Entrevista a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

EN CURSO LEGAL

Manuel García-Castellón,

magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

“La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita”

Manuel García-Castellón y García-Lomas es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Autodenominado como “juez vocacional” estudió derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera judicial en 1977, iniciando su carrera como juez de instrucción en diversos juzgados, hasta llegar al decanato de los juzgados de Valladolid en 1.993 desde donde partió a la Audiencia Nacional. Juez de Enlace con Francia durante casi tres lustros, tuvo que bregar con años duros en el combate al terrorismo de ETA.

Hace unos días la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) le concedió el premio Puñetas de Plata por “por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad” según reconoció el jurado de los galardones.

CARLOS CAPA,

Periodista.

«YO SIEMPRE HE SIDO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, VOCACIÓN DE LA QUE NUNCA ME HE MOVIDO, Y QUE ME HA DADO LA GRAN SATISFACCIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS»

Hace unas semanas recibió el premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR). ¿Qué supuso para usted?

Naturalmente una gran satisfacción; si dijera lo contrario en este caso mentiría. Y más en una época como esta, en la que los que tomamos decisiones somos objetos de ataques a fondo por poderes de todo tipo. Ya no es que te insulten, te injurien o te amenacen, es que se ataca a la independencia judicial, no ya solo la propia, sino la de todos los jueces que sufren el efecto de la piedrecita en el estanque, generando ondas concéntricas que acaban llegándoles y pudiendo perturbarles. La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita.

Es usted uno de los llamados “jueces mediáticos”, aunque quizás los que son mediáticos son los casos que instruye. ¿Qué tal se lleva con la prensa? ¿Qué papel cree que deben jugar los periodistas en el ámbito de la justicia?

En la Audiencia Nacional se ve claramente esa relación. Aquí hay decenas de periodistas acreditados, que obtienen no solo información, sino también asesoramiento u orientación de carácter técnico que ayuda a que lo que trasladen a los ciudadanos sea lo suficientemente riguroso y comprensible. Lógicamente hay temas que por su propia naturaleza reservada no se pueden compartir.

En todo caso creo que no se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo. Una situación que se ha agravado con el paso del tiempo. A veces prima la información inmediata, difundida por canales digitales, sobre la veracidad o la rigurosidad. Y eso no debería pasar.

¿Cómo valora el estado de la Justicia en España? ¿Cree justificado el debate público sobre su independencia y la de los jueces?

El que piense que tenemos la desgracia de que España sea un estado fallido, no sabe lo que dice. La profesión de juez es sumamente vocacional, quizás como puede ser la de médico o sacerdote, y en mis muchos años de carrera siempre he visto integridad. El 99,9% de los jueces son independientes, aunque como en todos los lugares puede surgir una oveja negra. Yo nunca he visto más que profesionalidad en la Carrera Judicial. Efectivamente la Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces.

Ha pasado más de 16 años de su carrera ocupando puestos en el extranjero. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Lo que nos transmiten todos los que recurren a la Audiencia Nacional para obtener colaboración internacional es su agradecimiento y el reconocimiento de la eficiencia y facilidades que damos en el marco de esta colaboración.

Mi experiencia como juez de enlace en Francia, durante años duros de terrorismo, es que no encontramos la misma colaboración que nosotros ofrecemos a otros países. Me hubiera gustado tener en aquel momento más ayuda de un país en el que cayeron todas las cúpulas de ETA; no lo hicieron en España o en Portugal, sino en Francia y a veces nos encontramos un muro en la colaboración.

Sin duda creo que muchas muertes o heridos podrían haberse evitado con una mayor cooperación. Afortunadamente esa época pasó y la actuación y compromiso de todos los poderes llevaron a acabar con una época de terror y limpieza étnica en el País Vasco en septiembre de 2011.

Pasó más de tres lustros fuera de la Audiencia Nacional. ¿Encontró muchos cambios a su regreso?

Encontré un cambio físico obviamente por las obras que habían remodelado el edificio. En otro sentido no tanto, ya que debido a mi función en el extranjero mis contactos y comunicaciones eran constantes con los compañeros que estaban en la Audiencia.

Indudablemente cuando regresé la situación no era la misma que cuando me fui: había desaparecido el terrorismo de ETA y del GRAPO y había aumentado el islamista y se habían incrementado exponencialmente los delitos económicos.

Solo cuando ejerces en un órgano como este con competencias centrales te das cuenta de los magníficos medios con los que actúan otros servicios centrales como la Policía y la Guardia Civil. Su actuación en materia de investigación y prevención es espectacular.

¿Echa de menos su etapa de juez de instrucción en lugares como Medina del Campo o Valladolid? ¿Cómo es el salto de impartir justicia en un pequeño juzgado a ser el centro de atención mediático a diario?

Como en cualquier profesión esto es un camino en el que se va forjando la vocación. Hay jueces que empiezan en una jurisdicción y en ese camino encuentran que su vocación los lleva a otra. Cuando estás en jurisdicciones más pequeñas las posibilidades de ayudar a los demás no tienen la identidad que se alcanza en un órgano con jurisdicción nacional como este.

Creo que aquí se ve de forma plástica cómo se puede ayudar a los demás de forma inmediata. Es cierto que a veces no se consigue, como fue en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el que no pudimos llegar a tiempo.

Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás.

La Seguridad Jurídica es la base de una democracia sana y de una economía fuerte. Usted que ha conocido en diferentes escenarios el papel que juegan los notarios en este ámbito, ¿cómo valora su función en la sociedad?

El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales. Esa es mi experiencia constatada a lo largo de mi carrera.

“El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales”

Lucha contra los delitos financieros

¿Qué opina de la participación del Notariado español en el combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de herramientas como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) o la base de datos de titularidad real?

La aportación del Notariado es fundamental, como ha venido a reconocer la legislación que se ha ido desarrollando, en la prevención y combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los avisos emitidos por los notarios en actividades sospechosas provocan que los jueces podamos analizar actuaciones que pueden llevar a la apertura de un procedimiento judicial.

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la quEl juez García-Castellón no tiene presencia propia en las redes sociales, aunque lo mediático de los asuntos que instruye hace que proliferen las noticias sobre su actividad tanto en las redes como en la información digital de los medios.

Existe una reseña biográfica suya en Wikipedia (en catalán).

Wikipedia
Recientemente el digital Crónica Vasca le entrevistó con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso del que fue instructor.
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“No se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo”

“La Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces”

“Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás”

Europa se vuelca en la reconstrucción de Ucrania

ÁMBITO EUROPEO

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para poner todos los activos confiscados en un fondo europeo común.
The European Commission has presented a proposal to put all the confiscated assets into a common European fund.

EUROPA SE VUELCA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA

“La reconstrucción de Ucrania no es una tarea para una sola nación”, proclamaba el presidente del país bajo invasión rusa, Volodímir Zelenski en la conferencia internacional celebrada en Lugano (Suiza) a principios de julio para abordar la reconstrucción de su Estado. Efectivamente, hasta ahora la Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas para ayudar a reflotar el país, con varios paquetes macro-financieros de miles de millones de euros, pero la factura es colosal y hace falta mucho más. 

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

EUROPE ENDEAVOURS TO REBUILD UKRAINE

“The reconstruction of Ukraine is not a task for a single nation”, president Volodimir Zelensky said at the international conference held in Lugano (Switzerland) at the beginning of July to address the reconstruction of his state. Indeed, until now the European Union has launched several initiatives to help rebuild the country, with various macrofinancial packages of billions of euros. The bill to reconstruct the country under Russian invasion is foreseen to be colossal.

Las autoridades ucranianas presionan para que se usen los bienes incautados a las personas sancionadas.
The Ukrainian authorities are pressing to make use of the seized assets from the sanctioned individuals.

En esa misma conferencia en Lugano, las autoridades ucranianas cifraron el precio de la reconstrucción en 750.000 millones de euros, una cantidad que sin embargo tenía en cuenta la imposible circunstancia de que la guerra encontrara su fin en julio. Así pues, está previsto que la factura sea incluso mayor. En su momento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el país necesita unos 5.000 millones de euros cada mes solo para mantener los servicios básicos. De ahí que el mismo Zelenski avisara que una sola nación no puede hacerse cargo. El PIB de Ucrania antes de la guerra era cercano a los 170.000 millones de euros.

Europa se ha volcado en favor de Ucrania desde que empezó la invasión rusa, consciente que el país que lidera Zelenski está a su vez protegiendo las fronteras comunes y evitando que el conflicto entre en territorio de la OTAN. Por eso, no solo se han aprobado hasta seis paquetes de duras sanciones que han costado arduas negociaciones, sino que se han puesto en marcha diferentes vías de apoyo económico y financiero. 

“Queremos que Ucrania gane esta guerra. Pero también queremos fijar las condiciones para el éxito del país después del conflicto”, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ante el hemiciclo del Parlamento Europeo a principios de mayo. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había pedido al Congreso de los Estados Unidos la aprobación de una línea de hasta 8.500 millones de dólares en apoyo económico al Estado del este europeo como parte de un gran macro paquete de hasta 33.000 millones de dólares. “Nosotros, como Equipo Europa debemos hacer lo mismo”, remarcó la presidenta.

La respuesta inmediata

Primero, como respuesta inmediata, la Comisión Europea asegura haber movilizado más de 4.000 millones de euros en forma de asistencia macrofinanciera, apoyo presupuestario, asistencia de emergencia, respuesta a la crisis y ayuda humanitaria. También se han proporcionado medidas de asistencia militar en el marco del Fondo Europeo para la Paz, por un importe de 1.500 millones de euros, que se utilizarán para reembolsar a los Estados miembros por su apoyo militar en especie a Ucrania y está en marcha la movilización de 500 millones de euros adicionales. Aparte, se han organizado conferencias de donantes que han conseguido recaudar hasta 15.000 millones de euros. 

 

LAS AUTORIDADES UCRANIANAS CIFRARON EL PRECIO DE LA RECONSTRUCCIÓN EN 750.000 MILLONES DE EUROS

 

Pero hace falta ir más lejos, sobre todo porque la Unión Europea ha dado el sí a la candidatura de Ucrania para entrar en el club comunitario. Este es solo un primer paso (más político que práctico) de un largo proceso que también requiere reformas e inversiones. Para continuar dando apoyo, Bruselas prevé codirigir la plataforma global de apoyo a Ucrania a través de la cual colaborará con el Fondo de Reconstrucción para Ucrania, una nueva herramienta que conducirá todos los recursos movilizados. 

La Comisión Europea se comprometió a conceder hasta 9.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera a Ucrania a lo largo de todo el año, este septiembre Bruselas ha propuesto conceder otros 5.000 millones más dentro de esta cantidad” Seguir con: “Estos créditos deben ser avalados por los Veintisiete y Ucrania debería devolverlos a largo plazo. Y la Comisión Europea ya ha empezado. El ejecutivo comunitario anunció un acuerdo con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para proporcionar garantías que respalden 70 millones de euros de préstamos de la institución a empresas ucranianas que brindan servicios vitales para la economía del país. Estos créditos son parte de los 1.000 millones que el BERD invertirá en Ucrania en 2022 e incluyen por ejemplo apoyo a la compañía ferroviaria del país o a su industria farmacéutica.

 

LOS GOBIERNOS TEMEN UNA NUEVA RECESIÓN QUE EN NINGÚN CASO SERÍA EL CONTEXTO FAVORABLE PARA PODER REFLOTAR UCRANIA

 

Los activos confiscados

Pero estos créditos son un granito de arena comparado con los recursos que se necesitan para recuperar todo lo perdido, así que la pregunta se presenta sola. ¿Cómo se va a pagar? Cabe recordar que los europeos ya están pagando el precio de la guerra y de las sanciones en forma de una inflación desbocada impulsada por los precios de la energía, al alza por culpa de los cortes y restricciones de suministro de gas ruso. Los gobiernos y autoridades temen una nueva recesión que en ningún caso sería el contexto favorable para poder destinar miles de millones a reflotar Ucrania. 

Por eso y también por evidentes motivos políticos, las autoridades ucranianas presionan para que se usen, por ejemplo, los bienes incautados a las personas sancionadas o los hasta 300.000 millones de euros congelados de las cuentas del Banco Central de Rusia. Los veintisiete se han pronunciado públicamente en favor de explorar la vía aunque de puertas para dentro, fuentes diplomáticas destacan las dificultades legales y técnicas para llevar a cabo esta medida. 

“Una de las fuentes clave para la recuperación deberían ser los activos confiscados a Rusia y sus oligarcas deberían ser responsables de la destrucción masiva que han causado”, dijo el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal en la conferencia de Lugano.

 

LA COMISIÓN EUROPEA ASEGURA HABER MOVILIZADO MÁS DE 4.000 MILLONES DE EUROS

 

Son varias las voces que desde Bruselas presionan para actuar. Los principales grupos del Parlamento Europeo han reclamado en una carta a la Comisión Europea, encabezada por el eurodiputado español, Domènec Ruiz-Devesa, aprobar “de manera urgente un proyecto legislativo para disponer de un marco claro que permita reutilizar el tesoro de Putin en la protección y reconstrucción de Ucrania”. Sería pues necesaria la expropiación por parte del Estado miembro pertinente de los recursos que quedan congelados en virtud de la sanciones. 

Las dificultades legales

El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, a quien de hecho iba dirigida la misiva de los europarlamentarios, ya se ha pronunciado a favor de la expropiación de estos recursos e incluso ha recordado que Estados Unidos ha expropiado bienes de Afganistán para financiar la ayuda humanitaria a ese país y también a las víctimas de los ataques terroristas del 11-S. 

Sin embargo, una de las diferencias entre la UE y los Estados Unidos a la hora de aplicar las sanciones es justamente que en la UE son los Estados miembros los que las deben aplicar individualmente porque son los que tienen competencias para hacerlo y ahí está la dificultad jurídica de activar veintisiete legislaciones distintas para expropiar bienes al Estado ruso. Este ha sido de hecho uno de los factores que explican la lenta puesta en marcha de ciertas sanciones en territorio europeo. 

Hasta el momento, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para poner todos los activos confiscados en un fondo europeo común pero como advertía el comisario de Justicia, Didier Reynders, esto implicaría transferir la propiedad de los bienes confiscados y para hacerlo hace falta una decisión judicial y un marco legal común, que deberá ser acordado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo y después aprobarse formalmente; un proceso que ciertamente no será tan rápido como Zelenski desearía.

“Así pues, la cantidad total de dinero confiscado se pondrá en un fondo común para las víctimas de Ucrania y puede ser que llegue a formar parte de los primeros pasos para la reconstrucción del país. Pero, por supuesto, para conseguirlo es necesaria la transferencia de la propiedad de los activos congelados y después confiscados. Con una decisión judicial, sería posible reorganizarlo”, explicó el comisario. Mientras tanto, la UE busca otras vías de encontrar dinero para Ucrania a la vez que espera que los ecos de recesión vayan perdiendo fuerza.

Also at the conference in Lugano, the Ukrainian authorities set the price of reconstruction at 750 billion euros. Nevertheless, such an amount only takes into account the cost of the war if it ended in July. Thus, the bill is expected to be much higher, since no one envisages an early ending of the conflict. Some weeks ago, the International Monetary Fund (IMF) estimated that the country needs about 5 billion euros each month just to keep the basic services running. That is why Zelensky himself warned that a single nation cannot take it on its own. Ukraine’s GDP before the war was around 170 billion euros. 

Europe has given its support to Ukraine since the start of the Russian invasion. The EU is aware that the country led by Zelensky is in fact protecting the European borders and preventing the conflict from entering NATO territory. In that regard, EU countries have agreed to six packages of harsh economic sanctions despite arduous negotiations. Besides, EU authorities have opened different channels of economic, financial and military assistance. 

“We want Ukraine to win this war. But we also want to set the conditions for the country’s success after the conflict”, European Commission’s president, Ursula Von der Leyen, said in a speech to the members of the European Parliament at the beginning of May. By that time, the president of the United States, Joe Biden, had already asked the United States Congress to approve a line of 8.5 billion dollars in economic support to Ukraine as part of a large macro package of up to 33 billion dollars. “We, as Team Europe, must do the same”, the European president stated.

The immediate response

As an immediate response, the European Commission claims to have allocated more than 4 billion euros of macro-financial assistance, budget support, emergency assistance, crisis response and humanitarian aid. Military assistance measures have also been provided under the European Peace Facility, amounting to €1.5 billion, which will be used to reimburse Member States for their in-kind military support to Ukraine. An additional 500 million are underway. In addition, EU authorities have organised donor conferences that until now have managed to raise up to 15 billion euros.

 

THE UKRAINIAN AUTHORITIES SET THE PRICE OF RECONSTRUCTION AT 750 BILLION EUROS

 

But further support is required, especially since the European Union has given its acceptance to Ukraine’s candidacy to enter the community club. This is only a first step (rather political than practical) in a long process that also requires reforms and investments. To continue providing support, Brussels plans to co-direct a global platform to support Ukraine. A Ukraine Reconstruction Fund will be established as the main tool to allocate and mobilise resources for that purpose.

The European Commission promised to grant up to 9,000 million euros in macro-financial assistance to Ukraine throughout the year, this September Brussels has proposed to grant another 5,000 million more within this amount” Continue with: “These credits must be guaranteed by the Twenty-seven and Ukraine should return them in the long term. The twenty-seven Member States will have to back those loans, that Ukraine will be able to repay in the long term and with low interests. The process to grant Ukraine these resources has already started. The executive announced an agreement with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to provide guarantees to support 70 million euros of loans from the institution to Ukrainian companies that provide vital services for the country’s economy. These credits are part of the 1 billion that the EBRD will invest in Ukraine in 2022 and include, for example, support for the country’s railway company or its pharmaceutical industry.

 

THE MACROECONOMIC CONTEXT DOES NOT SEEM TO BE THE BEST TO ALLOCATE BILLIONS TO REBUILD UKRAINE

 

Expropriated assets

But these loans are insignificant compared to the resources needed, so the question comes inevitably: How are we going to pay for Ukraine’s reconstruction? European citizens are already paying the price of the war plus the imposed sanctions as inflation reaches record levels fuelled by rising energy prices due to Russian gas supply cuts and restrictions. Governments and authorities fear a new recession, and national budgets are struggling to cut debt while protecting its citizens. Therefore, the macroeconomic context does not seem to be the best to allocate billions to rebuild Ukraine.

It is then obvious that new sources of financing will need to be found somewhere else, and that is why the Ukrainian authorities are pressing to make use of the seized assets from the sanctioned individuals and also to expropriate up to 300 billion euros from the Central Bank of Russia that are frozen in European and American jurisdictions. 

«One of the key sources for recovery should be the assets seized from Russia and its oligarchs, they should be responsible for the massive destruction they caused,» Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal told the Lugano conference.

 

THE EUROPEAN COMMISSION CLAIMS TO HAVE ALLOCATED MORE THAN 4 BILLION EUROS

 

Several voices from Brussels are putting pressure to act. The main groups of the European Parliament, headed by the Spanish MEP, Domènec Ruiz-Devesa, sent a letter to the European Commission asking to «urgently approve a legislative project to have a clear framework that allows Putin’s treasure to be reused for the protection and reconstruction of Ukraine”. It would therefore be necessary for the relevant Member State to expropriate the resources that are frozen by virtue of the sanctions, because the competence is national, not European.

The legal hurdle

In the last EU summit EU leaders publicly declared themselves in favor of exploring this path, although behind closed doors, diplomatic sources highlight the legal and technical difficulties that would come along.

MEPS addressed the letter to EU’s High Representative, Josep Borrell and actually the former Spanish Foreign Affairs minister already spoke out in favor of the expropriation of such resources. Borrell even recalled that the United States expropriated assets from Afghanistan to finance its Humanitarian Aid and also to help the victims of the 9/11 terrorist attacks.

However, one of the differences between the EU and the United States when it comes to enforcing sanctions is precisely that in the EU there are twenty-seven Member States that must enforce them individually. It is not as easy as having them approved in the Council because there are twenty-seven different legal jurisdictions. So therein lies the difficulty to activate several different laws to expropriate assets from the Russian State and oligarchs. This has in fact been one of the factors that explains the slow implementation of certain sanctions in European territory.

So far, the European Commission has presented a proposal to put all the confiscated assets into a common European fund, but as Justice Commissioner Didier Reynders warned, this would imply transferring ownership of the confiscated assets and to do so, a judiciary decision and a common legal framework are required. And most importantly, first Member States and the European Parliament would have to agree on the directive and then approve it formally, a process that would not be as fast as Ukraine would wish.

«So the total amount of money [will be put] in a common fund for the Ukrainian victims and maybe to take part in the first steps in the rebuilding of Ukraine, but, of course, to do that you need to have a transfer of ownership from the freezing to the confiscation. With a judicial decision, it will be possible to organise that”, commissioner Reynders said. In the meantime, the Eu and other international partners are trying to find other ways to finance loans to Ukraine while they hope for the echoes of recession to fade away.

La compleja entrada de Ucrania en la UE

En la cumbre de finales de junio, los veintisiete líderes de la Unión Europea enviaron una fuerte señal de apoyo político a Ucrania otorgando en tiempo récord el estatus de candidato para entrar al club. Este es sin embargo un largo y polémico proceso, en el que países como Macedonia del Norte o Albania llevan hasta décadas sin poder ver hacerse efectiva la entrada. Además, a cambio del sí, Ucrania deberá llevar a cabo profundas reformas anticorrupción y de fortalecimiento del estado de derecho.

 

Ukraine’s difficult accession to the EU

At the European summit in late June, the twenty-seven EU leaders sent a strong signal of political support to Ukraine by granting its candidate status to join the club in record time. However, this is a long and controversial process. Countries such as North Macedonia or Albania have spent decades stuck there without being able to see their entry become effective. To get in, candidates must carry out reforms and match the requirements, which in the case of Ukraine are profound anti-corruption and rule of law reforms.

Seis paquetes de sanciones

Más allá del apoyo económico y el foco en la reconstrucción, la Unión Europea, juntamente con sus socios internacionales como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, han aplicado hasta seis paquetes de sanciones que implican no solo el embargo a las compras de petróleo y carbón ruso, sino también una larga lista de hasta 98 entidades y 1.158 individuos, desde miembros de la Duma, pasando por el mismo presidente Vladimir Putin o su ministro de Exteriores, Sergey Lavrov.

 

Six packages of sanctions

Beyond the economic support and the focus on reconstruction, the European Union, together with its international partners such as the United States, the United Kingdom or Canada, have implemented up to six packages of sanctions that involve not only the embargo on Russian oil and coal purchases, but also a long list of 98 entities and 1,158 individuals, from members of the Duma, through President Vladimir Putin himself or his Foreign Minister, Sergey Lavrov.

Europa opina / Europe thinks

Ucrania necesita asistencia financiera externa ahora. Informe del Think Tank económico Bruegel sobre las necesidades económicas inmediatas de Ucrania.

Ukraine needs external financial assistance now. Bruegel Economic Think Tank report on Ukraine’s immediate economic needs.

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Un plan para la reconstrucción de Ucrania (CEPR). Propuesta del Centro de Investigación de Política Económica para la reconstrucción del país.

A plan for the reconstruction of Ukraine (CEPR). Proposal of the Centre of Economic Policy Research for the reconstruction of the country.

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Página informativa del Consejo de Notarios de Europa sobre las obligaciones que se derivan para el sector.

Informative page of the Council of Notaries of Europe on the obligations that are derived for the sector.

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Entrevista a Dubravka Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía

ÁMBITO EUROPEO

DUBRAVKA SUICA,

vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía

vice president of the european commission for democrazy and demography

JULIA MANRESA,

Fotos: Melanie WENGER. Copyright: © European Union 2019

Dubravka Suica (Luetic, Croacia, 1957) es una política del partido de centroderecha Unión Democrática Croata (HDZ), vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía desde 2019. Anteriormente ya estaba en política europea como eurodiputada. Fue la primera alcaldesa de Dubrobvknik. Como vicepresidenta de la Comisión, lidera los trabajos sobre democracia deliberativa y la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que concluyó recientemente. También está a cargo del mapeo estadístico del impacto del cambio demográfico y coordina la visión a largo plazo para las áreas rurales en Europa.

“El envejecimiento nos desafía como individuos y como sociedad”

¿Se van a implementar realmente las reformas solicitadas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa aunque supongan un cambio en los tratados europeos?

Corresponde a cada institución cumplir con los resultados de la conferencia, pero el seguimiento es una responsabilidad compartida. Estamos dispuestos a desempeñar nuestro papel para convertir las propuestas en acciones concretas. Las primeras propuestas de la Comisión para responder al informe final serán anunciadas por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre. Hay ejemplos recientes que demuestran que, incluso en medio de una pandemia mundial o una guerra, Europa puede cumplir en áreas que no están explícitamente previstas en los tratados. Hemos adquirido miles de millones de vacunas para los europeos y hemos trabajado para reactivar la economía a través de NextGenerationEU, por mencionar solo dos. Pero podríamos ir más lejos. Europa podría desempeñar un papel más importante, por ejemplo, en salud y defensa, y en algunas áreas clave donde la votación por unanimidad no tiene sentido y necesitamos poder avanzar más rápido. Tenemos que encontrar la forma más directa de dar seguimiento a las conclusiones de la conferencia, ya sea utilizando todos los límites de lo que se puede hacer dentro de los tratados, o si es necesario, cambiando los tratados.

Se ha argumentado que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debería convertirse en un instrumento participativo permanente. ¿Cree que la CoFoe tuvo el éxito suficiente para hacerlo?

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha sido un ejercicio innovador de democracia deliberative, sostiene nuestra democracia representativa. Pero hay que recordar que en nuestra democracia representativa, los parlamentos son lugares de debate. La conferencia ha sido un ejercicio transnacional y multilingüe sin precedentes en democracia deliberativa. Los ciudadanos piden una mayor participación en la elaboración de políticas de la UE y, dados varios acontecimientos políticos, hemos reconocido que continuar como hasta ahora no es el camino a seguir. De hecho, a raíz de la pandemia y ahora que el horror de la guerra regresó a Europa, seguir como hasta ahora no es una opción.
Necesitamos una visión, una reinvención creativa de la democracia en la UE con el coraje de actuar de manera diferente y empoderar a los ciudadanos. No es suficiente que los ciudadanos esperen 4 o 5 años para expresar sus puntos de vista en las elecciones; quieren la oportunidad de contribuir con más regularidad.

“EL CAMBIO DEMOGRÁFICO PUEDE PERCIBIRSE COMO MENOS VISIBLE QUE LOS DESAFÍOS ASOCIADOS A LA TRANSICIÓN VERDE O DIGITAL, PERO NO ES MENOS URGENTE”

Entre sus competencias se encuentran las de recopilar información sobre los desafíos demográficos para establecer una hoja de ruta. ¿Está preparada Europa para el envejecimiento previsto de su población?

Mi trabajo trata sobre la vida de las personas a lo largo de todo su ciclo. Por ejemplo, parece que las diferencias de actitud hacia la UE pueden verse influidas por la edad y el lugar de residencia. Además, las actitudes políticas y el comportamiento electoral están determinados por los cambios en la estructura de edad de los territorios. Estamos pasando por tres transiciones. Las dos primeras son probablemente las más visibles: la verde y la digital. El cambio demográfico puede percibirse como más gradual y menos visible que algunos de los desafíos que enfrentamos asociados a esas dos transiciones, pero no es menos urgente. De hecho, sin incorporar la implicación de las transiciones demográficas en nuestros procesos, no podremos lograr lo que necesitamos para avanzar hacia una forma de vida más sostenible y una forma de vivir en un entorno cada vez más digital.

Ese es precisamente el propósito de mi cartera: garantizar que los Estados miembros y las instituciones europeas tengan la información y las herramientas adecuadas que necesitan para asegurarse de que están listos. El envejecimiento nos desafía como individuos y como sociedad. Por ejemplo, podemos esperar una demanda creciente en el cuidado a largo plazo. Otro factor es que la población en edad de trabajar se está reduciendo al mismo tiempo que aumenta el grupo de personas mayores. Esto ejerce presión sobre nuestros sistemas de protección social y desafía nuestros niveles de productividad y prosperidad. También debemos ser conscientes del peligro de la pobreza en la vejez.

“A RAÍZ DE LA PANDEMIA Y AHORA QUE EL HORROR DE LA GUERRA VOLVIÓ A EUROPA, SEGUIR COMO HASTA EL MOMENTO NO ES UNA OPCIÓN”

¿El movimiento de refugiados debido al conflicto en Ucrania cambia de alguna manera las tendencias demográficas proyectadas?

Todavía es demasiado pronto para evaluar completamente el impacto a largo plazo de la brutal guerra que libra el Kremlin en Ucrania. En el plazo inmediato, sin embargo, hemos estado trabajando para mapear la diáspora ucraniana en toda la UE, con el fin de ayudar en términos de planificación a dónde podrían ir aquellos que huyen de la guerra cuando buscan refugio en los Estados miembros. Estamos particularmente preocupados, y esto también entra dentro de mi cartera, por el bienestar de los niños que se han ido de Ucrania. Estamos haciendo esfuerzos para apoyar a nuestros Estados miembros para que puedan recibir adecuadamente a estos niños, brindarles alojamiento, alimentación, atención médica, apoyo psicosocial e integrarlos en sus sistemas educativos nacionales.

“ESTAMOS EN EL PROCESO DE ESTABLECER UN OBSERVATORIO RURAL Y DE ELABORAR UN MANUAL HECHO A MEDIDA PARA LAS ZONAS RURALES PARA UN MEJOR USO DE LOS FONDOS DE LA UE”

España es un ejemplo de disminución de la población en las zonas rurales. ¿Cómo se puede revertir esta tendencia y qué puede hacer la UE para contribuir?

Esta tendencia a la disminución de la población en las zonas rurales ha sido uno de los desencadenantes clave de nuestra comunicación sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales. Lo presentamos en junio del año pasado y desde entonces estamos trabajando en sus resultados. Hace un par de semanas lanzamos el Pacto rural, que reúne a todas las partes interesadas para hacer que las zonas rurales sean más vibrantes, dinámicas y atractivas; a principios de este año, comenzamos a probar todas nuestras iniciativas políticas clave en zonas rurales, para asegurarnos de que también beneficien a nuestras áreas rurales. Ahora estamos en el proceso de establecer un observatorio rural y de elaborar un manual hecho a medida para las zonas rurales para un mejor uso de los fondos de la UE.

“NO BASTA CON QUE LOS CIUDADANOS ESPEREN 4 O 5 AÑOS PARA EXPRESAR SU OPINIÓN EN LAS ELECCIONES, QUIEREN LA OPORTUNIDAD DE CONTRIBUIR MÁS REGULARMENTE”

España es también otro de los países europeos que está experimentando una fuerte ‘fuga de cerebros’. ¿Qué está haciendo la Comisión y la UE en su conjunto para detenerlo o evitarlo?

Estamos preparando para fin de año una iniciativa sobre este tema específico. El fenómeno está afectando a varias regiones de la UE y, si no se gestiona, corre el riesgo de generar consecuencias económicas y sociales muy negativas debido a la emigración de poblaciones jóvenes, educadas y dinámicas. Nuestra ambición con esta comunicación es atraer y retener talentos en las regiones de la UE que enfrentan una disminución de la población y transformar la fuga de cerebros en grano de cerebros con la ayuda de nuestras diferentes políticas, pero principalmente a través de la cohesión. Queremos crear nuevos polos de atracción en torno a diferentes estrategias de especialización inteligente y convertir a las regiones de la UE en centros de vida saludable y nuevas oportunidades.

¿La situación geopolítica y macroeconómica actual podría poner a los gobiernos en riesgo de priorizar políticas sociales de largo plazo como la Garantía Juvenil o Infantil?

Está claro que nos encontramos en una coyuntura geopolítica crítica en este momento. Nuestras políticas internas y externas están entrelazadas, se afectan y se informan mutuamente. Sería negligente decir que esta crisis no tiene consecuencias de gran alcance también dentro de la UE. La implementación de la garantía infantil y juvenil está muy avanzada. Nos hemos fijado el objetivo de abordar de manera efectiva la pobreza infantil, sacar a los niños y sus familias de la pobreza. Esto sigue siendo una prioridad. La garantía está especialmente diseñada para ayudar a los niños necesitados, que también incluye a los niños en movimiento y, en adelante, a los que huyen de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Ahora juega un papel crucial. La crisis actual sin duda tendrá un impacto en nuestros sistemas sociales, razón de más para fortalecerlos. Son los cimientos de nuestras sociedades democráticas y si la realidad actual nos ha enseñado algo, es que ahora más que nunca necesitamos solidificar nuestros cimientos. Mientras hacemos nuestra tarea aquí en la UE, también predicamos con el ejemplo más allá de nuestras fronteras.
Sumarios.

Dubravka Suica (Luetic, Croatia, 1957) is a politician from the centre-right Croatian Democratic Union (HDZ), Vice-President of the European Commission for Democracy and Demography since 2019. Previously she was already in European Politics as member of the European Parliament from 2013 to 2019. She was the first female mayor of Dubrobvknik. As Vice-President of the Commission, she leads the work on deliberative democracy and the Conference of the Future of Europe, that concluded recently. She is also in charge of the statistical mapping of the impact of the demographic change and also coordinating the long-term vision for rural areas in Europe.

“Ageing challenges us both as individuals and as a society”.

Are the reforms requested in the Conference on the Future really going to be implemented even if they involve a change in the European treaties?

It is up to each institution to deliver on the follow-up of the Conference. Follow-up is nevertheless a shared responsibility. We are ready to play our part in turning proposals into concrete action. The first new Commission proposals responding to the final report will be announced by President von der Leyen in her State of the Union Address in September. Recent examples show that, even in the midst of a worldwide pandemic or a war, Europe is able to deliver on areas that are not explicitly foreseen in the Treaties. We have procured billions of vaccines for Europeans and worked on kick-starting the economy through NextGenerationEU to mention just two examples. Beyond this, we could go further. Europe could play a greater role for example in health and in defence, and in some key areas where unanimity voting does not make sense and we need to be able to move faster.
We have to find the most direct way to follow-up on the conclusions of the Conference, either by using the full limits of what can be done within the Treaties, or if needed changing the Treaties where necessary.

Some have argued that the Conference on the Future of Europe should become a permanent participatory instrument. Do you think the CoFoe was successful enough to become permanent?

The Conference on the Future of Europe has been an innovative exercise in deliberative democracy. It underpinned our representative democracy. But remember our representative democracy and parliaments are places for debate. The Conference has been an unprecedented transnational, multilingual exercise in deliberative democracy. Citizens are calling for a greater involvement in EU policy making, and given various political developments, we have acknowledged that business as usual is not the way forward for us at the institutions. Indeed, in the wake of the pandemic and now the horror of war returned to Europe, business as usual is not an option.

We need a vision, a creative re-imagining of democracy in the European Union with the courage to deliver differently and to empower citizens. It is not enough for citizens to wait 4 or 5 years to express their views in elections, they want the opportunity to contribute more regularly.

“DEMOGRAPHIC CHANGE MAY BE PERCEIVED AS LESS VISIBLE THAN THE CHALLENGES ASSOCIATED TO GREEN OR DIGITAL TRANSITION BUT IT IS NOT LESS URGENT”

Among your competences, there are those of collecting information on the demographic challenges to set a roadmap. Is Europe ready for the expected ageing of its population?

My work is about people’s lives throughout the whole life cycle. For example, it appears that differences in attitudes towards the EU may be influenced by age and place of residence. In addition, political attitudes and electoral behaviour are shaped by changes in the age structure of territories. We speak of undergoing three transitions at the moment. The first two are probably the most visible – the green and digital transitions. Demographic change may be perceived to be more gradual and less visible than some of the challenges we face associated with these transitions, but it is no less urgent. In fact, without incorporating the implication of demographic transitions into our processes, we will not be able to achieve what we need to in terms of moving towards a more sustainable way of living and a way of living successfully in an increasingly digital environment.
That is precisely the purpose of my portfolio – to ensure member states and the European institutions have the information and the appropriate tools that they need to ensure that they are ready. Ageing challenges us both as individuals and as a society. For example, we can expect an increasing demand in long-term care. Another factor is that the working-age population is shrinking while at the same time the group of older persons increases. This puts pressure on our social protection systems and it challenges our levels of productivity and prosperity. Likewise, we need to be aware of the danger of old-age poverty.

“IN THE WAKE OF THE PANDEMIC AND NOW THE HORROR OF WAR RETURNED TO EUROPE, BUSINESS AS USUAL IS NOT AN OPTION”

Does the refugee movement due to the conflict in Ukraine change in any way the projected demographic trends?

It is still too early to fully assess the long-term impact of the brutal war being waged by the Kremlin in Ukraine. In the immediate term, however, we have been working to map the Ukranian diaspora across the EU, in order to help in terms of planning where those fleeing the war could go as they seek refuge in member states.
We are particularly concerned – and this also falls within my portfolio – about the well-being of the children who have left Ukraine. We are taking efforts to support our Member States so that they can adequately receive these children, provide them with shelter, food, healthcare, psycho-social support and integrate them in their national education systems.

“WE’RE NOW IN THE PROCESS OF ESTABLISHING A RURAL OBSERVATORY, AND OF PUTTING TOGETHER A HANDBOOK TAILOR-MADE FOR RURAL AREAS FOR THE BETTER USE OF EU FUNDS”

Spain is one example of population decline in rural areas. How can this trend be reversed and what can the EU do to contribute?

This tendency of population decline in rural areas has been one of the key triggers for our communication on the long-term vision for rural areas. We have presented it in June last year, and we are ever since working on its very concrete deliverables. A couple of weeks ago we have launched the Rural pact – bringing together all stakeholders to make rural areas more vibrant, dynamic and attractive; earlier this year we have started rural proofing all our key policy initiatives, to make sure that they also benefit our rural areas. We’re now in the process of establishing a rural observatory, and of putting together a handbook tailor-made for rural areas for the better use of EU funds. This is how we are trying, to help reversing the trend, and to make our rural areas connected, prosperous and attractive!

“IT IS NOT ENOUGH FOR CITIZENS TO WAIT 4 OR 5 YEARS TO EXPRESS THEIR VIEWS IN ELECTIONS, THEY WANT THE OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE MORE REGULARLY”

Spain is also another of the European countries that is experiencing a heavy ‘brain drain’. What is the Commission and the EU as a whole doing to stop or prevent it?

We are preparing for the end of the year an initiative on this specific topic. The phenomenon is affecting a number of EU regions and if left unmanaged risks generating very negative economic and social consequences because of the outflowing migration of young, educated and dynamic populations. Our ambition with this communication is to attract and retain talents in EU regions facing population decline, and to transform brain drain into brain grain with the help of our different policies, but mainly through cohesion. We want to create new poles of attraction around different smart specialisation strategies and make EU regions hubs of healthy living and new opportunities. 

Could the current geopolitical and macroeconomic situation put governments at risk of prioritising long-term social policies such as the Youth or Child Guarantee?

It is clear that we are at a critical geopolitical juncture right now. Our internal and external policies are intertwined,

 they affect and inform one another. It would be remiss to say that this crisis does not have far reaching consequences also inside the EU. The implementation of both the child and youth guarantee are well underway. We have set ourselves the goal to effectively tackle child poverty, lift children and their families out of poverty. This remains a priority. The guarantee is particularly designed to support children in need, which also includes children on the move, and henceforth those fleeing the Russian war of aggression against Ukraine. It plays a crucial role now. The current crisis will certainly have an impact on our social systems, which is all the more a reason to strengthen them. They are foundations for our democratic societies and if the current reality has taught us one this, is that we now need to solidify our foundations more than ever. While doing our homework here in the EU, we are also leading by example beyond our borders.

Freno al «salvaje oeste» digital en la UE

ALDEA GLOBAL

Freno al «salvaje oeste» digital en la UE

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de julio las leyes de mercados digitales y de servicios digitales con normas claras que regulan su funcionamiento.

La expresión es del diputado europeo danés Christel Schaldemose, ponente de la Ley de Servicios Digitales, para quien «el mundo digital se ha convertido en el “salvaje oeste”, en el que los más grandes y fuertes fijan las reglas. Pero ha llegado a la ciudad un nuevo sheriff». Este nuevo defensor son la Ley de Mercados Digitales y la ya citada de Servicios Digitales, cuyo visto bueno dio el Parlamento Europeo, previa aprobación por la Comisión. Un reto para las grandes plataformas y una indudable ayuda para los usuarios.

MELCHOR DEL VALLE,

El Parlamento Europeo (PE) aprobó el 5 de julio de 2022, por amplia mayoría, la Ley de Mercados Digitales (DMA, de Digital Markets Act) y la Ley de Servicios Digitales (DSA, de Digital Services Act), que ya habían sido consensuadas entre el propio PE y el Consejo Europeo. Según la nota de prensa emitida por el organismo comunitario, «ambas leyes tienen por objeto abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico. A tal fin, establecen normas claras que regulan, de acuerdo con los derechos y valores de la UE, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas empresas en la Unión».

Qué hace el ‘sheriff’. Cabe decir que los Estados miembros de la Unión dan un paso tan gigantesco como histórico para lograr la regulación legal del mercado digital. «Reglas sin precedentes», dicen desde el PE, para que las empresas tecnológicas rindan cuentas. No olviden esto último, en lo que incidiremos un poco más adelante, porque esos controles son el principal objetivo de ambas normas. La DSA, si vemos las normativas por separado, «establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o los mercados electrónicos, para hacer frente a fenómenos que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea. Los nuevos requisitos son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía», dice el PE.

 

SON UNAS «REGLAS SIN PRECEDENTES», DICEN DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO, PARA QUE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS RINDAN CUENTAS

 

La DMA «establece obligaciones para las grandes plataformas en línea que ejercen como guardianes de acceso (es decir, aquellas plataformas cuya posición dominante aboca a prácticamente todos los usuarios a utilizarlas) en el mercado digital para velar por un entorno empresarial más justo y una mayor oferta de servicios para los consumidores». Aunque lo habrán percibido entre líneas, hablar de «guardianes de acceso» es citar implícitamente a las llamadas GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (aunque sería mejor llamarlas GAMAM desde que Facebook es Metaverso). Y no: la denominación no es un invento del redactor de la ley, porque a estas grandes compañías las llaman, en argot del sector, «los guardianes» (gatekeepers) online.

Servicios y Mercados. La DSA, pues, está más basada en las redes sociales y el comercio electrónico (e-commerce) y busca frenar la desinformación y los bulos o fake news, además del uso publicitario de datos confidenciales o de menores. La transparencia y las explicaciones sobre el uso de sus algoritmos son los objetivos en el caso de las redes sociales; y el rigor respecto a la trazabilidad y la seguridad de los productos ofertados, si hablamos del comercio electrónico. También destaca, decíamos, la prohibición de diversos tipos de publicidad selectiva, como son los anuncios basados en datos confidenciales y aquellos dirigidos a menores de edad. En el capítulo multas se prevé hasta el 6% de su facturación anual para quien incumpla las nuevas obligaciones impuestas.

Para la DMA lo importante es evitar el control de los «guardianes» sobre los datos de los ciudadanos de la UE. Simplificando, se buscará evitar monopolios y se diseñarán normas de acceso a las plataformas de dichos guardianes. En otras palabras, sus servicios de comunicación tendrán que ser interoperables, pero es que, además, los usuarios corporativos (empresas) podrán tener acceso a la información de las grandes plataformas para poder publicitar sus productos y servicios en estas, aunque sean competencia. Afecta a las GAFAM y alguna más, como YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram o Twitter, porque la DMA se aplica a las plataformas que superen los 45 millones de usuarios, entre otros requisitos, lo que las situará bajo el control directo de la Comisión Europea. Las sanciones aquí pueden llegar al 20% de la facturación para los reincidentes.

Reacciones. Al cierre de este número de Escritura Pública apenas había reacciones de las grandes plataformas. Únicamente Apple y Google. La primera, que ya estaba abiertamente en contra de la DMA, ha hecho público su desacuerdo indicando que la norma va a crear vulnerabilidades en la privacidad y la seguridad de sus usuarios, aunque lo que más les duele es que creen que no van a poder cobrar por determinados derechos de propiedad intelectual. Con esta última idea están en Google, aunque ellos lo expresan diciendo que van a salir perdiendo los consumidores europeos porque no van a poder disponer de sus innovaciones y, por tanto, se reducirá su oferta de servicios.

 

LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES BUSCA FRENAR LA DESINFORMACIÓN Y LOS BULOS O FAKE NEWS, ADEMÁS DEL USO PUBLICITARIO DE DATOS CONFIDENCIALES O DE MENORES

 

En el lado opuesto tenemos organizaciones como la GSMA (Global System for Mobile Communications, organizadores –ente otras actividades– del MWC Barcelona), que se auto define como «una organización global que unifica el ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación fundamental para entornos empresariales positivos y cambios sociales»; y la ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association), que de sí misma dice que es «la voz de los operadores de redes de telecomunicaciones de Europa desde 1992 y se ha convertido en el principal grupo político para los operadores europeos de redes de comunicaciones electrónicas». Ambas se han posicionado sin fisuras a favor de la frase estrella del PE: «lo que es ilegal offline debería ser ilegal online». Para que conste, son organizaciones nacidas en Europa y paneuropeas en sí mismas, aunque con intereses en todo el mundo; sobre todo GSMA.

Y ahora, ¿qué? Los textos se tienen que publicar en el Diario Oficial de la UE, lo cual sucederá cuando el Consejo los apruebe oficialmente (unos días después de la aprobación por el PE para DMA y en septiembre de 2022 para la DSA). Su entrada en vigor será veinte días después de su publicación; y serán directamente aplicables a los seis meses para la DMA y a los quince meses o en enero de 2024 (la fecha más tardía) para la DSA. Esto se aplica a toda la Unión Europea sin necesidad de que los Estados miembros las transpongan.

Procede finalizar con una declaración del alemán Andreas Schwab, ponente de la DMA: «Ya no vale lo de la “supervivencia del más fuerte”. El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores compañías y no sólo a las más grandes. Por eso debemos centrarnos en la aplicación de la legislación. Hace falta una vigilancia adecuada para asegurar que el diálogo regulatorio funciona. Sólo una vez que tengamos un diálogo entre iguales lograremos que la UE sea respetada; se lo debemos a nuestros ciudadanos y empresas».

Modificación de la carga de la prueba

En palabras del europarlamentario alemán Andreas Schwab, ponente principal de la Ley de Mercados Digitales, «esta legislación [DMA] modifica la carga de la prueba, porque serán las compañías las que tendrán que demostrar que su conducta es leal y no los reguladores, que hasta ahora necesitaban demostrar que se habían vulnerado las leyes antitrust vigentes».

Es algo similar a lo que sucede con la normativa española para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que textualmente dice: «Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos». En el caso de la DMA, se facilita el trabajo de control y de imposición de sanciones por parte de organismos como la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

Mayoría europea

La Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) salieron adelante en el Parlamento Europeo, el 5 de julio de 2022, con amplias mayorías. En concreto, la DMA obtuvo 588 votos a favor, 11 votos en contra y 31 abstenciones, mientras que la DSA se aprobó con 539 votos a favor, 54 votos en contra y 30 abstenciones.

Algunas enmiendas a la DSA, que no salieron adelante, estuvieron muy presentes en los debates, como la que buscaba que los medios de comunicación estuviesen excluidos de las leyes, con lo que se habría impedido a las plataformas recusar los contenidos generados por los medios. La Federación de Periodistas Europeos se opuso a esa enmienda, pero insistió en obtener «garantías que evitarían que las plataformas de internet eliminen arbitraria y unilateralmente el contenido periodístico».

Pantallazos de las votaciones en el Parlamento Europeo.

Por si las dudas

Sneak peek: how the Commission will enforce the DSA & DMA. Thierry Breton, comisario europeo para el Mercado Interior. (Publicado en LinkedIn).

Saber más
Avanzando en la soberanía digital europea: los reglamentos DSA y DMA. Moisés Barrio Andrés. Real Instituto Elcano (2022).
Saber más
Para el Parlamento Europeo los nuevos requisitos son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía.

“Big Tech”, por David Cano

ALDEA GLOBAL

DAVID CANO MARTÍNEZ,
socio de Analistas Financieros Internacionales

“Ni vamos a dar pasos atrás en el desarrollo tecnológico, ni las principales compañías cotizadas atraviesan por una crisis en su modelo de negocio"

‘Big Tech’

UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS más notables del capitalismo o, desde luego, de uno de sus símbolos, la Bolsa, ha sido el aumento del valor de mercado de unas cuantas compañías tecnológicas estadounidenses en los últimos 15 años. Las denominadas Big Tech se han convertido en emblema del éxito de un modelo de negocio con elementos diferenciales.

La capitalización de estas compañías ha superado, y por mucho, a los estandartes de otros momentos, como las entidades crediticias en 2007 (justo antes del inicio de la crisis financiera) o las petroleras a mediados de los ochenta. Nunca antes compañía alguna había tenido una capitalización tan elevada como la que ahora registran Apple (2,4 billones de USD), Microsoft (2 billones), Alphabet (1,6 billones), Amazon (1,2 billones), Tesla (780.000 millones), Meta (476.000 millones) o NVIDIA (400.000 millones de USD). Y eso que la foto actual es peor que la del pasado noviembre.
Desde entonces, la caída de las cotizaciones ha sido en media del 30% (pero del ‐70% en Netflix y de ahí que, con su valor de mercado actual, 83.000 millones de USD, haya salido de la clasificación de Big Tech).

Con esta capitalización (sirva para el contraste que Iberdrola, con 70.000 millones de EUR, es la compañía española que más capitaliza) y la corrección reciente, muchas voces alertan de que nos enfrentamos a una nueva burbuja de valoración. Esta habría comenzado a estallar debido al inicio del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Estaríamos ante la repetición de la famosa dot com bubble burst de 2001. Si tenemos en cuenta que el Nasdaq, el principal índice representativo de las tecnológicas, cotiza hoy un 400% por encima de los máximos de entonces, podría parecer sensato alertar del futuro proceso correctivo. Pero no estoy de acuerdo. Existe un factor fundamental y diferencial: los beneficios empresariales. En 2001 se podía vislumbrar el futuro desarrollo de la tecnología, pero todavía era una expectativa (como dato, el iPhone no se lanzó hasta 2008 y las redes sociales comenzaron a popularizarse en 2010). El mercado, como suele suceder, se anticipó, pero de forma excesiva («exuberancia irracional», del Nobel Robert Shiller, fue el término más utilizado). Hoy, la disrupción de las nuevas tecnologías es una realidad que se plasma en enormes beneficios para los principales innovadores (en 2001 apenas conseguían cubrir costes ante un volumen de negocio muy reducido). Como muestra, otro dato: el conjunto de las compañías del Nasdaq ganará este año 700.000 millones de USD (Inditex, del orden de 3.000 millones de EUR), lo que da soporte a una capitalización de 14 billones de USD (65.000 millones de EUR en el caso de la textil gallega). La ratio entre capitalización y beneficios (que en los mercados financieros llamamos PER) está en la zona de 20. Un múltiplo de valoración que apenas se sitúa por encima del promedio histórico del conjunto de acciones cotizadas (16x). Se podría entender que ante una mayor capacidad de crecimiento del beneficio por acción el inversor esté dispuesto a pagar un ratio mayor (20x vs 16x). Por ello, porque tras las actuales cotizaciones haya elevados beneficios, con capacidad no solo para resistir, sino para crecer, considero que no estamos ante una nueva burbuja tecnológica. La corrección desde noviembre debe entenderse como una típica fase bajista coyuntural tan propia en unos mercados bursátiles caracterizados por la volatilidad. Ni vamos a dar pasos atrás en el desarrollo tecnológico, ni las principales compañías cotizadas atraviesan por una crisis en su modelo de negocio, ni cotizan con unos ratios de valoración excesivos (acaso la excepción puede ser Tesla). Por cierto, tampoco creo que el endurecimiento de las políticas monetarias vaya a ser excesivo (un nivel de llegada en cotas del 2,5%–3,5% es más que asumible, más si la inflación se mantiene en esas mismas referencias).

Más debate puede generarse, en mi opinión, en torno a si es contraproducente, si es un riesgo sistémico, un fallo de mercado o un monopolio de facto contar con compañías tan grandes. Nunca antes un grupo tan reducido de empresas (siete) había tenido tanto valor de mercado (9 billones de USD). E, insisto, esta elevada capitalización no se debe a una burbuja de valoración, sino a una realidad. Nunca antes un grupo tan reducido de empresas ganaba tanto dinero (este año, 300.000 millones de USD y solo Apple, 100.000 millones de USD). Estas compañías han alcanzado en sus respectivos mercados un liderazgo tal que muchos advierten de la necesidad de “trocearlas” para fomentar la competencia y para esquivar un too big to fail, es decir, evitar que se conviertan en entidades sistémicas, como ya pasó con los grandes bancos en la crisis de 2008‐2012. Por desgracia, ese debate no lo tenemos en Europa, donde apenas existen compañías tecnológicas cotizadas de tamaño relevante. Entre ellas, ASML, que capitaliza 178.000 millones de EUR, respaldada por unos beneficios esperados este año del orden de 5.500 millones de EUR. Esa misma cantidad ganará en 2022 SAP, compañía que capitaliza 110.000 millones de EUR. Y poco más. Que el Área euro se ha quedado atrás en el desarrollo tecnológico de las dos últimas décadas se confirma con muchos indicadores. Entre ellos, el valor de mercado de las principales Big Tech.

‘Consumo: importancia económica y retos’

Hipotecas seguras

ENTRE MAGNITUDES

HIPOTECAS SEGURAS

El notario también debe informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales.
El 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), con el objetivo, entre otros, de reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual del préstamo hipotecario. Según la experiencia notarial en estos tres años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contraer un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

REDACCIÓN,

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Por otro lado, la ley establece que deben darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

Tras estos tres años de aplicación de la ley se ha podido constatar que estos encuentros del prestatario a solas con el notario se producen de media entre 7 y 3 días antes de la autorización y la firma del préstamo.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario:

 

EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS

 

Fase precontractual de la hipoteca

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo.

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad financiera a fin de que el consumidor le confirme que efectivamente la recibió. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.

El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual de la hipoteca

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

 

EL NOTARIO REDACTA Y AUTORIZA EL ACTA NOTARIAL DE TRANSPARENCIA, QUE REFLEJA LAS DUDAS PLANTEADAS POR EL DEUDOR Y EL ASESORAMIENTO QUE LE HA PRESTADO

 

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

Ojo al dato

Informe sobre el tercer aniversario de la Ley del Crédito Inmobiliario con datos estadísticos nacionales y autonómicos
Ver
El notario informa al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral.

¿Qué documentación tiene que entregar la entidad financiera?

El notario elegido por el consumidor verifica que la entidad financiera le ha entregado toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes. Es decir:

  • La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
  • La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
  • La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
  • Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
  • El proyecto de contrato del préstamo.
  • Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
  • Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
  • Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria

Consultas a los notarios

En la reunión que mantiene a solas el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) con el notario, este le explica el contenido de la documentación precontractual y le aclara posibles dudas. En este contexto, algunas consultas comunes que los consumidores suelen hacer a los notarios son:

  • Si hay comisión en caso de realizar reembolsos anticipados.
  • Qué ocurre con los seguros contratados en caso de amortización anticipada total del préstamo.
  • Si es obligatorio contratar seguros u otros productos para obtener el préstamo.
  • Qué consecuencias se producen en caso de retraso o incumplimiento.
  • Qué significa el valor de subasta.

Datos del tercer aniversario

Desde el 16 de junio de 2019 al 30 de abril de 2022, los notarios han autorizado 1.162.332 actas de transparencia, frente a 1.023.456 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipotecas. Esto supone que se han formalizado 1,16 actas de transparencia por cada hipoteca en todos los meses de aplicación de la ley, exceptuando el de su entrada en vigor. El número de actas de transparencia y préstamos hipotecarios se ha estabilizado en los primeros meses del año tras el señalado incremento que experimentó entre marzo y julio de 2021, como resultado de la recuperación del mercado tras los meses más duros de la pandemia COVID-19. Mediante estas actas, gratuitas, los notarios verifican que las entidades financieras han entregado a los consumidores toda la documentación de los préstamos con suficiente antelación, así como que la información facilitada se corresponde con el tipo de préstamo acordado por las partes. Esto representa un destacado avance en seguridad jurídica y trasparencia, tal y como señala el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, quien afirma que “la puesta en marcha de esta ley supuso un importante refuerzo de los derechos y garantías del consumidor, ya que posibilitó la libre elección del notario y la opción de poder reunirse con él a solas, y sin ningún tipo de coste añadido, para consultar las posibles dudas que puedan surgir antes de la autorización y firma del préstamo hipotecario”.

Precios sin límite

CONSUMO

Precios
sin límite

Los precios de la energía y el de los alimentos básicos se han disparado en los últimos meses.
Durante el verano muchas familias españolas han intentado dejar de lado los presupuestos domésticos más rigurosos y disfrutar de un tiempo con menos restricciones sanitarias y algo más de diversión. Sin embargo, el alza de los precios no ha dado mucha tregua y la vuelta de las vacaciones será complicada para la mayoría de los hogares.

MARIÁN LEZAÚN,

Además del precio de los carburantes, en niveles desconocidos en nuestro país durante este año, hay que tener en cuenta el precio de la energía y el de los alimentos básicos que se han disparado en los últimos meses. Con este escenario, los expertos auguran cambios en los hábitos de consumo y también en el estilo de vida.

Suben los precios sin parar. En todos los productos, en todos los servicios… Algunas organizaciones de consumidores, como la OCU, recogen hasta 500 euros más de gasto en alimentos y productos básicos de limpieza y hogar durante este año. Una escalada que nos ha llevado a niveles de inflación ya olvidados (incluso por encima del 10%) y que recuerdan a los peores años de la economía. Se calcula que la espiral inflacionista podría mermar la renta disponible de los hogares españoles en 16.700 millones de euros y reducir el consumo y crecimiento económico de los próximos meses. Así, mientras los precios suben, consumidores y expertos buscan soluciones para afrontar esta pérdida de poder adquisitivo de la mejor manera posible y sin agotar los ahorros acumulados durante la pandemia. Porque habrá que esperar hasta finales del año que viene para ver cierta contención en la inflación y una vuelta a la normalidad en el consumo doméstico. Los expertos coinciden en sus previsiones, pero los consumidores no lo ven tan claro y se muestran más pesimistas.

“Existe consenso en que, el año que viene, los precios serán sustancialmente menores que los vividos en 2022 y que 2023 lo cerraremos con la inflación ya reconducida, entre otras razones por el anunciado endurecimiento de la política monetaria, la previsible ralentización del alza y el efecto escalón estadístico (se produce este efecto cuando la estadística anterior es muy marcada, lo que hace que la siguiente se vea menor)”, explica Gregorio Izquierdo, director del departamento de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). De la misma opinión es María Romero, responsable del área de Economía de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). Según Romero, “el año que viene veremos una mayor contención de la inflación, debido al efecto de las políticas implantadas por los bancos centrales europeos y por el impacto de los fondos europeos en nuestra economía (una inyección de hasta 800.000 millones de euros)”. No obstante, Romero añade que, de cara a 2023, “las perspectivas deben de ser sobre todo prudentes porque es cierto que durante el verano los consumidores nos hemos relajado un poco con el gasto y ahora hay que prepararse para un invierno que no será fácil”.

Lastre para las familias

Para los consumidores, la principal preocupación es ver que realmente los precios dejan de subir porque una inflación por encima del 10% lastra la mayoría de los planes de las familias y de las empresas. Muy pocas personas están dispuestas a invertir en productos y servicios que pueden posponerse y cuyos precios eran menores hace escasos meses. Y es que la subida continuada de los precios se ha generalizado en todos los ámbitos. Una encuesta realizada en el mes de junio por la OCU, arroja que «cuatro de cada cinco encuestados considera que los precios de la energía y los carburantes seguirán subiendo. De ahí que dos de cada tres, una significativa mayoría, tengan miedo a gastar y prefieran ahorrar para prevenir tiempos más difíciles», señalan. Pero también suben, según el INE, los precios de los hoteles, los restaurantes y el ocio que harán que muchos ciudadanos reduzcan el consumo de estos servicios a lo estrictamente necesario. Para Romero, “el problema es que este tensionamiento de los precios afecta al consumo de todos los productos, no solo los que son menos sensibles a las rentas, y no sabemos cuándo va a parar porque la situación internacional no es buena y sigue existiendo ese componente de incertidumbre, que hace que la economía no avance”. No obstante, según Izquierdo, “ya hemos pasado lo peor en materia de precios, y a partir del otoño empezaremos a ver una senda gradual de corrección de la inflación, pero para ello sería necesario que asistamos a una cierta normalización, o al menos a un no empeoramiento del actual contexto geopolítico”. “El único punto de apoyo viene ahora de los fondos europeos y del compromiso del BCE de mantener la inflación a raya en el entorno del 2%”, explica Romero, así que veremos cómo se traslada esto a los precios y a la actividad económica.

 

LOS CONSUMIDORES BUSCAN SOLUCIONES PARA AFRONTAR ESTA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

 

Con estos datos, los consumidores siguen preparados para lo peor. No es de extrañar, después de meses tirando de ahorros y haciendo malabares con las cuentas. En ningún momento se contempla un escenario como el vivido en la crisis de 2008, aclaran desde AFI, pero la cautela debe mantenerse. “Además, el ahorro financiero en España no despega, ya que los consumidores siguen apostando por el sector inmobiliario”, dice Romero, lo que hace que la liquidez de las familias se reduzca. Por eso, ante la incertidumbre es normal que se mantenga la contención en el gasto, con lo que eso también supone para la reactivación de la economía que pasa por momentos muy complicados.

Medidas oficiales para apoyar a las familias

Hasta finales de año estarán vigentes las medidas urgentes que el Gobierno aprobó en junio para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y del aumento de la inflación, pero que aún no se han materializado. Entre las medidas más populares están los 200 euros directos para los salarios más bajos y los desempleados, así como la reducción del IVA de la electricidad en un 5% y los descuentos del abono transporte. Todavía es pronto para saber el impacto real que estas medidas podrían tener en el bolsillo de los españoles, que pretenden ayudar a los más desfavorecidos que han visto mermado su poder adquisitivo de manera drástica.

Impacto de la inflación en el empleo

La mayor parte de las empresas están soportando en su cuenta de resultados el aumento de los costes con las consiguientes pérdidas incurridas. “En un contexto de desconfianza, elevada incertidumbre, de mayores costes empresariales y previsible endurecimiento también de costes financieros, la creación de empresas se ve muy perjudicada, lo que a su vez ralentiza el aumento del empleo y la actividad consecuencia del crecimiento empresarial y del flujo de creación de empresas”, explica Gregorio Izquierdo, director del Departamento de Economía de la CEOE. Para este experto, la economía española se ve perjudicada por una doble pinza contractiva, por un lado, por el encarecimiento de los costes financieros y, por el otro, por el aumento de los costes de las materias primas y la energía, que estamos obligados a importar. “Ambos fenómenos son muy negativos y van a condicionar la evolución de nuestro superávit exterior, que a su vez era uno de los soportes de la continuidad de nuestro proceso de recuperación”, añade Izquierdo. En este contexto, resulta obligado que la política económica asuma un mayor protagonismo en la mejora de la competitividad, tanto por la vía de la reducción de los costes, como por el camino de facilitar la adaptación de nuestras empresas al nuevo entorno que se les presenta.

Para saber más

Bankinter: La entidad financiera analiza los cambios que se están produciendo en la cesta de la compra de los españoles debido al incremento continuado de los precios.

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OCU: La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado los productos que más han subido en los últimos meses.

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Funcas: El centro de análisis de las antiguas cajas de ahorro ha elaborado un informe de las previsiones para el año que viene que auguran un escenario pesimista.

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“Una situación insostenible”, por Fernando Móner

CONSUMO

FERNANDO MÓNER,

Presidente de CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)

"Esta situación es insostenible y necesita de acciones y herramientas con carácter urgente que permitan respirar a cientos de miles de familias"

Una situación insostenible

Nadie puede decir que nos ha cogido por sorpresa esta escalada de precios. Nadie puede quejarse de que ha sido provocada por circunstancias desconocidas y extraordinarias. Nadie, sobre todo los políticos (principalmente los que nos gobiernan) pueden escudarse en que es un problema global con soluciones que escapan de sus manos.

Ya el pasado verano avisábamos del tsunami que se avecinaba tras el explosivo incremento de la factura energética, puesto que no hay sectores, productos o servicios que se escapen a tener la energía (principalmente la eléctrica) como elemento muy tangible en su tabla de gasto y, por ello, era razonablemente esperado que más pronto que tarde empezasen a modificar precios finales en productos y servicios. Y posiblemente la falta de iniciativa de nuestros gobernantes (españoles y europeos) ha hecho que esa inflación que está golpeando fuertemente nuestros bolsillos y que está mermando diariamente nuestra capacidad adquisitiva se haya desbocado a niveles de dos dígitos y sin atisbar a corto plazo una solución que ponga freno a esta escalada de preocupante pendiente alcista.

Y, aunque todo incremento de precios es preocupante, hay ejemplos que ilustran mejor esta situación: por un lado, el caso de los combustibles, donde podemos ver cómo, a partir de la fecha en que se puso en marcha esa bonificación generalizada a la hora de repostar combustible, hemos podido observar récords continuos y semanales de precios históricamente altos hasta llegar a superar con creces los 2€ el litro, cuando no hay base real y clara que justifique ese brutal incremento; o el caso de la factura eléctrica, donde somos víctimas de un sistema tarifario que genera beneficios millonarios a unas compañías a costa de pagar el megavatio a un precio muy superior al del coste de generarlo. O también el caso de la cesta de la compra de alimentos y gran consumo, donde estudios e informes de alguna de nuestras organizaciones han constatado que la mayoría de productos alimenticios han tenido desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 incrementos de precios que van desde el 8/9% (pollo, conejo, miel, cerdo…) hasta un 20/30% (leche, aceite, arroz…) e inclusive algún producto estacional desde junio de 2021 a junio de 2022 con incrementos superiores al 40% (sandía) o al 100% (melón). Si analizamos estos precios y los comparamos con los incrementos de renta que tuvimos pensionistas, jubilados, trabajadores, autónomos, etc. y que en el mejor de los casos pudo estar sobre el 5%, todo lo que supere ese 5% significa pérdida de poder adquisitivo. Y a la mayoría de familias les da miedo coger la calculadora y verificar cuantos cientos o miles de euros de más les supone comprar lo mismo que el año pasado.

Esta situación, desde luego, es insostenible y necesita de acciones y herramientas con carácter urgente que permitan respirar a cientos de miles de familias, que eviten cambios en los hábitos alimenticios menos equilibrados nutricionalmente y que continúen beneficiándose unos pocos con el sufrimiento de muchos. Las administraciones públicas tienen medios para investigar, controlar y decir si todo lo que está pasando está justificado (también ética y moralmente hablando) o, por el contrario, hay sectores, empresas, etc. que están haciendo su agosto.

Y, mientras, sería muy bueno mejorar las condiciones de acceso a productos y servicios esenciales de las personas más vulnerables, ampliando el abanico de beneficiarios; estudiar la presión fiscal que hay sobre determinados productos y servicios para actuar de manera temporal o definitiva bajando esa presión fiscal en determinados momentos y situaciones; potenciar cambios en sistemas tarifarios y en ofertas energéticas que nos permitan producir energía más barata y dar herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que incremente su capacidad investigadora para dar luz a situaciones faltas de transparencia.

Asimismo, es el momento de la ética y la responsabilidad, pidiendo a cada empresa, a cada profesional, a cada administración que aplique las subidas estrictamente necesarias y que asuma cada uno lo que razonablemente pueda de esta situación inflacionista, porque si cargamos todo (y más) al consumidor final, en pocas semanas veremos una preocupante reducción del consumo interno y, con ello, un perjuicio generalizado a todos.

Las asociaciones de consumidores vamos a seguir investigando, auditando y denunciando a todos aquellos sectores y empresas que quieran beneficiarse de la dramática situación que estamos viviendo, porque las familias que han podido estos últimos meses tirar de los ahorros generados durante los primeros doce meses de pandemia están acabando con ellos y los que no han podido generar ese ahorro están tirando de tarjeta o cambiando de hábitos. Y eso, me temo, no traerá nada positivo.

En pocos meses podremos tener más datos cuando la MPAC (https://mesaparticipacion.com/) publique los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo que está realizando a más de 3.500 familias españolas y comprobaremos si la época estival ha mejorado o empeorado el preocupante otoño que se nos avecina.

“Marcas blancas o marcas del distribuidor»

Plan de acción contra el fraude financiero

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL FRAUDE FINANCIERO

En muchas ocasiones los ciudadanos no disponen de la formación financiera requerida.
Realizar operaciones financieras en internet es cada día más sencillo. Tanto que el número de operadores, intermediarios y agentes financieros se vuelve, en ocasiones, incontrolable. Por eso, varios organismos, incluido el Consejo General del Notariado, impulsados por la CNMV y el Ministerio de Economía, han firmado un plan de acción contra el fraude financiero. Por ahora, más de 19 entidades se han adherido a este plan que busca proteger al consumidor e intercambiar información de utilidad para evitar posibles delitos.

MARÍAN LEZAÚN,

Los productos y servicios financieros online no paran de crecer. La facilidad de operar en internet y la oferta existente para todos los perfiles de inversores hace que, cada vez, más consumidores opten por gestionar sus finanzas de manera particular, sin contar con el asesoramiento y los controles necesarios. El problema es que, en ocasiones, los ciudadanos no disponen de la formación financiera requerida, contratan productos que no conocen o toman riesgos innecesarios que ponen en peligro su seguridad. Para evitar fraudes y estafas entre los pequeños inversores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apoyada por el Ministerio de Economía, ha lanzado un plan que pretende acabar con esta lacra.

 

19 ENTIDADES, INCLUIDO EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO, SE HAN UNIDO A ESTA INICIATIVA CONTRA LOS DELITOS FINANCIEROS

 

Pero, ¿por qué llega ahora este plan? ¿Se denuncian más delitos que hace unos meses? Según los impulsores del acuerdo, que este plan se concrete ahora no es casualidad. “El fraude ha existido siempre, pero en los últimos tiempos, sobre todo con la situación económica y social derivada de la pandemia, hemos detectado un importante aumento de los casos, que han venido propiciados por la intensificación del uso de redes sociales y el acceso a internet y que son una importante vía de acceso de los defraudadores, ya que de forma sencilla pueden llegar a muchas posibles víctimas. Esto se ha visto también favorecido por la aparición de criptomonedas y otros criptoactivos (activos financieros virtuales) que prometen enormes rentabilidades y que se exponen al público como una forma de obtener dinero muy fácil sin necesidad de trabajar”, explica Patricia Muñoz González-Úbeda, directora general del Servicio Jurídico de la CNMV.

Por eso, según cuenta Muñoz, “ante esta problemática, la CNMV tiene una posición privilegiada para llevar a cabo una detección temprana de estas conductas ya que estamos en la primera línea del contacto con los inversores”. De hecho, al ver que estaba ocurriendo todo esto, “surgió la reflexión de tratar de aunar las fuerzas de todos implicados en la lucha contra estos fraudes y promovimos una serie de conversaciones y contactos, tanto con entidades públicas como privadas, que dieron lugar a la firma del acuerdo marco del Plan de Lucha Contra el Fraude Financiero el pasado mes de mayo”, explica Muñoz.

 

EN LA CNMV DESTACAN QUE EL PRINCIPAL RECLAMO QUE UTILIZAN LAS ENTIDADES FRAUDULENTAS PARA CAPTAR A SUS VÍCTIMAS SON LAS CRIPTOMONEDAS

 

Objetivos

El plan tiene tres objetivos básicos: mejorar los mecanismos de detección, el intercambio de información y la coordinación entre los participantes; crear mecanismos para dificultar o impedir la proliferación de estos fraudes; y, por último, incrementar la formación financiera de los grupos de población que con más frecuencia pueden ser víctimas de estos intentos de fraude. “El punto más importante del plan es haber coordinado a todos los que pueden colaborar en la lucha contra todas las entidades que quieren estafar a los ciudadanos para que, de forma conjunta, aúnen sus fuerzas con el objetivo de incrementar la seguridad, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades, ofreciendo una mayor confianza a los ciudadanos”, concreta Muñoz. En el plan lo apoyan, entre otros, organismos como el Ministerio de Asuntos Económicos, todas las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y las policías autonómicas), la Fiscalía, el Consejo General del Notariado, el Banco de España, la Dirección General de Seguros, el Colegio de Registradores, medios de comunicación, entidades financieras y fondos de inversión y pensiones, empresas de publicidad y está abierto a todo el que puede colaborar en la lucha con el fraude financiero.

Como explicó la vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño, en la presentación del plan, “con el acuerdo, se pretenden definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero; restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados; así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas”. Calviño señaló que España es un país seguro desde el punto de vista jurídico, fiscal y económico y pidió la colaboración de las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los organismos privados como algo fundamental para proteger a los ciudadanos. “En un entorno de acelerada digitalización necesitamos contar con el apoyo de todos”, concluyó.

Delitos más habituales

Por eso, los expertos recomiendan, en primer lugar, desconfiar de todos aquellos productos que ofrecen rentabilidades por encima del mercado. Tampoco hay que fiarse de los que prometen asumir pocos riesgos o de aquellos en los que no está clara la información o no son sencillos de entender para cualquiera, se anuncian para clientes minoristas a través de páginas web o solo aparecen en plataformas online gestionadas por entidades no autorizadas ni reguladas. En este sentido, estudios realizados en el ámbito internacional han puesto de manifiesto que, en la mayoría de los casos, los clientes que han operado en este tipo de productos pierden la inversión realizada. Invertir en productos que no entendemos tampoco es recomendable. Es lo que ocurre con los CFDs o las operaciones binarias. De acuerdo con estudios realizados por la CNMV y por otros organismos supervisores de valores, la gran mayoría de los clientes minoristas que operan en estos productos pierde dinero.

 

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN DESCONFIAR DE TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE OFRECEN RENTABILIDADES POR ENCIMA DEL MERCADO

 

Dentro del abanico de delitos posibles, en la CNMV destacan que el principal reclamo que utilizan las entidades fraudulentas para captar a sus víctimas son las criptomonedas que generalmente van acompañadas de mensajes de altísimas rentabilidades y de obtención de éxito de forma rápida. En el pasado se han utilizado otros activos que en su momento estaban de moda como, por ejemplo, las opciones binarias (que especulan sobre el comportamiento de determinados activos). “El punto común de todos ellos es que se trata de productos muy complejos en todos los casos que los inversores no comprenden y en los que invierten a ciegas con el más absoluto desconocimiento”, reconoce Muñoz.

Blindarse ante la estafa

La mejor arma para evitar estos fraudes es la información, por lo que es fundamental la educación financiera. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que hay entidades que, aunque se presenten con buena imagen y dando garantías de seguridad, no están autorizadas para prestar servicios financieros ni ofrecer productos, y que su principal objetivo es defraudarles. “En este sentido, tanto la CNMV, como el Banco de España y el Ministerio de Economía, a través del Plan de Educación Financiera, como las entidades financieras, consumidores, cuerpos de seguridad, medios de comunicación etc., estamos comprometidos con dar esta información y hacer ver al consumidor la importancia de la autoprotección”, explica Patricia Muñoz, directora general del servicio jurídico de la CNMV. “Es importante que los ciudadanos conozcan cómo operan estas entidades, qué técnicas de captación utilizan, cómo saber si están supervisadas por la CNMV o no y cómo reaccionar en el caso de que ya hayan caído en sus redes”, aclara. Lo más importante es que desconfíen de promesas exageradas y que son imposibles de cumplir; que pidan toda la información que puedan.

Comisión de seguimiento

Diecinueve instituciones públicas y entidades privadas, entre ellas el Notariado, firmaron el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y al que asistieron los responsables de todas las organizaciones participantes. Las acciones que se desarrollarán persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.  Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros. 

Por si las dudas:

Ministerio de Economía: En la página web del Ministerio de Economía se pueden consultar las claves del plan, así como las entidades que han firmando el acuerdo en un primer momento, ya que se espera que lo hagan muchas otras
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Banco de España: También en la web del Banco de España se pueden consultar tanto el listado de entidades adheridas al plan como las líneas principales del mismo.(
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“Operar de forma segura en internet”, por José Luis Martínez Campuzano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO,
portavoz de la Asociación Española de Banca

"¿Qué se puede hacer en caso de haber sufrido algún fraude Es fundamental contactar con las autoridades y poner una denuncia"

Operar de forma segura en internet

Seguro que alguna vez han recibido un correo, un mensaje o una llamada identificándose como su empresa de servicios, administración pública o su banco. En muchos casos no trataban de darles información, sino más bien de pedírsela y acceder de esta forma a sus datos, o a aquellos que les faltaban.

En la mayoría de los casos sería un engaño. Recurramos al sentido común para prevenirlo: ¿por qué dar nuestros datos a un tercero sin comprobar antes si es quien dice? Los procedimientos que emplean los delincuentes en ámbitos no presenciales son cada vez más generalizados, ni siquiera son muy sofisticados; utilizan la manipulación emocional y casi siempre urgiendo. Por eso nosotros también debemos ser más prudentes y precavidos. La clave es asumir que es necesario reforzar las medidas de precaución y seguridad en internet como hacemos en nuestra vida diaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó el año pasado más de 100.000 estafas digitales, la inmensa mayoría a ciudadanos particulares. Pero la delincuencia digital nos afecta a todos, con cada vez más ataques a empresas y administraciones públicas. Aunque la mejora de la coordinación entre sectores y a nivel internacional no ceja y los mecanismos de blindaje se hacen más sofisticados, con el coste que eso entraña, los ataques también se hacen más atrevidos y avanzados.

Combatir la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales prioridades para todos: ya seamos particulares, o trabajemos en empresas, instituciones o gobiernos. Y todos tenemos la responsabilidad de prevenirla y combatirla: las compañías y las autoridades deben invertir en protección y en reforzar la colaboración entre todas las partes implicadas; los individuos debemos asumir también la responsabilidad de proteger nuestros propios datos y actuar con cautela. Ya que conviene proteger nuestra información, no solo por el daño que su robo puede implicarnos, sino también porque puede ser utilizada para atacar a nuestros seres queridos.

Está claro que avanzar en la capacitación digital de la sociedad nos permitirá sacar el máximo provecho a la transformación que estamos viviendo. La innovación, en su versión digital, ha sido clave para mejorar nuestra vida diaria durante el confinamiento y los peores momentos de la pandemia. En esta época ya es impensable un mundo sin las ventajas de la innovación en su versión digital. Sin embargo, un mejor uso de internet también incluye sensibilizarnos frente a sus riesgos, que tendemos a olvidar y son muy reales.

Solemos pensar que los ciberataques son cosas que les ocurren a otros, pero hoy todos podemos ser víctimas. Ante una amenaza cada vez más global y sofisticada, la concienciación es el mejor escudo para protegernos. En todos los casos, más allá de sus enormes consecuencias financieras, los ataques infligen un daño a la seguridad y confianza de los consumidores. Es importante reconocer que todos estamos potencialmente amenazados, porque no hacerlo así es ponérselo fácil a los delincuentes.

La cooperación y especialmente la colaboración público-privada es clave para combatir la ciberdelincuencia en todas sus vertientes. Con este convencimiento, la Asociación Española de Banca (AEB) firmó hace unos meses el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero para potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios potencialmente fraudulentos, que ocasionan graves perjuicios a los inversores y a todo el sector financiero regulado. Compartir la información con las administraciones es clave para combatir el fraude financiero en todas sus fases: concienciación, prevención y persecución del delito.

La ciberseguridad es fundamental para los bancos, que ponen todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de sus clientes y encarar los riesgos que seguro aparecerán en el futuro. El sector bancario tiene probada experiencia en la protección de los datos personales y financieros de sus clientes, y revisa continuamente su capacidad de defensa, detección y respuesta ante los ciberataques. Pero todo esto quizás no sea suficiente si los individuos no asumimos nuestra parte de responsabilidad para luchar contra esta lacra.

Hay unas recomendaciones sencillas que todos debemos seguir para protegernos frente a los delincuentes digitales.
Los canales de la banca son seguros para operar: páginas web oficiales, aplicaciones de la banca, teléfonos oficiales, siempre que se acceda directamente y no a través de enlaces recibidos en mensajes. Cuidado por tanto con las comunicaciones o avisos recibidos por canales de mensajería instantánea, redes sociales, así como SMS y llamadas desde teléfonos que aun pareciendo oficiales no lo son.

Atendiendo al uso masivo que hacemos del móvil debemos protegerlo con claves de entrada que deben ser revisadas de forma periódica, realizar actualizaciones y siempre acceder a apps oficiales para descargar otras aplicaciones y, en la medida de lo posible, contar con un antivirus.

¿Qué se puede hacer en caso de haber sufrido algún fraude? Es fundamental contactar con las autoridades y poner una denuncia como haríamos ante un robo. También, si hay una pérdida financiera o de las credenciales de seguridad, hemos de contactar con nuestro banco a través de un canal seguro para que pueda tomar las medidas necesarias para mitigar al máximo las posibles consecuencias.

La prudencia y el sentido común son nuestros mejores aliados para luchar contra los ciberdelincuentes, ya que en muchos casos se aprovechan de nuestra versión más confiada para poder perpetrar sus ataques.

La prioridad, el cliente,