Entrevista a Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España

CON SELLO PERSONAL

ANTÓN COSTAS,

PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

«El mayor logro del CES es la institucionalización del diálogo social permanente»

CARLOS CAPA

Antón Costas Comesaña (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) es presidente del Consejo Económico y Social de España (CES). Doctor en Economía, es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidió el Círculo de Economía de Barcelona entre 2013 y 2016. Su obra académica se ha centrado en los procesos de formación de las políticas públicas y de reforma económica. Para Costas, el mayor logro del CES es la institucionalización del diálogo social permanente, como instrumento facilitador de acuerdos sociales frente a los grandes retos y de mejora de la calidad del proceso legislativo.

–Lleva usted casi dos años presidiendo el Consejo Económico y Social. ¿Cómo valora este periodo?

–Lo definiría como un periodo apasionante. Estos dos años han coincidido con dos circunstancias extraordinarias. Por un lado, con una concatenación de calamidades (pandemia, guerra, inflación) que ha llevado a los gobiernos (español y europeo) a cambiar la forma de enfrentarse a las recesiones, aplicando medidas rápidas, eficaces y, en algunos casos, muy innovadoras.

Por otro, los nuevos fondos europeos asignados a España, tanto los orientados a hacer frente al desempleo (SURE), como especialmente los orientados a la transformación de la economía (NGUE), han conllevado la necesidad de elaborar y llevar a cabo un ambicioso programa de reformas económicas, sociales y administrativas.

Estas reformas han significado para el CES una actividad frenética mediante la elaboración y emisión de dictámenes sobre la mayoría de esos proyectos de reformas y nuevas políticas. Una actividad adicional a la de la elaboración de informes y las memorias anuales.

 


«LOS BANQUEROS CENTRALES TIENEN QUE APRENDER DE LOS CIRUJANOS A HACER CIRUGÍA SIN DOLOR»


 

–El CES tiene ya más de 30 años de vida como órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral. ¿Cuál ha sido su mayor logro?

–El mayor logro es la institucionalización del diálogo social permanente como instrumento facilitador, por un lado, de acuerdos sociales frente a los grandes retos y, por otro, de mejora de la calidad del proceso legislativo mediante la emisión de dictámenes sobre toda la actividad prelegislativa del gobierno en
materia económica, laboral y social.

El CES es un organismo autónomo que forma parte de la alta administración consultiva del Estado. Su creación estaba ya prevista en la Constitución, pero el debate político sobre la conveniencia de su creación tuvo lugar con cierto retraso, a principios de los años 90.

El motivo que impulsó su creación en 1991 fue el clima de conflicto laboral y social posterior a la primera huelga general de la democracia, en diciembre de 1988. Esas circunstancias pusieron en valor la necesidad de favorecer el diálogo social y el consenso mediante una institución en la que estuvieran representados los grandes agentes sociales que se mueven alrededor de la actividad económica. Creo que en estos más de treinta años el CES ha desarrollado con eficacia su labor.

–En tiempos crispados como los que están asentados en la vida pública actual, ¿cómo se vive el día a día en un órgano que reúne intereses dispares como los de la patronal, los sindicatos, las organizaciones del tercer sector, etc.?

–A lo largo de estas tres décadas se ha creado en el CES una cultura interna de búsqueda de consenso que facilita el día a día de la actividad de una institución cuya composición del Pleno es realmente compleja.

Esta cultura de consenso es como, por decirlo así, un ejercicio de yoga para practicar el diálogo social: escuchar, exponer y acordar, tanto aquello en lo que hay acuerdo como en aquellas cuestiones en las que se acuerda que no hay consenso.

Este diálogo social institucionalizado que se practica en el CES anticipa en muchos casos lo que ocurre después en el diálogo social, tanto bipartito entre sindicatos y patronales como tripartito con los gobiernos.

 


«LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS ASIGNADOS A ESPAÑA HAN CONLLEVADO LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UN AMBICIOSO PROGRAMA DE REFORMAS»


 

–¿Se valora lo suficiente la contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución o han visto devaluado su papel con los años?

–La contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece el artículo 1 de la Constitución Española ha sido, por lo que he dicho más arriba, muy relevante. Pero quizá su conocimiento y reconocimiento por parte de los ciudadanos no sea el debido y merecido.

Esa contribución se inició con la firma de los llamados «Acuerdos de la Moncloa», a principios del año 1977, en plena transición del franquismo a la democracia. En esos acuerdos, que precedieron a la elaboración de la Constitución, el papel de los agentes sociales fue determinante.

Viniendo al presente, imaginemos cuáles hubiesen sido las consecuencias de la concatenación de calamidades que estamos sufriendo desde 2020 sin la contribución de los catorce grandes acuerdos que han firmado los agentes sociales en estos años, y que incluyen los ERTE, la reforma laboral pactapactada o el reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Tengo la convicción de que esta capacidad de acordar de los agentes sociales es una contribución fundamental al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 


«UNA INFLACIÓN QUE VIENE POR EL LADO DE LA OFERTA NO SE PUEDE CURAR CON ELEVACIONES EXCESIVAS DE TIPOS DE INTERÉS QUE PUEDAN PROVOCAR UNA RECESIÓN»


 

–Usted es economista de formación. ¿Qué perspectivas hay para la economía global en un mundo tan cambiante y con tantos intereses contrapuestos?

–Aunque pueda parecer contradictorio, los momentos malos pueden acabar trayendo lo bueno. Sucedió así hace aproximadamente un siglo cuando después de dos guerras mundiales y una gran crisis, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se podía pensar que todo iría a peor, se fue capaz de construir un nuevo contrato social que repartió las tareas (gobernanza de la economía, educación, protección, desempleo, sanidad y pensiones públicas) entre el mercado, el Estado y la sociedad dando lugar a lo que se ha llamado el Estado de Bienestar.

Ese contrato social trajo los llamados «Treinta Gloriosos», los años 50, 60 y 70 en los que todo mejoró. Se logró construir un orden económico internacional efectivo; un capitalismo democrático e inclusivo trajo las grandes clases medias y una
sociedad más justa.

Por qué no pensar que después de varias décadas en las que esos logros se debilitaron no podamos ahora ser capaces de crear un nuevo contrato social para el siglo XXI, aprovechando precisamente que lo malo de estos momentos puede acabar trayendo lo bueno.

–Usted ha advertido que combatir la inflación sólo con subida de tipos es como practicar cirugía sin anestésicos. ¿En qué se basa para sostener este planteamiento?

–Los bancos centrales utilizan un libro de recetas de política que pertenece a una época pasada. En ese libro se dicen dos cosas. Que una inflación sólo se puede curar con una recesión, para lo cual los banqueros centrales están dispuestos a elevar
los tipos de interés hasta llegar a provocar una recesión. Además, en ese libro también se dice que curar una inflación sólo se puede hacer provocando dolor social.

Cuando hablan de dolor no lo dicen, pero se refieren al dolor de una parte de la sociedad, normalmente la más débil. Como profesionales, los banqueros centrales tienen que aprender de los cirujanos a hacer cirugía sin dolor. Creo que una inflación que viene por el lado de la oferta no se puede curar con elevaciones excesivas de tipos de interés que puedan provocar una nueva recesión. Hay que utilizar otros instrumentos como la política de competencia y los acuerdos sociales, como el que se acaba de firmar en España entre los grandes sindicatos y las grandes patronales (AENC).

En la medida en que la inflación está remitiendo de forma rápida, espero que los banqueros centrales no se empeñen en querer lograr a cualquier coste el objetivo del 2% de inflación que está su libro de recetas.

–¿Qué rol debe jugar el sistema financiero y bancario en el nuevo contrato social que usted defiende?

–Un buen contrato social ha de responder a una pregunta fundamental: ¿quién se ha de encargar de que en una sociedad liberal con economía de mercado la vida pueda transcurrir de forma armoniosa y eficiente?

En este contrato social el sistema financiero y bancario tiene la doble tarea de financiar de forma eficiente y responsable las actividades de las empresas y las familias, a la vez que la de retribuir de forma justa el ahorro de las familias. Y debe hacer esta doble tarea de forma responsable, de acuerdo con el viejo principio del buen capitalismo: hacerlo a «riesgo y ventura».

–¿La seguridad jurídica –de la que el Notariado es protagonista– goza de buena salud en España?

–España clasifica bien en el epígrafe de seguridad jurídica preventiva en los rankings internacionales más prestigiosos que miden y comparan la calidad democrática y de gobierno. Pienso que este es el indicador objetivo que debemos tener en cuenta y no dejarnos influir por percepciones erróneas que puedan generar casos puntuales.

 


«LOS NOTARIOS DESARROLLAN BIEN ESTA TAREA FUNDAMENTAL DE DAR CONFIANZA A LOS CONTRATOS MERCANTILES Y A LA EFICIENCIA DE LA ECONOMÍA»


 

–¿Cómo pueden contribuir los notarios con su experiencia en la vigilancia y regulación de las relaciones comerciales y las inversiones a la solidez de la economía?

–Una de las funciones primordiales de los notarios es dotar de confianza y certeza, mediante seguridad jurídica, a las partes involucradas en las transacciones mercantiles que intermedian, previniendo fraudes.

La confianza es un activo esencial para el buen funcionamiento de la economía; entre otros beneficios, disminuye los llamados “costes de transacción” de todas las transacciones y contratos. Pienso que los notarios desarrollan bien esta tarea fundamental de dar confianza a los contratos mercantiles y a la eficiencia de la economía.

Huella digital

Aunque el presidente del CES no tiene cuenta propia en Twitter, sí la tiene el organismo, desde la que se informa de sus actividades (@CESEspana).

Antón Costas tiene una entrada en Wikipedia donde se puede consultar su biografía y obra publicada.

En la página web del CES se puede consultar la agenda de su presidente.

Entrevista a Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio. Al frente de la abogacía mundial

EN CURSO LEGAL

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL y URQUIOLA DE PALACIO

Al frente de la abogacía mundial

De izquierda a derecha: Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil.
CARLOS CAPA

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

 


URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”


 

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

 


ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”


 

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.

Almudena Arpón de Mendívil posa con el dibujo de Esteban que le entregaron como galardón.

«LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO EN ESPAÑA ES UN INGREDIENTE ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA»

Huella Digital

Urquiola de Palacio mantiene una cuenta en Twitter @UrquiolaPalacio
En Linkedin su perfil se encuentra aquí.

La UIA tiene también un perfil en Linkedin accesible aquí.

Almudena Arpón de Mendívil no tiene perfil en las redes sociales, pero lo tiene la IBA en Linkedin. 

Urquiola de Palacio.

«EL NOTARIO ES EL ELEMENTO CLAVE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA Y CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD»

Entrevista a Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo

CON SELLO PERSONAL

ÁNGEL GABILONDO,

DEFENSOR DEL PUEBLO

«Mi objetivo es poner la institución al servicio de los que no tienen voz»

CARLOS CAPA
Ángel Gabilondo Pujol (San Sebastián, Guipúzcoa,1949) es el Defensor del Pueblo desde 2021. Apasionado de la vida universitaria es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dónde se doctoró en Filosofía y de la que llegó a ser rector. Entre 2009 y 2011 fue titular del Ministerio de Educación. Entre 2015 y 2021 fue diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Después de más de un año como Defensor del Pueblo, pero toda una vida dedicada al servicio público en diferentes ámbitos, ¿qué ha supuesto para usted desempeñar esta responsabilidad?

Ser Defensor del Pueblo no es tarea para una labor diletante de alguien aislado, encerrado en sus opiniones y preferencias. Se trata de atender, casi de conversar. Es una oportunidad única de trabajar por los derechos fundamentales, de ser la voz de los más vulnerables y de crear condiciones para que se les escuche. Como dije en el discurso de toma de posesión, uno de mis objetivos principales en el desempeño de esta labor es poner a la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, ni somos cronistas de la actualidad. Estamos aquí para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de implementar medidas que mejoren la situación los ciudadanos que nos trasladan sus problemas mediante sus quejas.

Mi compromiso es trabajar con ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia y, como la Ley señala, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno, en defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.


«LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HAN INSISTIDO CON SUS QUEJAS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DEBEN REFORZAR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES»


En su toma de posesión se comprometió a continuar con “el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Puede hacer un balance de su actividad en estos campos durante lo que lleva de mandato?

Acabamos de presentar el Informe de la actividad de la institución en 2022 en el que damos cuenta de los 31.452 expedientes que hemos tramitado en este ejercicio que han dado lugar a más de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones. En este informe se pueden encontrar múltiples ejemplos de nuestra labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los ciudadanos y ciudadanas han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. Supervisar es, por tanto, también impulsar y mostrar públicamente lo que cabe mejorar, así como hacer recomendaciones para lograrlo. Y en eso estamos.

Es un clamor la necesidad de reforzar la atención presencial en múltiples servicios públicos como la sanidad, la Seguridad Social o los registros civiles, entre otros, y ha de hacerse un enorme esfuerzo al respecto.

El pasado año la Institución cumplió 40 años. ¿Cuál ha sido en este periodo la contribución del Defensor del Pueblo a la democracia española?

En estas cuatro décadas de historia, la institución ha recibido casi un millón de quejas de los ciudadanos y ha iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Además, se han dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, las dilaciones judiciales, la vivienda o los impuestos.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.

Su nombramiento fue aprobado por las Cámaras con una mayoría superior a los 3/5 exigidos. Uno de los pocos consensos logrados en esta legislatura. ¿A qué atribuye haber podido conciliar tanto respaldo en un escenario político tan polarizado?

A lo largo de mi vida pública siempre he intentado huir de la crispación. Nunca he visto a mis oponentes como enemigos a batir, sino como contrincantes para convencer y compartir desafíos. Las pasiones aisladas se oponen a la razón y yo prefiero trabajar desde la razón, con pasión, desde la colaboración, y desde el servicio a los ciudadanos. Siempre he buscado el consenso y la integración. Y ser Defensor radica en lo que significa serlo del pueblo, sin exclusiones, en el sentido más pleno de esta palabra. Igual todo esto tuvo que ver con el respaldo obtenido.

¿Colaboran todas las administraciones con diligencia cuando se les requiere información? ¿Hay alguna más reacia a facilitar su función?

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, obliga a que las administraciones contesten a la institución sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no siempre es inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales. De hecho, todos los informes anuales del Defensor del Pueblo incluyen un apartado específico para señalar a estas administraciones que no colaboran. Además, también publicamos este listado en nuestra página web (www.defensordelpueblo.es).


«MUCHOS CIUDADANOS HAN INVERTIDO SUS AHORROS EN CRIPTOMONEDAS Y HAN ACABADO PERDIENDO TODO LO INVERTIDO»


Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser con frecuencia ayuntamientos e incluso entidades locales pequeñas. Somos conscientes de las carencias y la falta de medios materiales y humanos de algunos municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo, desde su posición y con sus razones. Si argumentan que carecen de medios para dar respuesta, nosotros lo haremos constar en nuestro Informe anual.

Hace unos meses denunció que “no hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad”. La subida de los tipos de interés, la elevada inflación la enrevesada burocracia en la concesión de ayudas están abocando a todavía más personas a esa vulnerabilidad. ¿Qué hacer?

Como se puede ver en Informe correspondiente a 2022, publicado recientemente, la institución Defensor del Pueblo permanece muy atenta a todas las ayudas y prestaciones que conforman el denominado “escudo social” y cuyo fin es proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En nuestra opinión, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello, llevamos tiempo realizando recomendaciones para mejorar su aplicación. El objetivo tiene que ser consolidar un sistema estatal de garantía de ingresos, estable y mejorado progresivamente, que articule bien la acción de todas las Administraciones Públicas en su deber de asistencia dé una justa respuesta al derecho a la protección social de las personas en situación vulnerable.

Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento, y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.

Otros ejemplos de nuestras actuaciones en este campo es la recomendación para que el IRPF recoja la exención de las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, y las acciones realizadas para evitar la exclusión financiera de colectivos especialmente vulnerables.


«A LO LARGO DE MI VIDA PÚBLICA SIEMPRE HE INTENTADO HUIR DE LA CRISPACIÓN. LAS PASIONES AISLADAS SE OPONEN A LA RAZÓN Y YO PREFIERO TRABAJAR DESDE LA RAZÓN»


El Defensor del Pueblo siempre ha tenido un especial interés por la situación de las prisiones y la política penitenciaria. ¿En qué situación estamos actualmente?

La institución Defensor del Pueblo ha de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que, si bien han perdido la libertad en razón del delito cometido, son poseedores de todos los derechos establecidos en la Ley Penitenciaria, su reglamento y otras normativas. Tramitamos sus quejas y visitamos los centros penitenciarios para conocer, de primera mano, la situación de la plantilla que trabaja en los mismos y de las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España, lleva a cabo visitas periódicas a esos lugares. En 2022 el MNP realizó 62 actas de visitas, que dieron lugar a 795 resoluciones.

Las 795 resoluciones emitidas por el MNP abordan algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

En los últimos años ha habido mejoras en los centros penitenciarios españoles tanto en lo referido a instalaciones como a las condiciones de vida de los internos. La Administración penitenciaria ha aceptado las recomendaciones de la institución relativas a videoconferencias, reconocimientos médicos o cumplimiento de sanciones. No obstante, siempre detectamos asuntos susceptibles de mejorar, por ejemplo, este año hemos insistido en la necesidad de reforzar la sanidad penitenciaria.

En su último informe a las Cortes Generales denunciaba la falta de regulación de los criptoactivos y el riesgo que ello conlleva. ¿Cree que hay interés en dar una salida a esta situación?

La institución comparte la preocupación por el fenómeno de los criptoactivos y su creciente tráfico. Muchos ciudadanos han invertido sus ahorros en criptomonedas y han acabado perdiendo todo lo invertido. Efectivamente, en el Informe de 2021 señalábamos nuestra preocupación por la falta de regulación específica y confiábamos en que, al ser este un fenómeno nuevo, se legislase con prontitud para proteger al consumidor. En estos momentos está pendiente de aprobación una propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, conocido como Reglamento MICA.


«LA LABOR DE LOS NOTARIOS ES FUNDAMENTAL YA QUE SU ACTUACIÓN ES GARANTÍA DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD»


¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España es un Estado de Derecho y goza de seguridad jurídica y en este contexto la labor de los notarios es fundamental ya que su actuación es garantía de seguridad y legalidad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ocupa de la Administración de Justicia desde el respeto a la independencia judicial: no puede intervenir en asuntos judicializados, si bien puede actuar en cuanto a los problemas generales de la Justicia y en todo lo que se refiere a la denominada Administración de la Administración de Justicia. En este sentido, formulamos resoluciones e incluso proponemos modificaciones normativas cuando consideramos que nos necesarias.

Huella digital

En estos momentos Ángel Gabilondo no dispone de una cuenta personal activa en Twitter u otras redes sociales, pero si la tiene la institución del Defensor del Pueblo desde la que se informa de su actividad @DefensorPuebloE

En la página web del Defensor del Pueblo se puede conocer la agenda de Ángel Gabilondo así como los informes que realiza la institución.

En el portal web “Todos Tus Libros” se puede acceder a toda la obra escrita por Ángel Gabilondo

Entrevista a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

CON SELLO PERSONAL

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ,

Fiscal General del Estado

“La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es imprescindible e inevitable”

CARLOS CAPA
El pasado agosto tomó posesión de su cargo como Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, salmantino de nacimiento (1967) pero vallisoletano de adopción. Toda una carrera dedicada al Ministerio Público culminaba llegando a su más alta instancia. Accesible, amable, dialogante y firme en sus convicciones, comparte con Escritura Pública sus anhelos y sus líneas de actuación.

Lleva ya unos meses como Fiscal General del Estado, pero toda una vida en la fiscalía. ¿Qué ha supuesto para usted alcanzar la cúspide de la carrera?

Algo impensable para mí antes de que ocurriera. Yo nunca me planteé como objetivo de futuro hacer una carrera profesional dentro de la jerarquía de la institución.

En primer lugar, un honor inmenso que cualquier fiscal de este país podría reproducir. Porque para nosotros, para los fiscales, la figura del Fiscal General del Estado es algo más que el representante de la institución.

No se puede decir ni la culminación de una carrera, ni usar este tipo de expresiones, porque siendo un honor, significa una oportunidad de hacer muchas de aquellas cosas que a lo largo de la vida profesional se pueden plantear para mejorar la carrera o la institución.

Y luego, en tercer lugar, una responsabilidad muy grande hacia tu propia carrera, pero también hacia afuera, hacia el lugar que le corresponde en el esquema de la justicia o del equilibrio de poderes de este país.

¿Los fiscales son autónomos o independientes? ¿Es correcta la regulación actual de su función, o debería, dentro de lo permitido por la Ley, modificarse en algún punto?

La vocación es siempre ganar en autonomía. Lo que hemos hecho francamente mal durante los 40 años que lleva el Estatuto Orgánico en vigor es explicarle a la sociedad lo que somos. Quizá si nos conocieran mejor, la sociedad desconfiaría menos o tendría menos desconfianza hacia la figura del fiscal, sin ninguna duda. Pero si se proponen mecanismos para reforzar la autonomía, desde luego creo que hay que acogerse a ellos. Y el mecanismo que más autonomía da a cualquier institución es, sin duda, un margen presupuestario propio. Eso es lo que a los fiscales o a la Fiscalía española razonablemente le daría ese plus necesario, pero sin inventarnos nada. Es la línea que puede tener el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, otros órganos constitucionales, como somos nosotros, que tienen ese margen de autonomía presupuestaria, porque a partir de ahí, se pueden ejercer las potestades sin estar ligado a otros intereses o a otras necesidades.

 


“SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO ES UN HONOR Y UNA ENORME RESPONSABILIDAD CON LA CARRERA Y CON EL PAÍS”


 

Durante veinte años ha sido Fiscal de Medio Ambiente. ¿Cree que los delitos medioambientales están bien regulados en él Código Penal? ¿Tienen los fiscales suficientes herramientas para combatir, por ejemplo, los incendios forestales provocados?

La especialidad de medio ambiente quizás sea la que requiere más conocimiento en relación con lo que es el derecho extra penal y nuestra labor como fiscales, ya que interviene en ámbitos tan diferentes como el urbanismo, la flora y fauna, las especies vegetales, los vertidos, los incendios forestales… todos ellos afectados por la legislación nacional y por la de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales. Eso hace que sea especialmente complejo. Necesitamos un apoyo pericial de expertos fuera de nuestro conocimiento del derecho penal y creo que el camino que nos queda por recorrer es largo para tener todas estas herramientas. El derecho penal ambiental, además, es cambiante. Estamos en un ámbito europeo en el que las directivas también nos dicen cómo tenemos que protegerlo, lo que provoca cambios en la legislación nacional.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría a los fiscales nuevas competencias en la instrucción, sigue atascada en su tramitación. ¿Es necesario este cambio histórico en la regulación del proceso penal en España?

Creo que es imprescindible y es inevitable. La investigación es un modelo basado en los partidos judiciales del siglo XIX y en preceptos preconstitucionales. No se sostiene ahora mismo por eficacia.

El partido judicial ya no es el lugar donde se producen los hechos. La delincuencia es transnacional, se comete en la nube, en cualquier lugar del mundo y utiliza todos los espacios posibles.

El modelo constitucional otorga a los jueces la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y tutelar los derechos fundamentales. La Constitución no les otorga la investigación porque les convierte en juez y parte.

El modelo actual no se sostiene y no hay ningún país en nuestro entorno europeo judicial con uno similar.

El sistema español es realmente complicado y parece partir de la desconfianza hacia los fiscales. Quizás porque el Ministerio Fiscal franquista era el brazo del gobierno en la Justicia. Y aunque eso ha dejado de ser así aún nos cuenta mucho explicar la figura del fiscal.

 


“HAY UN LARGO CAMINO POR RECORRER EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”


 

¿Qué ha supuesto para la fiscalía española la reciente puesta en marcha de la Fiscalía Europea?

Es un ejemplo muy claro de que es inevitable la reforma. La estructura que nos impone Europa, y que Europa ya implanta en todos los países, es una estructura de investigación de la Fiscalía.

Hay que hacer un esfuerzo de adaptación de la Fiscalía Europea y sus estructuras al sistema procesal español. En ese camino hay dificultades porque son modelos diferentes. No voy a decir que no sean homologables, pero hay que hacer que encajen. Hay unas competencias compartidas que hay que delimitar entre la Fiscalía española y la Europea.

Naturalmente, como con cualquier reforma, hace falta un periodo de adaptación y que las instituciones se acoplen de una manera eficaz.

¿Es la Justicia la “cenicienta” de los servicios públicos? Los partidos políticos apenas le prestan atención en sus programas electorales.

Me gusta hablar en positivo y es que las Administraciones públicas o los poderes públicos que la gestionan, deben ser capaces de darse cuenta del valor que tiene la Justicia.

Hay que poner en valor que un servicio público de Justicia, ya sea en el ámbito civil o privado o en el ámbito penal, público o administrativo, es muy rentable para un país. La seguridad jurídica unida al Derecho Penal, o en las transacciones comerciales, o en el tráfico jurídico, son esenciales para el funcionamiento de un Estado.

 


“EL NOTARIADO HA CONSEGUIDO QUE TODO SEA MÁS DIFÍCIL PARA LOS DELINCUENTES; POR EJEMPLO, HACER TRANSACCIONES INMOBILIARIAS QUE PUEDAN OCULTAR DELITOS”


 

Las políticas contra la violencia de género, a la vista de las estadísticas, no han logrado reducir significativamente su presencia en la sociedad. ¿Qué podemos hacer?

Yo creo, en primer lugar, que el esfuerzo que ha hecho este país en materia de violencia de género es ejemplar comparado con cualquier otra nación del mundo.

De hecho, somos observados y una referencia para muchos países del entorno europeo, y hablo de países de primer nivel. Es muy difícil saber cuánto daño se ha evitado, pero estoy seguro de que el trabajo, el extraordinario trabajo que se ha hecho en estos años en muchos ámbitos como la fiscalía, la justicia, la policía, los servicios sociales…, han puesto en primera línea un problema enorme en las sociedades contemporáneas.

Se pueden hacer mejores cosas, pero también hemos avanzado mucho. Hay que detectar con mayor claridad la violencia; hay que aislar a los violentos; hay que detectar la peligrosidad del maltratador; hay que amparar a las mujeres objeto de esta violencia y a las niñas. También hay que utilizar recursos sociales antes y después de la denuncia y mejorar la distribución de los juzgados de violencia contra la mujer. Hay que concentrar los recursos. Y, sobre todo, hay que educar; hay que transformar la sociedad.

¿Cómo valora la función que realiza el Notariado, mediante instrumentos como el OCP y la Base de Datos de Titular Real en la prevención del blanqueo de capitales?

Cualquier persona que trabaje en una notaría ha visto el cambio extraordinario de las oficinas y de cómo los notarios y sus despachos se han convertido en un instrumento extraordinario para evitar comportamientos que escapaban del control de las Administraciones públicas o que directamente podían ser ilegales o ilícitos.

Las obligaciones o las capacidades de los notarios, y los instrumentos de control de actividades financieras en los que participa el Notariado como los registros de bienes, han hecho que ahora sea todo bastante más complicado para los delincuentes. Por ejemplo, hacer transacciones inmobiliarias o económicas que puedan ocultar o dificultar la investigación de los delitos.

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España tiene una buena calidad en seguridad jurídica. Es un país fiable, y en esto el Notariado tiene mucho que ver.

Creo que hay que poner en valor la existencia de un cuerpo que no existe como tal o de manera idéntica en el resto de países del mundo. Debemos ser conscientes de sus capacidades. En mi opinión a la estructura notarial se le puede sacar, en el futuro, mucho más partido en un tráfico jurídico moderno. El Notariado es una estructura de país que ha de ser totalmente aprovechada como servicio público.

Huella digital

Aunque Álvaro García no dispone de un perfil público en Twitter, sí lo tiene la Fiscalía General del Estado, desde el que se informa de sus actividades @fiscal_es

  • En la página web de la FGE figura la biografía de Álvaro García, así como su agenda pública.
  • También Wikipedia mantiene una entrada dedicada al actual Fiscal General del Estado.

Entrevista a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CON SELLO PERSONAL

JOSÉ MANUEL ALBARES,

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, EUROPEAN UNION AND COOPERATION

«El contexto internacional del último año ha sido el más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín»

‘The international context of the past year has been the most complex and troubled since the fall of the Berlin Wall’

CARLOS CAPA

«España centrará su presidencia en reforzar la seguridad energética, la recuperación económica y en que la UE sea más relevante en el mundo»

“Spain will focus its presidency on strengthening energy security, economic recovery and making the EU more relevant in the world”

Diplomático de carrera, José Manuel Albares ha estado destinado en Colombia, Francia y en la Representación Permanente de España ante la OCDE. Asesor de relaciones internacionales de Pedro Sánchez durante la primera etapa de este como líder del PSOE, tras su llegada a la Presidencia del Gobierno fue nombrado secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, para ser a continuación embajador ante la República francesa y el Principado de Mónaco. Elegido miembro del Comité Federal del PSOE en 2021, en julio de ese año fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España.

Tras más de un año al frente de un Ministerio de tanta importancia y complejidad, ¿cuál es su balance de esta etapa?

El balance del primer año ha venido marcado por el contexto internacional más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín. Apenas había tomado posesión del cargo cuando estalló una profunda crisis en Afganistán que nos hizo dar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra solidaridad para auxiliar a todos aquellos que perseguía el régimen talibán. Poco después Putin decidió iniciar su ataque ilegal, injusto e injustificado, a Ucrania abriendo una de las crisis más profundas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años pero que también ha sido una extraordinaria oportunidad para reforzar la familia comunitaria que formamos los países de la UE. No sólo eso, la OTAN se ha revelado una vez más como un instrumento sólido y eficaz para trabajar hacia una paz que en la exitosa Cumbre de Madrid diseñó el concepto estratégico que nos guiará a los países que formamos parte de la Alianza durante los próximos años. Y, entretanto, seguimos trabajando en la nueva etapa de la relación con Marruecos; por una nueva Ley de Cooperación de la que se beneficien los cooperantes y a quienes va dirigida su acción, pero, sobre todo, para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

Dedicamos el tema de nuestra portada a la presidencia española de la UE. ¿Cuáles serán las prioridades?

La agenda de contenidos es algo vivo, pero ya le puedo avanzar que España incidirá en varias líneas generales: recuperación económica, en un momento complicado para los ciudadanos y las familias en Europa; seguridad energética de la Unión, y el refuerzo del papel de Europa en el mundo. Trabajaremos por consolidar los principales ejes de actuación que España ha contribuido a conformar: transición ecológica, transformación digital, pilar social, asilo y migración. Y, en lo que se refiere a prioridades geográficas en las relaciones exteriores de la Unión, serán prioritarias regiones como América Latina y el Caribe y el Mediterráneo.

Ha señalado que España trabaja en una presidencia que refuerce la Unión Europea «para que sea capaz de seguir respondiendo a las crisis que se presenten y que continúe el desarrollo institucional y legislativo de forma que responda a las expectativas de los españoles y los europeos». Sin duda un gran reto… ¿Qué líneas de actuación seguirán?

La experiencia de presidencias recientes demuestra que las prioridades evolucionan en función del contexto en que se desarrolla el semestre, particularmente cuando se producen crisis de gran magnitud que modifican los objetivos inmediatos. No obstante, a unos pocos meses del comienzo de la presidencia española pueden identificarse áreas de trabajo que previsiblemente respondan a estas expectativas, como la consecución de una Europa más independiente y autónoma en todos los ámbitos, cuestiones medioambientales y energéticas, sin olvidar aspectos institucionales como un debate constructivo sobre la composición, funcionamiento y eficacia de la Unión Europea para las próximas décadas.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra que la sigue han provocado una respuesta europea sólida. ¿Cómo está contribuyendo España?

España, el gobierno y también todo el pueblo español se han volcado con el apoyo a Ucrania desde el principio, posicionándonos de forma contundente en contra de esta guerra brutal e injusta. En el marco de la Unión Europea y de la OTAN, hemos contribuido con ayuda diplomática, política, humanitaria y militar. Yo mismo viajé a Ucrania este mes de noviembre para entregar 30 ambulancias medicalizadas para atención ginecológica ya que muchos hospitales han sido destruidos por los bombardeos rusos. Nuestra voluntad es la de seguir apoyando a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su soberanía, desde todos los ámbitos posibles hasta conseguir la paz.

¿Qué supone para nuestro país la implementación de las políticas europeas Next Generation?

El instrumento para la recuperación económica, Next Generation EU, constituye un ejemplo de respuesta común de la UE ante los desafíos globales. En el marco de este instrumento, España adoptó en mayo de 2021 su Plan de Recuperación, Transformación y en estos momentos lidera la implementación de los planes de recuperación en Europa, siendo el único país que ha solicitado el tercer pago en 2022. Con la ejecución de este Plan de Recuperación esperamos poder incrementar el nivel del PIB 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031 y las expectativas están, además, orientadas a un cambio en la productividad total de los factores. Ya estamos viendo cómo con el conjunto de reformas e inversiones previsto, y ya en curso, está aumentando el crecimiento de la economía española, a la vez que se promueve un cambio estructural en sectores como el energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

 

 


«QUEREMOS PROPONER EL RELANZAMIENTO
COMPLETO DE LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS ENTRE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA»


 

Si volvemos la vista a otras cuestiones: ¿En qué estado están las relaciones entre España y Marruecos?

Marruecos es un país muy importante para nosotros y por eso hemos puesto un gran empeño en reconducir unas relaciones que estaban muy deterioradas. Este ha sido desde el principio para mí, un tema capital. Ahora estamos en una nueva etapa de nuestras relaciones bilaterales en la que ambos países estamos muy satisfechos. En seis meses me he reunido ochos veces con mi homólogo marroquí, Nasser Bourita, y hemos hecho avances muy significativos. Hay datos que confirman esta buena sintonía, por ejemplo, la migración irregular que proviene de África, y que tiene como país de tránsito Marruecos, se ha reducido ya en un 23% mientras todas las rutas están subiendo; nuestros intercambios comerciales han crecido en un 30%, alcanzando las exportaciones españolas los 9.000 millones de euros en lo que llevamos de año y son cifras que esperamos que vayan a mejorar. Se ha retomado la conectividad marítima y aérea y se ha reabierto la frontera con Ceuta y Melilla.


«EL NOTARIADO ESPAÑOL ES CLAVE PARA PODER FACILITAR LAS RELACIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA SEGURIDAD»


Latinoamérica ha dado un giro político en los últimos meses. ¿Qué peso tiene España hoy en la Región?

España concede un lugar prioritario a América Latina y el Caribe como región estratégica en su política exterior y cuando nos enfocamos en agendas de democracia, prosperidad, igualdad, es más fácil encontrarnos y caminar juntos. En ese sentido, estamos trabajando en un importante calendario iberoamericano con citas clave como la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023, o el lanzamiento de una Alianza Digital UE-América Latina en el primer semestre del año. Además, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre del año, queremos proponer el relanzamiento completo de las relaciones estratégicas entre Europa y América Latina. El objetivo es que Europa y América Latina se vean como lo que son: aliados y amigos estrechos y naturales que compartimos valores y una visión común sobre los grandes desafíos globales.

¿Es la cooperación española uno de nuestros mejores embajadores?

Sin duda es uno de los pilares de nuestra acción exterior y desde el Ministerio hemos hecho una apuesta muy clara con la nueva ley de cooperación, para la que el Gobierno ha obtenido el respaldo de todos los grupos políticos salvo VOX. Se trata de la primera ley de cooperación que se aprueba en 25 años, y la primera que presenta un ministro de Exteriores desde 2014. Con esta norma, que es un verdadero hito de Estado, España se pone a la vanguardia reforzando todo el sistema de cooperación española para adaptarlo a los nuevos desafíos globales, con un modelo más eficiente e innovador, con mejores condiciones para las personas cooperantes y con una AECID reforzada como piedra angular.

El notariado español contribuye a la seguridad jurídica y está presente en 91 países del mundo. ¿Cómo valora su labor?

En un mundo globalizado como el que vivimos y con una economía altamente internacionalizada como es la española, con fuertes inversiones en el extranjero, la seguridad jurídica es una cuestión clave en la que el Notariado español juega un papel crucial. En América Latina, por ejemplo, donde España es el primer inversor europeo y el segundo mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, la labor del Notariado español es fundamental para poder facilitar las relaciones comerciales y empresariales con todas las garantías y la seguridad necesaria para el éxito.

A career diplomat, José Manuel Albares has been posted to Colombia, France and the Permanent Representation of Spain to the OECD. Pedro Sánchez’s adviser on international relations during his first term as leader of the PSOE, upon taking office as prime minister, he appointed him Secretary-General for International Affairs, the European Union, G20 and Global Security, before a posting as ambassador to the French Republic and the Principality of Monaco. Elected to the PSOE Federal Committee in 2021, in July of that year he was appointed Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of the Kingdom of Spain.

After more than a year in charge of a Ministry of such importance and complexity, how would you take stock at this stage?

The course of the first year was marked by the most complex and troubled international context since the fall of the Berlin Wall. I had only just taken office when a profound crisis broke out in Afghanistan, demanding our utmost efforts and solidarity to assist all those persecuted by the Taliban regime. Soon after, Putin decided to launch his illegal, unjust and unjustified attack on Ukraine, opening up one of the deepest crises we have faced in recent years, but which has also been an extraordinary opportunity to strengthen the family of EU countries. Not only that, but NATO has once again emerged as a strong and effective instrument to work towards a peace which at the successful Madrid Summit generated the strategic concept that will guide the countries that belong to the Alliance over the coming years. In the meantime, we are continuing to work on the new stage of the relationship with Morocco; on a new Cooperation Act which helps aid workers and the beneficiaries of their actions, but above all aims to ensure peace and global stability.

We dedicate our cover to the topic of the Spanish presidency of the EU. What will the priorities be?

The content agenda is a living entity, but I can already tell you that Spain will have an impact on several broad lines: economic recovery, at a difficult time for citizens and families in Europe; energy security in the Union; and strengthening Europe’s role in the world. We will work to consolidate the main areas of action that Spain has helped shape: ecological transition, digital transformation, social pillar, and asylum and migration. With regard to geographical priorities in the Union’s external relations, priority will be given to regions such as Latin America and the Caribbean, and the Mediterranean.

You indicated that Spain was working on a presidency that would strengthen the European Union «so that it can continue to respond to any crises that might arise, with institutional and legislative development continuing in response to the expectations of Spaniards and Europeans.» Undoubtedly a great challenge… What are the lines of action?

The experience of recent presidencies shows that priorities evolve in line with the context of the six-month period, particularly when large-scale crises emerge, and change the immediate objectives. However, a few months before the Spanish presidency begins, the areas of work that are expected to meet these expectations may be identified as the achievement of a more independent and autonomous Europe in all areas, environmental and energy issues, without overlooking institutional aspects such as a constructive debate on the composition, functioning and effectiveness of the European Union for the coming decades.

The Russian invasion of Ukraine and the ensuing war have provoked a strong European response. How is Spain contributing?

Spain, the government and also the entire Spanish people, have thrown themselves into supporting Ukraine since the outset, positioning us strongly against this brutal and unjust war. Within the framework of the European Union and NATO, we have contributed with diplomatic, political, humanitarian and military assistance. I myself travelled to Ukraine in November to deliver 30 medically equipped ambulances for gynaecological care, as many hospitals have been destroyed by Russian bombing. Our determination is to continue to support Ukraine in defending its territorial integrity and sovereignty, in every possible sphere, until peace is achieved.

What does implementing European Next Generation policies mean for Spain?

As the instrument for economic recovery, Next Generation EU is an example of a joint EU response to global challenges. Under this instrument, Spain adopted its Recovery and Transformation Plan in May 2021 and is currently leading the implementation of recovery plans in Europe, as the only country to request the third payment in 2022. Through the implementation of this recovery plan, we expect to be able to increase the level of GDP by an average of 2.6 percentage points each year until 2031, and expectations are also geared towards a change in total factor productivity. We are already seeing that with the set of reforms and investments planned, and those already underway, Spanish economic growth is increasing, while promoting structural change in sectors such as energy, agri-food, industry, technology and digital transformation.

 


“WE AIM TO PUT FORWARD A COMPLETE RELAUNCH OF STRATEGIC RELATIONS BETWEEN EUROPE AND LATIN AMERICA”


 

Turning to other issues: What is the state of relations between Spain and Morocco?

Morocco is a very important country for us, which is why we have made a great effort to put back on track a relationship that had deteriorated greatly. This has been a major issue for me from the beginning. We are now at a new stage in our bilateral relations, with which both countries are very satisfied. In six months I have met eight times with my Moroccan counterpart, Nasser Bourita, and we have made very significant progress. The figures confirm these positive vibes. For example, irregular migration from Africa, with Morocco as the transit country, has already decreased by 23% while all other routes are increasing; our trade has increased by 30%, with Spanish exports amounting to 9 billion euros so far this year, and these figures we hope will improve further. Transport connections by air and sea are again being looked at, and the border with Ceuta and Melilla has been reopened


“SPANISH NOTARIES ARE VITAL IN FACILITATING COMMERCIAL AND BUSINESS RELATIONS WITH THE UTMOST GUARANTEES AND SECURITY”


Latin America has seen a political shift in recent months. What weight does Spain have in the region today?

Spain gives priority to Latin America and the Caribbean as a strategic region in its foreign policy, and when we focus on agendas of democracy, prosperity, equality, it is easier to find common ground and advance in unison. In this regard, we are working on a major Ibero-American calendar with key events such as the 28th Ibero-American Summit, to be held in the Dominican Republic in March 2023, and the launch of an EU-Latin America Digital Alliance in the first half of the year. Furthermore, during the Spanish presidency of the Council of the European Union in the second half of the year, we aim to put forward a complete relaunch of strategic relations between Europe and Latin America. The goal is for Europe and Latin America to be seen as what they are: close and natural allies and friends who share values and a joint perspective as to the great global challenges.

Is Spanish cooperation one of our best ambassadors?

It is undoubtedly one of the pillars of our action overseas, and our ministry has made a very clear commitment with the new Cooperation Act, for which the Government has obtained the support of all political groups except VOX. It is the first cooperation legislation to be passed in 25 years, and the first bill presented by a foreign minister since 2014. With this new standard, which is a real milestone of statesmanship, Spain is leading the way by strengthening the entire Spanish cooperation system to align it with new global challenges, with a more efficient and innovative model, with better conditions for aid workers and with a stronger AECID agency as a cornerstone.

The Spanish notariat contributes to legal certainty, with a presence in 91 countries around the world. How do you rate its work?

In such a globalised world as we have today, and with a highly internationalised economy as in the case of Spain, with substantial investments abroad, legal certainty is a key issue in which the Spanish notariat plays a crucial role. In Latin America, for example, where Spain is the leading European investor and the second largest from anywhere in the world, behind only the United States, the work of the Spanish notariat is essential in order to facilitate commercial and business relations with the utmost guarantees and the security required for success.

Huella digital / Digital footprint

JOSÉ MANUEL ALBARES tiene cuenta en la red
social Twitter, desde la que informa y opina de
asuntos relacionados con su actividad institucional en
la dirección @jmalbares. También dispone de un perfil
en Linkedin.

JOSÉ MANUEL ALBARES has an account on the social media platform Twitter, via which he posts information and opinions on matters related to his institutional activity, at @jmalbares. He also has a LinkedIn profile

 


 

La página web de La Moncloa ofrece una entrada con el perfil y biografía del ministro.

The website of La Moncloa offers an entry with the minister’s profile and biography.

Entrevista a Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas

CON SELLO PERSONAL

Enriqueta Chicano,

presidenta del Tribunal de Cuentas

“Nos hemos marcado acercar y abrir la institución a los ciudadanos”

Enriqueta Chicano Jávega ha dedicado toda su vida profesional al servicio público. Especialista en Derecho del Trabajo, es un referente de la defensa de la igualdad y ha sido durante más de una década la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas. Antes de ser nombrada presidenta del organismo fiscalizador de las cuentas públicas era ya consejera de este desde 2012. En esta entrevista nos acerca la institución y los retos que esta afronta en el año del 40 aniversario.
CARLOS CAPA

– Después de toda una vida dedicada al servicio público, ¿qué supone para usted presidir el Tribunal de Cuentas?

– Ser presidenta del Tribunal de Cuentas supone un enorme orgullo y una gran satisfacción. Ha sido toda una vida dedicada al servicio público. ¡Más de 50 años! De estos, la mitad los he prestado en diferentes puestos del Tribunal de Cuentas. Así que recibir el mandato de presidir esta institución de relevancia constitucional e imprescindible en democracia significa mucho para mí, especialmente en esta última etapa de mi vida profesional.

Y de repente, tras todos estos años de trabajo, me enfrento a aquello que todos hemos dicho alguna vez…si yo pudiera, haría, haría… bueno, pues ¡ahora no tengo disculpa!

Bien es cierto que el tribunal es un órgano colegiado, pero qué duda cabe que desde la presidencia hay más posibilidades de impulsar proyectos y dar cuerpo a retos imaginados. Entiendo que he asumido una gran responsabilidad, pero es verdad que también tengo algún paso dado. Conozco bien la casa y a sus trabajadores; sé que los cambios de mandato se afrontan con expectativas y esperanza y sé que cuento con unos equipos excelentes. Además, he podido comprobar que todos los miembros del Pleno han asumido estas nuevas responsabilidades con entusiasmo y entrega. Con este capital solo queda no desfallecer, y aplicarle a esta tarea todo mi sentido común, mi experiencia, mi conocimiento y por qué no, mi ilusión y entusiasmo.

– ¿Qué objetivos se ha fijado para su mandato?

– En una institución con 40 años de trayectoria democrática, que conmemoramos precisamente este año, hay una serie de objetivos que necesariamente siempre son coincidentes y que están relacionados con las funciones que el tribunal tiene encomendadas.

Nada es como hace unos años, ni los modos de expresarse, ni los sistemas de trabajo, ni las exigencias de la sociedad, ni siquiera los temas que venían siendo objeto de nuestro análisis. Tampoco la manera de comunicarnos con los ciudadanos. En definitiva, hay que adaptarse y no perder posibilidades de avance.

En este sentido constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución.

No es un proceso rápido y, además, hay que asumir unos costes ineludibles. Ya hemos iniciado algunos trabajos en esta dirección y se están generando dinámicas de trabajo para construir estas nuevas metodologías que nos prepararán mejor ante los nuevos retos que se avecinan.

Retos, que, por cierto, ha incluido nuestra norma reguladora: igualdad, transparencia y sostenibilidad. Tenemos que fiscalizar a través de estas “lupas” y además debemos dar respuesta mediante el control externo al análisis de acontecimientos que preocupan a la sociedad, como pandemias, conflictos armados y su repercusión, y las diferentes respuestas por parte de los gobiernos.

Y para conseguir estos retos, otro objetivo primordial: un plan de formación continua para todos los trabajadores para alcanzar las mejores cotas de excelencia. Todo ello en contacto permanente con nuestros homólogos autonómicos e internacionales.

– ¿Es el Tribunal de Cuentas el gran desconocido de la arquitectura constitucional española?

– Creo que sí y así lo percibimos. Es verdad que “el objetivo” de nuestro trabajo es el control de los ingresos y gastos públicos una vez ejecutados, y que el destinatario de este trabajo son las Cortes Generales, a las que auxiliamos en este tema para favorecer su labor de control al ejecutivo.

Pero seguro que estamos fallando a la hora de hacer llegar todo lo que hacemos y la importancia de nuestro trabajo a la ciudadanía, a la sociedad en general. Y creo que esto no es positivo.

Todos los ciudadanos deben conocer sus instituciones, a qué se dedican, cuánto de efectivo es su trabajo, etc. Y las instituciones tenemos la obligación de procurarnos con nuestro trabajo su confianza.

Por este motivo, entre los objetivos que también nos hemos marcado está destacadamente acercar y “abrir” la institución a los ciudadanos, tratar de transmitir de la mejor forma posible, lo que hacemos y para qué servimos. Para conseguirlo estamos trabajando en una política de comunicación que responda a este objetivo.

Esta forma metafórica de abrir nuestras puertas, hacer que nuestras paredes se vuelvan más transparentes, pretende recuperar el crédito, quizás algo puesto en cuestión, y dar mayor fortaleza a la propia institución.

– Recientemente han emitido informes sobre la gestión de diferentes organismos y administraciones públicas en los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. ¿Hay una conclusión general sobre su actuación?

– Así es. Hace meses que estamos trabajando en diferentes análisis que abarcan todo el sector público. Son bastantes los informes que se están elaborando. Pero estamos pendientes de un último informe global que recoja de forma conjunta la actuación de todas las administraciones públicas durante el período de aplicación de la legislación de emergencia.

Por lo fiscalizado hasta ahora, incluido lo fiscalizado por los órganos de control de las CC.AA., se ha podido constatar un general cumplimiento, teniendo en cuenta lo difícil de la situación.

Las administraciones públicas han tenido que solventar las situaciones de emergencia, subviniendo a las necesidades urgentes en cada momento y también han tenido que hacer uso de los recursos públicos conforme a las normas que garantizan la eficacia de su uso y el cumplimiento de unas exigencias imprescindibles.

Ha habido algunas vulneraciones, sin duda, son las excepciones de que se ha hecho eco la prensa, pero repito, en términos generales el cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general.

– ¿Colaboran con diligencia las Administraciones con ustedes cuando les recaban información para sus dictámenes?

– En términos generales, sí. No solemos encontrar ningún problema de colaboración durante el desarrollo de nuestra actividad fiscalizadora. No obstante, se da la circunstancia de que todavía tenemos un bajo nivel de rendición de cuentas en algunos ámbitos.

El Tribunal de Cuentas no ha sido objeto de la polémica que durante los últimos meses han atravesado otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. ¿Existe consenso en su interior para abordar los asuntos que deben resolver?

En el Tribunal de Cuentas hemos vivido un rápido proceso de renovación, lo que ha permitido continuar con nuestro trabajo. Por eso no ha sido objeto de polémica.

Hoy por hoy estamos trabajando bien, mantenemos un buen nivel de relación e intentamos reforzar las coincidencias y consensuar las diferencias. Hay un punto de partida básico que es el respeto por las posiciones diferentes.

El debate ordenado, respetuoso y riguroso es esencial para el enriquecimiento de la institución.

– Es usted una declarada defensora de la igualdad de género, con una nutrida obra sobre esta cuestión. ¿Cuánto queda para alcanzar esa aspirada igualdad, más allá de la formal, entre los hombres y mujeres?

– A pesar de los muchos avances, es obvio que la Ley, la igualdad formal, es imprescindible, pero es igualmente obvio que no es suficiente. No se trata ya tanto de empoderar a las mujeres. Las mujeres ya somos fuertes. Se trata de cambiar la forma con que el mundo percibe esa fuerza. Se siguen manteniendo formas de vida, formas de organización, formas de relación en lo privado y en lo público que nos siguen manteniendo en las “orillas” de muchos espacios, por mucho que algunas de nosotras hayamos saltado muros.

Es necesario el convencimiento general de que tenemos que construir un tipo de sociedad, de relaciones democráticas; en definitiva, un modelo democrático que no sólo incluya a las mujeres, sino que modifique estructuras que permitan que el ejercicio de la igualdad no sea un derecho a conseguir permanentemente. El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres.

Muchas veces y en muchos momentos parecen alejarse las expectativas. Vuelven a aparecer discursos que yo entendía superados. Lo que está claro es que no puede relajarse el control social ante las amenazas contra los avances conseguidos.

– ¿El esfuerzo de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales resulta útil para el Tribunal de Cuentas?

– El blanqueo de capitales es una de las formas en las que se manifiesta la denominada criminalidad financiera, configurándose como el último hito para la consecución de la legalización de los fondos obtenidos de manera delictiva. Los notarios están desarrollando una encomiable labor para su prevención controlando, comunicando e informando de las transacciones civiles y mercantiles en las que intervienen. Su labor coordinada y el intercambio de este tipo de información con las autoridades es fundamental para poner freno a este tipo de prácticas que entorpecen nuestro desarrollo social.

“El cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general durante la pandemia”

Seguridad jurídica

¿Qué aporta el Notariado a una institución como el Tribunal de Cuentas, en la que la seguridad jurídica es clave de bóveda de sus funciones?

La existencia de cuerpos, como el Notariado, que velen por la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y civil es vital para la fortaleza de nuestro estado de derecho.

En el caso del Tribunal de Cuentas esta aportación se hizo, si cabe, más intensa a partir de la firma del convenio de colaboración por el que se nos facilita el acceso al índice único informatizado notarial. Esta herramienta es de gran utilidad para el ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal, ya que permite localizar los bienes que integran el patrimonio de los investigados y responsables contables, lo que facilita la adopción de medidas cautelares que garanticen el reintegro de cantidades detraídas de los fondos públicos y la ejecución de sentencias.

“Constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución”

“El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres”

“Los notarios están desarrollando una encomiable labor para la prevención del blanqueo de capitales”

Entrevista a Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo, números uno de las últimas oposiciones a notarios

EN CURSO LEGAL

Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo,

números uno de las últimas oposiciones a notarios

Camino hacia la excelencia

816 licenciados en Derecho se presentaron a las últimas oposiciones al título de notario. Sólo 90, 46 mujeres y 44 hombres, superaron los cuatro ejercicios. Entre ellos se encuentran María Ángeles Picado Moreno (30 años), de Madrid, y Carlos Toledo Muñoz-Cobo (26 años), de Punta Umbría (Huelva), que obtuvieron las notas más altas. Ambos nos cuentan, en esta entrevista, cómo ha sido su camino hasta conseguir el aprobado y cuáles son sus objetivos como nuevos notarios.

FÁTIMA PÉREZ DORCA
«MI OBJETIVO ES QUE TANTO MIS COMPAÑEROS COMO LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A MI NOTARÍA PUEDAN CONFIAR EN MÍ»
«ESPERO CONTRIBUIR, MEDIANTE UN EFICAZ ASESORAMIENTO, A QUE TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA NOTARÍA PUEDAN ALCANZAR SUS FINES LÍCITOS»

 

– ¿Qué le llevó a opositar a notarías?

– Mª Ángeles Picado. Desde pequeña me había llamado la atención la profesión, me parecía muy acorde a mi personalidad y me aportaba cosas que considero indispensables: autonomía, estabilidad laboral y económica y la posibilidad de hacer algo por otras personas. Ser notaria no sólo te permite vivir de tu trabajo sino también tenderle la mano a alguien que te necesita. Todo el mundo gana y eso es algo que me parece muy enriquecedor.

– Carlos Toledo. Mucho antes de empezar la carrera tenía en mente la idea de ser notario. Mi padre lo es y siempre nos ha transmitido su pasión por la profesión. Él ha sido siempre mi ejemplo y referente. Aun así, como no era una decisión firme, no quería cerrar puertas a otras opciones y estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y fue más tarde, durante la carrera, cuando me di cuenta de que el Derecho Privado era la rama que más me entusiasmaba y de que la profesión de notario me ayudaría a alcanzar la felicidad desde un punto de vista profesional.

– ¿Cómo es un día normal en la vida de un opositor?

– M. A. P. Cuando empecé a opositar estudiaba unas ocho horas diarias, pero con los años acabé incrementando el horario a doce horas al día. No sólo de estudio, también de dictámenes, actualización de temas… Los fines de semana se me hacían más duros porque era cuando mi familia estaba en casa y mis amigos tenían tiempo libre para salir y a mí se me complicaba más organizarme. Aun así, siempre descansaba como mínimo un día, normalmente los sábados, y trataba de sacar tiempo para mí.

– C. T. Un día normal durante la oposición gira en torno al estudio continuado para poder aprovechar el mayor número de horas. En mi caso, dedicaba algunos descansos a hablar con mis padres y con mi novia, y hacía las pausas necesarias para las comidas, que compartía con mi hermano Rafael, con quien he convivido durante la oposición y que también ha aprobado en esta promoción. Además, procuraba hacer algo de deporte al final del día. Los fines de semana solía reproducir el mismo esquema. Me presenté a la oposición con relativamente poco tiempo de preparación, por lo que intentaba exprimir al máximo cada semana y prácticamente no descansaba ningún día.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil durante este proceso?

– M. A. P. Lo mejor ha sido sin duda el crecimiento a nivel personal. Los momentos de soledad te hacen conocerte más a ti misma, aprender a poner límites, te dan una buena dosis de humildad y te hacen madurar. En cuanto a lo más difícil, ha sido sentir que no tenía tiempo para realizar otras actividades, así como lidiar con la incomprensión de algunas personas respecto a esto… Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

– C. T. Lo más gratificante ha sido lograr un reto que parecía casi una quimera. Pero incluso antes de conseguirlo la oposición ha sido una etapa gratificante y puedo decir que plenamente feliz en mi vida, seguramente por ver cómo he ido profundizando en el Derecho y progresando gracias al esfuerzo y el trabajo. En el aspecto negativo resaltaría la incertidumbre consustancial a la propia oposición pero que, sin duda, se compensa con la esperanza de lograr el resultado.

– ¿Qué consejos daría a los que decidan realizar esta oposición?

– M. A. P. Les diría que el descanso, por mínimo que sea, es fundamental para aprobar, porque un opositor agotado sucumbe a la desesperación con mucha más facilidad y para soportar la tensión hay que mantener la cabeza muy fría. En relación con esto, también es muy importante aprender a afrontar el miedo. Todos experimentamos diversos grados de inseguridad antes de entrar en el examen, pero hay que pensar que es la única oportunidad de defender el trabajo que has hecho durante años y hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, salgan los temas que salgan. También es importante seguir tu propio camino y no compararte con otros compañeros, ya que cada uno tiene una situación personal y unas circunstancias distintas.

– C. T. Me gustaría transmitirles que acometan la oposición con optimismo y aliento, con la ilusión de que el aprobado puede estar al alcance del que se emplee a fondo. Sobre los descansos y la rutina, cada opositor tiene sus propios hábitos, y prefiero no aconsejar en ese sentido. Sí diría que no hay fórmulas mágicas: el trabajo y la entrega son las herramientas para conseguirlo.

– Para todos aquellos que duden en opositar, les invito a que afronten el reto. A pesar del sacrificio y el esfuerzo que supone, si verdaderamente tienen la convicción y vocación de ser notarios, o cualquier otra profesión a la que se acceda por oposición, merece la pena intentarlo y luchar por ello, pues en cualquier caso nunca los conocimientos aprendidos caerán en “saco roto”.


“LO MEJOR DE ESTA ETAPA DE ESTUDIO HA SIDO EL CRECIMIENTO PERSONAL. LOS MOMENTOS DE SOLEDAD TE HACEN CONOCERTE MÁS”


– Si no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión hubiese elegido?

– M. A. P. Seguramente habría intentado ser registradora u oficial de notaría, por ser lo más parecido a ser notario y permitirme aprovechar lo ya estudiado, que es apasionante. Pero si hablamos de otro camino distinto, la verdad es que me habría encantado ser gimnasta o dedicarme al baile, que curiosamente eran las únicas cosas que me suscitaban una vocación similar.

– C. T. Seguramente habría sido abogado. El ejercicio de la abogacía me parece apasionante, pues permite una aplicación práctica y creativa del Derecho.

– ¿Cómo fue el examen?

– M. A. P. En los exámenes de este año he pasado mucha tensión, ya que era mi última convocatoria y no tenía margen de error. Los orales me preocupaban algo menos al haberlos aprobado ya una vez. Aunque reconozco que el segundo ejercicio es muy difícil de preparar, al ser mucha materia en muy poco tiempo, para mí la peor parte siempre fue el tercero. No se me daba bien y tuve que trabajarlo mucho hasta hacerlo bien.

– C. T. El primer examen es el que más impresiona. En mi caso, era la primera vez que me presentaba y realizar el ejercicio oral ante el tribunal, teniendo en cuenta la autoridad y cualificación de sus miembros, no deja de ser una presión escénica y un desafío. Me parecía un verdadero reto que motivaba aún más el estudio diario y la dedicación absoluta.


“LA OPOSICIÓN HA SIDO UNA ETAPA GRATIFICANTE Y PLENAMENTE FELIZ EN MI VIDA”


Con el último ejercicio, el dictamen, fue con el que más disfruté durante la preparación: se trata de un caso práctico sobre varios problemas y situaciones jurídicas complejas y opinables, a resolver durante 6 horas. El dictamen te permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante los dos ejercicios orales, aplicando el Derecho desde una óptica muy cercana a la realidad del despacho notarial.

– ¿Qué sintió al saber que estaba entre los dos primeros de la oposición?

– M. A. P. Cuando lo supe no me lo podía creer. Yo sólo quería aprobar, con la nota que fuera, y había varios compañeros muy competentes que supuse que quedarían mejor posicionados, así que me costó varios días asumir tanto el puesto como el propio aprobado. Me emocioné más adelante, tras la unificación de los tribunales. Es una alegría indescriptible. Me siento agradecida porque, al igual que he sido yo la que ha quedado en esta primera posición, podrían haber sido otros compañeros.

– C. T. Sentí una enorme satisfacción. Sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. No solo por obtener el número uno de mi tribunal sino también porque supuso un gran orgullo ver cómo se materializaba el esfuerzo y el trabajo invertido durante toda la oposición en forma de aprobado. Además, nuestra felicidad se multiplicó porque mi hermano aprobó con la cuarta mejor calificación del tribunal.

– ¿Cuáles son sus objetivos como notario?

– M. A. P. Me gustaría demostrar, como hacen tantos compañeros, que el notario no es sólo la persona que viene a firmar, sino alguien accesible, que se comunica con sus clientes y se preocupa por sus asuntos. Quiero ser una buena compañera y desempeñar mi trabajo con la mayor diligencia posible. En definitiva, mi objetivo es ser alguien en quien mis compañeros puedan confiar y poner mi profesión al servicio de la ciudadanía.

– C. T. Quiero dedicarme al ejercicio de la profesión de notario en cuerpo y alma, con toda la intensidad y entrega que sea capaz. Intentaré con el día a día ser útil y ganarme la confianza de los usuarios en el servicio y en el ejercicio de la función pública que fundamenta nuestro oficio. Espero no perder nunca de vista la gran ayuda que los notarios podemos aportar a los ciudadanos e instituciones, contribuyendo, a través de un eficaz asesoramiento, a que todo el que acuda a la notaría pueda alcanzar sus fines lícitos.

Entrevista a Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

CON SELLO PERSONAL

Isabel Rodríguez,

ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

“Es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios”

Isabel Rodríguez García es ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno desde 2021. Abogada de profesión, fue diputada en el Congreso desde 2011 hasta 2019, donde presidió la Comisión de Justicia.
CARLOS CAPA,

Después de un año en el Gobierno al frente de una cartera siempre compleja como es la Política Territorial, ¿cuál es su valoración de esta primera etapa?

Hago una valoración muy positiva de este primer año al frente del Ministerio de Política Territorial. Desde que el presidente del Gobierno me hizo este encargo, he tenido presente algo que para mí es fundamental: no olvidarme para qué estoy aquí. Desde luego, para seguir trabajando para que España siga creciendo y para afrontar los retos que se presenten sin dejar a nadie atrás. España se dispone nada menos que a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada de nuestro país en la Unión Europea. No solo debemos hacer efectiva esa transformación, sino que ésta llegue hasta el último rincón de nuestro país, ya sea un entorno urbano o del medio rural. Es la mejor vía para preservar la cohesión social y la vertebración territorial, objetivos que van de la mano. En este contexto quiero situar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Política Territorial. Entre ellas, el refuerzo de la cooperación interterritorial y recuperación del diálogo, el municipalismo como eje fundamental, el fortalecimiento de las entidades locales y la desconcentración de la Administración General del Estado en el territorio para garantizar una presencia equilibrada del Estado en todo el país, acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Compagina su cartera ministerial con la función de portavoz del Gobierno. ¿Cree que las políticas gubernamentales son bien entendidas por la sociedad?

Creo que este Gobierno ha demostrado con creces su solvencia para gestionar situaciones de crisis. En este sentido, esperamos y deseamos que la ciudadanía entienda la envergadura de los retos que afrontamos, pero también el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para preservar el Estado de Bienestar y proteger a las clases medias y trabajadoras. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior, a raíz de la crisis de hace una década, hemos decidido afrontar las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra sin dejar a nadie atrás. Hay cifras que hablan por sí solas. Hace diez años España registraba un récord histórico de desempleo, con una tasa del 26%, rozando los seis millones de parados. Sólo en un año se destruyeron 700.000 puestos de trabajo. Hoy en día hemos superado los 20 millones de personas ocupadas. El nivel de empleo supera en 539.226 trabajadores el que se registraba en febrero de 2020, antes de la pandemia. Este dinamismo del mercado laboral es compatible con una mejora de la calidad del empleo, apreciándose los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida.

¿Qué ha cambiado con la invasión de Ucrania?

Ahora estamos centrados en proteger a los más vulnerables de los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, hemos decidido prorrogar el plan para amortiguar las consecuencias de la guerra hasta el 31 de diciembre articulando una respuesta de hasta 10.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, durante el Debate del Estado de la Nación, anunció medidas adicionales como el impuesto a las entidades bancarias y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, que ya está en trámite parlamentario, o la bonificación al 100% de los abonos de Renfe de Cercanías y el 50% en los Avant que ya se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas ayudarán a paliar los efectos de la inflación. Es una respuesta a la altura del reto que tenemos por delante. Este Ejecutivo no hará como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis. Gobernaremos para sacar al país adelante siempre guiados por el interés general. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más precisan el auxilio de los poderes públicos. Este Gobierno, una vez más, se dejará la piel para proteger a la clase media y trabajadora de España.

Fue usted la senadora más joven de la VIII legislatura, además de directora general de Juventud en Castilla-La Mancha. ¿Qué fotografía hace de la juventud española hoy?

La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo. Con este objetivo, cumplimos el compromiso de abordar la modernización del mercado de trabajo mediante una reforma laboral acordada con los agentes sociales y centrada en la dignificación del trabajo, lo que va a permitir a millones de jóvenes satisfacer sus expectativas vitales y profesionales. Como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a consentir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Este Gobierno, gracias a los Fondos de Recuperación, está apostando por la modernización y transformación económica de nuestro país con la puesta en marcha de PERTES como el del vehículo eléctrico, aeroespacial o el agroalimentario. PERTES que modernizan nuestro tejido productivo y que generaran oportunidades y empleo en todos los territorios. A su vez, cumplimos en materia de corresponsabilidad con la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, una conquista que ha situado a España a la cabeza de Europa en esta materia. Y, desde 2018, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en casi cinco puntos hasta situarla en el 16,2%, según la EPA.

En materia de educación, el Gobierno ha aprobado una nueva ley de Formación Profesional que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y una partida sin precedentes para becas de estudiantes, adelantando la convocatoria a marzo. Es la primera vez que nuestro país invierte más de 2.000 millones de euros en becas. Va a significar que, aproximadamente, un millón de jóvenes en este país puedan disfrutar de ese derecho y seguir formándose. El Gobierno de España apuesta por las becas como ascensor social y no para perpetuar desigualdades.

Volviendo a la política territorial y después de más de 40 años de sistema autonómico, ¿ha sido un modelo de éxito? ¿En qué debe mejorar?

El pasado 15 de junio se cumplieron 45 años de las primeras elecciones democráticas. La Cumbre en Madrid ha servido para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y también este año se cumplen 30 desde la puesta en servicio de la alta velocidad. Son efemérides que muestran la extraordinaria transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. El modelo autonómico ha sido clave en este desarrollo. Sin duda, es una de las claves de bóveda de la arquitectura constitucional. Estar en contra de las autonomías es estar en contra del Estado de Bienestar. Porque son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad y bienestar de la historia de España. Acercar la Administración a la ciudadanía constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza. Sin embargo, llevamos mucho tiempo discutiendo en exceso sobre el reparto de competencias entre administraciones. Es un debate estéril y paralizante que impide centrarse en lo mollar, que no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos de una manera leal y constructiva.

¿Se ha superado la grave crisis institucional, social e incluso emocional que supuso el llamado “procés”?

Este Gobierno ha tenido muy claro desde el principio de la legislatura que el diálogo es el modo adecuado de superar la complejidad de las relaciones institucionales entre administraciones diferentes. Veníamos de una situación muy complicada en la que se habían roto muchos puentes. La vocación de este Gobierno es clara: prestar el mejor servicio público y contribuir con nuestra acción a la convivencia, el reencuentro y la recuperación de la normalidad, objetivos que se han logrado durante los últimos cuatro años. Entendemos la política al servicio de la resolución de los problemas, y al mismo tiempo con el optimismo de construir un proyecto colectivo mejor. Y con el contraste de posiciones como base para llegar a acuerdos, por supuesto. Pero siendo conscientes de que para ello debemos actuar desde la lealtad institucional, el reconocimiento mutuo y sabiendo que todos deberemos tener la disposición de acercar posiciones. Después de diez años sin avanzar en el Estatuto catalán, hemos llegado a acuerdos históricos en el marco de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como la apertura de ponencias técnicas para formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, y el traspaso de varias infraestructuras. Las encuestas, incluidas las del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, nos señalan cosas muy relevantes: entre ellas, que los catalanes priorizan la gestión de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación. En eso está centrado el Gobierno de España.

Hablando de superar situaciones… ¿Ayudarán los fondos europeos a esa transformación de la estructura económica de España?

España sigue liderando en la Unión Europea el proceso de llegada de los fondos.
Después de un trabajo muy intenso para poner en marcha las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, este año está siendo clave para alcanzar la velocidad de crucero y las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en el despliegue de las inversiones en todo el territorio, para que lleguen a las empresas y los ciudadanos y poner en marcha los proyectos estratégicos. España fue el primer país en lograr la aprobación formal del programa de inversiones y en recibir un primer pago semestral por el cumplimiento de hitos y objetivos, en diciembre de 2021. Y hemos vuelto a ser el primer país que podrá recibir ya el segundo pago, de 12.000 M€, tras constatar la Comisión Europea la implementación de 40 hitos y reformas adicionales. Estamos ante una oportunidad histórica para España, como supuso en su día la llegada de fondos de cohesión tras el acceso de nuestro país a la Unión Europea. Nuestro país va a recibir 140.000 millones de euros que ya están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios, como es el ejemplo del Kit-Digital, un proyecto para apoyar a las pymes y autónomos de nuestro país, y que está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Proviene de una región que forma parte de eso que se viene llamando “España vaciada”. ¿Qué hace el Gobierno para combatir la despoblación? ¿Podría considerarse al notariado un ejemplo de cercanía en estas poblaciones?

Mi tierra, efectivamente, es Castilla-La Mancha. Además de una comunidad autónoma con un gran patrimonio monumental, natural y etnográfico, es también un territorio que sobresale por su apuesta por la creación de parques empresariales y por atraer inversiones en sectores innovadores como las energías renovables. Castilla-La Mancha, por tanto, es un magnífico ejemplo de que la España interior es un territorio con futuro, cargado de recursos y oportunidades. A menudo, la visión que ha primado sobre el medio rural ha basculado entre la parodia y el victimismo. Tenemos muchos diagnósticos y es hora de pasar a la acción. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el principio de la legislatura. Este es el primer Gobierno que pasa de las palabras a los hechos para afrontar el reto demográfico, que atañe tanto al envejecimiento de la población como al desarrollo del medio rural. Lo hemos hecho mediante un Plan de Reto Demográfico que contempla 130 medidas y 10.000 millones de euros hasta 2023. El 82% de las iniciativas que contempla ya se han puesto en marcha. Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, a través del Plan Único, cuenta este año con una inversión de 250 millones de euros. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Que cada persona pueda vivir, trabajar y emprender donde lo desee. Para ello es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios y, sin duda, la presencia del Notariado en nuestro país constituye un ejemplo de cercanía a estas poblaciones. Cumplen una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía.

“España se dispone a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada en la Unión Europea”

Huella digital

Isabel Rodríguez mantienen un activo perfil en la red social Twitter @isabelrguez desde donde opina sobre cuestiones de actualidad.

El portal oficial del Gobierno. Desde la Moncloa tienen una entrada sobre su actividad institucional y biografía política

La web de transparencia Newtral también le dedica un acceso en el que pueden consultarse sus retribuciones públicas

“El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad de la historia de España”

“El Notariado cumple una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía”

“La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo”

Entrevista a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

EN CURSO LEGAL

Manuel García-Castellón,

magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

“La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita”

Manuel García-Castellón y García-Lomas es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Autodenominado como “juez vocacional” estudió derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera judicial en 1977, iniciando su carrera como juez de instrucción en diversos juzgados, hasta llegar al decanato de los juzgados de Valladolid en 1.993 desde donde partió a la Audiencia Nacional. Juez de Enlace con Francia durante casi tres lustros, tuvo que bregar con años duros en el combate al terrorismo de ETA.

Hace unos días la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) le concedió el premio Puñetas de Plata por “por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad” según reconoció el jurado de los galardones.

CARLOS CAPA,

Periodista.

«YO SIEMPRE HE SIDO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, VOCACIÓN DE LA QUE NUNCA ME HE MOVIDO, Y QUE ME HA DADO LA GRAN SATISFACCIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS»

Hace unas semanas recibió el premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR). ¿Qué supuso para usted?

Naturalmente una gran satisfacción; si dijera lo contrario en este caso mentiría. Y más en una época como esta, en la que los que tomamos decisiones somos objetos de ataques a fondo por poderes de todo tipo. Ya no es que te insulten, te injurien o te amenacen, es que se ataca a la independencia judicial, no ya solo la propia, sino la de todos los jueces que sufren el efecto de la piedrecita en el estanque, generando ondas concéntricas que acaban llegándoles y pudiendo perturbarles. La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita.

Es usted uno de los llamados “jueces mediáticos”, aunque quizás los que son mediáticos son los casos que instruye. ¿Qué tal se lleva con la prensa? ¿Qué papel cree que deben jugar los periodistas en el ámbito de la justicia?

En la Audiencia Nacional se ve claramente esa relación. Aquí hay decenas de periodistas acreditados, que obtienen no solo información, sino también asesoramiento u orientación de carácter técnico que ayuda a que lo que trasladen a los ciudadanos sea lo suficientemente riguroso y comprensible. Lógicamente hay temas que por su propia naturaleza reservada no se pueden compartir.

En todo caso creo que no se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo. Una situación que se ha agravado con el paso del tiempo. A veces prima la información inmediata, difundida por canales digitales, sobre la veracidad o la rigurosidad. Y eso no debería pasar.

¿Cómo valora el estado de la Justicia en España? ¿Cree justificado el debate público sobre su independencia y la de los jueces?

El que piense que tenemos la desgracia de que España sea un estado fallido, no sabe lo que dice. La profesión de juez es sumamente vocacional, quizás como puede ser la de médico o sacerdote, y en mis muchos años de carrera siempre he visto integridad. El 99,9% de los jueces son independientes, aunque como en todos los lugares puede surgir una oveja negra. Yo nunca he visto más que profesionalidad en la Carrera Judicial. Efectivamente la Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces.

Ha pasado más de 16 años de su carrera ocupando puestos en el extranjero. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Lo que nos transmiten todos los que recurren a la Audiencia Nacional para obtener colaboración internacional es su agradecimiento y el reconocimiento de la eficiencia y facilidades que damos en el marco de esta colaboración.

Mi experiencia como juez de enlace en Francia, durante años duros de terrorismo, es que no encontramos la misma colaboración que nosotros ofrecemos a otros países. Me hubiera gustado tener en aquel momento más ayuda de un país en el que cayeron todas las cúpulas de ETA; no lo hicieron en España o en Portugal, sino en Francia y a veces nos encontramos un muro en la colaboración.

Sin duda creo que muchas muertes o heridos podrían haberse evitado con una mayor cooperación. Afortunadamente esa época pasó y la actuación y compromiso de todos los poderes llevaron a acabar con una época de terror y limpieza étnica en el País Vasco en septiembre de 2011.

Pasó más de tres lustros fuera de la Audiencia Nacional. ¿Encontró muchos cambios a su regreso?

Encontré un cambio físico obviamente por las obras que habían remodelado el edificio. En otro sentido no tanto, ya que debido a mi función en el extranjero mis contactos y comunicaciones eran constantes con los compañeros que estaban en la Audiencia.

Indudablemente cuando regresé la situación no era la misma que cuando me fui: había desaparecido el terrorismo de ETA y del GRAPO y había aumentado el islamista y se habían incrementado exponencialmente los delitos económicos.

Solo cuando ejerces en un órgano como este con competencias centrales te das cuenta de los magníficos medios con los que actúan otros servicios centrales como la Policía y la Guardia Civil. Su actuación en materia de investigación y prevención es espectacular.

¿Echa de menos su etapa de juez de instrucción en lugares como Medina del Campo o Valladolid? ¿Cómo es el salto de impartir justicia en un pequeño juzgado a ser el centro de atención mediático a diario?

Como en cualquier profesión esto es un camino en el que se va forjando la vocación. Hay jueces que empiezan en una jurisdicción y en ese camino encuentran que su vocación los lleva a otra. Cuando estás en jurisdicciones más pequeñas las posibilidades de ayudar a los demás no tienen la identidad que se alcanza en un órgano con jurisdicción nacional como este.

Creo que aquí se ve de forma plástica cómo se puede ayudar a los demás de forma inmediata. Es cierto que a veces no se consigue, como fue en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el que no pudimos llegar a tiempo.

Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás.

La Seguridad Jurídica es la base de una democracia sana y de una economía fuerte. Usted que ha conocido en diferentes escenarios el papel que juegan los notarios en este ámbito, ¿cómo valora su función en la sociedad?

El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales. Esa es mi experiencia constatada a lo largo de mi carrera.

“El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales”

Lucha contra los delitos financieros

¿Qué opina de la participación del Notariado español en el combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de herramientas como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) o la base de datos de titularidad real?

La aportación del Notariado es fundamental, como ha venido a reconocer la legislación que se ha ido desarrollando, en la prevención y combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los avisos emitidos por los notarios en actividades sospechosas provocan que los jueces podamos analizar actuaciones que pueden llevar a la apertura de un procedimiento judicial.

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la quEl juez García-Castellón no tiene presencia propia en las redes sociales, aunque lo mediático de los asuntos que instruye hace que proliferen las noticias sobre su actividad tanto en las redes como en la información digital de los medios.

Existe una reseña biográfica suya en Wikipedia (en catalán).

Recientemente el digital Crónica Vasca le entrevistó con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso del que fue instructor.

“No se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo”

“La Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces”

“Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás”

Entrevista a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

CON SELLO PERSONAL

María Jesús Montero,

ministra de Hacienda y Función Pública

“Hemos dado pasos para modernizar el sistema tributario y adaptarlo al siglo XXI”

María Jesús Montero Cuadrado es ministra de Hacienda desde 2018, sumando las competencias de Función Pública en 2021. Médico de profesión, su actividad en este campo se centró en la gestión sanitaria, llegando a ser consejera de Salud de la Junta de Andalucía. De muy temprana vocación asociativa y compromiso político ha sido diputada del Parlamento de Andalucía, diputada en el Congreso, consejera autonómica y portavoz del Gobierno antes de ocupar una cartera tan relevante en la gestión pública como la de Hacienda.
CARLOS CAPA,

Estimada ministra, lleva al frente de la cartera casi cuatro años… ¿Qué destacaría de esta etapa?

Estamos viviendo unos años muy duros con acontecimientos que quedarán registrados en los libros de Historia: hemos sufrido la peor pandemia mundial en un siglo y estamos viviendo una guerra en Europa. Pero desde el Gobierno y, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, siempre hemos trabajado con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos haciendo una política útil que dé respuesta a los problemas urgentes que acabo de enumerar, pero abordando también déficits estructurales de nuestra sociedad como la desigualdad o la precariedad laboral.

Estoy orgullosa del escudo social que aprobamos para proteger a las familias, a los trabajadores y a los autónomos en los peores momentos de la emergencia sanitaria. Protegimos el empleo con los ERTE que recibieron más de 3,6 millones de trabajadores en el auge de la pandemia y también a los autónomos con la prestación por cese de actividad. Pusimos a disposición de las empresas 100.000 millones de euros en avales del ICO y otros 7.000 millones de ayudas directas, entre otras iniciativas.

¿Qué medidas adoptó su Ministerio?

Desde el Ministerio de Hacienda hemos adoptado medidas relevantes para mitigar el impacto de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas o poner a disposición de las comunidades autónomas los mayores recursos de su historia, lo que les ha permitido seguir prestando servicios públicos de calidad. Ahora, en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania, hemos aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de la electricidad que permitirá un ahorro para familias y empresas de más de 10.000 millones y también hemos aplicado la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. La evolución de los acontecimientos y la convicción de que es necesario continuar protegiendo a los hogares y al conjunto de la economía nos han llevado a decidir la extensión de estas medidas. En los próximos meses continuaremos monitorizando la situación, para tomar las decisiones más adecuadas, como hicimos durante la pandemia.

También me gustaría destacar los pasos que hemos dado para modernizar nuestro sistema tributario y adaptarlo a las nuevas áreas de negocio del siglo XXI con la incorporación de nuevas figuras fiscales como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto a Determinados Servicios Digitales. También hemos avanzado en la progresividad del sistema fiscal bajo la premisa de que deben contribuir más quienes más tienen. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la aplicación de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, convirtiendo a España en vanguardia respecto al acuerdo alcanzando en la OCDE por más de 130 países. Y también hemos reforzado la lucha contra el fraude fiscal con una nueva ley que, entre otras cuestiones, prohíbe las amnistías fiscales.

¿Qué objetivos contempla para el resto de su mandato?

En primer lugar, tenemos que seguir muy atentos a la evolución de la pandemia, que todavía no ha terminado, y de la guerra de Putin en Ucrania. Seguiremos acompañando a la ciudadanía y al tejido productivo para reducir el impacto económico que están teniendo las medidas que la comunidad internacional está adoptando para defender la democracia en Europa.

Pero en la segunda parte de la legislatura estamos centradas todas las administraciones en la implementación de los fondos europeos. Se trata de una oportunidad única para transformar nuestro tejido productivo y sentar las bases de un modelo más competitivo, sostenible y que genere empleo de más calidad.

No hablamos en abstracto, sino de cuestiones concretas. De hecho, ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de fondos europeos con más de 12.000 empresas beneficiadas. Hemos comprometido casi 30.000 millones de euros desde que aprobamos el Plan de Recuperación hace ahora un año. En este sentido, España es un ejemplo en la UE por el alto nivel de ejecución de esos fondos. Fuimos el primer país en presentar el Plan de Recuperación y también el primero en recibir el primer desembolso. Hace unas semanas fuimos también el primer país en solicitar el segundo pago y seguiremos trabajando para que cada euro de estas ayudas llegue a la economía real de empresas y ciudadanos.

En la última remodelación gubernamental sumó a su cartera las competencias de Función Pública. ¿Qué destacaría de esta función?

La gestión de las personas que forman la fuerza laboral de la Administración Pública. Esto es, nada más y nada menos, que el corazón del Estado del Bienestar del que tan orgullosos nos sentimos y que cada día buscamos reforzar. Por eso en el año 2021 aprobamos la mayor Oferta de Empleo Público de nuestra historia y en el año 2022 logramos batir las cifras del año anterior con 44.787 plazas, sumando la mayor oferta ordinaria y la también histórica oferta de estabilización. Si nos limitamos sólo a la oferta ordinaria, en los cuatro años que lleva Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se han ofertado casi 144.000 plazas, más del doble que las 63.394 de los gobiernos de Rajoy entre 2012 y 2017. En estos datos tangibles se demuestra nuestro compromiso con lo público. Además, este Gobierno ha ido incrementado la tasa de reposición: si desde 2012 el PP la mantuvo en el 0% durante cuatro años, en el ejercicio 2021 ya alcanzó un nivel general del 100% y del 110% para los sectores prioritarios, mientras que en los PGE de 2022 recogen una tasa general del 110%, del 120% para sectores prioritarios como la sanidad, la educación o la ciencia y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Cuatro décadas de democracia han demostrado que contar con un sistema público bien dotado de personal es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en el día a día. Y se ha revelado vital cuando nos hemos enfrentado a una pandemia o a catástrofes naturales como las que desgraciadamente hemos tenido que gestionar en los últimos años.

*Las medidas adoptadas por la Unión Europea tras los duros momentos vividos, ¿permitirán no tener que incrementar la presión fiscal?

A nadie se le escapa que las instituciones europeas han mostrado en la crisis económica provocada por la pandemia y ahora con la invasión rusa de Ucrania una sensibilidad muy diferente a la de crisis anteriores, como la financiera de 2008, o como ante la crisis de la deuda. La experiencia acumulada hace una década nos dice que los recortes y la austeridad no sólo son injustos, nos empobrecen y hacen un flaco favor a la cohesión social, sino que además retrasan la recuperación económica.

Con medidas de respaldo a las rentas de los hogares y a las empresas que han permitido la suspensión de las reglas fiscales comunitarias no sólo hemos garantizado la cohesión social, sino que además la recuperación tras la pandemia ha sido mucho más rápida que tras crisis anteriores. Ahí están las cifras de empleo, que están marcando niveles récord, con puestos de trabajo de mayor calidad, gracias a la reforma laboral que impulsamos. Y ahí están también los datos de recaudación tributaria, síntoma inequívoco del recuperado dinamismo económico.

La nueva sensibilidad europea, de la que el Gobierno de España, junto a otros, es inspirador, nos ha permitido que nuestra política fiscal pueda ser más acorde con el ciclo, es decir, que nuestras medidas puedan acompañar a los hogares y al tejido productivo. Así, hemos podido realizar bajadas de impuestos quirúrgicas, pero de gran magnitud, como en lo que se refiere a la factura eléctrica, y hemos tomado medidas también por el lado del gasto, como durante la pandemia, para dar apoyo a las empresas y a los autónomos mientras duren las consecuencias de la guerra de Putin. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de medio plazo con la construcción de un sistema fiscal más progresivo y justo se mantiene intacto.

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno sostener reducciones del IVA a los combustibles o bonificaciones eléctricas?

El Gobierno está desarrollando una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania en las familias y las empresas. Ello supone un gran esfuerzo. Por ejemplo, las medidas sobre la fiscalidad de la electricidad y la bonificación de los carburantes estaban en un principio vigentes hasta el 30 de junio y hace solo unos días las hemos prorrogado.

Además, hemos aprobado algo fundamental para atacar la raíz del problema de la inflación, como es topar el precio del gas para evitar que contamine el precio de toda la factura de la luz, un mecanismo que durará 12 meses y cubrirá todo el invierno. Por tanto, hay que dar un margen para que sus efectos puedan notarse.

El Gobierno está centrado en mitigar en todo lo posible el impacto de la guerra en las familias españolas y en acabar con la alta inflación. Se ha puesto en marcha un plan e iremos monitorizando cómo evolucionan la guerra y la inflación en los próximos meses.

¿Es la presión fiscal española la adecuada a la realidad y las posibilidades de los españoles?

Está claro que España necesita perfeccionar su sistema fiscal para hacerlo más justo y redistributivo y que propicie la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. De ahí el encargo que le hicimos al comité de expertos para elaborar un Libro Blanco de la fiscalidad. Ese libro lo iremos estudiando y analizando en los próximos meses, siempre teniendo en cuenta el contexto económico actual.

España sigue siendo un país que tiene altas tasas de desigualdad, hemos mejorado en los últimos años, pero una de las herramientas para combatirla es un sistema tributario justo que permita redistribuir la riqueza y financiar servicios públicos de calidad. Lo que no cabe ni en España ni en cualquier sociedad es la receta que ofrece el PP para atajar cualquier problema económico: bajar impuestos de forma generalizada.

Dice el economista Juan Mora-Sanguinetti que “la seguridad jurídica es sinónimo de desarrollo económico”. ¿Cómo valora el trabajo y actividad del notariado español en promover y reforzar esa seguridad jurídica?

Los notarios ejercen una labor esencial en esta sociedad como garantes de la seguridad jurídica de numerosos procedimientos administrativos y también privados. El Ministerio de Hacienda, en concreto, mantiene una estrecha relación con el colectivo de los notarios. Un ejemplo de ello es la excelente y constante colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Consejo General del Notariado para facilitar la tramitación catastral, simplificar trámites administrativos y potenciar esa certidumbre jurídica en diversos trámites, todo ello en beneficio del ciudadano.

“ESTOY ORGULLOSA DEL ESCUDO SOCIAL QUE APROBAMOS PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS, A LOS TRABAJADORES Y A LOS AUTÓNOMOS”

Huella digital
María Jesús Montero mantiene abierta una cuenta en la red social Twitter de notable actividad.

Wikipedia ofrece una extensa entrada acompañada de numerosos enlaces externos.

También la actual portavoz del Gobierno tiene una cuenta en Facebook con más de 10.000 seguidores.

“EL GOBIERNO ESTÁ CENTRADO EN MITIGAR EN TODO LO POSIBLE EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS Y EN ACABAR CON LA ALTA INFLACIÓN”

“CUATRO DÉCADAS DE DEMOCRACIA HAN DEMOSTRADO QUE CONTAR CON UN SISTEMA PÚBLICO BIEN DOTADO DE PERSONAL ES FUNDAMENTAL”