bien debido a la inversión del ahorro acumulado a lo largo de la vida profesional, opción preferente con casi un 70% de los casos, o mediante la capitalización de la prestación por desempleo, con el 9,9%.

La motivación de los autónomos es una virtud que se les supone. Pero esta debe ir inexorablemente acompañada de una gran dedicación en términos de horas de trabajo. En este sentido, un 35,9% aseguró al ser preguntados que trabajaba seis días a la semana, frente al 32,8% que dedicaba cinco, mientras que más de un cuarto, el 26,5%, confesaban extender la jornada a los siete días de la semana.

Por su parte, tres cuartos de los autónomos españoles consultados admitieron trabajar en solitario, desde un local alquilado (21,8%) o en su propio domicilio (45,3%).

Ajuste a la realidad

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) por el que se ha establecido un nuevo sistema de cotización, que pone fin a la libertad de elección del mismo, y mejora la protección ante el cese de actividad. En el primer caso, las cuotas han pasado desde los 230 (200 a partir de 2025) a los 500 euros al mes, en función de los rendimientos netos. Los autónomos con bajos ingresos, mujeres y jóvenes, sobre todo, con rendimientos del trabajo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pagarán entre 200 y 260 euros al mes a partir de 2025.

Asimismo, existe la posibilidad de que, en caso necesario, puedan cambiar de tramo cada dos meses y con un máximo de seis cambios anuales, al objeto de ajustarse en cada momento a su realidad financiera.

LA REFORMA DEL RETA HA FLEXIBILIZADO LA CUOTA FISCAL Y AUMENTADO LA PROTECCIÓN DEL AUTOEMPLEADO

Estas medidas son necesarias para adaptarse a las transformaciones que se avecinan en el mercado laboral mundial, a tenor de las conclusiones del Informe sobre el futuro del empleo 2023, elaborado por el World Economic Forum, en el que se indica que el mismo camina hacia la revolución tecnológica y la transición ecológica con nuevas bolsas de empleo en sectores como la educación, la agricultura y el comercio digital, y donde el 23% de los empleos cambiarán de aquí a 2027, tras la creación de 69 millones de nuevos empleos y la destrucción de otros 83 millones.