Entrevista a Rosa Ana Morán Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

EN CURSO LEGAL

ROSA ANA MORÁN,

Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

En 1987 se incorpora a la carrera fiscal, y en 2000 ingresa en la Fiscalía General del Estado, donde ha realizado fundamentalmente labores relacionadas con la cooperación internacional, creando con su ascenso a Fiscal de Sala en 2011 la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE. Su experiencia en ese ámbito la hizo acreedora de su nombramiento al frente de una fiscalía que lucha contra un problema global que no conoce de fronteras: el mercado de la droga.

«El narcotráfico es cada vez más especializado, digital y trasnacional»

JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Cómo valora el trabajo realizado en este período al frente de la Fiscalía Antidroga?

En diciembre se cumplirá un año y medio desde el día en que tomé posesión. Ha sido, sin duda, un periodo de trabajo intenso. Creo que la Fiscalía tiene cada vez una mayor dimensión internacional y por eso estamos reforzando el servicio de cooperación con los fiscales que ya conocen el tema, que hablan varios idiomas y tienen experiencias anteriores de trabajo con otros países. También se ha reforzado la recuperación de activos, con el nombramiento de un coordinador experto y la redacción de un protocolo para dirigir el trabajo de los fiscales en esta materia y realizar puntuales y completas investigaciones patrimoniales que nos lleven a incrementar nuestra efectividad en esta materia. Asimismo, nos estamos enfrentando con un aumento de casos derivados de la explotación de las informaciones de plataformas encriptadas como EncroChat o SKY-ECC; la información proporcionada por estas herramientas nos ha abierto los ojos sobre la realidad de la situación del narcotráfico que es cada vez más especializado, digital y trasnacional.

 


“NUESTRA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DETERMINA QUE SEAMOS UN PAÍS DE LLEGADA Y TRÁNSITO DE LA DROGA, PERO TAMBIÉN DE CONSUMO”


 

¿Es el lavado de activos una de las principales maneras de detectar a los traficantes?

El narcotráfico es, en primer lugar, un negocio. Por tanto, una de las actividades que realizan, una vez obtenidos los beneficios, es la introducción de estos en la economía legal. Sin embargo, aunque hay algún caso en que a través de alertas de supuestos de lavado de activos podemos llegar a conocer la actividad de narcotráfico precedentes, en la mayoría de los casos es simultáneo o, al contrario, se detecta el narcotráfico y posteriormente se analizan las operaciones de blanqueo o se realiza la investigación paralelamente.

España se encuentra en un enclave geográfico ‘privilegiado’ para las rutas de la droga. ¿Qué incidencia tiene esta especial situación?

La situación geográfica determina que seamos un país de llegada y tránsito de la droga, pero también de consumo y, en los últimos años, lamentablemente también un país productor (en el caso del cánnabis). La vecindad con Marruecos provoca un continuo tráfico de hachís que ha dado lugar a problemas bien conocidos en la zona del Campo de Gibraltar y que se ha extendido a otras zonas como Huelva, Málaga, Sevilla, etc. Por otro lado, tenemos grandes puertos por donde entran los contenedores con cocaína procedente de los países productores de Latinoamérica. Valencia, Algeciras y Barcelona son puertos muy relevantes de entrada de cocaína, aunque, afortunadamente, no han llegado a los niveles de Amberes o Rotterdam. Y Galicia sigue siendo un lugar con gran actividad de llegada de barcos con droga aprovechando también las características de la costa y la existencia de organizaciones de narcotraficantes con gran experiencia en esta actividad. Me preocupa especialmente que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis del continente europeo, desde luego no es para sentirse orgulloso y hay que advertir de los peligros, no solo de mayor consumo, sino también de la instalación cada vez más frecuente de organizaciones criminales de otros países (de los Balcanes, de China, etc.) dedicadas a la producción y comercialización ilegal del cannabis.

 


“LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DEL DAÑO DE ALGUNAS DROGAS COMO LA COCAÍNA ES CORRECTA, PERO ME PREOCUPA LA GRAN BANALIZACIÓN DEL CONSUMO DE CÁNNABIS”


 

El Plan Nacional sobre Drogas hace hincapié en la prevención como principal herramienta para hacer frente a las adicciones. ¿Considera que es suficiente la información aportada a nuestros jóvenes sobre los peligros de las sustancias ilegales?

Efectivamente la tendencia al nuevo abordaje del problema de la droga es tratarlo con una visión holística que combine las tareas de reducción de la demanda con el esfuerzo en la disminución de la oferta, por eso todo lo que se haga en el ámbito de la prevención es importantísimo. Creo que en este momento la percepción de los jóvenes del daño de algunas drogas como la cocaína es más o menos correcta, pero me preocupa -y preocupa en general a los expertos- la gran banalización del consumo de cánnabis. El cánnabis es un gran negocio y se está generando mucha información interesada, organizada y confusa en las redes sociales, que es la que llega a los jóvenes, sobre sus beneficios y el escaso potencial negativo de su consumo, lo que los lleva en muchos casos a considerar que es peor fumar tabaco que marihuana. Es imprescindible contrarrestar estas campañas “publicitarias” con información pública sobre los daños de esta sustancia. Advertir que, además, la concentración de THC de las actuales plantas es altísima y el daño potencial mucho más grave. Es urgente evitar la confusión partiendo de una regulación adecuada del uso medicinal del cannabis que concrete y gestione sus usos positivos y, a la vez, advierta y evite los peligros del consumo recreativo.

La droga es un problema global. Desde su experiencia como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ¿qué papel juega la colaboración de su institución con organismos homólogos de otros Estados?

La droga es el primer negocio ilegal trasnacional y todos los mecanismos de cooperación fueron pensados y aplicados en primer lugar en relación con el narcotráfico. Mi experiencia de 20 años dedicada a la cooperación judicial internacional me permite conocer el escenario internacional e impulsar aún más la conexión y colaboración con las Fscalías antidroga de los países con quienes compartimos el problema. Francia es nuestro principal “socio” en esta cooperación, pero también Países Bajos, Bélgica e Italia son Estados con quien nuestra colaboración es más que frecuente, casi diaria. Sin mencionar, por supuesto, a los países latinoamericanos de donde procede en la mayoría de los casos la cocaína, con quienes tenemos excelentes relaciones y con quienes compartimos una Red Especializada de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (REFAI).

 


“VALENCIA, ALGECIRAS Y BARCELONA SON PUERTOS MUY RELEVANTES DE ENTRADA DE COCAÍNA, AUNQUE, AFORTUNADAMENTE, NO HAN LLEGADO A LOS NIVELES DE AMBERES O ROTTERDAM”


 

La pandemia puso de manifiesto nuevas modalidades en el tráfico de drogas, como la entrega a domicilio o el pago virtual desde dispositivos móviles (como bizum). ¿Es cada vez más complicado detener su consumo?

La pandemia incrementó el consumo de algunas sustancias y la necesidad de buscar vías alternativas de acceso a las mismas. El trabajo del Estado para reducir la demanda de los distintos tipos de drogas es muy intenso y el Plan Nacional Sobre Drogas realiza una actividad incansable en la que participan otras Administraciones y organizaciones no gubernamentales. La información sobre los daños de las sustancias y el debido tratamiento de las adicciones deben contribuir, igual que nuestro trabajo en la Fiscalía en los aspectos de reducción de la oferta, a acabar con el tráfico de drogas, pero, sin duda, no es tarea fácil.

 


“ME PREOCUPA ESPECIALMENTE QUE ESPAÑA SE HAYA CONVERTIDO EN EL PRIMER PAÍS PRODUCTOR DE CANNABIS DEL CONTINENTE EUROPEO”


 

En su lucha contra el tráfico de drogas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha unidades como el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) que opera en el Estrecho y basa sus investigaciones en el Big Data. ¿Cómo ha evolucionado la investigación de la Fiscalía Especial?

La investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sus unidades especializadas, UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional o la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, junto a Vigilancia Aduanera, son unidades formadas por grandes profesionales y que utilizan todas las técnicas de investigación especializadas y actualizadas para responder a la realidad de cada momento o de cada región. La Fiscalía no trabaja sola, sino que recibe y, en su caso, encarga estas actividades de análisis a las unidades policiales; es un trabajo conjunto y cada vez más valoro y apoyo este trabajo en equipo.

El centro de tecnologías del notariado Ancert desarrolló la plataforma electrónica de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). ¿Cuál es el grado de colaboración de su Fiscalía con este organismo transnacional?

Por mi destino anterior como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional conozco IberRed desde su inicio y soy punto de contacto de esta red desde su creación en Cartagena de Indias en 2004. He trabajado desde el primer momento en su impulso y en el desarrollo de su sistema de comunicación seguro Iber@ y en la redacción del Tratado de Medellín, que es el punto de partida para una nueva forma de comunicación. Sin embargo, creo que desde el punto de las autoridades judiciales operativas se ha quedado un poco corto. Por eso, ahora que utilizo la red de forma más activa como demandante de auxilio, estamos impulsando con el secretario general un uso más concreto y más habitual de Iber@ para las comunicaciones operativas y en nuestro caso, de los fiscales de la REFAI para la gestión de cuestiones urgentes y confidenciales como pueden ser las entregas controladas.

Las bases de datos notariales son de enorme ayuda

En 2011 la Fiscalía suscribió un convenio con el Consejo General del Notariado para acceder a la información de las bases de datos notariales. ¿Están satisfechos con esta colaboración?

La información de las bases de datos notariales es de enorme ayuda, y la actividad de análisis del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado es muy completa y de una excelente calidad, lo que nos proporciona informes imprescindibles para comprender operativas complejas y para conocer mejor la actividad del blanqueo de las ganancias provenientes del narcotráfico. Estos análisis e informes del OCP apoyan la presentación de las pruebas y son también muy valorados por los tribunales.

Entrevista a Soledad Cisternas, referente mundial de la defensa de las personas con discapacidad

CON SELLO PERSONAL

SOLEDAD CISTERNAS,

REFERENTE MUNDIAL DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Estamos en la era de los derechos, no de los favores»

CARLOS CAPA
María Soledad Cisternas Reyes es abogada y una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su vida profesional ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, llegando a ser presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En julio visitó España para participar en el acto de presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía, promovida por el CERMI y las fundaciones ONCE y Æquitas, de la que ha aceptado ser embajadora.

–Es usted un referente internacional para las personas con discapacidad. ¿Cuánto camino queda por recorrer para lograr la igualdad?

–Considero que falta bastante por hacer en muchos países, toda vez que no hay siquiera una modificación o reforma legal de los asuntos que tienen que ver con la capacidad jurídica en muchos de ellos. España ya inició este camino con la Ley 8/2021, derogando con ella las declaraciones de incapacidad y garantizando que las personas que lo requieran puedan contar con apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, con las salvaguardias que sean necesarias.

No me cabe duda de que esta modificación legal, por un lado, va a ser una buena llamada de atención hacia aquellos países que todavía no han iniciado un proceso de cambio o que si bien trataron de iniciarlo ha quedado paralizado.

En algunos países de América Latina como Argentina, Perú, Colombia, México o Costa Rica también se está trabajando en esta dirección de reformas jurídicas tendente a reconocer capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad.

La Alianza Apoyo y Autonomía que forman Fundación Æquitas, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impulsará la toma de conciencia sobre este asunto, conectando a las personas con discapacidad, sus familias, a la sociedad, al sector público, al sector privado, a los operadores judiciales y a otros de distintos ámbitos de la Administración del Estado. Esto permitirá a España avanzar rápidamente en esta dirección.

 


«LA LEY 8/202 PERMITIRÁ A ESPAÑA AVANZAR RÁPIDAMENTE EN LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

–Ha sido la primera mujer en presidir el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Qué labor se realiza desde la institución?

–Este mecanismo, que ya funciona desde hace años, adopta decisiones que van marcando una línea jurídica que ha sido utilizada para denuncias de personas o grupos de personas.

Ha implicado una transformación importante de todo el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos. Esa jurisprudencia se debe transversalizar hacia los órganos de tratados de otras convenciones internacionales.

 


«HAY MUCHAS BARRERAS QUE SE DUPLICAN, SE TRIPLICAN Y MULTIPLICAN PARA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD»


 

Hay que tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tiene cinco ejes vinculados a personas con discapacidad, además de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos indicadores también tienen que ver con las personas con discapacidad.

Las sinergias y la interacción entre la Convención y la Agenda 2030 es sumamente importante y esta se visibiliza mediante el trabajo de la sociedad civil.

En la Asamblea General de la ONU, prácticamente todos los años hay resoluciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Sus derechos no son una isla dentro de los derechos humanos, sino un estándar integrado que cruza todo el entramado jurídico, social, político y de desarrollo dentro de Naciones Unidas.

–Es abogada. ¿Cómo es el ejercicio del derecho para una persona que como usted tiene discapacidad visual?

–Empecé a estudiar Derecho porque mi principal valor en la vida es la Justicia. Mientras cursaba mi carrera estaba en pleno desarrollo de una discapacidad visual. Jamás me cuestioné no seguir estudiando. Lo hice con dificultad ya que entonces la tecnología para facilitar el estudio estaba mucho menos avanzada que hoy.

Animo a los jóvenes que tienen vocación por el derecho a que sigan ese sueño. Hoy la tecnología y los protocolos legales juegan a su favor para que puedan hacerlo y luchar también por lo que consideren justo y se adecúe a sus valores.

–La American Bar Association (ABA) la reconoció recientemente con el Premio Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a otros muchos recibidos. ¿Qué suponen para usted estos reconocimientos?

–Que el Colegio de Abogados más grande del mundo me otorgue un galardón, como también haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos en mi país, ha significado un reconocimiento que, creo, no es exclusivo a mi persona.

Significa visibilizar aquellas áreas del derecho que han estado más ocultas y eso representa un cambio trascendental en la mirada de los juristas internacionalmente que se dirige a los Derechos Humanos, no desde una perspectiva caritativa, ni médico asistencialista con las personas con discapacidad. Por esto, he acuñado la frase: estamos en la era de los derechos y no de los favores. Creo que esos reconocimientos abren la puerta a considerar que personas con discapacidad y sus derechos son Derechos Humanos.

 


«ESTOY TOTALMENTE CONVENCIDA DE QUE LA ALIANZA CERMI, ONCE Y ÆQUITAS ES DE UNA POTENCIA GIGANTE»


 

–¿Necesitan las niñas y mujeres con discapacidad una atención singular?

–Las niñas con discapacidad tienen una menor inclusión en la escuela que los niños en la misma situación. También el acceso a la educación superior es mucho menor para ellas. Aún es más duro pensar en la inclusión laboral, en la formación de la familia, en tener hijos. Hay muchas barreras que se duplican, se triplican y multiplican para las niñas y mujeres con discapacidad.

He denunciado esta situación recientemente en las Naciones Unidas. ONU Mujeres califica en 300 años de distancia de la igualdad real entre hombres y mujeres y yo me pregunto: ¿y las mujeres con discapacidad estaremos a 600 años de distancia? Es muy importante que los movimientos feministas incorporen en sus áreas de trabajo la inclusión social, política y económica de las mujeres y niñas con discapacidad y también las incorporen en sus mesas directivas. La mujer con discapacidad tiene las mismas capacidades, las mismas potencialidades, que cualquier otra mujer.

Debe eliminarse la discriminación múltiple que experimentan las mujeres con discapacidad y los Estados deben tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las personas con discapacidad, pero también del sector de mujeres. Esto está totalmente cruzado.

–¿Las personas con discapacidad sufren de manera especial la discriminación en el ámbito laboral?

–Debo reconocer que, en general, las empresas en distintas partes del mundo no tienen interiorizada la realidad de las personas con discapacidad. Incluso cuando se establecen leyes de cuota para la inclusión laboral, esta no se cumple exactamente. Y cuando la alternativa es pagar una multa en lugar de la inclusión, a veces se prefiere pagar esa multa. Para las empresas es una oportunidad incorporar personas con discapacidad. El nivel y la calidad que puede tener una compañía dirigida o gestionada por trabajadores con discapacidad es el mismo que el de otras.

–Visita España con ocasión de la presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía formada por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Æquitas. ¿Qué valor tiene el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan en la discapacidad?

–Estoy totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Æquitas es de una potencia gigante. No puedo dejar de felicitar a los notarios que han creado la Fundación Æquitas desde el Consejo General del Notariado de España, como muestra de su compromiso con la sociedad en la que viven y que toman como propias las causas de discapacidad.

Siento que con la participación de Æquitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etcétera además por supuesto de los notarios.

La mirada del notario es una mirada jurídica que tiene que ver con el ejercicio práctico en el que va a tener que enfrentarse con casos relativos a la capacidad jurídica de las personas. La Alianza Apoyo y Autonomía es de gran importancia para la aplicación de la Ley 8/2021 y va a ser fundamental, para su aplicación y para su perfección, si es necesaria en el futuro. Sin duda esta Alianza es potentísima.

–La seguridad jurídica toma, si cabe, más valor en lo que se refiere a las personas con discapacidad. ¿Es importante el trabajo de los notarios como garantes de los derechos a la plena capacidad jurídica de estas personas?

–Es muy importante el trabajo que hacen los notarios en los actos y contratos que realizan las personas. Creo que el Consejo General del Notariado está convencido de ponerse al servicio de las personas con discapacidad.

 


«LOS NOTARIOS ESTÁN PLENAMENTE COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

España muestra claramente que se puede modificar la legislación sustantiva y procesal para hacer crecer en derechos a las personas con discapacidad y hacerlas avanzar hacia la igualdad real. Y los notarios son imprescindibles para que se apliquen las nuevas normas de forma efectiva.

Huella digital

Soledad Cisternas tiene perfiles abiertos en las principales redes sociales:

Wikipedia tiene una entrada con su biografía en esta dirección.
El manifiesto de la Alianza Apoyo y Autonomía puede descargarse aquí.

Entrevista a Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

EN CURSO LEGAL

PATRICIA ARRIZABALAGA ITURMENDI

Magistrada del tribunal superior de justicia del país vasco

«Todos precisaremos en algún momento de medidas de apoyo»

ÁLEX OVIEDO

La magistrada Patricia Arrizabalaga participó en San Sebastián en el curso de verano Persona, Empresa y Tecnología, organizado por el Consejo General del Notariado. En él habló sobre los Aspectos prácticos de las medidas de apoyo. Actualmente es delegada del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

«ES NECESARIA LA COLABORACIÓN DE LO PÚBLICO Y PRIVADO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

Patricia Arrizabalaga nació en Bilbao, aunque pasó su infancia y adolescencia en Ceuta. Estudió en la Universidad de Deusto y opositó a magistratura, una profesión a la que quería dedicarse desde joven. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Eibar, después Vitoria, y finalmente Bilbao, donde descubrió, en el Juzgado especializado en materia de discapacidad en el que sirve, «un mundo que solo me ha aportado cosas buenas, profesional y personalmente».

–Hace ya dos años entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Cuáles son sus novedades significativas?

–Destacaría las siguientes: las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entendida como aptitud para actuar en el tráfico jurídico, son iguales a las demás, y, en consecuencia, tomarán ellas sus decisiones, en su caso con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. En segundo lugar, la desjudicialización de su vida, hasta donde sea posible, dando preferencia absoluta a las medidas voluntarias de apoyo de las que se provea la propia persona, y en las que los notarios juegan un papel esencial. Por último, reconociendo una realidad social, y es que la guarda de hecho en muchísimos casos funciona como apoyo adecuado y suficiente.

–¿Qué cambia con respecto a la normativa anterior?

–Debe cambiar todo, si se aplica atendiendo a su espíritu y finalidad, que son sustancialmente los de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque para que el cambio sea real y efectivo es precisa una transformación radical de mentalidad, no solo de los operadores jurídicos sino social, cultural, educacional. Tenemos la obligación de hacer pedagogía. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema, es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos.

–¿A qué llamamos persona con discapacidad?

–La discapacidad como circunstancia, no como esencia que define a la persona, es un concepto heterogéneo, que incluye realidades diversas, es dinámico. Pero desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de la Ley 8/2021, es la que afecta únicamente al ejercicio de la capacidad jurídica, principalmente las discapacidades intelectual y psicosocial en la medida en que incidan en las facultades intelectivas y volitivas de la persona. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, solo por el hecho natural de envejecer, precisaremos en algún momento de medidas de apoyo. Considero muy interesante que se extienda la cultura de la necesidad de planificar, a través de medidas voluntarias, los apoyos que queremos.

–¿Qué es una medida de apoyo?

–El apoyo es un concepto muy amplio, pero en lo que aquí interesa, es el que permite ejercer la capacidad jurídica referida antes; más concretamente, la Ley contempla las medidas voluntarias, la guarda de hecho y las judiciales –la curatela y el defensor judicial–, siendo estas las que deben entrar en juego en último lugar.


«EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 8/2021 ES TRISTEMENTE MUY RELEVANTE. OPERADORES JURÍDICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEMOS DARLA A CONOCER»


–¿Qué es la guarda de hecho?

–Es una medida informal de apoyo, que no precisa de investidura judicial, de una resolución judicial que la declare o constituya. Es el apoyo que se le proporciona a la persona con discapacidad por quien más próximo está a ella, generalmente, en su entorno familiar, debiendo ser adecuado y suficiente. Cuestión distinta es la problemática de su prueba, en la que son muy interesantes las actas de notoriedad y también los protocolos firmados con la Banca para que se avance en su reconocimiento efectivo como medida de apoyo.

–¿Y la curatela? ¿Hay diferencias sustanciales con la tutela? ¿Son conceptos distintos?

–Son radicalmente diferentes: la tutela de personas mayores de edad (o menores emancipados) prevista en la legislación anterior suponía la «muerte civil» de la persona con discapacidad, a quien literalmente se le sustituía en la toma de decisiones que le concernían, tanto personales como patrimoniales, quedando aislada, al margen de su propia vida. La curatela es otra cosa: tiene que ver con el cuidado de la persona con discapacidad, en el sentido precisamente de asistirla, acompañarla, informarla en su toma de decisiones. Una toma de decisiones, como regla general, le pertenece a ella, sin circunscribirse a aspectos económicos o patrimoniales, sino a decisiones de trascendencia personal. No debe inducir a confusión la curatela representativa, excepcional en el nuevo sistema, que solo entrará en juego cuando se constate la imposibilidad absoluta de autodeterminación. Pero, y esto es importante, incluso debe entenderse no como sustitución sino como reconstrucción o interpretación de la voluntad de la persona, atendiendo a su trayectoria vital, creencias, valores, los factores que hubiera tomado en consideración si no hubiera precisado de dicha medida.

–¿Qué obligaciones tiene el curador? ¿Quién puede serlo?

–Destacaría el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad a quien se asiste, siendo muy interesante la obligación de mantener contacto personal con ella, y fomentar que precise de menos apoyos en el futuro. Para garantizar todo ello son indispensables las salvaguardas y controles que corresponde fijar al juez, para evitar conflictos de intereses, abusos o influencias indebidas… En coherencia con el nuevo sistema, tiene prioridad el nombramiento que haga la propia persona con discapacidad, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, la Ley establece un orden de prelación, que incluye, y esto es lo interesante dada la evolución de la sociedad, a los «allegados», a los más próximos. Se trata de respetar su voluntad al respecto o, en su defecto, designar a la persona más idónea para comprender e interpretar sus deseos y preferencias.

–¿Cómo solicitar una medida de apoyo?

–Si hablamos de las estrictamente judiciales, esto es, la curatela y el defensor judicial, bien a través del Ministerio Fiscal, bien directamente, mediante una solicitud ante el Juzgado, en un expediente de jurisdicción voluntaria, en principio, más sencillo, ágil y flexible que un proceso contencioso.

–¿Qué implicación tiene la ley en los operadores jurídicos? ¿Y en los notarios?

–Hay que cambiar el chip, ser conscientes de que la persona con discapacidad es la protagonista absoluta. Su voluntad, deseos y preferencias deben ser atendidos, en la medida de lo posible, a la hora de pedir y determinar los apoyos. En el caso de los notarios, asumen una gran responsabilidad para guiar a la persona en la determinación de sus propias medidas de apoyo, las primeras en la «jerarquía» de medidas contempladas en la Ley, debiendo cerciorarse de que la voluntad manifestada por la persona con discapacidad responde a una voluntad suficientemente formada, no viciada, mediatizada o «cautivada» por intereses espurios.


«LA TUTELA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS) PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR SUPONÍA LA ‘MUERTE CIVIL’ DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD»


–¿No habría sido necesario haber dispuesto de elementos previos o personal especializado antes de la entrada en vigor de la ley?

–Es una realidad que faltan medios personales, materiales, formación… Pero no se puede esperar a tenerlos para aplicar una norma cuya necesaria promulgación ha sido un clamor, en especial desde el movimiento asociativo y las fundaciones. Cualquier cambio es siempre traumático pero, sencillamente, hay que hacerlo. Es cierto que actualmente requiere de mucho voluntarismo, que ni mucho menos es eficaz y suficiente, en lo que se refiere a los ajustes de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás, lo que es un derecho contemplado en la Convención, que, no olvidemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de directa aplicación, y también en la propia Ley 8/2021.

–¿Qué sucede con las sentencias de incapacidad o de modificación de capacidad anteriores a esta Ley?

–Hay consecuencias importantes, pero me gustaría resaltar dos: primero, la personas que fueron «incapacitadas» ya no lo están por Ley, lo que es muy reconfortante transmitirles. Precisamente en aplicación de la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2022, los Juzgados estamos obligados a revisar todas las sentencias anteriores, para adaptarlas a la nueva forma de entender la discapacidad; y segundo, todas las privaciones de derechos también quedan sin efecto, sin necesidad de declaración judicial.

–¿Se puede pedir la revisión de una sentencia antigua? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algún plazo?

–Por supuesto, no solo quienes han venido asumiendo el ejercicio de las instituciones de guarda legal anteriores, sino, y esto es especialmente relevante, la propia persona con discapacidad. Me gustaría recalcar que hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función. En cuanto al plazo, la ley nos obliga a revisarlas en un plazo de tres años, que, al menos en órganos especializados, se está demostrando claramente insuficiente.

–¿Cómo mostrar la trascendencia de esta ley a una sociedad cada vez más avejentada?

–En mi experiencia profesional durante estos dos años, el desconocimiento es tristemente muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones. Los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la Ley, también las Administraciones Públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc.

«LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SE SITÚA EN EL CENTRO MISMO DEL SISTEMA, ES LA PROTAGONISTA ABSOLUTA, Y ASÍ DEBE SER»

Foro Æquitas sobre discapacidad

–Hace unos meses se constituyó el Foro Æquitas sobre discapacidad del Colegio Notarial del País Vasco de que usted formó parte. ¿Qué supone este foro?

–No lo puedo expresar mejor que la vicedecana del colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, el día de su constitución: la colaboración conjunta de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, lo público y lo privado, en favor de las personas con discapacidad, creando un lugar de encuentro, acogiendo la filosofía de la mesa redonda que recoge la ley 8/2021 de 2 de junio, para dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de aquéllas. Dicha coordinación es un presupuesto básico para que funcione el nuevo sistema. Y me gustaría destacar la importancia de la coordinación con los servicios sociosanitarios, ya que aunque la discapacidad tenga una base orgánica o psíquica, los apoyos se han de fijar en función de la situación, circunstancias personales, contexto, en definitiva, de la organización vital de cada persona con discapacidad, de modo que se ajuste a sus concretas necesidades de apoyo, que se ha demostrado no dependen tanto de la discapacidad sino de dichos extremos.

Entrevista a Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España

CON SELLO PERSONAL

ANTÓN COSTAS,

PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

«El mayor logro del CES es la institucionalización del diálogo social permanente»

CARLOS CAPA

Antón Costas Comesaña (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) es presidente del Consejo Económico y Social de España (CES). Doctor en Economía, es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidió el Círculo de Economía de Barcelona entre 2013 y 2016. Su obra académica se ha centrado en los procesos de formación de las políticas públicas y de reforma económica. Para Costas, el mayor logro del CES es la institucionalización del diálogo social permanente, como instrumento facilitador de acuerdos sociales frente a los grandes retos y de mejora de la calidad del proceso legislativo.

–Lleva usted casi dos años presidiendo el Consejo Económico y Social. ¿Cómo valora este periodo?

–Lo definiría como un periodo apasionante. Estos dos años han coincidido con dos circunstancias extraordinarias. Por un lado, con una concatenación de calamidades (pandemia, guerra, inflación) que ha llevado a los gobiernos (español y europeo) a cambiar la forma de enfrentarse a las recesiones, aplicando medidas rápidas, eficaces y, en algunos casos, muy innovadoras.

Por otro, los nuevos fondos europeos asignados a España, tanto los orientados a hacer frente al desempleo (SURE), como especialmente los orientados a la transformación de la economía (NGUE), han conllevado la necesidad de elaborar y llevar a cabo un ambicioso programa de reformas económicas, sociales y administrativas.

Estas reformas han significado para el CES una actividad frenética mediante la elaboración y emisión de dictámenes sobre la mayoría de esos proyectos de reformas y nuevas políticas. Una actividad adicional a la de la elaboración de informes y las memorias anuales.

 


«LOS BANQUEROS CENTRALES TIENEN QUE APRENDER DE LOS CIRUJANOS A HACER CIRUGÍA SIN DOLOR»


 

–El CES tiene ya más de 30 años de vida como órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral. ¿Cuál ha sido su mayor logro?

–El mayor logro es la institucionalización del diálogo social permanente como instrumento facilitador, por un lado, de acuerdos sociales frente a los grandes retos y, por otro, de mejora de la calidad del proceso legislativo mediante la emisión de dictámenes sobre toda la actividad prelegislativa del gobierno en
materia económica, laboral y social.

El CES es un organismo autónomo que forma parte de la alta administración consultiva del Estado. Su creación estaba ya prevista en la Constitución, pero el debate político sobre la conveniencia de su creación tuvo lugar con cierto retraso, a principios de los años 90.

El motivo que impulsó su creación en 1991 fue el clima de conflicto laboral y social posterior a la primera huelga general de la democracia, en diciembre de 1988. Esas circunstancias pusieron en valor la necesidad de favorecer el diálogo social y el consenso mediante una institución en la que estuvieran representados los grandes agentes sociales que se mueven alrededor de la actividad económica. Creo que en estos más de treinta años el CES ha desarrollado con eficacia su labor.

–En tiempos crispados como los que están asentados en la vida pública actual, ¿cómo se vive el día a día en un órgano que reúne intereses dispares como los de la patronal, los sindicatos, las organizaciones del tercer sector, etc.?

–A lo largo de estas tres décadas se ha creado en el CES una cultura interna de búsqueda de consenso que facilita el día a día de la actividad de una institución cuya composición del Pleno es realmente compleja.

Esta cultura de consenso es como, por decirlo así, un ejercicio de yoga para practicar el diálogo social: escuchar, exponer y acordar, tanto aquello en lo que hay acuerdo como en aquellas cuestiones en las que se acuerda que no hay consenso.

Este diálogo social institucionalizado que se practica en el CES anticipa en muchos casos lo que ocurre después en el diálogo social, tanto bipartito entre sindicatos y patronales como tripartito con los gobiernos.

 


«LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS ASIGNADOS A ESPAÑA HAN CONLLEVADO LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UN AMBICIOSO PROGRAMA DE REFORMAS»


 

–¿Se valora lo suficiente la contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución o han visto devaluado su papel con los años?

–La contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece el artículo 1 de la Constitución Española ha sido, por lo que he dicho más arriba, muy relevante. Pero quizá su conocimiento y reconocimiento por parte de los ciudadanos no sea el debido y merecido.

Esa contribución se inició con la firma de los llamados «Acuerdos de la Moncloa», a principios del año 1977, en plena transición del franquismo a la democracia. En esos acuerdos, que precedieron a la elaboración de la Constitución, el papel de los agentes sociales fue determinante.

Viniendo al presente, imaginemos cuáles hubiesen sido las consecuencias de la concatenación de calamidades que estamos sufriendo desde 2020 sin la contribución de los catorce grandes acuerdos que han firmado los agentes sociales en estos años, y que incluyen los ERTE, la reforma laboral pactapactada o el reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Tengo la convicción de que esta capacidad de acordar de los agentes sociales es una contribución fundamental al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 


«UNA INFLACIÓN QUE VIENE POR EL LADO DE LA OFERTA NO SE PUEDE CURAR CON ELEVACIONES EXCESIVAS DE TIPOS DE INTERÉS QUE PUEDAN PROVOCAR UNA RECESIÓN»


 

–Usted es economista de formación. ¿Qué perspectivas hay para la economía global en un mundo tan cambiante y con tantos intereses contrapuestos?

–Aunque pueda parecer contradictorio, los momentos malos pueden acabar trayendo lo bueno. Sucedió así hace aproximadamente un siglo cuando después de dos guerras mundiales y una gran crisis, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se podía pensar que todo iría a peor, se fue capaz de construir un nuevo contrato social que repartió las tareas (gobernanza de la economía, educación, protección, desempleo, sanidad y pensiones públicas) entre el mercado, el Estado y la sociedad dando lugar a lo que se ha llamado el Estado de Bienestar.

Ese contrato social trajo los llamados «Treinta Gloriosos», los años 50, 60 y 70 en los que todo mejoró. Se logró construir un orden económico internacional efectivo; un capitalismo democrático e inclusivo trajo las grandes clases medias y una
sociedad más justa.

Por qué no pensar que después de varias décadas en las que esos logros se debilitaron no podamos ahora ser capaces de crear un nuevo contrato social para el siglo XXI, aprovechando precisamente que lo malo de estos momentos puede acabar trayendo lo bueno.

–Usted ha advertido que combatir la inflación sólo con subida de tipos es como practicar cirugía sin anestésicos. ¿En qué se basa para sostener este planteamiento?

–Los bancos centrales utilizan un libro de recetas de política que pertenece a una época pasada. En ese libro se dicen dos cosas. Que una inflación sólo se puede curar con una recesión, para lo cual los banqueros centrales están dispuestos a elevar
los tipos de interés hasta llegar a provocar una recesión. Además, en ese libro también se dice que curar una inflación sólo se puede hacer provocando dolor social.

Cuando hablan de dolor no lo dicen, pero se refieren al dolor de una parte de la sociedad, normalmente la más débil. Como profesionales, los banqueros centrales tienen que aprender de los cirujanos a hacer cirugía sin dolor. Creo que una inflación que viene por el lado de la oferta no se puede curar con elevaciones excesivas de tipos de interés que puedan provocar una nueva recesión. Hay que utilizar otros instrumentos como la política de competencia y los acuerdos sociales, como el que se acaba de firmar en España entre los grandes sindicatos y las grandes patronales (AENC).

En la medida en que la inflación está remitiendo de forma rápida, espero que los banqueros centrales no se empeñen en querer lograr a cualquier coste el objetivo del 2% de inflación que está su libro de recetas.

–¿Qué rol debe jugar el sistema financiero y bancario en el nuevo contrato social que usted defiende?

–Un buen contrato social ha de responder a una pregunta fundamental: ¿quién se ha de encargar de que en una sociedad liberal con economía de mercado la vida pueda transcurrir de forma armoniosa y eficiente?

En este contrato social el sistema financiero y bancario tiene la doble tarea de financiar de forma eficiente y responsable las actividades de las empresas y las familias, a la vez que la de retribuir de forma justa el ahorro de las familias. Y debe hacer esta doble tarea de forma responsable, de acuerdo con el viejo principio del buen capitalismo: hacerlo a «riesgo y ventura».

–¿La seguridad jurídica –de la que el Notariado es protagonista– goza de buena salud en España?

–España clasifica bien en el epígrafe de seguridad jurídica preventiva en los rankings internacionales más prestigiosos que miden y comparan la calidad democrática y de gobierno. Pienso que este es el indicador objetivo que debemos tener en cuenta y no dejarnos influir por percepciones erróneas que puedan generar casos puntuales.

 


«LOS NOTARIOS DESARROLLAN BIEN ESTA TAREA FUNDAMENTAL DE DAR CONFIANZA A LOS CONTRATOS MERCANTILES Y A LA EFICIENCIA DE LA ECONOMÍA»


 

–¿Cómo pueden contribuir los notarios con su experiencia en la vigilancia y regulación de las relaciones comerciales y las inversiones a la solidez de la economía?

–Una de las funciones primordiales de los notarios es dotar de confianza y certeza, mediante seguridad jurídica, a las partes involucradas en las transacciones mercantiles que intermedian, previniendo fraudes.

La confianza es un activo esencial para el buen funcionamiento de la economía; entre otros beneficios, disminuye los llamados “costes de transacción” de todas las transacciones y contratos. Pienso que los notarios desarrollan bien esta tarea fundamental de dar confianza a los contratos mercantiles y a la eficiencia de la economía.

Huella digital

Aunque el presidente del CES no tiene cuenta propia en Twitter, sí la tiene el organismo, desde la que se informa de sus actividades (@CESEspana).

Antón Costas tiene una entrada en Wikipedia donde se puede consultar su biografía y obra publicada.

En la página web del CES se puede consultar la agenda de su presidente.

Entrevista a Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio. Al frente de la abogacía mundial

EN CURSO LEGAL

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL y URQUIOLA DE PALACIO

Al frente de la abogacía mundial

De izquierda a derecha: Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil.
CARLOS CAPA

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

 


URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”


 

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

 


ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”


 

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.

Almudena Arpón de Mendívil posa con el dibujo de Esteban que le entregaron como galardón.

«LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO EN ESPAÑA ES UN INGREDIENTE ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA»

Huella Digital

Urquiola de Palacio mantiene una cuenta en Twitter @UrquiolaPalacio
En Linkedin su perfil se encuentra aquí.

La UIA tiene también un perfil en Linkedin accesible aquí.

Almudena Arpón de Mendívil no tiene perfil en las redes sociales, pero lo tiene la IBA en Linkedin. 

Urquiola de Palacio.

«EL NOTARIO ES EL ELEMENTO CLAVE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA Y CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD»

Entrevista a Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo

CON SELLO PERSONAL

ÁNGEL GABILONDO,

DEFENSOR DEL PUEBLO

«Mi objetivo es poner la institución al servicio de los que no tienen voz»

CARLOS CAPA
Ángel Gabilondo Pujol (San Sebastián, Guipúzcoa,1949) es el Defensor del Pueblo desde 2021. Apasionado de la vida universitaria es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dónde se doctoró en Filosofía y de la que llegó a ser rector. Entre 2009 y 2011 fue titular del Ministerio de Educación. Entre 2015 y 2021 fue diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Después de más de un año como Defensor del Pueblo, pero toda una vida dedicada al servicio público en diferentes ámbitos, ¿qué ha supuesto para usted desempeñar esta responsabilidad?

Ser Defensor del Pueblo no es tarea para una labor diletante de alguien aislado, encerrado en sus opiniones y preferencias. Se trata de atender, casi de conversar. Es una oportunidad única de trabajar por los derechos fundamentales, de ser la voz de los más vulnerables y de crear condiciones para que se les escuche. Como dije en el discurso de toma de posesión, uno de mis objetivos principales en el desempeño de esta labor es poner a la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, ni somos cronistas de la actualidad. Estamos aquí para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de implementar medidas que mejoren la situación los ciudadanos que nos trasladan sus problemas mediante sus quejas.

Mi compromiso es trabajar con ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia y, como la Ley señala, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno, en defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.


«LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HAN INSISTIDO CON SUS QUEJAS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DEBEN REFORZAR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES»


En su toma de posesión se comprometió a continuar con “el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Puede hacer un balance de su actividad en estos campos durante lo que lleva de mandato?

Acabamos de presentar el Informe de la actividad de la institución en 2022 en el que damos cuenta de los 31.452 expedientes que hemos tramitado en este ejercicio que han dado lugar a más de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones. En este informe se pueden encontrar múltiples ejemplos de nuestra labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los ciudadanos y ciudadanas han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. Supervisar es, por tanto, también impulsar y mostrar públicamente lo que cabe mejorar, así como hacer recomendaciones para lograrlo. Y en eso estamos.

Es un clamor la necesidad de reforzar la atención presencial en múltiples servicios públicos como la sanidad, la Seguridad Social o los registros civiles, entre otros, y ha de hacerse un enorme esfuerzo al respecto.

El pasado año la Institución cumplió 40 años. ¿Cuál ha sido en este periodo la contribución del Defensor del Pueblo a la democracia española?

En estas cuatro décadas de historia, la institución ha recibido casi un millón de quejas de los ciudadanos y ha iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Además, se han dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, las dilaciones judiciales, la vivienda o los impuestos.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.

Su nombramiento fue aprobado por las Cámaras con una mayoría superior a los 3/5 exigidos. Uno de los pocos consensos logrados en esta legislatura. ¿A qué atribuye haber podido conciliar tanto respaldo en un escenario político tan polarizado?

A lo largo de mi vida pública siempre he intentado huir de la crispación. Nunca he visto a mis oponentes como enemigos a batir, sino como contrincantes para convencer y compartir desafíos. Las pasiones aisladas se oponen a la razón y yo prefiero trabajar desde la razón, con pasión, desde la colaboración, y desde el servicio a los ciudadanos. Siempre he buscado el consenso y la integración. Y ser Defensor radica en lo que significa serlo del pueblo, sin exclusiones, en el sentido más pleno de esta palabra. Igual todo esto tuvo que ver con el respaldo obtenido.

¿Colaboran todas las administraciones con diligencia cuando se les requiere información? ¿Hay alguna más reacia a facilitar su función?

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, obliga a que las administraciones contesten a la institución sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no siempre es inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales. De hecho, todos los informes anuales del Defensor del Pueblo incluyen un apartado específico para señalar a estas administraciones que no colaboran. Además, también publicamos este listado en nuestra página web (www.defensordelpueblo.es).


«MUCHOS CIUDADANOS HAN INVERTIDO SUS AHORROS EN CRIPTOMONEDAS Y HAN ACABADO PERDIENDO TODO LO INVERTIDO»


Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser con frecuencia ayuntamientos e incluso entidades locales pequeñas. Somos conscientes de las carencias y la falta de medios materiales y humanos de algunos municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo, desde su posición y con sus razones. Si argumentan que carecen de medios para dar respuesta, nosotros lo haremos constar en nuestro Informe anual.

Hace unos meses denunció que “no hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad”. La subida de los tipos de interés, la elevada inflación la enrevesada burocracia en la concesión de ayudas están abocando a todavía más personas a esa vulnerabilidad. ¿Qué hacer?

Como se puede ver en Informe correspondiente a 2022, publicado recientemente, la institución Defensor del Pueblo permanece muy atenta a todas las ayudas y prestaciones que conforman el denominado “escudo social” y cuyo fin es proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En nuestra opinión, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello, llevamos tiempo realizando recomendaciones para mejorar su aplicación. El objetivo tiene que ser consolidar un sistema estatal de garantía de ingresos, estable y mejorado progresivamente, que articule bien la acción de todas las Administraciones Públicas en su deber de asistencia dé una justa respuesta al derecho a la protección social de las personas en situación vulnerable.

Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento, y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.

Otros ejemplos de nuestras actuaciones en este campo es la recomendación para que el IRPF recoja la exención de las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, y las acciones realizadas para evitar la exclusión financiera de colectivos especialmente vulnerables.


«A LO LARGO DE MI VIDA PÚBLICA SIEMPRE HE INTENTADO HUIR DE LA CRISPACIÓN. LAS PASIONES AISLADAS SE OPONEN A LA RAZÓN Y YO PREFIERO TRABAJAR DESDE LA RAZÓN»


El Defensor del Pueblo siempre ha tenido un especial interés por la situación de las prisiones y la política penitenciaria. ¿En qué situación estamos actualmente?

La institución Defensor del Pueblo ha de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que, si bien han perdido la libertad en razón del delito cometido, son poseedores de todos los derechos establecidos en la Ley Penitenciaria, su reglamento y otras normativas. Tramitamos sus quejas y visitamos los centros penitenciarios para conocer, de primera mano, la situación de la plantilla que trabaja en los mismos y de las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España, lleva a cabo visitas periódicas a esos lugares. En 2022 el MNP realizó 62 actas de visitas, que dieron lugar a 795 resoluciones.

Las 795 resoluciones emitidas por el MNP abordan algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

En los últimos años ha habido mejoras en los centros penitenciarios españoles tanto en lo referido a instalaciones como a las condiciones de vida de los internos. La Administración penitenciaria ha aceptado las recomendaciones de la institución relativas a videoconferencias, reconocimientos médicos o cumplimiento de sanciones. No obstante, siempre detectamos asuntos susceptibles de mejorar, por ejemplo, este año hemos insistido en la necesidad de reforzar la sanidad penitenciaria.

En su último informe a las Cortes Generales denunciaba la falta de regulación de los criptoactivos y el riesgo que ello conlleva. ¿Cree que hay interés en dar una salida a esta situación?

La institución comparte la preocupación por el fenómeno de los criptoactivos y su creciente tráfico. Muchos ciudadanos han invertido sus ahorros en criptomonedas y han acabado perdiendo todo lo invertido. Efectivamente, en el Informe de 2021 señalábamos nuestra preocupación por la falta de regulación específica y confiábamos en que, al ser este un fenómeno nuevo, se legislase con prontitud para proteger al consumidor. En estos momentos está pendiente de aprobación una propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, conocido como Reglamento MICA.


«LA LABOR DE LOS NOTARIOS ES FUNDAMENTAL YA QUE SU ACTUACIÓN ES GARANTÍA DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD»


¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España es un Estado de Derecho y goza de seguridad jurídica y en este contexto la labor de los notarios es fundamental ya que su actuación es garantía de seguridad y legalidad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ocupa de la Administración de Justicia desde el respeto a la independencia judicial: no puede intervenir en asuntos judicializados, si bien puede actuar en cuanto a los problemas generales de la Justicia y en todo lo que se refiere a la denominada Administración de la Administración de Justicia. En este sentido, formulamos resoluciones e incluso proponemos modificaciones normativas cuando consideramos que nos necesarias.

Huella digital

En estos momentos Ángel Gabilondo no dispone de una cuenta personal activa en Twitter u otras redes sociales, pero si la tiene la institución del Defensor del Pueblo desde la que se informa de su actividad @DefensorPuebloE

En la página web del Defensor del Pueblo se puede conocer la agenda de Ángel Gabilondo así como los informes que realiza la institución.

En el portal web “Todos Tus Libros” se puede acceder a toda la obra escrita por Ángel Gabilondo

Entrevista a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

CON SELLO PERSONAL

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ,

Fiscal General del Estado

“La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es imprescindible e inevitable”

CARLOS CAPA
El pasado agosto tomó posesión de su cargo como Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, salmantino de nacimiento (1967) pero vallisoletano de adopción. Toda una carrera dedicada al Ministerio Público culminaba llegando a su más alta instancia. Accesible, amable, dialogante y firme en sus convicciones, comparte con Escritura Pública sus anhelos y sus líneas de actuación.

Lleva ya unos meses como Fiscal General del Estado, pero toda una vida en la fiscalía. ¿Qué ha supuesto para usted alcanzar la cúspide de la carrera?

Algo impensable para mí antes de que ocurriera. Yo nunca me planteé como objetivo de futuro hacer una carrera profesional dentro de la jerarquía de la institución.

En primer lugar, un honor inmenso que cualquier fiscal de este país podría reproducir. Porque para nosotros, para los fiscales, la figura del Fiscal General del Estado es algo más que el representante de la institución.

No se puede decir ni la culminación de una carrera, ni usar este tipo de expresiones, porque siendo un honor, significa una oportunidad de hacer muchas de aquellas cosas que a lo largo de la vida profesional se pueden plantear para mejorar la carrera o la institución.

Y luego, en tercer lugar, una responsabilidad muy grande hacia tu propia carrera, pero también hacia afuera, hacia el lugar que le corresponde en el esquema de la justicia o del equilibrio de poderes de este país.

¿Los fiscales son autónomos o independientes? ¿Es correcta la regulación actual de su función, o debería, dentro de lo permitido por la Ley, modificarse en algún punto?

La vocación es siempre ganar en autonomía. Lo que hemos hecho francamente mal durante los 40 años que lleva el Estatuto Orgánico en vigor es explicarle a la sociedad lo que somos. Quizá si nos conocieran mejor, la sociedad desconfiaría menos o tendría menos desconfianza hacia la figura del fiscal, sin ninguna duda. Pero si se proponen mecanismos para reforzar la autonomía, desde luego creo que hay que acogerse a ellos. Y el mecanismo que más autonomía da a cualquier institución es, sin duda, un margen presupuestario propio. Eso es lo que a los fiscales o a la Fiscalía española razonablemente le daría ese plus necesario, pero sin inventarnos nada. Es la línea que puede tener el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, otros órganos constitucionales, como somos nosotros, que tienen ese margen de autonomía presupuestaria, porque a partir de ahí, se pueden ejercer las potestades sin estar ligado a otros intereses o a otras necesidades.

 


“SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO ES UN HONOR Y UNA ENORME RESPONSABILIDAD CON LA CARRERA Y CON EL PAÍS”


 

Durante veinte años ha sido Fiscal de Medio Ambiente. ¿Cree que los delitos medioambientales están bien regulados en él Código Penal? ¿Tienen los fiscales suficientes herramientas para combatir, por ejemplo, los incendios forestales provocados?

La especialidad de medio ambiente quizás sea la que requiere más conocimiento en relación con lo que es el derecho extra penal y nuestra labor como fiscales, ya que interviene en ámbitos tan diferentes como el urbanismo, la flora y fauna, las especies vegetales, los vertidos, los incendios forestales… todos ellos afectados por la legislación nacional y por la de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales. Eso hace que sea especialmente complejo. Necesitamos un apoyo pericial de expertos fuera de nuestro conocimiento del derecho penal y creo que el camino que nos queda por recorrer es largo para tener todas estas herramientas. El derecho penal ambiental, además, es cambiante. Estamos en un ámbito europeo en el que las directivas también nos dicen cómo tenemos que protegerlo, lo que provoca cambios en la legislación nacional.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría a los fiscales nuevas competencias en la instrucción, sigue atascada en su tramitación. ¿Es necesario este cambio histórico en la regulación del proceso penal en España?

Creo que es imprescindible y es inevitable. La investigación es un modelo basado en los partidos judiciales del siglo XIX y en preceptos preconstitucionales. No se sostiene ahora mismo por eficacia.

El partido judicial ya no es el lugar donde se producen los hechos. La delincuencia es transnacional, se comete en la nube, en cualquier lugar del mundo y utiliza todos los espacios posibles.

El modelo constitucional otorga a los jueces la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y tutelar los derechos fundamentales. La Constitución no les otorga la investigación porque les convierte en juez y parte.

El modelo actual no se sostiene y no hay ningún país en nuestro entorno europeo judicial con uno similar.

El sistema español es realmente complicado y parece partir de la desconfianza hacia los fiscales. Quizás porque el Ministerio Fiscal franquista era el brazo del gobierno en la Justicia. Y aunque eso ha dejado de ser así aún nos cuenta mucho explicar la figura del fiscal.

 


“HAY UN LARGO CAMINO POR RECORRER EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”


 

¿Qué ha supuesto para la fiscalía española la reciente puesta en marcha de la Fiscalía Europea?

Es un ejemplo muy claro de que es inevitable la reforma. La estructura que nos impone Europa, y que Europa ya implanta en todos los países, es una estructura de investigación de la Fiscalía.

Hay que hacer un esfuerzo de adaptación de la Fiscalía Europea y sus estructuras al sistema procesal español. En ese camino hay dificultades porque son modelos diferentes. No voy a decir que no sean homologables, pero hay que hacer que encajen. Hay unas competencias compartidas que hay que delimitar entre la Fiscalía española y la Europea.

Naturalmente, como con cualquier reforma, hace falta un periodo de adaptación y que las instituciones se acoplen de una manera eficaz.

¿Es la Justicia la “cenicienta” de los servicios públicos? Los partidos políticos apenas le prestan atención en sus programas electorales.

Me gusta hablar en positivo y es que las Administraciones públicas o los poderes públicos que la gestionan, deben ser capaces de darse cuenta del valor que tiene la Justicia.

Hay que poner en valor que un servicio público de Justicia, ya sea en el ámbito civil o privado o en el ámbito penal, público o administrativo, es muy rentable para un país. La seguridad jurídica unida al Derecho Penal, o en las transacciones comerciales, o en el tráfico jurídico, son esenciales para el funcionamiento de un Estado.

 


“EL NOTARIADO HA CONSEGUIDO QUE TODO SEA MÁS DIFÍCIL PARA LOS DELINCUENTES; POR EJEMPLO, HACER TRANSACCIONES INMOBILIARIAS QUE PUEDAN OCULTAR DELITOS”


 

Las políticas contra la violencia de género, a la vista de las estadísticas, no han logrado reducir significativamente su presencia en la sociedad. ¿Qué podemos hacer?

Yo creo, en primer lugar, que el esfuerzo que ha hecho este país en materia de violencia de género es ejemplar comparado con cualquier otra nación del mundo.

De hecho, somos observados y una referencia para muchos países del entorno europeo, y hablo de países de primer nivel. Es muy difícil saber cuánto daño se ha evitado, pero estoy seguro de que el trabajo, el extraordinario trabajo que se ha hecho en estos años en muchos ámbitos como la fiscalía, la justicia, la policía, los servicios sociales…, han puesto en primera línea un problema enorme en las sociedades contemporáneas.

Se pueden hacer mejores cosas, pero también hemos avanzado mucho. Hay que detectar con mayor claridad la violencia; hay que aislar a los violentos; hay que detectar la peligrosidad del maltratador; hay que amparar a las mujeres objeto de esta violencia y a las niñas. También hay que utilizar recursos sociales antes y después de la denuncia y mejorar la distribución de los juzgados de violencia contra la mujer. Hay que concentrar los recursos. Y, sobre todo, hay que educar; hay que transformar la sociedad.

¿Cómo valora la función que realiza el Notariado, mediante instrumentos como el OCP y la Base de Datos de Titular Real en la prevención del blanqueo de capitales?

Cualquier persona que trabaje en una notaría ha visto el cambio extraordinario de las oficinas y de cómo los notarios y sus despachos se han convertido en un instrumento extraordinario para evitar comportamientos que escapaban del control de las Administraciones públicas o que directamente podían ser ilegales o ilícitos.

Las obligaciones o las capacidades de los notarios, y los instrumentos de control de actividades financieras en los que participa el Notariado como los registros de bienes, han hecho que ahora sea todo bastante más complicado para los delincuentes. Por ejemplo, hacer transacciones inmobiliarias o económicas que puedan ocultar o dificultar la investigación de los delitos.

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España tiene una buena calidad en seguridad jurídica. Es un país fiable, y en esto el Notariado tiene mucho que ver.

Creo que hay que poner en valor la existencia de un cuerpo que no existe como tal o de manera idéntica en el resto de países del mundo. Debemos ser conscientes de sus capacidades. En mi opinión a la estructura notarial se le puede sacar, en el futuro, mucho más partido en un tráfico jurídico moderno. El Notariado es una estructura de país que ha de ser totalmente aprovechada como servicio público.

Huella digital

Aunque Álvaro García no dispone de un perfil público en Twitter, sí lo tiene la Fiscalía General del Estado, desde el que se informa de sus actividades @fiscal_es

  • En la página web de la FGE figura la biografía de Álvaro García, así como su agenda pública.
  • También Wikipedia mantiene una entrada dedicada al actual Fiscal General del Estado.

Entrevista a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CON SELLO PERSONAL

JOSÉ MANUEL ALBARES,

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, EUROPEAN UNION AND COOPERATION

«El contexto internacional del último año ha sido el más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín»

‘The international context of the past year has been the most complex and troubled since the fall of the Berlin Wall’

CARLOS CAPA

«España centrará su presidencia en reforzar la seguridad energética, la recuperación económica y en que la UE sea más relevante en el mundo»

“Spain will focus its presidency on strengthening energy security, economic recovery and making the EU more relevant in the world”

Diplomático de carrera, José Manuel Albares ha estado destinado en Colombia, Francia y en la Representación Permanente de España ante la OCDE. Asesor de relaciones internacionales de Pedro Sánchez durante la primera etapa de este como líder del PSOE, tras su llegada a la Presidencia del Gobierno fue nombrado secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, para ser a continuación embajador ante la República francesa y el Principado de Mónaco. Elegido miembro del Comité Federal del PSOE en 2021, en julio de ese año fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España.

Tras más de un año al frente de un Ministerio de tanta importancia y complejidad, ¿cuál es su balance de esta etapa?

El balance del primer año ha venido marcado por el contexto internacional más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín. Apenas había tomado posesión del cargo cuando estalló una profunda crisis en Afganistán que nos hizo dar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra solidaridad para auxiliar a todos aquellos que perseguía el régimen talibán. Poco después Putin decidió iniciar su ataque ilegal, injusto e injustificado, a Ucrania abriendo una de las crisis más profundas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años pero que también ha sido una extraordinaria oportunidad para reforzar la familia comunitaria que formamos los países de la UE. No sólo eso, la OTAN se ha revelado una vez más como un instrumento sólido y eficaz para trabajar hacia una paz que en la exitosa Cumbre de Madrid diseñó el concepto estratégico que nos guiará a los países que formamos parte de la Alianza durante los próximos años. Y, entretanto, seguimos trabajando en la nueva etapa de la relación con Marruecos; por una nueva Ley de Cooperación de la que se beneficien los cooperantes y a quienes va dirigida su acción, pero, sobre todo, para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

Dedicamos el tema de nuestra portada a la presidencia española de la UE. ¿Cuáles serán las prioridades?

La agenda de contenidos es algo vivo, pero ya le puedo avanzar que España incidirá en varias líneas generales: recuperación económica, en un momento complicado para los ciudadanos y las familias en Europa; seguridad energética de la Unión, y el refuerzo del papel de Europa en el mundo. Trabajaremos por consolidar los principales ejes de actuación que España ha contribuido a conformar: transición ecológica, transformación digital, pilar social, asilo y migración. Y, en lo que se refiere a prioridades geográficas en las relaciones exteriores de la Unión, serán prioritarias regiones como América Latina y el Caribe y el Mediterráneo.

Ha señalado que España trabaja en una presidencia que refuerce la Unión Europea «para que sea capaz de seguir respondiendo a las crisis que se presenten y que continúe el desarrollo institucional y legislativo de forma que responda a las expectativas de los españoles y los europeos». Sin duda un gran reto… ¿Qué líneas de actuación seguirán?

La experiencia de presidencias recientes demuestra que las prioridades evolucionan en función del contexto en que se desarrolla el semestre, particularmente cuando se producen crisis de gran magnitud que modifican los objetivos inmediatos. No obstante, a unos pocos meses del comienzo de la presidencia española pueden identificarse áreas de trabajo que previsiblemente respondan a estas expectativas, como la consecución de una Europa más independiente y autónoma en todos los ámbitos, cuestiones medioambientales y energéticas, sin olvidar aspectos institucionales como un debate constructivo sobre la composición, funcionamiento y eficacia de la Unión Europea para las próximas décadas.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra que la sigue han provocado una respuesta europea sólida. ¿Cómo está contribuyendo España?

España, el gobierno y también todo el pueblo español se han volcado con el apoyo a Ucrania desde el principio, posicionándonos de forma contundente en contra de esta guerra brutal e injusta. En el marco de la Unión Europea y de la OTAN, hemos contribuido con ayuda diplomática, política, humanitaria y militar. Yo mismo viajé a Ucrania este mes de noviembre para entregar 30 ambulancias medicalizadas para atención ginecológica ya que muchos hospitales han sido destruidos por los bombardeos rusos. Nuestra voluntad es la de seguir apoyando a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su soberanía, desde todos los ámbitos posibles hasta conseguir la paz.

¿Qué supone para nuestro país la implementación de las políticas europeas Next Generation?

El instrumento para la recuperación económica, Next Generation EU, constituye un ejemplo de respuesta común de la UE ante los desafíos globales. En el marco de este instrumento, España adoptó en mayo de 2021 su Plan de Recuperación, Transformación y en estos momentos lidera la implementación de los planes de recuperación en Europa, siendo el único país que ha solicitado el tercer pago en 2022. Con la ejecución de este Plan de Recuperación esperamos poder incrementar el nivel del PIB 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031 y las expectativas están, además, orientadas a un cambio en la productividad total de los factores. Ya estamos viendo cómo con el conjunto de reformas e inversiones previsto, y ya en curso, está aumentando el crecimiento de la economía española, a la vez que se promueve un cambio estructural en sectores como el energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

 

 


«QUEREMOS PROPONER EL RELANZAMIENTO
COMPLETO DE LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS ENTRE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA»


 

Si volvemos la vista a otras cuestiones: ¿En qué estado están las relaciones entre España y Marruecos?

Marruecos es un país muy importante para nosotros y por eso hemos puesto un gran empeño en reconducir unas relaciones que estaban muy deterioradas. Este ha sido desde el principio para mí, un tema capital. Ahora estamos en una nueva etapa de nuestras relaciones bilaterales en la que ambos países estamos muy satisfechos. En seis meses me he reunido ochos veces con mi homólogo marroquí, Nasser Bourita, y hemos hecho avances muy significativos. Hay datos que confirman esta buena sintonía, por ejemplo, la migración irregular que proviene de África, y que tiene como país de tránsito Marruecos, se ha reducido ya en un 23% mientras todas las rutas están subiendo; nuestros intercambios comerciales han crecido en un 30%, alcanzando las exportaciones españolas los 9.000 millones de euros en lo que llevamos de año y son cifras que esperamos que vayan a mejorar. Se ha retomado la conectividad marítima y aérea y se ha reabierto la frontera con Ceuta y Melilla.


«EL NOTARIADO ESPAÑOL ES CLAVE PARA PODER FACILITAR LAS RELACIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA SEGURIDAD»


Latinoamérica ha dado un giro político en los últimos meses. ¿Qué peso tiene España hoy en la Región?

España concede un lugar prioritario a América Latina y el Caribe como región estratégica en su política exterior y cuando nos enfocamos en agendas de democracia, prosperidad, igualdad, es más fácil encontrarnos y caminar juntos. En ese sentido, estamos trabajando en un importante calendario iberoamericano con citas clave como la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023, o el lanzamiento de una Alianza Digital UE-América Latina en el primer semestre del año. Además, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre del año, queremos proponer el relanzamiento completo de las relaciones estratégicas entre Europa y América Latina. El objetivo es que Europa y América Latina se vean como lo que son: aliados y amigos estrechos y naturales que compartimos valores y una visión común sobre los grandes desafíos globales.

¿Es la cooperación española uno de nuestros mejores embajadores?

Sin duda es uno de los pilares de nuestra acción exterior y desde el Ministerio hemos hecho una apuesta muy clara con la nueva ley de cooperación, para la que el Gobierno ha obtenido el respaldo de todos los grupos políticos salvo VOX. Se trata de la primera ley de cooperación que se aprueba en 25 años, y la primera que presenta un ministro de Exteriores desde 2014. Con esta norma, que es un verdadero hito de Estado, España se pone a la vanguardia reforzando todo el sistema de cooperación española para adaptarlo a los nuevos desafíos globales, con un modelo más eficiente e innovador, con mejores condiciones para las personas cooperantes y con una AECID reforzada como piedra angular.

El notariado español contribuye a la seguridad jurídica y está presente en 91 países del mundo. ¿Cómo valora su labor?

En un mundo globalizado como el que vivimos y con una economía altamente internacionalizada como es la española, con fuertes inversiones en el extranjero, la seguridad jurídica es una cuestión clave en la que el Notariado español juega un papel crucial. En América Latina, por ejemplo, donde España es el primer inversor europeo y el segundo mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, la labor del Notariado español es fundamental para poder facilitar las relaciones comerciales y empresariales con todas las garantías y la seguridad necesaria para el éxito.

A career diplomat, José Manuel Albares has been posted to Colombia, France and the Permanent Representation of Spain to the OECD. Pedro Sánchez’s adviser on international relations during his first term as leader of the PSOE, upon taking office as prime minister, he appointed him Secretary-General for International Affairs, the European Union, G20 and Global Security, before a posting as ambassador to the French Republic and the Principality of Monaco. Elected to the PSOE Federal Committee in 2021, in July of that year he was appointed Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of the Kingdom of Spain.

After more than a year in charge of a Ministry of such importance and complexity, how would you take stock at this stage?

The course of the first year was marked by the most complex and troubled international context since the fall of the Berlin Wall. I had only just taken office when a profound crisis broke out in Afghanistan, demanding our utmost efforts and solidarity to assist all those persecuted by the Taliban regime. Soon after, Putin decided to launch his illegal, unjust and unjustified attack on Ukraine, opening up one of the deepest crises we have faced in recent years, but which has also been an extraordinary opportunity to strengthen the family of EU countries. Not only that, but NATO has once again emerged as a strong and effective instrument to work towards a peace which at the successful Madrid Summit generated the strategic concept that will guide the countries that belong to the Alliance over the coming years. In the meantime, we are continuing to work on the new stage of the relationship with Morocco; on a new Cooperation Act which helps aid workers and the beneficiaries of their actions, but above all aims to ensure peace and global stability.

We dedicate our cover to the topic of the Spanish presidency of the EU. What will the priorities be?

The content agenda is a living entity, but I can already tell you that Spain will have an impact on several broad lines: economic recovery, at a difficult time for citizens and families in Europe; energy security in the Union; and strengthening Europe’s role in the world. We will work to consolidate the main areas of action that Spain has helped shape: ecological transition, digital transformation, social pillar, and asylum and migration. With regard to geographical priorities in the Union’s external relations, priority will be given to regions such as Latin America and the Caribbean, and the Mediterranean.

You indicated that Spain was working on a presidency that would strengthen the European Union «so that it can continue to respond to any crises that might arise, with institutional and legislative development continuing in response to the expectations of Spaniards and Europeans.» Undoubtedly a great challenge… What are the lines of action?

The experience of recent presidencies shows that priorities evolve in line with the context of the six-month period, particularly when large-scale crises emerge, and change the immediate objectives. However, a few months before the Spanish presidency begins, the areas of work that are expected to meet these expectations may be identified as the achievement of a more independent and autonomous Europe in all areas, environmental and energy issues, without overlooking institutional aspects such as a constructive debate on the composition, functioning and effectiveness of the European Union for the coming decades.

The Russian invasion of Ukraine and the ensuing war have provoked a strong European response. How is Spain contributing?

Spain, the government and also the entire Spanish people, have thrown themselves into supporting Ukraine since the outset, positioning us strongly against this brutal and unjust war. Within the framework of the European Union and NATO, we have contributed with diplomatic, political, humanitarian and military assistance. I myself travelled to Ukraine in November to deliver 30 medically equipped ambulances for gynaecological care, as many hospitals have been destroyed by Russian bombing. Our determination is to continue to support Ukraine in defending its territorial integrity and sovereignty, in every possible sphere, until peace is achieved.

What does implementing European Next Generation policies mean for Spain?

As the instrument for economic recovery, Next Generation EU is an example of a joint EU response to global challenges. Under this instrument, Spain adopted its Recovery and Transformation Plan in May 2021 and is currently leading the implementation of recovery plans in Europe, as the only country to request the third payment in 2022. Through the implementation of this recovery plan, we expect to be able to increase the level of GDP by an average of 2.6 percentage points each year until 2031, and expectations are also geared towards a change in total factor productivity. We are already seeing that with the set of reforms and investments planned, and those already underway, Spanish economic growth is increasing, while promoting structural change in sectors such as energy, agri-food, industry, technology and digital transformation.

 


“WE AIM TO PUT FORWARD A COMPLETE RELAUNCH OF STRATEGIC RELATIONS BETWEEN EUROPE AND LATIN AMERICA”


 

Turning to other issues: What is the state of relations between Spain and Morocco?

Morocco is a very important country for us, which is why we have made a great effort to put back on track a relationship that had deteriorated greatly. This has been a major issue for me from the beginning. We are now at a new stage in our bilateral relations, with which both countries are very satisfied. In six months I have met eight times with my Moroccan counterpart, Nasser Bourita, and we have made very significant progress. The figures confirm these positive vibes. For example, irregular migration from Africa, with Morocco as the transit country, has already decreased by 23% while all other routes are increasing; our trade has increased by 30%, with Spanish exports amounting to 9 billion euros so far this year, and these figures we hope will improve further. Transport connections by air and sea are again being looked at, and the border with Ceuta and Melilla has been reopened


“SPANISH NOTARIES ARE VITAL IN FACILITATING COMMERCIAL AND BUSINESS RELATIONS WITH THE UTMOST GUARANTEES AND SECURITY”


Latin America has seen a political shift in recent months. What weight does Spain have in the region today?

Spain gives priority to Latin America and the Caribbean as a strategic region in its foreign policy, and when we focus on agendas of democracy, prosperity, equality, it is easier to find common ground and advance in unison. In this regard, we are working on a major Ibero-American calendar with key events such as the 28th Ibero-American Summit, to be held in the Dominican Republic in March 2023, and the launch of an EU-Latin America Digital Alliance in the first half of the year. Furthermore, during the Spanish presidency of the Council of the European Union in the second half of the year, we aim to put forward a complete relaunch of strategic relations between Europe and Latin America. The goal is for Europe and Latin America to be seen as what they are: close and natural allies and friends who share values and a joint perspective as to the great global challenges.

Is Spanish cooperation one of our best ambassadors?

It is undoubtedly one of the pillars of our action overseas, and our ministry has made a very clear commitment with the new Cooperation Act, for which the Government has obtained the support of all political groups except VOX. It is the first cooperation legislation to be passed in 25 years, and the first bill presented by a foreign minister since 2014. With this new standard, which is a real milestone of statesmanship, Spain is leading the way by strengthening the entire Spanish cooperation system to align it with new global challenges, with a more efficient and innovative model, with better conditions for aid workers and with a stronger AECID agency as a cornerstone.

The Spanish notariat contributes to legal certainty, with a presence in 91 countries around the world. How do you rate its work?

In such a globalised world as we have today, and with a highly internationalised economy as in the case of Spain, with substantial investments abroad, legal certainty is a key issue in which the Spanish notariat plays a crucial role. In Latin America, for example, where Spain is the leading European investor and the second largest from anywhere in the world, behind only the United States, the work of the Spanish notariat is essential in order to facilitate commercial and business relations with the utmost guarantees and the security required for success.

Huella digital / Digital footprint

JOSÉ MANUEL ALBARES tiene cuenta en la red
social Twitter, desde la que informa y opina de
asuntos relacionados con su actividad institucional en
la dirección @jmalbares. También dispone de un perfil
en Linkedin.

JOSÉ MANUEL ALBARES has an account on the social media platform Twitter, via which he posts information and opinions on matters related to his institutional activity, at @jmalbares. He also has a LinkedIn profile

 


 

La página web de La Moncloa ofrece una entrada con el perfil y biografía del ministro.

The website of La Moncloa offers an entry with the minister’s profile and biography.

Entrevista a Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas

CON SELLO PERSONAL

Enriqueta Chicano,

presidenta del Tribunal de Cuentas

“Nos hemos marcado acercar y abrir la institución a los ciudadanos”

Enriqueta Chicano Jávega ha dedicado toda su vida profesional al servicio público. Especialista en Derecho del Trabajo, es un referente de la defensa de la igualdad y ha sido durante más de una década la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas. Antes de ser nombrada presidenta del organismo fiscalizador de las cuentas públicas era ya consejera de este desde 2012. En esta entrevista nos acerca la institución y los retos que esta afronta en el año del 40 aniversario.
CARLOS CAPA

– Después de toda una vida dedicada al servicio público, ¿qué supone para usted presidir el Tribunal de Cuentas?

– Ser presidenta del Tribunal de Cuentas supone un enorme orgullo y una gran satisfacción. Ha sido toda una vida dedicada al servicio público. ¡Más de 50 años! De estos, la mitad los he prestado en diferentes puestos del Tribunal de Cuentas. Así que recibir el mandato de presidir esta institución de relevancia constitucional e imprescindible en democracia significa mucho para mí, especialmente en esta última etapa de mi vida profesional.

Y de repente, tras todos estos años de trabajo, me enfrento a aquello que todos hemos dicho alguna vez…si yo pudiera, haría, haría… bueno, pues ¡ahora no tengo disculpa!

Bien es cierto que el tribunal es un órgano colegiado, pero qué duda cabe que desde la presidencia hay más posibilidades de impulsar proyectos y dar cuerpo a retos imaginados. Entiendo que he asumido una gran responsabilidad, pero es verdad que también tengo algún paso dado. Conozco bien la casa y a sus trabajadores; sé que los cambios de mandato se afrontan con expectativas y esperanza y sé que cuento con unos equipos excelentes. Además, he podido comprobar que todos los miembros del Pleno han asumido estas nuevas responsabilidades con entusiasmo y entrega. Con este capital solo queda no desfallecer, y aplicarle a esta tarea todo mi sentido común, mi experiencia, mi conocimiento y por qué no, mi ilusión y entusiasmo.

– ¿Qué objetivos se ha fijado para su mandato?

– En una institución con 40 años de trayectoria democrática, que conmemoramos precisamente este año, hay una serie de objetivos que necesariamente siempre son coincidentes y que están relacionados con las funciones que el tribunal tiene encomendadas.

Nada es como hace unos años, ni los modos de expresarse, ni los sistemas de trabajo, ni las exigencias de la sociedad, ni siquiera los temas que venían siendo objeto de nuestro análisis. Tampoco la manera de comunicarnos con los ciudadanos. En definitiva, hay que adaptarse y no perder posibilidades de avance.

En este sentido constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución.

No es un proceso rápido y, además, hay que asumir unos costes ineludibles. Ya hemos iniciado algunos trabajos en esta dirección y se están generando dinámicas de trabajo para construir estas nuevas metodologías que nos prepararán mejor ante los nuevos retos que se avecinan.

Retos, que, por cierto, ha incluido nuestra norma reguladora: igualdad, transparencia y sostenibilidad. Tenemos que fiscalizar a través de estas “lupas” y además debemos dar respuesta mediante el control externo al análisis de acontecimientos que preocupan a la sociedad, como pandemias, conflictos armados y su repercusión, y las diferentes respuestas por parte de los gobiernos.

Y para conseguir estos retos, otro objetivo primordial: un plan de formación continua para todos los trabajadores para alcanzar las mejores cotas de excelencia. Todo ello en contacto permanente con nuestros homólogos autonómicos e internacionales.

– ¿Es el Tribunal de Cuentas el gran desconocido de la arquitectura constitucional española?

– Creo que sí y así lo percibimos. Es verdad que “el objetivo” de nuestro trabajo es el control de los ingresos y gastos públicos una vez ejecutados, y que el destinatario de este trabajo son las Cortes Generales, a las que auxiliamos en este tema para favorecer su labor de control al ejecutivo.

Pero seguro que estamos fallando a la hora de hacer llegar todo lo que hacemos y la importancia de nuestro trabajo a la ciudadanía, a la sociedad en general. Y creo que esto no es positivo.

Todos los ciudadanos deben conocer sus instituciones, a qué se dedican, cuánto de efectivo es su trabajo, etc. Y las instituciones tenemos la obligación de procurarnos con nuestro trabajo su confianza.

Por este motivo, entre los objetivos que también nos hemos marcado está destacadamente acercar y “abrir” la institución a los ciudadanos, tratar de transmitir de la mejor forma posible, lo que hacemos y para qué servimos. Para conseguirlo estamos trabajando en una política de comunicación que responda a este objetivo.

Esta forma metafórica de abrir nuestras puertas, hacer que nuestras paredes se vuelvan más transparentes, pretende recuperar el crédito, quizás algo puesto en cuestión, y dar mayor fortaleza a la propia institución.

– Recientemente han emitido informes sobre la gestión de diferentes organismos y administraciones públicas en los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. ¿Hay una conclusión general sobre su actuación?

– Así es. Hace meses que estamos trabajando en diferentes análisis que abarcan todo el sector público. Son bastantes los informes que se están elaborando. Pero estamos pendientes de un último informe global que recoja de forma conjunta la actuación de todas las administraciones públicas durante el período de aplicación de la legislación de emergencia.

Por lo fiscalizado hasta ahora, incluido lo fiscalizado por los órganos de control de las CC.AA., se ha podido constatar un general cumplimiento, teniendo en cuenta lo difícil de la situación.

Las administraciones públicas han tenido que solventar las situaciones de emergencia, subviniendo a las necesidades urgentes en cada momento y también han tenido que hacer uso de los recursos públicos conforme a las normas que garantizan la eficacia de su uso y el cumplimiento de unas exigencias imprescindibles.

Ha habido algunas vulneraciones, sin duda, son las excepciones de que se ha hecho eco la prensa, pero repito, en términos generales el cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general.

– ¿Colaboran con diligencia las Administraciones con ustedes cuando les recaban información para sus dictámenes?

– En términos generales, sí. No solemos encontrar ningún problema de colaboración durante el desarrollo de nuestra actividad fiscalizadora. No obstante, se da la circunstancia de que todavía tenemos un bajo nivel de rendición de cuentas en algunos ámbitos.

El Tribunal de Cuentas no ha sido objeto de la polémica que durante los últimos meses han atravesado otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. ¿Existe consenso en su interior para abordar los asuntos que deben resolver?

En el Tribunal de Cuentas hemos vivido un rápido proceso de renovación, lo que ha permitido continuar con nuestro trabajo. Por eso no ha sido objeto de polémica.

Hoy por hoy estamos trabajando bien, mantenemos un buen nivel de relación e intentamos reforzar las coincidencias y consensuar las diferencias. Hay un punto de partida básico que es el respeto por las posiciones diferentes.

El debate ordenado, respetuoso y riguroso es esencial para el enriquecimiento de la institución.

– Es usted una declarada defensora de la igualdad de género, con una nutrida obra sobre esta cuestión. ¿Cuánto queda para alcanzar esa aspirada igualdad, más allá de la formal, entre los hombres y mujeres?

– A pesar de los muchos avances, es obvio que la Ley, la igualdad formal, es imprescindible, pero es igualmente obvio que no es suficiente. No se trata ya tanto de empoderar a las mujeres. Las mujeres ya somos fuertes. Se trata de cambiar la forma con que el mundo percibe esa fuerza. Se siguen manteniendo formas de vida, formas de organización, formas de relación en lo privado y en lo público que nos siguen manteniendo en las “orillas” de muchos espacios, por mucho que algunas de nosotras hayamos saltado muros.

Es necesario el convencimiento general de que tenemos que construir un tipo de sociedad, de relaciones democráticas; en definitiva, un modelo democrático que no sólo incluya a las mujeres, sino que modifique estructuras que permitan que el ejercicio de la igualdad no sea un derecho a conseguir permanentemente. El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres.

Muchas veces y en muchos momentos parecen alejarse las expectativas. Vuelven a aparecer discursos que yo entendía superados. Lo que está claro es que no puede relajarse el control social ante las amenazas contra los avances conseguidos.

– ¿El esfuerzo de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales resulta útil para el Tribunal de Cuentas?

– El blanqueo de capitales es una de las formas en las que se manifiesta la denominada criminalidad financiera, configurándose como el último hito para la consecución de la legalización de los fondos obtenidos de manera delictiva. Los notarios están desarrollando una encomiable labor para su prevención controlando, comunicando e informando de las transacciones civiles y mercantiles en las que intervienen. Su labor coordinada y el intercambio de este tipo de información con las autoridades es fundamental para poner freno a este tipo de prácticas que entorpecen nuestro desarrollo social.

“El cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general durante la pandemia”

Seguridad jurídica

¿Qué aporta el Notariado a una institución como el Tribunal de Cuentas, en la que la seguridad jurídica es clave de bóveda de sus funciones?

La existencia de cuerpos, como el Notariado, que velen por la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y civil es vital para la fortaleza de nuestro estado de derecho.

En el caso del Tribunal de Cuentas esta aportación se hizo, si cabe, más intensa a partir de la firma del convenio de colaboración por el que se nos facilita el acceso al índice único informatizado notarial. Esta herramienta es de gran utilidad para el ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal, ya que permite localizar los bienes que integran el patrimonio de los investigados y responsables contables, lo que facilita la adopción de medidas cautelares que garanticen el reintegro de cantidades detraídas de los fondos públicos y la ejecución de sentencias.

“Constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución”

“El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres”

“Los notarios están desarrollando una encomiable labor para la prevención del blanqueo de capitales”

Entrevista a Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo, números uno de las últimas oposiciones a notarios

EN CURSO LEGAL

Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo,

números uno de las últimas oposiciones a notarios

Camino hacia la excelencia

816 licenciados en Derecho se presentaron a las últimas oposiciones al título de notario. Sólo 90, 46 mujeres y 44 hombres, superaron los cuatro ejercicios. Entre ellos se encuentran María Ángeles Picado Moreno (30 años), de Madrid, y Carlos Toledo Muñoz-Cobo (26 años), de Punta Umbría (Huelva), que obtuvieron las notas más altas. Ambos nos cuentan, en esta entrevista, cómo ha sido su camino hasta conseguir el aprobado y cuáles son sus objetivos como nuevos notarios.

FÁTIMA PÉREZ DORCA
«MI OBJETIVO ES QUE TANTO MIS COMPAÑEROS COMO LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A MI NOTARÍA PUEDAN CONFIAR EN MÍ»
«ESPERO CONTRIBUIR, MEDIANTE UN EFICAZ ASESORAMIENTO, A QUE TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA NOTARÍA PUEDAN ALCANZAR SUS FINES LÍCITOS»

 

– ¿Qué le llevó a opositar a notarías?

– Mª Ángeles Picado. Desde pequeña me había llamado la atención la profesión, me parecía muy acorde a mi personalidad y me aportaba cosas que considero indispensables: autonomía, estabilidad laboral y económica y la posibilidad de hacer algo por otras personas. Ser notaria no sólo te permite vivir de tu trabajo sino también tenderle la mano a alguien que te necesita. Todo el mundo gana y eso es algo que me parece muy enriquecedor.

– Carlos Toledo. Mucho antes de empezar la carrera tenía en mente la idea de ser notario. Mi padre lo es y siempre nos ha transmitido su pasión por la profesión. Él ha sido siempre mi ejemplo y referente. Aun así, como no era una decisión firme, no quería cerrar puertas a otras opciones y estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y fue más tarde, durante la carrera, cuando me di cuenta de que el Derecho Privado era la rama que más me entusiasmaba y de que la profesión de notario me ayudaría a alcanzar la felicidad desde un punto de vista profesional.

– ¿Cómo es un día normal en la vida de un opositor?

– M. A. P. Cuando empecé a opositar estudiaba unas ocho horas diarias, pero con los años acabé incrementando el horario a doce horas al día. No sólo de estudio, también de dictámenes, actualización de temas… Los fines de semana se me hacían más duros porque era cuando mi familia estaba en casa y mis amigos tenían tiempo libre para salir y a mí se me complicaba más organizarme. Aun así, siempre descansaba como mínimo un día, normalmente los sábados, y trataba de sacar tiempo para mí.

– C. T. Un día normal durante la oposición gira en torno al estudio continuado para poder aprovechar el mayor número de horas. En mi caso, dedicaba algunos descansos a hablar con mis padres y con mi novia, y hacía las pausas necesarias para las comidas, que compartía con mi hermano Rafael, con quien he convivido durante la oposición y que también ha aprobado en esta promoción. Además, procuraba hacer algo de deporte al final del día. Los fines de semana solía reproducir el mismo esquema. Me presenté a la oposición con relativamente poco tiempo de preparación, por lo que intentaba exprimir al máximo cada semana y prácticamente no descansaba ningún día.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil durante este proceso?

– M. A. P. Lo mejor ha sido sin duda el crecimiento a nivel personal. Los momentos de soledad te hacen conocerte más a ti misma, aprender a poner límites, te dan una buena dosis de humildad y te hacen madurar. En cuanto a lo más difícil, ha sido sentir que no tenía tiempo para realizar otras actividades, así como lidiar con la incomprensión de algunas personas respecto a esto… Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

– C. T. Lo más gratificante ha sido lograr un reto que parecía casi una quimera. Pero incluso antes de conseguirlo la oposición ha sido una etapa gratificante y puedo decir que plenamente feliz en mi vida, seguramente por ver cómo he ido profundizando en el Derecho y progresando gracias al esfuerzo y el trabajo. En el aspecto negativo resaltaría la incertidumbre consustancial a la propia oposición pero que, sin duda, se compensa con la esperanza de lograr el resultado.

– ¿Qué consejos daría a los que decidan realizar esta oposición?

– M. A. P. Les diría que el descanso, por mínimo que sea, es fundamental para aprobar, porque un opositor agotado sucumbe a la desesperación con mucha más facilidad y para soportar la tensión hay que mantener la cabeza muy fría. En relación con esto, también es muy importante aprender a afrontar el miedo. Todos experimentamos diversos grados de inseguridad antes de entrar en el examen, pero hay que pensar que es la única oportunidad de defender el trabajo que has hecho durante años y hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, salgan los temas que salgan. También es importante seguir tu propio camino y no compararte con otros compañeros, ya que cada uno tiene una situación personal y unas circunstancias distintas.

– C. T. Me gustaría transmitirles que acometan la oposición con optimismo y aliento, con la ilusión de que el aprobado puede estar al alcance del que se emplee a fondo. Sobre los descansos y la rutina, cada opositor tiene sus propios hábitos, y prefiero no aconsejar en ese sentido. Sí diría que no hay fórmulas mágicas: el trabajo y la entrega son las herramientas para conseguirlo.

– Para todos aquellos que duden en opositar, les invito a que afronten el reto. A pesar del sacrificio y el esfuerzo que supone, si verdaderamente tienen la convicción y vocación de ser notarios, o cualquier otra profesión a la que se acceda por oposición, merece la pena intentarlo y luchar por ello, pues en cualquier caso nunca los conocimientos aprendidos caerán en “saco roto”.


“LO MEJOR DE ESTA ETAPA DE ESTUDIO HA SIDO EL CRECIMIENTO PERSONAL. LOS MOMENTOS DE SOLEDAD TE HACEN CONOCERTE MÁS”


– Si no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión hubiese elegido?

– M. A. P. Seguramente habría intentado ser registradora u oficial de notaría, por ser lo más parecido a ser notario y permitirme aprovechar lo ya estudiado, que es apasionante. Pero si hablamos de otro camino distinto, la verdad es que me habría encantado ser gimnasta o dedicarme al baile, que curiosamente eran las únicas cosas que me suscitaban una vocación similar.

– C. T. Seguramente habría sido abogado. El ejercicio de la abogacía me parece apasionante, pues permite una aplicación práctica y creativa del Derecho.

– ¿Cómo fue el examen?

– M. A. P. En los exámenes de este año he pasado mucha tensión, ya que era mi última convocatoria y no tenía margen de error. Los orales me preocupaban algo menos al haberlos aprobado ya una vez. Aunque reconozco que el segundo ejercicio es muy difícil de preparar, al ser mucha materia en muy poco tiempo, para mí la peor parte siempre fue el tercero. No se me daba bien y tuve que trabajarlo mucho hasta hacerlo bien.

– C. T. El primer examen es el que más impresiona. En mi caso, era la primera vez que me presentaba y realizar el ejercicio oral ante el tribunal, teniendo en cuenta la autoridad y cualificación de sus miembros, no deja de ser una presión escénica y un desafío. Me parecía un verdadero reto que motivaba aún más el estudio diario y la dedicación absoluta.


“LA OPOSICIÓN HA SIDO UNA ETAPA GRATIFICANTE Y PLENAMENTE FELIZ EN MI VIDA”


Con el último ejercicio, el dictamen, fue con el que más disfruté durante la preparación: se trata de un caso práctico sobre varios problemas y situaciones jurídicas complejas y opinables, a resolver durante 6 horas. El dictamen te permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante los dos ejercicios orales, aplicando el Derecho desde una óptica muy cercana a la realidad del despacho notarial.

– ¿Qué sintió al saber que estaba entre los dos primeros de la oposición?

– M. A. P. Cuando lo supe no me lo podía creer. Yo sólo quería aprobar, con la nota que fuera, y había varios compañeros muy competentes que supuse que quedarían mejor posicionados, así que me costó varios días asumir tanto el puesto como el propio aprobado. Me emocioné más adelante, tras la unificación de los tribunales. Es una alegría indescriptible. Me siento agradecida porque, al igual que he sido yo la que ha quedado en esta primera posición, podrían haber sido otros compañeros.

– C. T. Sentí una enorme satisfacción. Sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. No solo por obtener el número uno de mi tribunal sino también porque supuso un gran orgullo ver cómo se materializaba el esfuerzo y el trabajo invertido durante toda la oposición en forma de aprobado. Además, nuestra felicidad se multiplicó porque mi hermano aprobó con la cuarta mejor calificación del tribunal.

– ¿Cuáles son sus objetivos como notario?

– M. A. P. Me gustaría demostrar, como hacen tantos compañeros, que el notario no es sólo la persona que viene a firmar, sino alguien accesible, que se comunica con sus clientes y se preocupa por sus asuntos. Quiero ser una buena compañera y desempeñar mi trabajo con la mayor diligencia posible. En definitiva, mi objetivo es ser alguien en quien mis compañeros puedan confiar y poner mi profesión al servicio de la ciudadanía.

– C. T. Quiero dedicarme al ejercicio de la profesión de notario en cuerpo y alma, con toda la intensidad y entrega que sea capaz. Intentaré con el día a día ser útil y ganarme la confianza de los usuarios en el servicio y en el ejercicio de la función pública que fundamenta nuestro oficio. Espero no perder nunca de vista la gran ayuda que los notarios podemos aportar a los ciudadanos e instituciones, contribuyendo, a través de un eficaz asesoramiento, a que todo el que acuda a la notaría pueda alcanzar sus fines lícitos.