Según el Eurobarómetro publicado en abril de 2023, el 45% de los ciudadanos de la Unión Europea piensa que la Administración pública de su país es compleja y lenta. Además, un 33% considera que una interacción más ágil con los ciudadanos y unos funcionarios públicos mejor capacitados mejorarían su confianza.

LA NUEVA LEY RESERVA AL PERSONAL INTERNO
UN MÍNIMO DEL 30% DE LAS PLAZAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, el envejecimiento de la población provocará grandes olas de jubilaciones en las Administraciones públicas en los próximos diez años, por lo que habrá que cubrir esas vacantes con trabajadores profesionales y estables.

La necesidad de abordar en España una reforma de la Administración y el empleo público es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”). El objetivo es establecer un modelo de recursos humanos basado en competencias, articular una carrera profesional que garantice la igualdad entre mujeres y hombres, evitar la rotación excesiva e implantar una gestión pública orientada a resultados.

España cuenta con un punto de partida positivo para completar este proceso, al situarse entre los países más avanzados en términos de administración digital. Otra ventaja es que las Administraciones públicas disponen de un amplio parque inmobiliario que permite una capacidad de movilización importante.

En 2015, la aprobación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) supuso un salto importante en la concepción del empleo público en nuestro país, pero, por su carácter de norma básica, quedaba sujeto a un desarrollo posterior a través de leyes de las diversas administraciones. Ahora, el proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado amplifica las disposiciones del texto refundido de la Ley del EBEP en lo relativo a la Administración del Estado.

Escenario cambiante

La nueva ley parte de la base de que España precisará en los próximos años una función pública con un alto nivel de profesionalidad, competencia, eficacia e innovación, además de ser inclusiva y plural. Para modernizar la Administración pública, no basta con dotarla de inversiones, sino que es preciso redefinir los procesos y procedimientos internos para lograr una mejor gestión. Igualmente, hay que dar paso a políticas de reclutamiento que aseguren el relevo intergeneracional, orientadas a la captación de talento y a la presencia de grupos infrarrepresentados.

En los procesos de selección se incorpora la agilidad como principio rector. Así, las plazas vacantes para el personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo del ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

Al mismo tiempo, se irán relegando los sistemas de selección basados en la reproducción de conocimientos de forma abstracta. La provisión de puestos se vinculará a la evaluación del desempeño y a la formación como garantía de la profesionalidad de sus titulares. La ley subraya la obligatoriedad que tienen los empleados públicos de participar en procesos formativos para el perfeccionamiento de sus competencias o la adquisición de otras nuevas. El Instituto Nacional de Administración Pública será el Centro General de Aprendizaje, que marcará criterios comunes para la planificación estratégica de la política de formación en la Administración del Estado.

Dentro de los grupos de clasificación profesional se recoge como novedad el grupo B, al que se podrá acceder con un título de formación profesional superior.

LA PROVISIÓN DE PUESTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE VINCULARÁ A LA EVALUACIÓNI DEL DESEMPEÑO Y A LA FORMACIÓN COMO GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD

Promoción interna

La nueva normativa consagra el fomento de la promoción interna horizontal (la que se produce dentro del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional) y vertical (ascenso a un subgrupo o grupo profesional superior) porque incentivar el talento interno se convierte en uno de los pilares básicos de la política de recursos humanos de la Administración pública. Con este fin, se reserva al personal interno un mínimo del 30% de las plazas en las ofertas de empleo público.

En la política retributiva, dentro de las complementarias, se introduce el complemento de carrera, que paga la progresión alcanzada en la carrera profesional; el actual complemento de productividad pasa a denominarse complemento de desempeño; y la gratificación por servicios extraordinarios se convierte en el complemento por servicios extraordinarios.

También se regula el teletrabajo, que deberá estar expresamente autorizado y ser compatible con la modalidad presencial. La ley subraya que el teletrabajo no es un derecho del personal público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio. Entre otros requisitos, es condición necesaria ocupar un puesto de trabajo susceptible de ser desarrollado en teletrabajo y cuyo desempeño sea verificable mediante indicadores cuantificables fijados y evaluables periódicamente.

En apenas 50 años, las familias españolas se han hecho más pequeñas. En la mitad del siglo XX España tenía una de las tasas de fertilidad más altas de Europa (2,8 hijos por mujer en 1975), pero ahora está entre las más bajas de la Unión Europea (1,19 hijos por mujer en 2021). A la vez, los comportamientos de pareja han cambiado configurando un mapa familiar muy diverso.

SE EQUIPARARÁN LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES CON DOS HIJOS A LOS DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS

El informe de la OCDE Modelos de familia en evolución en España, publicado en 2022, señala que, aunque el derecho de familia ha avanzado considerablemente junto con estos cambios sociales, la política familiar no ha sido objeto de reformas importantes. El único marco legal nacional en vigor es la Ley de protección de las familias numerosas (Ley 40/2003, de 18 de noviembre), lo que pone de manifiesto la necesidad de una normativa que reconozca las diferentes situaciones que existen en España.

SE AMPLIARÁ EL UMBRAL DE ACCESO AL FONDO DE GARANTÍA DE PAGO DE ALIMENTOS Y LA CUANTÍA, QUE PODRÁ ALCANZAR LOS 500 EUROS MENSUALES

Éste es el principal objetivo de la ley presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de febrero. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó su esperanza de que sea aprobada en las Cortes Generales con el mayor consenso posible porque, según ha dicho, uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España es la dificultad para formar una familia, tanto en términos económicos como de conciliación.

Con este texto se da también cumplimiento a las reiteradas recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea han hecho a España sobre la protección del conjunto de familias de nuestro país. Además, es uno de los compromisos adquiridos como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Refuerzo.

Entre otras novedades, se aumenta la protección a las familias monoparentales (aquellas que tienen una sola persona progenitora). Estas unidades familiares, formadas en un 80% de los casos por mujeres, dispondrán de un título de acreditación oficial que se tendrá en cuenta para el acceso preferente a distintos servicios públicos. Además, se les dará la posibilidad de que tengan 16 semanas de educación infantil gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo o hija. También se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas.

SE RECONOCERÁN COMO FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORÍA ESPECIAL TODAS AQUELLAS CON CUATRO O MÁS DESCENDIENTES O CON TRES EN CASO DE PARTO MÚLTIPLE

Por otro lado, se reconocerán como familias numerosas de categoría especial todas aquellas con cuatro o más descendientes (actualmente es a partir de cinco) o con tres en caso de parto múltiple (ahora es a partir de cuatro). Se reducen también a tres cuando los ingresos anuales, divididos por el número especial de sus miembros, no superen el 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente. En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida, el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para que puedan acogerse a sus beneficios.

EN CASO DE SEPARACIONES O DIVORCIOS CON CUSTODIA COMPARTIDA, EL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA LO PODRÁN OSTENTAR AMBOS PROGENITORES

Para las familias con algún miembro inmigrante que no tenga regularizada su situación administrativa, la ley garantizará un Número de Identidad de Extranjero (NIE) para sus hijos.

Asimismo, se igualarán los derechos de las familias numerosas con los de aquellas familias que tengan un ascendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (frente al 65% actual). Y en las familias con menores de edad con discapacidad, las administraciones competentes estarán obligadas por ley a asegurar la atención temprana y a facilitar los apoyos educativos necesarios.

Las situaciones familiares en las que se produzcan nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples serán consideradas como colectivo de especial protección. También gozarán de protección social las familias con hijos o hijas de uniones anteriores.

A la vez, habrá igualdad de trato y oportunidades para las familias con personas pertenecientes a colectivos LGTBI en el acceso y disfrute de todo tipo de prestaciones públicas, beneficios sociales y servicios, y se adoptarán medidas para prevenir la discriminación en los distintos contextos.

SE CONCEDERÁ UNA ASIGNACIÓN POR CRIANZA DE 100 EUROS MENSUALES PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS DE 0 A 3 AÑOS

Prestaciones

La nueva Ley de Familias tiene previstas algunas mejoras económicas. Por una parte, se ampliará el umbral de acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, así como la cuantía, que podrá alcanzar los 500 euros mensuales (frente a los 100 actuales).

Por otra parte, se concederá una asignación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos e hijas de 0 a 3 años.

El Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que se debate en el Parlamento, desarrolla en toda su extensión este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Tras la aprobación de la carta magna, la práctica judicial ha ido consolidando los estándares de protección del derecho a la defensa en los distintos órdenes, pero, 45 años después, se ha considerado necesario impulsar una norma que lo regule. De este modo, la sociedad conocerá todas las dimensiones de un derecho que representa uno de los principios básicos de la democracia.

LA GARANTÍA DE LA DEFENSA SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LOS ÁMBITOS JURISDICCIONALES A MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El núcleo de la norma describe el alcance del derecho de defensa, que reconoce el derecho de toda persona a recibir asistencia jurídica adecuada para defender sus intereses legítimos. También implica acceder libremente a los tribunales de Justicia, tener un proceso sin dilaciones, que se dicte una resolución congruente por parte de la jueza o el juez, y la invariabilidad de las resoluciones firmes.

El texto legal subraya la libertad de elegir, renunciar y sustituir al profesional que presta asistencia, así como a que la persona sea oída o informada en detalle de todo lo relativo a su procedimiento. En las causas penales, aparte del derecho de defensa íntegra, existen también los derechos a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia, y a la doble instancia (posibilidad de que las resoluciones judiciales puedan ser revisadas por un tribunal superior).

Ámbito de aplicación

Como novedad, se extiende la garantía de la defensa más allá de los ámbitos jurisdiccionales, incluyendo otros medios alternativos de solución de controversias como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

Es, además, la primera ley que recoge el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ellos con un lenguaje claro y universalmente accesible, tanto en las notificaciones de actos y comunicaciones procesales como en cualquier información que precisen sobre sus causas, estrategias procesales e intereses. Igualmente, las resoluciones judiciales estarán redactadas de forma comprensible, sin perjuicio de la necesidad de utilizar el lenguaje técnico-jurídico para garantizar la precisión de estas.

LA SOCIEDAD CONOCERÁ TODAS LAS DIMENSIONES DE UN DERECHO QUE REPRESENTA UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DEMOCRACIA

Otro aspecto destacable es que, no sólo disfrutarán de asistencia jurídica gratuita las personas que acrediten falta de recursos económicos, sino también aquellas que justifiquen estar en situaciones de especial vulnerabilidad.

Asimismo, la utilización de medios electrónicos en la actividad de los tribunales y la Administración de Justicia deberá ser compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa en los términos previstos en las leyes.

ES LA PRIMERA LEY QUE RECOGE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A QUE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE DIRIJA A ELLOS CON UN LENGUAJE CLARO Y ACCESIBLE

Asistencia jurídica

Dentro del capítulo dedicado a las garantías y deberes de la abogacía, se detalla que la asistencia letrada será prestada por los profesionales de la abogacía, que son aquellas personas con un título profesional regulado y que están inscritas como ejercientes en un colegio profesional.

Los colegios profesionales de la abogacía garantizarán el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el cumplimiento de su misión. Los procedimientos disciplinarios derivados del incumplimiento de los deberes deontológicos se iniciarán de oficio por acuerdo de la institución colegial competente.

Los servicios de orientación jurídica de los colegios profesionales facilitarán también información sobre la prestación de la asistencia jurídica, en particular los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las personas más desfavorecidas de la sociedad. Al mismo tiempo, los poderes públicos apoyarán este tipo de servicios, en especial cuando el objeto sea la atención a los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad, entre otros, mujeres víctimas de violencia de género, menores de edad, personas con discapacidad, tercera edad o sin recursos económicos. Los profesionales al servicio del Estado, de los órganos constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas que asuman las funciones de asistencia jurídica letrada no estarán obligados a colegiarse y se someterán al régimen disciplinario colegial. En estos casos, la garantía institucional del ejercicio de la función de asistencia jurídica letrada y el régimen disciplinario de estos empleados públicos corresponderá a los centros que dirigen los servicios jurídicos en los que se integren.

El proyecto de ley hace referencia específica a los profesionales de la abogacía con discapacidad, a quienes reconoce el derecho a utilizar la asistencia y los apoyos necesarios para el efectivo desempeño de sus labores.

En los próximos meses está prevista la aprobación del proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El gobierno espera que su puesta en funcionamiento aumente la protección de los ciudadanos como clientes financieros, que podrán presentar sus quejas, como personas físicas y jurídicas, de forma gratuita y sin la necesidad de la defensa de un abogado o la representación de un procurador.

LAS PARTES PODRÁN SOMETERSE VOLUNTARIAMENTE A UN MECANISMO DE CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN PARA RESOLVER EL LITIGIO

Esta nueva figura centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que dejarán de realizar estas funciones. Al mismo tiempo, complementará el actual sistema de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado en tres niveles: los servicios de atención al cliente de las entidades financieras; los servicios de resolución extrajudicial de los organismos supervisores, y los órganos judiciales.

Entre otras novedades, la ley amplía las entidades que podrán ser objeto de reclamación, extendiendo su protección a los usuarios de servicios fintech y de criptoactivos. También se podrán hacer reclamaciones sobre los servicios de préstamos al consumo, con independencia de quién los supervise.

Aumenta también el tipo de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico. Algunos ejemplos son la falta de información, la no apertura de una cuenta de pago básica, y posibles incumplimientos de los códigos de buenas prácticas y de autorregulación del sector financiero.

Resoluciones.

Las resoluciones se dictarán atendiendo a criterios uniformes, en un plazo máximo de 90 días naturales desde que el expediente esté completo. Tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros. La principal diferencia con los servicios de resolución actuales es el carácter vinculante de las resoluciones que la Autoridad dicte cuando la cuantía de lo reclamado sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de las resoluciones vinculantes, así como el cumplimiento tardío podrán ser objeto de sanción.

Para las reclamaciones sin contenido económico se contempla la posibilidad de reconocer al cliente una compensación de entre 100 y 2.000 euros, en función de las características y alcance de la queja.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de importe superior a 20.000 euros, tendrán el valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial.

SE ELABORARÁ UN MODELO SENCILLO Y ACCESIBLE PARA LAS RECLAMACIONES, QUE PODRÁN PRESENTAR POR CANALES PRESENCIALES, TELEFÓNICOS O TELEMÁTICOS

Si se apreciara mala fe en la interposición de la reclamación, se podrá imponer una multa al reclamante de entre 50 y 1.000 euros, justificando siempre las causas. Esta sanción sólo procederá cuando se hayan desestimado totalmente las pretensiones formuladas en la reclamación. Igualmente, con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un año presentando reclamaciones infundadas.

Requisitos.

Una vez esté plenamente operativa, la nueva institución se financiará con el pago de una tasa de 250 euros que abonarán las entidades financieras por cada reclamación admitida.

Para la admisión de una reclamación por parte de la Autoridad, será imprescindible acreditar su presentación previa ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera contra la que se reclame. Cuando la entidad no disponga de este servicio, el cliente deberá dirigirse a esta por cualquier medio admisible en derecho, con el fin de darle la oportunidad de atender su petición o alcanzar un acuerdo. Si, tras realizar este trámite, la reclamación se desestima o la entidad no responde en el plazo de un mes, el cliente tendrá un año para acudir a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

AUMENTA TAMBIÉN EL TIPO DE RECLAMACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR, QUE PODRÁN TENER O NO CONTENIDO ECONÓMICO

No obstante, aunque el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad, las partes podrán someterse voluntariamente a un mecanismo de conciliación o mediación para resolver el litigio.

Finalmente, la ley refuerza los instrumentos para garantizar la inclusión financiera mediante la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones, que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemáticos.

A pesar de que la Constitución española dispone que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional” (artículo 20.1.d), en España todavía no existe un desarrollo legislativo de este derecho. Durante los últimos 40 años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ido definiendo la figura del secreto profesional, pero es necesaria una legislación específica.

LA NUEVA LEY DEFINE EL SECRETO PROFESIONAL COMO UN DERECHO Y UN DEBER, QUE VINCULA POR IGUAL AL PERIODISTA Y AL DIRECTOR DEL MEDIO

Con este fin se ha llevado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, que pretende consolidar el amparo jurídico de los periodistas cuando no revelan la identidad de sus fuentes o cualquier otra información que pudiera conducir a ellas. El objetivo es, por un lado, proteger a las personas físicas o jurídicas que hayan servido de fuente para informaciones y, por otro, evitar que determinadas actuaciones que menoscaben el secreto profesional desanimen a futuras fuentes de colaborar con los medios.

Derecho y deber. La nueva ley define el secreto profesional como un derecho y un deber, que vincula por igual al periodista y al director del medio de comunicación que publique la noticia. Estos profesionales únicamente podrán ser requeridos para desvelar la identidad de sus fuentes mediante resolución judicial en los siguientes casos: cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado de forma consciente la información, y cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas. Aun así, cuando una autoridad judicial o administrativa tenga a su disposición la identidad de una fuente periodística, actuará de la manera menos lesiva para el secreto profesional.

LA FUTURA LEY PRETENDE CONSOLIDAR EL AMPARO JURÍDICO DE LOS PERIODISTAS CUANDO NO REVELAN LA IDENTIDAD DE SUS FUENTES

Además, el texto legal especifica que en ninguno de los supuestos anteriores se podrán requisar las herramientas de trabajo de los periodistas, utilizadas en el ejercicio de su profesión. Esta matización cobra especial relevancia tras lo sucedido en el caso Cursach, cuando el juez ordenó el requisamiento de los ordenadores y teléfonos a unos periodistas de medios de comunicación baleares con el objetivo de investigar una filtración. El Tribunal Constitucional reconocía en marzo de 2022 el derecho de estos periodistas a impugnar esas medidas y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares (TSJIB) declaraba nulos los rastreos de llamadas y la incautación de sus móviles.

SE QUIERE EVITAR QUE LAS ACTUACIONES QUE MENOSCABEN EL SECRETO PROFESIONAL DESANIMEN A FUTURAS FUENTES DE COLABORAR CON LOS MEDIOS

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los registros en el domicilio o lugar de trabajo, el acceso a datos telefónicos, o la incautación de material a profesionales de la información de diferentes países europeos. En todos los casos el TEDH ha sostenido que se había violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de expresión. Uno de los ejemplos más recientes es el de un periodista ruso que publicó en la web de su semanario una entrevista con un policía de alto rango sobre un escándalo de abuso de poder. Posteriormente, se abrió una causa penal contra el policía por revelación de secretos de Estado. El periodista se quejó del registro de su piso y de la incautación de su computadora, discos duros y un audio. La Corte europea consideró que el allanamiento impugnado se había realizado sin garantías que protegieran la confidencialidad de las fuentes periodísticas y que, por tanto, era innecesario en una sociedad democrática para lograr la prevención del delito.

Una larga espera. El proyecto de ley ha sido también bienvenido entre las diferentes organizaciones profesionales que representan a los periodistas, después de años reivindicando que el secreto profesional adquiera rango de ley. La actual propuesta ha llegado tras un año de negociaciones entre los afiliados españoles de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, las agrupaciones de periodistas de CC.OO. y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas, con los grupos parlamentarios.

Concretamente, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas han destacado que la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa y para que los profesionales de la información puedan ejercer su profesión de forma plena.

Si logra los apoyos necesarios, la nueva ley sería aprobada en el primer semestre de 2023.

El Gobierno ha llevado al Congreso el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado; así como la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

El objetivo de estas modificaciones es cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la UE, adaptar la regulación española a las nuevas formas de delincuencia y armonizar los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

Estafas digitales. Los delitos informáticos han experimentado un crecimiento exponencial como consecuencia del aumento de los usuarios de internet. Las compras y otras operaciones económicas online han aumentado especialmente a raíz de la pandemia, a la vez que los delincuentes han ido sofisticando sus métodos para estafar a los usuarios. En realidad, cualquier usuario puede ser objeto de una de estas estafas, que cada vez proliferan más a través del teléfono móvil.

HABRÁ UNA REGULACIÓN CONJUNTA DEL FRAUDE Y LA FALSIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO

Para castigar estos delitos, en España se han introducido figuras penales paralelas a las tradicionales para cubrir las lagunas de punibilidad que iban surgiendo. Es decir, a cada tipo de delito se le ha ido sumando el equivalente mediante el uso de nuevas tecnologías. Ahora, con la trasposición de la directiva europea a la nueva ley, se da paso a una regulación conjunta del fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo. Entre estos medios figuran el uso de las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil o el uso de las monedas virtuales.

Además, se introducen descripciones mucho más detalladas de las conductas tipificadas y las sanciones que corresponden a cada una de ellas. Así, los reos de estafa serán castigados a prisión de seis meses a tres años. Si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una pena de uno a tres meses. Asimismo, quienes alteren, copien o falsifiquen de cualquier otro modo tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje u otros instrumentos de pago distintos del efectivo serán castigados con penas de prisión de cuatro a ocho años. Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

El nuevo texto legal dedica también un apartado a las prácticas contrarias a la competencia. En este sentido, los abusos de mercado que se producen mediante el uso de información privilegiada, lo que se conoce como insider trading, se castigarán con penas privativas de libertad de cuatro años como máximo.

Contra la delincuencia.

Por otro lado, con el fin de hacer frente a la delincuencia organizada y al terrorismo con mayor efectividad, se incluyen medidas adicionales para flexibilizar la transmisión de sentencias entre las autoridades judiciales de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales.

CUALQUIER USUARIO PUEDE SER OBJETO DE UNA DE ESTAS ESTAFAS, QUE CADA VEZ PROLIFERAN MÁS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

A través del Registro Central de Penados, España podrá consultar con la autoridad central de otro Estado miembro los antecedentes penales de una persona nacional o que haya residido en dicho país, cuando se requieran para un proceso penal o para otra finalidad válida en el ordenamiento jurídico español. Tal y como dispone la Directiva (UE) 2019/884, todos los certificados que se transmitan entre los países incluirán la imagen facial y la huella dactilar del condenado.

Este intercambio de información se realizará por vía electrónica, utilizando el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Este sistema permite que las condenas dictadas contra un ciudadano de la UE en cualquier Estado miembro sean notificadas al Estado de su nacionalidad, para que este las anote en su Registro de antecedentes penales y consten en los certificados que emita. En este sentido, cabe destacar que España ha sido pionera en la utilización de ECRIS para la comunicación electrónica con los demás Estados europeos.

A su vez, cuando un ciudadano de la UE solicite un certificado de antecedentes penales en España, deberá hacer constar su nacionalidad o nacionalidades de otro Estado miembro. De este modo, el Registro Central de Penados contrastará con el país correspondiente la información que pueda tener sobre dicha persona con el fin de completar su expediente.

ESPAÑA PODRÁ SOLICITAR A CUALQUIER ESTADO MIEMBRO LOS ANTECEDENTES PENALES DE UNA PERSONA NACIONAL O QUE HAYA RESIDIDO EN DICHO PAÍS

Finalmente, el incremento de la delincuencia juvenil en los últimos años ha hecho que se considere insuficiente el actual Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. En su lugar, el Ministerio de Justicia creará un Registro de Menores que albergará la inscripción no solo de las sentencias firmes, sino también de las medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas. Este registro pretende ser un instrumento de información que permita al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases de un procedimiento.

Las condenas impuestas a menores de edad por delitos contra la libertad sexual o trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, se remitirán de forma automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos. Las notificaciones relativas a condenas impuestas por hechos no punibles en España sólo se conservarán a efectos de su transmisión a otros Estados miembros.

El Registro de Menores entrará en funcionamiento un año después de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica.