El notario: guardián de la verdad

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El papel del notario es el de un garante de la legalidad.

El notario: guardián de la verdad

PATRICIA ANDÚJAR

La IA generativa ha provocado una grave crisis de confianza en la sociedad, condicionada a dudar de todo lo que ve, escucha e incluso lee. Los deepfakes, las fotografías generadas por IA y los documentos manipulados, forman parte de una realidad a la que solo es posible enfrentarse con certezas, como las que garantiza el ejercicio notarial.

Protección al consumidorVerdad o mentira, esa es la cuestión. Un interrogante cada vez más presente en una sociedad amenazada por la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología capaz de acelerar el deterioro de la confianza pública. Así lo explica Elena Yndurain, directora ejecutiva, consejera y profesora de Tecnología en el IE Business School en su artículo ¿Ver para creer? La erosión de la confianza pública en la era del ‘deepfake’, donde hace un análisis exhaustivo sobre la capacidad de la IA generativa para «crear contenidos realistas en prácticamente cualquier formato». Entre ellos se encuentran, precisamente, los deepfakes: «imágenes, audios o vídeos generados o manipulados mediante inteligencia artificial para hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca ocurrió». Una tendencia al alza, tal y como atestiguan los datos. «Según estimaciones de la firma de ciberseguridad DeepStrike, el número de deepfakes compartidos en línea habría pasado de unos 500.000 en 2023 a cerca de 8 millones en 2025″, expone Yndurain. Y es que su capacidad de manipulación es a gran escala, lo que supone, no solo «un aumento de la información falsa, sino también el debilitamiento de los mecanismos con los que una sociedad determina qué es verídico». La IA generativa no solo es capaz de clonar voces o crear imágenes ficticias que parecen auténticas, también falsifica documentos, por lo que es más difícil atestiguar su certeza física o jurídica. Hacen falta herramientas que limiten su actuación: tecnología, regulación, fortaleza institucional y por supuesto, educación. Y también, hacer uso de aquello con lo que ya contamos y nos da garantías. Es ahí donde entra en juego el papel del notario.

 


LA CAPACIDAD DE MANIPULACIÓN DE LA IA AUMENTA LA INFORMACIÓN FALSA Y A SU VEZ, DEBILITA LOS MECANISMOS DE LA SOCIEDAD PARA DETERMINAR QUÉ ES VERÍDICO


 

Figura de legitimidad y seguridad

Ante una dimensión de manipulación tan incontrolable, la fe pública notarial representa la certeza, pues garantiza la autenticidad y la seguridad de los actos jurídicos.

Cuando un ciudadano o empresa tiene interés en que un determinado acto o acuerdo tenga un resultado cierto y seguro y que, por lo tanto, no sea puesto en duda, lo recomendable es recurrir a la intervención del notario, porque el documento público autorizado por el mismo, goza de efectos poderosos como la presunción de legalidad, veracidad, integridad y exactitud, así como de otros de carácter probatorio, ejecutivo y de acceso a registros públicos. Por lo tanto, el papel del notario es el de un garante de la legalidad que aporta seguridad en tres frentes críticos: la comprobación de la identidad de los intervinientes u otorgantes, el asesoramiento y control de la legalidad y la autorización de los documentos notariales.

 


LA FE PÚBLICA NOTARIAL REPRESENTA LA CERTEZA, PUES GARANTIZA LA AUTENTICIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS ACTOS Y NEGOCIOS QUE EL NOTARIO AUTORIZA


 

Protección al consumidorExplica M.ª Teresa Barea, portavoz nacional del Consejo General del Notariado (CGN), que, en mitad de un mundo tan tecnológico, «se hace particularmente necesario garantizar la seguridad jurídica de todos los actos, negocios jurídicos, trámites y procesos en los que los ciudadanos y empresas están implicados», poniendo el foco de manera especial en el entorno digital, donde se conjuran «peligros tan serios como las suplantaciones de identidad o el mal uso o abuso de la firma electrónica». Su papel tiene relevancia antes, durante y después de la firma notarial, ofreciendo asesoramiento jurídico imparcial e interpretando, configurando y autentificando con arreglo a la legalidad, la voluntad de todas las partes y de forma especial, la de aquella más necesitada de protección, según el artículo 147 del Reglamento Notarial. En este sentido, la intervención del notario es determinante, pues también «se asegura de la identidad de los intervinientes y de que estos tienen legitimación y capacidad o discernimiento suficiente para realizar el acto que desean llevar a cabo».

Proyecto Atenea

Que la figura del notario es fundamental para controlar y dar veracidad a los hechos, amenazados en muchas ocasiones por la IA generativa, no significa que la inteligencia artificial sea mala en sí misma. Todo lo contrario, bien empleada, supone una ayuda más que positiva. Así lo ve también el Notariado, que en marzo de 2025 implementó el proyecto Atenea: una IA supervisada, empleada para mejorar la calidad e inmediatez de la información notarial. Este sistema permite extraer datos fiables y ponerlos a disposición, de forma más rápida, manteniendo siempre el control humano como garantía de seguridad jurídica y confidencialidad. Por lo tanto, la IA no se utiliza para decidir si un acta debe autorizarse, para comprobar autónomamente la identidad de los comparecientes o para sustituir el juicio jurídico del notario. Es una ayuda para el ejercicio humano, más aún, teniendo en cuenta que la institución notarial gestiona cada año más de 1.500 millones de datos. Es la evidencia de que caminar de la mano de la IA, dándole un uso responsable, solo puede sumar.

Código deontológico sobre la IA

El Consejo General del Notariado aprobó el pasado mes de septiembre su propio Código deontológico sobre el uso de la inteligencia artificial. El objetivo no es otro que poder hacer uso de una tecnología que supone una ayuda para el trabajo notarial, pero sin comprometer aspectos básicos de su actividad. El texto recoge los grandes principios que debe orientar el empleo de la IA en las notarías, entre los que destaca la supervisión humana como criterio fundamental y la privacidad, poniendo el foco en el secreto profesional, la protección de datos y la confidencialidad.

Amplio abanico de servicios

El notario puede abordar muchos asuntos relacionados con la contratación privada o mercantil, así como con la vida personal o familiar.

  • A la persona: testamentos, herencias, donaciones, compraventas, préstamos personales e hipotecarios, pólizas, capitulaciones matrimoniales, expedientes matrimoniales, bodas, separaciones y divorcios, otorgamiento de poderes, emancipación de hijos, resoluciones amigables de crisis matrimoniales, medidas de protección de familiares con discapacidad, reconocimiento de hijos, actas, actos de conciliación, cobro de deudas, etc.
  • Al empresario: constitución o disolución de una sociedad, fusiones, escisiones y transformaciones, transmisión de acciones y participaciones, financiación de empresas, leasing inmobiliario, transmisión de patentes y marcas, etc.
Notario y cliente revisando un documento antes de la firma
El notario se asegura de la identidad de los intervinientes.

Las actas notariales

El Reglamento Notarial señala que «las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario». El objetivo, por lo tanto, es recoger hechos, a diferencia de otros documentos notariales, como las escrituras públicas y las pólizas, en las que se recogen contratos. El notario, por su parte, actúa como un testigo cumpliendo con su función de fedatario público al autorizarla. Amparadas por la fe pública que otorga su intervención, las actas gozan de las presunciones de veracidad, integridad y legalidad y su valor reside en que prueban de manera incontestable el hecho que constituye su objeto, solo pudiendo ser discutido en sede judicial, si hay una querella previa de falsedad. Una vez realizada el acta, quedará custodiada por el protocolo del notario que la autorizó, y pueden pedir copias no solo el ciudadano que la instó, sino también cualquier persona que pueda tener un interés legítimo en conocer su contenido, además de la autoridad judicial.

Persona ante pantallas con una figura humana generada por inteligencia artificial
La IA generativa es capaz de clonar voces o crear imágenes ficticias.

PARA SABER MÁS

Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act)

Ley que exige que los contenidos generados por IA (como los deepfakes) lleven marcas de agua o etiquetas que identifiquen que no son reales.

Modificación del AI Act (apartado 7 del artículo 50)

Corrección correspondiente del reglamento europeo.

Reglamento de la organización y régimen del Notariado

Con especial atención a los artículos que regulan la fe pública y las actas de constancia de hechos.

Ley del Notariado del 28 de mayo de 1862

Los artículos 1 y 36, respectivamente, definen de manera directa la función y atribución de la fe pública al notario.

Informe de Riesgos Globales, del Foro Económico Mundial (WEF)

Sitúa la desinformación generada por IA como uno de los mayores peligros globales a corto plazo.

Guía de la AEPD sobre el uso de imágenes de terceros en sistemas de IA

Analiza las implicaciones de subir, transformar o generar contenidos visuales o biométricos de personas en plataformas de IA sin su consentimiento.

Recomendaciones generales de la AEPD para el uso de IA

Pautas prácticas sobre qué datos no deben subirse a herramientas de IA generativa (datos personales, DNI, información médica o financiera).

Lo he comprobado con mis propios medios, por José Carmelo Llopis

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JOSÉ CARMELO LLOPIS,

decano y delegado del CGN en materia de nuevas tecnologías ante el CNUE

Que un documento parezca auténtico no significa que lo sea, del mismo modo que tampoco garantiza la validez o eficacia de su contenido”

Lo he comprobado con mis propios medios

Desde Star Wars hasta Stranger Things, pasando por Dark, la ciencia ficción nos ha enseñado que la realidad no siempre es lo que parece, que puede esconder un lado oscuro, una dimensión desconocida o incluso un mundo al revés.

Lo que durante décadas fue territorio del cine y la televisión empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana: un documento puede tener una apariencia impecable y ser falso; una fotografía puede mostrar algo que nunca ocurrió; una voz puede pronunciar palabras que la persona nunca dijo; un vídeo puede mostrarnos a alguien que nunca participó en algo que, realmente, nunca pasó.

La falsificación existía antes de la tecnología, pero la inteligencia artificial generativa permite a cualquiera, desde prácticamente cualquier dispositivo y de manera incluso gratuita, producir apariencias convincentes.

La confianza también tiene consecuencias jurídicas

Cuando esas apariencias se utilizan para presentar identidad, justificar representación, acreditar derechos o autorizaciones administrativas, la incertidumbre que provocan afecta directamente a los derechos de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.

En este contexto, la fe pública notarial adquiere una especial relevancia. Su valor no reside únicamente en la autoridad que el ordenamiento jurídico atribuye al notario, sino también en el procedimiento que sustenta su intervención: comprobar la exactitud de los hechos, o como dice el artículo 1 del Reglamento Notarial, lo que «el notario ve, oye o percibe por sus sentidos», contrastar la información y, sobre todo, mantener una relación de inmediación que permite apreciar directamente manifestaciones y valorar circunstancias.

Esta inmediación y percepción directa de la realidad encuentran una expresión significativa en el Reglamento Notarial. Sus artículos 198 y 199, al regular las actas, especialmente las de presencia, establecen que el notario debe actuar conforme a lo que presencie, le conste o perciba por sus propios sentidos.

Esta formulación hoy adquiere un significado renovado: la percepción personal y el juicio humano sigue siendo esencial, aunque las tecnologías obliguen a extremar las cautelas sobre la autenticidad de aquello que se percibe.

Un documento impecable también puede ser falso

Esta inmediación resulta especialmente importante para documentos electrónicos: un certificado o un documento extranjero pueden incorporar sellos, firmas visibles, códigos QR o códigos seguros de verificación —CSV— y presentar una apariencia perfectamente convincente. Sin embargo, que un documento parezca auténtico no significa que lo sea, del mismo modo que tampoco garantiza la validez o eficacia de su contenido.

La apariencia formal ya no es suficiente y obliga a extremar la diligencia en la comprobación documental. Se trata, en cierto modo, de someter al documento a un test Voight-Kampff, como en Blade Runner: ir más allá de las apariencias para determinar su naturaleza.

En primer lugar, debemos comprobar el origen y la autenticidad del documento, sin confiar exclusivamente en su apariencia externa. Para ello, debemos acudir directamente a la sede electrónica o fuente oficial del emisor, verificar que es auténtica y contrastar que el contenido coincide íntegramente con el original. Siempre que sea posible, debemos descargar el documento directamente y trabajar con el documento descargado, en lugar de utilizar el facilitado por el interesado.

En segundo lugar, debemos comprobar las firmas electrónicas, su validez y su naturaleza, teniendo presente que solo la firma electrónica cualificada tiene un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. Además, debemos determinar la naturaleza pública o privada del documento, la competencia de quien lo expide y la coherencia de su contenido con los restantes antecedentes. Además, es conveniente dejar constancia de las verificaciones realizadas.

Finalmente, si persisten dudas fundadas sobre su autenticidad, debemos suspender la actuación hasta obtener certeza suficiente, sin que la urgencia justifique prescindir de las comprobaciones necesarias.

El rostro también necesita comprobaciones

En Desafío total, Douglas Quaid, el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger intenta burlar un control de identidad ocultándose tras una sofisticada máscara. El engaño se descubre cuando el dispositivo comienza a fallar y repite mecánicamente la misma frase. Los deepfakes permiten suplantar rostros y voces con un realismo creciente, pero no podemos confiar en que el impostor digital empiece a repetir la misma frase para descubrir que estamos ante una falsificación.

La videoconferencia notarial constituye un avance indudable, pero la posibilidad de generar artificialmente la apariencia de una persona obliga a reforzar las cautelas. La imagen y la voz continúan siendo elementos de valoración, pero ya no podemos pensar que ver y oír a alguien a través de una pantalla constituye, por sí solo, prueba suficiente de identidad, puesto que la seguridad exige lo contrario: la utilización de la Sede Electrónica Notarial, la combinación de diversos factores de autenticación, la comprobación de los certificados electrónicos y, especialmente, la interacción directa con el compareciente (de nuevo, la inmediación) permiten reforzar la certeza sobre su identidad, valorar su comprensión y la libertad de su consentimiento.

Ante cualquier sospecha razonable de manipulación, la solución es incrementar las comprobaciones y, si la duda persiste, suspender o aplazar la actuación hasta alcanzar un grado suficiente de certeza.

Todo lo dicho nos obliga a cuestionar una expresión que, hasta hace poco, bastaba para zanjar cualquier discusión, como «lo he visto con mis propios ojos», y sustituirla por «lo he comprobado con mis propios medios». Como nos advertían en Expediente X, la verdad sigue estando ahí fuera, pero ahora hay que esforzarse un poco más para encontrarla.

Decidir hoy sobre cuestiones de mañana, con seguridad

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Los más conocidos son el testamento y los poderes generales, pero hay otros tres muy útiles: las voluntades anticipadas, la autocuratela y los poderes preventivos.

Decidir hoy sobre cuestiones de mañana, con seguridad

PATRICIA ANDÚJAR

Expresar nuestra voluntad futura con seguridad y conocimiento es posible gracias a los denominados instrumentos de autoprotección y prevención futura. Son herramientas legales que no solo evitan conflictos, sino que nos garantizan el cumplimiento de nuestras decisiones. Para ayudarnos a entenderlos, a elegir los más adecuados y a dejarlo por escrito, están los notarios.

Pensar en el futuro a veces sí es una buena opción. Existen herramientas legales que nos amparan y que nos permiten anticipar nuestras decisiones.

El abanico de posibilidades es amplio. Lo correcto es hablar de instrumentos jurídicos de autoprotección y prevención futura. Así los define M.ª Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, quien explica que “todos son diferentes, aunque complementarios, y cada uno cubre una necesidad”.

Los más conocidos son el testamento y los poderes generales, pero hay otros tres que pueden resultarnos muy útiles: las voluntades anticipadas, la autocuratela y los poderes preventivos.

 


LA AUTOCURATELA NOS PERMITE DEJAR POR ESCRITO CÓMO DESEAMOS QUE SE ORGANICEN NUESTROS ASUNTOS Y BIENES, INCLUIDA LA DESIGNACIÓN DE UN CURADOR


 

Voluntades anticipadas

Esta fórmula legal, también conocida como ‘instrucciones previas’, según la comunidad autónoma, y vulgarmente popularizada como ‘testamento vital’, permite que una persona mayor de edad y con capacidad suficiente manifieste, entre otras cuestiones, qué asistencia médica desearía recibir en caso de que llegase a encontrarse en una situación en la que no pudiera expresar su voluntad. También puede incluir otras disposiciones como si querría contar con asistencia espiritual, o donar sus órganos, por ejemplo. Se trata de un derecho reconocido por la Ley 41/2002 , que, como decíamos, además incluye la posibilidad de tomar decisiones sobre la donación de órganos, el destino del cuerpo tras el fallecimiento y desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, la prestación de ayuda para morir.

 


EXISTEN HERRAMIENTAS LEGALES QUE NOS AMPARAN Y QUE NOS PERMITEN ANTICIPAR NUESTRAS DECISIONES


 

Se puede otorgar por escrito, ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar y con la condición de que al menos dos de ellos no tengan relación de parentesco hasta segundo grado ni vínculo patrimonial o profesional. También existe la posibilidad de hacerlo en escritura pública ante notario o, en tercer lugar y solo en algunas comunidades autónomas, realizarlo directamente ante el personal del registro de voluntades anticipadas.

Autocuratela y poder preventivo

La autocuratela es la designación por uno mismo de un curador, o lo que antiguamente se conocía como ‘tutor’. Es un derecho recogido en la reforma del Código Civil para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se trata de una figura legal que permite a una persona, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad, dejar por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de un curador. El curador será preferentemente asistencial, es decir, ayudará en la toma de decisiones y solo cuando haya una imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad.

 


EL OTORGANTE PUEDE NOMBRAR CURADOR A QUIEN DESEE, TANTO A PERSONAS FÍSICAS – YA SEAN FAMILIARES O AMIGOS – COMO JURÍDICAS (PÚBLICAS O PRIVADAS)


 

El otorgante puede nombrar curador a quien desee, tanto a personas físicas – ya sean familiares o amigos – como jurídicas (públicas o privadas). Y un punto importante, “la autocuratela puede ser positiva o negativa”, explica M.ª Teresa Barea. Es decir, el otorgante puede decir quién quiere que sea su curador, pero también determinar claramente quién no. Además, el curador se designa en escritura pública ante notario, para garantizar su legalidad y el debido asesoramiento.

Por su parte, el poder puramente preventivo se define como un documento público autorizado por un notario que permite a una persona (poderdante) designar a otra u otras conforme a su voluntad (apoderado/s) para que actúe/n representando sus intereses, en caso de que llegase a estar en una situación en la que no pudiera decidir por sí misma. Este poder permite otorgar las facultades que desee, ampliar o reducir los ámbitos de actuación, así como decidir si esas facultades podrán ejercerse por una sola persona o por varias, que actúen por separado o conjuntamente, o incluso sucesivamente. El poder preventivo debe redactarse y autorizarse por un notario y constar en escritura pública y el apoderado solo podrá actuar con la copia autorizada de la escritura de poder. “Es un instrumento súper útil porque si incluye esa cláusula que lo hace preventivo evita necesitar la curatela”, señala Barea.

 


PODEMOS DEJAR POR ESCRITO SI QUEREMOS DONAR ÓRGANOS O QUE NOS PRESTEN AYUDA PARA MORIR


 

¿Son populares?

Si bien cada una de estas fórmulas legales plantean un escenario de previsión y control ante el futuro, no todas ellas tienen el mismo arraigo en la sociedad. En el caso de las voluntades anticipadas, por ejemplo, explica la portavoz del Notariado que depende de con qué prisma lo veamos. “Si comparamos la situación de hace veinte años en España, estamos en un estadio muy superior porque es una terminología que ya se conoce a nivel social”, aunque vulgarmente esté más extendido como ‘testamento vital’. “Pero si lo comparamos con otro tipo de instrumentos jurídicos que tienen que ver con la autoprotección de la persona o con la adopción de previsiones para el futuro, como el testamento o los poderes, indudablemente es todavía una herramienta muy menor y que tiene aún mucho margen para crecer”. En cualquier caso, “estamos en la tendencia de crecimiento de este tipo de documentos”.

En el lado opuesto se encuentran los poderes preventivos, un tipo de documento más común. Así lo atestiguan las cifras oficiales del registro notarial. Solo en el primer semestre de 2026, por ejemplo, se realizaron 16.459 y en todo el año 2025, hasta 30.199. Choca de frente con las cifras de la autocuratela, mucho menos habitual, con 1.406 registrados en el primer semestre de este año y 2.471 en el ejercicio de 2025.

Poder ordinario vs. preventivo

“Un poder es una escritura notarial en la que una persona concede facultades o una autorización a otra u otras personas para que hagan algo en su nombre”, explica M.ª Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. “A partir de ahí, los poderes son instrumentos muy flexibles porque pueden ser muy especiales, (comprenden facultades muy concretas), hasta generales, que es un poder para absolutamente todo”.

La diferencia entre un poder ordinario y uno puramente preventivo es que el primero tiene efecto desde el mismo momento de la firma ante notario y deja de tenerlo en el caso de que se produzca una situación de discapacidad sobrevenida del poderdante (que implique la pérdida del discernimiento suficiente). Por el contrario, los segundos se otorgan ante la previsión de la discapacidad futura del poderdante.

Gracias a las voluntades anticipadas podemos dejar dicho que asistencia médica desearíamos recibir, por ejemplo, en caso de no poder expresarnos.

Normalizarlos y extenderlos

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la sociedad y que la tendencia es vivir más años, tomar decisiones en el ámbito personal y patrimonial para asegurar nuestro bienestar futuro parece esencial. “Son instrumentos donde se ve al individuo ejercitando su libertad de decisión, su libertad civil”, dice Terea Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, y es ahí donde entra en juego el papel del notario, que consigue maximizar el ejercicio de esa libertad. “El notario ayuda a la persona a moldear ese instrumento jurídico, dentro de lo que le permite la Ley, para que, siendo completamente legal, se adapte a la necesidad, voluntad y libertad de esa persona. Es como un traje a medida”, señala.

Por eso, defiende la importancia de hacer pedagogía al respecto, para normalizarlos y extender su formalización. “Son instrumentos que dan tranquilidad y seguridad y que, con la intervención notarial, tenemos la certeza que están bien hechos y que van a evitar problemas futuros a nuestros seres queridos, en lo patrimonial y en lo personal, además de garantizarnos que nuestras decisiones se van a respetar”, concluye.

El poder preventivo nos permite designar a una o varias personas para que nos representen en caso de no poder comunicarnos.

PARA SABER MÁS

Página oficial del Consejo General del Notariado

Toda la información sobre los Instrumentos jurídicos de autonomía personal y protección patrimonial y la ayuda que pueden prestar los notarios

‘Ley 41/2002 de autonomía del paciente’

Esta normativa regula en su artículo 11 las voluntades anticipadas, llamadas oficialmente ‘documento de instrucciones previas’

‘Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la ley de eutanasia’

Se habla de instrucciones previas, principalmente, en el artículo 6.4, el cual regula cómo presentar la solicitud de ayuda para morir cuando el paciente ya no tiene capacidad de expresarse.

Medidas de autoprotección, por Federico Cabello de Alba

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

FEDERICO CABELLO DE ALBA,

director de la Sección Social y Económica de la Fundación Aequitas

La intervención notarial garantiza que esa autonomía de voluntad no suponga un riesgo para el respeto y eficaz ejercicio de los derechos que asisten a la persona”

Medidas de autoprotección

A lo largo de la vida no es infrecuente que, lo anómalo sería lo contrario, todos nos encontramos con situaciones en las que, ya sea de manera transitoria o definitiva, perdemos las facultades de discernimiento para poder tomar determinadas decisiones; ya sea en el ámbito personal, patrimonial, familiar o cualquier otro aspecto de nuestro interés.

Anticipación

Para afrontar esas situaciones, los ordenamientos arbitran una serie de medidas que tratan de suplir esa imposibilidad o dificultad para tomar las propias decisiones. Tradicionalmente se ha recurrido por la legislación a actos de autoridad, de modo que a través de un procedimiento judicial se acudía al expediente de sustituir a la persona en su toma de decisiones. Progresivamente el centro de gravedad se ha ido desplazando hacia la asunción del principio de que sean las propias personas quienes pueden anticiparse a esas situaciones y delimitar el régimen de asistencia, apoyo y toma de decisiones en aquellos momentos en que sus facultades se vean mermadas. Todas las opciones que recoge nuestro ordenamiento ahora parten de la base de que es la propia persona, conocedora de su entorno familiar, social y patrimonial quien de manera más acertada puede prever y regular esas situaciones, así como anticiparse a posibles abusos o conflictos de interés.  

De ese principio deriva que dichas disposiciones voluntaria sean preferentes a las de cualquier otro origen, aunque, lógicamente, son decisiones que han de verse rodeadas de una serie de garantías para evitar posibles conflictos, consecuencias no deseadas o manipulaciones que vicien esa voluntad. La intervención notarial, como salvaguarda y apoyo a las personas en el proceso de la toma de decisiones y la superior vigilancia del ministerio fiscal y la autoridad judicial, garantiza que esa autonomía de voluntad no suponga un riesgo para el respeto y eficaz ejercicio de los derechos que asisten a la persona aun en esa coyuntura.

Voluntad y seguridad

Ese marco delimita las diferentes instituciones que en nuestro derecho civil hacen posible conciliar la autonomía de la voluntad con la seguridad que a todo ciudadano es debida al afrontar situaciones de debilidad cognitiva o volitiva.

No podemos analizar aquí de manera pormenorizada los recursos reconocidos en la actualidad por nuestra legislación, pero merece la pena detenerse en los principios y normas de funcionamiento de voluntades anticipadas, autocuratela y poderes y mandatos preventivos.

El marco regulador de las denominadas instrucciones previas, voluntades anticipadas o mal llamadas también testamento vital parte de la Ley 41/2020 de Autonomía del paciente donde se definen como instrucciones previas aquellas en que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en que no sea capaz de expresarlos personalmente. Su contenido puede referirse a preferencias sobre atención al final de la vida o tratamientos médicos, instrucciones sobre medidas paliativas que eviten prologar artificialmente la vida, prestación de ayuda para morir con arreglo a la Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia, destino del cuerpo o de los órganos tras el fallecimiento e incluso, designar un representante como interlocutor con el servicio sanitario. Son las comunidades autónomas las que asumen la competencia para regular y establecer el modo en que se puede formalizar este documento, su contenido y su registro, aunque existe un registro estatal para asegurar su eficacia en todo el territorio nacional. De ahí resulta una enorme heterogeneidad en su regulación, aunque encontramos unas líneas directrices básicas que conviene señalar. En cuanto a la capacidad, siguiendo a la ley de autonomía del paciente se habla de personas mayores de edad, capaces y libres, y se prevé el consentimiento por representación, regulación que, evidentemente, requiere su adaptación a los principios inspiradores de nuestra regulación civil tras la Ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La mayoría de las legislaciones autonómicas reconocen la posibilidad de otorgarlas alternativamente por escrito ante testigos, ante personal e instancias sanitarias o ante notario. Aunque algunas comunidades autónomas no prevén su formalización notarial, la dispersión territorial del Notariado, el asesoramiento que es inherente a nuestra función y la no sujeción a un esquema predeterminado en su redacción, entiendo hacen aconsejable procurar siempre su formalización notarial.

Instrumentos jurídicos

Frente a las instrucciones previas, tendentes a asegurar el respeto a la voluntad de la persona en el momento del fallecimiento y procurar una muerte digna, hay otras que procuran el respeto a su voluntad cuando, durante su vida, encuentran dificultades volitivas o cognitivas para expresarla o hacerla efectiva. Aparte de la escritura de medidas voluntarias, de contenido más amplio y que merecería un estudio aparte, debemos referirnos a la autocuratela, poderes y mandatos preventivos. Guardan analogía en cuanto a su objeto, adecuar a la voluntad de la persona la asistencia y apoyo cuando tengan dificultades en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como por ser preceptiva la intervención notarial. Como en todos los supuestos de medidas voluntarias de asistencia y apoyo que regula nuestro Código civil, el notario se configura como institución de salvaguarda y apoyo, garante de la adecuada formación de la voluntad, de su formulación y diseño y de que exista un consentimiento realmente informado. Otro aspecto común es que no se limitan a designar a la persona que va a ejercer esas determinadas funciones, sino a regular su forma de ejercicio, garantías, cautelas y salvaguardas, esto es, una regulación plena de su funcionamiento.

A partir de ahí, las diferencias: la autocuratela tiene por objeto proponer quien va a ejercer la curatela y diseñar el funcionamiento de esta institución en el caso en que haya de recurrirse a ella y, por el contrario, el poder y mandato preventivo designa a quien, como apoderado o mandatario va a ejercer la asistencia y apoyo a la persona que lo necesite. No hemos de olvidar que ambas instituciones, poder y mandato, son sustancialmente distintas. El poder un negocio jurídico unilateral que no obliga al apoderado salvo que sea manifestación de un mandato, negocio jurídico bilateral que sí que obliga a ambas partes.

En fin, manifestación todo ello de los medios que nuestro ordenamiento ofrece como medidas de autoprotección a las personas que transitan o prevén situaciones que las pueden hacer especialmente vulnerables, así como de la confianza del legislador en la función notarial para prestar un servicio que exige no sólo conocimiento, sino cercanía y sensibilidad.

La vivienda en alquiler: cómo protegerse

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La reducción de la oferta de vivienda ha intensificado la competencia entre quienes buscan alquilar.

La vivienda en alquiler: cómo protegerse

PATRICIA ANDÚJAR

Nuestro país arrastra un grave problema ante la escasez de vivienda, tanto en venta como en alquiler. Este problema se incrementa si no hay la suficiente transparencia o si el contrato de alquiler no ofrece la necesaria seguridad jurídica.

El artículo 47 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y encomienda a los poderes públicos a promover «las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

 


LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, POPULARMENTE CONOCIDA COMO ‘LEY DE ALQUILERES’, ASPIRABA A SER UN BÁLSAMO PARA LA SITUACIÓN DE LOS INQUILINOS


 

Menos oferta y más competencia

Sin embargo, España arrastra desde hace años un problema estructural en lo relativo a la vivienda y las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos no parecen haber dado con la solución. La última, la Ley por el derecho a la vivienda, popularmente conocida como ‘ley de alquileres’, y que recientemente ha cumplido tres años de andadura, aspiraba a ser un bálsamo para la situación de los inquilinos. “La norma nació con el objetivo de contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda, sin embargo, la evolución del mercado desde 2023 deja un escenario marcado por tres grandes tendencias: subida de precios, desplome de la oferta y un aumento sin precedentes de la competencia entre inquilinos”, explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Por su parte, Helena Beunza, presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), camina por la misma senda al señalar que “en el sector existe un amplio consenso crítico con la norma”, ya que, si bien es cierto que esta “partía de un diagnóstico correcto (que la vivienda en alquiler en España es cara y escasa) aplicó la solución equivocada”. Para la presidenta de ASVAL, la clave está en que no se ha solucionado el problema de fondo, que es la falta de oferta, ya que “la ley se centró en intervenir los precios y ampliar las cargas sobre los propietarios”, y eso ha tenido un efecto indeseado, que en el caso de José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), se ha traducido, entre otras cuestiones, en “una drástica reducción de hasta un 50% o más de la oferta de vivienda disponible”, motivada por el cambio en la modalidad del alquiler o porque los propietarios han optado, directamente, por no arrendarlos.

 


LA DECLARACIÓN DE ZONAS TENSIONADAS HA PROVOCADO UNA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y EL INCREMENTO DE LA COMPETENCIA


 

Zonas tensionadas

Uno de los aspectos que más ha contribuido a ese cambio en la tendencia de los alquileres ha sido la declaración de zonas tensionadas en algunas comunidades autónomas. Una medida que consiste en poner un límite al precio de las rentas. Defiende Beunza que «es el ejemplo más claro de cómo una medida bien intencionada puede producir exactamente el efecto contrario» porque «cuando se limitan las rentas por debajo del mercado, los propietarios no bajan los alquileres; los retiran, destinándolos al alquiler turístico, a la venta, o simplemente los dejan vacíos». La primera consecuencia es la reducción de la oferta y la segunda es el incremento de la competencia para conseguir las pocas viviendas que salen disponibles. Dice el portavoz de Idealista que «este último aspecto es el más crítico y dañino, ya que está provocando una clara elitización del mercado», que se traduce en «perfiles con mayores ingresos y estabilidad económica», lo que deja fuera de juego a otros como jóvenes, familias vulnerables y rentas medias. Pero, además, tiene otro efecto añadido: «Obliga a miles de ciudadanos a desplazarse hacia segundos y terceros anillos periféricos, lo que traslada de inmediato la presión de los precios y la escasez a municipios colindantes que antes eran asequibles», sentencia José María Alfaro.

Existe una última consecuencia, y es que se produce un conflicto entre inquilinos actuales y futuros. Iñareta señala que “los que ya se encuentran viviendo de alquiler están más protegidos, pero los que necesitan acceder, ven cómo son expulsados del mercado y tienen casi imposible conseguir una vivienda”.

 


EL MERCADO DE LA VIVIENDA ESTÁ MARCADO POR UN AUMENTO DE LA REGULACIÓN Y DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA DEL ALQUILER QUE GENERA INTRANQUILIDAD TANTO A PROPIETARIOS COMO A INQUILINOS


 

Respaldo notarial

El día a día del mercado de la vivienda está marcado por un aumento de la regulación y de la inseguridad jurídica del alquiler que genera intranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos.

En este punto, toca preguntarse: ¿cómo protegerse en el mercado de la vivienda?

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, ha señalado en diversos foros que la falta de seguridad jurídica se manifiesta de forma clara en dos ámbitos: en el proceso precontractual, previo a la compra de vivienda, y en el mercado del alquiler. En el primero, es frecuente la firma de contratos de arras sin asesoramiento ni control, con consecuencias relevantes una vez entregadas cantidades de dinero que, en muchos casos, son elevadas.

En segundo lugar, Barrio Del Olmo señala que “la falta de seguridad jurídica se aprecia también de manera evidente en el mercado del alquiler que no garantiza, hoy, la seguridad jurídica ni del propietario ni del inquilino”. En su opinión, “si se quiere profesionalizar este mercado será imprescindible profesionalizar también la redacción de los contratos y contar con un asesoramiento notarial imparcial y gratuito”.

 


AUNQUE EN ESPAÑA NO EXISTE UNA TRADICIÓN CONSOLIDADA DE FORMALIZAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER EN ESCRITURA PÚBLICA, LA INTERVENCIÓN NOTARIAL APORTARÍA SEGURIDAD JURÍDICA


 

Y es que, aunque en España no existe una tradición consolidada de formalizar los contratos de alquiler en escritura pública, la intervención notarial aportaría seguridad jurídica. Permitiría controlar el título del arrendador, confirmando la titularidad del inmueble. Además, aportaría información al arrendatario sobre la situación jurídica de la vivienda, controlaría la legalidad del contrato e, incluso, permitiría incorporar un inventario del estado de la vivienda y de los bienes arrendados. Asimismo, ayudaría a prever la utilización de medios adecuados de solución de controversias, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Pero no acaba aquí. La intervención notarial ayudaría también a controlar el depósito de la fianza en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la capacidad de detectar prácticas fraudulentas, como la celebración de contratos de temporada que tratan de eludir la regulación más protectora del arrendamiento de la vivienda. Todo ello fomentaría el mercado del alquiler aportando transparencia e información.

Portal estadístico de la vivienda

El Notariado ha puesto a disposición de la Administración y la ciudadanía el Portal estadístico de la vivienda. En él se recoge información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial. A partir de datos extraídos de las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital ofrece los precios reales de la vivienda, no los de oferta, y lo hace de manera visual e interactiva, con acceso gratuito y al alcance de todos. El objetivo es contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda. Así, responder a preguntas como por cuánto se puede vender una casa, cuánto cuesta un piso en un barrio determinado o qué esfuerzo se debe hacer para comprarlo.

Los propietarios han optado por retirar inmuebles del mercado o destinarlos a otros usos.

¿Qué es una escritura pública?

Es un documento público otorgado ante notario que ofrece la máxima seguridad jurídica, ya que tanto la Administración, como los jueces y la sociedad en general, le otorgan total credibilidad. Se sustenta sobre una normativa precisa y reúne condiciones de autenticidad, porque lo que en ella se recoge es cierto; de ejecutividad porque el acuerdo se lleva a la práctica sin necesidad de más pruebas; y de legalidad porque se ajusta a lo que dicen las leyes. Además, la escritura solo circula mediante copias, ya sean en papel o electrónicas. La matriz en su versión papel se guarda formando protocolo en el despacho del notario que la autoriza, posteriormente pasa a los archivos notariales de cada colegio y luego al Archivo Histórico. La matriz en formato electrónico es custodiada por el Consejo General del Notariado. Por lo tanto, la escritura pública es para siempre.

Miles de ciudadanos se están viendo obligados a desplazarse hacia segundos y terceros anillos periféricos.

PARA SABER MÁS

Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

Esta normativa introdujo novedades en el mercado inmobiliario, como la regulación y contención de los precios de los alquileres en las zonas denominadas ‘tensionadas’.

Tres años de Ley de Vivienda: el alquiler se encarece, la oferta cae y la competencia se dispara.

Informe realizado por Idealista a propósito del tercer aniversario de la Ley de Vivienda. Se pueden consultar otros informes en el apartado de prensa de la web del portal inmobiliario.

Los jóvenes, las familias vulnerables y las rentas medias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda.

Alquilar… ¿seguro?, por César Sanz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CÉSAR SANZ PÉREZ,

vicesecretario del Consejo General del Notariado

Nadie se plantearía en la actualidad comprar una vivienda sin acudir a una notaría”

Alquilar… ¿seguro?

Hay un dicho popular según el cual un contrato son dos desconfiados y un notario. Esto vale para cualquier contrato y por eso la práctica diaria notarial, desde hace siglos, como bien sabe y mejor escribe mi compañero Plácido Barrios, está trufada de elementos y objetos curiosos que los ciudadanos quieren transmitirse delante de un fedatario público.

De entre las cosas sobre las que está permitido contratar, la que suele tener más valor son los bienes inmuebles, por su relevancia para la actividad económica de las personas y por servirles de cobijo y residencia. El derecho español, heredero en este punto de la tradición romana clásica y la canónica, acoge un principio de libertad de forma según el cual, en lo que ahora nos interesa, usted puede vender, comprar o alquilar una vivienda con un simple apretón de manos o firmando una servilleta en una cafetería. Cuestión distinta, y no menor, es qué sucede si la servilleta se moja o el dueño de la mano no recuerda haber apretado la suya.

Preguntas e inquietudes

Por esta y otras razones, nadie se plantearía en la actualidad comprar una vivienda sin acudir a una notaría, en la que verificarán que el inmueble pertenece a quien le pide el pago del precio, que puede legalmente vender, que no tiene cargas que comprometan su tranquilidad futura, que no intenta engañarle con ninguna cláusula ilegal o abusiva y que usted, antes de firmar, entiende perfectamente el contenido y consecuencias del contrato.

Pero si esto es así para la propiedad: ¿por qué resulta hoy tan extraño que el acceso a una vivienda en alquiler se haga ante notario? Dejando aparte el comprensible ahorro de costes, una de las razones puede ser la menor percepción del riesgo que un potencial inquilino tiene, respecto de su vivienda habitual, con relación a un potencial propietario. Si no puedo pagar el alquiler, no me acaba gustando el barrio o me molestan los vecinos, en cuanto acabe la permanencia mínima me busco otra casa. Pero si he firmado una hipoteca, la cosa es bastante más compleja de deshacer.

Ahora bien, mientras el inquilino habita su vivienda con normalidad, puede tener una serie de preguntas e inquietudes legales que, por desgracia para todos, aumentan año a año proporcionalmente al incremento de leyes y reglamentos. Usted, que está ahora leyendo estas líneas y que vive en régimen de alquiler: ¿sabe qué derechos tiene si el propietario decide vender la vivienda? ¿Sabe si usted tiene preferencia para comprarla o si ha renunciado a ello en el contrato que en su día firmó? ¿Conoce cuántos años, como mínimo, tiene derecho a ocupar la misma casa? Y ahora me dirijo a usted, que también está leyendo esto y que con su esfuerzo y ahorro ha podido comprar alguna vivienda para alquilar y complementar su pensión de jubilación. ¿Puede recuperar la vivienda si alguno de sus hijos la necesita porque no ha podido pagar su propia hipoteca? ¿Qué puede hacer si su inquilino dice que es vulnerable? ¿Cómo le afecta la declaración de zona tensionada de su barrio?

Consulte al notario

Sin duda, la labor de asesoramiento notarial, que no eliminaría sino complementaría la que pueden realizar otros operadores como abogados o agentes de la propiedad inmobiliaria, podría dar mayor claridad contractual, eliminar incertidumbres y, en definitiva, mejorar la seguridad jurídica en un mercado cada vez más convulso. Por otra parte, la digitalización del Notariado español, consolidada desde hace años, pero en continua evolución, aportaría muchas herramientas de simplificación y seguridad, tanto en el otorgamiento de los contratos como en la conservación y circulación de los documentos.

Y a partir de aquí, bottom up, como dicen las nuevas tendencias, es decir, de lo particular a lo universal. De las andanzas de un hidalgo manchego o de un agente de publicidad irlandés, a don Quijote o Ulises. La formalización en escritura pública de las compraventas de vivienda, desde la más humilde de la España vaciada hasta la más lujosa en urbanizaciones premium, ha permitido al Notariado crear una base de datos inmensa, en cantidad y calidad, el Índice Único Informatizado, que nutre de información valiosísima a organismos y Administraciones públicas.

El ejemplo más reciente es el Portal Estadístico del Notariado (www.penotariado.com), una potente herramienta en la que cualquier persona puede consultar, gratuitamente, los precios medios de viviendas en cualquier calle de España, superficie media, edad y nacionalidad de los adquirentes y otros datos relevantes. Además del interés que pueda tener para cualquier potencial vendedor o comprador, pensemos en la información que aporta a las Administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas de vivienda.

Ahora imagine que pudiéramos contar con una herramienta similar para el mercado de arrendamientos; que los operadores económicos, ayuntamientos, comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda y la Comisión Europea pudieran tener datos fiables para actuar en el mercado; o que la Agencia Tributaria pudiera tener un control mayor del dinero que deja de ingresarse por alquileres no declarados. En una época en la que el exceso de información conduce muchas veces a la desinformación, es fundamental contar con datos bien estructurados y fiables, basados en la calidad y seguridad de la fuente que los proporciona. Y esa seguridad comienza por cada contrato individual, para que los dos desconfiados dejen de serlo.

Vulnerabilidad económica y jurídica de los jóvenes, por Andrea González

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANDREA GONZÁLEZ HENRY,

presidenta del Consejo de la Juventud de España

La mayoría de los contratos de alquiler se firman como documentos privados, sin ningún tipo de intervención que garantice que ambas partes entienden lo que están firmando”

Vulnerabilidad económica y jurídica de los jóvenes

Al hablar de democracia es algo común escuchar que en España todas las personas somos ciudadanas de pleno derecho y que nos encontramos en igualdad de condiciones. Pero nada más lejos de la realidad cuando hablamos de juventud. Porque si no podemos vivir con dignidad, no podemos ejercer una ciudadanía plena. Y vivir con dignidad, en 2026, requiere algo que se ha convertido en un privilegio: tener un lugar donde vivir. Un lugar donde sentirte segura, donde saber que el día de mañana seguirás estando, donde poder construir algo parecido a una vida.

El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España confirma lo que muchas ya sabíamos: emanciparse en España se ha convertido en un lujo generacional. Solo el 14,5% de las personas jóvenes vive de forma independiente, el peor dato desde que existen registros. Y eso ocurre, conviene subrayarlo, mientras el empleo mejora y los salarios crecen. El problema no es que la juventud no trabaje. El problema es que el mercado de la vivienda ha dejado de ser accesible para una generación entera, y que cuando por fin conseguimos entrar en él, lo hacemos en condiciones de enorme vulnerabilidad. Una enorme vulnerabilidad que no solo es económica, sino que es jurídica, porque existe una realidad que los datos de emancipación no terminan de capturar: la de quienes técnicamente tienen dónde vivir, pero en condiciones que no les protegen.

Inseguridad jurídica

Hablamos, por ejemplo, de la persona que encontró su habitación en Instagram o TikTok porque no había otra opción; de la que comparte piso con cuatro desconocidos y cuyo nombre no aparece en ningún contrato, o de la que vive en una habitación alquilada por una cantidad que paga en Bizum a su compañera de piso, sin recibo, sin registro, sin ningún documento que acredite que ese espacio es, de alguna manera, suyo. Son situaciones que se han normalizado por pura necesidad, y que dejan a quienes las viven completamente desprotegidas ante cualquier conflicto: una subida arbitraria del precio, un aviso de que hay que marcharse en dos semanas, una retención de fianza sin justificación, una cuota de basura nueva que tienes que pagar…

Pero la inseguridad jurídica no afecta solo a quienes viven al margen de cualquier formalidad. Afecta también a quienes sí tienen un contrato, porque la mayoría de los contratos de alquiler en España se firman como documentos privados, sin ningún tipo de intervención que garantice que ambas partes entienden lo que están firmando y que el contenido es legal. Hay cláusulas que son nulas aunque estén por escrito (por ejemplo que obligan a la persona inquilina a hacerse cargo de reparaciones que corresponden al propietario, que imponen penalizaciones desproporcionadas, que limitan derechos que la ley reconoce expresamente) y que sin embargo se firman cada día porque quien alquila no siempre sabe que puede negarse, o porque la necesidad de conseguir ese piso es más urgente que cualquier otra consideración, sobre todo cuando sabes que para conseguir un piso tendrás que caerle mejor al propietario que las 40 personas que lo han visitado antes que tú. También nos encontramos con mucha gente con un contrato en regla, sin trampas y sin letra pequeña sospechosa y que aun así no sabe si mañana su contrato seguirá siendo válido. La derogación del Real Decreto ley 8/2026 (aprobado en marzo para responder a las consecuencias de la guerra de Irán y derogado semanas después) dejó a miles de personas inquilinas sin saber si su prórroga extraordinaria seguía en pie o no. La respuesta, en muchos casos, llegó a través de un telediario, no de una carta de su arrendador ni de ningún servicio de orientación jurídica. Esa es también una forma de vulnerabilidad: la de vivir pendiente de si el BOE de hoy te cambia las condiciones de tu vivienda, sin tener a nadie que te explique qué significa eso para tu contrato concreto, para tu situación concreta.

¿Qué hacer?

Lo que pocos inquilinos saben es que existen instrumentos para cambiar eso. Elevar un contrato de arrendamiento a escritura pública ante notario aporta algo que un documento privado no puede dar: fecha cierta, fuerza ejecutiva, y la garantía de que alguien ha verificado que el contenido del contrato respeta la Ley y que ambas partes saben lo que están firmando. No elimina la asimetría de poder entre quien necesita urgentemente una vivienda y quien la ofrece en un mercado con escasísima oferta (para eso necesitamos política pública, y sigue haciendo falta), pero sí introduce un nivel de protección real para quien está en la posición más débil, que en la mayoría de los casos es la persona inquilina.

Nada de esto sustituye a lo que sigue siendo urgente y necesario: más vivienda pública, más oferta de alquiler asequible, una intervención decidida del Estado en un mercado que ha fallado sistemáticamente a las personas jóvenes. Decía Ricardo Piglia que cuando quería tranquilizarse se refugiaba en el futuro: «Dentro de diez años me voy a reír de todo esto». Esa opción, la de esperar a que el tiempo solucione las cosas, no está disponible para nuestra generación, pero a veces no queda otra, y mientras esas políticas llegan, hay personas jóvenes que hoy buscan piso en Instagram, que hoy firman contratos que no comprenden del todo, que hoy viven en situaciones que no las protegen. Y esas personas merecen conocer los instrumentos jurídicos que existen para protegerlas. No como sustituto de la lucha política, sino como parte del mismo compromiso: el de construir condiciones en las que la juventud pueda vivir con dignidad, con seguridad y con derechos reales. Eso también es política de vivienda.

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Protege a ´tu yo´ digital, por Luis Jiménez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LUIS JIMÉNEZ,

director de Ciberseguridad del Centro Tecnológico del Notariado

La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial"

Protege a ´tu yo´ digital

Mi yo digital es mucho más popular (y eficiente) que yo, que intento sobrevivir a la ´pandemia´ de Inteligencia Artificial (IA). ¡Qué tiempos aquellos en los que el mayor peligro digital era un príncipe nigeriano que, por un golpe de fortuna, había decidido compartir su herencia conmigo a cambio de mis datos bancarios! Eran fraudes con encanto, casi artesanales. Pero hoy, mientras intento recordar si cerré la llave del gas, hay una herramienta de inteligencia artificial en algún rincón del mundo que probablemente ya ha clonado mi voz, ha perfeccionado mis tics faciales y está pidiendo un préstamo en mi nombre con una educación exquisita.

El fraude de identidad ya no es un hobby de hackers solitarios; se ha convertido en una industria global que mueve la friolera de 9,5 billones de dólares (MasterCard, 2025). Para que nos hagamos una idea, si el ´Gremio de Estafadores´ fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo, justo detrás de EE.UU. y China. Estamos ante lo que los expertos llaman una ´pandemia silenciosa´ impulsada por la IA, donde el fraude ya no se comete, se fabrica en serie.

Distinguir lo real de lo falso

Y es que estamos en plena revolución industrial del engaño, donde el deepfake es mejor que el original. Lo confieso: me aterra que el 75% de los consumidores crea que pronto será imposible distinguir lo real de lo falso en internet (MasterCard, 2025). Y no les falta razón. Las herramientas de deepfake han crecido un 223% en un solo año (Accenture, 2024). Ahora, falsificar es más sencillo y barato. La IA ha democratizado el crimen; ya no necesitas ser un genio de la informática, solo necesitas una suscripción al Fraude como Servicio (FaaS) y ganas de fastidiar al prójimo.

Ante este panorama de ciencia ficción, parece que debemos convertir nuestras empresas en fortalezas digitales si no queremos que nuestro `gemelo malvado´ nos vacíe la cuenta. Si algo he aprendido observando la evolución del fraude, es que la batalla más importante se libra en el primer segundo: el onboarding. Es como en las películas de vampiros: si no les dejas entrar en casa, estás a salvo. El problema es que ahora los vampiros usan máscaras 3D y vídeos inyectados directamente en el sistema. Por eso, no basta con pedir una foto; necesitamos tecnología que analice píxel a píxel si el documento es real y, sobre todo, una prueba de vida que confirme que la persona está ahí, sudando y parpadeando, y no es un clip pregrabado.

Otro punto que me parece vital es la coherencia. A veces pecamos de ingenuos. Blindamos la aplicación móvil, pero dejamos el call center protegido por una pregunta secreta que cualquier bot de IA puede adivinar tras cinco minutos en nuestras redes sociales. Si vas a usar biometría, úsala en todas partes. Si mi banco me reconoce por mi cara en la aplicación, debería usar esa misma referencia biométrica, junto con mi voz, cuando llamo por teléfono o acudo a una sucursal. Esta transversalidad asegura que mi identidad sea la misma en todas partes, cerrando las grietas por donde suele filtrarse el fraude.

La limpieza de primavera en la base de datos es mi parte favorita (e irónica) de la protección ante el fraude de identidad. Muchas empresas conviven con el enemigo y no lo saben. Tienen sus bases de datos llenas de identidades sintéticas —híbridos de datos reales y falsos— que se quedan ahí, madurando como un buen vino, hasta que deciden atacar. Se recomienda usar tecnologías de clustering para detectar si hay diez personas distintas con la misma cara (un síntoma claro de que algo no va bien) y limpiar el sistema antes de que el daño sea irreversible. Al parecer, el 30% de los ataques (Veridas, 2025) los cometen los mismos perpetradores usando identidades recicladas.

Verificarlo todo

Los expertos dicen que debemos adoptar una arquitectura de ´confianza cero` que es como decir que el modo paranoico es el modo seguro. Y parece que tienen razón. En este nuevo mundo, ver para creer ya no es suficiente. Hay que verificarlo todo, siempre: la integridad del dispositivo, la biometría, los datos… y hacerlo de forma adaptativa. Dado que el fraude ahora corre a velocidad de máquina, nuestras defensas no pueden ser manuales ni lentas; o aprenden en tiempo real o están muertas. La agilidad no es solo una ventaja operativa, es la base misma de la seguridad y la resiliencia.

Por último, de nada sirve tener un muro de biometría si el usuario le da su contraseña al primer bot que le habla por WhatsApp con voz de su jefe. La concienciación y la formación siguen siendo el antídoto fundamental. Pero —y aquí viene el reto para los diseñadores— todo esto debe ser sin fricciones. Si para comprar un libro tengo que pasar por tres escaneos de retina y una prueba de ADN, probablemente me iré a la competencia. El truco está en ser invisible para el bueno y un muro infranqueable para el malo.

Conclusión: ¿Real o sintético? Tú decides. Vivimos en una era donde la línea entre lo real y lo falso es más fina que un cabello. La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial. La agilidad es la nueva seguridad.

Así que, la próxima vez que veas mi cara en una pantalla pidiéndote dinero, por favor, hazme una pregunta que solo yo sabría responder… O, mejor aún, asegúrate de que el sistema que estás usando tenga una buena detección de prueba de vida certificada. Porque, sinceramente, mi `yo digital´ tiene una voz mucho más profesional que la mía y, si nos descuidamos, terminará yéndose de vacaciones con mis ahorros mientras yo me quedo aquí, escribiendo un artículo sobre cómo evitarlo.

Suplantación en las redes sociales

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

No solo los ciberdelincuentes pueden suplantar nuestra identidad: también alguien cercano.

Suplantación en las redes sociales

PATRICIA ANDÚJAR

Hacerse pasar por otra persona en las redes sociales constituye una práctica más habitual de lo que parece. Los métodos empleados son cada vez más sofisticados y no necesariamente los ejecutan profesionales, sino también personas de a pie. Reconocerlos, intentar prevenirlos y saber cómo actuar si nos suceden, son elementos clave para proteger nuestra ciberseguridad.

Hablamos de suplantación de identidad cuando “alguien finge ser otra persona con el propósito de engañar a otros”, explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Puede ocurrir en el mundo real, pero en un momento de la historia en el que ‘la vida’ en Internet en ocasiones parece aún más auténtica, este tipo de prácticas se han convertido en un peligro habitual, que adopta muchas caras pero que comparte el mismo fin: cometer fraudes o difamar la reputación del suplantado.

 


HABLAMOS DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD CUANDO “ALGUIEN FINGE SER OTRA PERSONA CON EL PROPÓSITO DE ENGAÑAR A OTROS”, EXPLICAN DESDE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE)


 

La suplantación entre iguales

A priori, podemos pensar que se trata de acciones llevadas a cabo por profesionales, es decir, por ciberdelincuentes que, a través de virus y enlaces maliciosos, acaban logrando sus fines. Sin embargo, “la suplantación entre iguales” también es común mediante “el robo de la cuenta de un compañero/a o la creación de un perfil falso”, señalan desde INCIBE. De hecho, en su página web, establecen una diferenciación en función del tipo de usuario que lo comete y su motivación.

Si el actor implicado es un ciberdelincuente, puede tener un objetivo económico y acceder así a “métodos de pago guardados en las cuentas de servicios online, o bien explotando la información del usuario”, señalan. También pueden acometer el robo de cuentas e información a través de softwares maliciosos diseñados para ello, conocidos como malware, o hacerse pasar por un menor y “resultar más confiable en futuros intentos de fraude”, como la difusión de virus y mensajes fraudulentos a un mayor número de usuarios. Podemos cerrar el listado con otro tipo de suplantación conocido como grooming, que ocurre cuando “una persona se hace pasar por alguien atractivo y confiable para los menores y así chantajearles con fines sexuales”.

Pero no siempre son expertos delincuentes quienes llevan a cabo estas prácticas delictivas. En ocasiones es alguien mucho más cercano. Entre los menores, por ejemplo, pueden existir diferentes motivaciones, como el ciberacoso. Para ello, “utilizan la cuenta de otra persona o crean un perfil falso para burlarse, fastidiar o realizar presión sobre el/la menor que sufre esta situación”. También puede darse el caso de difusión de contenidos privados, mediante la utilización obtenida del perfil de la víctima que aprovechan para compartir “vídeos, fotos, comentarios o conversaciones privadas sin consentimiento”. Pero: ¿cómo consiguen hacerse con todo ese material? Lo habitual es aprovechar un descuido; una sesión iniciada en un ordenador compartido o fijarse en el teclado cuando la potencial víctima está introduciendo su contraseña, etc.

 


LA SUPLANTACIÓN ENTRE IGUALES TAMBIÉN ES COMÚN MEDIANTE EL ROBO DE LA CUENTA DE UN COMPAÑERO/A O LA CREACIÓN DE UN PERFIL FALSO


 

Tipos de suplantación de identidad

Podemos diferenciar dos métodos, principalmente. El primero sería la creación de un perfil falso con información de otra persona, incluyendo fotografías, que ayudan a dar credibilidad al engaño. En segundo lugar, se encuentra el acceso a una cuenta ajena sin consentimiento del usuario, que no necesariamente implica que el propietario legítimo no pueda seguir entrando y utilizándola. En este punto, aparecen tres conceptos: phising, smishing y vishing.

Según INCIBE, que define estos conceptos, el phising hace referencia a una “técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar su dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico”. Por su parte, el smishing persigue el mismo objetivo que el anterior, pero en este caso la particularidad es que se inicia con el “envío de un SMS por parte del ciberdelincuente, que invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto”. En último caso, el vishing se sirve de una llamada de teléfono en la que “se suplanta la identidad de la empresa, organización o persona de confianza” con el propósito de “obtener información personal o sensible de la víctima”.

 


EL GROOMING OCURRE CUANDO UNA PERSONA SE HACE PASAR POR ALGUIEN ATRACTIVO Y CONFIABLE PARA LOS MENORES Y ASÍ CHANTAJEARLES CON FINES SEXUALES


 

¿Qué dicen los datos?

Miriam Puente, técnico de Ciberseguridad de Conocimiento y Concienciación para Ciudadanía en INCIBE, asegura que la suplantación en redes sociales es sobre la que más reportes reciben. De hecho, en 2025, el servicio gratuito y confidencial de este instituto cifró en 142.767 las consultas recibidas, lo que supone “un 44,9% más que en 2024”. Si desgranamos esos datos, “un 49% fueron consultas preventivas”, es decir, dudas que resolver antes de que se produjera cualquier suceso. La parte restante, el 51%, “fueron reactivas”, o lo que es lo mismo, aquellas en las que se prestó ayuda a víctimas para “mitigar daños una vez ocurrido el incidente”.

En este sentido, añade la técnica de ciberseguridad que en el 017 reciben consultas sobre temas muy variados. “Un 28% de los usuarios han recibido algún intento de phising, vishing o smishing”. Así “un 16% de personas han necesitado asesoramiento debido a compras fraudulentas en Internet” y “un 14% contactaron con la Línea de Ayuda en relación a algún tipo de suplantación de identidad digital”.

Reconocerlos para evitarlos

Para evitar posibles sustos, lo mejor es ser cuidadoso a la hora de utilizar las redes sociales. Es decir, tener en cuenta algunas pautas de seguridad que dificulta a los ciberdelincuentes llevar a cabo sus maliciosos objetivos. Entre las recomendaciones destaca la de crear contraseñas fuertes, no compartirlas con nadie y cambiarlas regularmente. Además, desde INCIBE recomiendan “usar la autentificación de dos factores cuando esté disponible para agregar una capa adicional de seguridad a dichas cuentas de usuario”. También aconsejan “utilizar herramientas, como extensiones del navegador que permiten bloquear anuncios y rastreadores que utilizan algunas webs o aplicaciones VPN, para forzar el cifrado de la información que se transmite mientras navegas por Internet”. Además. puede resultar interesante practicar egosurfing, es decir, realizar búsquedas sobre uno mismo para controlar la información que circula en la Red. Asimismo, es importante “limitar la información que se comparte, evitar prácticas de riesgo como el sexting, así como revisar la configuración de privacidad de los servicios utilizados y limitar el público que puede verlo”, entre otras.

La mejor arma contra la suplantación en redes sociales es la prevención.

¿Qué hago si soy víctima?

Si se produce el robo de una cuenta, lo primero que se debe intentar es recuperarla, siguiendo los pasos que se indiquen en la ayuda o centro de seguridad de cada red social. También, cambiar la contraseña de la cuenta y de las otras cuentas que puedan verse afectadas, ya sea por estar vinculadas o por tener contraseñas similares. Del mismo modo, es recomendable establecer medidas adicionales, como el doble factor de autentificación y si se sospecha del robo a través de un malware, analizar y limpiar con un antivirus online.

En caso de detectarse un perfil falso, lo primero que se debe hacer es reportarlo en la propia plataforma para solicitar su retirada. En este supuesto, si se ha producido la difusión no consentida de contenidos privados de un menor, se puede también solicitar su retirada en el Canal Prioritario de la AEPD. De igual modo, si la persona suplantada es otra, hay que tratar de informarle.

Además, es importante recabar todo tipo de pruebas por si fuera necesario denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como buscar asesoramiento en el servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del 017.

Un ciberdelincuente puede tener un objetivo económico y acceder a métodos de pago guardados.

PARA SABER MÁS

Balance de Ciberseguridad 2025

Informe realizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que permite conocer, a través de los últimos registros, los incidentes más habituales en forma de datos.

Suplantación de identidad en menores

INCIBE gestiona el Centro de Seguridad en Internet para menores en España, conocido Internet Segura for Kids (IS4K), y que aborda la suplantación de identidad en menores.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Campaña realizada en colaboración con el Ministerio de Consumo en 2021 con consejos sobre cómo actuar ante una suplantación de identidad en redes sociales.

Canal Prioritario

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también cuenta con este canal, destinado sobre todo a menores, para poder denunciar todo tipo de violencia a través de Internet

Otro delito frecuente es la creación de un perfil falso con información de otra persona, incluyendo fotografías, que ayudan a dar credibilidad al engaño.

La manipulación en la compra online

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Los patrones oscuros están destinados a influenciar en el comportamiento y las decisiones de las personas en su interacción online.

La manipulación en la compra online

PATRICIA ANDÚJAR

La manipulación en la compra online se trata de estrategias o trucos que tratan de influir en el comportamiento y las decisiones que tomamos cuando realizamos compras por Internet. El objetivo de las empresas que los usan es obtener datos o dinero, pero en el consumidor pueden generar adicción o dependencia

Hay que remontarse a la década de los 90 para localizar los inicios del comercio electrónico. Treinta años después, las compras en línea son tan comunes como las transacciones en tiendas físicas, de hecho, el e-commerce, (abreviatura de electronic commerce), ha experimentado un importante y continuado crecimiento durante la última década. Es una práctica que forma parte de nuestro día a día y hay quien a esto le ha visto un gran potencial para obtener beneficios, más allá de la propia compra.
Cada vez es más común que cuando accedemos a un comercio electrónico, nos aparezcan mensajes ofreciéndonos algún tipo de descuento, oferta a punto de finalizar o cualquier otro ‘chollo’ que no podemos dejar pasar. Todo este bombardeo de oportunidades no es casual. Son estrategias perfectamente definidas y planeadas que se conocen como patrones oscuros.

 


LOS PATRONES OSCUROS INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO Y LAS DECISIONES DE LAS PERSONAS EN SU INTERACCIÓN CON WEBS, APLICACIONES Y REDES SOCIALES


 

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), los patrones oscuros o dark patterns, en inglés, “son interfaces e implementaciones de experiencia de usuario destinadas a influenciar en el comportamiento y las decisiones de las personas en su interacción con webs, aplicaciones y redes sociales”. Fue el diseñador de experiencia de usuario de webs (UX) estadounidense, Harry Brignull, quien acuñó el término en 2010 para explicar qué son y qué leyes existen para regularlos, ya que, el efecto que provocan en el consumidor es tal que hasta nos condiciona para permanecer en determinadas plataformas o incluso llevar a cabo acciones indeseadas, como es el caso de comprar artículos que, en realidad, no necesitamos. Es más, la AEPD considera que esos patrones pueden generar compromiso en los usuarios y llegar hasta la dependencia, lo que implica “que prefieran su uso (el de las plataformas web) en lugar de realizar otras actividades, incluso esenciales, como comer, dormir o relacionarse con otras personas, fomentando, por ejemplo, realizar un gasto financiero desproporcionado o compartir información sensible”.

 


NOS MANIPULAN PARA REALIZAR ACCIONES INDESEADAS, INCLUSO COMPRAR LO QUE NO NECESITAMOS


 

Tipos de patrones oscuros

Tal es el efecto que producen en el usuario que la Agencia ha propuesto clasificar los patrones adictivos en tres niveles: alto, medio y bajo.

El alto se refiere a las Estrategias Estructurales y se incluyen el dificultar el abandono; crear una urgencia en el consumidor; ocultar opciones y, por último, manipular profundamente la voluntad.

El nivel medio es el de los Enfoques Psicológicos, es decir, se centra en estrategias que explotan vulnerabilidades psicológicas específicas de usuarios, como la necesidad de aprobación social o sesgos cognitivos, diseñando interfaces que fomentan la adicción.

Finalmente, en el nivel bajo, que es el de la Ejecución Específica, encontramos la implementación concreta y técnica de estos enfoques en la interfaz, como colores, notificaciones constantes o gamificación, para maximizar el tiempo de permanencia.

Asimismo, podemos hacer otro esquema adicional, que es el de los patrones oscuros más comunes, dependiendo de la plataforma.

En el caso de las webs y apps, destacan la jerarquía falsa, cuando la web da importancia visual a una opción concreta para inducir a los usuarios a escogerla; el nagging, es decir, notificaciones insistentes que incitan al usuario a hacer algo, o el roach motel, entendido como la facilidad para contratar un servicio, pero con gran dificultad para cancelarlo; entre otros.

Por su parte, en las plataformas de microcompras aparecen conceptos como el scroll infinito, cuando no hay límite de contenido, cargado éste de una personalización que atrae más la atención del usuario, según sus gustos; misdirection, que es cuando el contenido está cargado de colores, fuentes o diseños para centrar la atención en un elemento muy concreto; o la sobrecarga informativa, que se basa en abrumar al usuario con demasiada información, lo que hace que pierda la noción del tiempo o la capacidad de evaluar las consecuencias de sus decisiones.

 


ESTAS PRÁCTICAS ENGAÑOSAS PUEDEN GENERAR DEPENDENCIA Y ADICCIÓN


 

¿Cómo nos protegemos?

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), explican que “aunque no hay ninguna ley, nacional o europea, que cite a los patrones oscuros de forma expresa, estas prácticas podrían ser contrarias a la normativa, por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, de la Ley de Defensa de las Personas Consumidores y Usuarios, de la Ley de Competencia Desleal y de la Directiva de Servicios Digitales”. Por lo tanto, aunque estas normas no citan expresamente a los patrones oscuros, sí serían de aplicación “al considerarse prácticas engañosas con las personas consumidoras”. Y un apunte importante: “Esta normativa contiene reglas especiales de protección a los menores”, algo de especial relevancia para CECU.

Aunque la aplicación conjunta de la Ley de Servicios Digitales (DSA) junto a la “referida normativa española” suponen una buena protección para los consumidores, desde CECU insisten también en la importancia de la formación para que los usuarios “puedan ejercer sus derechos”, sin olvidar a las Administraciones públicas, claves “a la hora de identificar y sancionar a aquellas empresas que incurran en prácticas contrarias a la normativa”.

Desde la Federación señalan también varios organismos donde poder denunciar dichas prácticas engañosas, tales como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), o la Dirección General de Consumo (DGC). Asimismo, “podemos dirigirnos al responsable del tratamiento de datos” de la web donde hayamos encontrado estos patrones oscuros.

Reconocerlos para evitarlos

Si bien es cierto que la concienciación del consumidor es fundamental, ni siquiera eso le exime de poder caer ante los patrones oscuros. Es por eso que técnicas como la reflexión antes de hacer clic o realizar cualquier compra, o incluso alejarse temporalmente de las plataformas de microcompras y redes sociales, pueden también ser determinantes a la hora de escapar de las garras de este tipo de prácticas engañosas. Pero también existen otras acciones que los usuarios pueden intentar llevar a cabo para protegerse. Es el caso de la iniciativa TELUS Wise, enfocada a mejorar la experiencia online de las personas de todas las edades. Entre las recomendaciones que plantean, destacan la de prestar atención a los elementos de diseño; consultar webs y apps de fuentes fiables; leer detenidamente la información que se nos muestra y verificar dos veces antes de ‘clicar’ cualquier botón o enlace que nos lleve a registrarnos, para asegurarnos de que existen posibilidades reales de darnos de baja, si así lo deseamos.

Los patrones oscuros podrían ser contrarios a la normativa, incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos.

Ojo con las rebajas

“En épocas o fechas señaladas, las personas consumidoras están más expuestas a patrones oscuros y ofertas engañosas”, afirman desde CECU. No se trata de una valoración sin más. Su declaración se fundamenta en datos, en concreto, los del Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, que señala que “el 70% de las rebajas en el comercio electrónico durante el último Black Friday eran falsas o engañosas”.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios advierten de las “prácticas más engañosas y frecuentes” durante la temporada de rebajas. Una es ‘las falsas rebajas’, presuntas oportunidades que parecen únicas y que, pasado el tiempo, aún se mantienen. También se refieren a cuando ante fechas señaladas, como el Black Friday, determinadas empresas aprovechan a subir los precios días antes para luego rebajarlos a su coste original. Una práctica, por cierto, que “ya ha sido sancionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, explican desde CECU.

El otro truco engañoso es la personalización de precios, que se produce cuando “los algoritmos utilizan nuestro historial de navegación, ubicación e incluso los datos de nuestro dispositivo para mostrarnos precios a medida, diferentes para cada usuario”.

Existen varios organismos donde poder denunciar las prácticas engañosas.

PARA SABER MÁS

Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation. Final report. Informe liderado por Francisco Lupiáñez-Villanueva, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y que se puede descargar en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Patrones adictivos en el tratamiento de datos personales. Informe de la AEPD sobre la influencia de los patrones adictivos en Internet.

TELUS Wise. Programa gratuito de educación en alfabetización digital.

 

Patrones oscuros e infancia. Estrategias de manipulación online. Guía divulgativa de CECU sobre patrones oscuros, con especial foco a la infancia.