Entrevista a María Ester Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública

EN ESTE PAÍS

MARÍA ESTER PÉREZ,

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA

“El Notariado español es uno de los más avanzados en el mundo y un referente de calidad y seguridad fuera de nuestras fronteras”

FÁTIMA PÉREZ DORCA
María Ester Pérez Jerez es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ingresó en la carrera fiscal en 1991 y desde entonces ha ocupado cargos como el de fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Palencia y de la de Valladolid; ha sido inspectora de la Fiscalía General del Estado y delegada de delincuencia informática y de delitos de odio. En diciembre de 2023 fue nombrada directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

¿Qué supuso para usted el nombramiento, en 2023, como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública?

Es un reto muy importante y enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional.

¿Qué le ha aportado su experiencia anterior para su desempeño?

En cuando a mi trayectoria profesional como fiscal, durante todos estos años previos me ha proporcionado una visión transversal de algunos de los asuntos que se coordinan desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. No obstante, al tener que tratar en el día a día asuntos muy concretos y que requieren de una gran especialización jurídica, sobre todo en lo referente a la actividad notarial y registral, con competencias muy alejadas de mi profesión, la ayuda y el asesoramiento que me han ofrecido todo este tiempo los letrados adscritos, los comisionados y colaboradores con la Dirección General y todas las personas de las subdirecciones generales, han sido claves y a todos ellos quiero manifestar mi agradecimiento.

 

“LA POSIBILIDAD DE PODER CONSTITUIR SOCIEDADES LIMITADAS, ANTE NOTARIO, DE FORMA ‘ONLINE’ PROPORCIONA COMODIDAD SIN QUE SE RESIENTA LA SEGURIDAD”

 

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que usted se ocupa, es el centro directivo del que depende el Notariado. ¿Cuáles son sus objetivos?

El servicio notarial es un servicio público de interés general; es esencial para los ciudadanos. Los notarios y las notarias son conscientes de la importancia de su función y la ejercen con responsabilidad y compromiso, adaptándose a los cambios sociales, económicos, culturales. Vivimos en España momentos de una auténtica transformación digital en todos los procedimientos; tiempos de avances en cooperación jurídica internacional; de cambios en el modo de la resolución de las controversias, buscando el consenso. La Administración se encuentra en una situación generalizada de envejecimiento de los servidores públicos; la realidad es compleja y nos exige formación continua, entre otros desafíos. Los notarios y las notarias, me consta y tengo una confianza absoluta en ello, darán respuesta adecuada a estos desafíos que tenemos que establecer como objetivos.

 

“SIN LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE APORTAN
LOS NOTARIOS SE PARALIZARÍAN LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE REQUIEREN CERTEZA Y SE VERÍA PERJUDICADO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO”

 

En diciembre se cumple un año de su nombramiento. ¿Qué destacaría de este primer ejercicio?

En primer lugar y por encima de todo, destaco la generosidad, profesionalidad y compromiso de las personas que trabajan en la Dirección General, en todos los ámbitos. Personas de las que tuve un afectuoso recibimiento y que me siguen acompañando cada día.

En el aspecto profesional subrayaría la continuidad del trabajo realizado desde la Dirección General. Por supuesto, también la entrada en vigor de la Ley 11/2023 el 9 de noviembre de 2023, un mes antes de mi nombramiento, que supuso un hito en la transformación digital en España. Además, en 2025 habremos culminado la implantación del nuevo modelo del Registro Civil, que también está extendido a los Registros Civiles Consulares y se llevará a efecto en el Registro Civil Central. Con respecto al Registro Central de Titularidades Reales, ha sido gratificante comprobar como durante el año 2024 culminaba su desarrollo, se completaba la información y se conectaba electrónicamente con Europa.

 

“EN CUANTO A LA DISCAPACIDAD, TENEMOS QUE
SEGUIR AVANZANDO PARA CONSEGUIR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN TODOS LOS ÁMBITOS”

 

Esta entrevista coincide también con otro aniversario, el de la entrada en vigor de la ley 11/2023 de transposición de directivas de la Unión Europea que incluye la digitalización de actuaciones notariales. ¿Cuáles considera han sido los mayores beneficios de la nueva regulación para los ciudadanos y empresas?

En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a los notarios, notarias y a los empleados de las notarías. El 9 de noviembre de 2023, tan solo seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley, estaban completamente preparados para seguir desempeñando sus funciones, las mismas de siempre, adaptados a las previsiones legales. Durante este año, la digitalización de la actividad notarial ha facilitado el acceso a la información y ha agilizado la circulación del documento notarial. La posibilidad de otorgar mediante videoconferencia ciertos instrumentos públicos es de indudable utilidad para las personas evitando desplazamientos. También es reseñable la posibilidad de comparecencia electrónica. Y, para las empresas, la opción de poder constituir sociedades limitadas, ante notario, de forma online, proporciona comodidad sin que se resienta la seguridad.

¿Cómo valoraría su aplicación?

La Ley 11/2023 ha revolucionado la manera en que los notarios prestan sus servicios, convirtiendo la digitalización en un pilar clave para la modernización del sector y mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a trámites notariales esenciales. Con un futuro prometedor, la legislación sigue evolucionando, y su impacto seguirá creciendo en los próximos años.

¿Y el trabajo realizado por los notarios y sus órganos de representación para cumplir con el proceso de digitalización?

La implicación del Consejo General del Notariado, de las notarias y de los notarios y de las personas que trabajan en las notarías ha sido inmejorable. Durante todo este año han realizado un esfuerzo para adaptarse a unas nuevas formas de realizar su función. Han invertido tiempo, esfuerzo y recursos. La percepción es que se han adaptado de manera rápida a los cambios e innovaciones que se han ido realizando.

En 2021 entró en vigor la Ley 8/2021 que reconoce la capacidad jurídica de todos los ciudadanos, tengan o no una discapacidad. ¿Quedan pasos por dar?

Esta normativa significó un gran avance, reconociendo a las personas su derecho a decidir contando con los apoyos precisos para ellos. No obstante, tenemos que seguir avanzando para conseguir accesibilidad universal en todos los ámbitos: en el tecnológico, financiero, educativo, profesional, arquitectónico…

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes viene implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

¿Cómo valora el impacto de la función notarial en la sociedad?

La profesión notarial, con carácter general, suele ser conocida por su vinculación con la fe pública.

Sin embargo, la labor es más amplia, es útil, necesaria y beneficiosa para la sociedad española como garante de la seguridad jurídica preventiva. Sin seguridad, sin garantías, se paralizarían las relaciones jurídicas que requieren certeza, se vería perjudicado el desarrollo económico y financiero porque, sin garantías, no habría inversión ni financiación para la misma. Es, además, una profesión con un fuerte componente social, como acredita el asesoramiento que realizan a los ciudadanos y están contribuyendo a la configuración de un sistema de apoyos para las personas con discapacidad.

 

“LA LEY 11/2023 HA REVOLUCIONADO LA MANERA EN QUE LOS NOTARIOS PRESTAN SUS SERVICIOS, CONVIRTIENDO LA DIGITALIZACIÓN EN UN PILAR CLAVE”

 

Con respecto a las oposiciones libres a notarías, ¿cree que habría que modificar el sistema para que se convocaran todos los años y así evitar que la edad media de los aprobados cada vez sea más elevada?

Desde la Dirección General somos conscientes de que existe una situación de envejecimiento de la Administración Pública, que no escapa al ámbito notarial, debido al número cada vez mayor de jubilaciones. Estamos plenamente comprometidos con la necesidad de garantizar que no haya notarías vacantes, de forma que esté siempre garantizada la prestación de un servicio público de calidad.

Usted acudió, recientemente, a las Jornadas Notariales Iberoamericanas y al encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa celebrados en Tenerife y organizados por el Consejo General del Notariado. ¿Qué papel juega el Notariado español a nivel mundial?

La celebración de la Conferencia de Ministros de Justicia coincidió con la celebración de las jornadas notariales de Tenerife. El objetivo principal de la Conferencia era el de seguir avanzando en el camino de la cooperación jurídica internacional, y para luchar contra delitos tan graves para los países como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Debemos considerar al Notariado español como uno de los más avanzados en el mundo, así como un referente de calidad y seguridad fuera de nuestras fronteras. Así se le reconoce.

La seguridad jurídica del alquiler

EN ESTE PAÍS

La seguridad jurídica del alquiler

España advierte que el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles.
CARLOS CAPA
La falta de viviendas es un problema social de primera magnitud que afecta de manera singular a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, como la que establece el artículo 47 de la Constitución Española. Esta situación está generando tensiones en el mercado del alquiler.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

 

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO

 

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

 

LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS

 

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

 

EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA

 

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Reforma legal
El Banco de España es diáfano en señalar a los poderes públicos que es necesario reformar el marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sin perder de vista la protección a los inquilinos. Este equilibrio se puede lograr mediante un diálogo abierto entre autoridades, propietarios e inquilinos, que permita diseñar políticas que atiendan las necesidades de todos los actores del mercado.
Es necesario un marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Mirando a los vecinos
Países como Alemania y los Países Bajos han implementado con éxito modelos que combinan incentivos fiscales, regulación equilibrada y colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios.
PARA SABER MÁS
Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España
VER
Texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023
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Reportaje sobre la vivienda del nº 149 de Escritura Pública
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«La vivienda: cuestión de Estado», por Yolanda Gómez

ALDEA GLOBAL

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

"Es el momento de que PSOE y PP dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado"

La vivienda: cuestión de Estado

Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.

La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.

En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.

Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.

Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.

Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.

El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.

En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.

El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.

En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.

Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.

Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.

La gallina de los huevos de oro

La Palma: Tres años tras la erupción del volcán

EN ESTE PAÍS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Tres años tras la erupción del volcán

FOTO: ENRIQUE ROJAS
REDACCIÓN
En septiembre se cumplieron tres años de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma, un fenómeno geológico que dejó 1.200 hectáreas dañadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas destruidas.

Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 

NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”

 

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

FOTO: JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé y Héctor F. Izquierdo durante la entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda.
Héctor F. Izquierdo, alto Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma

“50 NOTARIOS HAN PROPORCIONADO SEGURIDAD JURÍDICA A LOS AFECTADOS PARA REALIZAR UNA RECONSTRUCCIÓN SIN JUDICIALIZACIONES”

Héctor F. Izquierdo ejerce las funciones encomendadas por Real Decreto para la reconstrucción de la isla de La Palma y lidera la coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones públicas canarias. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán en La Palma, y en el marco del encuentro que tuvo lugar en septiembre en Tenerife con ministros de justicia, magistrados, fiscales y notarios de Iberoamérica y países de habla portuguesa, el Consejo General del Notariado le hizo entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda, por su honorable labor en la reconstrucción de la isla.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para mejorar la situación de los afectados?

Se han movilizado desde el Estado 1.046 millones de euros en tiempo récord y construido carreteras sobre coladas, recuperado la habitabilidad en pueblos que estaban cerrados por los gases, e invertido en geotermia como fuente de energía renovable. Además, los indicadores de población, matriculaciones de coches, el empleo, la tasa de actividad o la cantidad de empresas registradas en la seguridad social están no ya mejor que antes del volcán, sino que antes del inicio del Covid-19.

 

“COMO COMISIONADO Y PALMERO NO PUEDO ADMIRAR MÁS LA EXCEPCIONAL LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL”

 

¿Cuáles son los próximos objetivos en pro de la recuperación total?

La erupción del volcán es una catástrofe natural muy compleja con muchos frentes de actuación y aspectos en los que debemos seguir trabajando. No obstante, no encontramos números similares de progreso tras una catástrofe del mismo rango. No sólo en España, sino en Europa, y en otros continentes, y eso ha sido también gracias a la labor del Notariado español, cuyo conocimiento generado durante la reconstrucción se encuentra ya en los protocolos y procedimientos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL) para los futuros casos que nos encontremos.

¿Cómo valoraría la labor de voluntariado de los notarios en la isla?

Ha sido espectacular. Han sido 50 notarios que, gracias a los decanos Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, junto con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus equipos, han proporcionado seguridad jurídica a los afectados, convirtiéndose en la piedra angular para realizar una reconstrucción sin judicializaciones, lo que ha permitido distribuir las ayudas e indemnizaciones. Además, su labor y la coordinación que han realizado con Catastro, Registro y Consorcio de Seguros ha sido admirable. No ya como comisionado sino como palmero no puedo más que estar agradecido y admirar la excepcional labor del Notariado español.

Hacen falta médicos

EN ESTE PAÍS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Hacen falta médicos

La Organización Médica Colegial (OMC) habla de “desiertos médicos” en España y Europa.
BIEL HUGUET ALBONS
España necesita médicos de familia. Así lo señala el reciente informe del Ministerio de Sanidad, que analiza la situación del Sistema Nacional de Salud en proyección hacia 2035. Diversos organismos afirman que las condiciones laborales son claves para atraer y retener facultativos, algo más que necesario frente a las previsiones que auguran un déficit de 5.496 profesionales de la salud para 2029.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su informe Actualización: Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, un estudio que tiene como base las proyecciones demográficas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para tomarle el pulso el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las principales conclusiones que arrojan los datos es que nuestro país sufre un notable déficit de profesionales de la medicina. Actualmente se necesitan 4.502 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), una cifra que se incrementará un 22% en los próximos cinco años, hasta alcanzar un déficit de 5.496 médicos en 2029.

Los datos recogidos por Sanidad -correspondientes a 2023- contabilizan un total de 149.710 profesionales de la medicina trabajando en el SNS, que incluye los Servicios Regionales de Salud y el Ministerio de Defensa.

Ese ministerio, actualmente liderado por Mónica García, explica que la medicina familiar merece especial atención: «Por el lado de la demanda, según panel de expertos, es una especialidad que mantiene un perfil de alta necesidad tanto en el momento actual como a futuro. Por el lado de la oferta, hay fugas (quedan plazas sin cubrir y muchos médicos de familia buscan su futuro profesional en gestión, urgencias o en la red privada)», señala el informe.

 

LA OMC APUESTA POR PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS A LARGO PLAZO, INVERTIR EN FORMACIÓN Y CREAR INCENTIVOS POSITIVOS

 

Un modelo común. En cuanto a las mencionadas fugas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) pide al Ministerio la homogeneización de ofertas de trabajo en todo el país, a fin de evitar posibles competiciones entre comunidades autónomas. En opinión de José Polo, presidente de esta entidad: “Todas las regiones deben tener los mismos planes y, a nuestro juicio, el ministerio debería coordinar los procesos para evitar posibles fugas por condiciones laborales y económicas». Semergen también denuncia problemas comunes a todas las comunidades, como la carga burocrática, que resta tiempo a los profesionales en la atención de sus pacientes.

El déficit de médicos es más notable en determinadas regiones que en otras. Según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) recogido por el ministerio en su informe, a escala estatal, la ratio se sitúa en 74 médicos de familia por cada 100.000 habitantes asignados. Castilla y León sobresale, con 97,6 facultativos (seguida por Extremadura y Aragón). En contraposición, Baleares es la peor parada, con casi 50 médicos por cada 100.000 habitantes: solo 49,7. Tras este archipiélago, tienen las menores ratios Madrid, Canarias y Asturias.

Con respecto a la pediatría, según el SIAP, España cuenta en atención primaria con 104,1 pediatras por cada 100.000 niños entre 0 y 14 años. Las mayores tasas relativas de pediatras se encuentran en Navarra, con 136; Comunidad Valenciana, 128,9; y Canarias, 125,2. En el otro extremo, La Rioja supone una excepción en este indicador, con un registro extremadamente bajo: 23,7 pediatras por 100.000 niños. Le siguen Baleares, con 85,4 por cada 100.000; Castilla León, con 87,1; y Castilla-La Mancha, 88,7. Es decir, también hay falta de pediatras a nivel nacional, algo especialmente acentuado en zonas rurales del país, aunque no solamente.

En la misma línea, en Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha denunciado lo que consideran una “grave situación“: se han quedado sin cubrir las 45 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid a los médicos MIR que acaban de terminar su especialidad. Dora Bejarano, delegada sindical de Amyts y pediatra en un centro de salud madrileño, detalla: «Son condiciones que incluyen una sobrecarga de trabajo enorme, porque en primaria hay muchas plazas descubiertas y las que no lo están, cuando hay ausencias, tampoco se cubren». La doctora indica que su agenda diaria debería tener un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero en los peores días pueden llegar a 40 “ya que no hay ningún límite a la demanda”, explica.

Desiertos médicos. La Organización Médica Colegial (OMC) habla de «desiertos médicos» en España y Europa. Argumenta que, para evitarlos, la estrategia pasa por priorizar la planificación de recursos humanos a largo plazo, invertir en programas de formación y crear incentivos positivos. Esta asociación y la entidad European Junior Doctors afirman que, pese a los esfuerzos que se están realizando por parte de la Unión Europea y los Estados miembros -para garantizar la cobertura sanitaria universal y afrontar estas carencias-, los problemas de retención de personal persisten. En este contexto, las políticas de fidelización y retención de los médicos jóvenes son una cuestión central en la política sanitaria actual y en la sostenibilidad del sistema.

 

SE HAN QUEDADO SIN CUBRIR LAS 45 PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A LOS MÉDICOS MIR QUE ACABAN DE TERMINAR SU ESPECIALIDAD

 

Así, el representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, Domingo Antonio Sánchez, considera fundamental “crear soluciones sostenibles que no sólo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en España, que contribuirán a mitigar el problema de los ‘desiertos’ médicos y facilitarán a los ciudadanos un acceso equitativo a la atención sanitaria”. Y añade que “nos estamos jugando mantener los estándares de calidad y accesibilidad de nuestra joya de la corona: el sistema sanitario”.

 

ESPAÑA CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA CON 104,1 PEDIATRAS POR CADA 100.000 NIÑOS

 

Como recoge en su informe el Ministerio de Sanidad, el objetivo es “conseguir el número adecuado de médicos especialistas para cada especialidad acorde a las necesidades del país”. El análisis concluye que la necesidad de médicos es muy heterogénea en función de las ramas de especialización, al igual que el atractivo de las plazas, y los autores solicitan diseñar incentivos para atraer y retener a profesionales en puestos poco demandados, de formación MIR o de ejercicio profesional. Parece necesario cambiar el marco regulatorio hacia una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales.

Preocupación en las instituciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la situación de la sanidad en Europa como una «bomba de relojería», debido a la escasez de personal. Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado sobre la «preocupante falta crónica de recursos humanos» en el sector sanitario en España. Y el Consejo Económico y Social (CES) ha presentado un informe donde habla de un déficit de profesionales de «magnitud excepcional». Se prevé que esta situación perdure a lo largo de los próximos años.
Semergen pide al ministerio homogeneizar las condiciones de trabajo en todo el país, a fin de frenar posibles fugas entre CC.AA.
Mejores condiciones
Las asociaciones de profesionales sanitarios demandan mejoras en sus condiciones laborales, algo que podría aliviar la problemática. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (Satse) están llevando a cabo una campaña conjunta con el objetivo de que sus pagas extraordinarias vuelvan a ser completas, tras haber sido recortadas. Para ello, piden al Ministerio de Sanidad -a través del Secretario de Estado, Javier Padilla- que medie con Hacienda y Función Pública para recuperar esta partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Ambas organizaciones han trasladado esta reclamación a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, a quienes solicitan instar al Gobierno a su inclusión en los PGE mediante una Proposición no de Ley.
PARA SABER MÁS

Informe actualizado sobre la necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035. Ministerio de Sanidad

VER

Informe presentado por la OMC sobre retención de talento en Europa.

VER

Nota de prensa de la OMS sobre la situación del sistema sanitario en Europa.
Ticking timebomb: Without immediate action, health and care workforce gaps in the European Region could spell disaster

VER

Informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el sistema sanitario.

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«Da miedo», por Pilar Cernuda

ALDEA GLOBAL

PILAR CERNUDA,
periodista

"Si abusar de los ingenuos puede ser delictivo, hacerse pasar por experto en cuestiones de salud es una indecencia"

Da miedo

Sin meterse en las redes sociales -no soy partidaria; es el mejor medio de comunicación después del teléfono, pero el peor utilizado- solo teclear Google para buscar información sobre asuntos de salud y de alimentación provoca una inquietud inconmensurable. Da miedo.

Miles, millones, miles de millones de personas de todo el mundo tienen a su alcance a los muchos gurús que se mueven a través de las redes sociales y que se atreven a dar consejos sobre vida saludable. Incluso sobre enfermedades y cómo tratarlas. Seguro que entre ellos hay personas con la formación necesaria y con la sensibilidad especial a la que están obligados quienes se dedican a sanar, o intentar sanar, problemas físicos y mentales. Pero también hay expertos de la nada, hombres y mujeres que no han pisado una escuela o una universidad, o que creen que un master te da los mismos conocimientos que reciben quienes han estudiado previamente durante cinco o seis años, completándolos con las imprescindibles prácticas. No todas las carreras obligan a una exhaustiva y minuciosa preparación previa a ejercerla, pero parece obligado tomárselas más en serio de lo habitual cuando una mala praxis puede tener consecuencias irreversibles para el cliente. O el paciente.

Ocurre con la medicina en sus distintas ramas y especialidades, pero ocurre también con quienes presumen de estudios, o experiencia, en carreras técnicas, en las que un error de apreciación, un despiste o falta de la formación adecuada, puede provocar una catástrofe humanitaria.

Si abusar de los ingenuos puede ser delictivo, hacerse pasar por experto en cuestiones de salud es una indecencia. Por las consecuencias de engañar a personas abducidas por un farsante cuyas instrucciones siguen a rajatabla como si fuera un dios, alguien a quien seguir hasta el fin del mundo. No es una boutade; existe ese tipo de personas y de seguidores. Siempre ha ocurrido, pero el problema se agranda con la colaboración de las redes sociales.

Hace un año conmovió el mundo la noticia de una joven rusa, Shanna Samsonov, que se hacía llamar Zhanna D-Art, nutricionista. Zhanna no tenía muchos seguidores, apenas 12 mil, pero suficientes para que muchos de ellos tomaran al pie de la letra sus consejos -evidentemente la consideraban una profesional- y se alimentaban exclusivamente, como ella misma, de frutas y zumos naturales; ni siquiera bebían agua. La familia de Zhanna era consciente de que perdía salud a ojos vista, pero ella no hacía caso a sus indicaciones, a sus consejos. Murió de desnutrición y, lo más grave, es que a pesar de que la noticia dio la vuelta al mundo y se activaron todas las señales de alerta, es probable que algunos de sus seguidores hayan tenido tan fatal destino como la gurú.

En las redes sociales existen multitud de páginas en las que, con la metodología de la publicidad inteligente, se ofrecen profesionales del sector sanitario para resolver distintos problemas de salud. Tanto física como mental. Con un ingrediente añadido para captar clientes: la obsesión por la estética, sobre todo entre la gente joven. Por alcanzar el estereotipo que ciertos grupos identifican con el triunfo, que inevitablemente tiene un modelo como prioridad: cuerpo delgado. Muy delgado. Llevando a primer plano toda una serie de métodos de alimentación con raíces en países muy alejados de nuestra civilización y hábitos, y que son ejemplo de pueblos muy saludables. Todo ello muy relacionado con el espectro de las modas. No solo las modas en el vestir, sino que los influencers marcan el camino en otros aspectos como qué hay que escuchar y ver para estar en mundo que triunfa: qué países visitar, qué deportes se deben practicar, qué espectáculos son indispensables, a quién hay que seguir.

Esos branders que entran por los ojos a través de las redes, fundamentalmente de Instagram, son muy activos en todos esos aspectos, y dan prioridad a la salud. No solo promueven fórmulas para contar con un cuerpo sano en una mente sana, sino que ofrecen contactos con expertos. Es curioso que, en la mayoría de esas páginas que “ofrecen” a consejeros de alimentación y hábitos saludables, en la mayoría de los casos los datos profesionales son muy poco concretos: nutricionista, entrenadores personales, coaching… Hombres y mujeres de profesión imprecisa que además de supuestos consejos de salud ofrecen productos de su propia cosecha con los que amplían su negocio. Cosmética, alimentos, medicinas, libros, instrumentos para hacer ejercicio… Hay excepciones, por supuesto; las redes sociales no solo las utilizan quienes tienen poco oficio y apenas beneficio e intentan utilizar un medio tan a mano como el que se ofrece a través de internet. Pero son infinidad los que las utilizan para hacer negocio; hombres y mujeres que cobran por vestirse de determinada manera y se mueven en círculos en los que es fundamental dejarse ver. Se trata de publicidad presentada de otra forma.

Nada que objetar; cada uno se gana la vida como puede, pero cuando se utilizan esos métodos entrando de lleno en cuestiones relacionadas con la salud, suenan todas las sirenas, todas las voces de alarma. El ejemplo de Zhanna asusta, porque no es el único. Los medios de comunicación recogen constantemente casos parecidos.

Estremece que en este mundo actual, a través de internet, un elemento indispensable para la vida cotidiana, se puedan imponer hábitos de dudosa eficacia que incluso pueden provocar enfermedades… o la muerte. Asusta que profesionales de la publicidad encubierta sean capaces de convencer a gente preparada para dejarse llevar por la irresponsabilidad de confiar en médicos a los que no conocen, sin pensar que ninguno sugeriría normas ni recomendaría medicamentos a pacientes a los que no conoce ni ve. Ni tampoco lo harían nutricionistas sin la analítica previa necesaria, ni entrenadores que no tienen ni idea de quién es el que le consulta a través de las redes…

Lo dicho. Da miedo.

Redes sociales. Tan necesarias, tan peligrosas…

Entrevista a Salvador González Marín, nuevo presidente de la Abogacía

EN ESTE PAÍS

Salvador González,

presidente del CGAE

“Los colegios profesionales tienen que transmitir el valor de lo que hacen”

CARLOS CAPA
Salvador González Martín es desde junio de 2024 presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Experto en derecho mercantil, civil, procesal y arbitraje y profesor asociado de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido hasta ahora decano de la abogacía malagueña.

Acaba de ser elegido como nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuáles son sus primeras prioridades?

Lógicamente en estas primeras semanas al frente del CGAE he tomado contacto con los equipos, he revisado las agendas de trabajo y diseñado la nueva estructura organizativa, pero también he tomado contacto con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y con el Secretario de Estado de Seguridad Social y otros actores de la justicia. Quiero, desde el primer momento, transmitir a los colegiados y a la sociedad que somos una institución eficiente, preocupada y ocupada en los intereses de la profesión y de la justicia que tiene la intención de dar impulso a la labor de representación y defensa de los intereses de la abogacía.

¿Cuál es el papel de los colegios profesionales en este momento?

Los colegios somos instituciones que tenemos que representar a la profesión y en esa representación tenemos que transmitir el valor de lo que hacemos, de lo que conseguimos cada día, de cómo resolvemos infinidad de conflictos en la sociedad, pero también de cómo impulsamos su progreso. Gracias a nuestra actividad hacemos que se cierren cada día en todo el país multitud de operaciones, de negocios, de contratos, que redundan en beneficio de todos.

 

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN ASUNTO QUE NO ESTAMOS ABORDANDO BIEN COMO SOCIEDAD”

 

Hay que poner en valor este trabajo y trasladar ese impulso que, en particular, nuestra profesión aporta a la sociedad. También nos interesamos mucho por la actividad legislativa e intentamos mejorarla, en particular en lo que a la Administración de Justicia se refiere, ya que somos un pilar básico de su funcionamiento. Trabajamos, en definitiva, para que todo funcione de la mejor manera posible. Una sociedad sin abogados sería una sociedad menos justa que dejaría muchos conflictos sin cerrar dificultando enormemente su progreso.

Finalmente conseguida la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su nueva composición, ninguno de sus miembros procede de los operadores jurídicos, en particular de la abogacía. ¿Cómo lo valora?

Creo que el espíritu constitucional es que los operadores jurídicos, y en particular la abogacía, estén presentes en el Consejo, pensando en que esta profesión es con la que el ciudadano tiene mayor contacto y que hace de bisagra entre la Administración de Justicia y sus derechos e intereses.

Que en el Consejo General del Poder Judicial no haya ningún abogado que llame la atención sobre los problemas que tiene la Administración de Justicia y cómo estos son percibidos por el ciudadano no es bueno. Cualquier abogado que hubiera estado allí no sólo hubiera hecho posible que los consensos se tomaran con mayor agilidad, que hubiera acuerdos y componer posturas dentro del Consejo, sino que también hubiera ayudado a esas labores de fiscalización de la actividad de los órganos judiciales que tiene encomendada el órgano constitucional y a su labor de ordenación de la Administración de Justicia, que sufre de muchísimos retrasos e ineficiencias que están afectando directamente al ciudadano. El que la abogacía no esté allí significa alejar a la ciudadanía del órgano que gobierna la Administración de Justicia.

¿Para cuándo la Ley Orgánica del Derecho de Defensa tan reclamada por la abogacía?

El Senado, al que ha llegado por fin la tramitación, inicia en breve su actividad y esperamos que se haga de la forma más rápida posible, entre otras cuestiones porque es muy necesaria para garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos y para resolver cuestiones de gran importancia para el ejercicio de la abogacía. Confío en que pronto esté en vigor.

 

“HAY QUE DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES AL TURNO DE OFICIO PARA PERMITIR EL ACCESO DE TODOS A LA JUSTICIA”

 

La violencia de género sigue azotando a la sociedad. ¿Hay que replantearse las medidas para combatirla?

Nuestro colectivo es muy sensible a este asunto; tanto los abogados, como los colegios y el propio Consejo. Los datos son estremecedores y es un asunto que como sociedad no estamos abordando bien. Me da la sensación de que no se nos escucha lo suficiente a la abogacía. En la gestión de este tema hay que escuchar a las personas que intervienen en los procesos y fundamentalmente a los abogados que están cada día cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho de defensa de todos. El tener esa visión del todo es fundamental.

Reclamamos que se nos escuche porque conocemos el drama de la situación, sabemos lo que está pasando. En todos los colegios tenemos unos servicios de orientación y asesoramiento a víctimas. La abogacía ya se situó en la vanguardia cuando ni siquiera la violencia de género formaba parte de la justicia gratuita. Queremos ayudar todo lo que podamos en esto. Aquí hay un problema cultural, pero también de estar cerca de la víctima, y cerca del problema en toda su dimensión.

 

“ABOGADOS Y NOTARIOS COLABORAN DIARIAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y A LAS INVERSIONES”

 

La justicia gratuita ejercida desde el turno de oficio es una función muy valorada por la ciudadanía según todos los estudios. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son sus reivindicaciones?

El turno de oficio es fundamental para que el ciudadano, con independencia de sus recursos económicos, acceda a la justicia, lo que es un derecho constitucional. La cuestión que pivota aquí es cómo sostenerla si no se aportan los fondos suficientes para ejercerla dignamente.

Se tiene que tomar la decisión política de retribuir correctamente las actuaciones de los profesionales que actúan para dar un servicio público y que permite el acceso a la justicia de la totalidad de los ciudadanos. Si consideramos que esto es importante y creo que entendemos todos que lo es y es un valor de nuestra democracia, de nuestro estado social, quienes gobiernan tienen que ser consecuentes.

Tenemos que conseguir que esta justicia gratuita se preste, no en base al esfuerzo de unos profesionales sin retribución en muchos casos de sus actuaciones o con unas muy precarias. Hay que modernizarla, delimitando claramente su contorno, definiendo el catálogo de actuaciones comprendidas en ella y actualizar las retribuciones de los profesionales. El Ministro de Justicia y yo nos hemos emplazado para abordar estas cuestiones con urgencia y con toda la seriedad necesaria para abordar una Ley de Justicia Gratuita acorde con las circunstancias actuales.

¿Cómo afronta una profesión con formatos de ejercicio tan diversos y con 240.000 colegiados el reto de la tecnología y la digitalización?

Por supuesto que esta es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa. Trabajamos para que el profesional esté formado y con las herramientas que hoy requiere el ejercicio, no solo de nuestra profesión, sino de cualquier otra. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un decreto que establece para Unión Profesional una dotación de hasta 200 millones de euros para formación en competencias digitales de las profesiones colegiadas.

Este proyecto se ha impulsado desde la abogacía y va a alcanzar hasta 80.000 profesionales que van a disponer de la formación más avanzada en materia tecnológica y digital incluyendo la Inteligencia Artificial. Esto nos va a permitir romper esas brechas de las que hablábamos y que todo el mundo tenga acceso. Serán cursos gratuitos que van a facultar a los profesionales para un ejercicio muy avanzado de las habilidades digitales visibilizándolos como expertos muy competentes, no sólo en la pericia técnica de su oficio.

Queremos contribuir al avance a una sociedad más moderna, más digital, más para todos, en la que la tecnología no se convierta en una brecha ni un muro al que se enfrenta la sociedad siendo capaces de acompañar a la ciudadanía en el uso de esas tecnologías en beneficio colectivo.

¿Cómo valora a seguridad jurídica, en la que el notariado tiene un papel fundamental, en España?

La seguridad jurídica es la base para las inversiones, para el buen funcionamiento de la economía y para las relaciones sociales. Somos muchos los profesionales que trabajamos en la seguridad jurídica. Creo que el papel de la abogacía como primera puerta a la que acude el ciudadano, es fundamental. Por supuesto los notarios son imprescindibles en ella. Nuestra relación con el notariado ha sido históricamente de colaboración. No entendemos nuestra actividad sin esa colaboración profesional en la que aportamos conjuntamente seguridad jurídica. En mi opinión la Administración de Justicia tiene que dar una respuesta más cohesionada a la interpretación de las reglas jurídicas. Esto es importante para crear seguridad jurídica en el inversor. Y sin duda pone en valor la seguridad jurídica que ofrecemos los profesionales, particularmente la abogacía y el notariado, cumpliendo nuestra función de forma más tecnológica. Hay que ser conscientes de que en cualquier tipo de negocio jurídico el inversor pretende una respuesta previsible y estamos obligados entre todos a ofrecérsela.

 

“UNA SOCIEDAD SIN ABOGADOS SERÍA UNA SOCIEDAD MENOS JUSTA QUE DEJARÍA MUCHOS CONFLICTOS SIN CERRAR DIFICULTANDO ENORMEMENTE SU PROGRESO”

 

¿Cómo se plasma esa colaboración entre notariado y abogacía?

Tenemos un convenio firmado que creo que hay que fortalecer e impulsar. Colaboramos también a través de nuestras fundaciones y por supuesto en el día a día de cada profesional en cada localidad de nuestro país.

Abogados y notarios se ven a diario en las notarías. Ambas profesiones son capaces de avanzar en su colaboración en beneficio de los ciudadanos y de la mejor seguridad jurídica que seamos capaces de ofrecerle.

HUELLA DIGITAL

Fuga de talentos

EN ESTE PAÍS

FUGA DE TALENTOS

La edad y el nivel de formación son dos de los factores fundamentales del capital humano de las personas.
CARLOS CAPA
El valor del capital humano que pierde España por el efecto de la emigración superó los 150.000 millones de euros en 2022, un 40% más que antes de la Covid. En el periodo 2019/2022 la pérdida de valor para la economía española alcanzó los 500.000 millones de euros, más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Según un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre Emigración y Capital Humano, en España el saldo migratorio ha sido positivo a lo largo de las últimas décadas, pero la intensidad, e incluso el signo de ese saldo se han visto influidos por el ciclo económico. A raíz de la recesión de 2008-2014, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria muchas personas buscaron -no siempre con éxito- mejores oportunidades laborales fuera de España. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad tras la pandemia de Covid que asoló el mundo en 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Saldo migratorio

Se muestra, por tanto, una pérdida de capital humano en tendencia creciente desde el fin de la pandemia, impulsada por la intensificación de la emigración al exterior de la población en edad de trabajar y su elevado nivel de formación. La dinámica observada resulta preocupante de cara a poder aumentar el bienestar social en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y con un escenario en el que se prevén descensos acumulados del valor del capital humano per cápita cercanos al 20% hasta 2050, según refleja el informe del BBVA y el IVIE.

Según el INE el saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 727.005 personas en 2022. Es el mayor saldo en los 10 últimos años.

 

CON LA RECESIÓN DE 2008-2014 MUCHAS PERSONAS BUSCARON TRABAJO FUERA DE ESPAÑA. ESE PROCESO HA VUELTO A COBRAR INTENSIDAD TRAS LA PANDEMIA DE COVID

 

Pero a la hora de calcular el impacto para la economía de este fenómeno hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Se estima el valor del capital humano midiendo su contribución a la producción presente y futura, esto es, el valor presente de las rentas brutas laborales totales esperadas de la población en edad de trabajar a lo largo del resto de su vida. El valor del capital humano depende, por tanto, de las tasas de actividad, las tasas de paro y la productividad del trabajo a lo largo de la vida, de la esperanza de vida de los individuos y de todos los factores que influyen en esos ámbitos, como los niveles de formación o la experiencia laboral. Este tipo de enfoque permite obtener una valoración monetaria del capital humano, como ya se viene haciendo desde hace tiempo con otros tipos de capital. La edad y el nivel de formación son, por tanto, dos de los factores fundamentales del valor del capital humano de las personas.

 

EL RITMO ACTUAL DE EMIGRACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y CON FORMACIÓN SUPONE UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

 

Españoles emigrantes

¿Qué características tiene el capital humano de los españoles que han emigrado? Pues casi la mitad de los emigrantes de 25 o más años de 2022 posee estudios superiores (30,1%) o estudios secundarios postobligatorios (18,8%), con el consiguiente impacto positivo en sus dotaciones de capital humano, asociado a la mayor participación laboral, empleabilidad y productividad de las personas con ese nivel de formación. Sin tener en cuenta la inversión social y familiar realizada para que estas personas alcanzaran en el sistema educativo español esa formación de excelencia. Por su parte, según el Informe Anual del Banco de España, en 2023 de los inmigrantes que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80%, no tiene título universitario y el 70% trabaja en puestos sin cualificación.

Por otra parte, muchos de los emigrantes son jóvenes y, por tanto, tienen por delante un amplio periodo de vida laboral durante la cual seguirán contribuyendo a la producción. Entre los emigrantes de 25 y más años, los menores de 35 años suponen en 2022 un tercio del total, un porcentaje similar al existente antes de la pandemia, mientras que los mayores de 55 años representan solo el 23,6%.

Ambos factores, formación y juventud, contribuyen a incrementar el valor presente de las rentas laborales brutas a generar en adelante y, por tanto, el valor del capital humano de los emigrantes.

El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Para la Fundación Hay Derecho “en el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema de protección se encuentran descompensados. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar”.

En definitiva, la emigración al exterior y su intensificación reciente contribuyen a reducir el capital humano de la economía española, limitando su capacidad presente, y sobre todo futura, de generar riqueza, lo que a su vez condiciona la sostenibilidad de las finanzas públicas por la merma de los ingresos públicos.

Se trata de un fenómeno que previsiblemente incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar, especialmente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población que va a someter a fuertes tensiones la sostenibilidad del sistema de pensiones y que implicará la necesidad de dedicar cada vez más recursos al sistema sanitario y a la atención a la dependencia. Además, puede contribuir a agravar los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes que actualmente se ponen de manifiesto en cada vez más sectores y profesiones, tal como refleja el informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE.

 

CASI LA MITAD DE LOS EMIGRANTES DE 25 O MÁS AÑOS POSEE ESTUDIOS SUPERIORES (30,1%) O ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS (18,8%)

 

No hay soluciones mágicas, pero promover una mayor implicación entre empresa y trabajadores, incentivar el crecimiento profesional, retribuciones adecuadas, medidas de conciliación o salario emocional de los empleados son algunas de las posibilidades. Otras medidas son de mayor compromiso del conjunto de la sociedad cual es conseguir un fácil acceso a una vivienda digna, que será un elemento indispensable según todos los expertos para fijar el capital humano.

Capital humano
Para el Banco Mundial, el capital humano de la población es el recurso más valioso de los países y representa el 64% de la riqueza del mundo. Este capital está incorporado en las propias personas y su localización cambia cuando se desplazan de un territorio a otro. En consecuencia, el capital humano de una economía depende del esfuerzo inversor de sus familias, empresas y administraciones públicas (por ejemplo, el gasto público y privado en formación) y de la eficiencia de su sistema educativo, pero también de los movimientos migratorios y del capital humano de los migrantes. La emigración al exterior disminuye el capital humano de un país y más cuanto mayor sea el nivel de formación de los emigrantes. Y aquí se encuentra la otra parte del problema.
Se trata de un fenómeno que incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar.
PARA SABER MÁS
  • Informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE
  • Razones para emigrar de los jóvenes españoles. Tesis doctoral de Raquel Gómez-Frías Universidad de Valencia
  • Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE

    • «Talento en fuga”», por Casimiro García Abadillo

    ALDEA GLOBAL

    CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

    director de «El Independiente»

    "La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo"

    Talento en fuga

    Atraer o retener el talento es hoy uno de los principales desafíos de toda empresa que pretenda ser competitiva. Entender cómo se consigue fichar y conservar a los mejores es la clave principal del éxito empresarial.

    Hace décadas, la respuesta a esa incógnita era simple. Todo dependía de la cantidad de dinero que una compañía estuviera dispuesta a pagar por contratar o por evitar la marcha de un empleado brillante. Ahora eso ya no es así. O ya no es del todo así. Por supuesto que el dinero influye, pero ya no es el único factor o el principal para determinar que una empresa sea deseada.

    El paradigma ha cambiado totalmente. En España, un joven bien formado en los setenta o en los ochenta soñaba con incorporarse a una gran empresa, con un buen salario y, a partir de ahí, ascender hasta llegar a un puesto de alta dirección. No le importaba el esfuerzo, ni las horas de trabajo; su familia siempre estaba en un segundo plano.

    Pero las cosas han cambiado mucho. El joven bien formado de hoy sabe que tiene un puesto de trabajo asegurado y tiene otras aspiraciones que, probablemente, a su padre ni se le pasaban por la cabeza. Cambiar frecuentemente de empresa no es visto como una prueba de inadaptación o fracaso, la demostración de que un empleado es un culo de mal asiento, sino la vía para conseguir mejores condiciones y nuevas experiencias. El trabajo ya no es percibido como un fin en sí mismo, sino un medio para vivir, y, en última instancia, para ser feliz. En muchas ocasiones, la prioridad no es tanto el salario o la posición que se va a ocupar en el organigrama de la compañía, sino la flexibilidad en el horario o la posibilidad de teletrabajar.

    También entran en juego otros factores más filosóficos o ideológicos. Por ejemplo, que la empresa en cuestión respete la igualdad de género o mantenga estrategias que respeten el medio ambiente.

    Las barreras fronterizas ya no son un obstáculo. El joven bien formado de hoy está acostumbrado a viajar, domina el inglés y a veces otro idioma a la perfección y sabe que su futuro puede estar a miles de kilómetros de la ciudad donde nació o se crio.

    El matrimonio o la vida en pareja, algo que era una meta habitual en la vida hace cuarenta años, ahora es una opción. Y, de ser así, tampoco tiene lugar a una temprana edad, sino más bien a partir de los 30 o incluso cerca de los 40 años. Ese alargamiento del llamémosle periodo de juventud hace que la movilidad, la capacidad para decidir cambios sin ataduras, se prolongue en el tiempo.

    Alfonso Escámez (histórico presidente del Banco Central, fallecido en 2010) llamaba a los trabajadores de su banco “funcionarios”. Y no lo hacía como un insulto o una crítica, sino con el orgullo de que el banco que él presidía era una institución tan sólida como el propio Estado. Él comenzó de botones y acabó siendo presidente. Su carrera era el arquetipo del triunfo para una clase que no pertenecía ni a la nobleza ni a la alta burguesía. Ahora eso sería imposible. Para empezar ya no hay botones en los bancos y seguro que mucha gente no sabe ni siquiera qué son y para qué sirven, aparte de para abrochar camisas y chaquetas.

    El modelo ahora es radicalmente distinto. El cambio es en sí mismo un valor, así como el sector en el que se trabaja, que tiene que estar ligado de una u otra forma a la tecnología. Los referentes están claros y tienen nombres y apellidos: Javier Oliván (Meta); Pilar Manchón (Google IA); David Carmona (Microsoft IA); Alex Acero (Apple), y tantos otros. Españoles que triunfan en las empresas punteras de alta tecnología. Ya no existe el complejo de inferioridad que durante tanto tiempo lastró a los profesionales españoles. El talento no tiene barreras y ese hecho dificulta la retención de los mejores.

    La movilidad, la apertura al cambio, asumir dificultades sin miedo, son valores muy positivos. Pero esa capacidad, por desgracia, sólo la tienen una parte de los jóvenes; la que ha tenido acceso a una buena educación.

    La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo. Los peor formados tienen que conformarse con los trabajos más precarios. Son esos jóvenes, por desgracia la mayoría, los que se conforman con un empleo fijo y temen la movilidad porque, por lo general, esta no viene condicionada por una mejora, sino por un despido o un ajuste.

    En fin, el factor humano, la calidad de los trabajadores que componen una empresa, es el elemento esencial para determinar si una compañía tiene futuro. La inversión, el capital, los recursos propios, son ya una herramienta, algo que se puede conseguir en el mercado sin grandes dificultades si detrás de una empresa hay una idea clara y un equipo con iniciativa y capacidad para ilusionar a sus empleados.

    Es algo tan fácil de entender como difícil de alcanzar. Que el empleado considere que su empresa le da oportunidades para crecer, que fomenta la iniciativa y la creatividad, que hace algo no sólo para satisfacer a sus accionistas, sino para mejorar la sociedad. Y aceptar que, aun así, la fidelidad absoluta no existe.

    Un dragón con el que conviene llevarse bien

    Entrevista a Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia

    EN ESTE PAÍS

    SOFÍA PUENTE,

    secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia

    “Siempre he tenido una confianza absoluta en las posibilidades del Notariado español”

    JOSÉ M. CARRASCOSA

    Pucelana militante y fiscal de formación, Sofía Puente acaba de superar su primer semestre al frente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad de la Justicia, de la que dependen tres direcciones generales: Seguridad Jurídica y Fe Pública; Transformación Digital, y Servicio Público de Justicia. En esta entrevista destaca el esfuerzo y la labor desarrollada por el Notariado para poner en marcha el protocolo electrónico notarial en beneficio de la sociedad y el papel de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, que este año conmemora su 25 aniversario.

    ¿Cuál es su valoración de esta etapa?

    Está siendo una etapa profesional intensa. De alguna manera, tras mi paso por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública supone volver a un ámbito de trabajo que me resulta más familiar, por la materia y por los colectivos. Me incorporo como titular de esta secretaría general en un momento en que algunos de los retos y desafíos que se fijaron en 2020 ya están cumplidos y quedan otros tantos a los que debo dar impulso.

    ¿Qué proyectos tiene en marcha el Ministerio en materia de innovación?

    Nuestros proyectos se articulan en tres ejes que venían señalados en el Proyecto del Ministerio de Justicia 2030: reformas procesales, reformas organizativas y reformas tecnológicas.

    Parte de las reformas procesales y las tecnológicas están en el RD 6/2023 de 19 de diciembre que contiene medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia, crea derechos y obligaciones digitales, y entre otras, regula la inmediación digital en el ámbito judicial, el acceso digital a la administración de Justicia, o la tramitación electrónica de procedimientos judiciales.

    En cuanto a las reformas organizativas, se encuentra ya en el Parlamento el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que incluye todos los aspectos organizativos; entre ellos, la implantación de los tribunales de instancia o las oficinas de justicia en el municipio. Además, incluye algunos aspectos procesales como la regulación de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos.

    Finalmente, la Ley de Derecho de Defensa desarrolla el artículo 24 del texto constitucional (la tutela judicial efectiva), ampliando su contenido. Su objetivo es dar seguridad tanto a ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la defensa, como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes. El Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado en el Consejo de ministros del pasado 23 de enero; ya ha pasado el trámite de enmiendas y dispone de informe de la ponencia, publicado en el Boletín de las Cortes el 14 de junio de 2024.

     

    CON EL PROCESO DE ROBOTIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, EN UNA SEMANA SE PUEDEN LLEGAR A CANCELAR 142.000 CAUSAS

     

    En su condición de fiscal conocerá que una de las quejas recurrentes de los ciudadanos es la lentitud de la Justicia. ¿En qué medida el uso de nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales puede agilizarla?

    La transformación de la justicia precisa reformas. Sin duda las tecnologías pueden ayudarnos a conseguir el objetivo de lograr mayor celeridad, sobre todo en aquellas tareas que son muy repetitivas y que no tienen valor añadido.

     

    UNO DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES CONSEGUIR LA INTEROPERABILIDAD COMPLETA CON TODO EL ECOSISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

     

    El proceso de digitalización que estamos llevando a cabo está arrojando excelentes resultados en cuanto a lo que a la agilización de la Administración se refiere, siendo uno de los grandes objetivos del Plan de Transformación Digital de Justicia la mejora de la eficiencia, que incluye tecnologías innovadoras como la automatización robótica de procesos o el uso de inteligencia artificial.

    Por poner algunos ejemplos, con el proceso de robotización de cancelación de antecedentes penales, en una semana se pueden llegar a cancelar 142.000 causas, lo que equivale al trabajo de un funcionario a tiempo completo durante 5 años.

    Otra de las quejas recurrentes es que existe una multiplicidad de sistemas informáticos dispares entre las distintas CC. AA. Si es así, ¿cómo se enfrenta por el Ministerio la resolución de este problema?

    Uno de los objetivos en materia de transformación digital es conseguir la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia, con las Administraciones Públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Instituciones Penitenciarias. El proyecto de interoperabilidad, así como el resto de los proyectos país, se está desarrollando bajo el modelo de cogobernanza instaurado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, contando con el consenso de todos los agentes implicados: fiscalía, CGPJ, comunidades autónomas, …
    España es ya es un ejemplo de interoperabilidad entre los distintos entes que componen el ecosistema justicia. Esta realidad puede consultarse en el portal Datos Justicia: https://datos.justicia.es/ donde convergen todas las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

     

    NO SE PUEDE HABLAR DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN ESPAÑA SIN QUE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS SE PERCIBA COMO UN REFERENTE

     

    En este sentido, ¿cómo valora el trabajo realizado por los notarios y sus órganos de representación para cumplir con el proceso de digitalización marcado por la Ley 11/2023?

    La ley 11/2023 de 8 de mayo que regula el protocolo electrónico para los notarios y la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales por videoconferencia con plena seguridad jurídica entró en vigor el 9 de noviembre.

    Siempre he tenido una confianza absoluta en las posibilidades del Notariado español. Eso es algo que he aprendido e interiorizado a lo largo de los años que he sido directora general y en este caso, tenía la certeza de que se harían todos los esfuerzos para llegar al 9 de noviembre y así fue. Todo estaba listo para esa fecha. Sin duda, estos desarrollos tecnológicos en apenas seis meses han sido posibles por la existencia de una potente estructura tecnológica en el Notariado, pero también por una decidida apuesta y una firme convicción de que la ley 11/2023 tenía como finalidad el uso de las tecnologías como vía para prestar un mejor servicio al ciudadano.

    Aprovecho estas líneas para expresar mi reconocimiento y gratitud a empleados y notarios que han tenido que gestionar en tiempo récord nuevas formas de hacer el mismo trabajo con el compromiso de siempre.

    La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -que usted ostentaba antes de desempeñar su nuevo cargo- es el centro directivo del que depende el Notariado. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas desde el Ministerio en colaboración con estos operadores jurídicos?

    Gracias a la regulación del protocolo electrónico notarial en la Ley del Notariado, ya en vigor desde el pasado 9 de noviembre de 2023, vamos a conseguir una circulación más ágil del documento notarial con las copias electrónicas autorizadas dotadas de código seguro de verificación. Asimismo, se incluye la consulta digital motivada de un índice único informatizado general por el Consejo General del Notariado y las Administraciones Públicas y la introducción de un nuevo artículo que permite el otorgamiento de ciertos instrumentos a través de videoconferencia y comparecencia electrónica, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos.

    Durante esta legislatura será necesario abordar la reforma del Reglamento hipotecario y el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, para adaptar los mismos a la Ley 11/2023 y desarrollar reglamentariamente aquellos aspectos que sean necesarios.

    Coincidiendo con el 25 Aniversario de su creación, ¿cuál cree que es la principal aportación de la Fundación Æquitas del Notariado?

    Efectivamente, se cumplen 25 años desde que el Consejo General del Notariado adoptó el acuerdo de constituir una fundación que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas.

    No se puede hablar de autoridades en materia de discapacidad en España sin que la fundación Æquitas se perciba como un referente. Las actividades que realiza, su implicación en la búsqueda de soluciones, sus propuestas de reforma, la manera en la que cuenta, no solo con las voces autorizadas de notarios sino de otros colectivos, me permiten afirmar que a lo largo de estos 25 años la fundación ha estado al servicio de la sociedad y en particular, al servicio de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con el único objetivo de darles dignidad, mejorar sus vidas mediante el análisis de la realidad que perciben los notarios en su día a día y que les permite desde ese observatorio privilegiado, en unión de otros actores, analizar, reflexionar y proponer mejoras legislativas que redunden en beneficio de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o personas mayores.

    Antes de incorporarse al Ministerio ejerció en las fiscalías de diferentes plazas y fue vocal del Consejo Fiscal. ¿Echa de menos esa vertiente profesional?

    Mi etapa como Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha sido maravillosa. Me ha permitido aprender mucho, sobre todo, ramas del derecho que tenía olvidadas, conocer otras profesiones, como la vuestra, coincidir con personas que se han convertido en amigas. Esta etapa me ha permitido crecer profesional y personalmente. Ahora continuo en el ministerio en otra labor que es menos desconocida para mí pero en la que tengo mucho que aprender. De momento, no echo de menos ejercer como fiscal, profesión a la que volveré tarde o temprano porque en la vida, como dice Azorín, casi todo es ver pasar y ver volver

    Aunque el contenido que publica sea, sobre todo, personal, es una usuaria habitual de las redes sociales. ¿Considera que estos canales pueden resultar útiles para la Administración de Justicia?

    Cada vez soy menos activa en Twitter. En Twitter, si se sabe elegir y aislar el enorme ruido que hay, se encuentra información, opiniones y divertimiento. Las redes sociales se han revelado un instrumento muy útil de comunicación institucional debido a la gran implantación que tienen en la ciudadanía.

    Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, las redes sociales sirven para acercar la justicia a la ciudadanía. Por ejemplo, desde la cuenta en X del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (@justiciagob) informamos sobre los diferentes proyectos que estamos impulsando para lograr una justicia moderna, eficiente y orientada a los cuidados.

    Hay una cuenta en X muy interesante para los operadores jurídicos que es la de Transformación Digital de la Justicia y LexNET (@lexnetjusticia) en la que se informa de los diferentes proyectos de transformación digital desarrollados por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, muchos de ellos dirigidos a facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, en especial de los grupos más vulnerables, como las personas mayores o con discapacidad.

     

    MI RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A EMPLEADOS Y NOTARIOS QUE HAN TENIDO QUE GESTIONAR EN TIEMPO RÉCORD NUEVAS FORMAS DE HACER EL MISMO TRABAJO CON EL COMPROMISO DE SIEMPRE

     

    También la cuenta de nuestro Centro de Estudios Jurídicos (@cejmjusticia), en la que además de informar de las actividades formativas que se realizan, recientemente han divulgado la convocatoria de las Becas Seré para preparar las oposiciones a la Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.

    Luego hay cuentas en X de notarios, (no me gustaría citar ninguna para que no se ofendan los preteridos) interesantísimas o la cuenta de Notarios y registradores (@NNyRR) que hacen una verdadera labor de divulgación.

    En definitiva, las redes sociales permiten a las instituciones dirigirse a la ciudadanía sin intermediarios para mostrar el trabajo que están haciendo al servicio de esta. Las redes sociales son como la vida real, hay que saber elegir a quien realmente merece la pena.