Después de cuatrocientas mil hectáreas quemadas

Hace unos años se popularizó un anuncio en el que se hacía la pregunta acerca de a qué olían las nubes. Comprendo su impacto publicitario, pero yo, en mi fuero interno, siempre me respondía que a nada. Porque las nubes pueden tener las características que sean, pero no huelen a nada.

Viene esto a cuento porque muchas veces la realidad es la gran olvidada. Nos gusta formular teorías y que la realidad entre con fórceps al esquema que hemos planteado. No funciona. Las cosas, sencillamente, son como son y la acción tiene que acomodarse a la realidad y no al contrario.

Pues bien. Cuatrocientas mil hectáreas quemadas, con varios fallecidos. Un sistema de prevención y de actuación contra incendios insuficiente, descoordinado y que reacciona demasiado tarde a pesar de todo el esfuerzo humano desarrollado. Y un país que, queramos o no, tiene capacidad de albergar bosque, de tener monte como una riqueza excepcional. Pero no de regenerarlo a un plazo razonable.

¿Es el cambio climático el responsable o es la consecuencia de este escenario? Da igual. Vamos a lo que vamos. A qué hacemos. Porque lo previsible es que el próximo año suceda lo mismo. Y así año tras año.

La base de la solución es que el monte, y en general el medio rural, tenga la rentabilidad y el beneficio económico de explotación mínimos para poder vivir o para que merezca la pena su explotación. Póngase en valor aquello que lo ha perdido, y no para unos pocos, y ya se verá cómo el territorio se capilariza de nuevo con población. Que compense la ganadería extensiva, y eso será un factor de fijación de gente y de limpieza del monte. Y un territorio vivido, no con casas rurales de turismo, que están muy bien, sino con vecinos, con niños, con tiendas, es un territorio que va a cuidar su propio medio, porque le va, nunca mejor dicho, la vida en ello.

¿Qué soluciones cabe proponer? Para mí, las siguientes. Por un lado, es imprescindible que todo lo relativo a lo forestal sea objeto de política de Estado, no de política de Gobierno, con medidas de prevención a corto plazo, y objetivos a medio y largo plazo. No puede depender lo sustancial de vaivenes políticos o de cambios. Y si ha de ser política de Estado, lo ha de ser, al menos, con ámbito nacional.

Por otro lado, desde un punto de vista legislativo, hay que revisar unas Leyes de Montes de 2003 y de 2015, y legislación autonómica, que no han servido para proteger el monte, quizá y paradójicamente, por un mal entendido conservacionismo. Un monte sucio, sin cortafuegos cuidados, sin entresacas y sin limpias, muchas veces con sobrerregulación que hace que no sea rentable, es un monte perdido.  Reducir la excesiva densidad dentro de la masa forestal y la materia seca por hectárea es básico.  Y no puede tener en ningún caso la legislación sobre montes carácter ideológico, sino técnico. En España hay magníficos ingenieros de montes. Acudamos a su criterio y no a otros. No eres experto en montes porque te guste pasear por azagones o por haber visto Bambi a los seis años. Es otra cosa. Y, por cierto, y por si acaso, convendría también extender la prohibición de recalificación de montes quemados de treinta años a otros usos, como son su utilización para instalaciones de energía alternativa. Sin excepciones autonómicas. Solo por si acaso.

Es imprescindible además aprobar la Ley de Montes de Socios, que supondría la recuperación de la propiedad colectiva y de la rentabilidad del siete por ciento de los montes españoles. Conviene recordar que, sobre este tema, en el Senado, se aprobó una proposición de ley sin un solo voto en contra. Tanto los votos favorables como las abstenciones fueron perfectamente legítimas y justificadas, y las diferencias de los puntos de vista distintos de los diferentes grupos políticos son mínimas. Es necesario un esfuerzo político colectivo para desbloquear la situación existente. Sin hacer oídos a estrafalarios proyectos alternativos que obligan a convertir los montes de socios en sociedades mercantiles, haciendo desaparecer a aquellos. Me resulta extraño imaginar a un fondo de inversión que dedique el monte a explotación de energías alternativas cuidando además de las suertes de leñas, de las limpias, de la explotación micológica, y de los aprovechamientos cinegéticos. Muy extraño.

Y es también imprescindible desarrollar y regular los modelos de gestión de territorio y de recuperación de propiedades rurales abandonadas. En esto supone un avance el Proyecto Reconecta, en el que participa el Consejo General del Notariado.

Además, en la lucha contra el fuego, no cabe otra cosa que dignificar la profesión de bombero forestal, completando su función con tareas silvícolas de prevención y limpia fuera de temporada de incendios, y sobre todo crear un mando operativo unificado con capacidad de respuesta inmediata y con los medios suficientes. Parece mentira que, veinte años después del incendio del Alto Tajo, siga habiendo descoordinación entre Administraciones y no hayamos aprendido nada. Voy más allá, porque los desastres no entienden de competencias territoriales ni de rayas. ¿Por qué no hacer ese mando único a nivel ibérico, con Portugal? La idea no es nueva. Los Estados Unidos y el Canadá tienen algo parecido. Y la idea es válida, desde luego, para el resto de catástrofes naturales.

Por último, hay que repoblar zonas en proceso de desertificación, con las especies arbóreas adecuadas a cada zona. Contamos hoy con medios informáticos de vigilancia y de gestión forestal, de vigilancia y de plantación por drones, con los que no se contaba hace años. Y se las arreglaron para reforestar tres millones de hectáreas.

Son solo unas ideas a vuelapluma puestas encima de la mesa, recordando las palabras de Rodríguez de la Fuente: “Dios perdona siempre. El hombre, algunas veces. La naturaleza, nunca”.