La concentración bancaria y los procesos de digitalización en la contratación y prestación de servicios y productos financieros están provocando importantes barreras de acceso a los mismos y un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos. Entre ellos, las personas mayores y aquellas otras que padecen algún tipo de disfunción o impedimento en el uso de herramientas digitales y las que residen en zonas rurales con poca población, que están sufriendo discriminación y exclusión en el acceso a dichos servicios.

Ambos fenómenos, concentración y digitalización, están cambiando el modelo bancario español y también afectando a derechos y garantías básicas de los consumidores.

El cierre de miles de sucursales y una apuesta por la deshumanización, con el abandono progresivo de la atención personalizada en oficinas, son algunas de las características identificativas de la banca actual. Otra es el trato desigual que se presta a la población respecto de servicios que son esenciales como el acceso al dinero en efectivo.

El estudio de Diana Posada Restrepo, adscrita a la Dirección General de Efectivo y Sucursales del Banco de España, sobre Infraestructura del Efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España (año 2021), señalaba que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en nuestro país estaba afectando aproximadamente a 1.300.000 personas. Además, resulta previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continuará en los siguientes años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito.

Constataba también que esa vulnerabilidad afectaba más a unos territorios que otros. Los más perjudicados, aquellos usuarios que viven en zonas con menor densidad y zonas rurales, que carecen de puntos de acceso al afectivo en su municipio y en un radio cercano de cinco kilómetros.

Este enfoque del negocio bancario y de la interacción con los consumidores conlleva limitaciones y penalizaciones para muchos de ellos, así como su exclusión en operaciones básicas que, a su vez, representan el ejercicio de derechos reconocidos legalmente como el de elegir el medio de pago en las relaciones de consumo.

En este sentido, el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge expresamente como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago y dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

A su vez, también se contempla actualmente en la normativa (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera) que un comercio podrá exigir que el pago se realice en efectivo si el importe es inferior a 30 euros e informa a los consumidores de manera clara y mediante un cartel visible.

La limitación y exclusión en el acceso al efectivo no solo supone la vulneración de un derecho reconocido como consumidor, sino que supone una pérdida de privacidad y riesgos en el tratamiento de datos personales sensibles (posibles fraudes en transacciones digitales). Igualmente aumenta la vulnerabilidad de determinados colectivos y, en general, del conjunto de la población en situaciones de emergencia (apagón eléctrico) por la dependencia tecnológica del dinero bancario.

De otra parte, la facilidad de acceso al efectivo pasa porque existan suficientes canales para disponer de él y, en este sentido, no solo el número de oficinas bancarias ha decrecido, sino que también la propia red de cajeros viene sufriendo una disminución año tras año.

El Banco de España ha planteado opciones a esta situación tales como acuerdos con Correos o con superficies de distribución comercial para que estas ofrezcan el acceso al efectivo mediante medidas alternativas al circuito bancario, conocidas como cash-back y cash-in-shop, pero hasta ahora no han supuesto una solución a los riesgos de exclusión financiera y su uso es muy minoritario.

El grado de accesibilidad al efectivo es fundamental para que los ciudadanos que deseen utilizar este medio de pago puedan seguir haciéndolo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no debería quedar al margen de esta situación, ya que afecta al ejercicio de derechos básicos de los consumidores. España debe abordar en su planificación estratégica de lucha contra la desigualdad, la exclusión y la protección de los derechos de las personas consumidoras medidas que garanticen la elección del medio de pago y el pago en efectivo, tanto en transacciones de consumo como en las relaciones con la Administración y, como premisa y condición previa, que nadie queda excluido de su acceso.

Los consumidores han de conocer sus derechos y exigirlos, presentando reclamaciones ante los establecimientos cuando vean rechazada la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en un comercio, pero también cuando la entidad bancaria modifique las condiciones de sus servicios de pago y no le ofrezca alternativa alguna, en condiciones no discriminatorias, para acceder a su dinero.

Se cumplen ahora 10 años de la promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la ley 13/2015 sobre Catastro, que atribuyeron a los notarios funciones que anteriormente desarrollaban los jueces. Es momento de ver si esta decisión de política legislativa ha conseguido sus fines: liberar a los jueces de tareas en las que propiamente no había contienda para que se pudieran centrar en las funciones más propias de su función, las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y prestar al ciudadano un servicio más dinámico sin merma de la eficacia y de la seguridad.

Desde mi punto de vista, puede decirse que la atribución de estas funciones a los notarios ha sido un éxito en términos generales, si bien cabe hacer matices si se desciende a los expedientes concretos. Obviamente, es más difícil de medir en aquellos en los que tenemos competencia exclusiva y más visible en aquellas actuaciones que son compartidas con otras instancias. Por ejemplo, la ley atribuyó al notario algunas nuevas competencias sustantivas -como los casos de matrimonio, separación o divorcio, o en el posteriormente atribuido expediente matrimonial y las juras de nacionalidad-, compatibles con otras instancias, y ello ha sido bueno porque lo único que ha hecho es ofrecer más posibilidades al ciudadano a un precio regulado. Si el Notariado funciona bien, hará muchos expedientes y si no, no, pero el ciudadano tendrá una alternativa si quiere.

Otros nuevos expedientes anudan efectos jurídicos a actuaciones que ya se realizaban de otra manera, o amplían su ámbito, y aquí puede decirse que la novedad ha funcionado en aquellos expedientes que producen efectos claros y palpables y suponen un avance frente al sistema anterior (declaración de herederos de colaterales o beneficio de inventario), y no en los expedientes que no resultan útiles porque su configuración es excesivamente limitada o sus efectos reales son parcos; como, por ejemplo, el expediente de ofrecimiento de pago y consignación, porque no se produce la liberación del deudor hasta la aceptación de la consignación por el acreedor, sin que el notario pueda declararla bien hecha como puede hacer el juez. Tampoco ha funcionado el expediente de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, porque excluye demasiadas deudas de su objeto, entre ellas las de los consumidores.

Mención especial merece el procedimiento, muy poco definido en la ley. En la práctica, los notarios hemos tenido que “inventárnoslo” para conseguir que todos los elementos sustantivos resulten cumplidos, con un problema añadido: algunos de los expedientes, particularmente los que antes se realizaban judicialmente, tienen un regusto judicial poco adaptado al despacho notarial y a la forma de actuar del notario.

La falta de regulación es aún más visible en los procedimientos que han introducido elementos que exceden de la función notarial clásica porque implican un juicio del notario que rebasa nuestro quehacer habitual tradicional, atribuyéndonos ciertas facultades decisorias, como en el caso de la aprobación de la partición si hubo pago en metálico de la legítima y de la realizada por el contador partidor dativo. El problema es que puede ocurrir que el requirente confunda la naturaleza del acto que estamos realizando, pretendiendo servicios o actuaciones que quizá procedieran en una escritura o un acta, pero no aquí, porque no estamos ejercitando las funciones profesionales clásicas sino otras, relacionadas con la equidad y la justicia, en las que sin duda el elemento predominante es el público y no procede la función mediadora propia de la actuación notarial en los negocios jurídicos, sino la valoración de la actuación de un tercero sin intromisiones ni sugerencias. Y ello no es siempre fácil de comprender.

Es cierto que esa facultad decisoria en equidad, más próxima a la actividad jurisdiccional que a la tradicional del Notariado, se corresponde a asuntos en los que normalmente subyace un conflicto que normalmente no existirá en una declaración de herederos, en la pérdida de un título valor o incluso en la reclamación de deudas no dinerarias. Pero cuando es el juez el que actúa, el control del conflicto subyacente se realiza por medio de la autoridad y poder de que el juez dispone; pero cuando se trata del notario, esta autoridad no existe. Por ello, quizá sería conveniente permitir que el ciudadano disconforme pudiera recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública la decisión notarial. De esa manera no le obligaríamos a acudir a la vía judicial, siempre más costosa y larga y que, desgraciadamente, con demasiada frecuencia, tiende a ir a la vía penal, ofreciéndole una vía más sencilla y rápida para discutir la decisión del notario que, quizá, de ser confirmada desalentaría ulteriores recursos. Dicho de otra manera, en los expedientes en los que se excede la función notarial clásica -juicios o calificaciones básicamente de notoriedad y percepciones, no recurribles– para pasar a la valoración de equidad o justicia, debería poder revisarse la decisión del notario, como de hecho ocurre ya con las resoluciones denegatorias de la celebración de matrimonio (arts. 58.7 y 85.1 LRC).

En resumidas cuentas: un éxito en general de esta delegación de funciones de la jurisdicción voluntaria a los notarios; necesidad de revisar los requisitos y efectos de algunos expedientes; y conveniencia de establecer procedimientos por vía reglamentaria y de crear un recurso en aquellos expedientes que implican decisiones de fondo del notario.

Las redes y plataformas de comunicación online han pasado a ocupar un lugar preeminente en las vidas diarias de muchas personas y, además, lo han hecho a un ritmo vertiginoso. Se han convertido no solo en poderosos negocios para empresas, sino también en herramientas de información y de contacto con otras personas, en instrumentos para compartir contenidos y para seguir de cerca a ídolos y referentes sociales y en auténticos escaparates de la imagen personal de los usuarios. En 2023, el 60% de la población mundial, es decir, 4.750 millones de personas, habría utilizado las redes y plataformas sociales para expresarse, informarse y afirmarse, y ese uso tiene un incuestionable impacto, no es neutro ni neutral.

El uso de las denominadas Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) aporta beneficios para la ciudadanía. Sin embargo, también lleva asociados importantes riesgos; unos derivados del desequilibrio de las relaciones entre personas usuarias y empresas tecnológicas, y otros consecuencia del mal uso, la manipulación y su utilización abusiva por los distintos agentes implicados en ese ecosistema digital.

En este sentido, es necesario no solo reforzar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, tratando de equilibrar las relaciones de poder asimétricas que se producen en el entorno digital con el fin de reducir la vulnerabilidad de los colectivos con mayores necesidades de protección, sino también aumentar y reforzar la formación e información para garantizar unas relaciones más justas y responsables.

Muchas personas usuarias y especialmente niñas, niños y adolescentes, desconocen los riesgos asociados al uso de las TRIC y a prácticas tales como compartir información personal en línea o llevar a cabo una excesiva y descontrolada exposición de la imagen. Los peligros como el acoso cibernético, el robo de identidad y la manipulación del comportamiento han sido y son denunciados por expertos, instituciones, familias, etc., como realidades a las que hay que poner freno.

Construir y garantizar un entorno digital seguro y garantizar la protección de los usuarios, y especialmente de los colectivos más vulnerables, es responsabilidad de empresas, gobiernos y usuarios, cada uno en el rol que le compete. De esta forma, corresponde que los gobiernos promuevan y protejan los derechos de la ciudadanía, estableciendo marcos regulatorios y sistemas de información, seguimiento y controles garantistas con los derechos humanos. Las empresas deben respetar esos derechos, ser transparentes y evitar usos fraudulentos y la manipulación de contenidos. Las personas usuarias, y la sociedad civil en su conjunto, debemos también fomentar un uso racional y respetuoso de las TRIC, participando y alzando la voz frente a los riesgos y denunciando aquellos contenidos y comportamientos nocivos.

En febrero de 2023, la UNESCO celebró la conferencia Por un Internet Confiable en la que se debatieron unas directrices globales que persiguen crear un entorno seguro en internet para los usuarios que a la vez proteja la libertad de expresión y el acceso a la información.

Las directrices describen el conjunto de deberes, responsabilidades y funciones de los Estados, las plataformas digitales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico, la comunidad técnica y otras partes interesadas para crear un entorno en el que la libertad de expresión y la información estén en el centro de las plataformas digitales.

En este contexto, los derechos digitales en la infancia y la juventud deben contar con una protección prioritaria. Debido a su etapa de desarrollo son más susceptibles de sufrir abusos que tendrán un importante impacto en su desarrollo, condicionando su futuro y afectando con ello al conjunto de la sociedad.

Niños y jóvenes se ven expuestos diariamente a discursos de odio y contenidos violentos, a noticias falsas, a la manipulación de contenidos y de su propia imagen y a prácticas de ciberacoso. También corren peligro cuando las empresas de tecnología violan su privacidad y recopilan datos con fines comerciales o aplican técnicas de mercadotecnia a través de aplicaciones y recursos que incitan a la conexión permanente y a comportamientos compulsivos, comprometiendo un desarrollo saludable e incluso perjudicando las economías familiares.

Precisamente, con el objetivo de reforzar la protección de los menores, posibilitando marcos regulatorios que minimicen y hagan frente a los riesgos, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de este año un proyecto de ley destinado a la protección de los menores en el ámbito digital que, entre otras medidas, castiga el contenido sexual generado por inteligencia artificial y el grooming. Contempla medidas como las órdenes de alejamiento virtual y evaluaciones pediátricas para identificar usos inapropiados. Además, el texto recoge el fomento del aprendizaje de competencias digitales y la prevención de adicciones, entre otras acciones.

La norma también busca que las empresas asuman sus responsabilidades, legales y éticas, e incluye el etiquetado de los contenidos digitales con lenguaje accesible, que advierta sobre los riesgos potenciales de la utilización inadecuada y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de los menores, y la incorporación obligatoria y sin costo de controles parentales en todos los dispositivos digitales. Otra novedad de la propuesta es que la Ley elevará de 14 a 16 años la edad de acceso a redes sociales.

Una vez que el texto entró en el Congreso el pasado mes de abril, corresponde ahora su tramitación parlamentaria y un llamamiento a la responsabilidad de nuestros representantes para aprobar un texto que sea útil al fin que se persigue. Que la norma, una vez aprobada, cumpla su objetivo dependerá también de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios que se destinen a hacerla efectiva.

Desde hace años, España se encuentra inmersa una grave crisis de acceso a la vivienda en la que los precios del alquiler no paran de subir, situándose por encima del 40% del salario medio, alcanzando casi el 60% del salario en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y convirtiéndose así en la principal preocupación de la ciudadanía española. Esta tesitura tiene una configuración compleja, provocada por distintas causas: como la concepción de la vivienda como un producto de inversión y un bien de mercado (en el caso de los pisos turísticos) y, por lo tanto, un activo con el que especular y obtener beneficio económico. O las prácticas abusivas e ilegales llevadas a cabo por algunos arrendadores, con la participación de las inmobiliarias, así como la falta de voluntad política para aplicar las herramientas de contención de precios, como la declaración de zonas tensionadas que prevé la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Para empezar a desenmarañar el problema y encontrar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda debemos contemplar medidas tanto a corto como a largo plazo. Dentro de las soluciones a corto plazo encontramos necesaria la vuelta de las viviendas destinadas al alquiler turístico al mercado de alquiler de vivienda habitual. Según el INE, las viviendas destinadas al alquiler turistico alcanzaron una cuota de casi 400.000 viviendas en 2024. Un informe del Banco de España, basándose en datos recopilados en portales inmobiliarios, señala que estas llegan al 10% del mercado del alquiler.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en un intento de acabar con algunas de las prácticas engañosas que se dan en el mercado inmobiliario, el pasado mes de diciembre inició una investigación respecto de algunas de estas prácticas, entre ellas “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario”.

Cuando las empresas tratan de hacerse pasar por particulares para arrendar viviendas, realmente están buscando la no aplicación de la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras. Vulnerando, por lo tanto, el deber de información previa sobre las características de la vivienda, sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato de arrendamiento, para poder aplicar cláusulas abusivas supuestamente pactadas entre particulares, no tener que disponer de hojas de reclamaciones, o evitar el uso de los canales de reclamación previstos para las personas consumidoras, entre otras. También buscan la no aplicación de la legislación autonómica sobre los alojamientos turísticos, lo que implica el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, calidad, higiene, de servicios mínimos, tarifas, etc., además de la necesidad de registrar la actividad y cumplir con las obligaciones fiscales.

Desde CECU entendemos que desde la Administración pública se debe primar el acceso a la vivienda a un precio asequible, por encima del fomento del turismo masivo que está disparando los precios y expulsando a las personas de las ciudades. Debemos garantizar protección de las personas consumidoras, y prestar especial atención y defender los derechos de aquellas que se sitúan en una posición de vulnerabilidad.

Lo que nos muestran estas prácticas que llevan a cabo algunos arrendadores en las plataformas de alquiler de viviendas turísticas es la facilidad con la que las partes implicadas, arrendadores y plataformas, incumplen la normativa sin consecuencias. Ahora bien, debemos de ir un pasito más allá y preguntarnos si queremos que la vivienda se convierta en parte de la actividad turística y en el negocio de unos pocos en detrimento del derecho fundamental a poder acceder a una vivienda digna. Si queremos abordar el problema y proteger a las personas consumidoras, lo primero por lo que debemos abogar es porque la actividad turística se desarrolle en infraestructuras pensadas para ello. Para que una persona consumidora tenga plenas garantías en su hospedaje se debe dirigir a hoteles, albergues u hostales, que cumplen con los requisitos mínimos de calidad del alojamiento, y se asegurará que en caso de tener algún tipo de problemática puede estar protegida por la legislación.

En segundo lugar, lo que tenemos que conseguir es que la gran mayoría de las viviendas que se encuentran bajo la actividad turística pasen a formar parte del parque de inmuebles para el alquiler de vivienda habitual. Más allá de que esas viviendas se estén destinando al alquiler vacacional de manera legal o ilegal (y si tienen licencia para desarrollar la actividad o no) se debería limitar el número de licencias existentes y sancionar a las que operen sin ella, para que las viviendas destinadas al alquiler turístico engrosen la oferta de arrendamiento destinada a vivienda habitual y esta sea accesible.

Para conseguir este objetivo también contamos con el poder de la organización vecinal. El propietario de cada vivienda que quiera dedicarse al alquiler turístico deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Además, la comunidad de propietarios podrá limitar, condicionar o prohibir el ejercicio de esta actividad y, en su caso, denunciar su incumplimiento. De este modo, las comunidades de propietarios no solo tienen la capacidad de mejorar la convivencia de la finca, eliminando la actividad turística y sus ya conocidas consecuencias negativas para la convivencia, sino que además se estará devolviendo una vivienda para que sea usada para vivir en ella y no para especular.

La finalidad de la Inspección Técnica de Vehículos no es otra que la de garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras ante las escalofriantes cifras de víctimas que se cobran cada año. El servicio de ITV persigue reducir al mínimo el porcentaje de siniestros que pueda deberse al fallo mecánico del vehículo, por reducido que pueda ser. Dicha finalidad tiene un claro interés público, por lo que se configuró como un servicio reglado, cuya ejecución material puede efectuarse bien por las Administraciones directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, bien por empresas privadas.

Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las comunidades autónomas o la Administración competente, será requisito imprescindible para las empresas que quieran acceder a la actividad de inspección de vehículos obtener habilitación administrativa. El procedimiento para dicha habilitación debe garantizar que la empresa titular cumple los requisitos técnicos exigidos en la normativa para realizar los servicios de inspección, así como que no debe incurrir en incompatibilidades para el desempeño de su actividad, tratando de evitar el conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio.

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, permitió avanzar en un modelo liberalizado de prestación del servicio que tuvo sus efectos en las entidades o empresas que pueden prestarlo, pero no respecto de los requisitos y procedimientos técnicos que deben seguirse en la inspección, que se encuentran debidamente regulados y que deben ser aplicados sea cual sea el modelo de explotación.

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la Administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde las tarifas son libres. También existen comunidades donde conviven estaciones públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración, con otras privadas que funcionan en régimen de concesión o autorización. Esta situación provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta el año pasado, cuando la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre.

Mallorca cambió su modelo en 2020, gestionándose directamente por el Consell Insular a través de una empresa (General de Servicios, S.A.).

Existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV —a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal—, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria para turismos con motor de gasolina y de hasta un 125,7% en vehículos diésel.

La Comunidad de Madrid es la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV, tanto para inspecciones de vehículos diésel como gasolina, habiendo optado por un servicio plenamente liberalizado en modelo de gestión y en precios, que no se encuentran regulados por la Administración autonómica y son fijados por las propias empresas privadas habilitadas para el desarrollo de la actividad.

Murcia, la otra comunidad que, tras el cierre de la única estación que explotaba directamente la Administración, solo cuenta con estaciones privadas, también ha experimentado una subida de los precios en el último año.

De este estudio anual que FACUA elabora se desprende que las tarifas más económicas se han venido correspondiendo con estaciones explotadas directamente por las Administraciones o estaciones que se sitúan en comunidades que han optado por regular y controlar los precios.

En este sentido, la modalidad de gestión y prestación del servicio incide en el precio y, a su vez, en la accesibilidad al servicio para los consumidores, sobre todo para aquellos con economías más precarias.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, reconoce que existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente el consumidor tiene posibilidad real de elección en un servicio netamente territorial y, si esta circunstancia, unida a la disparidad de precios existentes, no supone un trato desigual no justificado a los consumidores en el acceso a un servicio obligatorio y de interés general.