¿En qué pue-do a-yu-dar-te?

LA @

¿EN QUÉ PUE-DO A-YU-DAR-TE?

Si lo lee como un sonido metálico se acercará más a lo que podrá ser nuestra próxima compañía. La humanidad se enfrenta a una paradoja: viviremos mucho más pero habrá menos personas para cuidarnos. No queda otra salida que ayudarnos de robots pero, ¿vendrán tan pronto como nos anuncian?

GABRIEL CRUZ

@Gabrielcruztv

Hay que reconocerlo: a los periodistas nos gusta más hablar de los robots con forma humana y que protagonizan películas, que de los que están en fábricas, más comunes. Sin embargo, los avances en los robots antropomorfos son mucho más lentos que en los industriales. Pero si uno de los principales problemas del mundo es el envejecimiento de la población mundial, ¿cuándo meteremos el acelerón?

Básicamente hay dos clases de robots: los de servicio y los industriales. Así nos lo recuerda al otro lado del teléfono Miguel Ángel Salichs, coordinador de la secretaría técnica de HispaRob, un foro para el desarrollo de la robótica en España, y también catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Carlos III. «Hay una categoría que siempre ha existido, que son los robots industriales. Luego están los de servicio, que son el resto. Esta categoría es casi como un cajón de sastre, ya que tiene muchos subtipos. De hecho, hasta el concepto de robot tiene sus dificultades. En cualquier caso, para los que trabajamos en robótica un robot tiene que tener un cuerpo físico (un programa informático no lo sería) y con una forma que interaccione físicamente con su entorno”.  Es decir, un altavoz inteligente como Alexa, no sería un robot.

Una misión clara. La población que más crece en el mundo, da igual en el país en el que nos fijemos, es la anciana. Entre 2015 y 2050, occidente pasará de 900 millones de mayores de 60 años a 2.000 millones. Su deterioro físico es inevitable y ahí es cuando surgen los anuncios sobre las utilidades del robot. El último lo conocimos hace un mes. Se trata de Misty, implantado de forma experimental en 20 casas de mayores en Barcelona. Pero también están Sophia en China o Pepper en Japón. Es decir, los anuncios de robots que interaccionan con personas mayores son continuos, otra cosa es que lo hagan más allá de la fase experimental. Como nos recuerda Salichs “en condiciones reales, no existe ningún robot que sea capaz de cambiar un pañal, levantar a alguien de la cama, darle de comer… Hay que ver al robot como un complemento de los cuidadores. Un robot está muy lejos de suplir a un cuidador”. Sin embargo, nos suenan imágenes de robots levantando personas de un sofá. Ángel me corrige: “son videos de prototipos grabados en condiciones de laboratorio muy controladas. Pero si le cambias el entorno y te lo llevas a tu casa posiblemente no te serviría. Una cosa es una demostración y otra dejar un robot desatendido y funcionando en un entorno complejo y cambiante como el de una casa”.

De hecho, si rebuscamos en internet daremos con videos de robots que se caen de lado al intentar abrir una puerta o que al bajar por una escalera mecánica se desploman, arrollando a dos personas. Existen hasta compilaciones de caídas de robots si busca con esta palabras clave: “robots falling down”. Imagínese entonces si esos fallos ocurren en una vivienda con una persona mayor. Por eso hay que ser muy prudente con los avances en robots para personas mayores, por mucho que veamos que los robots industriales cada vez son capaces de hacer más cosas. Como señala Miguel Angel “en una fábrica yo puedo modificar la cadena de montaje para que entre un robot y haga lo mismo siempre. Pero en una vivienda no. Es el robot el que debe adaptarse a ella. Habrá trastos en medio del pasillo, la puerta estará abierta o cerrada… y jugar, con esa imprevisibilidad es muy complicado”.

Resumiendo: la robótica puede ser una ayuda, pero no solucionará todos los problemas. “La robótica en general está en sus comienzos. Avanza, pero muy despacio. Es falsa la idea de que los robots van a suplir a las personas rápidamente en un entorno social. Serán un complemento a familia y cuidadores profesionales”, señala M.A. Salichs.

Más tarde que pronto. Determinar cuánto tiempo falta para que un robot sustituya a un cuidador es aventurarse demasiado. Por más que insistimos, Miguel Ángel Salichs no da plazos y zanja el tema: “cualquiera que te diga una fecha es, y perdóname la expresión, “columpiarse”.

Puedo entender su recelo. En 2018 un diario tan prestigioso como The Guardian lanzaba este titular: “Los robots cuidarán del 80% de los ancianos de Japón en 2020“. El caso es que estamos en 2021 y ahí siguen con programas piloto experimentales.

Sin embargo, la necesidad está ahí. En Japón se calcula que para 2025 habrá una escasez de un millón de cuidadores. ¿Cómo suplirlo? Con robots. Pero la robótica va lenta. “La tecnología que estamos desarrollando aquí en España puede estar al mismo nivel de Japón o EE.UU. Sin embargo, allí hay más empresas que se pueden lanzar a comercializar esos prototipos”, señala Ángel Salichs.

Asi pues, parece que a falta de un robot que lo haga todo, tendremos varios para tareas específicas. Serán complemento a las personas mayores desde el robot aspirador hasta el coche autónomo,  pues les dará una libertad de movimientos nunca vista. Pero habrá tareas que tardarán más (dar de comer o lavar a una persona, por ejemplo). Es decir, queda bastante para ese robot completo que ayude físicamente y además acompañe con una conversación fluida. En esto último tendremos que conformarnos con los “robots mascotas” o “abrazables” que intentan que las personas mayores se sientan acompañados. Esto se podría conseguir con un animal de compañía. Pero esos robots son para personas que no pueden responsabilizarse de un perro, que hay que alimentar y sacar varias veces al día a la calle. El último modelo en salir al mercado es Nicobo, un pequeño dispositivo redondeado de tela y con forma de gato sin ruedas que balbucea palabras y expulsa flatulencias para alegrar a las personas. La Universidad Tecnológica de Toyohashi (Japón) lo denomina «robot vulnerable» para lograr «una nueva forma de felicidad».

Y en Twitter ¿qué opinan?

UNIVERSIDAD CARNEGIE MELLON

Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburg, asegura que el 45% de lo que se ha tuiteado sobre el coronavirus han sido “bots” o mal llamadas “cuentas robots”. Es decir, que no había nadie detrás. Las que les proponemos a continuación hablan de ellos, pero están escritas por humanos

@techreview_es: edición en español de MIT Technology Review, la revista de tecnología más antigua del mundo.

@Revista_ByteTI: cuenta de Twitter de un portal de informática para profesionales en la que se pueden encontrar bastantes noticias sobre robots.

@eu_Robotics: con nueve mil seguidores nos adelanta las novedades de los robots dentro de la Unión Europea.

Yo, robot, (Isaac Asimov), 1950

En este tema, de los robots que cuidan ancianos, es aconsejable un libro que no envejece nunca. Este de 1950 es del gran divulgador científico Isaac Asimov. Son muchas las editoriales que lo tienen publicado. En diferentes relatos se viaja a través de su universo tecnológico. En uno de ellos, (Círculo vicioso) se enuncian las leyes de la robótica que aún perduran.

Inteligencia Artificial (2001)

Frente a las tan populares películas de robots que se revolucionan y matan humanos, este clásico de la ciencia ficción de 2001 nos habla de los sentimientos. Steven Spielberg adaptó este proyecto de Stanley Kubrick.  David es el niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo. Cuando este se recupera, el robot es abandonado en vez de ser desconectado.

«Robots para huir de la soledad», por Esther Esteban

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ESTHER ESTEBAN, periodista



Robots para huir de la soledad

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Hace 20 años Steven Spielberg adaptó al cine uno de los grandes proyectos en los que Stanley Kubrick y el escritor de ciencia ficción Ian Watson habían trabajado años atrás. De ahí nació Inteligencia Artificial, que junto a Encuentros en la tercera fase es, sin duda, una de las películas de ciencia ficción más conocidas del director. El argumento de la misma gira en torno a un niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo y cuando éste se recupera el robot es abandonado. Spielberg, con esta película, reflexionaba sobre los límites entre la inteligencia artificial y las emociones, y como ocurre en tantas otras cosas, la realidad, dos décadas después, supera a la ficción. De hecho, muchos expertos auguran que las personas que hoy tienen 50 años serán cuidados por un asistente cibernético capaz, no solo de ejecutar las órdenes que reciban, sino de interactuar, e incluso, de tomar decisiones.

La robótica enfocada a combatir la soledad ya es un hecho. Así, un estudio reciente sobre el tema ha demostrado que los mayores que han interactuado durante dos semanas con Pepper —un robot humanoide que genera emociones de forma artificial — han mejorado su salud mental y reducido su sensación de soledad. Si tenemos en cuenta que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas con más de 60 años pasarán de los 900 millones – que había en 2015 – hasta los 2.000 millones que puede haber en 2050, la pregunta es si los robots vendrán a solucionar una de las peores pandemias que sufre actualmente la humanidad: la soledad de una población cada vez más envejecida.

«Si hoy tienes 50 o 60 años, cuando seas un anciano y lo necesites, te va a cuidar un robot». Así de rotundo se pronunciaba en la revista Uppers Javier González, catedrático de Robótica de la Universidad de Málaga. ¿Podrá un robot sustituir a una persona? Es la, pregunta que muchos se hacen y, por lo que respecta a los cuidados, lo cierto es que estamos a un paso de que el robot no sea solo un cuidador en casa que nos recuerde la, medicación, programe los electrodomésticos o pueda llamar a emergencia, sino de tener robots empáticos, programados para aprender a satisfacer tus necesidades no sólo físicas, sino también emocionales.

Tengo una amiga ya jubilada que vive sola. Su hija decidió regalarle en Navidad un altavoz inteligente y desde entonces Lola ha encontrado una compañera de piso ideal. Le da los buenos días, le pregunta los datos meteorológicos y ha buscado la forma de tener una cháchara permanente de lo más variada: desde ponerle la música que desea escuchar, a consultar recetas de cocina o buscar rutas de paseo seguras durante la pandemia en su ciudad. En poco tiempo todos esos servicios se los dará un robot que, incluso, podrá tener el aspecto físico de un hijo o un familiar cercano que le haga tener una mayor empatía con la persona.

Cada día que pasa los avances en este campo son mayores. Por citar un ejemplo cercano, el Grupo Saltó, ubicado en Lleida, consiguió el año pasado año poner en marcha una prueba piloto con su robot asistencial ARI. «Es un robot que tiene movilidad y acompaña a las personas mayores», explicaba a Uppers Ana Aragonés, una de las responsables del proyecto. «Puede ponerte en contacto con quien tú quieras, y hace recordatorios de manera automática para que la persona a la que atiende no se olvide de comer, hacer ejercicio, o tomar sus medicinas”.

Hemos pasado tiempos durísimos, pero curiosamente, uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que los mayores, muy recelosos con las nuevas tecnologías, se han familiarizado con algunas, y ese es un terreno abonado de cara al futuro cuando, inevitablemente, tengamos a robots como compañía.

Sea como fuere está claro que las relaciones sociales son fundamentales para mantenernos sanos tanto física como mentalmente. Sabemos que la soledad mata y no solo a los animales sino a los humanos, y está comprobado que nuestro cerebro necesita de otros para desarrollarse durante la infancia y también para mantenerse sano durante el resto de las etapas de nuestra vida.

Si de muestra vale un botón un caso muy conocido fue el de Sarah Shoud, una montañera que estaba escalando en Irak cuando fue capturada por el ejército. Fue acusada de espionaje y la encerraron en una prisión de Teherán en régimen de total aislamiento. Cuando fue liberada contó que perdió la cabeza: escuchaba pasos de fantasmas y las últimas semanas las paso en cuclillas a cuatro patas escuchando por una pequeña rendija de su celda. Su recuperación fue larga y compleja.

Todos los expertos señalan que si los ancianos están solos su salud se deteriora mucho más rápidamente. De ahí que plantear la posibilidad de que sean robots los que faciliten compañía ya no es un futurible sino algo real y más pronto que tarde será algo cotidiano.

Evidentemente nunca será lo mismo un humanoide que un humano. pero si una máquina avanzada es capaz de comunicarse, dar terapia o proporcionar estimulación social, incluso en situaciones complicadas como ha sido esta pandemia, será una ayuda estimable y una salida cuyo potencial hay que aprovechar.

Los datos están ahí y en España hay cerca de millón y medio de dependientes, de los cuales el 80% son mayores. Se calcula que en 2050 la población octogenaria superará los 4 millones y una gran parte va a requerir cuidados. Además, dado el fracaso del modelo asistencial de residencias que hemos vivido durante el COVID muy probablemente una mayoría querrá que les atiendan en su casa y los robots son parte de la solución. No hace falta buscar demasiadas estadísticas para encontrar datos escalofriantes: las personas de más de 80 años duplican la tasa media por franja de edad de los suicidios en nuestro país, y la soledad es el origen de la mayoría de estos casos.

¡Bienvenidos sean los robots si ayudan a que esas cifras de la vergüenza disminuyan!

Expedientes matrimoniales ante notario

EN ESTE PAÍS

Expedientes matrimoniales ante notario

Desde el pasado 30 de abril, los casi 3.000 notarios que hay repartidos por toda España pueden autorizar los expedientes previos a la celebración de los matrimonios que, hasta el momento, solo podían hacerse en el Registro Civil. Así, las parejas que quieran casarse tienen la opción de acudir a las notarías para que en ellas se tramite el acta previa matrimonial.

.FÁTIMA PÉREZ DORCA

Los notarios, como funcionarios públicos y autoridad reconocida, deben comprobar que los futuros contrayentes tienen capacidad para contraer matrimonio; que no existen impedimentos, tales como que sean menores de edad (salvo los emancipados) o que estén casados con otras personas, o, en su caso, que hayan obtenido la posible dispensa de los impedimentos. Asimismo, deben asegurarse de que no se trata de un matrimonio simulado. Además, determinarán el régimen económico aplicable al matrimonio y la vecindad civil de los contrayentes.

Según el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz: “los notarios prestamos esta función con la eficacia, celeridad y seguridad propias de la función notarial, ayudando a las parejas a tramitar sus expedientes en el plazo de tiempo más breve posible y prestándoles asesoramiento gratuito, si así lo desean, sobre otras cuestiones, como el régimen que regirá su matrimonio y la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales”.

Esta reforma refuerza la consideración del notario como autoridad, que ya fue puesta de manifiesto con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, de la que deriva la medida. “Esta ley otorgó muchísimas competencias a los notarios, entre ellas la de celebrar enlaces y tramitar el expediente matrimonial, pero esta segunda competencia quedó a la espera de que entrara en vigor la nueva ley del Registro Civil, que se aprobó en 2011 y se ha ido postergando, hasta que el 30 de abril de 2021 desplegó sus efectos”, asegura la portavoz del CGN, María Teresa Barea.

La solicitud. Para formularla se requieren datos básicos: la copia del DNI y el certificado de empadronamiento. Puede solicitarse, tanto de manera presencial como por correo electrónico, al colegio notarial de la comunidad autónoma en la que residan uno o ambos contrayentes. Una vez realizada la petición, el colegio notarial designará a un notario de la localidad siguiendo un turno, para que preste su servicio a la pareja.

A partir de ahí, señala María Teresa Barea, “el procedimiento es igual al que se realizaría en el Registro Civil, en cuanto a la documentación que deben aportar los novios y las pruebas que se pueden practicar son las mismas”. De esta manera, explica “se concluye con un acta notarial donde se declara que no hay ningún impedimento a ese enlace o, por contra, que sí lo hay, en cuyo caso podrá recurrirse como un acto administrativo y será la instancia superior quien resuelva”. 

Ventajas. Los notarios asumen la gestión del expediente matrimonial con la expectativa de agilizarlo. En este sentido, la portavoz del CGN explica que “cada expediente es distinto. No es lo mismo un matrimonio que vaya a tramitar un español con una persona extranjera y que además uno de ellos esté divorciado. La documentación y pruebas que se necesita aportar no son las mismas en todos los casos, y eso es lo que nos va a dar pistas de cuál puede ser la duración del procedimiento”.

Además, al realizar un expediente ante notario, los novios podrán recibir un asesoramiento individualizado y plantear dudas sobre otros temas legales relacionados con el matrimonio. Una de esas cuestiones será sobre su régimen económico matrimonial. El notario les explicará el que por ley les corresponde según el lugar donde viven, ganancial o de separación de bienes, y les consultará si desean cambiarlo haciendo capitulaciones. En el caso de que los contrayentes tengan distinta vecindad civil pueden tener la duda de cuál va a ser su régimen. Entonces “les asesoramos y fijamos en el acta el régimen aplicable”, explica Barea.

¿Qué tiene que hacer la pareja?

Los novios tendrán que rellenar un modelo de solicitud muy sencillo, con datos básicos, y adjuntar la copia de sus DNI y certificados de empadronamiento. Una vez completado, lo enviarán por correo electrónico, o lo presentarán presencialmente, en el colegio notarial de la comunidad autónoma en la que se encuentre su domicilio o el de su pareja. El colegio notarial les asignará un notario y se lo comunicará para que pidan cita y empiece la tramitación.

Para saber más

Busca tu colegio para solicitar el expediente: la página web del Consejo General del Notariado contiene una sección con las webs oficiales y datos de contacto de todos los colegios notariales de España.

Visualiza un ejemplo de solicitud para saber qué datos serán requeridos a los contrayentes en el colegio notarial correspondiente a la comunidad autónoma en la que vive por lo menos uno de los miembros de la pareja.

Además de realizar el acta previa matrimonial, los notarios pueden casar, separar y prestar asesoramiento sobre otras cuestiones relacionadas, como el régimen que regirá un matrimonio o las capitulaciones matrimoniales. En NotariosenRed.com se encuentran varios artículos sobre estos temas.

Su finalidad

En España el expediente matrimonial es obligatorio para casarse, puesto que ayuda a comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder hacerlo: que tienen la capacidad suficiente, que ninguno de los dos está en ese momento casado, que haya un parentesco prohibido entre ellos, etc.

Bodas ante notario

Desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, que autorizó las bodas ante notario, estos funcionarios públicos han casado a 41.474 parejas.

La celebración de matrimonios por esta vía prácticamente se ha duplicado durante los primeros años de vigor de la ley (de 5.593 en 2016 a 10.782 en 2020). Ahora, con la reforma que entró en vigor el 30 de abril de 2021, también pueden casar a parejas si hay peligro de muerte de uno de los contrayentes. Si se diera esta circunstancia, el matrimonio se celebraría sin expediente previo, invirtiéndose el orden: primero se celebraría la boda ante notario y después se tramitaría el expediente matrimonial para comprobar que los cónyuges cumplen los requisitos legales.

«El Notariado se pone al servicio de la sociedad», por José Alberto Marín

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ALBERTO MARÍN,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

 

El Notariado se pone al servicio de la sociedad

TRAS UNA SUCESIÓN de aplazamientos, por fin los notarios podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Comprobar la aptitud de los futuros contrayentes para la celebración de su matrimonio y asegurarse de la inexistencia de intenciones fraudulentas va a ser la nueva función que vamos a desempeñar. Con esta competencia se puede considerar casi cerrado el que podríamos llamar círculo matrimonial notarial: tramitación de expediente previo, celebración de matrimonio y finalmente separación o disolución del vínculo por divorcio, si no existen hijos menores o con discapacidad. El legislador confía en el notario y le atribuye más funciones de carácter público. El notario tiene el carácter de autoridad administrativa cuando ejercita esta competencia, al igual que en otras que tiene conferidas, añadiéndolas a su carácter de fedatario público.

El notario está al lado del ciudadano en los momentos más importantes de su vida, asesorándole y protegiéndole jurídicamente. Pero no sólo lo hace con el que comparece ante él, sino que su protección se extiende a los ciudadanos que no están allí mediante la salvaguarda del orden público y la seguridad jurídica general.

Una de las facetas más importantes del notario es la de denegar su ministerio cuando los actos o negocios que se pretenden realizar no son legales. Con el control de legalidad el notario protege a los terceros ausentes en el momento de celebrar el negocio, y les protege en vivo y en directo pues está allí, en el momento de la verdad, cuando se va a consumar el acto patrimonial o personal.


«El legislador confía en el notario y
le atribuye más funciones de carácter público»

Esto se percibe aún con mayor intensidad en la tramitación del expediente matrimonial donde, en un procedimiento que va a finalizar con la modificación del estado civil de las personas comparecientes, puede llegar a denegar su pretensión de contraer matrimonio por razones de orden público. Este orden público está conformado por los valores esenciales que han de regir nuestra vida social y personal y en este caso, como en tantos otros, es al notario al que se confiere su defensa.

Con ello se logra seguridad jurídica, seguridad jurídica preventiva, no reparadora. Se evita el conflicto antes de que pueda surgir.

Y para incrementar aún más esta seguridad jurídica preventiva, el legislador prevé que en estos expedientes el notario determine dos elementos importantísimos en las relaciones jurídicas entre personas: la vecindad civil y el régimen económico matrimonial de los futuros contrayentes, elementos estos cuya indeterminación era fuente de numerosos litigios. Con la vecindad civil se concreta cuál de las legislaciones civiles existentes en las diferentes comunidades autónomas se aplica a cada persona, concreción que se realiza en función de diversas variantes. A su vez el régimen económico matrimonial depende de la vecindad civil de los futuros contrayentes y es vital para determinar a quién corresponden los bienes que adquieren éstos, afectando incluso en ocasiones a los que ya tenían antes de celebrar el matrimonio.

También determina el modo en que cada uno responde de las deudas que contraen durante el matrimonio. Su fijación en el expediente matrimonial va a ser un enorme avance en la seguridad jurídica preventiva.

En resumen, el Notariado, una vez más, se pone al servicio de la sociedad y, con toda seguridad, va a realizar esta nueva función como siempre lo hace con todas las que asume: abreviando plazos, incrementando la seguridad jurídica y ofreciendo un servicio lo más próximo y eficiente posible para el ciudadano concreto que requiere sus servicios y para la generalidad que, mediante sus representantes, deposita en él su confianza.

Nueva tregua para salvar el empleo

DEBATE PARLAMENTARIO

Nueva tregua para salvar el empleo

A finales de enero se aprobaron mediante Real Decreto-ley nuevas medidas para proteger el empleo, que incluyeron la prórroga hasta el 31 de mayo de los ERTE basados en causas relacionadas con la pandemia. Ahora el Parlamento tramita con carácter de urgencia el correspondiente proyecto de ley, que pretende dar un respiro a los sectores más afectados por la compleja coyuntura que vivimos.

ELVIRA ARROYO
 

El proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero) es el resultado del cuarto Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado desde que empezó la pandemia, con el objetivo de proteger a las empresas y trabajadores hasta que la actividad económica recupere la ansiada normalidad.

Una de las decisiones más relevantes ha sido la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, manteniendo las mismas ventajas para aquellas empresas que vean impedida o limitada su actividad debido a las restricciones. Además, se han simplificado los trámites, por lo que ahora estas empresas ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro, ni para acceder a las exenciones que les correspondan. Basta con que remitan una comunicación a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Tipologías. Los denominados sectores ultraprotegidos (en su mayoría actividades relacionadas con el transporte, el comercio, la hostelería, el turismo y el ocio) son parte de los principales beneficiarios de estos ERTE. En diciembre se sumaron a este grupo tres actividades: campings y aparcamiento de caravanas; alquiler de medios de navegación y actividad de mantenimiento físico. A la vez, salieron de la lista la fabricación de alfombras, el estirado en frío y la fabricación de instrumentos musicales. Estos sectores tienen unas exoneraciones del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 o más, tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

Por otro lado, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia, pueden solicitar un ERTE de impedimento. Estas sociedades están exentas de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo de cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos de 50 trabajadores. Las compañías con más de 50 empleados estarán exentas al 100% durante el cierre y al 90% hasta el 31 de mayo.

Asimismo, las entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en sus centros de trabajo debido a las decisiones adoptadas por las autoridades, podrán acogerse a un ERTE por limitaciones. En este caso, las exoneraciones son decrecientes hasta el 31 de mayo.

Al igual que se ha hecho con anterioridad, las empresas que se acojan a estas ayudas deberán mantener su plantilla durante un nuevo periodo de 6 meses.

En lo que se refiere a los jóvenes de entre 16 y 30 años, se han flexibilizado los requisitos para inscribirse en el programa Garantía Juvenil, una iniciativa europea que facilita ofertas de empleo o formativas a este grupo social. Actualmente, los jóvenes que se hayan visto afectados por un ERTE no deberán cumplir la exigencia de no haber trabajado o no haber recibido atención educativa el día natural anterior a la presentación de la solicitud.

Autónomos. Las ayudas a autónomos también se han ampliado hasta finales de mayo. Concretamente, los trabajadores que vean suspendida su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas, tienen derecho a una prestación del 50% de la base mínima de cotización, que se incrementa hasta el 70% si el autónomo es miembro de una familia numerosa. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria, la cuantía de cada una será del 40%. Durante el tiempo que permanezca cerrada la actividad, el trabajador no pagará las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como cotizado. 

También se ha prorrogado la prestación compatible con la actividad, que pueden solicitar aquellos autónomos cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 caigan el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.

A la vez, continúa vigente la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos para acceder a las anteriores ayudas. Esta se destina a los trabajadores autónomos que sufran una pérdida de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no superen los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena de 1,25 veces el salario mínimo interprofesional (SMI).

Otra de las novedades acordadas es la suspensión temporal de la subida de los tipos de contingencias profesionales y de cese (del 0,3%) que iba a aplicarse en 2021.

Alquiler de vivienda. El texto legal contempla también la ampliación hasta el final del actual estado de alarma (previsto para el 9 de mayo de 2021) de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. El objetivo es cubrir determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse.

Igualmente, se amplían hasta esa misma fecha los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en las mismas condiciones del contrato firmado, siempre que no se haya llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para él.

Las cifras de los ERTE

En enero de 2021 había en España 704.000 personas en ERTE. De estas, 450.000 estaban en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social. 

Desde que empezó la pandemia, esta ha sido la evolución del gasto en prestaciones ERTE:

Se han simplificado los trámites para las empresas, que ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro

Continuidad de Plan Mecuida

Otra medida extendida hasta el 31 de mayo es el Plan MECUIDA, que permite a los trabajadores por cuenta ajena la posibilidad de reorganizar o reducir su jornada laboral para cuidar al cónyuge o pareja de hecho, hijos, padres y familiares por consanguinidad de hasta segundo grado cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia. 

El trabajador puede acogerse a este programa en estos casos:

  • Cuando deba atender a alguno de los familiares indicados por razones de edad, discapacidad o enfermedad como consecuencia del Covid-19.
  • Cuando las autoridades determinen el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que proporcionen cuidado o atención a un familiar.
  • Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado de ese familiar no pueda seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el Covid-19.

La adaptación de la jornada no implica pérdida salarial porque se siguen trabajando las mismas horas. La reducción de jornada supone perder ingresos en proporción a las horas recortadas.

Para saber más

Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  Acceso a servicios de prestaciones y empleo. Tiene un apartado específico de medidas Covid-19.

Empléate. Bolsa de trabajo del Gobierno de España con ofertas de empleo público y privado.

Nuevas medidas del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Preguntas frecuentes. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Artistas en espectáculos públicos

En mayo de 2020 se concedió, con carácter excepcional y transitorio, la prestación económica por desempleo a los artistas en espectáculos públicos que no pudieran continuar su trabajo por las restricciones sanitarias. De este modo, se daba cobertura a un colectivo que, debido a la intermitencia que caracteriza a su actividad, con frecuencia no reúne los requisitos para percibir dicha prestación.

Esta concesión, en principio prevista hasta finales de 2020, se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2021.

No podrán recibir esta ayuda los artistas que desempeñen cualquier actividad por cuenta propia o ajena, o que reciban otras rentas concedidas por la Administración Pública.

Entrevista a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

EN CURSO LEGAL

Beatriz Artolazabal,

consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

«En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi»

En 2020 Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) se hizo cargo de la macroconsejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tras cuatro años al frente de Empleo y Políticas Sociales. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU, especialidad en Economía Internacional y Desarrollo, trabajó durante años como administradora en varias empresas hasta que en 2000 llegó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la coalición PNV-EA. En 2008 fue nombrada Directora de Economía y Finanzas del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz. Cinco años después, se convirtió en Directora de Economía y Finanzas del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En 2016, el lehendakari Iñigo Urkullu la llamó para formar parte del Gobierno Vasco.

ALEX OVIEDO

–Tras casi un año al frente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ¿qué valoración hace de su labor y del trabajo que desarrolló en Empleo y Políticas Sociales?
–Nuestra labor sigue siendo la misma: atender a personas, familias y colectivos vulnerables. Desde 2016 nos volcamos en ese trabajo que resulta apasionante, y así seguimos. La valoración no la debo hacer yo.

–¿Cuál es el reto de cara a los próximos cuatro años en los tres frentes en los que se divide la consejería?
–Son varios retos, pero el principal es seguir apostando por políticas que no dejen a nadie atrás, que cohesionen mejor nuestro país, incidiendo en materia de igualdad y no discriminación.

–De los tres flancos en los que se divide su departamento, ¿considera que hay alguno en el que debe mostrar una especial atención?
–Aunque no están incluidos en el enunciado de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales” también nos incumbe todo lo relacionado con el impulso de los derechos humanos, la atención a víctimas del terrorismo, que es un eje central de nuestra política, la búsqueda de una memoria histórica inclusiva y el apoyo a la diversidad como elemento definitorio de nuestra sociedad vasca en este siglo XXI.

Todas y cada una de las áreas de nuestro departamento son importantísimas. En el fondo, el trabajo es transversal y complementario, siempre aplicando una perspectiva de género. Por ejemplo, la Administración de Justicia trabaja en la atención a las víctimas, especialmente a las de género; en la aplicación de la Justicia Restaurativa, o en la atención mediante el Plan de Justicia Juvenil a la infancia más vulnerable. Todas estas acciones son una forma más de desarrollar políticas sociales. Entendemos la Justicia como una parte indisoluble de las políticas sociales.

–Uno de los asuntos candentes de estos últimos meses es la transferencia de prisiones, para octubre de 2021, si no me equivoco. Dicha transferencia ha sido una reclamación constante por parte del Gobierno Vasco. ¿Qué supone que se gestione prisiones desde Euskadi?
–Supone, primero, cumplir la Ley, el Estatuto de Autonomía vasco. Nosotros aspiramos a desarrollar un modelo penitenciario propio para Euskadi en el que el fin último sea la resocialización de los presos y presas. En marzo hemos presentado el V Plan de Justicia Juvenil y los números nos avalan. La educación y la resocialización de los y las menores es la mejor herramienta para prevenir y evitar reincidencias. Esto se puede aplicar perfectamente a las personas adultas que delinquen, sin caer en buenismos.

–¿Cuál es la cuantificación económica de la misma? Prisiones supone un paso más en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero tiene un componente político que no se le escapará como consejera. ¿Qué les diría a partidos como Bildu o PP, que miran con lupa este traspaso?
–Todas las personas que están en nuestras cárceles serán tratadas en las mismas condiciones, con los derechos y obligaciones estipulados en el modelo penitenciario para propiciar su resocialización desde una exigente justicia restaurativa. Si el terrorismo de ETA pudo ser la razón para políticas excepcionales, la desaparición de ETA debe traer la normalización de las políticas penitenciarias dirigidas hacia los presos de ETA. Como no podía ser de otra manera, vamos a cumplir la legislación vigente también en todo lo relacionado con la administración de las prisiones de Euskadi.

–El pasado año habló de la Igualdad como un “eje fundamental de acción” del Ejecutivo vasco y de un incremento del 30% en el presupuesto destinado a la violencia machista y atención a las víctimas. La pandemia ha agravado esta situación. ¿Cómo van a evitar que esta crisis frene el camino hacia la igualdad?
–El abordaje debe ser multidisciplinar y afecta a múltiples departamentos. Por eso nuestro trabajo es transversal. Por primera vez se coloca la igualdad en el centro de la acción de un departamento que integra equipos con competencias y trayectoria en derechos humanos, justicia, conciliación corresponsable, cuidados, diversidad, políticas sociales y lucha contra la violencia contra las mujeres.

–¿En qué situación se encuentra la aprobación de la ley de prevención y lucha contra la violencia machista?
–Está en el Parlamento Vasco, siguiendo su tramitación. Nuestra ley ha sido y es una ley pionera, referente, y que nos permite hablar de un antes y un después en nuestras políticas de igualdad. Ahora queremos renovar esta norma para que sea más innovadora y ambiciosa. Sobre la base de lo ya construido, esta propuesta es transformadora y sensible a las nuevas demandas, desafíos y necesidades.

–¿Son las ayudas de emergencia social suficientes para paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables? ¿Han ampliado estas ayudas visto el panorama de una pandemia que va a mantenerse durante algunos meses más?
–Tenemos la convicción de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, reforzado con las medidas adoptadas contra la pandemia, ha sido un muro de contención contra la pobreza y el incremento de las desigualdades. En 2020, solo con las AES, llegamos a más de 63.000 hogares. Este año hay una ampliación de 15 millones para esta partida.

–En el Notariado cada vez es más habitual la presencia de mujeres notarios, que suponen en la actualidad un 35% del conjunto del Notariado español, un 35% en Euskadi. Como Consejera de Igualdad, ¿cuál es su posición a este respecto? ¿Es partidaria de las cuotas?
–Las cuotas son un instrumento para romper el techo de cristal que tanto limita en muchos casos las carreras profesionales de las mujeres. Precisamente, porque queremos que las personas sean valoradas exclusivamente por su capacitación, necesitamos en este momento de políticas que compensen prácticas y estructuras basadas en la idea de un reparto tradicional y discriminatorio de papeles en la sociedad entre mujeres y hombres. Los expedientes académicos avalan la tesis de que las mujeres tienen la capacidad necesaria para muchos puestos a los que, sin embargo, hoy en día todavía no acceden.

–Euskadi ha registrado la mayor caída de población en lo que va de siglo. ¿Qué reflexión le suponen estos datos? ¿Cómo van a afrontar el reto demográfico de contar, además, con una población cada vez más envejecida y unos jóvenes con dificultades para la emancipación?
–El problema no es que envejezcamos. Lo preocupante es la falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle una vida plena, como desean ellos y ellas. Para este Gobierno, la juventud es su mejor capital social; por ello, nos hemos comprometido a impulsar una política común que facilite el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desea, de familia. Estamos desarrollando una Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación, que es una apuesta clave para este Gobierno.

–Hablemos de Justicia, en cuya cartera sustituye a la socialista María Jesús San José. Ya hemos hablado de la gestión de las instituciones penitenciarias, pero no de su apuesta por la modernización. ¿Cómo prevé modernizar y digitalizar una Justicia a la que se tacha de caduca y lenta? ¿Cuánto supondrá esta modernización y cómo quieren llevarla a cabo? ¿En qué plazos?
–Las administraciones estamos trabajando conjuntamente en un proceso reformador que va a contribuir a la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la Justicia. La pandemia ha estimulado la premura de la transformación digital, pero esta no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento que facilite un acceso más universal a la tutela judicial efectiva. En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi. Además, estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal homologado para otros territorios, que permitirá la interconexión entre sistemas y la consolidación del expediente judicial electrónico, previsiblemente en unos 18 meses. Igualmente se está trabajando en la extensión de puestos de trabajo deslocalizados que permitan trabajar en remoto o proyectos de textualización de las vistas orales mediante inteligencia artificial.

–¿Son suficientes en Euskadi los recursos destinados a la Administración de Justicia? Se prevé que en los próximos meses la Administración de Justicia se vea saturada por una avalancha de procedimientos concursales, administrativos y civiles provocados por la pandemia. ¿Van a promover o extender los mecanismos de jurisdicción voluntaria? ¿Han previsto de alguna manera este previsible incremento del trabajo de la Justicia?
La pandemia supuso en un primer momento la paralización y el retraso de actuaciones, pero no nos encontramos a falta de recursos, como tampoco los datos sobre volumen de causas es superior a los del entorno. Para asegurar la eficiencia procesal, además de agilizar los procedimientos, las reformas en curso proporcionan instrumentos de resolución de diferencias, mediante la mediación y otros medios de resolución de conflictos, cuyo empleo podrá ser un requisito de procedibilidad previo a la demanda. Lo cual entronca con el papel de las conciliaciones notariales. En este sentido se está trabajando en Euskadi en un plan para el impulso de estos medios adecuados de resolución de conflictos, que pueden además contribuir a aligerar la alta litigiosidad. Los mecanismos de jurisdicción voluntaria, que se encomiendan entre otros funcionarios públicos a los notarios y notarias, cumplen un papel relevante a la hora de plantear diferentes entradas al sistema de Justicia que pueden contribuir a descongestionar la propia jurisdicción contenciosa.

–Finalmente se nombró a Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente del TSJPV, en sustitución del jubilado Juan Luis Ibarra. El puesto estuvo en interinidad durante muchos meses, debido a la falta de acuerdo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que, por otra parte, sigue sin llegar. ¿Qué opinión le merece esta sensación de que la política repercute en la Justicia?
–En primer lugar, quiero hacer pública mi felicitación al nuevo presidente y desearle la mejor suerte en su cometido. Ha sido ciertamente anómalo el retraso y la interinidad. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de limitar la capacidad del consejo saliente, disminuye la credibilidad social en las instituciones, lo que es siempre malo. Aunque, sinceramente, no creo que la independencia de los jueces y magistrados vascos en el ejercicio de su actividad jurisdiccional se vea perturbada por estas cuestiones.

–Hay casi 3.000 notarios repartidos por las ciudades y pueblos del Estado español. En Euskadi, 130 notarios conforman el Colegio Notarial. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notario un colaborador eficiente de la Justicia?
–Por supuesto que lo es. Los notarios tienen una función social esencial a la hora de proporcionar fe pública a los negocios y situaciones jurídicas. Y en tal sentido facilitan elementos de juicio o probatorios que pueden ser decisivos para la resolución del pleito. Conexa a la función legitimadora del documento intervenido notarialmente está el control de legalidad que efectúan, que actúa como un elemento de seguridad jurídica preventiva y, en tal modo, ya en la ley de jurisdicción voluntaria se les confiere el conocimiento, junto con otros operadores jurídicos, de algunos actos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional que antes se encomendaban a los jueces. Además, en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contempla la conciliación notarial como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que puede limitar la gran litigiosidad actual.

“Trabajamos para mejorar la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la justicia”

Huella digital:

EL actual cargo de Beatriz Artolazabal ha hecho crecer su huella digital, con entrevistas y declaraciones en numerosos medios de comunicación, que pueden leerse en intenet. Si les interesa un perfil más institucional, dispone de uno en el Portal de Transparencia del Gobierno, así como en la página web del Gobierno vasco.

“Estamos desarrollando una estrategia vasca de juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación”

La revolución del euro digital se abre camino

ÁMBITO EUROPEO

La revolución del euro digital se abre camino

The digital euro revolution comes forward

El BCE acelera la preparación de su divisa digital, la cual podría traer en un lustro cambios significativos para el mundo de los pagos y sacudir el sistema financiero.

JORGE VALERO

@europressos

En junio de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital. La posibilidad de que sus 2.800 millones de usuarios pudieran usar este token disparó las alarmas de bancos centrales, reguladores y gobiernos, con sacudidas que todavía se sienten hoy. Su iniciativa, inicialmente bautizada como Libra y que ha terminado por conocerse como Diem, fue la chispa que impulsó la creación de versiones digitales de monedas soberanas en medio planeta. Y entre todos los bancos centrales, ninguno ha pisado el acelerador tanto como el Banco Central Europeo.

Apoyo generalizado. «El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer”, dijo en abril el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayando la “relevancia» de este proyecto. Pero la introducción de estas monedas digitales puede provocar un auténtico terremoto en el sistema financiero, si los ciudadanos convierten sus depósitos en los nuevos euros digitales, que custodiarán las arcas (o, mejor dicho, los servidores) de los bancos centrales. Por eso, las autoridades de todo el planeta, y en particular el BCE, están gestionando con paciencia y mucho cuidado todos los aspectos técnicos y regulatorios de sus monedas digitales.

Como dijo en abril la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tras un largo periodo de desarrollo, el campo [de las monedas digitales] está en la cúspide de cambios importantes”. Si hace cinco años tan solo unos pocos países estaban inmersos en estos proyectos, como Suecia y China, ahora al menos 80 bancos centrales están digitalizando sus monedas. Tras más de un lustro experimentando, China está bastante avanzada con sus proyectos piloto, mientras que. Bahamas ya ha introducido este año la primera moneda digital desarrollada por sus autoridades.
Tal y como reconoció el BCE, fue la idea de Facebook de lanzar su moneda digital la “poderosa llamada de atención” para que los países se pusieran las pilas. La generalización de los pagos digitales durante la pandemia del covid-19 ha terminado de dar el empujón definitivo.

Porque en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico, en la que el uso del efectivo continúa disminuyendo, las autoridades monetarias son conscientes de que, si no desarrollan ellas sus propias versiones digitales, otros países u entidades privadas ocuparán ese hueco, con el riesgo que supone para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

En este contexto, un euro digital facilitaría los pagos al ofrecer mayor capacidad de elección a los consumidores, ya que no sustituirá a las monedas y billetes. Además, abaratará las transacciones electrónicas y facilitará la innovación en los pagos minoristas, también con la posibilidad de nuevos servicios ofrecidos por intermediarios como bancos y otras plataformas de pago.

Ningún banco central ha acelerado más los trabajos para sondear la posibilidad de crear una moneda digital que el BCE. Aunque China y Suecia llevan la delantera, el banco con sede en Fráncfort ha conseguido en poco más de un año y medio realizar un primer estudio de fondo, llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para su posible desarrollo, concluir una consulta pública, cuyos datos presentó en abril, y tiene previsto arrancar en los próximos meses un proyecto piloto para probar las diferentes características técnicas de la divisa digital.

Por su parte, EE.UU. arrancó los trabajos para desarrollar un dólar digital en la segunda mitad de 2020, mientras que el Banco de Inglaterra también va un par de pasos por detrás.

Reforzar el rol del euro. Para Europa, el desarrollo del euro digital también está vinculado a su voluntad de reforzar la soberanía europea en el planeta y, más en concreto, el papel internacional del euro. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable del euro digital en la institución, comentó recientemente que «un euro digital podría protegernos de la posibilidad de que un medio de pago digital público o privado -emitido y controlado desde fuera de la zona euro-, desplace los ya existentes, lo que podría plantear problemas de regulación y amenazar la estabilidad financiera o, incluso, nuestra soberanía monetaria y financiera”.

Pero como ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es un proyecto que aún llevará tiempo: al menos cuatro o cinco años.

La razón para esta demora es que esta innovación acarrea también algunos riesgos y despierta preocupaciones. Una de las principales es el terremoto que podría provocar en el sistema bancario. Dado que el BCE sería el emisor y custodio de los euros digitales, los ciudadanos podrían decidir trasladar sus depósitos bancarios tradicionales a las seguras manos de los bancos centrales y sus nuevos depósitos de euros digitales, sobre todo con la memoria fresca de la gran crisis bancaria de 2008. Esta fuga de depósitos hundiría una de las principales fuentes de financiación de la banca europea, añadiendo más dificultades a su crónica baja rentabilidad, en comparación con sus pares estadounidenses.

Para evitar ese peligro, Panetta indicó que una de las posibilidades que se estudian es limitar a 3.000 euros la cantidad de la divisa digital que podría tener cada ciudadano, con penalizaciones si se sobrepasan estos límites. Además, el BCE también prevé reservar un rol de intermediación para la banca, lo que les permitirá desarrollar nuevos servicios con los monederos digitales y continuar explotando sus servicios de pagos, los cuales representan casi un tercio de los ingresos de la banca minorista.

Pero la sacudida podría ser importante. Un estudio de Bank of América estima que se podría producir una fuga de fondos de la banca al BCE de hasta un billón de euros, casi un quinto de los ingresos vinculados a las nóminas de los europeos, y que representan uno de los pilares de la financiación para las entidades.

Trabajo por delante. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses, alrededor del verano, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si empieza “una fase de investigación formal” sobre el euro digital. En esta fase, el BCE analizará posibles opciones de diseño y especificaciones técnicas para el usuario, así como las condiciones en las que los intermediarios financieros podrían ofrecer servicios basados en el euro digital.

“Esperamos que este análisis lleve dos años. Al final de esta investigación, el Consejo de Gobierno tomaría una decisión sobre el diseño y si avanza para aplicar los requerimientos de usuario”, señaló Panetta en abril.

En este estadio posterior, el cual llevaría de nuevo varios años, se crearían servicios integrados, se realizarían más pruebas y “posiblemente una experimentación en vivo del euro digital”, añadió el italiano.

Paso a paso, prueba a prueba, y tras largos años de estudios, consultas, discusiones y trabajo, el Consejo de Gobierno decidiría entonces si lanza o no el euro digital, superado el ecuador de esta década. Un avance que todavía es un pequeño paso para muchos que desconocen su naturaleza, pero un gran paso para la economía europea y su sistema financiero.

Bitcoin y el euro digital

El bitcoin y el euro digital comparten similitudes, pero también significativas diferencias. Ambos son tokens digitales que se utilizarán como medio de pago. No obstante, el bitcoin, basado en la tecnología de blockchain (registro único descentralizado) también es utilizado por inversores para especular. Al no estar respaldado por ninguna institución o cesta de bienes, ni tener como referencia ninguna moneda (como es el caso de Diem con el dólar) su valor ha sufrido una enorme volatilidad, pasando de los 9.600 euros el pasado septiembre a superar los 43.000 euros a finales de abril. Por el contrario, los usuarios del euro digital podrán tener la misma confianza que en sus monedas y billetes, ya que la versión digital contará con el firme respaldo del BCE.

Bitcoin and the digital euro
Bitcoin and the digital euro share various similarities but also significant differences. Both are digital tokens that will be used as a means of payment. Bitcoin however is based on blockchain technology (decentralized distributed ledger) is also used by investors to speculate. As it is not backed by any institution or back of assets, nor it has any currency as a reference (as in the case of Facebook’s Diem with the dollar) Bitcoin value has suffered enormous volatility over the past years. Over the past months, it skyrocketed from 9,600 euro last September to exceeding 43,000 euro at the end of April. On the contrary, users of the digital euro will be able to have the same level confidence as in their coins and banknotes, since the digital version will have the strong support of the ECB.

in English

The ECB is accelerating the preparation of its digital currency, which could bring significant changes to the world of payments in five years and shake up the financial system.

In June 2019, Facebook announced the launch of a digital currency. The possibility of having its 2.8 billion users using this token sounded the alarm bells of central banks, regulators and governments around the world.

Facebook’s initiative, initially named Libra and now called Diem, triggered the creation of digital versions of sovereign currencies around the planet. And no central bank accelerated the preparatory work as the European Central Bank.

General support. «The digital euro is not an option, it is something we have to do,» said ECB Vice President Luis de Guindos last April, underlining the «relevance» of this project. But the introduction of digital currencies can cause a huge impact in the financial system, if citizens convert their deposits into digital euros, damaging one of the main sources of financing for the banking system. For this reason, authorities from across the world, and in particular the ECB, are carefully managing all the technical and regulatory aspects of their digital currencies.

IMF managing director Kristalina Georgieva said in April that, ”after a long period of development, the field [of digital currencies] is on the cusp of major changes”. While only a few countries were involved in these projects five years ago, such as Sweden and China, now at least 80 central banks are digitizing their currencies. Beijing is quite advanced with its pilot projects, while The Bahamas already introduced the first digital currency developed by its authorities this year.

As the ECB admitted, it was Facebook’s Libra project the “wake-up call” for countries to get involved. The spread of digital payments during the covid-19 pandemic gave a fresh push to the initiative.

In a society marked by technological development and the declining use of cash, monetary authorities are aware that, if they do not develop the digital versions of their sovereign currencies, other countries or private entities will fill that gap, posing a risk to monetary sovereignty and financial stability.

Against this backdrop, a digital euro would facilitate payments by offering greater choice to consumers, as it will not replace coins and banknotes. In addition, it will make electronic transactions cheaper, and facilitate innovation in retail payments, also with the possibility of new services offered by intermediaries such as banks and other payment platforms.

No central bank has sped up the work more than the ECB. In just over a year and a half, the Frankfurt-based institution has managed to carry out a first in-depth study, reach an agreement with the European Commission on its possible development, concluded a public consultation, whose results presented in April, and has plans to start a pilot project in the coming months to test the technical requirements of the digital currency.

Meanwhile, the US started developing a digital dollar in the second half of 2020, while the Bank of England remains a couple of steps behind.

Strengthening the role of the euro. For the  EU, the development of the digital euro will also help to strengthen the European sovereignty on the planet and, more specifically, the international role of the euro. Fabio Panetta, member of the Executive Committee of the ECB and responsible for the digital euro in the institution, said that «a digital euro could protect us from the possibility that a public or private digital means of payment – issued and controlled from outside the euro zone -, displace the existing ones, which could pose regulatory problems and threaten financial stability or even our monetary and financial sovereignty ”.

But as the President of the ECB, Christine Lagarde, already said, it will take at least four or five years before the digital euro sees the light of day.

The reason for this ample time is that this innovation also carries some risks and raises concerns. One of the main issues is that it could cause an earthquake in the banking system. Given that the ECB would be the issuer and custodian of digital euros, citizens could decide to transfer their traditional bank deposits into the safe hands of central banks and their new digital euro deposits, as the memories of the 2008 banking crisis remain vivid.

This deposit run would severely affect one of the main sources of financing for European banks, adding more difficulties to its chronic low profitability, compared with its US peers.

To address this risk, Panetta said that one of the possibilities under consideration is to limit to €3,000 the amount allowed for the new digital version, with penalties if these limits are exceeded. In addition, the ECB also plans to give intermediary role for banks, which will allow them to develop new services with digital wallets and continue to exploit their payment services, which represent almost a third of the income of retail banking.

Still, the impact could be significant. A Bank of America study estimated that up to a trillion euros could move from banks to the ECB, almost a fifth of the deposits of European’s salaries, which represent one their main pillars of financing.

Work ahead. But there is still a lot of work ahead. In the coming months, around the summer, the ECB Governing Council will decide whether to start «a formal investigation phase» on the digital euro. In this phase, the ECB will analyze possible design options and user requirements, as well as the conditions under which financial intermediaries could offer services based on the digital euro.

“We expect this analysis to take two years. At the end of this investigation, the Governing Council At the end of the investigation, the Governing Council would take a decision on the design and on whether to move to the implementation of user requirements, ”Panetta said in April.

In this later stage, which would take again several years, integrated services would be created, more tests would be carried out and «possibly a live experiment of the digital euro», added the Italian central banker.

Step by step, test by test, and after several years of studies, consultations, discussions and preparatory work, the Governing Council would then decide in the second half of this decade whether to launch the digital euro. An advance that is still a small step for many unaware of its nature, but a great step for the European economy and its financial system.

El temor a perder privacidad

Para los ciudadanos y organizaciones civiles, la principal preocupación que emerge del desarrollo del euro digital es la privacidad. Así se destila de las más de 8.000 respuestas enviadas durante la consulta pública del BCE.

Según explicó Panetta en el Parlamento Europeo el pasado abril, “la privacidad se consideró la característica más importante de un euro digital en aproximadamente el 43% de las respuestas”, aunque los consultados también añaden que la divisa digital debe tener características que permita evitar actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dos de los principales riesgos vinculados a criptomonedas como el Bitcoin.

Otras características importantes para los europeos son la posibilidad de utilizar el euro digital para pagos seguros (ocupa el primer lugar para el 18% de los encuestados); que se pueda usar en toda la zona del euro (enfatizado por el 11% de los encuestados); sin costes adicionales y fuera de línea (destacado por el 9% y el 8% de los encuestados respectivamente).

El énfasis dado a la privacidad nace del recelo de organizaciones y asociaciones civiles a que los bancos centrales puedan tener una ventana para controlar la vida y actividades económicas de los ciudadanos a través de sus pagos. Panetta dio la vuelta al argumento al señalar que el euro digital aumentará la privacidad en comparación con los servicios de pago actuales, los cuales recolectan información del usuario. Sin embargo, indicó que el anonimato del ciudadano debe ser considerado en relación con la protección de otros intereses generales, como la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, o la estabilidad financiera.

También explicó que el BCE está trabajando para intentar lograr un equilibrio entre las diferentes prioridades usando la tecnología. “Nuestras pruebas preliminares con un euro digital están mostrando resultados prometedores sobre cómo se puede utilizar la tecnología para proteger la privacidad del usuario sin relajar los estándares contra las actividades ilícitas”, aclaró. Por ejemplo, se puede separar la identidad de los usuarios de la información sobre los pagos, permitiendo que las oficinas de inteligencia financiera accedan a la identidad solo si se detecta una actividad sospechosa.

Fear of losing privacy

Nevertheless, citizens’s main concern is privacy, according to more than 8,000 responses sent during the ECB’s public consultation.

As Panetta explained in the European Parliament last April, «privacy was considered the most important characteristic of a digital euro in approximately 43% of the responses», although those consulted also added that the digital currency must have the necessary features that allow for avoiding illicit activities, such as money laundering or terrorist financing, two of the main risks linked to cryptocurrencies including Bitcoin.

Other important features for Europeans are the ability to use the digital euro for secure payments (ranked first for 18% of respondents), the possibility to use it throughout the euro area (highlighted by 11% of respondents ), and without additional costs and offline (pointed out by 9% and 8% of respondents respectively).

The emphasis given to privacy stems from citizens’ distrust of central banks interfering in their life and economic activities through their payments. Panetta turned the argument around by noting that the digital euro will increase privacy compared to current payment services, which collect users’ information. But he added that the anonymity must be considered in relation to the protection of other general interests, such as the fight against money laundering and terrorism financing, or financial stability.

He explained that the ECB is working to try to strike a balance between different priorities using technology.

«Our preliminary tests with a digital euro are showing promising results on how technology can be used to protect user privacy without relaxing standards against illicit activities,» he clarified. For example, the identity of users can be separated from information about payments, allowing financial intelligence units to access the identity of users only if a suspicious activity is detected.

Europa informa / Europe informs

Resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital

The results of the ECB public consultation on the digital euro

Estudio del BCE sobre el euro digital

Study of the ECB on the digital euro

«Una divisa digital al servicio de las personas», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

Una divisa digital al servicio de las personas

@joseramonpatter

José Ramón Patterson

Los pensionistas vascos son, probablemente, los más reivindicativos del país. Desde hace algo más de tres años han salido a la calle innumerables veces para, entre otras cosas, reclamar unas pensiones que les permitan vivir dignamente y denunciar la situación de las residencias geriátricas. A su catálogo de exigencias han añadido en las últimas semanas otra que ha pasado casi inadvertida porque apenas ha tenido eco en los medios de comunicación: que los bancos mejoren su atención, que consideran cada vez más deficiente debido al cierre de oficinas, la reducción de personal en las sucursales y la digitalización de muchos trámites y operaciones.

La pandemia ha agravado la situación y temen que las fusiones bancarias la empeoren todavía más. Nuestros hábitos han cambiado mucho estos meses (teletrabajo, comercio online) y se ha reducido el uso de efectivo, que, no obstante, sigue siendo el medio de pago minorista más habitual, según el Banco de España. Son los mayores de 64 años y los menores de 24 los que más lo emplean, esto es, los colectivos con menores ingresos y, por lo tanto, más vulnerables. En ambos casos prefieren el dinero contante y sonante porque, dicen, controlan mejor el gasto y porque las tarjetas bancarias conllevan costes añadidos que no se pueden permitir.

Y para disponer de efectivo hace falta acudir al banco, de ahí que las protestas de los pensionistas vascos tengan bastante sentido. Lo que no parece probable, sin embargo, es que su descontento logre frenar los planes para que monedas y billetes desaparezcan, aunque más tarde que pronto, en favor de tarjetas u otros medios de pago electrónicos, cuya utilización ha aumentado de forma considerable desde que comenzó la pandemia. Sus ventajas – rapidez, seguridad, facilidad de uso – son cuantiosas, pero su generalización y la consiguiente supresión del efectivo también pueden tener efectos muy negativos si no se hace de forma gradual.

Impulsado en parte por los cambios de comportamiento en la manera de comprar y pagar, pero sobre todo por la aparición de medios de pago privados y el proyectado lanzamiento de divisas digitales por China y Rusia, el Banco Central Europeo planea la introducción del “euro digital”, que para la Unión Europea sería un paso más hacia la ansiada digitalización de su economía; es decir, hacia la modernidad; además, claro, de un importante paso hacia la integración. Aparte de una mayor eficiencia, sus principales virtudes son que evitará la dependencia de otros medios de pago ajenos a la Eurozona y que, como el efectivo, también será dinero “público”, creado y custodiado por el BCE.

Ahora bien: ¿estamos preparados para asumir un cambio tan importante? La respuesta es no, al menos a corto y medio plazo. De hecho, pese a la ambición del proyecto, todo indica que no se llevará a cabo antes de cuatro o cinco años y que muy posiblemente seguirá un camino similar al que transitó el euro antes de que lo utilizasen los ciudadanos. Lo aconsejable, también en este caso, es ir despacio para avanzar de manera firme y sin dar traspiés que puedan malograr su desarrollo, lo que a su vez supondría un notable descrédito para la Unión Europea en un momento en el que lo que menos necesita son más agujeros en su línea de flotación.

Las bondades del “euro digital” son, como digo, incuestionables, pero su introducción tendrá consecuencias para el sistema financiero y la política monetaria, que por ahora son difíciles de pronosticar, e implica también riesgos nada desdeñables. Uno de ellos es la posibilidad de que los casi diez millones de pensionistas que hay en España -buena parte de ellos “analfabetos digitales”- queden al margen, aun cuando el dinero en efectivo siga circulando; otro, la exposición a ciberataques y a apagones de internet, intencionados o no, que podrían bloquear las transacciones.

Hace años, mientras estaba de vacaciones con mi familia en una pequeña isla del Mediterráneo, padecí lo que los técnicos suelen llamar “una caída del sistema”, en este caso la conexión a la red de cajeros de las cajas de ahorros. Sin efectivo en el bolsillo y con apenas un paquete de jamón de york y algo de queso en la nevera del apartamento, durante dos días no pude sacar dinero en ningún sitio. Aún recuerdo la cara de angustia de mi hija, entonces una niña, mientras recorríamos la isla en busca de restaurantes que todavía utilizasen lechugueras sin contacto a internet para cobrar con tarjeta. No encontramos ninguno, así que tuvimos que comer de fiado hasta que se arregló.

Suprimir completamente las monedas y billetes y sustituirlos por el “euro digital” no es, pues, una opción, al menos de momento. Llegará, pero tranquilos, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene prisa. Alguien me dijo una vez que la Unión Europea es un como un paquidermo: se mueve con lentitud y aparente torpeza, pero con pasos firmes. Y en el terreno económico todavía más. Sus decisiones tienen muchas implicaciones que afectan de una manera u otra a los ciudadanos, y doy fe de que, aunque en ocasiones no lo parezca, para Bruselas y Fráncfort, donde está la sede del BCE, la prioridad es una economía que sirva para reducir la desigualdad y la pobreza; o sea, al servicio de las personas.

 

 

 

 

 

English version

A digital currency at the service of the people

The pensioners of the Basque Country are probably bigger campaigners than anywhere else in Spain. For the past three years and more they have taken to the streets repeatedly to call for decent living pensions and to protest at the condition of the care homes, among other issues. Over recent weeks they have added to their list of demands another which has gone almost unnoticed, having scarcely been reflected in the media: better service from banks, which they see as increasingly poor because of branch closures, staff cuts and the digitalisation of many procedures and transactions.

The pandemic has aggravated the situation, and they fear that bank mergers will make things worse still. Our habits have changed a great deal over the past months (homeworking, e-commerce), and there has been a drop in the use of cash, which nonetheless remains the most common form of retail payment, according to the Bank of Spain. It is those aged over 64 and under 24 who use cash the most, in other words the groups that have the lowest income, and so are the most vulnerable. In both cases they prefer hard cash as they claim they can keep better control of their expenditure and because bank cards come with added costs they cannot afford.

And to withdraw cash they need to go to the bank, which is what makes the Basque pensioners’ protests so understandable. It seems unlikely, however, that their unhappiness will serve to halt plans for coins and notes to disappear, albeit later rather than sooner, to be replaced with cards and other electronic means of payment, the use of which has increased considerably since the pandemic began. They have many advantages (speed, security, ease of use), but their universal use and the corresponding elimination of cash could have very negative impacts unless it takes place gradually.

Driven in part by behavioural changes in the way we buy and pay, but above all the emergence of private means of payment and China’s and Russia’s plans to launch digital currencies, the European Central Bank is planning to bring in a “digital euro”, which for the European Union would represent a further step towards the sought-after digital transformation of its economy. In other words towards modernity, as well, of course, as a major step towards integration. Aside from greater efficiency, the main virtues of such a system are that it would avoid dependence on other means of payment from outside the Eurozone, and that just like cash, this will also be “public” money, created and safeguarded by the ECB.

However: are we ready to address such a major change? And the answer is no, at least in the short and medium term. In fact, despite the project’s ambition, all the signs are that it will not be implemented for the next four or five years, and will very possibly follow a similar path to the euro, before being used by the general public. It would also be advisable in this case to progress slowly but steadily, avoiding any missteps that could undermine its development, and would furthermore harm the reputation of the European Union at a time when the last thing it needs is another hole along its waterline.

The benefits of the “digital euro” are, as I say, unquestionable, but its introduction will have consequences for the financial system and monetary policy which for the moment are difficult to foresee, and likewise involve far from negligible risks. One of these is the possibility that the almost ten million pensioners in Spain, many of whom are “digital illiterates” would be left by the wayside, even if cash remains in circulation. Another would be exposure to cyberattacks and Internet blackouts, whether deliberate or not, which could block transactions.

A few years ago, while on holiday with my family on a small Mediterranean island, I suffered what technicians typically refer to as a “system outage”, in this case the connection to the savings bank ATM network. With no cash in my pocket and little more than a packet of ham and some cheese in the fridge of the apartment, it was two days before I could get money out anywhere. I can still recall the worried face of my daughter, who was still just a girl, as we roamed the island in search of restaurants that still used the old manual card machines for payments. We couldn’t find any, and so had to eat on tick until the problem was resolved.

The complete elimination of coins and notes, to be replaced with a “digital euro” is not an option, then, at least for the moment. It will come, but no need to worry, as the European Central Bank is itself in no hurry. I once heard someone say that the European Union is like a pachyderm: it is slow and seemingly clumsy in its movements, but treads firmly. And in the field of the economy, even more so. Its decisions have numerous implications that affect the general public in one way or another, and I can vouch that although it might sometimes not seem to be the case, for Brussels and Frankfurt, where the ECB has its headquarters, the priority is an economy that reduces inequality and poverty, in other words, that is at the service of the people.

«Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea», por Juan Martín Queralt

ÁMBITO EUROPEO

 
JUAN MARTÍN QUERALT
catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado

 

Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea

Una reciente sentencia del TJUE, de 3 de marzo de 2021, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana acerca de la compatibilidad del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica con el Derecho Comunitario. Compatibilidad que ha sido ratificada por el TJUE, haciendo gala de algo que viene repitiéndose con frecuencia en los pronunciamientos del tribunal comunitario: su versatilidad conceptual y la indudable permeabilidad a la toma en consideración de los efectos económicos derivados de sus fallos. Si a ello le añadimos los estrechos confines en que el legislador español –Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– ha configurado la responsabilidad del Estado legislador por la aprobación de leyes que vulneran el Derecho Comunitario –ley cuya adecuación al Derecho Comunitario también se encuentra pendiente de la decisión del TJUE- nos encontraremos con que las reflexiones que sugiere la sentencia del pasado 3 de marzo se proyectan sobre quicios esenciales de nuestro Derecho.

Incertidumbres y perplejidades. Veamos cuáles han sido los mojones que han acotado el camino que conduce a la sentencia del TJUE, mojones que han ido poniendo de relieve las incertidumbres y perplejidades que han azacaneado no poco las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica fue creado por Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad eléctrica, ley que expresamente lo calificó como impuesto de carácter directo y naturaleza real. En su preámbulo señala que, al amparo del art. 45 CE, perseguía armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por Auto de 14 de junio de 2016, el TS planteó cuestión de inconstitucionalidad por posible contradicción con el principio constitucional de capacidad económica, toda vez que la capacidad económica gravada por el impuesto – que, además, carecía de otra finalidad extrafiscal- podía encontrarse ya gravada por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Auto del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 inadmitió tal cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que, antes de emitir juicio sobre su constitucionalidad, debería resolverse la posible contradicción del Impuesto con el Derecho comunitario. Señala el TC:

“… al disponer los arts. 163 CE y 35.1 LOTC que la cuestión de inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal «aplicable al caso», ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión prejudicial del art. 267 TFUE. La incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y por tanto faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable…”

Con posterioridad -ATC de 20 de junio de 2018- el mismo TC entendió que no se produce doble imposición entre el IVPEE y el IAE, toda vez que:

“… debe en primer término subrayarse que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es de titularidad estatal, mientras que el Impuesto sobre Actividades Económicas es local, por lo que, al no entrar en liza ningún tributo autonómico, no resulta de aplicación el artículo 6 de la LOFCA que … es el único precepto del bloque de la constitucionalidad que establece una prohibición de doble imposición… Así pues, la doble imposición entre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto sobre Actividades Económicas no vulnera per se ningún precepto constitucional…”

Podía darse el caso de que, aun no existiendo prohibición de doble imposición, la existencia de un doble gravamen podría vulnerar la prohibición de confiscatoriedad ex art. 31.1 CE. Tampoco el TC entendió que se diera tal circunstancia, señalando en el antedicho ATC que:

“… en los casos en que el Tribunal ha debido analizar esta tacha siempre ha exigido a quien la denuncia la aportación de los correspondientes datos o argumentos que la sustenten…En el presente caso ni en el Auto por el que se promueve la cuestión ni, lo que es más revelador, en el recurso de Iberdrola Generación, S.A.U., que da lugar a la misma, se aporta dato o argumento alguno dirigido a fundamentar que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tenga alcance confiscatorio, lo que nos conduce a descartar esta imputación.”

Cuestión prejudicial. Con posterioridad, el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019 planteó cuestión prejudicial acerca de la conformidad o no del IVPEE con el Derecho Comunitario, inquiriendo aclaración acerca de: si el impuesto, calificado por el legislador español como directo, es, en rigor, un impuesto indirecto; si, pese a la calificación del IVPEE como impuesto medioambiental, este tributo persigue una finalidad esencialmente recaudatoria; si el principio de libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables se opone al IVPEE en la medida que concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema de apoyo previsto en el art. 2.k) y concordantes de la Directiva 2009/28/CE, y si el mencionado principio de libre competencia y los arts. 32, 33 y 34 de la Directiva 2009/72/CE se oponen al IVPEE por considerar que permite una discriminación positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red.

Finalmente, la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021 concluyó en la inexistencia de vulneración alguna del Derecho Comunitario por parte de la Ley española.

En apretada síntesis los artículos 1 y 3 de la Directiva 2009/28/CE – relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios.

El artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE– sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro.

Acerca de una cuestión esencial –naturaleza directa o indirecta del tributo- el TJUE se decanta por reconocer su naturaleza directa, como expresamente reconoce la ley española. Por tanto, impide que el impuesto sea repercutible como coste empresarial. Al menos, claro, en pura teoría.

Ancha es Castilla. Como anchos y portátiles son los conceptos de impuesto directo e indirecto, fin fiscal o extrafiscal. En el fondo, no muy en el fondo, aparecen las consecuencias económicas que para los Estados miembros conlleva la declaración de vulneración del ordenamiento comunitario. La vieja razón de Estado.

 

Abstract

Articles 1 and 3 of Directive 2009/28/EC, on the promotion of the use of energy from renewable sources, raise no objection to a national regulation establishing a tax levied on one single type of electricity generation and the corresponding input into the electricity system, likewise if the electricity is generated from renewable sources, and for the purpose not of protecting the environment, but increasing the level of budgetary revenues.

Article 107 TFEU, subsection 1, and Articles 32 to 34 of Directive 2009/72/EC, concerning common rules for the internal market in electricity, raise no objection to a national regulation establishing a national tax levied on the generation of electricity and the corresponding input into the electricity system within the territory of a Member State.

Regarding one essential issue (the direct or indirect nature of the tax), the TJEU opts for recognition of direct status, as explicitly recognised under Spanish law. This therefore prevents the tax from being passed on as a business cost. At least in purely theoretical terms, of course.

There is plenty of room for manoeuvre. And plenty of flexibility in the concept of direct and indirect tax, and tax and non-tax purposes. Deep down, or not so deep down, we arrive at the economic consequences for Member States of a declaration that they have breached Community legislation. The old issue of national interest. 

Fortaleza colectiva

ALDEA GLOBAL

Fortaleza colectiva

Todos hemos escuchado ya la cifra mágica del 70%: esa que, según la Organización Mundial de la Salud, definiría el número de personas inmunizadas y capaces de frenar la propagación del virus causante del COVID-19; la cifra que significaría empezar a recuperarnos de estragos sanitarios, económicos y sociales; la de volver a juntarnos con familiares y amigos, la de salir… Pero parece que no es tan fácil y, en cualquier caso, que no nos evitaría seguir tomando precauciones durante un tiempo, porque, además, en esto estamos todo el mundo en el más estricto sentido de la expresión.

MELCHOR DEL VALLE

@mechiva

Melchor del Valle

La llamada inmunidad de grupo, colectiva o ‘de rebaño’ —imagen gráfica donde las haya— responde a un concepto bioestadístico y representa el porcentaje de la población (mundial, continental, local… depende de cómo quede definido el universo estadístico) que necesariamente tiene que estar inmunizada para reducir la transmisión de una enfermedad. Primer toque de atención: reducir no es eliminar; pero si se logra que un patógeno no tenga ‘transportistas’, o que sean muy pocos, incluso las personas no inmunizadas —recién nacidos, por ejemplo— no tendrán riesgo grave de contagio porque se habrán cortado la mayoría de las vías de transmisión.

Cómo. Hay dos maneras de alcanzar la deseada inmunidad: dejando que el patógeno circule libremente entre un grupo de personas, de modo que la infección provoque una inmunidad natural, o desarrollando una vacuna que active en el individuo los anticuerpos necesarios para evitar la infección y reducir o eliminar, por tanto, su capacidad de infectar. Algunos dirigentes políticos internacionales pensaron en el primer método, al principio de la actual pandemia, convencidos de que la muerte solo le llega al que le toca y de que saldrían más fuertes los que lo superasen. Afortunadamente, un buen grupo de epidemiólogos y otros especialistas se movilizó a finales del verano de 2020 promoviendo firmas de científicos en el Memorándum de John Snow —exacto: como uno de los protagonistas de Juego de Tronos—, publicado el 14 de octubre de 2020 en la prestigiosa The Lancet. “La evidencia es muy clara: controlar la propagación comunitaria del COVID-19 es la mejor manera de proteger nuestras sociedades y economías hasta que lleguen vacunas y terapias seguras y eficaces en los próximos meses”, fue la conclusión del manifiesto.

Y la historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis… Hablamos de enfermedades antes muy comunes y hoy prácticamente erradicadas. Además, el ejemplo nos viene bien para entrar en otro detalle: el efecto ‘rebaño’ no es igual para todas las enfermedades. La inmunidad colectiva contra el sarampión, según las OMS, necesita que el 95 % de la población esté vacunada; si hablamos de la poliomielitis, ese porcentaje está cerca del 80 %. Estas magnitudes se basan en las tasas de infección promedio de cada patógeno y el maldito SARS-CoV-2, con los datos de finales de 2020, dio muestras de que con un 70% de la población total inmunizada, su transmisión se reduciría en gran medida. Pero, cabe insistir, la OMS se basó en datos de finales de 2020, que quizás estén ahora revisando, y hay quienes no están de acuerdo y hacen sus propios cálculos, como Ali Mokdad, profesor de Salud Global en el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de University of Washington, a quien el citado porcentaje le parece una cifra un tanto optimista.

Vacunas. Por decirlo de una forma sencilla, hasta ahora las vacunas se basaban en dosis controladas de los propios patógenos, una vez parcialmente desactivados, que enseñaban a nuestros organismos a generar anticuerpos capaces de combatir la infección, si se producía. Así siguen funcionando, por ejemplo, las vacunas de la gripe que anualmente nos ponemos. El problema de este tipo de inmunización es que obtener, por cultivo, suficientes agentes infectantes, desactivarlos y conservarlos envasados, lleva un tiempo que, en situación de pandemia, no nos podemos permitir. Afortunadamente, unos estudios de la bioquímica húngara Katalin Karikó, permitieron trabajar con el ácido ribonucleico mensajero, ARNm, que es la base de las vacunas más utilizadas desde los primeros momentos.

La idea es brillante: si un virus usa una proteína concreta para, a modo de llave, entrar en las células del ser humano, cambiemos la cerradura. La vacuna de ARNm enseña a las células a reconocer esa proteína, no el virus, de modo que cuando este intenta utilizarla se encuentra con que nuestras defensas han aprendido a no abrirle la puerta. Y, si no abre, no puede infectar. Porque, recordemos, un virus no es un ser vivo, sino una simple —pero contundente— secuencia de ADN, que utiliza a su ‘hermano pequeño’, el ARNm, para decir cómo se unirán los aminoácidos de una determinada proteína y define la síntesis de esta para que se produzcan copias idénticas.

Grupo. Volviendo a la inmunización, y aliviados porque las vacunas se están produciendo a un ritmo impensable hace unos años (precisamente porque jugamos con procesos sintéticos y no estamos sometidos a los tiempos que implica el cultivo biológico), supongamos que damos por bueno el citado 70% de la población, como límite por encima del cual podemos considerarnos todos protegidos. La siguiente pregunta es cuándo puede suceder eso. Obviamente, depende de los ritmos de vacunación que, a su vez, están condicionados por factores de producción de los laboratorios, de la llegada de nuevos sueros al mercado, de la capacidad de los Estados para vacunar a sus ciudadanos, de la economía de cada región, de la organización social y hasta de la distribución demográfica.

Se puede tildar de buena idea, aunque un poco estresante, la verdad, la iniciativa de la web https://timetoherd.com/, que va incorporando a diario los datos de vacunación por países: compara su población con la cantidad de dosis que se inyectan y da una bien visible cifra de días que le restan a ese país para lograr el 70% de habitantes inmunizados. Estas cifras varían cotidianamente, claro; pero para dar una idea de la situación internacional —datos de mediados de abril de 2021—, el país al que menos días le quedan para alcanzar la inmunidad de grupo es las Islas Caimán (43 días) y al que más, salvando los casos de Bielorrusia y Egipto, de los que no hay datos, Sri Lanka (271.550 días). El país europeo que más adelantado va es Hungría (77 días) y el que menos, Croacia (513 días). Para España, el cálculo es que nos faltarían 187 días (6,23 meses) al ritmo actual para alcanzar la inmunidad de grupo.

Precauciones. De nuevo, mirar al conjunto de la población mundial es plantearse la necesidad de seguir manteniendo el pulso con el virus. Porque en un territorio concreto, pongamos España para no ir más lejos, podremos haber conseguido la inmunidad en poco más de seis meses, pero, si nada cambia, a nuestros vecinos de Portugal les quedarán aún algo más de tres meses y medio, dos y medio a Francia y, agárrese, más de dos años a Marruecos. Esto no significa mucho, puesto que la mayor movilidad, ya sabe, se da por vía aérea; pero es una reflexión: ¿nos sirve de algo alcanzar el 70% de inmunidad si hay un 30 % de nuestros compatriotas vulnerables y a expensas de lo que nos llegue de otros países que están lejos de lograrla?

La respuesta es sí: sí sirve, dicen los epidemiólogos. Pero sin bajar la guardia, añaden; manteniendo las precauciones entre locales y con los visitantes, siendo conscientes, si salimos de nuestras fronteras, de que podemos traer con nosotros el virus y, lo que es peor, nuevas mutaciones cuya capacidad de infección puede verse amplificada, como en el caso de las detectadas en Reino Unido, Brasil o Sudáfrica. Mutaciones que, si pasa como con el virus de la gripe (responsable de 650 000 muertes al año en el mundo, según la OMS), puede que requieran una nueva vacuna que nos enseñe a defendernos, salvo que los formatos de vacunación con ARNm sean capaces, y es una posibilidad, de controlar cualquier cambio en el ADN vírico.

La conclusión es que, si hablamos de pandemia, lo que implica problema mundial, debemos pensar también en soluciones mundiales; aunque sea por propio interés. No nos queda otra.

Katalin Karikó: inteligencia, tesón y convicción

La bioquímica húngara Katalin Karikó está considerada la ‘madre’ de las vacunas contra el SARS-CoV-19. Emigró a Pensilvania, EE. UU, en los años ochenta del pasado siglo, ya con una idea en la cabeza: la terapia genética basada en el ácido ribonucleico mensajero, ARNm. A pesar de muchos contratiempos, dificultades y hasta desprestigio científico por sus teorías, sus trabajos son la base para lograr, mediante la vacunación, células inmunes. “Esto es algo increíble porque significa que todo el trabajo que estuve realizando años enteros, durante la década de los noventa, y convencer a la gente de que tal vez el ARNm sería bueno, valió la pena”, dijo Karikó. Ya hay voces que avalan su candidatura al Nobel.

La historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis…

Por si las dudas

Time to Herd (Tiempo para ‘manada’). @dbunks, @ChrisBit, @ciruz

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act nowThe Lancet (octubre de 2020).2020).

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)Organización Mundial de la Salud.

 

Cuánto protegen las vacunas

Más allá de las cifras que marcan la inmunización de grupo, están esas otras que indican la actividad de las diferentes vacunas. Además: ¿es lo mismo cuando hablan de eficacia y efectividad? Sí y no, porque ciertamente ambos aspectos miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas. Sin embargo, de eficacia hablamos cuando medimos resultados en laboratorios y de efectividad cuando lo hacemos en el mundo real. Pero vamos a los porcentajes: cuando los científicos dicen que la eficacia (todavía es muy pronto para hablar de efectividad) es, por ejemplo, del 90 %, esto significa que por cada 100 personas que se vacunen solo 10 tienen el riesgo de infectarse (y seguramente con una mayor virulencia, cabe añadir). Por tanto, una persona vacunada está protegida al 100 % o no está —del todo— protegida, si su organismo no ha reaccionado adecuadamente.