Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 48% de la población española piensa que la Justicia funciona mal o muy mal, y un 61% considera que le faltan sobre todo jueces, medios informáticos y personal auxiliar. Sin embargo, los datos no confirman estas tres carencias.

EN CONTRA DE LO QUE PERCIBE LA OPINIÓN PÚBLICA, LA JUSTICIA ESPAÑOLA NO CARECE DE MEDIOS, PERO SUS INDICADORES DE EFICIENCIA NO MEJORAN COMO CABRÍA ESPERAR

En primer lugar, en los últimos 20 años el número de jueces en España ha pasado de 3.748 a 5.593, casi un 50% más. En cuanto a los medios informáticos, el último informe elaborado por la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) revela que España lidera, junto a Estonia y Austria, el ranking de equipamiento en tecnologías de la información en el sistema judicial. Por último, con respecto al personal auxiliar, el número de personas que trabajan en la Administración de Justicia española que no son jueces es casi el doble que en la Unión Europea (105,7 por cada 100.000 habitantes en España frente al 55,7 de media europea).

Por tanto, en contra de lo que percibe la opinión pública, la Justicia española no carece de medios. Sin embargo, sus indicadores de eficiencia no mejoran como cabría esperar. La denominada “tasa de congestión” (resultado de dividir la suma de los asuntos pendientes al comienzo del año más los ingresados entre los resueltos a lo largo del año) ha ido en aumento desde 2015. En líneas generales, también ha crecido el tiempo medio que los asuntos están en los juzgados con respecto a hace cincos años, con la única excepción de los juzgados de lo Mercantil que, aun así, tienen plazos muy superiores al resto.

Descongestión necesaria

Esta situación hace imprescindible abordar una serie de cambios estructurales que den lugar a un sistema judicial eficaz, que además inspire confianza a la ciudadanía. El proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia es una de las iniciativas que esperan conseguirlo. Esta norma es uno de los pilares legislativos del Plan Justicia 2030, el proyecto del Gobierno “para pasar de un modelo propio del siglo XIX a un modelo moderno y transformador del siglo XXI”, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

EN LÍNEAS GENERALES, EL TIEMPO MEDIO QUE LOS ASUNTOS ESTÁN EN LOS JUZGADOS HA AUMENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

El objetivo es agilizar la Justicia como servicio público mediante tres herramientas básicas: la inserción de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), la reforma de las leyes procesales y la introducción de medidas de transformación digital.
Los MASC permitirán negociar acuerdos entre las partes sin recurrir a los tribunales para reducir la sobrecarga de estos. Se aplicarán en los asuntos civiles y mercantiles, quedando excluidos los procesos penales; las materias concursal y laboral; y las cuestiones en las que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.

La nueva normativa exigirá además haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda de tipo civil o mercantil. Este requisito de procedibilidad se podrá cumplir mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

Se podrá acudir con abogado a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, aunque sólo será obligatorio cuando se formule una oferta vinculante por un importe superior a los 2.000 euros.

PARA DESCONGESTIONAR LOS JUZGADOS, LA NUEVA NORMATIVA EXIGIRÁ HABER INTENTADO UNA SOLUCIÓN CONSENSUADA ANTES DE INTERPONER UNA DEMANDA DE TIPO CIVIL O MERCANTIL

Reformas legislativas

El proyecto de ley contempla también la modificación de las leyes procesales -Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- con el fin de mejorar la celeridad de los procedimientos en el orden penal, contencioso-administrativo, civil y social.

Así, la reforma de la LEC introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando las garantías de su aplicación. También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. Del mismo modo, se podrán interrumpir los plazos o suspender los procedimientos por causas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, como el nacimiento y cuidado de un menor, enfermedad grave y accidente, el fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral.

Además, los cambios previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa añaden mejoras técnicas que regulen falta de jurisdicción y competencias, con el fin de evitar dilaciones innecesarias. También se establece el deber de los funcionarios de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos o electrónicos; y se agiliza el procedimiento abreviado.

Finalmente, habrá medidas encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento de los ciudadanos y profesionales a las oficinas judiciales. Para ello, se regularán los sistemas de autentificación e identificación y se generalizará la celebración de vistas y otro tipo de declaraciones a través de videoconferencias.

La Constitución Española reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna e impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones y desarrollar las normas que lo hagan efectivo.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Constitución no se ha aprobado ninguna ley estatal que regule el acceso a la vivienda. El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ahora se debate en el Congreso, sería la primera, si el gobierno y los grupos parlamentarios que la han apoyado logran un acuerdo sobre su contenido definitivo. Esta ley es también una de las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza los fondos europeos destinados a reparar los daños de la pandemia.

Uno de sus retos es reducir el desequilibrio existente entre la obra nueva y la actividad de rehabilitación, o entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler. Aunque la población que vive de alquiler en España ha subido en la última década del 20% al 25%, la media europea es del 30% y en Alemania alcanza el 50%.

Vivienda social.

Según las últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España hay unas 290.000 viviendas sociales en alquiler, lo que apenas cubre el 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en nuestro país.

Uno de los retos es reducir el desequilibrio existente en el mercado español entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler

Este parque público de viviendas es claramente insuficiente para atender las necesidades de los colectivos y hogares con escasos medios económicos. Es el caso, por ejemplo, de las personas jóvenes que tienen que retrasar la edad de emancipación por sus dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y acceder a una vivienda. Su situación ha empeorado con la crisis económica, que ha elevado la edad media de emancipación en España en 2020 a los 29,8 años, cuando la media de la Unión Europea es de 26,4 años.

La nueva ley apuesta por unos parques públicos que se nutrirán del desarrollo urbanístico y edificatorio de los suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar con fórmulas de colaboración público-privada. También integrarán el parque público las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas.

Las políticas de planificación públicas se articulan sobre dos categorías de vivienda protegida: la vivienda social y la vivienda de precio limitado.

El parque de vivienda social estará integrado por viviendas construidas sobre suelo público, destinado al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, para atender a los sectores de población con mayores dificultades económicas.

La vivienda protegida de precio limitado es aquella que está sujeta a limitaciones administrativas en los precios de venta y/o alquiler, por un plazo de tiempo determinado. Su volumen y características en cuanto a superficies y precios estará condicionado por la demanda de hogares en su ámbito territorial.

Como novedad, no se podrá volver a enajenar el parque de vivienda social, que será considerado un patrimonio permanentemente protegido. Con esto se quiere evitar que se repita la venta de este tipo de viviendas a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

También se incluye la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un periodo mínimo de 30 años para su descalificación en determinados supuestos. Hasta ahora, la mayoría de los 5,7 millones de viviendas protegidas construidas entre 1962 y el año 2020 han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler en plazos relativamente cortos.

Otro aspecto destacado es la introducción del concepto de vivienda asequible incentivada, como figura para incrementar la oferta a corto plazo. Entrarán en esta categoría aquellas viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, cuyo titular recibirá beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo, a cambio de alquilarlas a precios reducidos como vivienda habitual para personas que no pueden optar a una vivienda a precio de mercado.

Zonas tensionadas.

El texto legal establece que las Administraciones competentes podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, en las que se podrán aplicar medidas para equilibrar y bajar los precios del alquiler.

En este contexto se introduce también el concepto de “gran tenedor”, que es la persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en las zonas de mercado residencial tensionado podrán establecerse criterios adicionales para estos propietarios.

Para evitar la venta de viviendas sociales a fondos de inversión, con la nueva ley no se podrá volver a enajenar el parque de este tipo de vivienda

Entre los mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, se incentivará la incorporación de más inmuebles en alquiler para vivienda habitual. Además, en las viviendas arrendadas, el arrendatario podrá acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

En los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se limitará en estas zonas a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente). Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitada por el contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Habrá un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar el sistema de índices de referencia, que definirá la Administración estatal.

Viviendas vacías. La futura ley de vivienda especifica también que los ayuntamientos podrán aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, el actual recargo del 50% sobre la cuota líquida del IBI podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Finalmente, en los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables, se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones llegan, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses cuando el propietario sea una persona física, y de 3 a 4 meses cuando sea una persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir los casos de vulnerabilidad económica.

El Parlamento ha iniciado la tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – IIVTNU (procedente del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre).

Con esta reforma se ha subsanado el vacío normativo que generó la última sentencia del Tribunal Constitucional (del 26 octubre de 2021), sobre la determinación de la base imponible del IIVTNU o plusvalía. Concretamente, se admitía como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible, siempre que no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario. Además, se ha integrado la doctrina contenida en dos sentencias previas del mismo tribunal, de 2017 y 2019, sobre dicho tributo.

Modificaciones.

En consecuencia, la nueva legislación incorpora varios cambios sobre el impuesto de plusvalía. Uno de los más relevantes es que se han introducido dos nuevos métodos para calcular la base imponible del impuesto: un sistema objetivo y la plusvalía real. El contribuyente podrá acogerse al que le resulte más beneficioso.

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA ESTÁ OPERATIVO EN MENOS DE 4.000 MUNICIPIOS DE LOS 8.000 QUE TIENE ESPAÑA, INFORMA EL MINISTERIO DE HACIENDA

Por un lado, para calcular la base imponible según el sistema objetivo, se sustituyen los porcentajes aplicables sobre el valor del terreno por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión. Estos coeficientes se actualizarán anualmente con norma de rango legal –por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado–teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Además, las entidades locales tendrán competencia para rebajar el valor catastral (hasta un máximo del 15%) o los coeficientes, lo que contribuirá a que el impuesto muestre la realidad inmobiliaria concreta de cada zona o municipio.

Por otro lado, se da la opción de que el contribuyente pueda tributar por la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del bien, que será el resultado de restar el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método objetivo, podrá aplicar la real.

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el total.

Todos estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los ayuntamientos.

Sin ganancia no se tributa. La normativa recoge también el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación aquellas situaciones en las que no haya aumentado el valor de los terrenos, una circunstancia que deberá acreditar el contribuyente.

Otra novedad es que tributarán las plusvalías generadas cuando haya pasado menos de un año entre la fecha de adquisición y de transmisión, ya que pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.
Adaptaciones. Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto de plusvalía está operativo en menos de 4.000 municipios de los 8.000 que tiene España, y en más del 75% de estos la recaudación por este tributo representa menos del 3% de los ingresos fiscales totales.

Los ayuntamientos que tengan establecido este impuesto tienen seis meses desde la aprobación del real decreto ley para adaptar lo dispuesto la nueva normativa. Mientras, se aplicará lo dispuesto en el real decreto ley, de manera que, para la determinación de la base imponible del impuesto, se tomarán como referencia los coeficientes máximos marcados en este.

El 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea (UE) es ineficiente desde el punto de vista energético, lo que significa que gran parte de la energía consumida se malgasta. Los edificios son los mayores consumidores de energía y se encuentran entre los principales emisores de dióxido de carbono. La Comisión Europea recuerda que son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición.

En España, más de la mitad de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, cuando aún no había entrado en vigor la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y 9,7 millones de viviendas principales.

Además, más del 80% de las construcciones españolas tienen una calificación energética baja -letras E, F o G- tanto en emisiones como en consumo energético. Los edificios con la mejor calificación, la letra A, apenas representan el 0,3% del total en el caso de las emisiones y el 0,2 % en consumo energético.

Si a lo anterior se suma que el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y que el 40% de los que tienen cuatro plantas o más carecen de ascensor, la conclusión es que España tiene un parque de viviendas bastante envejecido.

Un cambio urgente. La renovación de los edificios ya existentes podría reducir hasta un 6% el consumo total de energía de la UE y rebajar un 5% las emisiones de dióxido de carbono. A pesar de este potencial de mejora, cada año se rehabilitan menos del 1% de los parques inmobiliarios nacionales europeos. España se caracteriza además por tener una tasa media de rehabilitación entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los principales países de nuestro entorno, un ritmo claramente insuficiente para responder a las exigencias marcadas por las autoridades europeas.

Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer reformas energéticas, se han aprobado incentivos fiscales que favorezcan este tipo de iniciativas.

Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer esas reformas, los países europeos están desarrollando normativas que faciliten su financiación o que contemplen ayudas fiscales.

En este contexto, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de octubre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que actualmente se debate en el Congreso como proyecto de ley. Las acciones previstas serán financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europea.

Deducciones y facilidades. La principal novedad es la entrada en vigor de nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.

Asimismo, se modifica ley de propiedad horizontal con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, cambia el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en los edificios, estableciendo una mayoría simple para realizar tales obras y solicitar ayudas o financiación.

También se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para acceder a créditos para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, otorgándoles plena capacidad jurídica para formalizar dicha financiación.

Finalmente, se ha creado una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la cobertura parcial por parte del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que aumenten la eficiencia energética. Con estos avales se cubrirán parcialmente los riesgos de los préstamos concedidos por las entidades financieras privadas. Se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros.

Con estas medidas, el Gobierno espera alcanzar, entre otras metas, la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030, como establece Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Todo ello en el marco de una dinámica europea en que recalca la importancia de afrontar una intensa renovación del parque inmobiliario por parte de todos los Estados de la Unión Europea, tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en el actual contexto de recuperación y crecimiento post pandemia.