-El sector de la construcción atraviesa un momento de profunda transformación. ¿Cuáles considera que son los principales retos económicos y regulatorios a los que se enfrenta la construcción en España?

– Los principales retos se centran, en primer lugar, en cumplir con los objetivos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, teniendo en cuenta que apenas quedan unos meses para alcanzar el plazo establecido.

Por otro lado, resulta fundamental ser capaces de poner en marcha todas las políticas de vivienda que actualmente ocupan un lugar prioritario en la agenda pública.

Creemos que el sector de la construcción está en disposición de cumplir con todos los objetivos que se le planteen, aunque es cierto que necesita apoyo para ello. En este sentido, algunos de los principales retos regulatorios pasan por garantizar una mayor estabilidad y seguridad jurídica y, especialmente, por modificar la normativa de contratación pública para hacerla más estable y proporcionar una mayor certidumbre a los empresarios.

Además, conviene tener en cuenta que los últimos acontecimientos geopolíticos han puesto de manifiesto diversas carencias del actual sistema de contratación pública. Entre ellas destaca la ausencia de un mecanismo eficaz de revisión de precios, una situación que también se ha trasladado a la obra privada y que, en muchos casos, dificulta o incluso impide la ejecución de determinados contratos.

Por todo ello, consideramos que, aunque el sector de la construcción está cumpliendo con los objetivos que se le han encomendado, debería contar con un mayor respaldo normativo. Para ello, sería necesario incorporar un sistema de revisión de precios y reformar la normativa de contratación pública con el fin de hacerla más sencilla, dinámica y adaptada a la realidad del sector.

“SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTABILIDAD NORMATIVA SON ESENCIALES PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN INVERTIR”

-La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales y económicas del país. ¿Qué medidas considera prioritarias para incrementar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda?

– Existe ya un amplio consenso en que el problema de la vivienda radica fundamentalmente en la falta de oferta. Es decir, no hay suficiente disponibilidad ni de suelo ni de vivienda.

Para revertir esta situación, es imprescindible incrementar el suelo disponible para los promotores inmobiliarios, que constituye nuestra principal materia prima, y, al mismo tiempo, permitir que la construcción se desarrolle de la forma más ágil posible. Por ello, resulta necesario reducir la burocracia administrativa, simplificar los trámites y, sobre todo, modificar el artículo 55 de la Ley del Suelo.

Esta modificación permitiría que cualquier defecto subsanable o cualquier incidencia procedimental que pueda corregirse no suponga la nulidad de todo el procedimiento, posibilitando la aportación posterior de documentación o la subsanación de errores sin paralizar el desarrollo del proyecto.

Asimismo, existe también un consenso entre los principales partidos políticos en torno a que esta cuestión constituye uno de los mayores obstáculos para los desarrollos urbanísticos y para la generación de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas. Por ello, consideramos que se trata de la medida más urgente que debería ponerse en marcha.

“MODIFICAR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL SUELO ES URGENTE PARA GENERAR VIVIENDA”

-¿Cómo valora la colaboración entre el sector de la construcción y el ámbito notarial en operaciones vinculadas al urbanismo, la vivienda y la seguridad jurídica inmobiliaria?

– La colaboración entre el ámbito notarial y el sector promotor y constructor es intensa y se mantiene desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que no sólo aporta una gran seguridad jurídica, sino también un valioso asesoramiento para empresas y profesionales.

Además, conviene recordar que más del 99 % de las empresas del sector de la construcción son pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el asesoramiento y el acompañamiento que presta el notario resultan imprescindibles para llevar a buen término los nuevos desarrollos urbanísticos y la actividad diaria de las empresas.

“EL ASESORAMIENTO Y EL ACOMPAÑAMIENTO QUE PRESTA EL NOTARIO RESULTAN IMPRESCINDIBLES”

-España afronta importantes desafíos en materia de infraestructuras, sostenibilidad y transición energética. ¿Qué papel debe desempeñar el sector de la construcción en este nuevo ciclo económico?

– El sector de la construcción ya viene desempeñando un papel decisivo en la transformación de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, según los resultados trasladados por el propio Gobierno, la construcción ha sido uno de los principales receptores de los fondos europeos.

Esto ha convertido al sector en un actor clave para impulsar el cambio económico y social del país mediante proyectos relacionados con energías limpias, nuevas formas de movilidad, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, entre otros ámbitos.

Por ello, el sector de la construcción está demostrando que ha evolucionado profundamente durante los últimos veinte años y que ha dejado atrás la imagen de un sector poco profesionalizado para convertirse en una actividad moderna, innovadora y altamente especializada, apoyada en nuevos materiales, maquinaria avanzada y formas de trabajo más eficientes.

-La digitalización está transformando todas las industrias. ¿Cómo está impactando la innovación tecnológica en las empresas constructoras y en los nuevos modelos de edificación?

– En relación con la innovación tecnológica en las empresas constructoras y los nuevos modelos de edificación, hay un dato especialmente significativo: en España se tarda más en obtener una licencia urbanística que en construir una vivienda. Si hablamos de nuevos desarrollos urbanísticos, los plazos son aún mayores y, en muchos casos, superan los diez años.

Ante esta situación, las empresas están cumpliendo con su responsabilidad y apostando por nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial y otros métodos modernos de construcción que permiten simplificar numerosos procesos y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, los procedimientos administrativos continúan siendo excesivamente largos y complejos. En muchas ocasiones, es la propia Administración Pública la que no se ha adaptado al ritmo de esta transformación digital.

Por ello, merece especial reconocimiento el esfuerzo realizado por el Notariado para digitalizar sus procesos, modernizar su funcionamiento y reducir trámites y plazos. No obstante, esta misma evolución no se ha producido con la misma intensidad en muchas Administraciones locales ni en los mecanismos de coordinación necesarios para determinados desarrollos urbanísticos.

En consecuencia, el sector continúa impulsando la innovación y el desarrollo. Prueba de ello es el reciente congreso celebrado en Santander, IC2, donde alrededor de 600 profesionales analizaron nuevas formas de construcción, materiales innovadores y maquinaria avanzada, mostrando a la sociedad la importante evolución experimentada por el sector durante los últimos años.

“RECLAMAMOS UNA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA HACERLA MÁS SIMPLE Y EFICIENTE”

-El acceso a financiación y la estabilidad normativa son cuestiones clave para el sector. ¿Qué reclama hoy la Confederación Nacional de la Construcción a las administraciones públicas?

– Actualmente, las principales reivindicaciones del sector de la construcción ante las Administraciones públicas no están relacionadas con la financiación, ya que no constituye uno de sus problemas más relevantes.

Lo que sí reclamamos es una modificación de la normativa de contratación pública para hacerla más simple y eficiente, incorporando además mecanismos de reequilibrio económico de los contratos públicos. Estos instrumentos podrían trasladarse también al ámbito privado, proporcionando estabilidad a contratos especialmente complejos y de larga duración, que son habituales en el sector de la construcción.

Asimismo, necesitamos estabilidad normativa y certidumbre. Los empresarios pueden desarrollar su actividad con normalidad siempre que operen en un entorno estable, previsible y fiable. Por tanto, nuestra principal reivindicación es la seguridad jurídica: no solo contar con reglas claras y conocidas, sino también garantizar que dichas reglas no cambien a mitad de partido.

-El relevo generacional y la falta de mano de obra cualificada son preocupaciones recurrentes. ¿Cómo puede el sector atraer talento joven y mejorar su percepción social?

– Ciertamente, el sector de la construcción no ha logrado atraer suficientemente a los jóvenes, a las mujeres ni a los inmigrantes. En estos momentos nos enfrentamos a un importante déficit de profesionales y, además, nuestras plantillas están envejeciendo sin que se esté produciendo un relevo generacional adecuado.

Por ello, debemos tender la mano a los jóvenes y acercarles la realidad actual del sector, mostrando las nuevas formas de construir, los simuladores, la maquinaria de última generación y los programas de formación orientados a nuevas profesiones que ofrecen empleo estable, bien remunerado y con amplias posibilidades de desarrollo profesional.

Asimismo, las mujeres representan actualmente solo el 12 % de la fuerza laboral del sector. Por tanto, es imprescindible fomentar una mayor incorporación femenina, especialmente teniendo en cuenta que en muchos oficios su aportación está altamente valorada. Sin embargo, su presencia todavía está lejos del nivel deseable.

Por último, la incorporación de trabajadores inmigrantes será una pieza fundamental para poder hacer realidad las ambiciosas políticas de vivienda planteadas por el Gobierno y atender las necesidades de mano de obra que requiere el sector.

-Tras su visita al Consejo General del Notariado: ¿qué aspectos destacaría del diálogo mantenido y qué vías de colaboración futura considera más relevantes?

– La relación con el Consejo General del Notariado es extraordinariamente fluida y positiva. Desde el sector de la construcción nos han sorprendido muy favorablemente los importantes avances que ha realizado el Notariado para mejorar los servicios que presta, reforzar el asesoramiento y optimizar los mecanismos de control.

Creemos que esta colaboración debe mantenerse y fortalecerse en el tiempo, trabajando conjuntamente para que el Notariado continúe ofreciendo respuestas ágiles y eficaces a las necesidades que plantean los empresarios.

-Mirando a los próximos años: ¿cómo imagina el futuro del sector de la construcción en España y cuáles cree que serán las grandes tendencias que marcarán su evolución?

– Creemos que el futuro del sector de la construcción ya se está viviendo en la actualidad. El sector poco tiene que ver con el que existía en los años noventa o principios de los años dos mil, ya que hoy se trabaja con nuevas técnicas constructivas, maquinaria avanzada y materiales innovadores, lo que está impulsando una evolución extraordinaria.

Además, se están incorporando tecnologías emergentes, inteligencia artificial y nuevos métodos de trabajo que aumentan la eficiencia y la calidad de los proyectos. Paralelamente, los profesionales cuentan con una formación cada vez más especializada y un mayor nivel de cualificación.

Por todo ello, estamos convencidos de que la construcción será un sector moderno, sostenible y con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como ya está ocurriendo. Su evolución seguirá siendo exponencial y desempeñará un papel protagonista en las grandes transformaciones que experimentará España en los próximos años.

La vivienda ocupa desde hace años un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. El incremento de los precios, las dificultades de acceso para los jóvenes, la insuficiencia de vivienda asequible y la concentración de la demanda en determinadas áreas metropolitanas han convertido esta cuestión en uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país.

CONCEPCIÓN BARRIO DEFINIÓ EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA COMO UNA CUESTIÓN “GLOBAL Y MULTIFACÉTICA” QUE REQUIERE SOLUCIONES DIVERSAS, NORMAS CLARAS Y SEGURIDAD JURÍDICA

Con el objetivo de analizar las causas de esta situación y debatir posibles soluciones, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General del Notariado (CGN) organizaron la jornada Arquitectos y Notariado: rigor profesional ante la crisis de la vivienda, un encuentro que reunió a representantes institucionales, expertos y profesionales de ambos ámbitos.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, abrió la jornada destacando la importancia de disponer de información rigurosa y de reforzar la colaboración entre instituciones para abordar un problema que, en su opinión, tiene un marcado carácter estructural. Según señaló, resulta necesario actuar simultáneamente en varios horizontes temporales: con medidas de urgencia que permitan movilizar vivienda vacía con seguridad jurídica; con iniciativas de colaboración público-privada en el medio plazo; y con actuaciones orientadas a incrementar la disponibilidad de suelo y promover la regeneración urbana a largo plazo.

MARTA VALL-LLOSSERA DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE INFORMACIÓN RIGUROSA Y DE REFORZAR LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, definió el problema de la vivienda como una cuestión “global y multifacética” que requiere soluciones diversas, normas claras y seguridad jurídica. Barrio recordó que los notarios aportan asesoramiento e información rigurosa a los ciudadanos y defendió la conveniencia de extender esa protección a fases previas a la compraventa mediante la revisión de documentación y acuerdos recogidos en los contratos de arras. Asimismo, consideró necesario avanzar hacia modelos que refuercen la seguridad jurídica también en el mercado del alquiler.

MARTÍNEZ LACAMBRA RADIOGRAFIÓ EL MERCADO RESIDENCIAL ESPAÑOL GRACIAS A LA INFORMACIÓN DE ÍNDICE ÚNICO INFORMATIZADO NOTARIAL

El mercado desde los datos notariales

La primera conferencia de la jornada corrió a cargo del director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, quien presentó una radiografía actualizada del mercado residencial español elaborada a partir de la información contenida en el Índice Único Informatizado del Notariado.

Según explicó, los datos muestran que las tensiones del mercado residencial se concentran especialmente en aquellos territorios donde existe una mayor presión de la demanda. Tras la corrección experimentada entre 2008 y 2013, los precios de la vivienda han mantenido una trayectoria ascendente que se ha intensificado desde 2021, alcanzando a comienzos de 2026 los niveles más elevados de la serie reciente, aunque con una cierta moderación en el ritmo de crecimiento.

LA ACTUAL CRISIS DE ACCESO A LA VIVIENDA ES CONSECUENCIA DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES GESTADOS DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS

Martínez Lacambra destacó también que los precios disminuyen de forma significativa a medida que aumenta la distancia respecto a las grandes áreas urbanas. A su juicio, esta evolución pone de manifiesto el potencial de las ciudades medias y de los municipios bien conectados para ampliar las opciones residenciales y reducir la presión sobre los mercados más tensionados.

El director general del Centro Tecnológico del Notariado se detuvo asimismo en las dificultades de acceso a la vivienda que afrontan los jóvenes. Los datos reflejan que, si en 2007 los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 22,5% de las adquisiciones de vivienda en España, en 2025 apenas alcanzaban el 9,6%.

Paralelamente, se observa un creciente recurso al apoyo familiar para acceder a la compra. Entre 2019 y 2025, las donaciones monetarias de padres a hijos crecieron un 230,3% en España, mientras que las donaciones de vivienda aumentaron un 60,4%.

LOS PARTICIPANTES COINCIDIERON EN QUE AUMENTAR LA OFERTA RESIDENCIAL, REFORZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PROMOVER AMPLIOS CONSENSOS SON ELEMENTOS ESENCIALES

Más hogares que viviendas

La segunda conferencia de la jornada estuvo dedicada al diagnóstico de la situación residencial en España desde la perspectiva de los arquitectos. La encargada de presentar este análisis fue Susana Moreno, vicepresidenta segunda del CSCAE y directora de su Grupo de Trabajo de Vivienda.

Basándose en las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos entre 1960 y 2025, Moreno afirmó que la actual crisis de acceso a la vivienda es consecuencia de problemas estructurales gestados durante más de dos décadas.

Entre ellos destacó el desequilibrio existente entre la creación de hogares y la producción residencial. Según explicó, cada año se crean en España alrededor de 250.000 hogares, mientras que no llegan a construirse 125.000 viviendas. Esta diferencia, señaló, se ve agravada por la pérdida de capacidad productiva sufrida por el sector tras la crisis financiera de 2008, cuando desapareció cerca de un millón de empleos vinculados a la edificación.

La vicepresidenta segunda del CSCAE llamó también la atención sobre la evolución de la vivienda protegida. Recordó que, en la década de los sesenta, cerca del 70% de las viviendas construidas tenían algún tipo de protección, mientras que en la actualidad esa proporción se ha reducido de forma muy significativa. Como consecuencia, el parque de vivienda social representa aproximadamente el 3% del total, frente a una media europea cercana al 9%.

Susana Moreno identificó además un tercer factor estructural: la creciente concentración de población y actividad económica en torno a grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Málaga.

A partir de este diagnóstico, defendió la necesidad de impulsar estrategias de regeneración urbana y diversificación económica que permitan aprovechar mejor el potencial de las ciudades medias y de otros territorios con capacidad de crecimiento.

Entre las medidas prioritarias planteadas durante su intervención, Susana Moreno destacó la agilización administrativa como una de las herramientas más eficaces para incrementar la oferta de vivienda en el corto plazo. Según expuso, el cumplimiento efectivo de los plazos legales para la concesión de licencias permitiría reducir, de media, nueve meses los tiempos de ejecución de nuevas promociones.

La representante del CSCAE defendió asimismo el impulso a la rehabilitación de edificios y la necesidad de desarrollar planes de acción basados en diagnósticos rigurosos, objetivos a corto, medio y largo plazo y amplios consensos institucionales y profesionales.

Una respuesta integral

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en cómo facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y con seguridad jurídica.

En ella participaron la directora general de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval; el patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad, Joan Clos; la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Mari Ángel López Amado; y la notaria Cristina de Solís Merino.

Los participantes coincidieron en que la complejidad del problema exige una respuesta integral y sostenida en el tiempo, basada en el aumento de la oferta residencial, la colaboración entre administraciones públicas y sector privado, la cooperación institucional y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Inés Sandoval puso el foco en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Durante su intervención explicó que el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla programas orientados a favorecer distintos regímenes de acceso a la vivienda y defendió la importancia de que la vivienda asequible mantenga una calificación permanente para generar un beneficio social duradero.

Por su parte, Joan Clos situó el debate en una perspectiva territorial más amplia. A su juicio, el problema de la vivienda está estrechamente vinculado a la organización territorial del Estado y a la concentración de población y actividad económica. Clos sostuvo que la cuestión central no es únicamente el precio de la vivienda, sino la accesibilidad a la misma.

Seguridad jurídica

La seguridad jurídica volvió a ocupar un lugar destacado durante el debate final.

Cristina de Solís Merino valoró la existencia del acta previa notarial que se realiza antes de la firma de una hipoteca y que permite al ciudadano mantener una reunión individual con el notario para resolver dudas y comprender plenamente el alcance de la operación que va a formalizar.

La notaria consideró asimismo que determinados aspectos fiscales podrían contribuir a facilitar el acceso a la vivienda.

Junto a la asequibilidad y la seguridad jurídica, la mesa abordó también la aparición de nuevas formas de habitar vinculadas a los cambios sociales y demográficos.

Mari Ángel López Amado destacó el potencial de la vivienda cooperativa como fórmula orientada a generar comunidad y cohesión social a través de la arquitectura. En su opinión, la normativa debería evolucionar para ofrecer respuesta a estos nuevos modelos residenciales.

Las intervenciones pusieron de manifiesto que el debate sobre la vivienda ya no se limita exclusivamente a la construcción de nuevos inmuebles, sino que incorpora cuestiones relacionadas con la calidad arquitectónica, la sostenibilidad, la convivencia y la adaptación a nuevas realidades sociales.

‘No es país para viejos’. Al menos, parafraseando la célebre cinta de los hermanos Coen, para aquellas personas sénior que buscan trabajo en España. Así lo refleja la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre de 2026, al constatar que entre enero y marzo de este año el paro registró un significativo repunte entre el colectivo de ciudadanos con más de 55 años, hasta situarse en 545.000 desocupados. El 20,14% del total de parados. O lo que es lo mismo, casi uno de cada cinco de los 2.320.721 demandantes de empleo que existían en nuestro país a finales de marzo pasado, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Y no parece que se trate de un hecho puntual. La tendencia apunta hacia una degradación dentro de este colectivo al aumentar en casi 45.000 nuevos parados, en relación con el último trimestre de 2025. Un declive que ya se notó en la comparativa interanual, contra el mismo mes del año pasado, aunque esta vez con sólo 4.000 personas más sin trabajo.

ALGUNAS COMPAÑÍAS YA DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MENTORÍA, ACTUALIZACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Incongruencias

La fotografía del ecosistema laboral español parece encerrar una contradicción cada vez más evidente. Mientras el empleo alcanza máximos históricos, al rozar los 22,3 millones de ocupados en términos desestacionalizados, y los trabajadores mayores de 55 años baten récords de ocupación, el desempleo sénior continúa enquistado y afecta ya a más de medio millón de personas. Asimismo, el contexto actual indica que España necesita más trabajadores veteranos para sostener su economía y sistema de pensiones, pero al mismo tiempo el mercado expulsa a muchos de ellos y les dificulta regresar al mundo laboral.

La encuesta de la EPA viene a confirmar esta singularidad. Entre enero y marzo, el número de desempleados mayores de 55 años aumentó un 8,75% más que el trimestre anterior. En términos absolutos, casi uno de cada cinco parados españoles pertenece ya a esta franja de edad.

La situación es especialmente llamativa porque se produce en un contexto de crecimiento económico y fuerte creación de empleo. No en vano, España ya supera por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y mantiene cifras igualmente históricas en materia de ocupación. El problema radica en que buena parte de ese dinamismo no alcanza a quienes superan los 50 o 55 años y pierden su trabajo.

MUCHOS PROFESIONALES DENUNCIAN QUE SON DESCARTADOS AUTOMÁTICAMENTE EN PROCESOS DE SELECCIÓN POR SUPERAR DETERMINADAS EDADES

Del revés

La realidad demográfica refleja también un cambio profundo en la estructura laboral del país. La generación conocida como el baby boom avanza hacia edades próximas a la jubilación, sin olvidar que la esperanza de vida aumenta y que, por ende, las sucesivas reformas acometidas en el sistema de pensiones retrasan progresivamente la edad ordinaria de retiro, fijada desde 2027 en los 67 años.

Para entender lo que está pasando, es necesario recordar que la cohorte poblacional de los boomers, que incluye a los nacidos entre 1958 y 1977, es excepcionalmente copiosa, dado que proviene de tasas de natalidad anuales por encima de los 650.000 nacimientos. Esto provocó la llegada en este período de alrededor de 14 millones de bebés, 2,5 veces más que en los veinte años previos y nada menos que 4,5 más que en las dos décadas posteriores.

Con esos guarismos resulta más fácil entender por qué hay cada vez más personas trabajando en España después de los 55 años, actualmente unos 4,93 millones de ocupados pertenecen a esta franja de edad, lo que representa ya alrededor del 22% del total de trabajadores españoles, convirtiéndose en uno de los pilares del mercado laboral, y, al mismo tiempo, aumentan las cifras del paro entre los sénior.

La clave estaría, por un lado, en el alto porcentaje de personas mayores entre la población y, por otro, en la pérdida del empleo de muchos de ellos ante la aceleración de la revolución tecnológica o, directamente, para ajustar costes salariales. En cualquier caso, la situación cambia radicalmente, como es lógico, cuando un trabajador veterano pierde su trabajo.

LOS EXPERTOS COINCIDEN EN QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA NO ES TANTO CONSERVAR EL TRABAJO COMO VOLVER A ENCONTRARLO

Pertinaz desempleo

Los expertos coinciden en que el principal problema no es tanto conservar el trabajo como volver a encontrarlo. El paro sénior tiene un fuerte componente estructural y está íntimamente ligado al desempleo de larga duración. En este sentido, más de la mitad de los desempleados mayores de 55 años lleva más de un año buscando trabajo sin éxito. Ese porcentaje supera ampliamente el registrado entre jóvenes y trabajadores de mediana edad.

La Fundación BBVA y el IVIE advierten de que la situación de los mayores ha empeorado notablemente en la última década. Tradicionalmente, los trabajadores próximos a la jubilación disfrutaban de una mayor estabilidad laboral gracias a la antigüedad y a las trayectorias profesionales consolidadas. Pero ese patrón se ha roto.

El deterioro afecta especialmente a quienes deben volver a empezar desde cero tras un despido, una reestructuración empresarial o el cierre de su actividad. Muchos pasan de posiciones estables y salarios elevados a contratos temporales, ocupaciones de baja cualificación o largos periodos de inactividad.

MÁS DE LA MITAD DE LOS DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS LLEVA MÁS DE UN AÑO BUSCANDO TRABAJO SIN ÉXITO

A la vejez, viruelas

La precarización también aparece reflejada en los salarios. Los empleados veteranos con carreras laborales continuadas mantienen remuneraciones superiores a la media, pero quienes reingresan al mundo del trabajo tras perder su empleo suelen aceptar condiciones inferiores incluso a las de los trabajadores más jóvenes.

Los estudios también muestran que el problema no responde únicamente a cuestiones formativas o de productividad. El llamado edadismo laboral -discriminación por edad- se ha convertido en uno de los principales obstáculos.

Muchos profesionales denuncian que son descartados automáticamente en procesos de selección por superar determinadas edades. Persisten estereotipos que asocian al trabajador veterano con menor adaptación tecnológica, mayores costes salariales o menor flexibilidad. Paradójicamente, las empresas reclaman experiencia y escasea el relevo generacional en numerosos sectores productivos.

SEGÚN LOS DATOS DE LA EPA, LOS DESEMPLEADOS SÉNIORES SUPERAN AMPLIAMENTE A QUIENES ANTICIPAN SU RETIRADA LABORAL

Dos tazas

Los resultados de la citada EPA muestran también que el incremento del desempleo sénior en el primer trimestre del año estuvo protagonizado mayoritariamente por mujeres. Más de 300.000 mujeres mayores de 55 años se encuentran actualmente en paro. Lo que representa más de la mitad del desempleo sénior, sin olvidar que soportan una doble discriminación: por edad y por género.

Muchas de ellas acumulan trayectorias laborales intermitentes, empleos más precarios o carreras profesionales condicionadas por los cuidados familiares. Eso reduce su protección frente al desempleo y dificulta aún más su reincorporación. Además, en numerosos sectores feminizados -como comercio, servicios o atención al cliente- la presión por rejuvenecer plantillas es especialmente intensa.

Los expertos alertan de que este fenómeno puede aumentar la vulnerabilidad económica femenina en edades próximas a la jubilación, precisamente en un momento en el que las carreras de cotización son decisivas para determinar futuras pensiones.

Por obligación

El auge del empleo sénior no responde únicamente a una mejora de oportunidades. En muchos casos, trabajar más años se ha convertido en una necesidad económica.

Las sucesivas reformas de pensiones han retrasado progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta fijarla en el futuro próximo en los 67 años. Paralelamente, se han endurecido las condiciones para acceder a jubilaciones anticipadas y prejubilaciones. Como consecuencia de lo anterior, el número de personas que abandonan prematuramente el mercado laboral se ha reducido drásticamente.

El resultado es que España vive ahora una situación inédita. Ya hay más parados mayores de 55 años que prejubilados. Según los datos de la EPA, los desempleados séniores superan ampliamente a quienes anticipan su retirada laboral.

El incremento del coste de la vida también empuja a muchos trabajadores a retrasar voluntariamente su jubilación. La inflación acumulada, el precio de la vivienda y la incertidumbre sobre las pensiones futuras han reforzado la necesidad de mantener ingresos durante más tiempo. Por eso crecen fórmulas como la jubilación demorada o parcial, que permiten compatibilizar empleo y pensión.

Población envejecida

El envejecimiento demográfico está transformando profundamente la inserción laboral en nuestro país. El país registra ya más personas mayores de 64 años que menores de 16, y esa tendencia seguirá intensificándose durante las próximas décadas.

Por su parte, las empresas comienzan a asumir que el talento sénior será imprescindible para sostener la actividad económica y compensar la caída de población joven. Sin embargo, la adaptación cultural avanza más lentamente que la realidad demográfica.

Los especialistas consideran que España aún mantiene modelos laborales excesivamente orientados a perfiles jóvenes, especialmente en procesos de selección y políticas de recursos humanos.

El debate sobre el talento sénior trasciende ya el ámbito social. Se ha convertido en una cuestión económica de fondo. España afronta una combinación compleja: envejecimiento acelerado, escasez de mano de obra en determinados sectores y presión creciente sobre el sistema de pensiones.

En ese contexto, prescindir del conocimiento acumulado de millones de profesionales supone un coste difícilmente asumible. Las organizaciones empresariales comienzan a advertir de la necesidad de aprovechar mejor la experiencia sénior, especialmente en ámbitos industriales, técnicos y de servicios especializados.

Algunas compañías ya desarrollan programas específicos de mentoría, actualización digital y gestión intergeneracional, frente a otras que continúan priorizando perfiles jóvenes y reduciendo plantillas veteranas. La paradoja española sigue abierta. Nunca hubo tantos trabajadores mayores activos y, a su vez, resultó tan difícil volver a empezar después de los 50.

“Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender”. La expresión atribuida al célebre magnate estadounidense, Warren Buffett, ilustra a la perfección el dilema al que se enfrenta el ciudadano a la hora de rentabilizar los recursos económicos acumulados con tanto esfuerzo con el paso del tiempo. De hecho, ‘poner el dinero a trabajar’, como también suscribiría el renombrado ‘oráculo de Omaha’, sería uno de los caminos para generar ingresos pasivos y alcanzar la ansiada libertad financiera. El objetivo es pasar de meros ahorradores a convertirnos en inversores capaces de, como mínimo, sortear los efectos dilusivos de la sempiterna corrosión generada por la inflación.

Entre la amplia panoplia existente de oportunidades de colocación del capital se ha consolidado, en los últimos tiempos, la opción de los denominados activos digitales. De la mano de la incesante evolución de la innovación tecnológica, el catálogo de productos financieros se ha diversificado, por un lado, y sofisticado, por otro.

LA NORMATIVA OBLIGA A PLATAFORMAS Y EMISORES A OPERAR BAJO LICENCIA Y CON MAYOR TRANSPARENCIA

¿Fin de la opacidad?

Durante años, el ecosistema de las criptomonedas ha estado operando en una especie de zona gris regulatoria donde primaba la innovación, la globalidad y el atractivo del recién llegado al menú de activos. Sin embargo, la otra cara de la moneda también mostraba su opacidad, volatilidad y su tendencia a las estafas como terreno abonado.

Ahora, esa etapa podría llegar a su fin. Al menos en Europa, con la aplicación del Reglamento UE 2023/1114 del Parlamento y del Consejo, conocido como MiCA (acrónimo en inglés de Markets in Crypto-Assets), aprobado en 2023, desplegado progresivamente hasta diciembre de 2024 y prorrogado su pleno despegue en algunos países, como España, hasta el 1 de julio de 2026.

La normativa establece, por primera vez, un ordenamiento armonizado único para los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), con pautas comunes sobre emisión, comercialización y prestación de servicios. Su finalidad es dotar al sector de seguridad jurídica y reforzar la confianza entre los usuarios.

El cambio se antoja profundo. A partir de esa fecha, cualquier entidad que quiera operar en el mercado comunitario deberá hacerlo bajo un sistema de autorización, supervisión y cumplimiento comparable -aunque más flexible- al de los mercados financieros tradicionales.

EL 1 DE JULIO TERMINA EL PERÍODO TRANSITORIO SOLICITADO POR ESPAÑA PARA ADAPTARSE A MICA

Entresijos jurídicos

El reglamento cubre aquellos criptoactivos que hasta ahora quedaban fuera de la legislación financiera clásica. Entre ellos se incluyen los tokens -fracciones digitales en que se divide un activo para su comercialización- referenciados a activos (ART –Asset-Referenced Tokens-), los tokens de dinero electrónico (EMT, en inglés) -como las stablecoins– y otros activos digitales de utilidad.

Asimismo, entre los nuevos pilares regulatorios está la obligación de publicar un documento técnico o whitepaper antes de lanzar un activo o comercializarlo. El texto debe detallar las características del producto, sus riesgos, la tecnología utilizada y los derechos del futuro partícipe. En definitiva, se trata de trasladar al mundo cripto un principio básico de los mercados tradicionales resumido en la máxima de que no puede haber inversión sin información suficiente.

Innovación ¿bajo control?

Entre los grandes retos de MiCA está también equilibrar dos prioridades que, a menudo, parecen antagónicas: fomentar la innovación al tiempo que se garantiza la estabilidad financiera.

Sin embargo, el círculo sigue sin estar completo. Ámbitos como las finanzas descentralizadas (DeFi), el staking o los préstamos cripto quedan, por ahora, fuera del perímetro regulatorio.

Asimismo, conviene subrayar que el reglamento MiCA no abarca la totalidad del universo de los criptoactivos. Quedan fuera, los instrumentos financieros tokenizados, que ya están regulados por MiFID II. La norma tampoco incluye las monedas digitales emitidas por bancos centrales, como el eventual euro digital, ni los NFT individuales, salvo en aquellos casos en que se emitan de forma masiva o fraccionada y pierdan su carácter único.

El nuevo régimen legal tampoco regula la tecnología en sí -la denominada blockchain o los sistemas descentralizados-, sino a los intermediarios que interactúan con el público. De este modo, intenta preservar el potencial innovador del sector sin renunciar a la protección de los potenciales clientes.

Supervisión y pasaporte europeo

La regulación introduce, además, la figura del proveedor de servicios de criptoactivos (CASP), que engloba a exchanges, custodios, plataformas de negociación y asesores. Todas estas entidades deberán obtener autorización para operar en la Unión Europea.

Una vez concedida en un Estado miembro, la licencia permitirá prestar servicios en toda la UE mediante el llamado ‘pasaporte europeo’, eliminando barreras nacionales y favoreciendo la competencia.

En España, la supervisión recae principalmente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras que las autoridades europeas coordinarán la vigilancia de los actores más relevantes. Un esquema que supone, en una suerte de salto cualitativo, pasar de un mosaico de normativas nacionales a un mercado único regulado. Sin olvidar, además, que la entrada al sector de grandes referentes financieros como BBVA, Banco Santander, Cecabank, Caixabank o BlackRock, entre otros muchos, contribuye a institucionalizar una revolución que comenzó como un fenómeno popular tras la irrupción del Bitcoin, de la mano de su creador, el misterioso Satoshi Nakamoto.

LA REGULACIÓN PROMETE SEGURIDAD JURÍDICA, PERO NO ELIMINA LOS RIESGOS INHERENTES A ESTOS ACTIVOS

El camino español

Uno de los aspectos clave en la implementación del Reglamento MiCA ha sido, como se mencionaba, el establecimiento de un régimen transitorio. Las entidades que ya operaban antes del 30 de diciembre de 2024 han podido seguir haciéndolo durante un periodo limitado mientras se adaptaban a los nuevos requisitos.

Inicialmente, nuestro país había planteado un plazo más corto, pero finalmente optó, junto a otros países, por aplicar los 18 meses previstos como máximo permitido. Con ello, las empresas pueden continuar operando hasta el próximo 1 de julio, fecha a partir de la cual sólo podrán seguir en el mercado aquellas que hayan obtenido la correspondiente autorización MiCA, siempre que cumplan con las condiciones previas, como su inscripción en el Banco de España en materia de prevención de blanqueo, entre otras.

Para los inversores, el cambio es significativo. Hasta ahora, muchos usuarios utilizaban plataformas sin tener claro si estaban reguladas o sometidas a supervisión. Con el nuevo sistema, será posible comprobar si un proveedor cuenta con autorización y cumple la legislación europea.

Este paso marca además el inicio de una nueva etapa para el sector al comenzar a integrar plenamente las criptomonedas en la economía regulada, con el respaldo institucional de la Unión Europea y en un entorno más seguro, tanto para usuarios particulares como institucionales.

Reglas sí, riesgo también

Dentro de los mensajes recurrentes de reguladores y expertos se considera que MiCA no es un bálsamo milagroso. La norma mejora el funcionamiento del mercado, pero no elimina su naturaleza intrínsecamente arriesgada.

Las oscilaciones de precios, la especulación o la aparición de nuevos modelos de negocio seguirán formando parte del ecosistema cripto. La diferencia es que ahora se desarrollarán en un entorno más supervisado. Para el inversor, esto implica una mayor responsabilidad: informarse, entender los productos y evaluar si encajan en su perfil de riesgo.

Certidumbre inversora

Para el usuario final los cambios serán visibles en varios frentes. El primero: la transparencia. Las plataformas deberán explicar de forma clara los riesgos, costes y características de los productos, así como las condiciones de custodia y las vías de reclamación. Además, por primera vez los inversores podrán identificar fácilmente qué plataformas están autorizadas y cuáles no, lo que reduce la exposición a fraudes o malas prácticas. Y, por último, la prevención del blanqueo de capitales. Las empresas tendrán que aplicar controles más estrictos de identificación de clientes (KYC –Know Your Customer-) y monitorización de operaciones.

Por lo que respecta a los proveedores, el reglamento establece la obligación de obtener una licencia para poder prestar servicios relacionados con criptoactivos dentro de la Unión Europea. Estas entidades deberán cumplir exigentes requisitos de solvencia, gobernanza y control de riesgos. A cambio, podrán beneficiarse del citado pasaporte europeo, que les permitirá operar en todo el mercado comunitario con una única autorización.

Institucionalización del sector

MiCA tiene la ambición de convertir a Europa en un entorno atractivo para el desarrollo de la industria cripto. No en vano, la armonización normativa puede atraer tanto a empresas tecnológicas como a inversores institucionales, que hasta ahora se mantenían al margen por la incertidumbre regulatoria.

Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. La historia reciente del sector -con episodios de colapsos empresariales y pérdidas masivas- sigue pesando sobre la percepción de la opinión pública.

Senda común, reto global

Con MiCA, la UE se sitúa a la vanguardia de la regulación de criptoactivos a escala mundial. Sin embargo, el carácter global y descentralizado de estas tecnologías plantea el evidente desafío de conseguir una efectiva coordinación internacional.

Expertos y organismos multilaterales coinciden en que un ordenamiento eficaz requerirá, a medio plazo, la puesta en marcha de estándares compartidos más allá de las fronteras europeas. En esta línea, la dirección del Banco Central Europeo ha insistido en la necesidad de ir más allá del actual marco regulatorio. Su presidenta, Christine Lagarde, ha instado a las instituciones europeas a avanzar hacia una futura normativa -conocida informalmente como ‘MiCA 2’- que amplíe el alcance de la regulación para incluir ámbitos como las finanzas descentralizadas (DeFi), el staking o los préstamos de criptoactivos.

La selva de las criptomonedas se adentra así en la senda de la domesticación. Sin duda, más ordenada, pero no necesariamente menos compleja frente a un escenario dominado por la incertidumbre geopolítica y sus evidentes consecuencias en la interconectada economía mundial.

Progresar o quedarse atrás. Las compañías familiares se enfrentan en España a una encrucijada que incluye desafíos como la presión derivada del aumento de los costes, la escasez de talento profesional y la transformación tecnológica. Sin embargo, este modelo empresarial cuenta con evidentes ventajas comparativas, como su demostrada capacidad para generar valor, el mimo a su personal y la cohesión territorial que genera en las comunidades donde operan, lo que las mantiene como un sólido activo de nuestro tejido productivo.

De hecho, constituye uno de los pilares menos visibles pero más determinantes de la economía española. Su peso es abrumador: más del 90% de las empresas del país responden a este modelo y concentran en torno al 70% del empleo privado, según datos del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Sin embargo, su relevancia económica no las protege de un entorno cada vez más exigente, dominado por la falta de certezas que genera un ambiente político percibido como poco favorable.

El futuro

Los retos que vislumbran en España en los próximos años no dejan de aumentar en un mundo en permanente evolución, como se constata en el análisis técnico realizado por McKinsey & Company bajo el título: El futuro de la empresa familiar: sus retos y contribución diferencial. Un trabajo que combina datos, entrevistas realizadas a más de cien directivos y comparativas internacionales para dibujar un escenario dual de contrastes con compañías resilientes y competitivas pero sometidas a tensiones estructurales que ponen en cuestión su viabilidad futura.

MÁS DEL 90% DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN ESPAÑA ESTÁ COMPUESTO POR EMPRESAS FAMILIARES

Así lo vienen advirtiendo desde hace tiempo los grandes grupos integrados en el IEF. La organización independiente y sin ánimo de lucro, fundada en Barcelona en 1992, agrupa a más de un centenar de sociedades -entre ellas Acciona, Barceló, Gestamp, Inditex, Mercadona o Puig- y a 18 asociaciones territoriales. Empresas ya consolidadas, muchas con amplia presencia internacional, que coinciden en un mismo diagnóstico: sin tamaño será imposible competir en un entorno marcado por la fragmentación del comercio global y una creciente presión regulatoria.

Navegar la incertidumbre

Durante años, la empresa familiar ha construido su fortaleza sobre la prudencia financiera, la visión a largo plazo y el arraigo territorial. Atributos que siguen marcando la diferencia, pero que hoy resultan insuficientes. Sobre todo, ante cuestiones como la inflación, el encarecimiento de los costes, las disrupciones en las cadenas de suministro y la acelerada transformación tecnológica, que han elevado de forma sustancial el listón competitivo.

El mensaje que emerge es inequívoco: crecer ya no es una opción, sino una exigencia para sobrevivir. Así lo indican en el estudio los grandes grupos familiares, que asisten a una creciente concentración del mercado en torno a grandes actores globales. La deriva hacia estructuras cada vez más consolidadas -en sectores como la distribución, la industria o la energía, entre otros- estrecha el margen para la entrada de nuevos competidores y castiga sobremanera a las corporaciones de menor dimensión.

LA FACTURACIÓN CONJUNTA DE LOS CIEN GRUPOS FAMILIARES MÁS IMPORTANTES SUPONE EL 16% DEL PIB ESPAÑOL

La familia al poder

Los grandes grupos que integran el IEF conforman una auténtica élite empresarial con un peso económico decisivo. Su facturación conjunta equivale, según datos de la asociación, al 16% del PIB español. Una magnitud que refleja su capacidad para generar empleo, atraer inversión y sostener la actividad industrial del país.

Estas compañías han mostrado una resiliencia superior a la media. En los últimos años, muchas han intensificado su internacionalización, diversificado negocios y reforzado su apuesta por la innovación. Pero son también las primeras en señalar los factores internos que erosionan su competitividad. Entre ellos, el señalado informe de McKinsey destaca dos riesgos que se repiten con insistencia: el absentismo laboral y la parálisis legislativa.

Más caro e incierto

La presión sobre los costes y los márgenes se ha convertido en el principal desafío para la empresa familiar. Cerca del 69% de las compañías encuestadas para el citado estudio identificó este factor como su mayor preocupación estratégica. El encarecimiento de la energía, la subida de las materias primas y la volatilidad geopolítica han deteriorado igualmente la rentabilidad, con un impacto acusado en los sectores industrial y manufacturero. Y todo ello, sin incluir las consecuencias en los precios energéticos derivados del conflicto en Oriente Medio.

El contexto internacional tampoco juega a favor. En España, el coste de la electricidad se ha incrementado alrededor de un 60%, frente al 14% en Estados Unidos y apenas un 10% en China, según señalan los autores de la publicación. Una brecha que lastra la competitividad de las empresas europeas y reduce su margen de maniobra para invertir en innovación, digitalización y atracción de talento, palancas clave del crecimiento.

A esta presión se añade una mayor exposición a los riesgos geopolíticos. La economía europea presenta un grado de apertura comercial un 30% superior al de Estados Unidos y un 70% mayor que el de China, lo que aumenta su vulnerabilidad ante disrupciones globales, tanto en las cadenas de suministro como en los mercados financieros.

Reformas bienvenidas

La parálisis legislativa es una de las principales preocupaciones de la empresa familiar en España. El prolongado bloqueo político ha retrasado reformas estructurales y generado una elevada incertidumbre regulatoria, dificultando la planificación empresarial, como indican los consultados en el análisis para el IEF.

La falta de consensos en ámbitos clave como la fiscalidad, el mercado laboral o la energía frenaría la inversión y debilitaría la competitividad, principalmente en las compañías familiares, cuya estrategia se basa en decisiones a largo plazo y en un marco normativo estable, señalan los encuestados.

ELEVADOS COSTES, ESCASO TAMAÑO Y ABSENTISMO LABORAL ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR

Cambio de reglas

A los riesgos internos se suman las tensiones internacionales que están transformando el entorno económico global. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de la energía y las materias primas, especialmente en Europa, presionando los costes empresariales mientras que los conflictos en Gaza, Líbano e Irán incrementan la incertidumbre sobre mercados energéticos y rutas comerciales clave.

Paralelamente, el giro proteccionista impulsado por Estados Unidos ha acelerado la fragmentación del comercio internacional mediante aranceles, subsidios y la reubicación de parte de las cadenas de suministro. Ante este escenario, la Unión Europea busca reforzar su autonomía estratégica a través de nuevos acuerdos comerciales, como los impulsados con Mercosur y la India, al tiempo que asume que, ante la desaparición del viejo orden mundial, “Europa debe construir su propio camino y encontrar nuevas formas para cooperar con sus socios, sin renunciar a la defensa del sistema basado en normas”, como advirtió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En busca del tiempo perdido

En la actual coyuntura global, Europa parte con desventaja. Según el análisis de McKinsey, sus empresas generan, de media, un 33% menos de ingresos que las estadounidenses, lo que limita su capacidad de inversión, innovación y crecimiento.

Los conglomerados familiares españoles, pese a su resiliencia, afrontan además mayores costes energéticos, una regulación más compleja y un mercado de capitales menos desarrollado. Esta realidad, como aseguran los autores del informe, refuerza la necesidad de ganar tamaño y aumentar ingresos para competir en igualdad de condiciones, invertir en tecnología, atraer talento y diversificar riesgos en un entorno cada vez más volátil.

Estamos contratando

A pesar de las recientes mejoras, la productividad sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la economía española. Durante décadas, el crecimiento productivo del país ha permanecido por debajo de la media europea. Ante esta tesitura, los consorcios familiares destacan, según recoge el estudio, por su estabilidad laboral y su mayor inversión en formación, aunque admiten que estas ventajas no son suficientes para cerrar la brecha.

La captación y retención del talento se ha convertido en una prioridad estratégica. Los grandes grupos familiares compiten a nivel global por perfiles tecnológicos y directivos, mientras enfrentan la escasez de profesionales en oficios y sectores clave como la industria o el turismo. A esto se suma el debate sobre las nuevas formas de trabajo, donde la anhelada flexibilidad choca con la necesidad de compromiso, complicando la gestión de las plantillas.

¿Qué funciones realiza el Consejo General que preside?

– Desde nuestro nacimiento, hace más de 75 años, la labor que hemos tenido es de interlocución con las Administraciones Públicas sobre temas relacionados con el sector inmobiliario, la vivienda y la regulación profesional. Nuestro objetivo es defender al colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria y al consumidor. Además, allí donde no hay consejos autonómicos prestamos ayuda para la interlocución con la Administración autonómica. La semana pasada, por ejemplo, asistimos al Parlamento cántabro para apoyar al Colegio de Cantabria en la tramitación de la Ley de Vivienda. En estos 75 años hemos atravesado muchos vaivenes políticos y siempre nos hemos ido adaptando.

-¿Qué labor realizan los agentes de la propiedad inmobiliaria y en qué son útiles para la sociedad?

– El agente de la propiedad inmobiliaria cumple una función en la intermediación y en las transacciones inmobiliarias que realizan los clientes: en las compraventas, en los arrendamientos, en las operaciones de tasación o en los informes a la Administración de Justicia, etc. Hasta el año 2000 la profesión tenía reserva de actividad, y en el año 2000 el sector se liberalizó, pero no se reguló. Ahora mismo la regulación española no exige formación para ser agente inmobiliario y eso deja desprotegido al consumidor. Comprar una vivienda es una de las inversiones más importantes y el usuario puede estar desprotegido. Nosotros queremos aportar valor desde la génesis del contrato y también protección jurídica en la fase previa, hasta que el consumidor llega al fedatario público, al notario.

-¿Ha habido algún avance?

– Vamos cumpliendo hitos e intentamos que las comunidades autónomas creen registros de agentes inmobiliarios obligatorios. El registro de profesionales garantiza que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil, con una formación mínima acreditada y con un lugar físico al que poder acudir en caso de tener que localizarle por algún motivo. No buscamos privilegios, sino una garantía para los consumidores: que haya capacitación del profesional y solvencia.  Esto provocaría que si hubiera un menoscabo por mala praxis se puediera resarcir. Han pasado gobiernos de distintos colores políticos y seguimos igual desde el año 2000: con consumidores desprotegidos.

-¿Cree que la sociedad conoce su función en toda su amplitud?

– No la conoce realmente. Desde el Consejo General tratamos de trasladar a las Administraciones la desprotección del consumidor y el problema de la desprofesionalización. Muchas veces se asombran de que para intermediar en una operación inmobiliaria no haga falta formación. Por eso tenemos que trasladar la importancia de que se profesionalice nuestra función.

“QUEREMOS APORTAR VALOR DESDE LA GÉNESIS DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PREVIO A ACUDIR AL NOTARIO”

-Ha reclamado la importancia de mejorar el acceso al mercado, colaborar con la Administración e impulsar políticas de vivienda. ¿Han podido impulsar algún avance?

– Sí. En Cataluña existe el registro obligatorio. Actualmente también lo tiene la Comunidad Valenciana. En Andalucía se ha recogido el registro obligatorio en su nueva Ley de Vivienda. Y la semana pasada estuvimos en Cantabria y expuse la medida a los grupos políticos: dijeron que estaban a favor y que es una medida a tener en cuenta. Un registro voluntario, como en la Comunidad de Madrid, no evita el mercado oportunista. Lo que queremos es evitar que los agentes no estén formados o no aporten garantías frente a posibles errores.

-¿Cómo es la colaboración entre los agentes de la propiedad y los notarios?

– Nosotros somos la antesala del notario y preparamos contratos que después se reflejan en una escritura pública. A nivel institucional, el Consejo General de los Agentes de la Propiedad y el Consejo General del Notariado tuvimos una reunión y salimos muy satisfechos y vamos a estrechar la colaboración. No es lo mismo cuando a una notaría llega una operación gestionada por un profesional que cuando llega por alguien sin conocimientos suficientes.

-El Notariado ha abierto recientemente el Portal Estadístico de la vivienda. ¿Lo conoce? ¿Aporta valor?

– Aporta gran valor. Los datos son esenciales para conocer precios y tomar las decisiones adecuadas. Cuanta mayor sea la información menor será el riesgo a equivocarnos. Y cuanta más información tengan las Administraciones sobre las transacciones y los precios, mejor podrán tomar decisiones en beneficio del ciudadano.

“RECLAMAMOS EL REGISTRO OBLIGATORIO DE AGENTES INMOBILIARIOS PARA MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES“

-El Notariado propone que los contratos de arrendamiento se formalicen en escritura pública para dar más seguridad. ¿Cómo valora esa propuesta?

– El arrendamiento es una de las transacciones de las que tenemos menor conocimiento. Si la Administración no tiene información de cuántos agentes inmobiliarios hay, de un censo de aquellas personas que nos estamos dedicando a la transacción inmobiliaria, menos aún del número de arrendamientos. Protocolizar y gestionar los contratos aportaría mayor seguridad jurídica; podría ayudar a esa transparencia y a un trabajo conjunto entre agentes de la propiedad y el Notariado. El arrendamiento necesita ser transparente como lo es la compraventa: con datos, precios, e información.

-El Gobierno ha impulsado la creación del Consejo Asesor de la Vivienda. ¿Qué puede aportar ante la tensión inmobiliaria?

– Estuvimos en la primera mesa, en la que también estaba la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y coincidimos en que tener datos del mercado de la vivienda es muy importante. Los agentes de la propiedad podemos aportar conocimiento del día a día. Nuestra percepción es que la mayoría de contratos de arrendamiento son de viviendas en manos de particulares. Nosotros consideramos que la Ley de vivienda se focaliza mucho en la parte social, que me parece muy importante, pero se olvida del derecho de propiedad, algo que es sagrado en un Estado de derecho. En su momento, dijimos que las medidas que se pretendían, que después se hicieron realidad, iban a distorsionar el mercado, iban a provocar un efecto contrario al deseado. Y el tiempo, que es un juez insobornable que quita y da razones, nos ha dado la razón. Así que la Ley de vivienda yo creo que se debe de retocar.

-¿Cómo se puede frenar la escalada de precios de la vivienda?

– Es un problema real y viene de mucho tiempo. Ha faltado políticas reales de vivienda y se ha pensado a corto plazo. Hace falta un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas y una hoja de ruta a veinte o veinticinco años, gobierne quien gobierne. También debe estar representadas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El mercado es localista: hay que analizarlo y buscar equilibrio. Si polarizamos, estaremos más lejos.

-¿Qué opina de reducir los pisos turísticos como vía para mejorar el mercado?

– Los pisos turísticos están dando quebraderos de cabeza. Yo creo que se puede regular de otra manera, poniendo el foco en la habitabilidad de las ciudades, buscando un equilibrio. La vivienda tiene que ser un eje principal y un objetivo dentro de las políticas de Estado, comunidades autónomas y municipios. Debemos mejorar la sociedad para los que vienen detrás.

-Usted lleva más de veinte años en el sector. ¿Qué aconsejaría a una persona que busca vivienda en 2026?

– Que tenga claro qué busca y, si puede, ponerse en manos de un profesional serio, capacitado y solvente. Que no tenga prisa, una vivienda se compra de manera tranquila, sosegada y sin presiones. No se puede estar en una operación inmobiliaria con el corazón encogido. Y hay que regular para que no suceda que cualquiera pueda ser agente inmobiliario. Si los cimientos son débiles, el futuro de la casa traerá problemas.

-Como presidente del CGCAFE, ¿qué diagnóstico hace hoy de la salud de las comunidades de propietarios en España en términos de convivencia, morosidad y sostenibilidad económica?

– Como administradores que estamos a pie de calle, el diagnóstico es de una exigencia máxima. Intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano para que las comunidades sean espacios de bienestar, pero nos enfrentamos a un parque inmobiliario que envejece y una morosidad que, aunque luchamos por contenerla con gestión diaria, sigue lastrando el avance de muchos hogares. Nuestra labor no es solo «llevar papeles», sino aplicar una planificación estratégica que garantice la sostenibilidad del edificio. Ponemos todo nuestro esfuerzo en pasar de la gestión de la urgencia a una gestión técnica avanzada, porque entendemos que cada comunidad es un proyecto de vida que merece ser cuidado con rigor. No obstante, la sobrecarga de trabajo y la soledad del administrador de fincas colegiado es enorme.

“INTENTAMOS HACER LO POSIBLE PARA QUE LAS COMUNIDADES SEAN ESPACIOS DE BIENESTAR, PERO NOS ENFRENTAMOS A UN PARQUE INMOBILIARIO QUE ENVEJECE Y UNA MOROSIDAD QUE SIGUE LASTRANDO”

-La complejidad y dispersión normativa en vivienda y propiedad horizontal es cada vez mayor. ¿Dónde sitúa usted los principales focos de inseguridad jurídica para los administradores de fincas y para los vecinos, y qué cambios legislativos consideran prioritarios?

– La mayor inseguridad nace de intentar gestionar realidades del siglo XXI con herramientas legales de 1960. A pesar de que ponemos todo nuestro empeño en cumplir la norma, la actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) está desvirtuada. Se necesita una ley nueva que ordene estructuradamente la propiedad horizontal y de garantías a los propietarios. Es urgente una reforma que agilice la adopción de acuerdos y que dote de seguridad técnica al administrador. Asumimos la responsabilidad de interpretar una maraña normativa compleja para proteger el patrimonio inmobiliario, y un marco legal claro es la mejor herramienta para que nuestro trabajo sea realmente eficaz.

“LAS COMUNIDADES NECESITAN PEDAGOGÍA Y UN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO CONSTANTE”

-El CGCAFE ha sido muy activo en la defensa de una reforma profunda de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿En qué puntos concretos creen que esa reforma puede cambiar la vida cotidiana de las comunidades de propietarios?

– La reforma que impulsamos, y que recientemente ha visto avances en el Senado, busca simplificar la vida del ciudadano. Proponemos medidas como la unificación de convocatorias para evitar esperas innecesarias, la conciliación familiar de todos, propietarios y administradores, y la validez de las juntas telemáticas o mixtas. Esto no es modernidad por modernidad; es facilitar que el vecino pueda participar en las decisiones de su casa sin que su agenda o su situación profesional o familiar sea un obstáculo. Queremos que la ley sea un aliado de la accesibilidad y la eficiencia energética, permitiendo que las mejoras en el edificio se aprueben con agilidad, revalorizando así la propiedad de cada propietario (pero garantizando su sostenibilidad económica) que ha visto cómo se incrementan sus cuotas, y el equilibrio que tiene que existir entre el derecho de propiedad y el deber de conservación.

-Rehabilitación energética, fondos Next Generation y eficiencia del parque inmobiliario: ¿cree que las comunidades están realmente preparadas para dar este salto o falta aún mucha pedagogía y acompañamiento técnico-jurídico?

– Somos conscientes de que el reto de la sostenibilidad es enorme y, con total humildad, asumimos el papel de guías en este proceso. Las comunidades necesitan pedagogía y un acompañamiento técnico-jurídico constante. El administrador no solo tramita una subvención; lidera un cambio cultural hacia la eficiencia. No es un camino fácil, pero estamos haciendo todo lo posible para que ni un solo euro de los fondos europeos se pierda por falta de gestión, transformando edificios antiguos en hogares sostenibles y confortables.

“GESTIONAMOS EL AHORRO DE TODA UNA VIDA DE MUCHAS FAMILIAS, Y ESO ES UNA RESPONSABILIDAD QUE NOS TOMAMOS MUY EN SERIO”

-Una de las preocupaciones recurrentes es la lucha contra la morosidad en las comunidades. ¿Qué herramientas jurídicas y de gestión consideran más eficaces y qué papel puede jugar aquí una futura reforma procesal del monitorio?

– La morosidad no es solo un número: es una carga que soportan los propietarios que sí cumplen. Nuestra gestión se basa en el uso de datos y métricas para actuar de forma preventiva, pero necesitamos que la Ley nos respalde. Defendemos que el certificado de deuda sea un título ejecutivo más ágil. Todo esto se hace desde el respeto, pero con la firmeza de quien defiende los intereses de la colectividad frente al incumplimiento individual.

–Los administradores de fincas manejan datos sensibles, acuerdos complejos y decisiones que afectan al patrimonio de las familias. ¿Cuáles son, a su juicio, las claves para reforzar la seguridad jurídica en esa gestión diaria y qué apoyo ofrecen los Administradores de Fincas en este terreno?

– La clave de la seguridad es la profesionalización real y el método. Gestionamos el ahorro de toda una vida de muchas familias, y eso es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Por ello, apostamos por protocolos de cumplimiento normativo proactivo. El CGCAFE garantiza que sus colegiados cuenten con un seguro de responsabilidad civil, algo que debería ser obligatorio para cualquiera que gestione dinero ajeno. No improvisamos; trabajamos con procesos claros para que el propietario tenga la confianza de que su patrimonio está en buenas manos.

“LA MAYOR INSEGURIDAD NACE DE INTENTAR GESTIONAR REALIDADES DEL SIGLO XXI CON HERRAMIENTAS LEGALES DE 1960”

-España avanza en la digitalización de la edificación y de la gestión inmobiliaria. ¿Cómo está cambiando la digitalización la profesión de administrador de fincas y qué proyectos estratégicos impulsa el CGCAFE en este ámbito?

– La digitalización no viene a sustituirlos, sino a hacernos mejores. Al automatizar tareas administrativas gracias a una digitalización inteligente, liberamos tiempo para lo que realmente importa: atender a las personas. El futuro no son solo aplicaciones, sino usar la tecnología para que el vecino tenga acceso total a la información de su comunidad (transparencia) y para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en datos reales, mejorando la eficiencia y reduciendo costes innecesarios.

-¿Cómo considera, desde su función, la situación de la seguridad jurídica, un ámbito de profunda relación con el Notariado? La función notarial es una pieza central en el ámbito inmobiliario. ¿Cómo valora la colaboración entre notarios y administradores de fincas y en qué ámbitos cree que podría intensificarse para dar más garantías a los ciudadanos?

– La relación con el Notariado es fundamental para cerrar el círculo de la seguridad jurídica inmobiliaria. Trabajamos codo con codo para asegurar que las transmisiones de fincas y los acuerdos complejos tengan todas las garantías legales. Esta alianza estratégica permite que el ciudadano se sienta protegido en los momentos clave, como la compra de una vivienda o la formalización de acuerdos comunitarios de gran calado. Es un trabajo coordinado en beneficio de la paz social.

-¿Cree que son suficientemente conocidas las funciones y utilidades de los Administradores de Fincas?

– A veces nuestro trabajo es invisible porque, cuando todo funciona bien, nadie se pregunta por qué. Queremos que se nos vea como lo que somos: gestores técnicos, jurídicos y mediadores que trabajamos por la corresponsabilidad del propietario.

-Por último, pensando en un propietario que apenas sabe qué hace su administrador de fincas:  ¿cómo le explicaría, en una frase, por qué es importante que su comunidad esté en manos de un profesional colegiado?

– Porque un administrador de fincas colegiado es garantía de seguridad y de una formación constante. Es el arquitecto de la convivencia y el guardián de la rentabilidad de su hogar, asegurando que su comunidad progrese bajo el rigor de la ley y no bajo el azar de la improvisación.