Entrevista a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

ENTRE MAGNITUDES

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

Para movilizar a las pymes hay que darles algún incentivo y, desde luego, acompañarlas”

José Luis Bonet,

presidente de la Cámara de Comercio de España

CARLOS CAPA

José Luis Bonet ha hecho compatibles dos mundos que suelen ir por separado: el académico y el empresarial. Doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Barcelona, fue durante 49 años profesor de Economía Política y Hacienda Pública en su Facultad de Derecho. En paralelo, desde que se incorporó en 1966 como director comercial de Freixenet, participó en la expansión internacional de la compañía familiar, que presidió desde 1999 y de la que actualmente es presidente de honor. Desde noviembre de 2014 preside la Cámara de Comercio de España, cargo para el que se fue reelegido el 17 de noviembre. También es presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, la Fundación Conexión España y presidente de honor del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

-El pasado abril definía la coyuntura económica como favorable, y los últimos datos sitúan a España a la cabeza del crecimiento en la OCDE. ¿Mantiene ese diagnóstico? ¿Qué medidas harían falta para que siga siendo así?

– Sigo pensando lo mismo: la economía va bien. Es muy difícil que vaya mal una economía que recibe 100 millones de turistas. Pero, desde luego, debería ir mucho mejor. Y la clave, a mi juicio, está en el recorrido que tiene España como economía de pymes, que es lo que es: el 99% de las empresas son pymes y el 93% tiene menos de diez trabajadores. Ese recorrido es inmenso, porque la gran mayoría de estas pymes no está internacionalizada ni suficientemente digitalizada.

España tiene, afortunadamente, grandes empresas y algunas medianas que son las que han protagonizado el gran avance de los últimos años. Han tomado posición en el mundo e incluso lideran sus sectores. Son las que han tirado del carro. Las otras están replegadas. ¿Por qué? Porque sufren un exceso de presión fiscal y parafiscal que las limita, y también por su propio conservadurismo. No han hecho los deberes que debían haber hecho: internacionalizarse y dar pasos en la innovación.

Gracias a los fondos Next Generation y, en particular, al Kit Digital, hoy más de medio millón de esas pymes ya están digitalizadas. Ahí las cámaras hemos tenido una participación decisiva: llegamos a conectar con 1,2 millones de pymes, de las cuales más de medio millón han seguido profundizando en la digitalización. Esto es muy importante para el desarrollo que deben hacer en internacionalización e inteligencia artificial. Pero debe ir acompañado de un cambio en la política económica, de una política proempresa. Para movilizar a las pymes hay que darles algún incentivo y, desde luego, acompañarlas. En eso, una pieza clave son las cámaras.

 


“ES MUY DIFÍCIL QUE VAYA MAL UNA ECONOMÍA QUE RECIBE 100 MILLONES DE TURISTAS, PERO DESDE LUEGO DEBERÍA IR MUCHO MEJOR”


 

-En el reciente congreso de Eurochambres en Valencia se apostó por dar más ritmo a la liberalización y al mercado único y por reducir trabas a las empresas. ¿Qué impresión le dejó?

– La presencia de cámaras europeas fue muy consistente y el contenido, muy interesante. Me quedo con dos ideas. La primera, el alineamiento con la necesidad de más Europa, el desarrollo de los excelentes informes Draghi y Letta, que plantean que si Europa quiere estar a la altura tiene que seguir esa hoja de ruta. Y debe hacerlo, porque si no quedará como un monaguillo de los dos celebrantes que están en la mesa del poder mundial: Estados Unidos y China. Europa tiene que recuperar posición, y una de las cosas fundamentales es más mercado único. Hoy está por desarrollarse en muchos aspectos y sigue habiendo trabas entre países: es una aspiración con un principio, pero hay que desarrollarla.

Para España esto es fundamental si se liga con la internacionalización, porque la de las empresas españolas empezó por Europa. Si las pymes tienen que salir, lo más fácil sería el mercado único. Y también, quizá, el mercado iberoamericano, donde los lazos son tan extraordinarios que suponen una ventaja.

La segunda idea salió de una mesa sobre inteligencia artificial para pymes, en la que quienes ya lo han iniciado en Europa, por ejemplo, en el norte de Italia, explicaron cómo lo hacen. Se empezaba a verificar que era posible hacerlo a través de las cámaras.

-La estabilidad jurídica y la previsibilidad normativa son condiciones reconocidas unánimemente para atraer inversión. ¿Cómo valora el estado de la seguridad jurídica en España?

– Hay defectos y fallos, evidentemente, pero en lo esencial España tiene seguridad jurídica y confianza. Los 100 millones de turistas no vendrían sin seguridad, sin ningún calificativo. En ese sentido, estamos razonablemente bien. Pero deben rectificarse intervenciones que afectan a la seguridad jurídica, como lo que hemos visto con los decretos de vivienda, o la excesiva burocracia, que requiere una mayor simplificación. Sobre todo, pensando que España es un país de pymes: hay que facilitarles la operativa, no ponerles barreras.

-La burocracia es una queja generalizada, y a ella se suma una normativa fiscal a veces poco clara y demasiado cambiante. Ahí está VeriFactu, que cada seis meses no sabemos si entra en vigor este año o el siguiente. ¿Qué podría hacerse para que sea más fácil emprender y trabajar?

– José Luis BonetEse es el gran tema. España tiene un recorrido por delante si moviliza la potencia de sus pymes, que necesitan ganar tamaño. ¿Cómo? En primer lugar, con cooperación público-privada: los que podemos ayudar mucho tenemos que ir de la mano de las administraciones. Y cuando digo administraciones me refiero a todas: Bruselas, el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos.

Esto es particularmente importante para avanzar en un plan de internacionalización de unas pymes que apenas lo están. En los próximos cinco años tendrían que quitarse el polvo de encima y salir. El mercado es el mundo, y la globalización está ahí y no la va a parar nadie. Algunas ya han hecho el recorrido y han demostrado que se puede. ¿Por qué muchas no lo han hecho? Por esa excesiva burocracia, por una fiscalidad que las tiene en situación de agobio y porque no quieren correr riesgos. Tienen que dar un paso adelante.

 


“HAY QUE APLICAR LAS CUATRO AES: ASESORAR, AYUDAR, APOYAR Y, SOBRE TODO, ACOMPAÑAR”


 

-¿Qué papel pueden jugar ahí las cámaras?

– Ese paso solo lo darán con cooperación público-privada y con instituciones que son vitales para que pueda hacerse, como las cámaras. Sobre todo, a partir del Kit Digital, tenemos un contacto y una confianza con infinidad de pymes que antes quizá no teníamos tanto. Hay que aprovecharlo para aplicar lo que yo llamo las cuatro aes: asesorar, ayudar, apoyar y, sobre todo, acompañar. Esa confianza permite convencerlas de que deben hacerlo, ayudarlas a que lo hagan y acompañarlas en el proceso.

Contamos además con las 45 cámaras en el exterior, que en los últimos años se han revitalizado y han ganado potencia. En ellas están las grandes empresas españolas que están en el mundo, que ya han ejercido de tractoras de muchas pymes y están dispuestas a seguir ayudando a las que salgan. Porque salir no es nada fácil. Se puede, como se ha demostrado, pero hay que buscar agarraderos de todo tipo, y las cámaras en el exterior son muy importantes si trabajan en colaboración con los consejeros comerciales, las embajadas y las empresas instaladas allí, que pueden actuar de mentoras. Si se consigue, España dará otro salto adelante como el de las últimas décadas: hemos pasado de exportar el 11% del PIB en 1975 a acercarnos al 50%. Lentamente, pero nos vamos acercando.

-Las grandes empresas llevan décadas recurriendo al arbitraje internacional, pero el doméstico sigue siendo poco conocido, cuando para muchas pymes un conflicto enquistado durante años en los tribunales puede suponer su propia supervivencia. ¿Sería importante impulsarlo?

– En este terreno está haciendo un gran trabajo nuestro secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona, no solo por el rigor que aplica, sino también por su creatividad a la hora de buscar alianzas con otras instituciones arbitrales, dentro de España y en el ámbito internacional. Ha conseguido una alianza entre la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de España, la Corte de Arbitraje de Madrid y CIMA para crear el Centro Internacional e Iberoamericano de Madrid, a la que se ha unido también el Centro de Arbitraje de la Cámara de Santiago (Chile). Está dando frutos muy importantes en el arbitraje internacional, e incluso se han incorporado cámaras de Colombia y Costa Rica y seguirán sumándose. No había nada y ahora ya superan los 100 arbitrajes gestionados. Tiene un futuro muy importante.

En España hace falta un esfuerzo especial para que cambie una cultura empresarial muy anclada en llevar los asuntos a la justicia ordinaria. Hay que convencer a la gente de que el arbitraje es un buen método de solución de litigios: es mucho más rápido, a veces incluso menos costoso y puede ayudar mucho a descongestionar una justicia ordinaria que, con la avalancha que tiene, va lenta.

 


“HE CONSTATADO QUE UN NOTARIO DE CONFIANZA PUEDE AYUDARTE CON SU CONOCIMIENTO EN MUCHAS CUESTIONES LO QUE OFRECE UNA GRAN TRANQUILIDAD”


 

-¿Y la mediación?

– También ahí se han dado pasos y hemos creado el Centro Español de Mediación (CEM) que está sensibilizando a las empresas, a través de las Cámaras, para que vaya a más en nuestro país, donde de momento su implantación es limitada. La mediación es muy buena para la competitividad de las empresas, porque las cosas se arreglan a partir del acuerdo y mucho más rápidamente. Hay que persistir, porque, aunque la ley de 2025 intenta darle algún impulso, avanza muy lentamente: se recurre a otros medios que no son la mediación propiamente dicha y no se consigue el objetivo. Hace falta paciencia y trabajo para que la gente se dé cuenta de que le conviene, no solo por su propia competitividad, sino porque además disminuirá el enfrentamiento empresarial. Los litigios conducen a malas relaciones.

-Dentro de la digitalización, la inteligencia artificial avanza en progresión geométrica, pero su uso está muy descompensado entre empresas, y no sólo por tamaño. ¿Ya no podremos vivir sin ella, como ocurrió en su día con la mecanización?

– Es así. Hay un antes y un después, y el que no entre en esto se quedará en la cuneta. ¿Qué hay que hacerlo con sensatez? Claro: no te puedes tirar a la piscina sin saber que hay agua. Pero es un tema de sí o sí. Y ahora mismo la situación deja mucho que desear. Entre las grandes empresas y algunas medianas, más o menos el 50% ya está en ello. En cambio, entre las pymes, solo un 13%.

Hace falta un plan de inteligencia artificial para pymes, lo que se ha llamado un despliegue responsable, y hay que hacerlo en un plazo relativamente corto. Tenemos la experiencia del Kit Digital: habría que hacer algo parecido para la inteligencia artificial, con cooperación público-privada y con algún tipo de incentivo que permita convencer y acompañar en el proceso.

-¿Ese incentivo podría ser fiscal? Por ejemplo, una bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para quien invierta en ello.

– Debería ser eso, la fiscalidad, y cualquier subvención que ayude a convencer a las empresas de lanzarse. Es lo que habrá que negociar con todos los gobiernos, porque en el recorrido que tiene España por delante, las grandes empresas van haciendo su trabajo, pero a las pymes hay que llevarlas. De nuevo aparecen las cuatro aes, porque si no, las pymes no lo harán o lo harán muy lentamente. Y esto necesita ir rápido, por el propio bien de las pymes, que tienen que ganar tamaño y ser más competitivas. Eso solo se consigue internacionalizándose e innovando. Así se cerrará además esa brecha maldita de la productividad, porque el mundo te obliga a innovar. España todavía es competitiva, pero falta ese impulso que muchas pymes no han dado. Debe hacerse sí o sí, y el momento es ahora. El Gobierno tiene que buscar esa cooperación público-privada, y las cámaras estamos a disposición para ir por este camino.

 


“HAY QUE CONVENCER A LA GENTE DE QUE EL ARBITRAJE ES MUCHO MÁS RÁPIDO Y A VECES INCLUSO MENOS COSTOSO”


 

-Otra de las grandes actividades de las cámaras es la formación. Este verano hemos leído que restaurantes y hoteles cerraban algunas horas por falta de personal cualificado, y las promotoras dicen que no tienen mano de obra suficiente. ¿Debería recibir esa labor un mayor apoyo de las administraciones?

– José Luis Bonet en su despachoEs evidente. Ese es el tercer brazo, junto con la internacionalización y la inteligencia artificial. La formación es vital, y hoy mucho más, porque, lamentablemente, hay que decirlo, España tiene un problema demográfico muy importante: no hay hijos, y eso solo se cubre con inmigrantes. Por tanto, es necesaria formación para los de aquí y para los que vienen. Hay que impulsarla y mejorarla, porque los últimos informes nos dicen que la educación no va bien. Ojo con esto. El recorrido de España en los próximos años se va a basar en esa potencia de las pymes, pero tiene que haber gente formada. Es crucial tanto mejorar la educación, desde abajo hasta arriba, como formar urgentemente a los inmigrantes, porque el envejecimiento está abriendo una brecha terrible en la estructura empresarial: va a faltar gente formada porque se van a jubilar más de la cuenta.

Lo primero que tienen que hacer los partidos políticos es consensuar un alza seria de la edad de jubilación. Hay empleos en los que la jubilación temprana es lógica, y personas que tienen la desgracia de sufrir problemas físicos, en las que también lo es. Pero en la inmensa mayoría, no. La esperanza de vida está llegando a los 83, 84 u 85 años, y resulta que la gente se jubila a los 66. Esto no puede ser. Entre otras cosas, por el bien de las propias personas: cuando estás en condiciones de ejercer la actividad, tienes que ejercerla, porque es mejor para tu desarrollo personal.

-¿Sería necesaria una regulación más favorable a compatibilizar jubilación y trabajo, frente a la rigidez del «o trabajo o estoy jubilado»?

– Todo eso me parece necesario y bien. Pero lo que yo planteo es una enmienda a la totalidad. La gente tiene que desarrollar su actividad profesional y ser útil durante más tiempo, y puede hacerlo porque la sanidad ha mejorado: la esperanza de vida es hoy el doble de lo que era en otros tiempos, y en buenas condiciones. Mientras uno pueda ser útil, se sienta capaz y tenga la suerte de poder hacerlo, debe pensar en estar más años en el trabajo.

 


“CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS. EL QUE NO ENTRE EN ESTO SE QUEDARÁ EN LA CUNETA”


 

-El Notariado acompaña a las personas y a las empresas desde que nacen hasta que crecen y se extinguen. ¿Qué aportan esa cercanía, ese asesoramiento y esa seguridad jurídica a la vida de la empresa?

– Antes hablaba de seguridad jurídica, y aquí está. Los notarios son necesarios porque aportan seguridad jurídica y confianza, y además asesoramiento: ayudan a despejar muchas dudas, también en el mundo empresarial. En mi trayectoria como empresario, tener un notario de confianza que podía ayudarte en cuestiones que conocía muy bien te daba una gran tranquilidad. Seguridad jurídica y confianza son las claves para defender a los notarios. Es una institución que debe defenderse.

-¿Cuál es el objetivo para la próxima etapa ahora que acaba de ser reelegido?

– Internacionalización, inteligencia artificial y formación, y un cuarto que ya se ha iniciado, lo que llamo la defensa institucional, y otro que no puede dejarse de lado, la función consultiva, para la que hemos montado un debate permanente e intenso, sectorial y también transversal, a largo plazo, que es lo que le falta a España. Los gobiernos tienden a mirar a corto plazo, y hay que conseguir que se mire también a largo plazo.

La defensa institucional es lo que dice la Ley: defender el interés general de la industria, el comercio, los servicios y la navegación. Es decir, de todas las empresas, de la empresa como factor clave de la economía social de mercado que consagra la Constitución. Hay que defender la empresa y el sistema, y también España y Europa. Yo les digo a los presidentes de las cámaras que tienen que ser líderes en su territorio y guiar a su gente en esa dirección. Basta de relato antisistema y de relato antiempresa. Los empresarios, que son los más importantes en el desarrollo de nuestra economía, no pueden defender esto solo un poco. Hay que pisar fuerte.

HUELLA DIGITAL

José Luis Bonet dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores a la creación de la Cámara de Comercio de España.

La Cámara de Comercio de España recoge su trayectoria en su web institucional.

Familia y empresa: “se traspasa apellido”

ENTRE MAGNITUDES

Familia reunida, relevo generacional en la empresa familiar
En los próximos años, miles de empresarios nacidos durante el baby boom alcanzarán la edad de jubilación.

Familia y empresa: “se traspasa apellido”

FERNANDO GEIJO

La transición que supone la jubilación del creador de un negocio y la llegada de la siguiente generación siempre es un proceso delicado. El reparto de poder entre las diferentes ramas familiares involucradas requiere de un sutil equilibrio a la hora de reasignar las principales funciones en una corporación. El cambio, en ocasiones traumático, finaliza a menudo con la ruptura de relaciones y la venta a un competidor.

Cambio generacional

Nada es eterno en la vida. Y el día a día de las empresas familiares no iba a ser una excepción. Tarde o temprano la hora del relevo generacional llega inexorablemente. Un asunto sensible que es necesario afrontar con la adecuada dosis de diálogo, transparencia, flexibilidad y confianza entre las partes. El objetivo es permitir la continuidad de la actividad y, de paso, adaptarse a los tiempos que corren dominados por la omnipresente innovación tecnológica.

No en vano, esta transformación pone a prueba las costuras de la gobernanza y, por ende, la continuidad de este tejido productivo, clave para la economía española. De hecho, no se trata de un tema baladí, dado que se calcula que alrededor de un millón de compañías afrontarán la renovación de sus fundadores en la próxima década.

Ante este escenario, la panoplia de situaciones que se pueden dar incluye todo tipo de pactos, permanentes o puntuales, para proceder a la asignación de funciones. Léase, la ocupación de los principales «sillones» que conforman la primera línea ejecutiva en cualquier firma que se precie: presidencia, consejero delegado, dirección general, legal, finanzas y ventas, entre otras.

 


LAS EMPRESAS FAMILIARES SUMAN MÁS DEL 90% DEL TEJIDO PRODUCTIVO EN ESPAÑA


 

Radiografía del sector

En el actual panorama, la empresa familiar no es sólo una tipología de negocio. Más bien sería el corazón del sistema productivo. Según los datos del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), este tipo de organizaciones representa el 92,4% del conjunto en España, genera el 70,6% del empleo y aporta el 57,8% del valor añadido bruto (VAB), en ambos casos privado. Además, el 29,3% ha superado, al menos, un relevo generacional y sólo un magro 1,2% está comandada por la tercera generación o posteriores. Sin embargo, esta auténtica columna vertebral económica se enfrenta a su mayor prueba de resistencia en décadas.

En los próximos diez años, miles de empresarios nacidos durante el baby boom alcanzarán la edad de jubilación. Se calcula que cerca del 40% de las pymes familiares en España afrontará la renovación en el siguiente lustro. No obstante, la magnitud del desafío no se mide únicamente en balances contables o reasignaciones accionariales, sino en términos de estabilidad territorial, cohesión social y mantenimiento de los empleos.

Un relevo fallido no solamente implica la liquidación de una sociedad mercantil. Supone también la pérdida de un saber hacer industrial acumulado durante décadas y la destrucción masiva de puestos de trabajo directos e indirectos en comarcas enteras.

 


ESTE TIPO DE SOCIEDADES GENERA ALREDEDOR DEL 70% DEL EMPLEO PRIVADO EN NUESTRO PAÍS


 

¡Que viene el lobo!

La entrega del testigo rara vez es sencilla. En ella confluyen factores emocionales y económicos. Uno de los principales retos es la retirada del visionario que, tras décadas al timón del negocio, puede encontrar dificultades para desvincularse de la gestión diaria, delegar decisiones estratégicas o ceder la representación institucional.

A ello se suma la llegada de la siguiente camada. Decidir qué papel corresponde a cada heredero, atendiendo a sus capacidades y a las necesidades de la compañía, puede generar tensiones que afecten a su funcionamiento. La resolución de este puzle consiste en conciliar la lógica de la familia, basada en los vínculos afectivos y la equidad, con la de la compañía, orientada a la eficiencia y la rentabilidad.

Para prevenir estos conflictos se puede realizar un protocolo familiar, un documento que contiene el acuerdo de los familiares propietarios de la sociedad para regular adecuadamente, y a la medida de sus circunstancias, el funcionamiento presente y futuro de la empresa. Concretamente, en el protocolo familiar se establecen cuáles son las funciones de cada uno de los familiares propietarios, cómo tienen que transmitirse las acciones o participaciones, cómo se llevará a cabo la sucesión de las siguientes generaciones y cualquier otro asunto de interés para el buen funcionamiento de la empresa familiar o para asegurar su continuidad. El notario tiene un papel de asesoramiento muy importante en el momento de establecer dicho protocolo familiar y otros documentos que se relacionan con él, como testamentos, pactos sucesorios, capitulaciones matrimoniales o cambios societarios.

El tamaño importa

Si la sucesión plantea importantes obstáculos para las grandes, las pymes y los autónomos con empleados a su cargo afrontan una situación aún más delicada. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) llevan tiempo advirtiendo de que la falta de recambio generacional amenaza la continuidad de numerosas corporaciones.

Desde CEPYME subrayan que muchas pymes carecen de recursos financieros y asesoramiento especializado para planificar este tipo de procesos. En las microempresas, además, el pionero suele concentrar el conocimiento del negocio, la relación con los clientes y las principales decisiones financieras. Si se jubila sin un sucesor preparado o sin una estructura profesionalizada que garantice la continuidad, el desenlace podría ser el cierre, incluso siendo viable y rentable.

Por su parte, la Cámara de Comercio de España ha impulsado programas de transmisión que conectan a propietarios que desean retirarse con emprendedores dispuestos a continuar la actividad. Ahora bien, factores como la baja natalidad, el escaso atractivo para los jóvenes de algunos oficios tradicionales y las cargas tributarias dificultan los trámites legales.

La fiscalidad constituye, precisamente, una de las principales preocupaciones. Aunque existen bonificaciones para este tipo de empresas, tanto en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como en el Impuesto sobre el Patrimonio, las diferencias entre comunidades autónomas generan desigualdades territoriales.

Por ello, la estabilidad normativa y la seguridad jurídica resultan fundamentales para afrontar el reemplazo y evitar que los miembros de las distintas sagas se vean obligados a vender activos o recurrir a inversores externos.

 


APENAS EL 30% DE LAS COMPAÑÍAS FAMILIARES SOBREVIVEN AL TRASPASO GENERACIONAL


 

Profesionalización o caducidad

Superar los inconvenientes de la sucesión requiere entender que ser propietario no implica necesariamente asumir la gestión. Estadísticas sectoriales apuntan a que apenas el 30% de estas empresas llega a la segunda generación, de las que un escaso 10% alcanza la tercera. Para mejorar estas cifras, la profesionalización resulta fundamental.

Externalizar no significa apartar al linaje del fundador, sino diferenciar con claridad la propiedad, el gobierno corporativo y la gestión diaria. Cada vez más pymes incorporan consejeros externos o recurren a directivos independientes cuando los familiares no reúnen las competencias necesarias o bien prefieren ejercer su papel ajeno a la gestión.

La preparación de las nuevas generaciones también es esencial. Iniciativas como el Fórum Familiar de Jóvenes, del IEF, contribuyen a formar a los futuros gestores en ámbitos como las finanzas, la digitalización y la sostenibilidad, además de desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de la gobernanza.

 


PROFESIONALIZACIÓN Y PROTOCOLO FAMILIAR SON SOLUCIONES ANTE UN CONFLICTO SOCIETARIO


 

Anticipa y previene

La transmisión del bastón de mando no suele romper un negocio de repente, sino que deja al descubierto conflictos latentes acumulados durante años en términos de liderazgo, funciones, retribuciones y control de la propiedad, por citar algunas cuestiones.

En este sentido, el protocolo familiar permite anticiparse, fijando criterios de incorporación, remuneración, dividendos, organización y resolución de discrepancias. Con todo, debe ser coherente con los estatutos, los pactos parasociales y la planificación sucesoria para que los acuerdos tengan la eficacia jurídica necesaria.

En definitiva, planificar permite dialogar, formar a los sucesores y resolver diferencias antes de que se conviertan en conflictos. Encontrar a los candidatos idóneos es una suerte. Garantizar la continuidad exige profesionalización, diálogo y reglas claras. Así, la empresa podrá preservar su esencia y seguir avanzando un futuro en el que, como suele decirse, la familia siga siendo lo más importante.

Reunión de trabajo en una oficina
Ser propietario de una empresa no implica necesariamente asumir la gestión.

OJO AL DATO

Informe de Empresa Familiar 2026. Confianza y prudencia ante el futuro, elaborado por KPMG para el Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

Portada del Informe de Empresa Familiar 2026 de KPMG

Encuesta Mundial de la Empresa Familiar 2023. Transformarse para generar confianza, elaborada por PwC.

El futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial. Elaborado con el análisis técnico de McKinsey & Company.

Nueva Ley 3/2026, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Panadero en su obrador
La transmisión del bastón de mando deja al descubierto conflictos acumulados durante años.

CONGRESO FAMILIAR

Entre el 4 y el 6 de octubre pasados se celebró en Madrid el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Bajo el lema Centro de Gravedad, más de 700 ejecutivos llegados de toda España se citaron en la capital para reflexionar sobre la necesidad de ganar dimensión y dotarse de una mayor estabilidad institucional.

Asimismo, se remarcó la importancia de abordar con serenidad el relevo al frente de sus respectivas organizaciones, al entender que su carácter familiar requiere de entornos que generen confianza y permitan planificar a largo plazo. Un requisito indispensable cuando lo que está en juego es, precisamente, la transmisión de todo un legado.

CINCO REGLAS DE ORO

  1. Planear con tiempo: iniciar el proceso sucesorio al menos cinco años antes de la retirada prevista del fundador.
  2. Establecer un Protocolo Familiar: definir por escrito las condiciones de incorporación de familiares, las retribuciones y los mecanismos de resolución de conflictos.
  3. Separar propiedad y gestión: distinguir entre ser accionista y estar capacitado para dirigir la empresa, recurriendo a profesionales externos (como los notarios) cuando sea necesario.
  4. Priorizar la formación y el mérito: exigir a la nueva generación preparación académica y experiencia profesional previa fuera del negocio familiar.
  5. Prever las obligaciones fiscales: analizar con antelación el impacto de los impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y Patrimonio para evitar problemas de liquidez que pongan en riesgo la continuidad de la sociedad.
Trabajadores en una empresa familiar
Garantizar la continuidad de una empresa exige profesionalización, diálogo y reglas claras.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL NOTARIO EN LA EMPRESA FAMILIAR

ÁmbitoPapel del notario
Constitución de la empresaAsesora sobre la forma societaria más adecuada y redacta los estatutos adaptándolos a las necesidades de los socios familiares.
Protocolo familiarAsesora en la elaboración de acuerdos que regulan las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa.
Relevo generacionalAyuda a planificar la transmisión del negocio y las condiciones que deben cumplir quienes asuman su dirección.
Prevención de conflictosContribuye a establecer reglas sobre la toma de decisiones, la incorporación de familiares y la transmisión de participaciones.
Planificación sucesoriaAsesora y autoriza testamentos, pactos sucesorios cuando procedan y otros documentos necesarios para ordenar la sucesión.
Seguridad jurídicaFormaliza acuerdos en escritura pública, controla su legalidad y facilita, cuando corresponde, su acceso al Registro Mercantil.
Cambios societariosInterviene en modificaciones estatutarias, nombramientos de administradores y operaciones de reorganización empresarial.

La sucesión de la empresa familiar, por Ubaldo Nieto Carol

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ENTRE MAGNITUDES

UBALDO NIETO CAROL,

notario y catedrático de Derecho Mercantil

Si la empresa tiene una organización ejecutiva profesionalizada, y es posible que funcione por sí sola, su continuidad es más fácil”

La sucesión de la empresa familiar

Miles de empresarios que fundaron sus empresas durante las últimas décadas del siglo XX están alcanzando la edad de jubilación. Además, en cualquier momento, puede llegar el fallecimiento. Para uno y otro caso hay que pensar en la sucesión de la empresa familiar. Y esto no sólo afecta al patrimonio de las familias, sino que repercute sobre el empleo, la inversión, proveedores, clientes y, en general, la actividad económica del país. La continuidad de la empresa trasciende a la propia familia propietaria, de ahí que el relevo generacional deba considerarse también una cuestión de política económica.

En algunos casos los descendientes no quieren saber nada de esa actividad empresarial a la vista de la dedicación (24h/7días) y del sacrificio que han visto en sus padres. Cuando ésta es totalmente dependiente del trabajo del fundador o sucesor sólo queda la venta o, peor, la disolución y liquidación.

Formas de sucesión

Por el contrario, cuando la empresa tiene ya una organización ejecutiva profesionalizada y es posible que funcione por sí sola, su continuidad es más fácil. La forma de la sucesión dependerá de que haya o no miembros de la unidad familiar dispuestos a seguir con la empresa. Por ello, hay que distinguir entre propiedad, gobierno y gestión. Se puede ser un simple propietario que se limita a recibir sus dividendos o participar en los órganos de gobierno de la empresa (p.ej. el consejo de administración) que controla a los gestores profesionales, incluso, gestionarla directamente como órgano ejecutivo. Pero esta última función no puede adjudicarse a los descendientes por el mero hecho de serlo. Para esto hay que estar preparado, lo que exige una formación académica y una experiencia empresarial, preferiblemente, fuera de la empresa familiar. Por eso el relevo generacional no constituye un acto, sino un proceso en el que debe formarse a los futuros empresarios, lo que implica no esperar al momento de la jubilación sino empezar bastante antes.

También exige un tiempo de formación preparar a los descendientes para que actúen como órgano de gobierno que controle a los gestores profesionales de la empresa ya que, en definitiva, es el patrimonio familiar el que está en juego.

Diferencias entre herederos

Para ser mero propietario no hace falta mucho, pero se corre el riesgo de que no se tenga la empresa como algo propio con un valor que exceda del meramente económico. En estos casos, si estos coexisten con los que están implicados en la empresa, y que están interesados en su continuidad, se pueden producir tensiones entre los que quieren vender y los que no. Por eso, a mi modo de ver, si algunos de los hijos están dedicados a la empresa y otros no, es aconsejable que la propiedad se concentre en los primeros.

Y esto puede hacerse de varias formas. En vida, mediante la donación de las participaciones sociales (existen beneficios fiscales) que puede hacerse con el carácter de colacionable en la herencia del empresario y así no se perjudica patrimonialmente a los demás hijos. Y si no se hace en vida, debe planificarse en el testamento del empresario y atribuir las participaciones que confieren el control empresarial a uno o varios descendientes y compensar a los restantes mediante otros bienes. Y, si no los hay, en aplicación del art. 1.056 CC, establecer que las legítimas se paguen en metálico incluso extrahereditario con un aplazamiento, siempre que éste no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador.

Cómo mantener el carácter familiar

Otra cuestión importante es mantener el carácter familiar de la empresa lo que puede hacerse por varias vías. La testamentaria, mediante la sustitución fideicomisaria de las participaciones de la sociedad estableciendo que si uno de los herederos fallece sin descendientes haya un sucesor (fideicomisario) que sea consanguíneo del fundador de la empresa quien reciba esas participaciones. Y en vía testamentaria también hay que incluir que en caso de que el sucesor sea menor de edad o tenga modificada su capacidad, la administración de las participaciones de la sociedad familiar sea realizada por un miembro de la propia familia (y no por el otro ascendiente del que el empresario puede, incluso, estar separado o divorciado).

Hay otra vía jurídica, esta de Derecho societario, para cerrar la empresa familiar a extraños o a familiares no implicados en ella. El art. 110 LSC establece que la adquisición de participaciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, pero permite que los estatutos puedan reconocer a los socios sobrevivientes y, subsidiariamente, a la sociedad, un derecho de adquisición preferente en los términos legalmente previstos.

Otra medida de prudencia en el ámbito societario para los casos en los que el empresario es el administrador único de la sociedad es nombrar un administrador suplente (art. 216 LSC) para el supuesto de su fallecimiento evitando así que las tensiones familiares impidan el funcionamiento normal de la empresa.

Y las medidas que he dicho y otras muchas pueden incluirse en un «protocolo familiar» que es un pacto parasocial que permite establecer normas destinadas a la organización y continuidad de la empresa familiar. Su cumplimiento puede reforzarse con cláusulas penales, incluso llegar a la exclusión de la sociedad del incumplidor si se establece el cumplimiento de dicho protocolo como prestación accesoria (arts. 22 y 350 LSC).

Todo creador desea que su obra, en este caso su empresa, perdure en el tiempo. Pero para ello hay que planificar el «después».

Ingeniería técnica agrícola y Notariado: una alianza para simplificar y dar seguridad al ejercicio profesional, por Carlos Gutiérrez Alameda

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ENTRE MAGNITUDES

CARLOS GUTIÉRREZ ALAMEDA,

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE)

El acuerdo tiene un objeto muy concreto: facilitar la legitimación notarial de la firma electrónica de los ingenieros técnicos agrícolas en el ejercicio de nuestras actuaciones profesionales”

Ingeniería técnica agrícola y Notariado: una alianza para simplificar y dar seguridad al ejercicio profesional

El pasado 9 de julio de 2026, en Madrid, el Consejo General del Notariado (CGN) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE) suscribimos un convenio de colaboración que, aunque pueda parecer técnico en su formulación, tiene una vocación muy práctica: acercar dos profesiones que, cada una desde su ámbito de competencia, comparten una misma responsabilidad ante la sociedad, dotar de seguridad jurídica y técnica a los actos y documentos que afectan al territorio, a la propiedad y a la actividad económica del medio rural.

Una profesión al servicio del territorio

Los ingenieros e ingenieras técnicos agrícolas somos, con frecuencia, los grandes desconocidos de una cadena documental en la que, sin embargo, llevamos décadas siendo pieza esencial en el sistema. Redactamos proyectos técnicos, certificaciones, informes de tasación para multitud de finalidades, entre ellas la hipotecaria, estudios de impacto ambiental, memorias valoradas, segregaciones y divisiones de fincas, levantamientos topográficos o documentación para la Administración en materia agraria, forestal, ganadera o de la industria agroalimentaria. Buena parte de esa documentación técnica termina, tarde o temprano, sobre la mesa de un notario, bien como soporte de una escritura, como anejo de una compraventa, como base de una declaración de obra nueva o como justificación técnica de una operación urbanística o registral.

Esa colaboración cotidiana entre ingenieros técnicos agrícolas y notarios existía ya, por supuesto, en la práctica diaria de miles de despachos y notarías de toda España. Lo que faltaba era un cauce institucional que diera a esa colaboración un marco claro, ágil y seguro, adaptado a las exigencias de la administración electrónica.

Qué establece el convenio

El acuerdo tiene un objeto muy concreto: facilitar la legitimación notarial de la firma electrónica de los ingenieros técnicos agrícolas en el ejercicio de nuestras actuaciones profesionales, a través de la Sede Electrónica Notarial (SEN).

En la práctica, esto significa que, una vez registrados como usuarios en el Portal Notarial del Ciudadano, los profesionales de la ingeniería técnica agrícola podremos remitir certificaciones y documentación técnica a la Sede Electrónica Notarial empleando cualquier certificado de firma electrónica admitido por la normativa española. El notario, por su parte, podrá verificar de forma directa y fiable la autenticidad de esa firma, la identidad de quien la suscribe y su condición de colegiado ejerciente, mediante consulta al Registro Nacional de Colegiados de la Ingeniería Técnica Agrícola que el CGCOITAE mantiene actualizado.

Se trata, en definitiva, de sustituir procedimientos de verificación indirectos —y en ocasiones lentos— por un canal digital directo entre ambas corporaciones, sin que el convenio conlleve contraprestación económica alguna entre las partes ni comprometa la independencia de ninguna de las dos profesiones.

Por qué era necesario

Quienes ejercemos en el ámbito rural sabemos bien lo que supone, todavía hoy, acreditar ante un tercero la autenticidad de un documento técnico o la colegiación de quien lo firma: llamadas, correos, certificados en papel, plazos que se acumulan sobre expedientes que, muchas veces, ya son urgentes por sí mismos. Cada trámite de verificación que se resuelve en segundos, en lugar de en días, se traduce en beneficios muy tangibles: menos tiempo de espera para el cliente o promotor, menos carga administrativa para el notario y para el ingeniero, y una reducción del riesgo de errores o suplantaciones en un ámbito —el de la documentación técnica con trascendencia jurídica— donde la seguridad no admite atajos.

Este convenio responde, además, a una tendencia que ambas corporaciones consideramos irreversible y positiva: la progresiva sustitución del papel por instrumentos telemáticos plenamente equivalentes en garantías, pero muy superiores en agilidad. El notariado lleva años construyendo, a través de la Sede Electrónica Notarial, una infraestructura de confianza digital de referencia y nos corresponde a las profesiones colegiadas, que interactuamos con ella, integrarnos en ese ecosistema, en beneficio último de los ciudadanos a los que servimos.

El convenio no se agota en su firma. Ambas instituciones hemos constituido una comisión mixta de seguimiento, con representación paritaria, que evaluará el desarrollo del acuerdo, identificará nuevas iniciativas de interés común y resolverá cualquier duda de interpretación que pueda surgir en su aplicación práctica. Se trata de una previsión importante, porque convierte el convenio en un instrumento vivo, capaz de adaptarse a la experiencia de quienes lo utilicen día a día: notarios y notarias, por un lado, ingenieros e ingenieras técnicos agrícolas, por otro.

Una colaboración con vocación de futuro

Para el CGCOITAE, este acuerdo es también un paso más en una línea de trabajo que venimos impulsando desde hace tiempo: modernizar las herramientas al servicio de nuestra profesión y estrechar lazos con aquellas instituciones con las que compartimos responsabilidades ante la sociedad. El Notariado ha sido, históricamente, garante de la seguridad jurídica preventiva en España y los ingenieros técnicos agrícolas aportamos el rigor técnico necesario para que esa seguridad jurídica se asiente sobre datos y análisis fiables del territorio y de los bienes que lo integran.

Que ambas profesiones caminemos juntas en la simplificación de trámites no es solo una cuestión de eficiencia administrativa: es, sobre todo, una forma de poner la tecnología al servicio de quienes, en última instancia, dependen de nuestro trabajo conjunto —agricultores, ganaderos, propietarios, promotores y, en general, todos los ciudadanos del medio rural español. Desde el CGCOITAE seguiremos trabajando, junto al Consejo General del Notariado, para que esa colaboración siga dando frutos en los próximos años.

El largo camino hacia la primera vivienda

ENTRE MAGNITUDES

En 2007, las personas de entre 18 y 30 años representaban el 22,53 % de los compradores de vivienda en España. En 2025 apenas alcanzan el 9,63 %.

El largo camino hacia la primera vivienda

REDACCIÓN

Los jóvenes tienen hoy más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad que hace apenas dos décadas. Las estadísticas del Notariado reflejan ese cambio con claridad y muestran una consecuencia cada vez más visible: el creciente protagonismo de las familias para facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad.

Comprar una primera vivienda siempre ha exigido esfuerzo. Lo que ha cambiado es el camino para conseguirla. Las estadísticas del Notariado muestran hasta qué punto ese recorrido se ha hecho más largo para los jóvenes y cómo esa realidad está transformando también las decisiones de las familias.

En 2007, las personas de entre 18 y 30 años representaban el 22,53 % de los compradores de vivienda en España. En 2025 apenas alcanzan el 9,63 %. La evolución demográfica explica solo una parte de este cambio. Mientras el peso de este grupo de edad en la población ha pasado del 18,5 % al 13,2 %, su presencia entre quienes compran una vivienda se ha reducido todavía más. A los jóvenes cada vez les resulta más difícil acceder a una vivienda en propiedad.

Tiempo y dinero

Este descenso no significa que hayan renunciado a comprar una casa. La vivienda en propiedad continúa siendo una de las principales aspiraciones de muchos jóvenes. Lo que muestran las estadísticas es que alcanzar ese objetivo requiere hoy más tiempo y un esfuerzo económico considerablemente mayor que hace apenas dos décadas.

¿Por qué ocurre? La respuesta no puede reducirse a un único factor. El incremento del precio de la vivienda, las dificultades para consolidar una trayectoria laboral estable y el retraso en la emancipación forman parte de una realidad compleja. Pero no basta con conseguir financiación. Cada vez resulta más complejo reunir el ahorro previo necesario para acceder a una vivienda. Ese ahorro debe cubrir la parte del precio que habitualmente no financia la entidad bancaria, además de los impuestos y gastos asociados a la operación. Este esfuerzo siempre ha existido. Lo que ha cambiado es el capital necesario para poder dar ese primer paso.

 


LAS DONACIONES MONETARIAS FORMALIZADAS ANTE NOTARIO PRÁCTICAMENTE SE HAN MULTIPLICADO POR TRES EN APENAS SEIS AÑOS


 

En consecuencia, para muchos jóvenes el principal reto aparece incluso antes de solicitar una hipoteca: reunir el capital inicial necesario para comprar una vivienda. El camino hacia la propiedad comienza hoy mucho antes de visitar un inmueble o sentarse a negociar un préstamo.

Apoyo familiar

Las compraventas reflejan quién consigue acceder a una vivienda; las donaciones permiten entender cómo muchas familias están contribuyendo a que ese acceso sea posible.

Cuando el esfuerzo económico supera la capacidad de ahorro de muchos jóvenes, las familias empiezan a desempeñar un papel diferente. Las estadísticas del Notariado muestran que ese apoyo ha cobrado un protagonismo creciente durante los últimos años.

Las donaciones monetarias formalizadas ante notario prácticamente se han multiplicado por tres en apenas seis años. En 2019 se registraron 18.848 operaciones; en 2025 fueron 62.272, lo que supone un incremento del 230,3 %. El fenómeno también se aprecia en términos relativos: se ha pasado de 4,01 donaciones por cada 10.000 habitantes a 12,67.

El importe medio de estas donaciones ayuda a entender la importancia de este apoyo familiar. En 2025 ascendió a 87.161 euros, una cantidad que, en muchos casos, puede resultar decisiva para completar el ahorro necesario y afrontar la compra de una primera vivienda.

El apoyo familiar no llega únicamente en forma de dinero. También aumentan las donaciones de viviendas. En 2019 se formalizaron 19.042 operaciones; en 2025 fueron 30.535, un 60,36 % más. La tasa por habitante también refleja esa tendencia: de 4,05 a 6,22 donaciones por cada 10.000 habitantes.

 


EL APOYO FAMILIAR NO LLEGA ÚNICAMENTE EN FORMA DE DINERO. TAMBIÉN AUMENTAN LAS DONACIONES DE VIVIENDAS


 

No todas estas operaciones responden a la compra de una primera vivienda. Algunas obedecen a estrategias de planificación patrimonial, adelantos de herencia o decisiones familiares de muy distinta naturaleza. Sin embargo, su evolución pone de manifiesto una tendencia clara: cuando acceder a una vivienda resulta más difícil, aumenta el recurso al patrimonio familiar como instrumento de apoyo.

Observadas de forma aislada, la caída del peso de los jóvenes entre los compradores de vivienda y el aumento de las donaciones podrían parecer fenómenos independientes. Analizadas conjuntamente, ofrecen una imagen mucho más completa de cómo está cambiando el acceso a la vivienda en España.

Las estadísticas del Notariado no solo permiten conocer cuántas compraventas o donaciones se formalizan cada año. También ayudan a comprender cómo evoluciona la sociedad. En este caso, muestran que el acceso a la primera vivienda exige un esfuerzo económico creciente y que las familias están adaptando sus decisiones patrimoniales para ayudar a los jóvenes a superar esa barrera.

La aspiración no ha cambiado. Para muchos jóvenes, tener una vivienda en propiedad sigue siendo uno de los grandes objetivos vitales. Lo que sí está cambiando es el modo de alcanzarla. Detrás de cada donación hay una decisión patrimonial de carácter individual, pero detrás del conjunto de esas decisiones aparece un cambio social de mayor alcance: el camino hacia la primera vivienda ya no se recorre igual que hace veinte años.

La principal barrera no suele aparecer al firmar una hipoteca, sino mucho antes: reunir el ahorro necesario para poder plantearse la compra.

OJO AL DATO

España, entre los países donde más se retrasa la emancipación

Según Eurostat, los jóvenes españoles abandonan el hogar familiar a una edad media cercana a los 30 años, casi cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea. España se sitúa entre los países europeos donde la emancipación se produce más tarde, junto con Italia, Grecia, Croacia o Eslovaquia.

Este contexto ayuda a interpretar las tendencias que reflejan las estadísticas del Notariado. Si el acceso a la vivienda exige un mayor esfuerzo económico y la independencia residencial se retrasa, resulta comprensible que las familias desempeñen un papel cada vez más relevante mediante donaciones de dinero o de inmuebles.

Para saber más:

Eurostat. Estimated average age of young persons leaving the parental household.

Consejo de la Juventud de España
Observatorio de Emancipación 2025.

Las familias convierten cada vez con mayor frecuencia el patrimonio acumulado durante años en el impulso que permite a sus hijos acceder a una primera vivienda.

Entrevista a Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas

ENTRE MAGNITUDES

El principal reto estructural de la economía española es mejorar la productividad””

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ TAÍN,

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

GORKA R. PÉREZ

El acceso a la vivienda, la evolución demográfica y la capacidad de generar más valor añadido marcarán el futuro económico de España. Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas, defiende que elevar la eficiencia de la economía es imprescindible para mejorar los salarios y sostener el Estado del bienestar, y advierte del coste social que tiene la falta de oferta residencial asequible para los jóvenes.

-Fue elegido en 2025 presidente del Consejo General de Economistas. ¿Qué objetivos se ha marcado para esta etapa y qué retos considera prioritarios para reforzar el papel de los economistas?

– Mi principal objetivo es poner en valor la profesión y reforzar el reconocimiento social de los profesionales de la economía y de la empresa. Los economistas desarrollamos nuestra actividad en ámbitos muy diversos y aportamos conocimiento, rigor y capacidad de análisis a empresas, Administraciones y ciudadanos, contribuyendo con ello al progreso económico y al bienestar del conjunto de la sociedad. También queremos destacar el valor añadido que supone ejercer la profesión en el marco de nuestra organización colegial, que garantiza formación permanente, actualización profesional, principios deontológicos y compromiso con el interés general. Desde el Consejo General queremos mejorar los servicios que prestamos a los colegios y a los colegiados y tener una presencia activa en los grandes debates económicos.

-¿Cuál diría que es hoy el principal reto de la economía española y qué medidas deberían adoptarse para afrontarlo?

– El principal reto estructural de la economía española es mejorar la productividad. Nuestro país ha demostrado capacidad para crecer y crear empleo, pero necesitamos que ese crecimiento se apoye cada vez más en el conocimiento, la innovación, la digitalización y un uso más eficiente de los recursos. Para ello, debemos actuar sobre la educación, la inversión empresarial en activades de mayor valor añadido, el tamaño de las empresas y la reducción de las cargas que dificultan la iniciativa económica. También necesitamos estabilidad regulatoria y una visión a largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Solo con una economía más productiva podremos mejorar los salarios, financiar adecuadamente los servicios públicos y mantener nuestra competitividad internacional.

 


“SOLO CON UNA ECONOMÍA MÁS PRODUCTIVA PODREMOS MEJORAR LOS SALARIOS, FINANCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENER NUESTRA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL”


 

-¿Está el problema de la vivienda convirtiéndose en un freno para el desarrollo económico del país y especialmente para las generaciones más jóvenes?

– Sin duda, la dificultad de acceso a la vivienda se está convirtiendo en un importante problema económico y social, especialmente para los jóvenes. Cuando una parte creciente de la renta se destina a la compra o al alquiler, se reduce la capacidad de ahorro y consumo, se retrasa la emancipación y se dificulta el desarrollo de proyectos vitales. No estamos únicamente ante un problema inmobiliario, sino ante un factor que afecta al funcionamiento del mercado de trabajo y a la cohesión social. La respuesta debe centrarse en aumentar la oferta de vivienda asequible, movilizar suelo, agilizar los procedimientos urbanísticos y reforzar la colaboración público-privada. Las ayudas a la demanda y la regulación del mercado pueden auxiliar en determinados supuestos, pero sin un aumento sostenido de la oferta no habrá una solución duradera al problema de la vivienda.

-Uno de los asuntos abordados en el encuentro con la presidencia del Notariado fue la labor del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales. ¿Qué valoración hace de este modelo y de su utilidad para la prevención y detección de operaciones sospechosas?

– El Órgano Centralizado de Prevención me parece un modelo muy valioso de colaboración entre una corporación profesional y los poderes públicos. Su principal fortaleza consiste en combinar la información que generan las notarías con equipos especializados capaces de analizar las operaciones y detectar patrones o indicios que difícilmente podrían apreciarse de manera aislada. Esta centralización mejora la calidad del análisis, homogeneiza los procedimientos y facilita la comunicación con las autoridades competentes, especialmente con el Sepblac. Al mismo tiempo, permite que los notarios cumplan de forma más eficaz sus obligaciones preventivas. El blanqueo de capitales es un fenómeno cada vez más complejo y transnacional, por lo que combatirlo exige información de calidad, tecnología, especialización y cooperación institucional.

 


“NECESITAMOS ESTABILIDAD REGULATORIA Y UNA VISIÓN A LARGO PLAZO QUE TRASCIENDA LOS CICLOS POLÍTICOS”


 

-España crece por encima de la media europea, pero muchos ciudadanos siguen teniendo dificultades para percibir una mejora real en su situación económica. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?

– No es tanto una contradicción como una diferencia entre la evolución de las cifras agregadas y la realidad económica de cada persona. España mantiene un crecimiento importante y diferencial respecto a la media europea, pero el PIB total no refleja por sí solo cómo se distribuye ese crecimiento ni cuál es su impacto por habitante. La inflación acumulada, el coste de la vivienda y la desigual evolución de salarios y rentas explican que muchos hogares no perciban una mejora equivalente.

-De todos los factores que hoy generan incertidumbre en la economía mundial, ¿cuál cree que puede tener un mayor impacto sobre España en los próximos años?

– Probablemente, el mayor riesgo procede de la creciente fragmentación geopolítica y económica mundial. Las tensiones comerciales, los conflictos internacionales y la formación de bloques están modificando las cadenas de suministro, los flujos de inversión y las reglas del comercio global. España, como economía abierta e integrada en la Unión Europea, es especialmente sensible a estos cambios y al posible avance del proteccionismo. Pero este nuevo escenario también ofrece oportunidades para atraer inversiones y participar en la relocalización de actividades productivas. Para aprovecharlas debemos hacer nuestros deberes en clave interna: garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, simplificar los procedimientos administrativos, disponer de energía competitiva y mejorar las infraestructuras.

 


“VIVIR MÁS AÑOS ES UN AVANCE SOCIAL, PERO OBLIGA A ADAPTAR NUESTRAS INSTITUCIONES Y NUESTRO MODELO ECONÓMICO”


 

-La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar, producir y competir. ¿Cree que España y sus empresas están preparadas para aprovechar esta revolución tecnológica?

– España dispone de buenas infraestructuras digitales, profesionales cualificados y empresas capaces de aprovechar la inteligencia artificial, pero su implantación sigue siendo muy desigual. Mientras las grandes compañías avanzan con rapidez, muchas pymes encuentran dificultades por falta de recursos, conocimiento o personal especializado. Debemos facilitar su acceso a estas tecnologías, invertir en formación y establecer un marco que garantice la transparencia, la seguridad y la protección de los datos. La inteligencia artificial no debe contemplarse únicamente como un mecanismo para reducir costes, sino como una oportunidad para mejorar la productividad, transformar los procesos y crear nuevos servicios.

-El mercado laboral ha mejorado en los últimos años, pero siguen existiendo retos relacionados con la calidad del empleo, la formación y la disponibilidad de talento. ¿Cuáles deberían ser las prioridades?

– La primera prioridad debe ser mejorar la conexión entre la formación y las necesidades reales del tejido productivo. Persisten al mismo tiempo niveles elevados de desempleo y dificultades empresariales para encontrar determinados perfiles, lo que revela un desajuste que debemos corregir. Es necesario reforzar la formación profesional, impulsar la formación dual y facilitar la actualización continua de competencias, especialmente en los ámbitos digital, tecnológico y de gestión. También debemos avanzar en la calidad y estabilidad del empleo y favorecer la incorporación de jóvenes y trabajadores de mayor edad.

 


“ES NECESARIO REFORZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, IMPULSAR LA FORMACIÓN DUAL Y FACILITAR LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE COMPETENCIAS”


 

-¿Qué obstáculos encuentran actualmente las pequeñas y medianas empresas para ganar tamaño, innovar y competir en un entorno cada vez más global y exigente?

– En primer lugar, debemos tomar conciencia de que el tamaño empresarial es un factor importante para innovar, internacionalizarse y competir en mercados cada vez más globales. Las pymes afrontan dificultades de financiación, una elevada complejidad administrativa, escasez de determinados perfiles profesionales y costes regulatorios que les afectan proporcionalmente más que a las grandes compañías. Además, algunos umbrales laborales, fiscales o normativos pueden acabar desincentivando su crecimiento. Debemos crear un entorno en el que ganar tamaño no implique asumir de forma inmediata cargas desproporcionadas y facilitar la inversión en digitalización, innovación e internacionalización.

-¿Cómo cree que afectarán el envejecimiento de la población y los cambios demográficos a la sostenibilidad del sistema económico español?

– El envejecimiento tendrá efectos muy relevantes sobre el mercado de trabajo y sobre el gasto público, especialmente en las pensiones, la sanidad y la nueva economía de los cuidados. Vivir más años es un avance social, pero obliga a adaptar nuestras instituciones y nuestro modelo económico. La respuesta no puede limitarse a realizar ajustes financieros: debemos aumentar el empleo y la productividad, aprovechar mejor el talento sénior y ordenar adecuadamente los flujos migratorios. También será necesario adaptar los servicios públicos a una población más envejecida y territorialmente desigual.

-Si pudiera señalar tres grandes prioridades económicas para España de cara a la próxima década, ¿cuáles serían?

– Resulta difícil señalar únicamente tres prioridades porque todas están profundamente interrelacionadas. La primera debe ser aumentar la productividad, actuando sobre la educación y la formación, la innovación, la digitalización y el crecimiento empresarial. La segunda es afrontar de manera efectiva el problema de la vivienda, especialmente para los jóvenes, porque condiciona la movilidad laboral, el desarrollo de proyectos vitales y la cohesión social. Y la tercera, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y del Estado del bienestar ante los cambios demográficos. Sin productividad no podremos mejorar los salarios ni financiar adecuadamente los servicios públicos; y sin vivienda accesible y cohesión social será difícil construir un proyecto económico estable.

Huella Digital

Ricardo Garrido no tiene perfiles en redes sociales, pero si el Consejo General de Procuradores en X: @ProcuradoresE y en Linkedin.

La pagina web el Consejo General de Procuradores de España esta accesible aquí:

En junio mantuvo un encuentro con la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, en el que conocieron el nuevo Portal Estadístico del Notariado y los datos que ofrece sobre vivienda. Desde la perspectiva de los economistas, ¿qué valor tiene disponer de esta información y qué utilidad puede tener para analizar la evolución del mercado de la vivienda?

La información notarial tiene un enorme valor porque procede directamente de operaciones reales formalizadas en las notarías y permite conocer con precisión todo lo relacionado con las mismas. Su desagregación territorial facilita, además, identificar diferencias entre comunidades autónomas, provincias y municipios que pueden quedar ocultas en los datos agregados. El Portal Estadístico del Notariado convierte toda esa información en una herramienta accesible y útil para profesionales, empresas y administraciones públicas, que permite realizar mejores diagnósticos, detectar cambios de tendencia y evaluar con mayor rigor las políticas de vivienda. En economía, sin buena información no puede haber un diagnóstico acertado; y sin un diagnóstico acertado, difícilmente pueden adoptarse buenas decisiones.

Huella Digital

En el Portal de Investigación de la USC se puede consultar las publicaciones científicas, tesis dirigidas y proyectos de investigación de Miguel Ángel Vázquez Taín.

En su ficha de autor de la Editorial Tirant Lo Blanch aparece una lista de los distintos manuales técnicos que ha escrito junto a sus publicaciones comerciales.

Jóvenes y la “Gran Sucesión”, por José García Montalvo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ GARCÍA MONTALVO,

catedrático de Economía de la UPF y Miembro del Consejo Asesor del Portal Estadístico del Notariado

La Gran Sucesión resuelve el acceso de una parte de los jóvenes al precio de consolidar la desigualdad entre quienes heredan y los que no"

Jóvenes y la “Gran Sucesión”

Cuando se habla de las dificultades de acceso a la vivienda en España, la conversación deriva inevitablemente hacia la situación de los jóvenes. Y con razón: el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un obstáculo muy relevante para el inicio de su vida adulta. Los problemas de acceso se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular los jóvenes y la población de origen extranjero.

La magnitud del esfuerzo

Los datos que reflejan esta situación son múltiples. La Encuesta Financiera de las Familias muestra que mientras en 2011 el 69% de los menores de 35 años tenían una vivienda en propiedad, en 2022 el porcentaje había caído al 31,8%. Las compras de los jóvenes de 18 a 35 años se han reducido en cerca de 20 puntos desde 2007, hasta el 22,4% de las adquisiciones de residentes en 2025. La razón es la magnitud del esfuerzo: según el Banco de España un hogar joven no propietario necesita en promedio 7,1 años de renta neta para comprar una vivienda mientras en la población en general no propietaria se sitúa en 6,8 años. La cifra que se dispara hasta 12-14 años en los jóvenes que quieres adquirir una vivienda en Madrid y Barcelona. La situación en el mercado del alquiler no es mejor: dos jóvenes que quisieran emanciparse compartiendo piso destinarían de media el 36,5% de su renta neta, con ratios cercanas al 50% en Madrid, Málaga, Barcelona o Valencia. Con estos números, la sorpresa no es que los jóvenes se emancipen tarde, sino que algunos consigan hacerlo.

Conviene, no obstante, mantener cierta perspectiva crítica. La caída de la proporción de jóvenes propietarios es un fenómeno generalizado desde los años noventa, especialmente intenso en los países anglosajones. La tasa de propiedad de los hogares jóvenes españoles entre 16 y 34 años, del 31,8%, sigue superando la media de la zona euro, del 26,3%, aunque la caída desde 2011 no tiene parangón entre los grandes países. Tampoco la relación entre precios y emancipación es tan mecánica como se supone: durante la burbuja, con precios disparados, la edad de emancipación bajó, y cuando los precios se hundieron a comienzos de la pasada década, subió rápidamente. El empleo estable y los salarios importan más que el precio de la vivienda, y pesan además factores culturales comunes a todo el sur de Europa. Pero estos matices no ocultan lo esencial: los precios reales de la vivienda crecieron un 9,7% en 2025, tras el 5,5% de 2024, muy por encima de la renta de los hogares, y el 67,1% de los menores de 35 años vivía con sus padres en 2025.

Anticipar la herencia

En este contexto, los datos más recientes ofrecen una paradoja. La Encuesta Financiera de las Familias de 2024 indica que la tasa de compra de vivienda principal de los menores de 35 años ha aumentado casi 5 puntos desde 2022, y el Notariado confirma que la proporción de viviendas adquiridas por jóvenes de 18 a 30 años ha pasado del 8,4% de 2022 al 9,6% de 2025. ¿Qué explica este cambio de tendencia justo cuando los precios se disparaban? La respuesta apunta a la Gran Sucesión de los «baby boomers», que han decidido no esperar a la herencia. En 2025 se formalizaron ante notario 225.662 donaciones, un 13% más que en 2024 y más del triple que en 2013. De ellas, 30.500 fueron donaciones de viviendas de padres a hijos, un 61% más que en 2019. Las donaciones dinerarias se han triplicado desde la pandemia: más de 62.000 operaciones en 2025, unos 5.500 millones de euros —el 0,3% del PIB—, con un donatario típico menor de 35 años que recibe entre 15.000 y 40.000 euros para la entrada de su primera vivienda.

La Encuesta sobre Expectativas del Precio de la Vivienda que dirigí en 2025 confirma el fenómeno desde la perspectiva de los compradores: alrededor del 25% declaraba haber recibido, o esperar recibir, ayuda familiar para la compra, 5 puntos más que en la encuesta comparable de 2005, en plena burbuja. Entre los compradores de 18 a 30 años la proporción alcanza el 44,5% en 2020-25, con máximos en 2024 y 2025. Un dato revelador: el 48% deberá devolverla, y las tasas son mayores en los niveles socioeconómicos altos. Ahí está el problema: la ayuda familiar es selectiva por definición. El quintil de renta superior representa ya el 35% de las compras, frente al 17% de los dos quintiles inferiores. La Gran Sucesión resuelve el acceso de una parte de los jóvenes al precio de consolidar la desigualdad entre quienes heredan y los que no.

¿Qué se puede hacer? El problema estructural es una oferta de vivienda muy inelástica. Entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de 750.000 viviendas y en 2025 se crearon 240.000 hogares frente a 92.000 viviendas terminadas. Las prioridades deberían ser agilizar el suelo y la gestión urbanística, multiplicar un parque público de alquiler que apenas alcanza el 1,5% del total frente al 7% de la OCDE, impulsar la construcción industrializada y la rehabilitación, y extender avales públicos al alquiler joven al estilo del Visale francés. En cambio, conviene ser escéptico con las políticas de demanda: las ayudas fiscales y los avales hipotecarios tienden a trasladarse a precios cuando la oferta es rígida, y los controles de alquiler acaban reduciendo la oferta futura.

La conclusión es doble. Para los jóvenes con familias acomodadas, la Gran Sucesión en vida ya funciona como política de vivienda privada. Para el resto —y para no consagrar una sociedad donde el acceso a la vivienda dependa de la lotería de la herencia—, no hay atajo: hacen falta empleo estable, salarios dignos y una oferta de vivienda a la altura de la demanda. Todo lo demás son parches.

Entrevista a Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción

EN ESTE PAÍS

Se tarda más en obtener una licencia urbanística que en construir una vivienda”

Pedro Fernández Alén,

presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

FERNANDO GEIJO

Reelegido por aclamación como presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén analiza en esta entrevista los principales desafíos que afronta el sector en España. Desde la crisis de acceso a la vivienda hasta la necesidad de reformar la contratación pública, pasando por la digitalización, la sostenibilidad y la captación de talento, el dirigente empresarial defiende una mayor seguridad jurídica y una reducción de la burocracia para acelerar la transformación de una actividad que considera estratégica para el desarrollo económico y social del país. Sin olvidar su reconocimiento al “esfuerzo realizado por el Notariado para digitalizar sus procesos, modernizar su funcionamiento y reducir trámites y plazos”.

-El sector de la construcción atraviesa un momento de profunda transformación. ¿Cuáles considera que son los principales retos económicos y regulatorios a los que se enfrenta la construcción en España?

– Los principales retos se centran, en primer lugar, en cumplir con los objetivos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, teniendo en cuenta que apenas quedan unos meses para alcanzar el plazo establecido.

Por otro lado, resulta fundamental ser capaces de poner en marcha todas las políticas de vivienda que actualmente ocupan un lugar prioritario en la agenda pública.

Creemos que el sector de la construcción está en disposición de cumplir con todos los objetivos que se le planteen, aunque es cierto que necesita apoyo para ello. En este sentido, algunos de los principales retos regulatorios pasan por garantizar una mayor estabilidad y seguridad jurídica y, especialmente, por modificar la normativa de contratación pública para hacerla más estable y proporcionar una mayor certidumbre a los empresarios.

Además, conviene tener en cuenta que los últimos acontecimientos geopolíticos han puesto de manifiesto diversas carencias del actual sistema de contratación pública. Entre ellas destaca la ausencia de un mecanismo eficaz de revisión de precios, una situación que también se ha trasladado a la obra privada y que, en muchos casos, dificulta o incluso impide la ejecución de determinados contratos.

Por todo ello, consideramos que, aunque el sector de la construcción está cumpliendo con los objetivos que se le han encomendado, debería contar con un mayor respaldo normativo. Para ello, sería necesario incorporar un sistema de revisión de precios y reformar la normativa de contratación pública con el fin de hacerla más sencilla, dinámica y adaptada a la realidad del sector.

 


“SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTABILIDAD NORMATIVA SON ESENCIALES PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN INVERTIR”


 

-La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales y económicas del país. ¿Qué medidas considera prioritarias para incrementar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda?

– Existe ya un amplio consenso en que el problema de la vivienda radica fundamentalmente en la falta de oferta. Es decir, no hay suficiente disponibilidad ni de suelo ni de vivienda.

Para revertir esta situación, es imprescindible incrementar el suelo disponible para los promotores inmobiliarios, que constituye nuestra principal materia prima, y, al mismo tiempo, permitir que la construcción se desarrolle de la forma más ágil posible. Por ello, resulta necesario reducir la burocracia administrativa, simplificar los trámites y, sobre todo, modificar el artículo 55 de la Ley del Suelo.

Esta modificación permitiría que cualquier defecto subsanable o cualquier incidencia procedimental que pueda corregirse no suponga la nulidad de todo el procedimiento, posibilitando la aportación posterior de documentación o la subsanación de errores sin paralizar el desarrollo del proyecto.

Asimismo, existe también un consenso entre los principales partidos políticos en torno a que esta cuestión constituye uno de los mayores obstáculos para los desarrollos urbanísticos y para la generación de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas. Por ello, consideramos que se trata de la medida más urgente que debería ponerse en marcha.

 


“MODIFICAR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL SUELO ES URGENTE PARA GENERAR VIVIENDA”


 

-¿Cómo valora la colaboración entre el sector de la construcción y el ámbito notarial en operaciones vinculadas al urbanismo, la vivienda y la seguridad jurídica inmobiliaria?

– La colaboración entre el ámbito notarial y el sector promotor y constructor es intensa y se mantiene desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que no sólo aporta una gran seguridad jurídica, sino también un valioso asesoramiento para empresas y profesionales.

Además, conviene recordar que más del 99 % de las empresas del sector de la construcción son pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el asesoramiento y el acompañamiento que presta el notario resultan imprescindibles para llevar a buen término los nuevos desarrollos urbanísticos y la actividad diaria de las empresas.

 


“EL ASESORAMIENTO Y EL ACOMPAÑAMIENTO QUE PRESTA EL NOTARIO RESULTAN IMPRESCINDIBLES”


 

-España afronta importantes desafíos en materia de infraestructuras, sostenibilidad y transición energética. ¿Qué papel debe desempeñar el sector de la construcción en este nuevo ciclo económico?

– El sector de la construcción ya viene desempeñando un papel decisivo en la transformación de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, según los resultados trasladados por el propio Gobierno, la construcción ha sido uno de los principales receptores de los fondos europeos.

Esto ha convertido al sector en un actor clave para impulsar el cambio económico y social del país mediante proyectos relacionados con energías limpias, nuevas formas de movilidad, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, entre otros ámbitos.

Por ello, el sector de la construcción está demostrando que ha evolucionado profundamente durante los últimos veinte años y que ha dejado atrás la imagen de un sector poco profesionalizado para convertirse en una actividad moderna, innovadora y altamente especializada, apoyada en nuevos materiales, maquinaria avanzada y formas de trabajo más eficientes.

-La digitalización está transformando todas las industrias. ¿Cómo está impactando la innovación tecnológica en las empresas constructoras y en los nuevos modelos de edificación?

– En relación con la innovación tecnológica en las empresas constructoras y los nuevos modelos de edificación, hay un dato especialmente significativo: en España se tarda más en obtener una licencia urbanística que en construir una vivienda. Si hablamos de nuevos desarrollos urbanísticos, los plazos son aún mayores y, en muchos casos, superan los diez años.

Ante esta situación, las empresas están cumpliendo con su responsabilidad y apostando por nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial y otros métodos modernos de construcción que permiten simplificar numerosos procesos y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, los procedimientos administrativos continúan siendo excesivamente largos y complejos. En muchas ocasiones, es la propia Administración Pública la que no se ha adaptado al ritmo de esta transformación digital.

Por ello, merece especial reconocimiento el esfuerzo realizado por el Notariado para digitalizar sus procesos, modernizar su funcionamiento y reducir trámites y plazos. No obstante, esta misma evolución no se ha producido con la misma intensidad en muchas Administraciones locales ni en los mecanismos de coordinación necesarios para determinados desarrollos urbanísticos.

En consecuencia, el sector continúa impulsando la innovación y el desarrollo. Prueba de ello es el reciente congreso celebrado en Santander, IC2, donde alrededor de 600 profesionales analizaron nuevas formas de construcción, materiales innovadores y maquinaria avanzada, mostrando a la sociedad la importante evolución experimentada por el sector durante los últimos años.

 


“RECLAMAMOS UNA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA HACERLA MÁS SIMPLE Y EFICIENTE”


 

-El acceso a financiación y la estabilidad normativa son cuestiones clave para el sector. ¿Qué reclama hoy la Confederación Nacional de la Construcción a las administraciones públicas?

– Actualmente, las principales reivindicaciones del sector de la construcción ante las Administraciones públicas no están relacionadas con la financiación, ya que no constituye uno de sus problemas más relevantes.

Lo que sí reclamamos es una modificación de la normativa de contratación pública para hacerla más simple y eficiente, incorporando además mecanismos de reequilibrio económico de los contratos públicos. Estos instrumentos podrían trasladarse también al ámbito privado, proporcionando estabilidad a contratos especialmente complejos y de larga duración, que son habituales en el sector de la construcción.

Asimismo, necesitamos estabilidad normativa y certidumbre. Los empresarios pueden desarrollar su actividad con normalidad siempre que operen en un entorno estable, previsible y fiable. Por tanto, nuestra principal reivindicación es la seguridad jurídica: no solo contar con reglas claras y conocidas, sino también garantizar que dichas reglas no cambien a mitad de partido.

-El relevo generacional y la falta de mano de obra cualificada son preocupaciones recurrentes. ¿Cómo puede el sector atraer talento joven y mejorar su percepción social?

– Ciertamente, el sector de la construcción no ha logrado atraer suficientemente a los jóvenes, a las mujeres ni a los inmigrantes. En estos momentos nos enfrentamos a un importante déficit de profesionales y, además, nuestras plantillas están envejeciendo sin que se esté produciendo un relevo generacional adecuado.

Por ello, debemos tender la mano a los jóvenes y acercarles la realidad actual del sector, mostrando las nuevas formas de construir, los simuladores, la maquinaria de última generación y los programas de formación orientados a nuevas profesiones que ofrecen empleo estable, bien remunerado y con amplias posibilidades de desarrollo profesional.

Asimismo, las mujeres representan actualmente solo el 12 % de la fuerza laboral del sector. Por tanto, es imprescindible fomentar una mayor incorporación femenina, especialmente teniendo en cuenta que en muchos oficios su aportación está altamente valorada. Sin embargo, su presencia todavía está lejos del nivel deseable.

Por último, la incorporación de trabajadores inmigrantes será una pieza fundamental para poder hacer realidad las ambiciosas políticas de vivienda planteadas por el Gobierno y atender las necesidades de mano de obra que requiere el sector.

-Tras su visita al Consejo General del Notariado: ¿qué aspectos destacaría del diálogo mantenido y qué vías de colaboración futura considera más relevantes?

– La relación con el Consejo General del Notariado es extraordinariamente fluida y positiva. Desde el sector de la construcción nos han sorprendido muy favorablemente los importantes avances que ha realizado el Notariado para mejorar los servicios que presta, reforzar el asesoramiento y optimizar los mecanismos de control.

Creemos que esta colaboración debe mantenerse y fortalecerse en el tiempo, trabajando conjuntamente para que el Notariado continúe ofreciendo respuestas ágiles y eficaces a las necesidades que plantean los empresarios.

-Mirando a los próximos años: ¿cómo imagina el futuro del sector de la construcción en España y cuáles cree que serán las grandes tendencias que marcarán su evolución?

– Creemos que el futuro del sector de la construcción ya se está viviendo en la actualidad. El sector poco tiene que ver con el que existía en los años noventa o principios de los años dos mil, ya que hoy se trabaja con nuevas técnicas constructivas, maquinaria avanzada y materiales innovadores, lo que está impulsando una evolución extraordinaria.

Además, se están incorporando tecnologías emergentes, inteligencia artificial y nuevos métodos de trabajo que aumentan la eficiencia y la calidad de los proyectos. Paralelamente, los profesionales cuentan con una formación cada vez más especializada y un mayor nivel de cualificación.

Por todo ello, estamos convencidos de que la construcción será un sector moderno, sostenible y con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como ya está ocurriendo. Su evolución seguirá siendo exponencial y desempeñará un papel protagonista en las grandes transformaciones que experimentará España en los próximos años.

Huella Digital

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Arquitectos y notarios ante la crisis de la vivienda: más oferta, seguridad jurídica y equilibrio territorial

ENTRE MAGNITUDES

En la década de los sesenta, cerca del 70% de las viviendas construidas tenían algún tipo de protección.

Arquitectos y notarios ante la crisis de la vivienda: más oferta, seguridad jurídica y equilibrio territorial

CRISTINA MASSANA MONTILLA

La jornada Arquitectos y Notariado: rigor profesional ante la crisis de la vivienda, organizada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General del Notariado (CGN), reunió a representantes de las administraciones públicas, expertos y profesionales para analizar uno de los principales retos económicos y sociales del país. Los participantes coincidieron en que el acceso a la vivienda exige incrementar la oferta residencial, reforzar la seguridad jurídica y promover un desarrollo territorial más equilibrado que reduzca la presión sobre las grandes áreas urbanas.

La vivienda ocupa desde hace años un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. El incremento de los precios, las dificultades de acceso para los jóvenes, la insuficiencia de vivienda asequible y la concentración de la demanda en determinadas áreas metropolitanas han convertido esta cuestión en uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país.

 


CONCEPCIÓN BARRIO DEFINIÓ EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA COMO UNA CUESTIÓN “GLOBAL Y MULTIFACÉTICA” QUE REQUIERE SOLUCIONES DIVERSAS, NORMAS CLARAS Y SEGURIDAD JURÍDICA


 

Con el objetivo de analizar las causas de esta situación y debatir posibles soluciones, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General del Notariado (CGN) organizaron la jornada Arquitectos y Notariado: rigor profesional ante la crisis de la vivienda, un encuentro que reunió a representantes institucionales, expertos y profesionales de ambos ámbitos.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, abrió la jornada destacando la importancia de disponer de información rigurosa y de reforzar la colaboración entre instituciones para abordar un problema que, en su opinión, tiene un marcado carácter estructural. Según señaló, resulta necesario actuar simultáneamente en varios horizontes temporales: con medidas de urgencia que permitan movilizar vivienda vacía con seguridad jurídica; con iniciativas de colaboración público-privada en el medio plazo; y con actuaciones orientadas a incrementar la disponibilidad de suelo y promover la regeneración urbana a largo plazo.

 


MARTA VALL-LLOSSERA DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE INFORMACIÓN RIGUROSA Y DE REFORZAR LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES


 

Por su parte, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, definió el problema de la vivienda como una cuestión “global y multifacética” que requiere soluciones diversas, normas claras y seguridad jurídica. Barrio recordó que los notarios aportan asesoramiento e información rigurosa a los ciudadanos y defendió la conveniencia de extender esa protección a fases previas a la compraventa mediante la revisión de documentación y acuerdos recogidos en los contratos de arras. Asimismo, consideró necesario avanzar hacia modelos que refuercen la seguridad jurídica también en el mercado del alquiler.

 


MARTÍNEZ LACAMBRA RADIOGRAFIÓ EL MERCADO RESIDENCIAL ESPAÑOL GRACIAS A LA INFORMACIÓN DE ÍNDICE ÚNICO INFORMATIZADO NOTARIAL


 

El mercado desde los datos notariales

La primera conferencia de la jornada corrió a cargo del director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, quien presentó una radiografía actualizada del mercado residencial español elaborada a partir de la información contenida en el Índice Único Informatizado del Notariado.

Según explicó, los datos muestran que las tensiones del mercado residencial se concentran especialmente en aquellos territorios donde existe una mayor presión de la demanda. Tras la corrección experimentada entre 2008 y 2013, los precios de la vivienda han mantenido una trayectoria ascendente que se ha intensificado desde 2021, alcanzando a comienzos de 2026 los niveles más elevados de la serie reciente, aunque con una cierta moderación en el ritmo de crecimiento.

 


LA ACTUAL CRISIS DE ACCESO A LA VIVIENDA ES CONSECUENCIA DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES GESTADOS DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS


 

Martínez Lacambra destacó también que los precios disminuyen de forma significativa a medida que aumenta la distancia respecto a las grandes áreas urbanas. A su juicio, esta evolución pone de manifiesto el potencial de las ciudades medias y de los municipios bien conectados para ampliar las opciones residenciales y reducir la presión sobre los mercados más tensionados.

El director general del Centro Tecnológico del Notariado se detuvo asimismo en las dificultades de acceso a la vivienda que afrontan los jóvenes. Los datos reflejan que, si en 2007 los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 22,5% de las adquisiciones de vivienda en España, en 2025 apenas alcanzaban el 9,6%.

Paralelamente, se observa un creciente recurso al apoyo familiar para acceder a la compra. Entre 2019 y 2025, las donaciones monetarias de padres a hijos crecieron un 230,3% en España, mientras que las donaciones de vivienda aumentaron un 60,4%.

 


LOS PARTICIPANTES COINCIDIERON EN QUE AUMENTAR LA OFERTA RESIDENCIAL, REFORZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PROMOVER AMPLIOS CONSENSOS SON ELEMENTOS ESENCIALES


 

Más hogares que viviendas

La segunda conferencia de la jornada estuvo dedicada al diagnóstico de la situación residencial en España desde la perspectiva de los arquitectos. La encargada de presentar este análisis fue Susana Moreno, vicepresidenta segunda del CSCAE y directora de su Grupo de Trabajo de Vivienda.

Basándose en las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos entre 1960 y 2025, Moreno afirmó que la actual crisis de acceso a la vivienda es consecuencia de problemas estructurales gestados durante más de dos décadas.

Entre ellos destacó el desequilibrio existente entre la creación de hogares y la producción residencial. Según explicó, cada año se crean en España alrededor de 250.000 hogares, mientras que no llegan a construirse 125.000 viviendas. Esta diferencia, señaló, se ve agravada por la pérdida de capacidad productiva sufrida por el sector tras la crisis financiera de 2008, cuando desapareció cerca de un millón de empleos vinculados a la edificación.

La vicepresidenta segunda del CSCAE llamó también la atención sobre la evolución de la vivienda protegida. Recordó que, en la década de los sesenta, cerca del 70% de las viviendas construidas tenían algún tipo de protección, mientras que en la actualidad esa proporción se ha reducido de forma muy significativa. Como consecuencia, el parque de vivienda social representa aproximadamente el 3% del total, frente a una media europea cercana al 9%.

Susana Moreno identificó además un tercer factor estructural: la creciente concentración de población y actividad económica en torno a grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Málaga.

A partir de este diagnóstico, defendió la necesidad de impulsar estrategias de regeneración urbana y diversificación económica que permitan aprovechar mejor el potencial de las ciudades medias y de otros territorios con capacidad de crecimiento.

Entre las medidas prioritarias planteadas durante su intervención, Susana Moreno destacó la agilización administrativa como una de las herramientas más eficaces para incrementar la oferta de vivienda en el corto plazo. Según expuso, el cumplimiento efectivo de los plazos legales para la concesión de licencias permitiría reducir, de media, nueve meses los tiempos de ejecución de nuevas promociones.

La representante del CSCAE defendió asimismo el impulso a la rehabilitación de edificios y la necesidad de desarrollar planes de acción basados en diagnósticos rigurosos, objetivos a corto, medio y largo plazo y amplios consensos institucionales y profesionales.

Una respuesta integral

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en cómo facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y con seguridad jurídica.

En ella participaron la directora general de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval; el patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad, Joan Clos; la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Mari Ángel López Amado; y la notaria Cristina de Solís Merino.

Los participantes coincidieron en que la complejidad del problema exige una respuesta integral y sostenida en el tiempo, basada en el aumento de la oferta residencial, la colaboración entre administraciones públicas y sector privado, la cooperación institucional y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Inés Sandoval puso el foco en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Durante su intervención explicó que el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla programas orientados a favorecer distintos regímenes de acceso a la vivienda y defendió la importancia de que la vivienda asequible mantenga una calificación permanente para generar un beneficio social duradero.

Por su parte, Joan Clos situó el debate en una perspectiva territorial más amplia. A su juicio, el problema de la vivienda está estrechamente vinculado a la organización territorial del Estado y a la concentración de población y actividad económica. Clos sostuvo que la cuestión central no es únicamente el precio de la vivienda, sino la accesibilidad a la misma.

Seguridad jurídica

La seguridad jurídica volvió a ocupar un lugar destacado durante el debate final.

Cristina de Solís Merino valoró la existencia del acta previa notarial que se realiza antes de la firma de una hipoteca y que permite al ciudadano mantener una reunión individual con el notario para resolver dudas y comprender plenamente el alcance de la operación que va a formalizar.

La notaria consideró asimismo que determinados aspectos fiscales podrían contribuir a facilitar el acceso a la vivienda.

Junto a la asequibilidad y la seguridad jurídica, la mesa abordó también la aparición de nuevas formas de habitar vinculadas a los cambios sociales y demográficos.

Mari Ángel López Amado destacó el potencial de la vivienda cooperativa como fórmula orientada a generar comunidad y cohesión social a través de la arquitectura. En su opinión, la normativa debería evolucionar para ofrecer respuesta a estos nuevos modelos residenciales.

Las intervenciones pusieron de manifiesto que el debate sobre la vivienda ya no se limita exclusivamente a la construcción de nuevos inmuebles, sino que incorpora cuestiones relacionadas con la calidad arquitectónica, la sostenibilidad, la convivencia y la adaptación a nuevas realidades sociales.

Cada año se crean en España alrededor de 250.000 hogares, mientras que no llegan a construirse 125.000 viviendas, según los datos del CSCAE

Los datos que explican la situación del mercado

22,5%: Porcentaje de compradores de vivienda entre 18 y 30 años en 2007

9,6%: Porcentaje que representan esos compradores en 2025

230,3%: Incremento de las donaciones monetarias de padres a hijos entre 2019 y 2025

10,7%: Porcentaje de compras de vivienda realizadas por personas jurídicas en 2025

57%: Diferencia entre las viviendas vendidas y compradas por personas jurídicas en 2025

El papel del Notariado en el mercado inmobiliario

El Consejo General del Notariado gestiona, a través del Índice Único Informatizado, una de las principales fuentes de información sobre el mercado inmobiliario español.

Esta base de datos reúne información procedente de más de 170 millones de documentos y permite conocer la evolución real de las operaciones inmobiliarias escrituradas en España.

Además de su función como fuente estadística, el Notariado desempeña una labor de asesoramiento imparcial, control de legalidad y protección jurídica de los ciudadanos en las operaciones relacionadas con la vivienda.

La vivienda ocupa desde hace años un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Cinco líneas de actuación planteadas durante la jornada

  1. Incrementar la oferta residencial. Reducir el desequilibrio entre creación de hogares y construcción de viviendas.
  2. Agilizar los procedimientos administrativos. Acortar los plazos de concesión de licencias y ejecución de promociones.
  3. Impulsar la vivienda asequible. Fortalecer las políticas públicas destinadas a ampliar el parque disponible.
  4. Favorecer el equilibrio territorial. Aprovechar el potencial de ciudades medias y municipios bien conectados.
  5. Reforzar la seguridad jurídica. Garantizar una mayor protección de ciudadanos, propietarios e inquilinos.

La experiencia ya no es un grado

ENTRE MAGNITUDES

Uno de cada cinco desempleados españoles tiene más de 55 años y más de la mitad de ellos sufre paro de larga duración

La experiencia ya no es un grado

FERNANDO GEIJO NARES

La experiencia es un grado. Así se ha entendido tradicionalmente en multitud de culturas mediante el respeto a los más mayores. Sin embargo, el tablero de juego laboral ha mutado desde la llegada de las nuevas tecnologías y la erupción de la Inteligencia Artificial, reto añadido para millones de sénior. En el caso de España, los últimos datos apuntan a un aparente sinsentido con la cronificación del desempleo entre las personas de más de 55 años, a pesar del actual récord de afiliación a la Seguridad Social.

‘No es país para viejos’. Al menos, parafraseando la célebre cinta de los hermanos Coen, para aquellas personas sénior que buscan trabajo en España. Así lo refleja la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre de 2026, al constatar que entre enero y marzo de este año el paro registró un significativo repunte entre el colectivo de ciudadanos con más de 55 años, hasta situarse en 545.000 desocupados. El 20,14% del total de parados. O lo que es lo mismo, casi uno de cada cinco de los 2.320.721 demandantes de empleo que existían en nuestro país a finales de marzo pasado, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Y no parece que se trate de un hecho puntual. La tendencia apunta hacia una degradación dentro de este colectivo al aumentar en casi 45.000 nuevos parados, en relación con el último trimestre de 2025. Un declive que ya se notó en la comparativa interanual, contra el mismo mes del año pasado, aunque esta vez con sólo 4.000 personas más sin trabajo.


ALGUNAS COMPAÑÍAS YA DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MENTORÍA, ACTUALIZACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN INTERGENERACIONAL


Incongruencias

La fotografía del ecosistema laboral español parece encerrar una contradicción cada vez más evidente. Mientras el empleo alcanza máximos históricos, al rozar los 22,3 millones de ocupados en términos desestacionalizados, y los trabajadores mayores de 55 años baten récords de ocupación, el desempleo sénior continúa enquistado y afecta ya a más de medio millón de personas. Asimismo, el contexto actual indica que España necesita más trabajadores veteranos para sostener su economía y sistema de pensiones, pero al mismo tiempo el mercado expulsa a muchos de ellos y les dificulta regresar al mundo laboral.

La encuesta de la EPA viene a confirmar esta singularidad. Entre enero y marzo, el número de desempleados mayores de 55 años aumentó un 8,75% más que el trimestre anterior. En términos absolutos, casi uno de cada cinco parados españoles pertenece ya a esta franja de edad.

La situación es especialmente llamativa porque se produce en un contexto de crecimiento económico y fuerte creación de empleo. No en vano, España ya supera por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y mantiene cifras igualmente históricas en materia de ocupación. El problema radica en que buena parte de ese dinamismo no alcanza a quienes superan los 50 o 55 años y pierden su trabajo.


MUCHOS PROFESIONALES DENUNCIAN QUE SON DESCARTADOS AUTOMÁTICAMENTE EN PROCESOS DE SELECCIÓN POR SUPERAR DETERMINADAS EDADES


Del revés

La realidad demográfica refleja también un cambio profundo en la estructura laboral del país. La generación conocida como el baby boom avanza hacia edades próximas a la jubilación, sin olvidar que la esperanza de vida aumenta y que, por ende, las sucesivas reformas acometidas en el sistema de pensiones retrasan progresivamente la edad ordinaria de retiro, fijada desde 2027 en los 67 años.

Para entender lo que está pasando, es necesario recordar que la cohorte poblacional de los boomers, que incluye a los nacidos entre 1958 y 1977, es excepcionalmente copiosa, dado que proviene de tasas de natalidad anuales por encima de los 650.000 nacimientos. Esto provocó la llegada en este período de alrededor de 14 millones de bebés, 2,5 veces más que en los veinte años previos y nada menos que 4,5 más que en las dos décadas posteriores.

Con esos guarismos resulta más fácil entender por qué hay cada vez más personas trabajando en España después de los 55 años, actualmente unos 4,93 millones de ocupados pertenecen a esta franja de edad, lo que representa ya alrededor del 22% del total de trabajadores españoles, convirtiéndose en uno de los pilares del mercado laboral, y, al mismo tiempo, aumentan las cifras del paro entre los sénior.

La clave estaría, por un lado, en el alto porcentaje de personas mayores entre la población y, por otro, en la pérdida del empleo de muchos de ellos ante la aceleración de la revolución tecnológica o, directamente, para ajustar costes salariales. En cualquier caso, la situación cambia radicalmente, como es lógico, cuando un trabajador veterano pierde su trabajo.


LOS EXPERTOS COINCIDEN EN QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA NO ES TANTO CONSERVAR EL TRABAJO COMO VOLVER A ENCONTRARLO


Pertinaz desempleo

Los expertos coinciden en que el principal problema no es tanto conservar el trabajo como volver a encontrarlo. El paro sénior tiene un fuerte componente estructural y está íntimamente ligado al desempleo de larga duración. En este sentido, más de la mitad de los desempleados mayores de 55 años lleva más de un año buscando trabajo sin éxito. Ese porcentaje supera ampliamente el registrado entre jóvenes y trabajadores de mediana edad.

La Fundación BBVA y el IVIE advierten de que la situación de los mayores ha empeorado notablemente en la última década. Tradicionalmente, los trabajadores próximos a la jubilación disfrutaban de una mayor estabilidad laboral gracias a la antigüedad y a las trayectorias profesionales consolidadas. Pero ese patrón se ha roto.

El deterioro afecta especialmente a quienes deben volver a empezar desde cero tras un despido, una reestructuración empresarial o el cierre de su actividad. Muchos pasan de posiciones estables y salarios elevados a contratos temporales, ocupaciones de baja cualificación o largos periodos de inactividad.


MÁS DE LA MITAD DE LOS DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS LLEVA MÁS DE UN AÑO BUSCANDO TRABAJO SIN ÉXITO


A la vejez, viruelas

La precarización también aparece reflejada en los salarios. Los empleados veteranos con carreras laborales continuadas mantienen remuneraciones superiores a la media, pero quienes reingresan al mundo del trabajo tras perder su empleo suelen aceptar condiciones inferiores incluso a las de los trabajadores más jóvenes.

Los estudios también muestran que el problema no responde únicamente a cuestiones formativas o de productividad. El llamado edadismo laboral -discriminación por edad- se ha convertido en uno de los principales obstáculos.

Muchos profesionales denuncian que son descartados automáticamente en procesos de selección por superar determinadas edades. Persisten estereotipos que asocian al trabajador veterano con menor adaptación tecnológica, mayores costes salariales o menor flexibilidad. Paradójicamente, las empresas reclaman experiencia y escasea el relevo generacional en numerosos sectores productivos.


SEGÚN LOS DATOS DE LA EPA, LOS DESEMPLEADOS SÉNIORES SUPERAN AMPLIAMENTE A QUIENES ANTICIPAN SU RETIRADA LABORAL


Dos tazas

Los resultados de la citada EPA muestran también que el incremento del desempleo sénior en el primer trimestre del año estuvo protagonizado mayoritariamente por mujeres. Más de 300.000 mujeres mayores de 55 años se encuentran actualmente en paro. Lo que representa más de la mitad del desempleo sénior, sin olvidar que soportan una doble discriminación: por edad y por género.

Muchas de ellas acumulan trayectorias laborales intermitentes, empleos más precarios o carreras profesionales condicionadas por los cuidados familiares. Eso reduce su protección frente al desempleo y dificulta aún más su reincorporación. Además, en numerosos sectores feminizados -como comercio, servicios o atención al cliente- la presión por rejuvenecer plantillas es especialmente intensa.

Los expertos alertan de que este fenómeno puede aumentar la vulnerabilidad económica femenina en edades próximas a la jubilación, precisamente en un momento en el que las carreras de cotización son decisivas para determinar futuras pensiones.

Por obligación

El auge del empleo sénior no responde únicamente a una mejora de oportunidades. En muchos casos, trabajar más años se ha convertido en una necesidad económica.

Las sucesivas reformas de pensiones han retrasado progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta fijarla en el futuro próximo en los 67 años. Paralelamente, se han endurecido las condiciones para acceder a jubilaciones anticipadas y prejubilaciones. Como consecuencia de lo anterior, el número de personas que abandonan prematuramente el mercado laboral se ha reducido drásticamente.

El resultado es que España vive ahora una situación inédita. Ya hay más parados mayores de 55 años que prejubilados. Según los datos de la EPA, los desempleados séniores superan ampliamente a quienes anticipan su retirada laboral.

El incremento del coste de la vida también empuja a muchos trabajadores a retrasar voluntariamente su jubilación. La inflación acumulada, el precio de la vivienda y la incertidumbre sobre las pensiones futuras han reforzado la necesidad de mantener ingresos durante más tiempo. Por eso crecen fórmulas como la jubilación demorada o parcial, que permiten compatibilizar empleo y pensión.

Población envejecida

El envejecimiento demográfico está transformando profundamente la inserción laboral en nuestro país. El país registra ya más personas mayores de 64 años que menores de 16, y esa tendencia seguirá intensificándose durante las próximas décadas.

Por su parte, las empresas comienzan a asumir que el talento sénior será imprescindible para sostener la actividad económica y compensar la caída de población joven. Sin embargo, la adaptación cultural avanza más lentamente que la realidad demográfica.

Los especialistas consideran que España aún mantiene modelos laborales excesivamente orientados a perfiles jóvenes, especialmente en procesos de selección y políticas de recursos humanos.

El debate sobre el talento sénior trasciende ya el ámbito social. Se ha convertido en una cuestión económica de fondo. España afronta una combinación compleja: envejecimiento acelerado, escasez de mano de obra en determinados sectores y presión creciente sobre el sistema de pensiones.

En ese contexto, prescindir del conocimiento acumulado de millones de profesionales supone un coste difícilmente asumible. Las organizaciones empresariales comienzan a advertir de la necesidad de aprovechar mejor la experiencia sénior, especialmente en ámbitos industriales, técnicos y de servicios especializados.

Algunas compañías ya desarrollan programas específicos de mentoría, actualización digital y gestión intergeneracional, frente a otras que continúan priorizando perfiles jóvenes y reduciendo plantillas veteranas. La paradoja española sigue abierta. Nunca hubo tantos trabajadores mayores activos y, a su vez, resultó tan difícil volver a empezar después de los 50.

Más de 300.000 mujeres mayores de 55 años se encuentran actualmente en paro

Claves del jeroglífico sénior

  • Más de 545.000 desempleados mayores de 55 años.
  • Uno de cada cinco parados es sénior.
  • Más del 50% sufre paro de larga duración.
  • Las mujeres concentran la mayor parte del desempleo sénior.
  • Casi cinco millones de mayores de 55 años trabajan actualmente.
  • Las prejubilaciones caen mientras aumenta el paro sénior.
  • El edadismo sigue siendo uno de los principales obstáculos de acceso al trabajo.
  • Formación y actualización digital reducen el riesgo de desvinculación.

Salidas tras los 50

Cada vez más profesionales mayores de 50 años recurren a las oposiciones como refugio frente a la inestabilidad laboral. Según el Observatorio del Opositor, el porcentaje de opositores sénior ha pasado del 5% en 2019 al 19% en 2026.

Muchos buscan estabilidad, conciliación y seguridad económica después de sufrir despidos o largos períodos de desempleo. Las academias detectan un fuerte aumento de alumnos procedentes del sector privado, incluidos perfiles altamente cualificados.

Los expertos subrayan que la formación continua será decisiva. Los trabajadores mayores con estudios superiores presentan tasas de desempleo mucho más bajas y mejores condiciones laborales. También reclaman cambios empresariales profundos como impulsar programas de reciclaje profesional, fomentar equipos intergeneracionales y combatir los prejuicios asociados a la edad.

El llamado edadismo laboral -discriminación por edad- se ha convertido en uno de los principales obstáculos para encontrar empleo.

Ojo al dato

Radiografía laboral de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre de 2026. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, libro dirigido por Lorenzo Serrano Martínez y Ángel Soler Guillén, editado por la Fundación BBVA, julio 2025.

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Avance del primer trimestre de 2026. Instituto Nacional de Estadística (INE). 30 de abril de 2026.