DEBATE PARLAMENTARIO
Más cerca de la sociedad del reciclado
Una gestión sostenible de los recursos alarga su ciclo de vida útil, reduce la emisión de gases de efecto invernadero y evita que una gran parte de ellos acaben en el mar. Sin embargo, queda mucho por hacer hasta alcanzar un reciclaje de alta calidad que nos permita vivir en un entorno más saludable. El proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que ahora se debate en el Parlamento, impondrá nuevas medidas para optimizar el uso de los recursos e impulsar una economía baja en carbono.
ELVIRA ARROYO
La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a generar menos residuos y a imponer el modelo de la economía circular en el tratamiento de estos para que permanezcan más tiempo en el ciclo productivo. En España solo reciclamos el 18% de los residuos generados, mientras que el 53,4% acaban en un vertedero. Para mejorar estas cifras, es necesario aplicar rigurosamente el principio de jerarquía, en el que la prevención y la reducción de residuos son las opciones prioritarias.
Este es uno de los propósitos del proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que revisa la normativa de 2011 para cumplir con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que componen el Paquete de Economía Circular, así como la directiva de plásticos de un solo uso.
Menos plástico. Una de las principales áreas de intervención es el tratamiento del plástico, un material muy presente en nuestra vida cotidiana que apenas se recicla: menos de la cuarta parte del plástico recogido se recicla y casi la mitad termina en vertederos. A esto se suma el impacto derivado de su abandono, ya que se degrada muy lentamente y sus elementos básicos permanecen en el medio a largo plazo (una bolsa de plástico tarda en degradarse unos 55 años y una botella de plástico permanece una media de 500 años).
Por primera vez en la legislación española, la nueva ley recoge limitaciones para los plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado de algunos e incorporando un impuesto para reducir su comercialización.
Entre los artículos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas -incluidas sus tapas- y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización deberá reducirse en peso un 50% en 2026 y un 70% en 2030 con respecto a 2022. Para ello, los agentes implicados en este proceso fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. En cualquier caso, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita, de manera que el consumidor deberá pagar todos los productos de plástico que reciba, y se detallará el importe correspondiente en el ticket de venta.
Además, se prohibirá la entrada en el mercado de pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos y todos los productos de plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm. También se aplicarán medidas a determinados productos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para su reducción y sustitución por otros materiales.
Por otro lado, para gastar menos envases, los establecimientos de hostelería y restauración tendrán que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita y complementaria, siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano. Por su parte, las administraciones públicas deberán reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, mediante acciones como el fomento de fuentes de agua potable que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria.
Separar más. La recogida separada es una de las claves para incrementar los índices de reutilización y reciclado, con sus consiguientes beneficios ambientales, económicos y sociales. La futura normativa fija calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos, que se sumarán a las ya existentes para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.
En concreto, en 2022 los municipios con más de 5.000 habitantes contarán con recogida separada de biorresiduos domésticos, y en 2024 ampliará al resto de municipios.
A partir de 2025 habrá recogida separada generalizada de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Con respecto a las botellas de plástico, se definen dos objetivos temporales: en 2025 se deberán recoger por separado el 77% de las botellas puestas en el mercado; y en 2029 el 90%.
También se regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura. En el caso del depósito en vertedero, se someterán a un tratamiento previo.
Jerarquía de residuos. Tal y como marcan las directrices europeas, se refuerza la jerarquía de residuos o, dicho de otra manera, el orden de prioridad en las opciones de gestión de estos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización y, como última alternativa, la eliminación.
De acuerdo con dicha jerarquía, la prevención de residuos adquiere un papel esencial, al imponer que su peso disminuya un 13% en 2025 y un 15% en 2030 con relación a 2010.
Tampoco se podrán destruir los excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, salvo que otra normativa exija hacerlo.
Para dar un giro a la situación actual, también es imprescindible incrementar las tasas de reciclado con el fin de aprovechar recursos en un contexto en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras. En este sentido, el proyecto de ley determina que en 2035 el 65% de los residuos municipales deberán prepararse para la reutilización y el reciclado.
Todo lo anterior irá acompañado de medidas fiscales cuya finalidad es reducir los residuos y mejorar la gestión de aquellos cuya generación no se pueda evitar. Básicamente, habrá un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y tendrán carga impositiva los tratamientos situados en las posiciones inferiores de la jerarquía de residuos: depósito en vertedero, incineración y coincineración.
Suelos contaminados. Otro apartado fundamental del texto normativo es la regulación de los suelos contaminados, que mantiene el anterior régimen jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos.
Con carácter general, los causantes de la contaminación o los propietarios de los suelos tienen la obligación de acometer tareas de descontaminación. Aparte, existe un régimen voluntario de descontaminación al que pueden acogerse sin que medie una declaración formal de suelo contaminado, debiendo quedar registrada la descontaminación voluntaria en la Comunidad Autónoma correspondiente. Como novedad, se ha incluido el Inventario nacional de descontaminaciones voluntarias, que será alimentado por los registros autonómicos.
Objetivos para 2030
La Estrategia Española de Economía Circular se propone alcanzar los siguientes objetivos cuantitativos en el año 2030:
- Reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.
- Generar un 15% menos de residuos que en 2010.
- Reducir los residuos de alimentos en toda cadena alimentaria:
- Un 50% de reducción per cápita en el hogar y consumo minorista.
- Un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.
- Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2
Los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita
Es imprescindible incrementar las tasas de reciclado para aprovechar recursos en un contexto en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras
Los grupos parlamentarios opinan*
Eva Bueno
Diputada, Grupo Parlamentario Socialista
@evapatriciab
“Se trata de cambiar cómo producimos y consumimos”
La nueva Ley de Residuos revisa la actual normativa en esta materia; incluye los objetivos establecidos en las directivas europeas de residuos y de plásticos de un solo uso y vertebra todo el paquete normativo en materia de economía circular.
Es una de las reformas estructurales más importantes del Plan de Recuperación del Gobierno. La norma permitirá reducir residuos y mantener en el ciclo económico, el mayor tiempo posible, aquellos que no se puedan evitar.
Incluye objetivos ambiciosos en la recogida separada de los distintos flujos y sitúa la jerarquía de residuos en el centro de la ley.
Se trata de cambiar cómo producimos y consumimos para proteger el medio ambiente y la salud humana, pero también para construir un nuevo modelo económico eficiente, competitivo y con nuevas oportunidades. Un nuevo modelo social, fundamental para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y hacer frente a la crisis ambiental que padecemos.
César Sánchez
Diputado, Grupo Parlamentario Popular
@sanchezcesar
“Una economía circular, adaptada al siglo XXI”
La economía se ha debilitado por la Covid. En una respuesta sin precedentes, las principales economías han dispuesto billones de estímulos. Muchos ven una oportunidad única para hacer una recuperación resiliente baja en carbono y circular. En España los fondos de recuperación y la mal llamada Ley de Residuos y Suelos Contaminados son una oportunidad. En las intensas semanas de reuniones con los sectores he apreciado sus dificultades para adaptarse a una normativa sin diálogo, que sube impuestos, llega tarde, no aporta certidumbre ni valora el impacto económico.
Empresas, municipios y autonomías “quieren hacerlo bien”, pero debemos darles facilidades, no penalizarles de entrada ni condenarles a una carga burocrática en un momento crítico. Estudios de Ellen Macarthur Foundation revelan nuestra capacidad para movilizar recursos y hallar soluciones en línea con el Tratado de París. Es posible alinear a las empresas en los objetivos climáticos. No hay alternativa. Pero con un marco que ofrezca confianza. Hay tiempo.
*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.
Francisco Aranda
Jaume Asens
Luis Santamaría
En mayo de 2020 se concedió, con carácter excepcional y transitorio, la prestación económica por desempleo a los artistas en espectáculos públicos que no pudieran continuar su trabajo por las restricciones sanitarias. De este modo, se daba cobertura a un colectivo que, debido a la intermitencia que caracteriza a su actividad, con frecuencia no reúne los requisitos para percibir dicha prestación.
En múltiples ocasiones, para desgracia de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, las normas no cubren las expectativas para las que han sido elaboradas. Este es un caso inequívoco. El texto adolece de una estructura lógica, en línea con la asistemática propuesta de un Gobierno que legisla a golpe de contingencia ideológica, tal como se ha comprobado también en la modificación de 13 figuras tributarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Más allá de la necesaria transposición de la directiva comunitaria, el resto de artículos adolecen de un fin unitario y responden más bien a la adaptación a cierta doctrina del Tribunal Supremo que a buscar respuestas cabales compatibles con el interés general y los derechos de los contribuyentes. En ese orden de cuestiones, llama especialmente la atención la regulación de los pactos sucesorios en el IRPF, que, en los términos redactados, podría constituir una violación de los principios que rigen nuestro sistema constitucional.
“Pretende aumentar la transparencia fiscal e impedir el agravio que causan las prácticas abusivas”
RODRIGO JIMÉNEZ REVUELTA
“Enmascara una subida de impuestos generalizada”