FÁTIMA VÁZQUEZ Y LUCÍA CAGIGAS,

Normalmente se asocia el día a día de la función notarial con ámbitos como el sucesorio o el inmobiliario, sin embargo, el asesoramiento en materia de discapacidad cobra cada vez mayor importancia. ¿Creen que es suficientemente conocida esta labor?

Fátima Vázquez: Los notarios hemos sido siempre un colectivo que ha escuchado las preocupaciones de las familias y de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad y hemos buscado darles respuestas con instrumentos jurídicos que, dentro del marco legal, se adaptasen a las distintas situaciones. Con la Ley 8/2021, el notario se constituye como un operador esencial que -en el ámbito extrajudicial- da a los sistemas de apoyo una importancia relevante; no sólo porque se canaliza a través de la escritura pública la transcendencia jurídica, económica y humana que late con la reforma, sino porque el notario elabora, con tales instrumentos, ‘trajes a medida’ que recogen necesidades, deseos y preferencias de esas personas.

Según el INE, en Galicia el 27% de la población tiene más de 65 años, siendo la tercera comunidad española con más envejecimiento. ¿Cuáles son las principales demandas de estas personas a la hora de acudir a las notarías?

Lucía Cagigas: Principalmente les interesa hacer previsiones tendentes al debido cuidado en la etapa de su vejez, bien por parientes directos y colaterales o incluso con extraños, disponiendo de sus bienes a su favor normalmente por vía sucesoria y, con menor frecuencia, a través de un contrato vitalicio, por el cual se ceden bienes a una persona con la obligación de cuidarla y asistirla hasta su fallecimiento.

Otra de las demandas es que se están haciendo poderes preventivos o con cláusula de subsistencia especialmente con personas ya de edad bastante avanzada, que empiezan a tener síntomas de alguna enfermedad mental degenerativa, lo que demuestra la preocupación latente en este sentido.

FÁTIMA VÁZQUEZ: “LOS FAMILIARES SIEMPRE HAN TENIDO ESPECIAL PREOCUPACIÓN SOBRE CÓMO SERÁ EL FUTURO DE SUS PARIENTES CON DISCAPACIDAD CUANDO YA NO ESTÉN PARA AYUDARLES”

Otra de las características determinantes de Galicia es su elevado porcentaje de población rural. ¿Cómo es el trabajo de los notarios en los ayuntamientos donde no existen grandes núcleos urbanos?

F.V.: Es una labor con una interacción más directa con el ciudadano, dado que la mayoría de sus problemas vienen de la preocupación de trasladar el patrimonio familiar y la explotación agraria, así como su mantenimiento, a los hijos. Igualmente se hace mucha documentación relativa a la dinámica de las explotaciones agrarias o ganaderas y su configuración como sociedades (últimamente, como sociedad civil) o cooperativas, con la finalidad de mantener su continuidad y rentabilidad económica.

Otro de los documentos más demandado es el testamento, también los pactos sucesorios, apartaciones y pactos de mejora que facilitan la transición de los bienes hereditarios y tienen importantes beneficios fiscales.

LUCÍA CAGIGAS: “DETRÁS DE CADA ACTUACIÓN JURÍDICA HAY SIEMPRE UNA PERSONA Y UNA HISTORIA QUE MERECE SER ESCUCHADA Y PROTEGIDA”

¿Qué les movió a integrarse en Aequitas? ¿Animarían a los notarios de las últimas promociones a formar parte de la Fundación?

F.V.: Lo que me motivó a entrar en Aequitas fue su firme compromiso con las personas que necesitan más ayuda y atención para su integración en la sociedad y su desarrollo. Por otro lado, sus familias siempre han tenido una especial preocupación sobre el futuro de estas personas cuando ya no puedan estar ahí para ayudarlas. Por ello, poder asesorar debidamente y proponer adecuados instrumentos legales para este fin ha sido mi principal motivación.

También conocer el trabajo y la dedicación de otros profesionales (jueces, fiscales, abogados, médicos, representantes de asociaciones, etc.) que trabajan en favor del colectivo, lo que ha contribuido a enriquecer mi formación. Sin duda animaría, y mucho, a los nuevos notarios a trabajar con la fundación.

 L.C.: Conocí de manera fortuita la labor que realiza la Fundación Aequitas y, desde ese momento, decidí implicarme y colaborar con su trabajo. Descubrí una organización profundamente comprometida con la protección de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y donde la función notarial tiene mucho que aportar.

Integrarme en la Fundación Aequitas responde a la convicción de que nuestra función no se limita a garantizar la seguridad jurídica, sino que también debe contribuir al respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas, ofreciendo un espacio en el que la vocación profesional y la sensibilidad social se unen en beneficio de quienes más lo necesitan. Sin ninguna duda, animaría a los notarios de las últimas promociones a formar parte de Aequitas, pues les permitiría conocer y desarrollar la profesión desde su dimensión más humana, reforzando el papel social de nuestra institución y recordando que, detrás de cada actuación jurídica, hay siempre una persona y una historia que merece ser escuchada y protegida.

Desde su constitución, el Foro Aequitas de Galicia ha mantenido diversas reuniones con profesionales jurídicos, institucionales, académicos y asistenciales. ¿Cómo ha sido la acogida de esta plataforma?

L.C.: La acogida ha sido extraordinaria. En todo momento se ha tenido participación muy activa por parte de los distintos profesionales jurídicos, académicos, asistenciales y por el movimiento asociativo en pro de las personas con discapacidad. En las reuniones se han tocado muchos de los temas que afectan y preocupan a las personas con discapacidad. La implicación que se ha sentido en dichas reuniones nos ha motivado a seguir trabajando en este foro con mucha ilusión.

Precisamente, en una de sus sesiones se demandaron mayores medios para hacer frente a una correcta aplicación de la Ley 8/2021. ¿Cuáles son las principales necesidades detectadas a nivel económico y humano para la debida implementación de la nueva normativa?

F.V.: Sobre la mesa del foro se han puesto de manifiesto varios de los problemas que se están observando en la aplicación práctica de la normativa derivada de la citada Ley 8/2021. Cabe resaltar entre ellos las dificultades que inicialmente han tenido los guardadores de hecho, figura que se regula en esta ley, para ejercer debidamente sus funciones a la hora de acreditar tal condición o sus facultades frente a entidades bancarias y a la Administración en general.  Se ha puesto de manifiesto también el retraso en la revisión de sentencias para regular o actualizar las medidas de apoyo que correspondan según la situación de dichas personas con discapacidad. Por parte de representantes de servicios sociales municipales se ha comentado la falta de medios personales y económicos para poder cumplir debidamente con la demanda que se hace desde los juzgados de informes psicosociales. De esta falta de medios también se hicieron eco federaciones en favor de las personas con discapacidad, resaltándose además los daños colaterales que se han derivado de dicha Ley 8/2021 en ámbitos como la Seguridad Social y Hacienda. Igualmente se hizo constar la necesidad de una mayor información sobre medios o instrumentos que permitan encontrar soluciones que faciliten la integración de las personas con discapacidad atendiendo a sus particularidades, en distintos ámbitos profesionales como las administraciones públicas, las notarías, las compañías aseguradoras, en la práctica de las entidades bancarias, etcétera.

LUCÍA CAGIGAS: “LA FUNDACIÓN ÆQUITAS RESPONDE A LA CONVICCIÓN DE QUE NUESTRA FUNCIÓN CONTRIBUYE AL RESPETO DE LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS”

Otro aspecto que se puso de manifiesto en el foro es la dificultad para acceder a la operatividad bancaria por parte de las personas con discapacidad. En este sentido, mantuvieron una reunión con los asesores jurídicos de las principales entidades financieras. ¿Cuáles son las principales necesidades detectadas en este sentido?

L.C.: Una de las preocupaciones que se han puesto de manifiesto en el foro es la problemática que se ha derivado en la práctica bancaria, en torno a temas como la necesidad de formación del personal de las entidades, en especial en áreas rurales, el mayor conocimiento de la figura del guardador de hecho y de sus funciones, la necesidad de adaptar la banca online, la accesibilidad a oficinas, el bloqueo de cuentas, etcétera.