Entrevista a Salvador González Marín, nuevo presidente de la Abogacía

EN ESTE PAÍS

Salvador González,

presidente del CGAE

“Los colegios profesionales tienen que transmitir el valor de lo que hacen”

CARLOS CAPA
Salvador González Martín es desde junio de 2024 presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Experto en derecho mercantil, civil, procesal y arbitraje y profesor asociado de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido hasta ahora decano de la abogacía malagueña.

Acaba de ser elegido como nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuáles son sus primeras prioridades?

Lógicamente en estas primeras semanas al frente del CGAE he tomado contacto con los equipos, he revisado las agendas de trabajo y diseñado la nueva estructura organizativa, pero también he tomado contacto con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y con el Secretario de Estado de Seguridad Social y otros actores de la justicia. Quiero, desde el primer momento, transmitir a los colegiados y a la sociedad que somos una institución eficiente, preocupada y ocupada en los intereses de la profesión y de la justicia que tiene la intención de dar impulso a la labor de representación y defensa de los intereses de la abogacía.

¿Cuál es el papel de los colegios profesionales en este momento?

Los colegios somos instituciones que tenemos que representar a la profesión y en esa representación tenemos que transmitir el valor de lo que hacemos, de lo que conseguimos cada día, de cómo resolvemos infinidad de conflictos en la sociedad, pero también de cómo impulsamos su progreso. Gracias a nuestra actividad hacemos que se cierren cada día en todo el país multitud de operaciones, de negocios, de contratos, que redundan en beneficio de todos.

 


“LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN ASUNTO QUE NO ESTAMOS ABORDANDO BIEN COMO SOCIEDAD”


 

Hay que poner en valor este trabajo y trasladar ese impulso que, en particular, nuestra profesión aporta a la sociedad. También nos interesamos mucho por la actividad legislativa e intentamos mejorarla, en particular en lo que a la Administración de Justicia se refiere, ya que somos un pilar básico de su funcionamiento. Trabajamos, en definitiva, para que todo funcione de la mejor manera posible. Una sociedad sin abogados sería una sociedad menos justa que dejaría muchos conflictos sin cerrar dificultando enormemente su progreso.

Finalmente conseguida la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su nueva composición, ninguno de sus miembros procede de los operadores jurídicos, en particular de la abogacía. ¿Cómo lo valora?

Creo que el espíritu constitucional es que los operadores jurídicos, y en particular la abogacía, estén presentes en el Consejo, pensando en que esta profesión es con la que el ciudadano tiene mayor contacto y que hace de bisagra entre la Administración de Justicia y sus derechos e intereses.

Que en el Consejo General del Poder Judicial no haya ningún abogado que llame la atención sobre los problemas que tiene la Administración de Justicia y cómo estos son percibidos por el ciudadano no es bueno. Cualquier abogado que hubiera estado allí no sólo hubiera hecho posible que los consensos se tomaran con mayor agilidad, que hubiera acuerdos y componer posturas dentro del Consejo, sino que también hubiera ayudado a esas labores de fiscalización de la actividad de los órganos judiciales que tiene encomendada el órgano constitucional y a su labor de ordenación de la Administración de Justicia, que sufre de muchísimos retrasos e ineficiencias que están afectando directamente al ciudadano. El que la abogacía no esté allí significa alejar a la ciudadanía del órgano que gobierna la Administración de Justicia.

¿Para cuándo la Ley Orgánica del Derecho de Defensa tan reclamada por la abogacía?

El Senado, al que ha llegado por fin la tramitación, inicia en breve su actividad y esperamos que se haga de la forma más rápida posible, entre otras cuestiones porque es muy necesaria para garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos y para resolver cuestiones de gran importancia para el ejercicio de la abogacía. Confío en que pronto esté en vigor.

 


“HAY QUE DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES AL TURNO DE OFICIO PARA PERMITIR EL ACCESO DE TODOS A LA JUSTICIA”


 

La violencia de género sigue azotando a la sociedad. ¿Hay que replantearse las medidas para combatirla?

Nuestro colectivo es muy sensible a este asunto; tanto los abogados, como los colegios y el propio Consejo. Los datos son estremecedores y es un asunto que como sociedad no estamos abordando bien. Me da la sensación de que no se nos escucha lo suficiente a la abogacía. En la gestión de este tema hay que escuchar a las personas que intervienen en los procesos y fundamentalmente a los abogados que están cada día cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho de defensa de todos. El tener esa visión del todo es fundamental.

Reclamamos que se nos escuche porque conocemos el drama de la situación, sabemos lo que está pasando. En todos los colegios tenemos unos servicios de orientación y asesoramiento a víctimas. La abogacía ya se situó en la vanguardia cuando ni siquiera la violencia de género formaba parte de la justicia gratuita. Queremos ayudar todo lo que podamos en esto. Aquí hay un problema cultural, pero también de estar cerca de la víctima, y cerca del problema en toda su dimensión.

 


“ABOGADOS Y NOTARIOS COLABORAN DIARIAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y A LAS INVERSIONES”


 

La justicia gratuita ejercida desde el turno de oficio es una función muy valorada por la ciudadanía según todos los estudios. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son sus reivindicaciones?

El turno de oficio es fundamental para que el ciudadano, con independencia de sus recursos económicos, acceda a la justicia, lo que es un derecho constitucional. La cuestión que pivota aquí es cómo sostenerla si no se aportan los fondos suficientes para ejercerla dignamente.

Se tiene que tomar la decisión política de retribuir correctamente las actuaciones de los profesionales que actúan para dar un servicio público y que permite el acceso a la justicia de la totalidad de los ciudadanos. Si consideramos que esto es importante y creo que entendemos todos que lo es y es un valor de nuestra democracia, de nuestro estado social, quienes gobiernan tienen que ser consecuentes.

Tenemos que conseguir que esta justicia gratuita se preste, no en base al esfuerzo de unos profesionales sin retribución en muchos casos de sus actuaciones o con unas muy precarias. Hay que modernizarla, delimitando claramente su contorno, definiendo el catálogo de actuaciones comprendidas en ella y actualizar las retribuciones de los profesionales. El Ministro de Justicia y yo nos hemos emplazado para abordar estas cuestiones con urgencia y con toda la seriedad necesaria para abordar una Ley de Justicia Gratuita acorde con las circunstancias actuales.

¿Cómo afronta una profesión con formatos de ejercicio tan diversos y con 240.000 colegiados el reto de la tecnología y la digitalización?

Por supuesto que esta es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa. Trabajamos para que el profesional esté formado y con las herramientas que hoy requiere el ejercicio, no solo de nuestra profesión, sino de cualquier otra. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un decreto que establece para Unión Profesional una dotación de hasta 200 millones de euros para formación en competencias digitales de las profesiones colegiadas.

Este proyecto se ha impulsado desde la abogacía y va a alcanzar hasta 80.000 profesionales que van a disponer de la formación más avanzada en materia tecnológica y digital incluyendo la Inteligencia Artificial. Esto nos va a permitir romper esas brechas de las que hablábamos y que todo el mundo tenga acceso. Serán cursos gratuitos que van a facultar a los profesionales para un ejercicio muy avanzado de las habilidades digitales visibilizándolos como expertos muy competentes, no sólo en la pericia técnica de su oficio.

Queremos contribuir al avance a una sociedad más moderna, más digital, más para todos, en la que la tecnología no se convierta en una brecha ni un muro al que se enfrenta la sociedad siendo capaces de acompañar a la ciudadanía en el uso de esas tecnologías en beneficio colectivo.

¿Cómo valora a seguridad jurídica, en la que el notariado tiene un papel fundamental, en España?

La seguridad jurídica es la base para las inversiones, para el buen funcionamiento de la economía y para las relaciones sociales. Somos muchos los profesionales que trabajamos en la seguridad jurídica. Creo que el papel de la abogacía como primera puerta a la que acude el ciudadano, es fundamental. Por supuesto los notarios son imprescindibles en ella. Nuestra relación con el notariado ha sido históricamente de colaboración. No entendemos nuestra actividad sin esa colaboración profesional en la que aportamos conjuntamente seguridad jurídica. En mi opinión la Administración de Justicia tiene que dar una respuesta más cohesionada a la interpretación de las reglas jurídicas. Esto es importante para crear seguridad jurídica en el inversor. Y sin duda pone en valor la seguridad jurídica que ofrecemos los profesionales, particularmente la abogacía y el notariado, cumpliendo nuestra función de forma más tecnológica. Hay que ser conscientes de que en cualquier tipo de negocio jurídico el inversor pretende una respuesta previsible y estamos obligados entre todos a ofrecérsela.

 


“UNA SOCIEDAD SIN ABOGADOS SERÍA UNA SOCIEDAD MENOS JUSTA QUE DEJARÍA MUCHOS CONFLICTOS SIN CERRAR DIFICULTANDO ENORMEMENTE SU PROGRESO”


 

¿Cómo se plasma esa colaboración entre notariado y abogacía?

Tenemos un convenio firmado que creo que hay que fortalecer e impulsar. Colaboramos también a través de nuestras fundaciones y por supuesto en el día a día de cada profesional en cada localidad de nuestro país.

Abogados y notarios se ven a diario en las notarías. Ambas profesiones son capaces de avanzar en su colaboración en beneficio de los ciudadanos y de la mejor seguridad jurídica que seamos capaces de ofrecerle.

HUELLA DIGITAL

Entrevista a Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia

EN ESTE PAÍS

SOFÍA PUENTE,

secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia

“Siempre he tenido una confianza absoluta en las posibilidades del Notariado español”

JOSÉ M. CARRASCOSA

Pucelana militante y fiscal de formación, Sofía Puente acaba de superar su primer semestre al frente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad de la Justicia, de la que dependen tres direcciones generales: Seguridad Jurídica y Fe Pública; Transformación Digital, y Servicio Público de Justicia. En esta entrevista destaca el esfuerzo y la labor desarrollada por el Notariado para poner en marcha el protocolo electrónico notarial en beneficio de la sociedad y el papel de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, que este año conmemora su 25 aniversario.

¿Cuál es su valoración de esta etapa?

Está siendo una etapa profesional intensa. De alguna manera, tras mi paso por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública supone volver a un ámbito de trabajo que me resulta más familiar, por la materia y por los colectivos. Me incorporo como titular de esta secretaría general en un momento en que algunos de los retos y desafíos que se fijaron en 2020 ya están cumplidos y quedan otros tantos a los que debo dar impulso.

¿Qué proyectos tiene en marcha el Ministerio en materia de innovación?

Nuestros proyectos se articulan en tres ejes que venían señalados en el Proyecto del Ministerio de Justicia 2030: reformas procesales, reformas organizativas y reformas tecnológicas.

Parte de las reformas procesales y las tecnológicas están en el RD 6/2023 de 19 de diciembre que contiene medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia, crea derechos y obligaciones digitales, y entre otras, regula la inmediación digital en el ámbito judicial, el acceso digital a la administración de Justicia, o la tramitación electrónica de procedimientos judiciales.

En cuanto a las reformas organizativas, se encuentra ya en el Parlamento el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que incluye todos los aspectos organizativos; entre ellos, la implantación de los tribunales de instancia o las oficinas de justicia en el municipio. Además, incluye algunos aspectos procesales como la regulación de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos.

Finalmente, la Ley de Derecho de Defensa desarrolla el artículo 24 del texto constitucional (la tutela judicial efectiva), ampliando su contenido. Su objetivo es dar seguridad tanto a ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la defensa, como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes. El Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado en el Consejo de ministros del pasado 23 de enero; ya ha pasado el trámite de enmiendas y dispone de informe de la ponencia, publicado en el Boletín de las Cortes el 14 de junio de 2024.

 


CON EL PROCESO DE ROBOTIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, EN UNA SEMANA SE PUEDEN LLEGAR A CANCELAR 142.000 CAUSAS


 

En su condición de fiscal conocerá que una de las quejas recurrentes de los ciudadanos es la lentitud de la Justicia. ¿En qué medida el uso de nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales puede agilizarla?

La transformación de la justicia precisa reformas. Sin duda las tecnologías pueden ayudarnos a conseguir el objetivo de lograr mayor celeridad, sobre todo en aquellas tareas que son muy repetitivas y que no tienen valor añadido.

 


UNO DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES CONSEGUIR LA INTEROPERABILIDAD COMPLETA CON TODO EL ECOSISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


 

El proceso de digitalización que estamos llevando a cabo está arrojando excelentes resultados en cuanto a lo que a la agilización de la Administración se refiere, siendo uno de los grandes objetivos del Plan de Transformación Digital de Justicia la mejora de la eficiencia, que incluye tecnologías innovadoras como la automatización robótica de procesos o el uso de inteligencia artificial.

Por poner algunos ejemplos, con el proceso de robotización de cancelación de antecedentes penales, en una semana se pueden llegar a cancelar 142.000 causas, lo que equivale al trabajo de un funcionario a tiempo completo durante 5 años.

Otra de las quejas recurrentes es que existe una multiplicidad de sistemas informáticos dispares entre las distintas CC. AA. Si es así, ¿cómo se enfrenta por el Ministerio la resolución de este problema?

Uno de los objetivos en materia de transformación digital es conseguir la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia, con las Administraciones Públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Instituciones Penitenciarias. El proyecto de interoperabilidad, así como el resto de los proyectos país, se está desarrollando bajo el modelo de cogobernanza instaurado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, contando con el consenso de todos los agentes implicados: fiscalía, CGPJ, comunidades autónomas, …
España es ya es un ejemplo de interoperabilidad entre los distintos entes que componen el ecosistema justicia. Esta realidad puede consultarse en el portal Datos Justicia: https://datos.justicia.es/ donde convergen todas las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

 


NO SE PUEDE HABLAR DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN ESPAÑA SIN QUE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS SE PERCIBA COMO UN REFERENTE


 

En este sentido, ¿cómo valora el trabajo realizado por los notarios y sus órganos de representación para cumplir con el proceso de digitalización marcado por la Ley 11/2023?

La ley 11/2023 de 8 de mayo que regula el protocolo electrónico para los notarios y la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales por videoconferencia con plena seguridad jurídica entró en vigor el 9 de noviembre.

Siempre he tenido una confianza absoluta en las posibilidades del Notariado español. Eso es algo que he aprendido e interiorizado a lo largo de los años que he sido directora general y en este caso, tenía la certeza de que se harían todos los esfuerzos para llegar al 9 de noviembre y así fue. Todo estaba listo para esa fecha. Sin duda, estos desarrollos tecnológicos en apenas seis meses han sido posibles por la existencia de una potente estructura tecnológica en el Notariado, pero también por una decidida apuesta y una firme convicción de que la ley 11/2023 tenía como finalidad el uso de las tecnologías como vía para prestar un mejor servicio al ciudadano.

Aprovecho estas líneas para expresar mi reconocimiento y gratitud a empleados y notarios que han tenido que gestionar en tiempo récord nuevas formas de hacer el mismo trabajo con el compromiso de siempre.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -que usted ostentaba antes de desempeñar su nuevo cargo- es el centro directivo del que depende el Notariado. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas desde el Ministerio en colaboración con estos operadores jurídicos?

Gracias a la regulación del protocolo electrónico notarial en la Ley del Notariado, ya en vigor desde el pasado 9 de noviembre de 2023, vamos a conseguir una circulación más ágil del documento notarial con las copias electrónicas autorizadas dotadas de código seguro de verificación. Asimismo, se incluye la consulta digital motivada de un índice único informatizado general por el Consejo General del Notariado y las Administraciones Públicas y la introducción de un nuevo artículo que permite el otorgamiento de ciertos instrumentos a través de videoconferencia y comparecencia electrónica, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos.

Durante esta legislatura será necesario abordar la reforma del Reglamento hipotecario y el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, para adaptar los mismos a la Ley 11/2023 y desarrollar reglamentariamente aquellos aspectos que sean necesarios.

Coincidiendo con el 25 Aniversario de su creación, ¿cuál cree que es la principal aportación de la Fundación Æquitas del Notariado?

Efectivamente, se cumplen 25 años desde que el Consejo General del Notariado adoptó el acuerdo de constituir una fundación que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas.

No se puede hablar de autoridades en materia de discapacidad en España sin que la fundación Æquitas se perciba como un referente. Las actividades que realiza, su implicación en la búsqueda de soluciones, sus propuestas de reforma, la manera en la que cuenta, no solo con las voces autorizadas de notarios sino de otros colectivos, me permiten afirmar que a lo largo de estos 25 años la fundación ha estado al servicio de la sociedad y en particular, al servicio de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con el único objetivo de darles dignidad, mejorar sus vidas mediante el análisis de la realidad que perciben los notarios en su día a día y que les permite desde ese observatorio privilegiado, en unión de otros actores, analizar, reflexionar y proponer mejoras legislativas que redunden en beneficio de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o personas mayores.

Antes de incorporarse al Ministerio ejerció en las fiscalías de diferentes plazas y fue vocal del Consejo Fiscal. ¿Echa de menos esa vertiente profesional?

Mi etapa como Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha sido maravillosa. Me ha permitido aprender mucho, sobre todo, ramas del derecho que tenía olvidadas, conocer otras profesiones, como la vuestra, coincidir con personas que se han convertido en amigas. Esta etapa me ha permitido crecer profesional y personalmente. Ahora continuo en el ministerio en otra labor que es menos desconocida para mí pero en la que tengo mucho que aprender. De momento, no echo de menos ejercer como fiscal, profesión a la que volveré tarde o temprano porque en la vida, como dice Azorín, casi todo es ver pasar y ver volver

Aunque el contenido que publica sea, sobre todo, personal, es una usuaria habitual de las redes sociales. ¿Considera que estos canales pueden resultar útiles para la Administración de Justicia?

Cada vez soy menos activa en Twitter. En Twitter, si se sabe elegir y aislar el enorme ruido que hay, se encuentra información, opiniones y divertimiento. Las redes sociales se han revelado un instrumento muy útil de comunicación institucional debido a la gran implantación que tienen en la ciudadanía.

Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, las redes sociales sirven para acercar la justicia a la ciudadanía. Por ejemplo, desde la cuenta en X del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (@justiciagob) informamos sobre los diferentes proyectos que estamos impulsando para lograr una justicia moderna, eficiente y orientada a los cuidados.

Hay una cuenta en X muy interesante para los operadores jurídicos que es la de Transformación Digital de la Justicia y LexNET (@lexnetjusticia) en la que se informa de los diferentes proyectos de transformación digital desarrollados por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, muchos de ellos dirigidos a facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, en especial de los grupos más vulnerables, como las personas mayores o con discapacidad.

 


MI RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A EMPLEADOS Y NOTARIOS QUE HAN TENIDO QUE GESTIONAR EN TIEMPO RÉCORD NUEVAS FORMAS DE HACER EL MISMO TRABAJO CON EL COMPROMISO DE SIEMPRE


 

También la cuenta de nuestro Centro de Estudios Jurídicos (@cejmjusticia), en la que además de informar de las actividades formativas que se realizan, recientemente han divulgado la convocatoria de las Becas Seré para preparar las oposiciones a la Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.

Luego hay cuentas en X de notarios, (no me gustaría citar ninguna para que no se ofendan los preteridos) interesantísimas o la cuenta de Notarios y registradores (@NNyRR) que hacen una verdadera labor de divulgación.

En definitiva, las redes sociales permiten a las instituciones dirigirse a la ciudadanía sin intermediarios para mostrar el trabajo que están haciendo al servicio de esta. Las redes sociales son como la vida real, hay que saber elegir a quien realmente merece la pena.

Entrevista a Bisila Bokoko, filántropa y emprendedora

EN CURSO LEGAL

BISILA BOKOKO,

filántropa y emprendedora

“Hay que convertir la adversidad en ventajas competitivas”

CARLOS CAPA

Bisila Bokoko es una empresaria multipremiada, emprendedora y filántropa. Licenciada en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad CEU San Pablo, posee un Máster en Relaciones Internacionales por el City College de Nueva York. Es fundadora y CEO de BBES, una agencia de desarrollo empresarial que representa y promueve marcas en mercados internacionales. Entre 2005 y 2012 fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-EE.UU. Reconocida como «Ciudadana del mundo» por las Naciones Unidas y galardonada con el Premio a los Valores Women in a Legal World nació y creció en España con raíces ecuatoguineanas.

– Acaba de recibir el Premio a los Valores que concede la organización Women in a Legal World (WLW) dedicada a la promoción y visibilidad del talento femenino en el mundo. ¿Qué supone para usted?

Una gran sorpresa puesto que, aunque tengo cultura y formación jurídica, hace tiempo que no practico la abogacía en activo. Me ha hecho enormemente feliz el recibirlo sobre todo por la parte de concienciación e inspiración para otras mujeres de la profesión.
En mi trabajo el marco legal es muy importante y conocerlo ha supuesto una ventaja competitiva. Tanto en mis actividades de comercio exterior orientando a empresas a entrar en mercados internacionales, como trabajando en la diversidad, el mundo legal ha sido un pilar importante en mi vida, que debe incorporarse más intensamente a esta.

 


MI INFLUENCIA SIRVE PARA FAVORECER A LAS PERSONAS MENOS VISIBLES


 

– Está considerada como una de las diez españolas más influyentes en el mundo de los negocios de EE. UU. ¿Cómo lo ha logrado?

¡Me encantaría saberlo a mí también! ¡En su momento sería algún periodista al que le caí bien! Honestamente he trabajado con tesón y he tenido puestos como el de directiva ejecutiva de la Cámara de Comercio España-EE.UU. que me han dotado de visibilidad. He aprovechado todas las oportunidades que se me han puesto delante para utilizar mi voz y ser vista. Entiendo, a su vez, que mi influencia es para favorecer a las personas menos visibles y he abogado mucho por apoyar el comercio entre España y Estados Unidos.

– ¿Cuánto cree que queda para romper el llamado techo de cristal para las mujeres? ¿Cree que se ha avanzado más en este sentido en Europa o en Norteamérica?

Yo soy muy optimista en este sentido y, más que ver lo que queda por hacer, me centro en celebrar lo que ya se ha conseguido porque si no somos capaces de ver hasta dónde hemos llegado, sólo vamos a ver lo que queda por recorrer y eso puede resultar frustrante.
Los últimos veinte años han sido de cambios muy significativos tanto en Europa como en Norteamérica. En materia de género Europa y Norteamérica están bastante alineados, aunque faltan mujeres en puestos de liderazgo y en los consejos de administración. En Europa no todos los países están en la misma situación. Si hablamos de otro tipo de diversidad, en Estados Unidos sin duda se ha avanzado más.

– Usted afirma que “ser diferente te invita a ser especial”. ¿Ser mujer o provenir de otra cultura han sido obstáculos en su carrera profesional?

Pudieran haber sido obstáculos, pero no he dejado que esto sucediera ni he dejado que los problemas de otras personas fueran míos. Cualquier tipo de adversidad podemos transformarla en una ventaja competitiva. Si uno se ve como un problema es un problema y si uno se observa como una posibilidad se convierte en una posibilidad.

– ¿Qué es el proyecto Empretec que usted está impulsando desde 2010?

Es un programa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) orientado a la promoción del emprendimiento femenino en los países emergentes a través del microcrédito y la formación.

También dotamos de visibilidad a los proyectos de estas mujeres y las premiamos para que sean referentes para otras mujeres. En los catorce años que llevo involucrada en este proyecto he sido testigo de verdaderas transformaciones económicas y sociales en entornos muy complejos. Mujeres ordinarias han hecho cosas extraordinarias y han impulsado a otras a hacer lo mismo.

 


SI UNO SE VE COMO UN PROBLEMA ES UN PROBLEMA Y SI UNO SE OBSERVA COMO UNA POSIBILIDAD SE CONVIERTE EN UNA POSIBILIDAD


 

– Es usted una persona comprometida con la construcción de un mundo más igualitario y ha volcado su actividad filantrópica en África a través del Bisila Bokoko African Literacy Project. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Yo le debo a la educación y a la lectura todo lo que soy porque mis padres, abuelos y bisabuelos tuvieron muy claro que estas eran la llave que me abriría puertas a las oportunidades.

Cuando pisé África por primera vez con 35 años pude observar que hay personas que nunca habían tocado un libro con las manos y eso me chocó tanto que decidí llevar la lectura y la educación a los lugares más recónditos del continente, mediante la construcción de bibliotecas o la colaboración con colegios y universidades abasteciéndoles con libros.

– Desde su experiencia ayudando a las compañías españolas en su posicionamiento exterior, ¿se han internacionalizado bien nuestras empresas?

No puedo estar más orgullosa de la gran labor de las empresas españolas en el campo de la internacionalización. Aún nos falta creérnoslo más, porque a veces nos sentimos pequeños o tendemos a compararnos con otros países. En los veinticuatro años que llevo dedicándome a esta tarea he visto empresas que “lo han bordado” y todas tenían en común el compromiso, la actitud positiva, dejarse asesorar bien, ¡mentalidad abierta y el no rendirse nunca!

 


NO PUEDO ESTAR MÁS ORGULLOSA DE LA GRAN
LABOR DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL CAMPO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN


 

– ¿Es más fácil el emprendimiento en los EE.UU. o en España? ¿Qué pesa más: la actitud o el marco jurídico?

Buenísima pregunta. Es más fácil en USA por la actitud. En España hay un gran estigma ante el fracaso y caerse o arruinarse no se ve aún como una parte del camino. Por otro lado, la ayuda a los emprendedores, sobre todo al emprendimiento femenino, tiene muchísimos mecanismos de promoción y apoyo. A esto se suma la gran facilidad que ofrece su marco jurídico, que hace que puedas abrir y cerrar una empresa en 24h.

En España hay muchísimas mejoras y el emprendimiento, que hace veinte años era un concepto un tanto extraterrestre, hoy se fomenta. En todo caso creo que el marco legal y el apoyo que se debe prestar todavía tienen un margen de mejora, según mi experiencia personal.

 


LA SEGURIDAD JURÍDICA ES UNO DE LOS ASPECTOS ESENCIALES PARA SER UN PAÍS ATRACTIVO A LA INVERSIÓN EXTERIOR. ESPAÑA LO ESTÁ HACIENDO GENIAL


 

– ¿Cree que aportar seguridad jurídica, en lo que el notariado español es una referencia internacional, es imprescindible para hacer atractivas las inversiones en este país?

En ese aspecto España lo está haciendo genial y se ha convertido en un caramelo muy apetecible para las inversiones y si, desde luego la seguridad jurídica es uno de los aspectos esenciales para ser un país atractivo a la inversión exterior.

– Después de haber logrado tantas metas antes de los 50 años, ¿cuáles son sus retos, sus proyectos o sus ilusiones a partir de ahora?

Haciendo una reflexión desde los 50 años que acabo de cumplir me he dado cuenta que no he sido consciente o, al menos, no me he permitido muchas veces celebrar los logros al no verlos siquiera tales por el nivel de autoexigencia que me he impuesto. Esto viene dado por la alta responsabilidad que tuve desde niña al ser la única en muchos ámbitos profesionales o sociales.

Ahora en lugar de imponerme nuevos retos voy a dedicarme a divertirme mucho más de lo que lo que ya lo hago y añadir nuevos ingredientes a mi vida como es la «creatividad» y la «espiritualidad», que casan perfectamente con el mundo profesional. ¡Quiero reinventarme de nuevo y en ese proceso estoy! Y desde luego compartir mi experiencia con los demás y seguir siendo una narradora de historias.

Huella digital
  • Bisila Bokoko ha sido portada de Vogue y aparecido en publicaciones emblemáticas como Forbes, Bloomberg, Essence, Entrepreneur, Vanity Fair, Glamour y Harper’s Bazaar. Dispone de una página web que contiene su biografía, actividades e intereses.
  • En su libroTodos tenemos una historia que contar” ha trasladado su experiencia personal y sus objetivos vitales.
  • La dirección de su cuenta en Twitter es @BisilaBokoko.

Entrevista a José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública

CON SELLO PERSONAL

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ,

MINISTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

«La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico»

CARLOS CAPA
José Luis Escrivá defiende en esta entrevista la complementariedad que existe entre las dos áreas de su ministerio: Transformación Digital y Función Pública. Al frente de esta cartera desde el pasado mes de diciembre, fue ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre 2020 y 2023.

Economista y auditor fiscal, es experto en análisis económico y en econometría; fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.

Transformación digital y Función Pública. ¿Cómo se gestionan dos responsabilidades de tanta amplitud?

Aprovechando su complementariedad, porque es una combinación que tiene mucho sentido. No somos, por poco, el primer ministerio de Europa que conjuga estas dos responsabilidades (Noruega se nos adelantó por unos meses), pero estamos viendo cada vez más interés en otros países por esta fórmula. En un mundo cada vez más digital, existen enormes sinergias entre los dos ámbitos. La Administración tiene la obligación de impulsar y facilitar la adopción de las nuevas tecnologías además de promover el debate social en torno a su uso ético, y a la vez no puede dejar de aprovechar su enorme potencial para mejorar los servicios a los ciudadanos.

Los países más ricos y prósperos, los nórdicos, son también los que tienen administraciones públicas más desarrolladas, y nos muestran el camino que queremos recorrer: capitalizar las ganancias en productividad que propician las nuevas tecnologías en un marco de garantía y ampliación de los derechos sociales.

 


«ESTAMOS ADAPTANDO PROGRAMAS PÚBLICOS EXITOSOS COMO EL KIT DIGITAL DE FORMA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN FINANCIAR SOLUCIONES DE IA CON ESTAS AYUDAS»


 

¿La Administración y la empresa privada van a diferente ritmo en la transformación digital?

Hay distintas velocidades de transformación digital dentro de las propias empresas, entre diferentes sectores, y también por su tamaño. Las grandes compañías no están teniendo problema para estar a la vanguardia de ese proceso mientras que las pequeñas y medianas empresas lo tienen más difícil, y ahí tenemos que actuar desde la Administración para asegurarnos de que los beneficios de las nuevas tecnologías llegan a todo el tejido productivo. Por ejemplo, estamos adaptando programas públicos exitosos como el Kit Digital -que ha ayudado a digitalizarse a centenares de miles de pymes- hacia la Inteligencia Artificial, de forma que las empresas puedan financiar soluciones de IA con estas ayudas. También vamos a poner en marcha un programa de asesoramiento en digitalización porque hemos detectado que, en muchas ocasiones, las pymes y los autónomos quieren digitalizarse y adoptar nuevas tecnologías, pero necesitan saber cómo hacerlo y este nuevo programa les ayudará a saber cuáles son las soluciones que más pueden contribuir a su negocio.

En este sentido, la Administración tiene un papel clave en la transformación digital, porque no sólo se beneficia de sus avances, sino que debe impulsarla con su potencia normativa y económica: puede canalizar inversiones, apoyar al sector privado en la apuesta por tecnologías disruptivas, liderar proyectos piloto y generar marcos legislativos favorables para el desarrollo de iniciativas innovadoras, entre otras posibilidades. Hay un círculo virtuoso entre tecnología y Administración que tenemos que aprovechar al máximo.

La pandemia y los conflictos bélicos en Europa nos han hecho conscientes de la pérdida de soberanía europea en materia energética. ¿También en la tecnología?

Sin duda. Pensemos en los cortes en la cadena de suministros que se vivieron cuando los cierres de fábricas ocasionados por la pandemia, cuando la interrupción en la producción y en los transportes hizo que medio mundo se quedase sin coches nuevos y otros dispositivos fundamentales para nuestra vida cotidiana. Frente a debilidades como esta, Europa está reaccionando (con propuestas como las contenidas en el Libro Blanco sobre ¿Cómo dominar las necesidades de infraestructura digital de Europa?, de la Comisión Europea, o el reciente Informe Letta). En España lo estamos haciendo también: singularmente en materia de chips, que como vemos es una tecnología fundamental, estamos dedicando a través del PERTE Chip más de 12.000 millones: un 0,9% de nuestro PIB.

¿Debe Europa apretar el acelerador para no perder la carrera frente a las grandes multinacionales norteamericanas o chinas?

Lo está haciendo. Muchos países europeos, entre ellos España, estamos impulsando la atracción de plantas de semiconductores en nuestros países. A través del PERTE Chip ya hemos impulsado la llegada de grandes empresas como Cisco, Broadcom o IMEC y estamos en conversaciones para realizar nuevas operaciones.

 


«EL NOTARIADO ME HA MOSTRADO EL EXCELENTE TRABAJO QUE HACE PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN»


 

¿Cambiará la vida de los ciudadanos la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico; por eso es tan importante que en Europa hayamos sentado las bases regulatorias, impulsadas por España durante la Presidencia Europea. No obstante, debemos ser conscientes de que la dimensión de la IA es claramente internacional y, por ello, creo que buena parte de la regulación la realizarán instancias supranacionales.

España también cuenta con una ventaja respecto a otros países de nuestro entorno y es que ya tenemos la AESIA (la Agencia Española de Supervisión de la IA), que será nuestro supervisor en la materia y, además, queremos que también impulse el debate social sobre esta tecnología con análisis y estudios.

¿Impulsará el Gobierno español sistemas de inteligencia artificial al margen de las iniciativas privadas?

Rotundamente sí, y aquí la iniciativa clave es ALIA, el modelo fundacional de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno y que estará listo a la vuelta del verano. El desarrollo de la IA se ha hecho hasta ahora alimentando motores y modelos sobre todo en inglés, y esto impide aprovechar al máximo las potencialidades de esta tecnología en otras lenguas. Así que, aprovechando la potencia del español -la segunda lengua más hablada del mundo- vamos a desarrollar un modelo transparente y en código abierto que va a permitir a los sectores productivos desarrollar productos, aplicaciones e iniciativas mucho mejores en castellano y lenguas cooficiales. Para ello contaremos con las instituciones con más reputación -las Reales Academias, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional…- con la ambición de crear un modelo de referencia, con los más altos estándares mundiales.

También queremos que el sector público sea promotor de la Inteligencia Artificial. Hay numerosos servicios públicos, como la sanidad, la justicia o la atención al ciudadano, en los que la Inteligencia Artificial puede propiciar importantes mejoras y, por ello, también queremos impulsar casos de uso en el sector público.

Las proyecciones estadísticas indican que en esta década se jubilarán más de la mitad de los funcionarios. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

Con varias medidas que tienen un objetivo común: que la gestión del personal de las administraciones públicas se haga con visión de medio plazo, planeando las necesidades en función de los servicios públicos que hay que prestar y en el marco de programaciones presupuestarias plurianuales; y no como hasta ahora, con un modelo reactivo, que mira al pasado y en el que el empleo público es considerado como un coste a recortar en momentos de dificultades económicas, que es lo que sucedió en la pasada década, después de la crisis financiera, y lo que ha llevado a la situación que mencionaba ante las jubilaciones de los próximos años.

En este sentido, vamos a acabar con la tasa de reposición –que sólo sirve para replicar las plantillas que ya existen- y sustituirla por un sistema de gestión previsional de efectivos, en el que las organizaciones que constituyen el sector público tendrán más autonomía para definir sus plantillas en función de sus necesidades reales presentes y futuras. Estamos preparando planes para atraer talento junior y senior, incluyendo la cobertura de puestos de información y telecomunicaciones -tan necesarios ahora, y por los que la competencia con el sector privado es tan fuerte- utilizando como modelo el sistema MIR de los médicos, que tan buen resultado ha dado; y también vamos a agilizar los procesos de acceso al empleo público, para que no pasen años entre que se abre una vacante y se cubre la plaza: nos hemos comprometido a que la ejecución de las ofertas de empleo público no duren más de 12 meses.

 


«ELABORAREMOS UN ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO QUE CONCRETE SISTEMAS FORMALIZADOS DE SELECCIÓN DE CARÁCTER MERITOCRÁTICO»


 

¿Cree que la Administración debe incorporar algunos conceptos de la empresa privada en cuanto a la gestión de sus relaciones laborales?

No se trata tanto de comparar u homogeneizar situaciones que son diferentes entre sí (la provisión de servicios públicos conlleva unas exigencias de prestación, cobertura, imparcialidad y mérito que no tiene la empresa privada) como de localizar los puntos en los que las cosas no funcionan óptimamente y transformarlas. Y en el sector público hace falta, en mi opinión, plantear unas posibilidades de carrera profesional más atractivas para competir en la captación de talento con el sector privado. En este sentido, trazaremos itinerarios de carrera por áreas funcionales en los que el empleado público tenga además una evaluación de su desempeño, de forma que tenga un horizonte claro de desarrollo profesional, y posibilidades de mejora en su formación o recualificación (upskilling y reskilling) para diseñar su progreso a la medida de sus aspiraciones. Además, para profundizar en la excelencia en las responsabilidades más altas de la función pública, elaboraremos un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático y con retribuciones ligadas a los objetivos alcanzados.

También estamos trabajando con los sindicatos en ampliar el abanico de posibilidades de jubilación flexible para que los empleados públicos tengan mayor homogeneidad con los asalariados del sector privado.

Los notarios, que también son funcionarios públicos, han apostado firmemente por la digitalización. ¿Cómo valora este esfuerzo?

Muy positivamente. Hace unas semanas me reuní con los responsables del Notariado y me mostraron el excelente trabajo que están haciendo para impulsar la digitalización. Desde el sector público, nuestra obligación es propiciar que los ciudadanos puedan beneficiarse de todas las ventajas de una mayor digitalización, pero a la vez, que aquellos que tengan más dificultades para desenvolverse en un entorno digital, sean atendidos de la forma más adecuada a sus necesidades. En nuestro Ministerio también estamos trabajando en este ámbito para eliminar la obligatoriedad de cita previa que se impone en algunos servicios públicos.

La seguridad jurídica es un pilar imprescindible para el desarrollo económico. ¿España goza de buena salud económica?

Totalmente. En mi opinión, en el momento actual, hay que diferenciar bien entre la realidad de fondo de la buena marcha del país y los discursos artificiales que se expresan con titulares grandilocuentes que muchas veces no tienen ninguna conexión con lo que está pasando. Por ejemplo, es habitual leer noticias en las que se habla de crisis económica, incluso con expresiones como “cataclismo”, cuando la economía española está comportándose de forma excelente, como lo indican los análisis de las grandes organizaciones internacionales. Es importante ver cómo nos ven desde fuera, y lo cierto es que los datos de compra de deuda pública, de prima de riesgo o de inversiones extranjeras en nuestro país muestran que la confianza en España es máxima.

Huella digital

José Luis Escrivá mantiene una cuenta en X (antigua Twitter) donde expresa sus opiniones e informa de su agenda @joseluisescriva

En el Portal de Transparencia del Gobierno se puede consultar su currículo y demás datos de acceso público

«VAMOS A AGILIZAR LOS PROCESOS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO PARA QUE NO PASEN AÑOS ENTRE QUE SE ABRE UNA VACANTE Y SE CUBRE LA PLAZA»

Entrevista a Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia

EN CURSO LEGAL

Manuel Olmedo,

secretario de Estado de Justicia

El pasado noviembre, Manuel Olmedo fue nombrado ‘número dos’ del Ministerio de Justicia. Magistrado desde 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anteriormente fue letrado del Consejo General de Poder Judicial y jefe de Selección de la Escuela Judicial. En sus más de cien días al frente de la Secretaría de Estado, analiza en Escritura Pública los principales retos de esta etapa.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"España es hoy referente internacional en digitalización"

¿Qué proyectos afronta en su mandato?

Todas nuestras líneas de trabajo están orientadas a transformar la Administración de Justicia en un servicio público moderno, que cuide de sus profesionales y tenga a la ciudadanía en el centro. Es un proyecto ilusionante, con un marcado impulso reformista para traer la justicia al siglo XXI, que se centra en tres grandes líneas de actuación.

En primer lugar, vamos a culminar el Proyecto Justicia 2030, iniciado en la anterior legislatura, con el que impulsamos la necesaria transformación de la justicia en esta década. Un importante hito fue la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que incorpora tanto la Ley de Eficiencia Digital como gran parte del contenido de la Ley de Eficiencia Procesal, y se ha continuado la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, ahora bajo la denominación de Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En segundo lugar, como el ministro Bolaños ha anunciado ya, vamos a ampliar y mejorar el acceso a la Justicia mediante la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a las necesidades actuales y la reanudación de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. Quiero hacer énfasis en que todo ello se enmarca en un modelo de Justicia pensada para las personas en sus concretas circunstancias vitales, especialmente para aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

En tercer lugar, vamos a dar un impulso a la democratización en el acceso a las profesiones jurídicas, reforzando y ampliando el programa de becas para oposiciones a las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y abogacía del Estado. Una iniciativa de la que este Gobierno está especialmente satisfecho, porque pretendemos que el acceso a las profesiones de la justicia no esté condicionado por la renta o el origen social. Es un sistema que debe permitir el acceso de todos.

Todas estas iniciativas, como ha reiterado el ministro Bolaños, han de partir de grandes consensos en la sociedad y el sector jurídico. Y en ello trabajamos sin descanso.

 


«NUESTRO TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A TRANSFORMAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN UN SERVICIO PÚBLICO MODERNO, QUE CUIDE DE SUS PROFESIONALES Y TENGA A LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO»


 

Durante su etapa como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio implementó medidas en pro de la digitalización de Justicia. ¿Queda mucho por hacer?

Hay que dejar claro que España ya es hoy referente internacional en digitalización, especialmente en el ámbito de la Justicia, donde trabajamos para conseguir un servicio público mucho más cercano a la ciudadanía y acorde a las necesidades de la sociedad digital. Dicho esto, es verdad que todavía queda trabajo para conseguir una administración de justicia todo lo ágil y rápida, igualitaria, accesible y digital que necesitamos y merecemos. Estamos en ello, avanzando hacia hitos como la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia. Además, estamos impulsando los procesos de robotización e incorporando tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en todos los procesos en los que es viable como ayuda y apoyo al personal tramitador, con el fin de agilizar los procedimientos y dedicar su talento a tareas de mayor valor añadido.

Proyectos como Carpeta Justicia, los Medios Adecuados de Solución de Controversias y las Oficinas de Justicia en el Municipio, ya en pleno desarrollo, contribuirán decisivamente a la eficiencia del sistema judicial y favorecerán la cohesión social y territorial, al facilitar recursos a la ciudadanía con independencia de su origen, residencia o circunstancias. Con los avances en digitalización estamos fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital.

 


«ESTAMOS IMPULSANDO LOS PROCESOS DE ROBOTIZACIÓN E INCORPORANDO TECNOLOGÍAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE ES VIABLE»


 

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, entró en vigor para el ámbito notarial el pasado 9 de noviembre. ¿Cree que es un modelo aplicable a otros ámbitos de la Justicia?

La implicación de su Consejo, de las y los notarios, de las personas que trabajan en las notarías y su colaboración con el Ministerio en la elaboración de la ley ha sido decisiva para que haya podido implantarse con éxito. Más allá del diseño notarial, y de sus particularidades, que convierten a esta ley en un traje a medida, la clave de este modelo es la implicación y la lealtad en la colaboración, el diálogo y la cooperación institucional. Eso, que es aplicable a todos los ámbitos de la Justicia, es nuestra seña de identidad. El propio ministro ha insistido desde que tomó posesión de la cartera de Justicia en que el diálogo es el método de trabajo a seguir. No concebimos la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma, también para los servidores públicos.

De su Secretaría depende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas para este centro directivo?

Al igual que en el conjunto de la administración de Justicia, nuestro objetivo es aprovechar la imparable transformación digital que estamos impulsando para dar un giro de 180º en la manera en la que los ciudadanos y las empresas van a relacionarse con este servicio público. En la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es, tal vez, donde más se estén haciendo notar los beneficios de los mecanismos de robotización de procesos automatizables, idóneos para tramitación de expedientes de contenido repetitivo. El mejor ejemplo son los trámites para la obtención de nacionalidad, cuya robotización ha supuesto un ahorro de más de 300.000 horas de trabajo que se destinan a labores de mayor valor añadido. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque esta dirección general es un centro directivo de capital importancia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, en especial, para la ciudadanía. Estamos preparando la documentación que servirá, en 2025, para la redacción de las normas reglamentarias que exigen las numerosas reformas legales de modernización que se han aprobado en los últimos tiempos, especialmente en materia de digitalización de actuaciones notariales y registrales.

Una de las áreas en la que más intensamente ha trabajado el Notariado es en todo lo relativo a las personas con discapacidad. ¿Qué iniciativas abordará el ministerio en este ámbito?

El ministerio está utilizando todos los medios a su alcance para poder ofrecer una justicia de calidad a las personas con menos recursos o en situaciones vulnerables. Es uno de los puntales de nuestra actuación, tal y como explicamos en Palencia el 29 de febrero, en el marco de la última Conferencia Sectorial.

Vamos a hacer hincapié en el diseño de proyectos que rompan las brechas de acceso a la Justicia a las que, tristemente, aun han de enfrentarse los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el de las personas con discapacidad. Porque no podemos actuar ajenos a la presencia en nuestra sociedad de límites a la igualdad material efectiva, que es uno de nuestros derechos fundamentales y, a su vez, principio fundamental de nuestra Carta Magna y criterio de actuación de los poderes públicos.

Por ello, desde el ministerio venimos implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

 


«EL MINISTERIO ESTÁ UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA PODER OFRECER UNA JUSTICIA DE CALIDAD A LAS PERSONAS CON MENOS RECURSOS O EN SITUACIONES VULNERABLES»


 

Además de por su cargo, como experto en Derecho Penal, ¿conoce la actuación del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

Efectivamente, la Secretaría de Estado conoce y valora el magnífico y constante trabajo del Notariado en este ámbito, en ocasiones por delante de las normas europeas.

En el ámbito internacional no europeo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca y alaba la actuación extraordinaria del Notariado, así como en el ámbito de seguimiento de las sanciones aprobadas por las organizaciones internacionales.

La creación en el año 2005 en el Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) sirvió para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia, y ha fortalecido la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades policiales, judiciales y fiscales.

Con estos antecedentes, no me cabe la menor duda de que el colectivo notarial seguirá adaptándose y colaborando como hasta ahora.

Recientemente participó en La Haya en la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania. ¿Qué postura mantiene España?

En la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania reiteré el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en la agresión rusa contra Ucrania. Puse de manifiesto la solidaridad de España con los ciudadanos y autoridades ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la guerra, y la necesidad de que prevalezca la ley frente a crímenes internacionales.

Quiero recordar que España ha aprobado la puesta en marcha del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, en las instalaciones de Eurojust, en La Haya. También contribuimos a los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, ayudando de forma creciente a su financiación; y apoyamos la creación de un tribunal que tenga jurisdicción para enjuiciar los crímenes de guerra en Ucrania.

Ha trabajado en la reforma del acceso a las carrera fiscal y judicial. ¿Considera que el actual sistema de oposiciones es el adecuado?

Partiendo de la base de que el sistema actual de oposiciones a los cuerpos jurídicos de la Administración puede considerarse un método de selección eficaz, posiblemente podrían abordarse algunas reformas en el campo de la formación y evaluación continua de cada cuerpo jurídico, en aras de fortalecer la calidad del servicio público

También quiero hacer un apunte desde la perspectiva de género que nos debe invitar a la reflexión. Las últimas promociones demuestran que las mujeres superan en amplio número a los hombres, sin que dicha proporción se mantenga, lamentablemente, cuando se utilizan otros métodos para conformar órganos de dirección dentro de esos mismos cuerpos.

En cualquier caso, el sistema debe estar dotado de un sólido sistema de becas para garantizar la igualdad en el acceso, ámbito en el que podemos estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y que, tal y como ha anunciado el ministro Bolaños, vamos a potenciar.

QUIERO DESTACAR EL COMPROMISO DEL COLECTIVO NOTARIAL

El Notariado ha realizado en los últimos años una decidida apuesta por las nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos. ¿Cómo valora iniciativas de este tipo?

El Notariado, como institución ligada a la Administración Pública, no es ajeno a la imparable apuesta por la digitalización en la que España es pionera. Por ejemplo, la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, ha supuesto un salto cualitativo importante en la utilización de las nuevas tecnologías en las actuaciones notariales mediante la regulación del protocolo electrónico notarial. Regulación que ha acercado al ciudadano la actuación notarial. La posibilidad de utilización de la videoconferencia para la realización de múltiples actuaciones, como la constitución de sociedades, apoderamientos y revocación de poderes, cancelación de garantías, entre otros actos, implica un gran avance.

Además, quiero aprovechar para destacar el compromiso del colectivo notarial en la implantación efectiva de la nueva legislación y el esfuerzo realizado para que haya sido un éxito desde su entrada en vigor.

Entrevista a Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes

CON SELLO PERSONAL

BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL,

DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

«Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo»

ALEJANDRO MOYA BLAY
España es líder mundial en donación y trasplante de órganos. Lo lleva siendo los últimos 32 años. Beatriz Domínguez-Gil es la directora general del organismo desde 2017, aunque forma parte de su plantilla desde hace casi 20 años; un equipo de menos de 50 personas que se encarga de coordinar y organizar la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país, además de la gestión de las listas de espera y otras muchas actividades para promover la donación.

Gallega, especializada en nefrología, dice sentirse frustrada por no tener tiempo para hacer más cosas, aunque no son pocas las funciones que desempeña, pues también preside el Comité de Trasplantes del Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante, espacios en los que España lidera el intercambio de conocimiento entre países.

¿Cómo valora estos siete años dirigiendo la ONT?

Han sido años duros, pero también fascinantes. Hemos puesto en marcha numerosos proyectos que nos han permitido seguir aumentando nuestra actividad y mejorar nuestra respuesta a las necesidades de los pacientes. También tuve que vivir al frente de la institución la pandemia de la Covid-19, con un impacto abrumador en el programa de donación y trasplante. No obstante, creo que dimos lo mejor de nosotros mismos y hemos sido capaces de recuperar la senda de crecimiento en un tiempo muy razonable.

 


ESPAÑA ES EL PAÍS DEL MUNDO QUE TIENE MAYOR TASA DE TRASPLANTE DE DONANTE EN ASISTOLIA, GRACIAS A LOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN QUE HEMOS DESARROLLADO


 

En 2023, nuestro país, de nuevo, a la cabeza del ranking mundial.

Es una situación de absoluto privilegio y que se debe básicamente a tres elementos: una población muy solidaria, nuestro Sistema Nacional de Salud de carácter público y universal y el modelo organizativo y de gestión, lo que se conoce internacionalmente como “el modelo español”, cuya base fundamental es el coordinador intrahospitalario de trasplantes. En los hospitales, que es donde surgen las oportunidades de donación, contamos con equipos de coordinación integrados por personal con la formación adecuada y casi siempre liderados por intensivistas.

Yo creo que el mérito de España es impresionante, no solamente porque mantengamos el liderazgo en donación de órganos, sino porque nos hemos sabido adaptar a un potencial donante que es complejo, pero que afortunadamente tenemos. En términos generales, nuestro donante es una persona mayor, de edad avanzada o muy avanzada, y que fallece por causas naturales.

La donación en asistolia sigue creciendo exponencialmente…

En el mundo, aproximadamente el 75 % son donantes en muerte cerebral. No obstante, la gran mayoría de las personas no fallece en estas condiciones, sino tras una parada cardiorrespiratoria. Hace algo más de una década se empezó a ver que se podían trasplantar también órganos procedentes de personas fallecidas en estas circunstancias. Actualmente ya son 23 los países que han desarrollado un programa de donación en asistolia y España es el país del mundo que tiene mayor tasa de trasplante de donante en asistolia, gracias a los métodos de preservación que hemos desarrollado. Ahora mismo el 45 % de los donantes fallecidos en nuestro país son donantes en asistolia. Hemos logrado trasplantar con éxito todo tipo de órganos: riñones, hígados, pulmones, páncreas, corazones e incluso intestinos, algo que nadie salvo España ha conseguido.

¿Es trasladable el modelo español a otros países?

Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo y han mejorado extensiblemente su actividad de donación y trasplante. Croacia lo ha replicado exactamente y ha alcanzado tasas de donación similares a la española. También Portugal o la región toscana en Italia. Otros países como Reino Unido incorporaron la figura de los intensivistas y consiguieron mejoras significativas. Lo mismo han hecho en Canadá, Estados Unidos o Australia con resultados extraordinarios. En los países de América Latina, con los que llevamos desde el año 2005 replicando aspectos del modelo español, se han duplicado las cifras de donación de órganos.

 


EL COORDINADOR DE TRASPLANTES TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS


 

Después de casi cinco décadas en vigor, ¿considera necesaria alguna reforma de la Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos?

Yo creo que es una ley ejemplar. Ha sobrevivido 45 años y hoy sigue siendo una ley moderna, objeto de escrutinio por parte de todos los países del mundo, que nos ha permitido con sus fundamentos y principios básicos irnos adaptando perfectamente a los avances científico-técnicos. La ley se ha desarrollado a través de tres reales decretos, estando ahora mismo en vigor el Real Decreto de 2012, del que probablemente iniciemos un proceso de revisión y actualización en los próximos meses.

Llevan tiempo trabajando para la tramitación de una ley que asegure la protección laboral y social de los donantes vivos de órganos.

Está gafada… (risas) Ha estado a punto de salir adelante en varias ocasiones, pero por cuestiones políticas se nos ha quedado en el tintero. Los donantes vivos y los donantes altruistas se someten voluntariamente a una intervención quirúrgica que puede tener ciertas complicaciones e incapacitarles para trabajar temporalmente, por lo que deben estar perfectamente protegidos también desde esta perspectiva. A ver si en esta legislatura…

En España todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario; por ejemplo, realizando ante notario un documento de voluntades anticipadas.

El coordinador de trasplantes tiene la obligación de consultar el registro de voluntades anticipadas, así como cualquier otra documentación en la que haya podido expresarse el deseo de la persona. Además, siempre realizamos un acercamiento a la familia y pedimos su consentimiento. Yo creo que, en un país como el nuestro, en el que todos tenemos acceso al trasplante, que se considere que lo normal es ser donante envía un buen mensaje a la ciudadanía. Es una llamada a la corresponsabilidad.

 


EN TÉRMINOS GENERALES, NUESTRO DONANTE ES UNA PERSONA MAYOR, DE EDAD AVANZADA O MUY AVANZADA, Y QUE FALLECE POR CAUSAS NATURALES


 

¿Cuál es el tiempo promedio de espera para recibir un trasplante en nuestro país?

El tiempo de espera en España es extremadamente corto. En el caso del riñón, hablamos de un año o año y medio; y en el de los órganos vitales como corazón, pulmón o hígado, de menos de tres meses. Por ejemplo, en Alemania el tiempo que se puede esperar para un trasplante renal es de más de siete años.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las Sustancias de Origen Humano…

Europa se ha dado cuenta que han empezado a surgir sustancias de origen humano que no estaban cubiertas por ninguna directiva. Estamos hablando de que millones de pacientes se benefician anualmente de estas sustancias: 200.000 niños nacen cada año en la UE con técnicas de reproducción humana asistida, más de 150.000 pacientes reciben el trasplante de un tejido y 30.000 un trasplante de médula ósea de donante no emparentado. Nuestro objetivo es que sean cada vez más y lo que pretende esta directiva es que los pacientes puedan tener un mejor acceso y con mayores garantías de calidad y seguridad a las terapias basadas en tejidos y células.

¿Cuál es su posición frente a la regulación de la compraventa de órganos que plantean algunos países?

Mi postura, la postura de España y de la mayoría de los países del mundo, es que la donación no sea remunerada, por respeto a la dignidad de la persona. Si generamos un sistema de compraventa de órganos llega un momento en que ese gesto de donación está condicionado por una necesidad. Por lo tanto, al final el sistema redunda en que sean los sectores más vulnerables de la población los que terminen transformándose en fuente de órganos para los que lo necesitan. Y tenemos ejemplos que así lo demuestran, como el sistema de compraventa de Irán o el caso de la donación remunerada de plasma en Estados Unidos.

Hablábamos al principio del modelo español y sus fantásticos resultados… ¿Qué posibilidades de mejora cree que tiene nuestro sistema?

Podemos mejorar consolidando las vías de innovación que hemos implementado en los últimos años y que nos han permitido seguir creciendo y avanzando en nuevas líneas de trabajo, como la incorporación de los centros de sanidad privada a la donación o el desarrollo de técnicas novedosas de preservación. Yo tengo mucha tendencia a ver lo que falta por hacer, pero es cierto que cuando echo la vista hacia atrás veo que ya hemos hecho muchas cosas. Estamos muy orgullosos de lo logrado, pero todavía tenemos mucho camino por delante.

Huella digital
  • Beatriz Domínguez-Gil cuenta con su propio perfil en X (Twitter).
  • También tiene sendos perfiles en redes sociales la Organización Nacional de Trasplantes.
  • Puede consultar todos los datos del Balance de Actividad 2023 de la ONT en su página web (www.ont.es).

«LA POSTURA DE ESPAÑA, Y DE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL MUNDO, ES QUE LA DONACIÓN NO SEA REMUNERADA, POR RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA»

Entrevista a Aurora Elósegui, magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

EN CURSO LEGAL

AURORA ELÓSEGUI,

magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

El Foro Justicia y Discapacidad concedió el pasado diciembre su premio A una trayectoria profesional a la magistrada jubilada Aurora Elósegui. En el acto de entrega, el presidente del Foro, Juan Manuel Fernández, destacó de la jueza galardonada su «respeto, cuidado, exigencia, cercanía y trabajo en equipo».

JOSÉ M. CARRASCOSA

"Todos los operadores jurídicos tienen su papel en el tratamiento integral y transversal de la discapacidad"

¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento a su trayectoria profesional?

Este premio inicialmente me incomodó. No soy amiga de reconocimientos oficiales por hacer tu trabajo con dedicación, como creo debe hacer cualquier profesional. El verdadero premio es el reconocimiento de las personas a las que has ayudado en la solución de sus conflictos en el día a día de la labor judicial; y ese premio creo que lo he tenido durante estos largos años de contacto personal con quienes acudieron al juzgado en busca de apoyo. En mi jubilación ya me sentía reconocida. En todo caso, reflexionando, creí entender que se otorgaba no a mi persona, sino a una manera de trabajar en el ámbito de la discapacidad y esto podía ser un acicate para que ese modelo sirviera, en algún sentido, de orientación a los profesionales que siguen trabajando en ese ámbito. Así entendido, expreso mi profundo agradecimiento al Foro Justicia y Discapacidad por este premio, que quiero hacer extensivo a todos cuantos colaboraron conmigo en ese modelo de trabajo.

 


LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ES DIFÍCIL EN CUALQUIER TIEMPO; LAS FORMAS DE ATACARLA SON DIVERSAS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SUELE LEVANTAR AMPOLLAS


 

Ingresó en la magistratura en 1987, en plena época de los ‘años de plomo’ de ETA, llegando a ser la decana de los juzgados guipuzcoanos. ¿Qué papel jugaron los jueces vascos en esos primeros años de democracia?

Creo que los jueces, entonces como ahora, defendíamos la Constitución y los derechos fundamentales en ella reconocidos -como son la libertad, la igualdad, la no discriminación-, frente a los intolerantes totalitarios e identitarios que pretendían imponer por la fuerza un pensamiento único. No plegarse a sus exigencias tuvo sus consecuencias. Hubo una huida de ciudadanos y también de jueces de esta tierra y los que nos quedamos perdimos una parcela de libertad pues vivimos todos bastantes años escoltados. No fue una experiencia fácil para nadie, pero la defensa del Estado de Derecho es difícil en cualquier tiempo; las formas de atacarla son diversas y la independencia judicial suele levantar ampollas.

 


A LOS FAMILIARES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LES DIGO QUE NO TENGAN MIEDO A PEDIR AYUDA. QUE NO ESTÁN SOLOS


 

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Sebastián, del que usted era titular hasta su jubilación en 2019, está considerado como uno de los pioneros en especializarse en discapacidad e internamientos voluntarios. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos?

Entonces los procedimientos que afectaban a la discapacidad eran los llamados de incapacitación y los ingresos psiquiátricos involuntarios, fundamentalmente. No entraban muchos asuntos. Se tramitaban mediante modelos, con nulo contacto con las personas afectadas. No se cumplía tan siquiera la escasa normativa existente. Las resoluciones se basaban en informes médicos y testimonios de familiares que no se comprobaban; y, en general, se actuaba con una ignorancia total de la dimensión emocional de la vida de una persona, sus familiares y allegados que comportaba una declaración de incapacitación. Las sentencias eran escuetas, genéricas, abstractas, … Se declaraba a una persona incapaz para todo y se nombraba un tutor que la representara en el ejercicio de su capacidad jurídica.

¿Qué le hizo pensar esa realidad?

Inmediatamente fui consciente de que no se podía tratar este campo como tratábamos las hipotecas, los contratos, las sociedades… Esto era otra cosa. Requería cercanía, escucha, comprensión, principios muy alejados de la burocracia, formalismos y protocolos habituales en los juzgados civiles. Había que profundizar en el conocimiento de la escasa legislación y jurisprudencia existente, ver la forma de aplicarla de acuerdo con los principios reconocidos en la Constitución y en convenciones internacionales sobre discapacidad y salud mental. Se requería dedicación y especialización. Eso era imposible si seguíamos repartiendo estos asuntos entre seis juzgados. Entendiendo que la situación era urgente vi otra vía para poder hacerlo que fue a través de las normas de reparto de asuntos, de tal manera que todos los temas relacionados con la discapacidad se turnaran a un solo juzgado a cambio de una exención de otro tipo de procedimientos.

 


ANIMO A TODOS LOS QUE PUEDAN, A QUE ACUDAN A LA NOTARÍA A EXPRESAR SU VOLUNTAD Y SUS PREVISIONES PARA UNA POSIBLE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD


 

¿Por qué eligió el ámbito civil de la discapacidad como principal área de actuación?

Dentro del derecho, el ámbito civil es un poco ‘la madre’ de todos los derechos. Es el más extenso, el que contempla a la persona en sí misma. Es también, por decirlo de alguna manera, la cara más amable del derecho, distante del carácter punitivo y sancionador del penal. Además, dentro del procedimiento civil, existe una rama -por llamarla de alguna manera- que contempla determinadas relaciones, situaciones, actividades de las personas en las que no existe confrontación, pero que requieren ser reguladas, supervisadas, para evitar abusos. Esa función se realiza mediante la jurisdicción voluntaria, tan olvidada y menospreciada por nuestros juristas, pero a través de la cual el juez puede ejercer una función que para mí es importante, que es la de cuidar. Hicimos muchas cosas con la jurisdicción voluntaria en beneficio de las personas con discapacidad, medidas puntuales, planes temporales, provisionales…

Participa activamente como patrona en las actividades de la Fundación donostiarra Hurkoa. ¿Cuál es la contribución de las ONG de este tipo?

Este tipo de entidades son esenciales en el mundo de la discapacidad intelectual, porque de nada sirve que se reconozca en una resolución judicial la existencia de una situación de discapacidad que necesita ayuda, si no existe una persona o entidad dispuesta a prestársela. Es más, estas entidades son muy importantes para determinar qué tipo de ayuda requiere la persona, por qué la requiere, para qué, cómo se puede ejercer y con qué recursos.

En unas jornadas organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad en el Parlamento de Vitoria se puso de manifiesto el avance logrado desde la entrada en vigor hace dos años de la Ley 8/2021 a la hora de adaptar los expedientes a la nueva normativa. ¿Está de acuerdo o cree que queda camino por recorrer?

La Ley 8/2021 exige revisar todas las sentencias de incapacitación dictadas hasta su entrada en vigor. Sé que es una carga de trabajo enorme para estos juzgados, ya de por sí sobrecargados, y seguramente estarán retrasando los nuevos procedimientos para la fijación de medidas de apoyo de las personas que los necesiten. Siento no compartir esa urgencia de revisión de sentencias, que creo surge de una desconfianza injustificada respecto, al menos, de las sentencias dictadas en la última década. La Convención de Nueva York rige desde el año 2006 y debía ser aplicada. La jurisprudencia desde hace tiempo iba revocando aquellas sentencias genéricas, abstractas, y exigiendo que se detallaran los aspectos en que la persona requería ser asistida o sustituida, así como la prohibición de privar de derechos.

¿Qué recomienda a las familias a la hora de configurar las mejores ayudas que garanticen la situación patrimonial, personal o laboral de sus seres queridos?

A los familiares y personas con discapacidad les digo que no tengan miedo a pedir ayuda. Que no están solos. Que acudan a los servicios sociales, a las entidades del tercer sector, a los notarios, al juzgado, … Que sean persistentes y exijan.

Imágenes del acto de entrega del premio a la magistrada jubilada Aurora Elosegui.
Fotos: Consejo General del Poder Judicial
El papel de los operadores jurídicos

¿Qué papel juegan los operadores jurídicos en un derecho de la discapacidad cada vez más desjudicializado?

Todos los operadores jurídicos, y en conjunto toda la sociedad, tienen un papel en el tratamiento de la discapacidad que ha de ser transversal e integral. La función de los notarios es relevante porque mediante su ejercicio podemos conocer de modo fehaciente la voluntad de las personas -expresada cuando están con plenitud de facultades para hacerlo- sobre cómo quieren ser tratadas cuando no puedan decidir por sí mismas y quién debe ser la persona o entidad que ponga en práctica sus decisiones anticipadas. En esa dirección puede otorgar los apoderamientos o instrumentos jurídicos necesarios para ello. El notario debe realizar el juicio de capacidad preciso para la adopción de dichas decisiones; así como el asesoramiento sobre el conjunto de medidas que pretenda establecer. También deberá asesorar sobre las salvaguardas posibles para el caso de que las circunstancias futuras que se han previsto como idóneas, no sean tales o sufran modificaciones. Una resolución judicial o un acta notarial, constituyen una foto fija de la persona y su voluntad en un momento determinado, pero sus efectos se proyectan hacia el futuro y la realidad nos demuestra que las cosas y las personas pueden cambiar.

En todo caso, aun cuando finalmente estas situaciones puedan llegar a los juzgados, estimo esencial conocer cuál fue la voluntad de la persona. Animo a todos los que puedan a que acudan a la notaría a expresar su voluntad y sus previsiones para el caso de que se produzca -que seguramente se producirá porque la edad nos llega a todos- una posible situación de discapacidad, anticipando de esta manera las decisiones que le gustaría que se adoptaran para su atención, sin olvidar la provisión de recursos económicos para ello.

Entrevista a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CON SELLO PERSONAL

FÉLIX BOLAÑOS,

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

«Vamos a continuar fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital»

CARLOS CAPA
Félix Bolaños (Madrid, 1975) ocupa desde el 21 de noviembre de 2023 una de las carteras más relevantes del Consejo de Ministros, aunando las competencias de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El ahora Notario Mayor del Reino es un jurista prestigioso, habiendo ejercido la abogacía en firmas de referencia internacional, altas responsabilidades en la Administración del Estado, así como la docencia en centros universitarios de referencia.

-Desde el pasado mes de noviembre se ha convertido en uno de los miembros del Gobierno que acumula más responsabilidades. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con profunda responsabilidad, pero con una fuerte convicción: trabajar para la ciudadanía. Soy consciente de las dificultades, pero también de los retos y los objetivos prioritarios. Queremos seguir consolidando las reformas emprendidas en la legislatura pasada, ensanchando el Estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la convivencia. En mi caso lo voy a hacer con el mismo empeño desplegado en mi anterior etapa como ministro: con trabajo, con diálogo, con dedicación y con esfuerzo.

-Es usted el responsable de implementar la agenda legislativa del Gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo?

La legislatura pasada aprobamos más de doscientas leyes que hicieron avanzar a España sin dejar a nadie a un lado. Esta legislatura vamos a continuar por ese camino: fortaleciendo derechos, contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital. Y lo haremos desarrollando grandes consensos y con un gran impulso reformista.

 


«HEMOS APROBADO EL IMPORTANTÍSIMO REAL DECRETO LEY 6/2023 QUE SUPONE LA MAYOR TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA EN DÉCADAS»


 

En el ámbito de la justicia, por ejemplo, queremos dar respuesta política a algunas de las grandes demandas de la ciudadanía en esta materia: conseguir una administración de justicia más ágil y rápida, más igualitaria, accesible y digital. Y ya tenemos resultados tangibles. Hemos aprobado el importantísimo Real Decreto Ley 6/2023, que ha sido convalidado por el Congreso el 10 de enero y que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, estableciendo, por ejemplo, que la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no sean una excepción, sino la norma. También hemos creado la Carpeta Justicia, que permite a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesado, así como pedir cita previa para ser atendida.

Otros ejes prioritarios serán el refuerzo del derecho a la defensa, con la actualización de ley que la asistencia jurídica gratuita y de las cantidades para la misma, o la aprobación de la primera ley orgánica que regula el derecho de defensa. También la apuesta por la justicia de los cuidados, velando por los derechos de las personas con discapacidad o las víctimas de los delitos. O la mejora de la eficiencia a través de una ley pendiente de la pasada legislatura, como es la Ley orgánica de eficiencia organizativa.

 


«EL PRIMER GRAN ACUERDO DE ESTADO HA DE SER LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y SUPERAR ASÍ UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE AFECTA A UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO: EL JUDICIAL»


 

-¿Y en el ámbito notarial?

Estamos trabajando para que la interoperabilidad no se circunscriba al Registro Civil; ya tenéis acceso directo a la obtención de certificaciones y están preparados los sistemas para el envío de procedimientos/escrituras, lo que supone un ahorro en tiempos y trámites a los ciudadanos y también a los operadores por hacerse de forma electrónica sino que como decía, también trabajamos conjuntamente, el Notariado y el Ministerio de Justicia, para que todas las comunicaciones entre notarios y administraciones se realice por medios telemáticos.

Para ello se están integrando los sistemas notariales con el Sistema de Intercambio de Registros (SIR) para un intercambio de la información orientada al dato, y de manera cien por cien electrónica, con el sistema que conecta todas las administraciones españolas.

Del mismo modo, aprovechando la conexión anterior, se posibilitaría la comunicación de los notarios con cualquier órgano judicial, lo que permitiría eliminar las comunicaciones por fax, correo electrónico o correo tradicional que aún se están realizando en algunos casos.

-¿Goza nuestra Constitución de buena salud?

La Constitución española tiene una salud de hierro a salvo de opiniones y críticas apocalípticas. En 45 años desde su ratificación se ha convertido en un texto símbolo de igualdad y libertad y que ha contribuido de manera decisiva a construir el país moderno, diverso y plural que somos ahora.

La fortaleza de la Constitución es indiscutible, pero eso no significa que partes de su texto no puedan ser sometidas a cambios requeridos por el paso del tiempo y su adaptación a un lenguaje que ya no se corresponde con el de los años en los que se redactó nuestra Carta Magna. Me estoy refiriendo a la necesaria modificación del artículo 49 para eliminar un término ofensivo como es el de «disminuido» por el de personas con discapacidad y que ya es una realidad tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Gobierno ha estado comprometido, desde su inicio, con este cambio para alcanzar un acuerdo que deje atrás esta terminología hiriente y se adapte a un lenguaje propio del siglo XXI y también para reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera reforma social de la Constitución de nuestra historia.

Por último, no quiero olvidarme del gran desafío que tenemos hoy por delante y que ha tensado como nunca el correcto funcionamiento de nuestra Carta Magna: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial debido al bloqueo permanente e injustificable del principal partido de la oposición. Como hicimos en otras ocasiones, afrontamos este problema de la justicia con diálogo y como una prioridad en este mandato: recuperar la normalidad institucional del CGPJ y del servicio público de justicia. La Constitución nos lo pide y la ciudadanía nos lo demanda.

-Los operadores jurídicos siguen reclamando un Pacto de Estado sobre este servicio público esencial. ¿Lo considera necesario? ¿Lo cree posible?

El diálogo es mi método habitual de trabajo. No concibo la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma y no la excepción de los servidores públicos. Así lo he puesto en práctica desde que tomé posesión de mi cargo como Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En pocas semanas me he reunido con el presidente por suplencia del CGPJ; con el presidente del Tribunal Supremo; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y con el presidente de la Audiencia Nacional. Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores: judicatura, fiscalía, abogacía, procuradores, registradores, funcionariado, asociaciones, colegios y sindicatos profesionales y, por supuesto, notariado.

Con esta norma haré todo lo que esté en mi mano para tender puentes y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. El primer gran acuerdo de Estado ha de ser la renovación del CGPJ y superar así una crisis institucional que afecta a uno de los poderes del Estado: el judicial.

-¿Será la recuperación de las leyes de eficiencia procesal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una prioridad del Gobierno?

Ya hemos aprobado gran parte de dichas iniciativas. Algunas medidas de carácter procesal ya se incorporaron en la legislatura pasada, en textos como el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Y esta semana hemos dado un paso de gigante con la convalidación del RDL 6/2023, que es un hito importante para el servicio público de la justicia, porque conseguirá que la justicia española, esté, por fin, en el s. XXI, con todo lo que esto significa.

Ahora el reto es sacar adelante la Ley orgánica de eficiencia organizativa, con iniciativas como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

 


«EL MINISTERIO CONOCE LA EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO»


 

-El Notariado siempre ha colaborado con el Ministerio de Justicia en las políticas que este implementa. ¿Hay algún campo que su ministerio piensa desarrollar en el que el Notariado pudiera ser útil?

Al comienzo efectivo de la legislatura se analizan proyectos tanto legislativos como reglamentarios. El Notariado, en el ámbito de las actividades que se le encomiendan, siempre ha sido un apoyo firme para este ministerio, por su disposición de cumplimiento, su alta preparación y su red urbana y rural con implementación efectiva en todo el territorio nacional, siempre arraigado en las distintas comunidades autónomas.

Este Gobierno conoce y valora la función notarial y cuenta con ella en la implementación de sus políticas. La altísima cualificación jurídica y profesional de los notarios y notarias de nuestro país es una garantía para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en España.

-A pesar de los incuestionables avances de los últimos años en materia de digitalización, la Administración de Justicia está lejos en esta materia de la realidad de otros servicios públicos. ¿Se conseguirá un salto significativo en esta legislatura?

Si vemos el ranking europeo elaborado por la Comisión, EU Justice Scoreboard 2023, en el ámbito de la digitalización, España se mantiene en los puestos de liderazgo en todos los ámbitos estudiados, casi siempre en las primeras cinco posiciones de los Estados miembros, situando a España muy por encima de la media de la Unión Europea.

Esto nos permite liderar proyectos en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que ha puesto como ejemplo nuestro proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ya esa una ley en vigor gracias al RDL 6/2023.

Además de la iniciativa Carpeta Justicia, que he mencionado antes, también quiero destacar la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, con la puesta en marcha de la plataforma digital DICIREG, que establece como novedad la creación de un registro electrónico y único en toda España, centrado en las personas y elaborando un folio personal único con el historial de cada individuo.

Esta nueva visión del Registro Civil y su proceso de digitalización permite además la interoperabilidad con otros operadores (hospitales, notarías, órganos judiciales…) lo que supondrá una mejora sustancial y definitiva en el proceso de digitalización del Servicio Público de Justicia.

A la UE y al gobierno español le preocupa y ocupa la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. ¿Seguirá siendo una prioridad del Gobierno?

La lucha contra el blanqueo de capitales y otros graves delitos financieros, es una prioridad internacional, europea y por supuesto de la Administración española.

El Ministerio conoce la extraordinaria colaboración del Notariado a través del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, que es una pieza esencial en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales, con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante el suministro al citado registro de datos fiables sobre los verdaderos titulares personas físicas de las sociedades.

La localización de la sede de la Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA) sin duda tendrá en cuenta la alta calidad preventiva de las autoridades y profesionales españoles, en la que es pieza de gran importancia la OCP.

La digitalización del Notariado

En la pasada legislatura se aprobó una gran reforma de la Ley del Notariado para ultimar su digitalización. ¿Cómo valora sus primeros resultados?

Somos conscientes de la complejidad que supone la implantación de esta gran reforma, que requiere de un esfuerzo personal y económico de adaptación que sabemos que se está llevando a cabo, coordinada por el Consejo General del Notariado y con el mayor de los esfuerzos por parte de todas las notarias y notarios.

En esta reforma destacan asuntos tan importantes como la regulación de un protocolo electrónico que refleje las matrices de los instrumentos públicos; una más ágil circulación del documento notarial con las copias electrónicas autorizadas dotadas de código seguro de verificación; prever la posibilidad de consulta digital motivada de un índice único notarial informatizado, y, por primera vez, habilitar, para determinados supuestos, la intervención telemática notarial con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales sin necesidad de presencia física, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos.

El Ministerio estará ahí para colaborar con el Notariado en la plena implementación de esta reforma.

Huella digital

 

Entrevista a Pedro Crespo, Fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

EN CURSO LEGAL

Pedro Crespo,

fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

«El modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica»

En mayo de 2021, Pedro Crespo fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; organismo que se ocupa de procedimientos relacionados con cuestiones de constitucionalidad y con los recursos de amparo. Con muchos años de experiencia en diversos campos, el fiscal analiza para ‘En Curso Legal’ su trayectoria y objetivos profesionales.
JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

 


QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES


 

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

 


AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO


 

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

 


A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO


 

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.

«El campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más»

El Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado suscribieron hace cinco años un convenio para incrementar la colaboración en la lucha contra los delitos económicos. ¿Cómo valora la aportación de los notarios en esta materia?

Diría que esta pregunta la podría haber contestado mejor hace veinticinco años, cuando era delegado de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora. Creo que desde la perspectiva constitucional se entiende aún mejor el enorme peligro que supone la corrupción, y en general eso que llamamos delincuencia económica, para el Estado de Derecho. La función notarial, al menos tal y como está concebida en España, encierra un potencial enorme para la lucha contra esas formas complejas de delincuencia, y además opera en el frente más eficaz, que es el de la prevención, porque el Derecho Penal, por definición. siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El convenio al que se refiere tiene por objeto principalmente agilizar la transmisión de información en materia de prevención del blanqueo, sobre la base de experiencias previas con las fiscalías especiales que habían funcionado bien. No obstante, si me permite, diría que el campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más, y de hecho me consta que hay otros terrenos en los que estamos trabajando con ese fin.

Igual que la Fiscalía, el Notariado ha experimentado en las últimas décadas una considerable ampliación y modernización de su ámbito de competencia y actividad, y al final coincidimos en la función de tutela del interés público en aspectos absolutamente relevantes para la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas. Hay que seguir ampliando el marco de colaboración. Y, en este punto, déjeme destacar que la anterior directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que ahora ha pasado a ser secretaria general del Ministerio de Justicia, y quien acaba de sustituirla en el cargo, Esther Pérez Jerez, son dos excelentes fiscales con una acreditada capacidad de gestión. Resultaría imperdonable no aprovechar esa circunstancia.

Entrevista a Félix Barrio, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)

CON SELLO PERSONAL

FÉLIX BARRIO,

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA (INCIBE)

“El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad”

CARLOS CAPA
Félix Barrio Juárez es director del Incibe desde junio de 2022, aunque tiene una dilatada trayectoria tanto en el organismo como en el sector. Máster en Ingeniería de Software y Sistemas, experto Universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá; y doctor por la Universidad de Salamanca y gerente de Ciberseguridad CISM por ISACA, es uno de los más destacados expertos internacionales en la materia.

Lleva usted un año y medio como director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), pero acumula una mucho más larga trayectoria profesional en el mismo. ¿Cómo ha sido la evolución de la institución en este periodo?

En este periodo al frente de Incibe hemos tenido que hacer frente a dos retos principales: por un lado, cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda España Digital 2026, donde la ciberseguridad obtuvo una financiación «muy importante» que permitió acelerar el lanzamiento de convocatorias públicas y, por otro, reestructurar la organización con la ampliación de la plantilla, que ha sumado 32 personas en este período para cumplir con las demandas de las directivas comunitarias.

Actualmente, desde Incibe estamos centrados en tres vectores principales, entre ellos, el crecimiento exponencial de los incidentes relacionados con la seguridad online, un ámbito en el que están incrementando los sistemas de detección proactiva para corregir los riesgos antes que se efectúe el posible ataque.

A este se suma los ciberataques dirigidos, especialmente, contra los colectivos más vulnerables, donde se incluye el fraude online, pero también los que afectan a menores. Los datos del último año alcanzan casi los 400.000 delitos de este tipo. Por ello, hemos acelerado el despliegue de mecanismos de trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 


“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CIBERDELINCUENTES HAN ACAPARADO PROTAGONISMO, CON UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESTAFAS, FRAUDES Y DELITOS”


 

¿Y de cara al futuro?

Los próximos años serán claves para el ámbito académico de la seguridad online. Acabamos de lanzar una primera tanda de 15 cátedras centradas en la ciberseguridad en universidades españolas y más de 50 proyectos estratégicos con los que se espera formar una nueva generación de investigadores que cubran las necesidades existentes.

A la par hemos empezado la ejecución de más de 120 proyectos de I+D+i con empresas mediante el programa de Compra Pública Innovadora, lo que va a permitir que las pymes puedan adentrarse en este ecosistema, desarrollando nuevas soluciones.

 


“QUE UNA EMPRESA ESTÉ PROTEGIDA EN INTERNET NO ES UNA VENTAJA, ES IMPRESCINDIBLE”


 

Recientemente hemos conocido que España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, España ha alcanzado el tercer país a nivel mundial en materia de ciberataques, después de haber sufrido más de 375.000 delitos a través de internet o mediante herramientas digitales. Así se advierte en un reciente estudio publicado por Deloitte donde casi el 90% fueron fraudes o estafas informáticas durante 2022. El número de ciberdelitos del pasado año supuso un incremento de un 72% respecto a los datos de 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia y sus restricciones.

El cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos: 90 millones de ataques anuales que cuestan 10,5 billones de euros, una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021.

En los últimos años, los ciberdelincuentes han acaparado protagonismo, con un incremento en el número de estafas, fraudes y delitos. La cibercriminalidad en España no hace más que crecer mientras baja la delincuencia convencional. Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red, y todo indica que generará 150.000 denuncias en 2025.

Incibe gestionó en 2022 más de 118.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 110.100 afectaron a ciudadanos y empresas. Cabe destacar que 1 de cada 3 fueron una filtración de datos (sensibles, protegidos o confidenciales que son robados por una persona no autorizada); y 2 de cada 5 fueron vulnerabilidades de sistemas tecnológicos (debilidad de un sistema que puede poner en riesgo su seguridad).

Asimismo, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ atendió más de 67.000 consultas en 2022. Entre las más frecuentes, relativas a empresas, destacan el phishing, smishing o extorsión (20,8%), el business email compromise, BEC, o del fraude del CEO (15,3%).

 

¿Son las empresas españolas conscientes de la importancia de la ciberseguridad?

La ciberseguridad es vital, ahora más que nunca. Todos utilizamos software a diario y la conectividad de datos e información es gigante y universal. Por eso, que una empresa esté protegida en internet no es una ventaja, sino que es imprescindible. Si la información que recoge una compañía se ve atacada, afectará a su funcionamiento, su estabilidad económica y a los empleados. El ciberdelito existe, y no siempre el tejido empresarial es consciente de lo que supondría ser víctima de un ciberataque.

Una organización debe realizar una evaluación de riesgos, desarrollar planes de seguridad y respuesta a incidentes, capacitar a los empleados, implementar medidas de seguridad, realizar pruebas y simulaciones, y considerar la colaboración con expertos externos.

Incibe-CERT es uno de los equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información, reduciendo sus efectos en la seguridad pública.

Durante el año 2022, los equipos de Incibe-CERT han gestionado casi 119.00 incidentes, concretamente 118.820. Es decir, un 9% más que en el año previo. Del total de esta cifra, más de 110.100 de los incidentes afectaron a ciudadanos y empresas, 546 a operadores estratégicos (desglosados por porcentajes en cada sector: energía 30,4%; sistema financiero y tributario 25,3%; agua 17,2%; transporte 17,2%) y casi 8.000 a la Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS).


«LA ‘CIBERSEGURIDAD’ NO DEBE NUNCA ENTENDERSE COMO UN COSTE, SINO COMO UNA INVERSIÓN EMPRESARIAL INELUDIBLE»


¿Cuáles son los retos que se plantean en política de ciberseguridad en la protección de los sectores estratégicos?

La demanda de profesionales cualificados en ciberseguridad es una realidad. Según el ‘Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad’, realizado desde Incibe y ONTSI, la cifra de profesionales que buscaban empleo en ciberseguridad en 2021 ascendía a 39.072 y la previsión es que se incrementen hasta los 42.283 en 2024. Del mismo modo, el número de profesionales necesarios en ciberseguridad se elevaba a 63.191 empleos, mientras que en 2024 superará los 83.000.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de contar con personas formadas en este sector, y nos hacen ver que hemos de recorrer aún un largo camino en el que no solo hemos de seguir mejorando, sino también debemos lograr que se incorporen a esta senda aquellas empresas que aún no han dado este paso tan importante. Estamos hablando de un cambio prioritario si queremos garantizar la viabilidad y el correcto funcionamiento de todas las empresas, independientemente de su tamaño y su sector.

Por estas razones, la ciberseguridad no debe nunca entenderse como un coste, sino como una inversión empresarial ineludible, basada en la prevención.

¿El actual marco regulatorio de la ciberseguridad es suficiente o necesita alguna ampliación o reforma?

En España el marco regulatorio de la ciberseguridad se ha desarrollado en los últimos años. El Real Decreto 43/2021, que desarrolla numerosos aspectos del Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información, es la principal norma referida a cuestiones de ciberseguridad en España. Además, también contamos con la Ley NIS (Ley 8/2011), que establece medidas para garantizar un nivel adecuado y homogéneo de seguridad de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

Por otro lado, el pasado 15 de septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta innovadora a nivel mundial para mejorar la seguridad de los dispositivos a nivel de hardware y software, frente al masivo ataque que está sucediendo sin precedentes, tanto a nivel corporativo como doméstico, con los dispositivos digitales.

Esto ha sido fomentado por el aumento del teletrabajo, del número de dispositivos conectados, de la consolidación tecnológica y la mayor digitalización en sectores más tradicionales. Factores que suponen un avance, tanto a nivel social, como económico, pero que generan un aumento de riesgo ciber muy difícil de anticipar, mitigar y minimizar. La superficie de ataque aumenta y es necesario proteger los ecosistemas IoT emergentes, así como más casuísticas que se han identificado en los últimos dos años que están utilizando las organizaciones cibercriminales a raíz de esta nueva arquitectura que se genera con diferentes capas tecnológicas, en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, nuevas vulnerabilidades y tipos de ataque.

La Ley de Ciberresiliencia europea (The Cyber Resilience Act – CRA), nace con el objetivo de proteger a usuarios y empresas de productos con características digitales (dispositivos del ecosistema del Internet de las Cosas, IoT) que no cumplan con los requisitos de ciberseguridad.

La ciberseguridad es un campo en constante evolución y los marcos regulatorios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas amenazas.

El Notariado es una pieza clave en la seguridad jurídica. ¿Cree que tiene un papel relevante en la protección de las empresas?

El Notariado desempeña un papel esencial en la seguridad jurídica de las empresas al garantizar que los actos y documentos legales se ajusten a la ley y sean válidos. Su labor ayuda a prevenir fraudes, facilita la resolución de disputas y brinda confianza a las empresas en sus transacciones legales.

El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad, siento el cuarto organismo de la Organización General del Estado en alcanzar la certificación que reconoce el nivel alto de seguridad de sus sistemas, servicios, bases de datos, plataformas, portales…

Aunque la implementación de la tecnología en el ámbito jurídico notarial presenta muchas oportunidades, también plantea desafíos importantes en términos de ciberseguridad. La seguridad y la privacidad de los datos son una preocupación importante, ya que los documentos notariales contienen información confidencial y privada. Por eso, el notariado ha mostrado su compromiso total.

En este sentido, hay que asegurarse de que la tecnología utilizada para autenticar y procesar los documentos sea segura y esté protegida contra posibles ciberataques, ya que estos podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos.

Huella digital
  • Aunque Félix Barrio no tiene un perfil personal en X (antiguo Twitter) si lo tiene Incibe, desde donde se da cuenta de la actividad institucional de su director. @INCIBE
  • El director del Incibe sí tiene una cuenta personal en LinkedIn 
  • La página web del Incibe recoge tanto la información de su actividad como el perfil de Félix Barrio