El Consejo General del Notariado (CGN), el Centro Tecnológico del Notariado y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a este órgano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso telemático a la información anonimizada del Índice Único Informatizado Notarial, con el objetivo de realizar un seguimiento eficaz de la evolución económica que contribuya a la adopción de medidas para la mejora de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

La presidenta del Notariado español, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, rubricaron el convenio que facilitará al organismo público disponer de datos de gran valor y utilidad sobre operaciones inmobiliarias, hipotecarias, mercantiles y, en general, financieras, que reflejen la realidad de la actividad económica en nuestro país.

Esta información contribuirá a la elaboración de estudios, prospecciones y análisis orientados al diseño de políticas públicas de interés general en el ámbito económico. Asimismo, ambas instituciones realizarán un seguimiento conjunto de las metodologías de investigación y tratamiento de datos, con el fin de asegurar la eficiencia y calidad de los resultados obtenidos.

El Índice Único Informatizado Notarial es la segunda base de datos con mayor volumen de información de España, solo tras la Agencia Tributaria. En este sentido, Barrio Del Olmo señaló que “los notarios autorizamos ocho millones de documentos al año, cuyos datos se graban de manera parametrizada y estructurada en nuestro Índice Único, que contiene información de más de 175 millones de documentos notariales: es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas”.

Por su parte, Israel Arroyo destacó que “este acuerdo con el Notariado es un claro reflejo de la apuesta del Ministerio por diseñar políticas económicas basadas en la evidencia: nos permitirá afinar nuestros diagnósticos y actuar con mayor eficacia en un ámbito tan crucial como el de la vivienda. Sin duda, contribuirá además a seguir marcando el camino y extender este enfoque a colaboraciones con otros organismos”.

Un canal de comunicación ágil y seguro

A efectos de acceso a los datos, el Centro Tecnológico del Notariado habilitará un canal de comunicación digital, ágil y eficiente, que permitirá a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la solicitud y consulta de información y la interconexión con la Sede Electrónica Notarial, reconocida con el nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando los máximos estándares de seguridad y la protección de los datos.

El convenio establece además la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de las partes, que definirá las condiciones técnicas de acceso a la información y prestación del servicio, y velará por el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Consejo General del Notariado (CGN) suscribieron un convenio marco de colaboración institucional el pasado 30 de abril con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas corporaciones de derecho público y promover iniciativas conjuntas en beneficio de los profesionales, de la seguridad jurídica y de la ciudadanía.

El acuerdo, firmado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, contempla la organización conjunta de actividades formativas, divulgativas y de actualización profesional; la elaboración de estudios, informes, estadísticas y documentos de buenas prácticas; y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios notariales y de la Abogacía. También pretende fomentar el acceso a la justicia, la protección de colectivos vulnerables y las sinergias tecnológicas, 

en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas orientadas a obtener información registral relevante para ciudadanos, empresas y justiciables.

Para Ribón, este convenio nace con el objetivo de “convertir la relación entre la Abogacía y el Notariado en una palanca de mejora real del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas. Hablamos de reforzar la seguridad jurídica, de impulsar la formación y la modernización de nuestros profesionales, de facilitar una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho”.

Por su parte, Barrio Del Olmo señaló que esta cooperación entre Notariado y Abogacía es “especialmente valiosa en un momento en el que el sistema jurídico necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica. Este convenio marco abre una vía útil para desarrollar proyectos comunes también en ámbitos como la atención a colectivos vulnerables o el intercambio de conocimiento técnico”.

El Notariado italiano estudia adoptar un modelo idéntico al español y recuperar íntegramente la transmisión en escritura pública de las participaciones societarias, tras haber sido advertidos al respecto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe de 2026 relativo a Italia.

Una delegación del Consejo Nacional del Notariado italiano, encabezada por su presidente Vito Pace, se reunió a principios de mayo con la presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y con otros miembros del Consejo General del Notariado, con el fin de conocer la fortaleza, eficacia y fiabilidad del sistema español de prevención del blanqueo de capitales.

El sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera se sirve del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo (OCP), creado en 2005 por el Ministerio de Economía español, para facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en la materia. Desde su constitución, OCP ha contestado más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación, erigiéndose como uno de los principales pilares de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. De hecho, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban destapando graves delitos.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas. A partir de este índice se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), que permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.