Economista y auditor fiscal, es experto en análisis económico y en econometría; fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.

Transformación digital y Función Pública. ¿Cómo se gestionan dos responsabilidades de tanta amplitud?

Aprovechando su complementariedad, porque es una combinación que tiene mucho sentido. No somos, por poco, el primer ministerio de Europa que conjuga estas dos responsabilidades (Noruega se nos adelantó por unos meses), pero estamos viendo cada vez más interés en otros países por esta fórmula. En un mundo cada vez más digital, existen enormes sinergias entre los dos ámbitos. La Administración tiene la obligación de impulsar y facilitar la adopción de las nuevas tecnologías además de promover el debate social en torno a su uso ético, y a la vez no puede dejar de aprovechar su enorme potencial para mejorar los servicios a los ciudadanos.

Los países más ricos y prósperos, los nórdicos, son también los que tienen administraciones públicas más desarrolladas, y nos muestran el camino que queremos recorrer: capitalizar las ganancias en productividad que propician las nuevas tecnologías en un marco de garantía y ampliación de los derechos sociales.

«ESTAMOS ADAPTANDO PROGRAMAS PÚBLICOS EXITOSOS COMO EL KIT DIGITAL DE FORMA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN FINANCIAR SOLUCIONES DE IA CON ESTAS AYUDAS»

¿La Administración y la empresa privada van a diferente ritmo en la transformación digital?

Hay distintas velocidades de transformación digital dentro de las propias empresas, entre diferentes sectores, y también por su tamaño. Las grandes compañías no están teniendo problema para estar a la vanguardia de ese proceso mientras que las pequeñas y medianas empresas lo tienen más difícil, y ahí tenemos que actuar desde la Administración para asegurarnos de que los beneficios de las nuevas tecnologías llegan a todo el tejido productivo. Por ejemplo, estamos adaptando programas públicos exitosos como el Kit Digital -que ha ayudado a digitalizarse a centenares de miles de pymes- hacia la Inteligencia Artificial, de forma que las empresas puedan financiar soluciones de IA con estas ayudas. También vamos a poner en marcha un programa de asesoramiento en digitalización porque hemos detectado que, en muchas ocasiones, las pymes y los autónomos quieren digitalizarse y adoptar nuevas tecnologías, pero necesitan saber cómo hacerlo y este nuevo programa les ayudará a saber cuáles son las soluciones que más pueden contribuir a su negocio.

En este sentido, la Administración tiene un papel clave en la transformación digital, porque no sólo se beneficia de sus avances, sino que debe impulsarla con su potencia normativa y económica: puede canalizar inversiones, apoyar al sector privado en la apuesta por tecnologías disruptivas, liderar proyectos piloto y generar marcos legislativos favorables para el desarrollo de iniciativas innovadoras, entre otras posibilidades. Hay un círculo virtuoso entre tecnología y Administración que tenemos que aprovechar al máximo.

La pandemia y los conflictos bélicos en Europa nos han hecho conscientes de la pérdida de soberanía europea en materia energética. ¿También en la tecnología?

Sin duda. Pensemos en los cortes en la cadena de suministros que se vivieron cuando los cierres de fábricas ocasionados por la pandemia, cuando la interrupción en la producción y en los transportes hizo que medio mundo se quedase sin coches nuevos y otros dispositivos fundamentales para nuestra vida cotidiana. Frente a debilidades como esta, Europa está reaccionando (con propuestas como las contenidas en el Libro Blanco sobre ¿Cómo dominar las necesidades de infraestructura digital de Europa?, de la Comisión Europea, o el reciente Informe Letta). En España lo estamos haciendo también: singularmente en materia de chips, que como vemos es una tecnología fundamental, estamos dedicando a través del PERTE Chip más de 12.000 millones: un 0,9% de nuestro PIB.

¿Debe Europa apretar el acelerador para no perder la carrera frente a las grandes multinacionales norteamericanas o chinas?

Lo está haciendo. Muchos países europeos, entre ellos España, estamos impulsando la atracción de plantas de semiconductores en nuestros países. A través del PERTE Chip ya hemos impulsado la llegada de grandes empresas como Cisco, Broadcom o IMEC y estamos en conversaciones para realizar nuevas operaciones.

«EL NOTARIADO ME HA MOSTRADO EL EXCELENTE TRABAJO QUE HACE PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN»

¿Cambiará la vida de los ciudadanos la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico; por eso es tan importante que en Europa hayamos sentado las bases regulatorias, impulsadas por España durante la Presidencia Europea. No obstante, debemos ser conscientes de que la dimensión de la IA es claramente internacional y, por ello, creo que buena parte de la regulación la realizarán instancias supranacionales.

España también cuenta con una ventaja respecto a otros países de nuestro entorno y es que ya tenemos la AESIA (la Agencia Española de Supervisión de la IA), que será nuestro supervisor en la materia y, además, queremos que también impulse el debate social sobre esta tecnología con análisis y estudios.

¿Impulsará el Gobierno español sistemas de inteligencia artificial al margen de las iniciativas privadas?

Rotundamente sí, y aquí la iniciativa clave es ALIA, el modelo fundacional de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno y que estará listo a la vuelta del verano. El desarrollo de la IA se ha hecho hasta ahora alimentando motores y modelos sobre todo en inglés, y esto impide aprovechar al máximo las potencialidades de esta tecnología en otras lenguas. Así que, aprovechando la potencia del español -la segunda lengua más hablada del mundo- vamos a desarrollar un modelo transparente y en código abierto que va a permitir a los sectores productivos desarrollar productos, aplicaciones e iniciativas mucho mejores en castellano y lenguas cooficiales. Para ello contaremos con las instituciones con más reputación -las Reales Academias, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional…- con la ambición de crear un modelo de referencia, con los más altos estándares mundiales.

También queremos que el sector público sea promotor de la Inteligencia Artificial. Hay numerosos servicios públicos, como la sanidad, la justicia o la atención al ciudadano, en los que la Inteligencia Artificial puede propiciar importantes mejoras y, por ello, también queremos impulsar casos de uso en el sector público.

Las proyecciones estadísticas indican que en esta década se jubilarán más de la mitad de los funcionarios. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

Con varias medidas que tienen un objetivo común: que la gestión del personal de las administraciones públicas se haga con visión de medio plazo, planeando las necesidades en función de los servicios públicos que hay que prestar y en el marco de programaciones presupuestarias plurianuales; y no como hasta ahora, con un modelo reactivo, que mira al pasado y en el que el empleo público es considerado como un coste a recortar en momentos de dificultades económicas, que es lo que sucedió en la pasada década, después de la crisis financiera, y lo que ha llevado a la situación que mencionaba ante las jubilaciones de los próximos años.

En este sentido, vamos a acabar con la tasa de reposición –que sólo sirve para replicar las plantillas que ya existen- y sustituirla por un sistema de gestión previsional de efectivos, en el que las organizaciones que constituyen el sector público tendrán más autonomía para definir sus plantillas en función de sus necesidades reales presentes y futuras. Estamos preparando planes para atraer talento junior y senior, incluyendo la cobertura de puestos de información y telecomunicaciones -tan necesarios ahora, y por los que la competencia con el sector privado es tan fuerte- utilizando como modelo el sistema MIR de los médicos, que tan buen resultado ha dado; y también vamos a agilizar los procesos de acceso al empleo público, para que no pasen años entre que se abre una vacante y se cubre la plaza: nos hemos comprometido a que la ejecución de las ofertas de empleo público no duren más de 12 meses.

«ELABORAREMOS UN ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO QUE CONCRETE SISTEMAS FORMALIZADOS DE SELECCIÓN DE CARÁCTER MERITOCRÁTICO»

¿Cree que la Administración debe incorporar algunos conceptos de la empresa privada en cuanto a la gestión de sus relaciones laborales?

No se trata tanto de comparar u homogeneizar situaciones que son diferentes entre sí (la provisión de servicios públicos conlleva unas exigencias de prestación, cobertura, imparcialidad y mérito que no tiene la empresa privada) como de localizar los puntos en los que las cosas no funcionan óptimamente y transformarlas. Y en el sector público hace falta, en mi opinión, plantear unas posibilidades de carrera profesional más atractivas para competir en la captación de talento con el sector privado. En este sentido, trazaremos itinerarios de carrera por áreas funcionales en los que el empleado público tenga además una evaluación de su desempeño, de forma que tenga un horizonte claro de desarrollo profesional, y posibilidades de mejora en su formación o recualificación (upskilling y reskilling) para diseñar su progreso a la medida de sus aspiraciones. Además, para profundizar en la excelencia en las responsabilidades más altas de la función pública, elaboraremos un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático y con retribuciones ligadas a los objetivos alcanzados.

También estamos trabajando con los sindicatos en ampliar el abanico de posibilidades de jubilación flexible para que los empleados públicos tengan mayor homogeneidad con los asalariados del sector privado.

Los notarios, que también son funcionarios públicos, han apostado firmemente por la digitalización. ¿Cómo valora este esfuerzo?

Muy positivamente. Hace unas semanas me reuní con los responsables del Notariado y me mostraron el excelente trabajo que están haciendo para impulsar la digitalización. Desde el sector público, nuestra obligación es propiciar que los ciudadanos puedan beneficiarse de todas las ventajas de una mayor digitalización, pero a la vez, que aquellos que tengan más dificultades para desenvolverse en un entorno digital, sean atendidos de la forma más adecuada a sus necesidades. En nuestro Ministerio también estamos trabajando en este ámbito para eliminar la obligatoriedad de cita previa que se impone en algunos servicios públicos.

La seguridad jurídica es un pilar imprescindible para el desarrollo económico. ¿España goza de buena salud económica?

Totalmente. En mi opinión, en el momento actual, hay que diferenciar bien entre la realidad de fondo de la buena marcha del país y los discursos artificiales que se expresan con titulares grandilocuentes que muchas veces no tienen ninguna conexión con lo que está pasando. Por ejemplo, es habitual leer noticias en las que se habla de crisis económica, incluso con expresiones como “cataclismo”, cuando la economía española está comportándose de forma excelente, como lo indican los análisis de las grandes organizaciones internacionales. Es importante ver cómo nos ven desde fuera, y lo cierto es que los datos de compra de deuda pública, de prima de riesgo o de inversiones extranjeras en nuestro país muestran que la confianza en España es máxima.

Gallega, especializada en nefrología, dice sentirse frustrada por no tener tiempo para hacer más cosas, aunque no son pocas las funciones que desempeña, pues también preside el Comité de Trasplantes del Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante, espacios en los que España lidera el intercambio de conocimiento entre países.

¿Cómo valora estos siete años dirigiendo la ONT?

Han sido años duros, pero también fascinantes. Hemos puesto en marcha numerosos proyectos que nos han permitido seguir aumentando nuestra actividad y mejorar nuestra respuesta a las necesidades de los pacientes. También tuve que vivir al frente de la institución la pandemia de la Covid-19, con un impacto abrumador en el programa de donación y trasplante. No obstante, creo que dimos lo mejor de nosotros mismos y hemos sido capaces de recuperar la senda de crecimiento en un tiempo muy razonable.

ESPAÑA ES EL PAÍS DEL MUNDO QUE TIENE MAYOR TASA DE TRASPLANTE DE DONANTE EN ASISTOLIA, GRACIAS A LOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN QUE HEMOS DESARROLLADO

En 2023, nuestro país, de nuevo, a la cabeza del ranking mundial.

Es una situación de absoluto privilegio y que se debe básicamente a tres elementos: una población muy solidaria, nuestro Sistema Nacional de Salud de carácter público y universal y el modelo organizativo y de gestión, lo que se conoce internacionalmente como “el modelo español”, cuya base fundamental es el coordinador intrahospitalario de trasplantes. En los hospitales, que es donde surgen las oportunidades de donación, contamos con equipos de coordinación integrados por personal con la formación adecuada y casi siempre liderados por intensivistas.

Yo creo que el mérito de España es impresionante, no solamente porque mantengamos el liderazgo en donación de órganos, sino porque nos hemos sabido adaptar a un potencial donante que es complejo, pero que afortunadamente tenemos. En términos generales, nuestro donante es una persona mayor, de edad avanzada o muy avanzada, y que fallece por causas naturales.

La donación en asistolia sigue creciendo exponencialmente…

En el mundo, aproximadamente el 75 % son donantes en muerte cerebral. No obstante, la gran mayoría de las personas no fallece en estas condiciones, sino tras una parada cardiorrespiratoria. Hace algo más de una década se empezó a ver que se podían trasplantar también órganos procedentes de personas fallecidas en estas circunstancias. Actualmente ya son 23 los países que han desarrollado un programa de donación en asistolia y España es el país del mundo que tiene mayor tasa de trasplante de donante en asistolia, gracias a los métodos de preservación que hemos desarrollado. Ahora mismo el 45 % de los donantes fallecidos en nuestro país son donantes en asistolia. Hemos logrado trasplantar con éxito todo tipo de órganos: riñones, hígados, pulmones, páncreas, corazones e incluso intestinos, algo que nadie salvo España ha conseguido.

¿Es trasladable el modelo español a otros países?

Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo y han mejorado extensiblemente su actividad de donación y trasplante. Croacia lo ha replicado exactamente y ha alcanzado tasas de donación similares a la española. También Portugal o la región toscana en Italia. Otros países como Reino Unido incorporaron la figura de los intensivistas y consiguieron mejoras significativas. Lo mismo han hecho en Canadá, Estados Unidos o Australia con resultados extraordinarios. En los países de América Latina, con los que llevamos desde el año 2005 replicando aspectos del modelo español, se han duplicado las cifras de donación de órganos.

EL COORDINADOR DE TRASPLANTES TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

Después de casi cinco décadas en vigor, ¿considera necesaria alguna reforma de la Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos?

Yo creo que es una ley ejemplar. Ha sobrevivido 45 años y hoy sigue siendo una ley moderna, objeto de escrutinio por parte de todos los países del mundo, que nos ha permitido con sus fundamentos y principios básicos irnos adaptando perfectamente a los avances científico-técnicos. La ley se ha desarrollado a través de tres reales decretos, estando ahora mismo en vigor el Real Decreto de 2012, del que probablemente iniciemos un proceso de revisión y actualización en los próximos meses.

Llevan tiempo trabajando para la tramitación de una ley que asegure la protección laboral y social de los donantes vivos de órganos.

Está gafada… (risas) Ha estado a punto de salir adelante en varias ocasiones, pero por cuestiones políticas se nos ha quedado en el tintero. Los donantes vivos y los donantes altruistas se someten voluntariamente a una intervención quirúrgica que puede tener ciertas complicaciones e incapacitarles para trabajar temporalmente, por lo que deben estar perfectamente protegidos también desde esta perspectiva. A ver si en esta legislatura…

En España todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario; por ejemplo, realizando ante notario un documento de voluntades anticipadas.

El coordinador de trasplantes tiene la obligación de consultar el registro de voluntades anticipadas, así como cualquier otra documentación en la que haya podido expresarse el deseo de la persona. Además, siempre realizamos un acercamiento a la familia y pedimos su consentimiento. Yo creo que, en un país como el nuestro, en el que todos tenemos acceso al trasplante, que se considere que lo normal es ser donante envía un buen mensaje a la ciudadanía. Es una llamada a la corresponsabilidad.

EN TÉRMINOS GENERALES, NUESTRO DONANTE ES UNA PERSONA MAYOR, DE EDAD AVANZADA O MUY AVANZADA, Y QUE FALLECE POR CAUSAS NATURALES

¿Cuál es el tiempo promedio de espera para recibir un trasplante en nuestro país?

El tiempo de espera en España es extremadamente corto. En el caso del riñón, hablamos de un año o año y medio; y en el de los órganos vitales como corazón, pulmón o hígado, de menos de tres meses. Por ejemplo, en Alemania el tiempo que se puede esperar para un trasplante renal es de más de siete años.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las Sustancias de Origen Humano…

Europa se ha dado cuenta que han empezado a surgir sustancias de origen humano que no estaban cubiertas por ninguna directiva. Estamos hablando de que millones de pacientes se benefician anualmente de estas sustancias: 200.000 niños nacen cada año en la UE con técnicas de reproducción humana asistida, más de 150.000 pacientes reciben el trasplante de un tejido y 30.000 un trasplante de médula ósea de donante no emparentado. Nuestro objetivo es que sean cada vez más y lo que pretende esta directiva es que los pacientes puedan tener un mejor acceso y con mayores garantías de calidad y seguridad a las terapias basadas en tejidos y células.

¿Cuál es su posición frente a la regulación de la compraventa de órganos que plantean algunos países?

Mi postura, la postura de España y de la mayoría de los países del mundo, es que la donación no sea remunerada, por respeto a la dignidad de la persona. Si generamos un sistema de compraventa de órganos llega un momento en que ese gesto de donación está condicionado por una necesidad. Por lo tanto, al final el sistema redunda en que sean los sectores más vulnerables de la población los que terminen transformándose en fuente de órganos para los que lo necesitan. Y tenemos ejemplos que así lo demuestran, como el sistema de compraventa de Irán o el caso de la donación remunerada de plasma en Estados Unidos.

Hablábamos al principio del modelo español y sus fantásticos resultados… ¿Qué posibilidades de mejora cree que tiene nuestro sistema?

Podemos mejorar consolidando las vías de innovación que hemos implementado en los últimos años y que nos han permitido seguir creciendo y avanzando en nuevas líneas de trabajo, como la incorporación de los centros de sanidad privada a la donación o el desarrollo de técnicas novedosas de preservación. Yo tengo mucha tendencia a ver lo que falta por hacer, pero es cierto que cuando echo la vista hacia atrás veo que ya hemos hecho muchas cosas. Estamos muy orgullosos de lo logrado, pero todavía tenemos mucho camino por delante.

-Desde el pasado mes de noviembre se ha convertido en uno de los miembros del Gobierno que acumula más responsabilidades. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con profunda responsabilidad, pero con una fuerte convicción: trabajar para la ciudadanía. Soy consciente de las dificultades, pero también de los retos y los objetivos prioritarios. Queremos seguir consolidando las reformas emprendidas en la legislatura pasada, ensanchando el Estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la convivencia. En mi caso lo voy a hacer con el mismo empeño desplegado en mi anterior etapa como ministro: con trabajo, con diálogo, con dedicación y con esfuerzo.

-Es usted el responsable de implementar la agenda legislativa del Gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo?

La legislatura pasada aprobamos más de doscientas leyes que hicieron avanzar a España sin dejar a nadie a un lado. Esta legislatura vamos a continuar por ese camino: fortaleciendo derechos, contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital. Y lo haremos desarrollando grandes consensos y con un gran impulso reformista.

«HEMOS APROBADO EL IMPORTANTÍSIMO REAL DECRETO LEY 6/2023 QUE SUPONE LA MAYOR TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA EN DÉCADAS»

En el ámbito de la justicia, por ejemplo, queremos dar respuesta política a algunas de las grandes demandas de la ciudadanía en esta materia: conseguir una administración de justicia más ágil y rápida, más igualitaria, accesible y digital. Y ya tenemos resultados tangibles. Hemos aprobado el importantísimo Real Decreto Ley 6/2023, que ha sido convalidado por el Congreso el 10 de enero y que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, estableciendo, por ejemplo, que la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no sean una excepción, sino la norma. También hemos creado la Carpeta Justicia, que permite a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesado, así como pedir cita previa para ser atendida.

Otros ejes prioritarios serán el refuerzo del derecho a la defensa, con la actualización de ley que la asistencia jurídica gratuita y de las cantidades para la misma, o la aprobación de la primera ley orgánica que regula el derecho de defensa. También la apuesta por la justicia de los cuidados, velando por los derechos de las personas con discapacidad o las víctimas de los delitos. O la mejora de la eficiencia a través de una ley pendiente de la pasada legislatura, como es la Ley orgánica de eficiencia organizativa.

«EL PRIMER GRAN ACUERDO DE ESTADO HA DE SER LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y SUPERAR ASÍ UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE AFECTA A UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO: EL JUDICIAL»

-¿Y en el ámbito notarial?

Estamos trabajando para que la interoperabilidad no se circunscriba al Registro Civil; ya tenéis acceso directo a la obtención de certificaciones y están preparados los sistemas para el envío de procedimientos/escrituras, lo que supone un ahorro en tiempos y trámites a los ciudadanos y también a los operadores por hacerse de forma electrónica sino que como decía, también trabajamos conjuntamente, el Notariado y el Ministerio de Justicia, para que todas las comunicaciones entre notarios y administraciones se realice por medios telemáticos.

Para ello se están integrando los sistemas notariales con el Sistema de Intercambio de Registros (SIR) para un intercambio de la información orientada al dato, y de manera cien por cien electrónica, con el sistema que conecta todas las administraciones españolas.

Del mismo modo, aprovechando la conexión anterior, se posibilitaría la comunicación de los notarios con cualquier órgano judicial, lo que permitiría eliminar las comunicaciones por fax, correo electrónico o correo tradicional que aún se están realizando en algunos casos.

-¿Goza nuestra Constitución de buena salud?

La Constitución española tiene una salud de hierro a salvo de opiniones y críticas apocalípticas. En 45 años desde su ratificación se ha convertido en un texto símbolo de igualdad y libertad y que ha contribuido de manera decisiva a construir el país moderno, diverso y plural que somos ahora.

La fortaleza de la Constitución es indiscutible, pero eso no significa que partes de su texto no puedan ser sometidas a cambios requeridos por el paso del tiempo y su adaptación a un lenguaje que ya no se corresponde con el de los años en los que se redactó nuestra Carta Magna. Me estoy refiriendo a la necesaria modificación del artículo 49 para eliminar un término ofensivo como es el de «disminuido» por el de personas con discapacidad y que ya es una realidad tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Gobierno ha estado comprometido, desde su inicio, con este cambio para alcanzar un acuerdo que deje atrás esta terminología hiriente y se adapte a un lenguaje propio del siglo XXI y también para reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera reforma social de la Constitución de nuestra historia.

Por último, no quiero olvidarme del gran desafío que tenemos hoy por delante y que ha tensado como nunca el correcto funcionamiento de nuestra Carta Magna: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial debido al bloqueo permanente e injustificable del principal partido de la oposición. Como hicimos en otras ocasiones, afrontamos este problema de la justicia con diálogo y como una prioridad en este mandato: recuperar la normalidad institucional del CGPJ y del servicio público de justicia. La Constitución nos lo pide y la ciudadanía nos lo demanda.

-Los operadores jurídicos siguen reclamando un Pacto de Estado sobre este servicio público esencial. ¿Lo considera necesario? ¿Lo cree posible?

El diálogo es mi método habitual de trabajo. No concibo la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma y no la excepción de los servidores públicos. Así lo he puesto en práctica desde que tomé posesión de mi cargo como Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En pocas semanas me he reunido con el presidente por suplencia del CGPJ; con el presidente del Tribunal Supremo; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y con el presidente de la Audiencia Nacional. Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores: judicatura, fiscalía, abogacía, procuradores, registradores, funcionariado, asociaciones, colegios y sindicatos profesionales y, por supuesto, notariado.

Con esta norma haré todo lo que esté en mi mano para tender puentes y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. El primer gran acuerdo de Estado ha de ser la renovación del CGPJ y superar así una crisis institucional que afecta a uno de los poderes del Estado: el judicial.

-¿Será la recuperación de las leyes de eficiencia procesal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una prioridad del Gobierno?

Ya hemos aprobado gran parte de dichas iniciativas. Algunas medidas de carácter procesal ya se incorporaron en la legislatura pasada, en textos como el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Y esta semana hemos dado un paso de gigante con la convalidación del RDL 6/2023, que es un hito importante para el servicio público de la justicia, porque conseguirá que la justicia española, esté, por fin, en el s. XXI, con todo lo que esto significa.

Ahora el reto es sacar adelante la Ley orgánica de eficiencia organizativa, con iniciativas como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

«EL MINISTERIO CONOCE LA EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO»

-El Notariado siempre ha colaborado con el Ministerio de Justicia en las políticas que este implementa. ¿Hay algún campo que su ministerio piensa desarrollar en el que el Notariado pudiera ser útil?

Al comienzo efectivo de la legislatura se analizan proyectos tanto legislativos como reglamentarios. El Notariado, en el ámbito de las actividades que se le encomiendan, siempre ha sido un apoyo firme para este ministerio, por su disposición de cumplimiento, su alta preparación y su red urbana y rural con implementación efectiva en todo el territorio nacional, siempre arraigado en las distintas comunidades autónomas.

Este Gobierno conoce y valora la función notarial y cuenta con ella en la implementación de sus políticas. La altísima cualificación jurídica y profesional de los notarios y notarias de nuestro país es una garantía para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en España.

-A pesar de los incuestionables avances de los últimos años en materia de digitalización, la Administración de Justicia está lejos en esta materia de la realidad de otros servicios públicos. ¿Se conseguirá un salto significativo en esta legislatura?

Si vemos el ranking europeo elaborado por la Comisión, EU Justice Scoreboard 2023, en el ámbito de la digitalización, España se mantiene en los puestos de liderazgo en todos los ámbitos estudiados, casi siempre en las primeras cinco posiciones de los Estados miembros, situando a España muy por encima de la media de la Unión Europea.

Esto nos permite liderar proyectos en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que ha puesto como ejemplo nuestro proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ya esa una ley en vigor gracias al RDL 6/2023.

Además de la iniciativa Carpeta Justicia, que he mencionado antes, también quiero destacar la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, con la puesta en marcha de la plataforma digital DICIREG, que establece como novedad la creación de un registro electrónico y único en toda España, centrado en las personas y elaborando un folio personal único con el historial de cada individuo.

Esta nueva visión del Registro Civil y su proceso de digitalización permite además la interoperabilidad con otros operadores (hospitales, notarías, órganos judiciales…) lo que supondrá una mejora sustancial y definitiva en el proceso de digitalización del Servicio Público de Justicia.

A la UE y al gobierno español le preocupa y ocupa la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. ¿Seguirá siendo una prioridad del Gobierno?

La lucha contra el blanqueo de capitales y otros graves delitos financieros, es una prioridad internacional, europea y por supuesto de la Administración española.

El Ministerio conoce la extraordinaria colaboración del Notariado a través del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, que es una pieza esencial en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales, con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante el suministro al citado registro de datos fiables sobre los verdaderos titulares personas físicas de las sociedades.

La localización de la sede de la Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA) sin duda tendrá en cuenta la alta calidad preventiva de las autoridades y profesionales españoles, en la que es pieza de gran importancia la OCP.

Lleva usted un año y medio como director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), pero acumula una mucho más larga trayectoria profesional en el mismo. ¿Cómo ha sido la evolución de la institución en este periodo?

En este periodo al frente de Incibe hemos tenido que hacer frente a dos retos principales: por un lado, cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda España Digital 2026, donde la ciberseguridad obtuvo una financiación «muy importante» que permitió acelerar el lanzamiento de convocatorias públicas y, por otro, reestructurar la organización con la ampliación de la plantilla, que ha sumado 32 personas en este período para cumplir con las demandas de las directivas comunitarias.

Actualmente, desde Incibe estamos centrados en tres vectores principales, entre ellos, el crecimiento exponencial de los incidentes relacionados con la seguridad online, un ámbito en el que están incrementando los sistemas de detección proactiva para corregir los riesgos antes que se efectúe el posible ataque.

A este se suma los ciberataques dirigidos, especialmente, contra los colectivos más vulnerables, donde se incluye el fraude online, pero también los que afectan a menores. Los datos del último año alcanzan casi los 400.000 delitos de este tipo. Por ello, hemos acelerado el despliegue de mecanismos de trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CIBERDELINCUENTES HAN ACAPARADO PROTAGONISMO, CON UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESTAFAS, FRAUDES Y DELITOS”

¿Y de cara al futuro?

Los próximos años serán claves para el ámbito académico de la seguridad online. Acabamos de lanzar una primera tanda de 15 cátedras centradas en la ciberseguridad en universidades españolas y más de 50 proyectos estratégicos con los que se espera formar una nueva generación de investigadores que cubran las necesidades existentes.

A la par hemos empezado la ejecución de más de 120 proyectos de I+D+i con empresas mediante el programa de Compra Pública Innovadora, lo que va a permitir que las pymes puedan adentrarse en este ecosistema, desarrollando nuevas soluciones.

“QUE UNA EMPRESA ESTÉ PROTEGIDA EN INTERNET NO ES UNA VENTAJA, ES IMPRESCINDIBLE”

Recientemente hemos conocido que España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, España ha alcanzado el tercer país a nivel mundial en materia de ciberataques, después de haber sufrido más de 375.000 delitos a través de internet o mediante herramientas digitales. Así se advierte en un reciente estudio publicado por Deloitte donde casi el 90% fueron fraudes o estafas informáticas durante 2022. El número de ciberdelitos del pasado año supuso un incremento de un 72% respecto a los datos de 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia y sus restricciones.

El cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos: 90 millones de ataques anuales que cuestan 10,5 billones de euros, una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021.

En los últimos años, los ciberdelincuentes han acaparado protagonismo, con un incremento en el número de estafas, fraudes y delitos. La cibercriminalidad en España no hace más que crecer mientras baja la delincuencia convencional. Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red, y todo indica que generará 150.000 denuncias en 2025.

Incibe gestionó en 2022 más de 118.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 110.100 afectaron a ciudadanos y empresas. Cabe destacar que 1 de cada 3 fueron una filtración de datos (sensibles, protegidos o confidenciales que son robados por una persona no autorizada); y 2 de cada 5 fueron vulnerabilidades de sistemas tecnológicos (debilidad de un sistema que puede poner en riesgo su seguridad).

Asimismo, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ atendió más de 67.000 consultas en 2022. Entre las más frecuentes, relativas a empresas, destacan el phishing, smishing o extorsión (20,8%), el business email compromise, BEC, o del fraude del CEO (15,3%).

¿Son las empresas españolas conscientes de la importancia de la ciberseguridad?

La ciberseguridad es vital, ahora más que nunca. Todos utilizamos software a diario y la conectividad de datos e información es gigante y universal. Por eso, que una empresa esté protegida en internet no es una ventaja, sino que es imprescindible. Si la información que recoge una compañía se ve atacada, afectará a su funcionamiento, su estabilidad económica y a los empleados. El ciberdelito existe, y no siempre el tejido empresarial es consciente de lo que supondría ser víctima de un ciberataque.

Una organización debe realizar una evaluación de riesgos, desarrollar planes de seguridad y respuesta a incidentes, capacitar a los empleados, implementar medidas de seguridad, realizar pruebas y simulaciones, y considerar la colaboración con expertos externos.

Incibe-CERT es uno de los equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información, reduciendo sus efectos en la seguridad pública.

Durante el año 2022, los equipos de Incibe-CERT han gestionado casi 119.00 incidentes, concretamente 118.820. Es decir, un 9% más que en el año previo. Del total de esta cifra, más de 110.100 de los incidentes afectaron a ciudadanos y empresas, 546 a operadores estratégicos (desglosados por porcentajes en cada sector: energía 30,4%; sistema financiero y tributario 25,3%; agua 17,2%; transporte 17,2%) y casi 8.000 a la Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS).

«LA ‘CIBERSEGURIDAD’ NO DEBE NUNCA ENTENDERSE COMO UN COSTE, SINO COMO UNA INVERSIÓN EMPRESARIAL INELUDIBLE»

¿Cuáles son los retos que se plantean en política de ciberseguridad en la protección de los sectores estratégicos?

La demanda de profesionales cualificados en ciberseguridad es una realidad. Según el ‘Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad’, realizado desde Incibe y ONTSI, la cifra de profesionales que buscaban empleo en ciberseguridad en 2021 ascendía a 39.072 y la previsión es que se incrementen hasta los 42.283 en 2024. Del mismo modo, el número de profesionales necesarios en ciberseguridad se elevaba a 63.191 empleos, mientras que en 2024 superará los 83.000.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de contar con personas formadas en este sector, y nos hacen ver que hemos de recorrer aún un largo camino en el que no solo hemos de seguir mejorando, sino también debemos lograr que se incorporen a esta senda aquellas empresas que aún no han dado este paso tan importante. Estamos hablando de un cambio prioritario si queremos garantizar la viabilidad y el correcto funcionamiento de todas las empresas, independientemente de su tamaño y su sector.

Por estas razones, la ciberseguridad no debe nunca entenderse como un coste, sino como una inversión empresarial ineludible, basada en la prevención.

¿El actual marco regulatorio de la ciberseguridad es suficiente o necesita alguna ampliación o reforma?

En España el marco regulatorio de la ciberseguridad se ha desarrollado en los últimos años. El Real Decreto 43/2021, que desarrolla numerosos aspectos del Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información, es la principal norma referida a cuestiones de ciberseguridad en España. Además, también contamos con la Ley NIS (Ley 8/2011), que establece medidas para garantizar un nivel adecuado y homogéneo de seguridad de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

Por otro lado, el pasado 15 de septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta innovadora a nivel mundial para mejorar la seguridad de los dispositivos a nivel de hardware y software, frente al masivo ataque que está sucediendo sin precedentes, tanto a nivel corporativo como doméstico, con los dispositivos digitales.

Esto ha sido fomentado por el aumento del teletrabajo, del número de dispositivos conectados, de la consolidación tecnológica y la mayor digitalización en sectores más tradicionales. Factores que suponen un avance, tanto a nivel social, como económico, pero que generan un aumento de riesgo ciber muy difícil de anticipar, mitigar y minimizar. La superficie de ataque aumenta y es necesario proteger los ecosistemas IoT emergentes, así como más casuísticas que se han identificado en los últimos dos años que están utilizando las organizaciones cibercriminales a raíz de esta nueva arquitectura que se genera con diferentes capas tecnológicas, en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, nuevas vulnerabilidades y tipos de ataque.

La Ley de Ciberresiliencia europea (The Cyber Resilience Act – CRA), nace con el objetivo de proteger a usuarios y empresas de productos con características digitales (dispositivos del ecosistema del Internet de las Cosas, IoT) que no cumplan con los requisitos de ciberseguridad.

La ciberseguridad es un campo en constante evolución y los marcos regulatorios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas amenazas.

El Notariado es una pieza clave en la seguridad jurídica. ¿Cree que tiene un papel relevante en la protección de las empresas?

El Notariado desempeña un papel esencial en la seguridad jurídica de las empresas al garantizar que los actos y documentos legales se ajusten a la ley y sean válidos. Su labor ayuda a prevenir fraudes, facilita la resolución de disputas y brinda confianza a las empresas en sus transacciones legales.

El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad, siento el cuarto organismo de la Organización General del Estado en alcanzar la certificación que reconoce el nivel alto de seguridad de sus sistemas, servicios, bases de datos, plataformas, portales…

Aunque la implementación de la tecnología en el ámbito jurídico notarial presenta muchas oportunidades, también plantea desafíos importantes en términos de ciberseguridad. La seguridad y la privacidad de los datos son una preocupación importante, ya que los documentos notariales contienen información confidencial y privada. Por eso, el notariado ha mostrado su compromiso total.

En este sentido, hay que asegurarse de que la tecnología utilizada para autenticar y procesar los documentos sea segura y esté protegida contra posibles ciberataques, ya que estos podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos.