-Cómo entiende la función de la Abogacía General del Estado en la actualidad?

– Uno de los mayores atractivos a mi juicio de ser abogado del Estado es el hecho de que nuestra transversalidad nos permite prestar servicios en lugares y con funciones diferentes —así se lo recordaba a la nueva promoción hace unos días—. Eso hace posible, para el que así lo desee, construir carreras profesionales diversas y que se ajusten además a los planes personales de cada cual. Ello también permite vivir distintas culturas administrativas -en la Administración General del Estado, en la Agencia Tributaria, o en otras entidades, sean organismos públicos o parte del sector público empresarial—; trabajar en la periferia o en servicios centrales; incluso prestar servicio en España o en el extranjero. Cabe también terminar en el sector privado, y cada vez de modo más frecuente, volver de él.

En mi caso todo ello se ha combinado y esta variada experiencia me permite atender mi responsabilidad como Abogado General del Estado habiendo conocido de primera mano las necesidades y fortalezas de cada uno de esos destinos. A lo que se une disponer de cada vez más datos que permiten tomar decisiones —sobre cobertura de puestos, utilización de refuerzos, recompensa de esfuerzos— más cercanas cada vez a la realidad.

“GESTIONAR EL DESPACHO JURÍDICO CON MÁS ASUNTOS CONSULTIVOS Y CONTENCIOSOS Y HACERLO CON EL SELLO DE CALIDAD HISTÓRICO DE ESTA INSTITUCIÓN ES EL GRAN DESAFÍO”

-¿Como ve hoy el papel de la Abogacía del Estado en la arquitectura jurídica y administrativa de España?

– Todo gran país debe tener una gran Administración que desarrolle más eficientemente sus funciones. Eso supone, en consecuencia, más demanda de informe jurídico y más recursos contras sus resoluciones. En resumen, una asistencia jurídica más exigente tanto cuantitativamente como cualitativamente. El número de solicitudes de informes y pleitos de la Administración General del Estado tiende a crecer; se miden por decenas de miles anuales respectivamente, y se acumulan en el tiempo. Gestionar el despacho jurídico con más asuntos consultivos y contenciosos y hacerlo con el sello de calidad histórico de esta institución es el gran desafío.

-¿Y cómo lo enfrentan?

– Para enfrentarlo, en primer lugar, necesitamos cada vez de más recursos humanos. Ello nos ha llevado a cuidar especialmente nuestra política de atracción y retención de talento, lo que nos permite hoy día rozar máximos históricos en el número de abogadas y abogados del Estado en activo, y personal auxiliar jurídico y administrativo, sumando en total más de 800 personas; algo muy positivo y totalmente a contracorriente en la Administración. Pero todo ello respetando la dificultad de nuestras oposiciones, que son santo y seña de nuestro cuerpo desde su creación. Y contamos con más recursos materiales, destacando los vinculados a la digitalización, que permiten respuestas más rápidas y coordinadas: bases de datos, robotización, gestión del dato, gestión del conocimiento; todo ello mediante nuevas aplicaciones e inteligencia artificial, que son conceptos que vamos introduciendo en nuestra forma de trabajar. Un intangible añadido, del que carece cualquier otro despacho de abogados, es que la cooperación entre abogados en nuestro caso solo puede sumar, y de ahí que se deba fomentar.

Sentimos que la Abogacía General goza de buena salud y le hace ser optimista para emprender tales retos.

“NOSOTROS SOMOS ABOGADOS, Y NO SE EJERCE DE MANERA LEAL Y EFICAZ LA FUNCIÓN DE LA ABOGACÍA SINO DENTRO DE LA MÁS ESTRICTA DISCRECIÓN”

-Ha desempeñado un papel muy relevante en el ámbito del Derecho de la Unión Europea y la cooperación jurídica internacional, participando en la negociación de directivas y reglamentos en materias tan sensibles como la Fiscalía Europea, el terrorismo o la preinsolvencia.

– En efecto. Primero como consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -con funciones negociadoras de textos normativos como los citados y otros-, y después como director general de Cooperación Jurídica Internacional-concluyendo varias negociaciones de textos normativos en negociación directa con la Comisión y el Parlamento Europeo durante nuestra presidencia en el segundo semestre de 2023-. Desde luego todo ello me ha ayudado a conocer desde sus orígenes textos normativos que después aparecieron -o habrán de aparecer- asumidos por nuestra legislación.

Pero además de ello y completando las respuestas anteriores, esa experiencia fue especialmente enriquecedora. Cuando hay que escuchar otros 26 puntos de vista de los demás miembros del Consejo, en diferentes idiomas, y conciliarlos con los intereses de la Comisión y del Parlamento, se aprende a escuchar. Y a saber que por mucho que se alce la voz o que se repitan las mismas ideas, no se va a favorecer la posición nacional: para eso, mejor es razonar, centrarse en objetivos esenciales, prescindir de los no esenciales, negociar…Eso marcó mi forma de trabajar, llegando a consensos con quien piensa de modo diferente y tiene intereses contrapuestos.

 –¿Cómo influye el Derecho comunitario en el Derecho nacional?

– La influencia es mayor de lo que creemos. Solo en la presidencia española de 2023 se aprobaron más de 80 normas europeas —cinco en el ámbito de la Justicia—, lo que por otro lado constituyó un récord —cuya digestión a la hora de su transposición no resulta fácil—.

También la labor del Tribunal de Justicia en ocasiones fuerza cambios normativos, por vía de derogación o de exigencia de nueva regulación.

Es por ello que en muchas ocasiones nuestra subdirección de Asuntos de la Unión Europea coadyuva a los compañeros de consultivo o de contencioso para analizar pleitos o informes, y no limitan su actuación a la defensa del Reino de España en procedimientos de infracción o asuntos ante el Tribunal de Justicia.

“LA MEJOR MANERA DE EVITAR INCENDIAR LA CONVIVENCIA ES NO ECHAR “LEÑA AL FUEGO” Y LIMITARNOS A EXPONER NUESTRA POSICIÓN JURÍDICA EN LOS FOROS EN QUE TRABAJAMOS”

-En un tiempo de polarización, la ciudadanía mira con lupa las decisiones de los poderes públicos. ¿Qué puede hacer la AGE para reforzar la confianza de la sociedad?

– La polarización es un problema político y sociológico que se da en muchas partes del mundo. Es global. Tiene raíces propias de sociedades avanzadas. Y en efecto, con sus peculiaridades, también aparece en España.

La Abogacía General del Estado, conforme a la Ley 52/1997, asume el asesoramiento, la representación y la defensa jurídica del Estado, que incluye a toda la Administración General del Estado, sin perder de vista que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado conforme al artículo 97 de la Constitución.

Dentro de ese marco, que no ha cambiado ni en su fundamento normativo ni en su aplicación práctica, como institución, se nos plantea una disyuntiva.

-¿Qué disyuntiva?

– En primer lugar, podemos continuar desempeñando nuestro trabajo, el ejercicio de nuestras funciones, del modo más fundado posible en derecho, como siempre hemos hecho. Y hacerlo sin dar respuesta a quienes en ocasiones lo cuestionan, a veces desde parámetros no jurídicos, que son los únicos que consideramos para su ejecución.

Cabría teóricamente otra opción: divulgar nuestra posición en cada asunto en que somos mencionados, ofreciendo datos que desmienten algunas de las manifestaciones erróneas que se han podido verter sobre la actuación de la Abogacía del Estado, lo cual a su vez desmontaría cualquier relato polarizador. Pero precisamente por su naturaleza, no es lo que se puede esperar de esta institución. No hemos de olvidar que, a diferencia de otras instituciones cuyas funciones se desempeñan directamente a favor de la ciudadanía, nosotros somos abogados y no se ejerce de manera leal y eficaz la función de la abogacía sino dentro de la más estricta discreción.

Además, la mejor manera de evitar incendiar la convivencia es no echar “leña al fuego” y limitarnos a exponer nuestra posición jurídica en los foros en que trabajamos. Generalmente con éxito y últimamente con tasas de éxito crecientes.

“LA DIGITALIZACIÓN -JUNTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE NUESTRAS ESTRUCTURAS- DETERMINA LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN”

-Seguridad jurídica, control de legalidad y confianza son pilares en los que se apoyan tanto el Notariado como la propia Abogacía del Estado. ¿Cree que la sociedad es plenamente consciente de ese “ecosistema” de garantías?

– Los grandes principios que fundan nuestras respectivas funciones y tanto el marco constitucional como la convivencia jurídica a nivel europeo son de enorme relevancia, y por un uso inveterado, los damos por descontados, sin estarlo.

Tanto el abogado del Estado informando en derecho las cuestiones que se le someten a su parecer, garantizando el mejor acierto en la decisión de la Administración consultante, como el notario que ofrece certeza y seguridad a los particulares que reclaman sus servicios, contribuyen día a día a reforzar el Estado de Derecho, algo esencial para la sociedad, sea ésta plenamente consciente de ello, como presuponíamos, o no, en cuyo caso habremos de perseverar en la conciencia pública de su relevancia.

-La transformación digital, la inteligencia artificial y el uso masivo de datos están cambiando la forma de trabajar de todos los operadores jurídicos. ¿Qué hoja de ruta se ha marcado para adaptar la Abogacía General del Estado a este nuevo entorno sin perder rigor técnico ni independencia de criterio?

– La digitalización -junto a la especialización y la flexibilización de nuestras estructuras- determina los últimos cambios de nuestra organización, en pos de una mayor e imprescindible eficiencia. La digitalización en nuestro caso supone la creación de una base de datos única para todos los expedientes contenciosos y consultivos, incorporando los últimos avances de las herramientas en web; la automatización de los procesos mediante bots; el uso de la inteligencia artificial mediante herramientas tanto del mercado como propias, y la mejora de la gestión del conocimiento para un acceso rápido a los documentos.

En el caso de la inteligencia artificial, usamos aplicaciones que no extraen los datos tratados fuera de la organización, beben de fuentes propias de la Abogacía, tan numerosas por el volumen de consultivos y contenciosos, y son diseñadas como herramienta de ayuda a la labor humana que dirige el proceso.

-La función notarial es una figura clave de la seguridad jurídica preventiva en el tráfico civil y mercantil. Desde su perspectiva, ¿qué papel asigna al Notariado en la prevención de conflictos y en la buena ejecución de las políticas públicas, especialmente en ámbitos como la contratación, la empresa o la vivienda?

– Es innegable que la función clásica notarial dando fe pública de la actividad civil y mercantil siempre ha sido clave para sociedades que disfrutan de seguridad jurídica, mediante la prevención o a priori. Solo por ello la importancia de la función es esencial.

Pero, por otro lado, una sociedad que se construye sobre la necesaria judicialización de los conflictos, donde la seguridad jurídica se construye a posteriori, termina siendo una sociedad donde la administración de la Justicia resulta onerosa y poco accesible para gran parte de la población, que no cuenta con los recursos necesarios. Todo ello justifica sobradamente la función notarial. Además, su cada vez mayor inmediatez y alcance, con la integración de la digitalización, hace todavía más útil a la misma.

Esta fue una de las principales conclusiones que alcanzaron los representantes del Notariado y la Guardia Civil en la primera jornada de cooperación entre ambos organismos, celebrada el 27 de febrero en la Comandancia de Barcelona.

Otra pieza fundamental de esta colaboración es el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, que desde 2005 cruza las operaciones sospechosas que le comunican los notarios con la información contenida en dicho Índice, identificando operaciones presuntamente delictivas que traslada a la Guardia Civil y otros organismos de lucha contra la delincuencia.

CONCEPCIÓN BARRIO: “HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE CUANDO LAS INSTITUCIONES COLABORAN SE REFUERZA LA CADENA DE GARANTÍAS QUE SUSTENTA NUESTRA SOCIEDAD”

Seguridad jurídica y ciudadana

“En esta jornada hemos podido comprobar que cuando las instituciones colaboran se refuerza la cadena de garantías que sustenta nuestra sociedad, porque seguridad jurídica y seguridad ciudadana no son realidades separadas, sino que se necesitan y se complementan”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

La presidenta hizo hincapié en el gran valor para la sociedad que tienen las herramientas de las que dispone el Notariado, como el OCP -que cumple su vigésimo aniversario- o la Base de Datos de Titularidad Real, que se nutren de los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial. “Estos datos son auténticos; provienen de documentos públicos como lo son las escrituras notariales, mientras que el documento privado se mueve en el ámbito de la opacidad y el fraude”, enfatizó.

De igual parecer fue Pedro Antonio Pizarro, general jefe de la 7ª zona de Cataluña de la Guardia Civil, quien señaló “la gran importancia de poner en común las buenas prácticas del Notariado con las herramientas de investigación de la Guardia Civil para fortalecer los sistemas de prevención del Estado en un escenario complejo de delincuencia organizada y ciberdelincuencia”. El general jefe destacó igualmente el desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado y las posibilidades que ofrece a la Guardia Civil y las autoridades competentes, “con la centralización de toda la documentación y para la consulta de información. Una herramienta que permite garantizar la seguridad jurídica de todas las transacciones”.

PEDRO ANTONIO PIZARRO: “ES MUY IMPORTANTE PONER EN COMÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL NOTARIADO CON LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL”

Así lo señaló también el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, quien elogió el trabajo de la Guardia Civil y la labor del Notariado, que tachó de “imprescindible”, a través de su Centro Tecnológico y del OCP, por “entender siempre que la prevención del delito se construye también, y de forma muy relevante, desde el ámbito jurídico y documental; desde la observación, el análisis y los protocolos de actuación, con una relación de confianza y constante trabajo entre cuerpos del Estado».

En la mesa inaugural tomó parte, asimismo, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, que destacó las sinergias y similitudes existentes entre el Notariado y la Guardia Civil. “Somos los cuerpos del Estado con mayor capilaridad, llegamos a los pueblos más pequeños de nuestro país. Y compartimos una clara vocación de servicio público: nuestro objetivo siempre es el servicio al ciudadano”, remarcó.

La comunicación fluida entre ambos cuerpos resulta fundamental -subrayó el decano: “Por eso hemos reunido aquí a representantes de todas las provincias de España, con el fin de fomentar esa conexión con un enlace por provincia, para poder realizar consultas y compartir información. Juntos debemos buscar siempre la prevención: la actuación no será necesaria si logramos prevenir el delito”.

CARLOS PRIETO ELOGIÓ EL TRABAJO DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL NOTARIADO, POR “ENTENDER QUE LA PREVENCIÓN DEL DELITO SE CONSTRUYE TAMBIÉN DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO Y DOCUMENTAL”

Marco de cooperación

Las diferentes mesas redondas y ponencias pusieron el foco sobre el marco de cooperación y los canales de comunicación existentes, los mecanismos de prevención y detección de operaciones de riesgo, la organización de las unidades y las capacidades de investigación de la Guardia Civil y el análisis de casos prácticos.

La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, compartió panel con un componente de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) que presentó la estructura de las unidades de la Guardia Civil y sus ámbitos de actuación, destacando el valor de las bases de datos notariales para investigaciones patrimoniales, embargos y recuperación de activos, y la utilidad de herramientas como el mapa accionarial para realizar un seguimiento de la titularidad real y las relaciones societarias.

Iglesias insistió en el carácter eminentemente preventivo de la función notarial, que “permite que muchos conflictos no lleguen a producirse”. Los notarios intervienen antes de que surja el conflicto, garantizando la identidad de los otorgantes, su capacidad jurídica y libertad para el otorgamiento, el consentimiento informado, la legalidad del acto y la posterior conservación segura del documento. “Tenemos un deber de información y asesoramiento a los ciudadanos”, reiteró.

JOSÉ ALBERTO MARÍN: “JUNTOS DEBEMOS BUSCAR SIEMPRE LA PREVENCIÓN: LA ACTUACIÓN NO SERÁ NECESARIA SI LOGRAMOS PREVENIR EL DELITO”

Tras ellos, Pedro Galindo, director del OCP, presentó el funcionamiento de este órgano, los sistemas de comunicación y alertas y la coordinación con instituciones y cuerpos policiales como el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera de España: “Desde su creación en diciembre de 2005, OCP ha contestado más de 380.000 requerimientos de información de las autoridades. No hay una sola institución en España que haya contestado más requerimientos de información”.

Colaboración institucional e internacional

La decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, moderó la mesa en la que intervino un responsable de la Unidad de Policía Judicial de Zona Cataluña (UPJZ) y un representante de la Jefatura de Información. Ambos ahondaron en las diferencias entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, delitos que «no son de cuello blanco», sino que implican grandes organizaciones criminales. Se abordaron los riesgos particulares de las criptomonedas y la inteligencia artificial y los flujos económicos transfronterizos, que necesitan de la coordinación con organismos internacionales como Europol e Interpol.

En el último panel participaron representantes de la Jefatura de Información y de la UCO, junto a Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quienes comentaron experiencias reales de colaboración y casos prácticos. García Fresno desgranó cómo puede el Órgano ayudar directamente a las investigaciones de la Guardia Civil: “Esta colaboración es siempre exitosa. Hemos construido un sistema mediante el cual la Guardia Civil -y otros organismos- pueden acceder a nuestra información casi en tiempo real y, en minutos, tener una fotografía de las operaciones que se realizan en todas las notarías de nuestro país”.

Moderaron las intervenciones un componente de UPJZ Cataluña y el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, quien defendió -al cierre- la importancia de reflejar la transmisión de participaciones y las operaciones societarias en escritura pública.

En la última entrega de despachos de jueces en Barcelona todo el mundo quería conocer a Paulino Martín. Incluso el rey Felipe VI preguntó por él. Apareció el tal Paulino en medio de los ya 121 jueces de la 74 promoción de la Escuela Judicial, todos con una edad media de 29 años. El Rey le dijo: “Tiene un mérito enorme”  y es que Paulino tiene 65 años. Si bien no estaba en paro, era abogado, dio un acelerón con volantazo a su vida profesional que le llevó a sacar las oposiciones para ser juez.  No le importó que solo le resten cinco años de ejercicio en la judicatura, el máximo son 70, prorrogable a dos más.

EL DESEMPLEO ENTRE LOS MAYORES DE 50 AÑOS ES EL 30% DEL TOTAL EN ESPAÑA

En la calle

También está la cara b, la que no sale en los periódicos, como la de Armando Martínez Garrido. No es nombre ficticio, es real, dice que no tiene nada que esconder. Tiene 62 años y le acogen, porque lo perdió todo, en un centro de beneficencia de San Juan de Dios en Madrid. Soltero y sin hijos “afortunadamente, porque si no el drama sería terrible”, confiesa. Este economista tenía una gestoría en Huelva: “Era autónomo. Llega la crisis del 2007. Los clientes dejan de pagarme hasta que en el 2013 tengo que cerrar. A partir de ahí viví de mis ahorros. Con cincuenta y pocos busqué trabajo de lo que había. Hasta de mozo en unos grandes almacenes. Pero cuando me vio el responsable me dijo que yo no daba el perfil. Que le daba vergüenza, con mi currículum y mi edad, mandarme a por cajas”.

Después vino lo peor “en el 2019 se agotaron mis ahorros, no tengo familia de apoyo, y acabé en la calle. Afortunadamente, no caí en el alcohol. Ahora me acoge la beneficencia de San Juan de Dios. A mi edad (62) he tirado la toalla. Los seis años que pasé viviendo en la calle me provocaron problemas de salud en corazón y riñones que me han convertido en un incapaz laboral”.  Ahora cobra los 733,60 € del ingreso mínimo vital. Asegura que no puede irse a una habitación porque apenas le quedaría para comer y “además solo quieren estudiantes que estén hasta verano para luego alquilarla a turistas”.  Hacemos una consulta rápida a portales de anuncios y vemos que, efectivamente, las habitaciones rondan los 500 euros y mayoritariamente se solicitan estudiantes.

SE LES CONSIDERA QUE NO TIENEN CAPACIDAD DE AMOLDARSE A LOS ESCENARIOS QUE PLANTEAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Generación bisagra

Armando no tenía familiares a su cargo. Pero lo habitual es que los mayores de 50 años sean una generación bisagra: están en medio. Pagan hipotecas o alquileres caros y a la vez ayudan a hijos que no logran emanciparse y además se ocupan de sus padres que, aunque tienen mayor esperanza de vida, no siempre es de calidad. Pese a que se han adaptado a una revolución digital partiendo de unas condiciones en la que lo más avanzado era un ordenador Spectrum de 128k que cargaba los programas en “cassettes”, ahora se les considera que no tienen capacidad de amoldarse a los escenarios que plantean las nuevas tecnologías.

Todos los datos coinciden en lo preocupante de la situación. Los cincuentones, séniores, fiftiers (denominación que ahora parece que está más de moda), generación bisagra…, distintos nombres para una misma situación: se han quedado con el paso cambiado.

MUCHOS CANDIDATOS SÉNIORES PERCIBEN QUE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE LES DESCARTA POR MOTIVOS DE EDAD

Prejuicios y estereotipos

La realidad coincide con la estadística, un estudio de Randstad revela que muchos candidatos séniores perciben que en los procesos de selección se les descarta por motivos de edad. Creen que son percibidos injustamente como menos adaptables, menos actualizados tecnológicamente y más costosos, aunque no exista evidencia sólida que sostenga estos prejuicios.

Desireé García es directora del Proyecto SAVIA, que une a la Fundación Endesa y Fundación Máshumano para impulsar el talento sénior que se ha quedado desvinculado del mercado laboral. Desireé coincide en que “hay prejuicios y estereotipos asociados a la edad: como que les resulta más difícil adaptarse a los nuevos entornos laborales, tienen expectativas salariales más altas o que gozan de peor salud que los jóvenes”.

El caso es que un interesantísimo estudio empírico les da la razón.  Lo realizó la fundación Iseak en 2023.  Se enviaron alrededor de 1.600 currículos ficticios a más de 800 vacantes de empleo reales en País Vasco, Barcelona y Madrid. Era dos por cada una de las vacantes: uno de  una persona de 35 años y otro de 49 años. Eran el mismo perfil pero adecuado a la edad, así el de 49 años tenía más experiencia. ¿A quién creen que llamaron más para una entrevista? Efectivamente, a los de 35 años. Al grupo de jóvenes les contactaron casi el doble de veces para hacer una entrevista de trabajo (un 7,6%) que a los mayores (un 3,7%).

Los subsidios

Hay una franja entre los 50 a los 52 años en los que se ha fijado la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). A partir de los 52 años existe un subsidio, no es el IMV que cobra Armando, de 480 euros mensuales en 12 pagas que se puede cobrar hasta los 66 años. Para optar a esta ayuda sólo para mayores de 52 es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, al menos 2 en los últimos 15 y no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como ingreso personal. Además, el Servicio de Empleo cotiza, de cara a su jubilación, por mucho más de lo que sénior percibe.  Aporta el equivalente a un salario de 1.726 euros y no al de 480 euros de ayuda. Lo que la OCDE advierte en su informe es que el desempleo de larga duración aumenta bruscamente a los 52 años, justo la edad a la que se accede a ese subsidio especial. Así, mientras que a los 50 años solo menos del 5% lleva más de un año en desempleo, a los 52 esa cifra supera el 40%”.

Asi pues,  la OCDE no ve apropiado este subsidio: “Aunque este apoyo protege a quienes realmente lo necesitan, su diseño puede, de forma no intencionada, debilitar los incentivos a volver al trabajo, incluso para quienes desearían hacerlo. Para muchos beneficiarios mayores, aceptar un empleo a un salario bajo implica perder tanto el subsidio como las cotizaciones a la pensión que se acreditan durante el desempleo, de modo que la ganancia neta de trabajar puede ser muy reducida”.

Mirar hacia adelante

Tan cierto lo que dice la OCDE como el edadismo que comprobó la fundación Iseak. Además, hay otro factor fácil de entender: el nivel de compromiso con el empleador se presume mayor a un sénior que a un joven.  La experiencia de desempleo prolongado provoca estrés, y un fuerte impacto emocional. Perder un empleo a los 50 o 55 años no es lo mismo que a los 25 que se puede reconducir con más margen una carrera profesional que en el caso de los 50 está tocando a su fin. Por eso, como señalan multitud de consultoras de recursos humanos, los mayores de 50 son más leales a la empresa porque valoran mucho más su empleo.  

Por eso, como defiende Desireé García de SAVIA, “una sociedad como la nuestra no puede permitir que su talento más cualificado se desaproveche. Por eso, impulsamos un movimiento social a para valorar más a nuestros profesionales sénior”.

No solo lo dicen sino que también lo hacen. A través de su web los parados de más de 50 años se pueden asociar gratuitamente. “Aquí encuentran formación y acompañamiento laboral para los que quieren dar un cambio a su vida profesional, incluso creando su propio negocio. De hecho, tenemos los Premios +50 Emprende para los emprendedores sénior”, señala Desireé. “Algunos de ellos, tras pasar por nuestros programas han dado un giro radical a su vida”. Por ejemplo, nos cuenta como profesionales de las finanzas que se han reinventado poniendo una floristería y otros del ámbito multinacional que han creado una empresa sobre cómo, aprovechar mejor las azoteas como zonas verdes.  “También favorecemos, por ejemplo, el contacto entre los mayores de 50 años para poner en marcha proyectos juntos” concluye Desirée.

¡La imaginación al poder! El célebre eslogan de mayo del 68 francés parece un símil de vuelta a la actualidad. Al menos en lo relativo a la necesidad de adoptar enfoques capaces de afrontar el sudoku de las pensiones. Un rompecabezas al que España tendrá que hacer frente en el corto plazo, habida cuenta de que la cohorte más voluminosa de la historia, compuesta por más de siete millones y medio de ciudadanos -los nacidos entre 1957 y 1977-, tiene previsto alcanzar el deseado retiro en los próximos años.

Vuelta de tuerca

Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reactivado el proyecto normativo que presentó en verano y retoma ahora la negociación con patronal y sindicatos para tratar de cerrar uno de los últimos aspectos incluidos en los cambios generales diseñados en su día por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

La reforma de la jubilación flexible, o reversible, tiene por objetivo hacer más atractivo el hipotético regreso al mercado laboral para quienes ya se han retirado, al permitir al pensionista que así lo decida compatibilizar momentáneamente el cobro de una parte de su pensión con la remuneración de un empleo a tiempo parcial, recalculando su pensión mientras ejerce la actividad.

No obstante, el tiempo trabajado en esta modalidad no contará para ampliar los periodos de cotización ni para acceder a incentivos por jubilación demorada, de modo que las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible no tendrán impacto en la mejora de la pensión ya reconocida.

En la actualidad, esta opción de retiro, vigente desde 2002, se considera residual. De hecho, según datos oficiales, del total de pensiones contributivas existentes a marzo de 2025 (algo más de 6,5 millones) apenas algo más de 3.000 correspondían a esta modalidad, un exiguo 0,05%. Por el contrario, otras modalidades consideradas más atractivas, como la demorada, ya sumaba casi 25.000 altas en julio pasado en comparación con las más de 34.000 registradas en todo el 2024. 

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS MAYORES EN ESPAÑA SIGUE SIENDO SIGNIFICATIVAMENTE MÁS BAJA QUE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS.

Evolución necesaria

La medida, aún en fase de negociación, plantea cambios sustanciales en la regulación vigente al incrementar la jornada mínima exigida para compatibilizar trabajo y pensión, introducir mejoras económicas para quienes opten por prolongar su actividad y ampliar el acceso a los trabajadores autónomos, aunque en este caso con ciertas restricciones.

La propuesta del Ministerio de Inclusión establece que quienes soliciten regresar al empleo bajo esta modalidad deberán trabajar entre el 40% y el 80% de una jornada ordinaria. Actualmente, el mínimo permitido es del 25%, un umbral que la Administración considera demasiado bajo para generar un impacto relevante, tanto en términos de cotización como de productividad.

A cambio de este aumento en la exigencia sobre la jornada, el Ejecutivo plantea una mejora en la cuantía de la pensión que seguirán percibiendo los jubilados que opten por continuar en activo. El incremento oscilaría entre el 10% y el 20% en función del número de horas trabajadas. Cuantas más, mayor será la porción de su pensión reconocida sólo durante el tiempo en que se mantenga en el empleo.

La finalidad, según fuentes gubernamentales, sería compensar el esfuerzo de quienes opten por combinar, tras la jubilación, una parte de su descanso con una actividad profesional que, en paralelo, contribuiría al mantenimiento de la Seguridad Social.

La reforma se enmarca en un contexto complejo que incluye el envejecimiento de la población, el incremento sostenido del gasto en pensiones y el mencionado retiro masivo de los boomers. Con la jubilación flexible, la Administración espera aumentar tanto la tasa de empleo de los mayores como la recaudación vía cotizaciones, sin renunciar al principio de sostenibilidad que ha inspirado las últimas reformas del sistema.

En este contexto, los expertos coinciden en que la participación laboral de los mayores en España sigue siendo significativamente más baja que en otros países europeos. Mientras en el norte del continente es habitual encontrar trabajadores de entre 67 y 70 años en empleos a tiempo parcial, en España esta opción ha sido tradicionalmente marginal. Según estadísticas oficiales, menos del 1% de los pensionistas compatibilizan en estos momentos una actividad laboral con su prestación.

1.500 EUROS Y 65,2 AÑOS SON LA PENSIÓN Y LA EDAD MEDIA DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA EN 2025.

Autónomos: bienvenidos

Una de las novedades propuestas más destacadas es la incorporación de los trabajadores por cuenta propia a esta modalidad. Hasta ahora, los autónomos contaban con otros mecanismos, como la jubilación activa, pero no podían acogerse a la jubilación flexible en los mismos términos que los asalariados. Con la presente propuesta, pasarían a tener acceso, aunque con limitaciones en la mejora de la pensión.

Mientras los trabajadores por cuenta ajena podrían beneficiarse del incremento de entre el 10% y el 20% en la cuantía de su prestación durante la actividad parcial, los autónomos verían restringido este incentivo. El Gobierno argumenta que su integración debe ser progresiva y compatible con otros mecanismos ya disponibles en su régimen especial.

Organizaciones representativas del colectivo han reclamado que las mejoras sean equivalentes para todos, alegando que el esfuerzo laboral realizado es similar y que el sistema debe evitar discriminaciones. El debate, por tanto, seguirá abierto en los próximos meses.

Sin retroactividad

Otra de las claves de la reforma es que no afectará a quienes ya están disfrutando de la jubilación flexible bajo las normas anteriores. El Ejecutivo ha aclarado que se respetarán las condiciones vigentes para estos pensionistas, lo que evitará posibles conflictos legales y garantizará la seguridad jurídica de quienes tomaron su decisión en función de un marco normativo anterior.

Esta postura ha sido valorada positivamente por sindicatos y asociaciones de pensionistas, que habían advertido desde el inicio del debate que cualquier modificación con efectos retroactivos generaría incertidumbre y podría penalizar a quienes llevaban años combinando trabajo y pensión en condiciones pactadas previamente.

La propuesta sigue a debate en el marco del diálogo social. Las negociaciones todavía pueden introducir ajustes, especialmente en lo relativo a los porcentajes de jornada, los incentivos económicos y la inclusión de los autónomos.

El departamento que encabeza Elma Saiz ha mostrado su disposición para suavizar algunas exigencias, como el mínimo de jornada exigido para compatibilizar empleo y pensión, y también en torno al aumento de los incrementos adicionales aplicados a la prestación.

En definitiva, las autoridades buscan modernizar un instrumento con un impacto limitado, pero que podría convertirse en una pieza más en la estrategia para equilibrar el sistema de pensiones y fomentar el envejecimiento activo de la población.