Retos de una sociedad envejecida

EN EL ESCAPARATE

RETOS DE UNA SOCIEDAD ENVEJECIDA

La nueva realidad social implica el cambio del modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores.

La ciudad de Málaga acoge el 19 y 20 de mayo el XII Congreso Notarial Español. El lema de esta cita –cuya celebración tuvo que ser pospuesta por la pandemia– es El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo.
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA,

Está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas a este foro, abierto no sólo a notarios y profesionales jurídicos, sino a representantes, profesionales e instituciones de todos los ámbitos de la sociedad civil. Un amplio y multidisciplinar programa de ponentes participará en mesas redondas y debates con el objetivo de aportar reflexiones sobre un fenómeno que afecta a diferentes ámbitos de nuestra vida.

Inauguración

Está previsto que diversas personalidades participen en el acto inaugural del congreso, a quienes acompañarán el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el coordinador del Congreso, Rodrigo Tena. Antonio Ojeda, primer presidente del Parlamento de Andalucía y ex presidente del Consejo General del Notariado, será el maestro de ceremonias de la inauguración.

Previamente, Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March, pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, bajo el título Dignidad vs Vulnerabilidad, en el Auditorio Egdar Neville.

El programa se estructura en tres bloques: La dignidad vs. protección de la vulnerabilidad; La vida centenaria y su previsión individual y La vida centenaria y su previsión social y política. Cada uno de los temas -de contenido social, económico y jurídico- se debatirá en diferentes mesas redondas de carácter transversal, que tendrán lugar en el Hotel NH Málaga.

 

Está prevista la asistencia de más de cuatrocientos representantes de toda la sociedad civil

 

Para el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz” aun siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia”.

Para el coordinador del congreso, Rodrigo Tena, “los notarios estamos en una posición idónea para impulsar un esfuerzo conjunto dedicado a estudiar el fenómeno del envejecimiento, tan necesitado de una aproximación jurídica que ayude a integrar todas las perspectivas. El notario es garante de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada. Pero, además, es un testigo idóneo de la intrahistoria del devenir social y el primero en detectar las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad”.

A continuación, se recogen los puntos de vista de algunos de los miembros del Comité Científico del Congreso: representantes del movimiento asociativo, economistas, médicos y juristas.

Dignidad vs. protección de la vulnerabilidad.

Seis paneles de debate integran este apartado que aborda las amenazas físicas, psíquicas y patrimoniales de la última fase de la vida: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento; El régimen de apoyos a la luz de la Ley 8/2021; Valoración de la capacidad; Voluntades anticipadas y consentimiento informado; La guarda de hecho tras la Ley 8/2021 y Los internamientos involuntarios.

Para Carmen Sánchez Castellano, facultativo especialista de geriatría en el Hospital Ramón y Cajal, «las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación conforman en nuestro país un grupo nada homogéneo, pero que, a grandes rasgos, ha vivido unos cambios tecnológicos enormes en una sociedad que ha alcanzado una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Creo que se encuentran preparados para afrontar un envejecimiento con muchas más oportunidades de ocio y formación de las que tuvieron sus abuelos. Y, por otro lado, deben ser capaces de vivir esta etapa, minimizando las consecuencias propias de enfermedades que prevalecen con la edad, como son las neurodegenerativas o el cáncer. Estar activos desde el punto de vista físico y mental y promover actividades sociales (también las de compromiso, como el voluntariado) puede ayudar a que las personas se desarrollen plenamente en esta etapa de su vida. La sociedad en su conjunto y las instituciones en particular deben fomentar y dar el debido reconocimiento a estas actividades, para evitar la exclusión social de las personas mayores en nuestro país».

Las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación han vivido unos cambios tecnológicos enormes

Miguel Ángel Cabra de Luna, director del área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE y patrono de la Fundación Aequitas, considera «muy acertado el enfoque que se le ha dado al congreso, ya que abarca prácticamente todos los temas de fondo y de actualidad del colectivo. Además, los notarios son esenciales en esta estrategia de empoderamiento y de promoción de la autonomía de la voluntad. Este foro permitirá poner en su sitio la realidad de los mayores en España; el Notariado puede contribuir a esta tarea, desarrollando asesoramiento, apoyos y garantías jurídicas en favor de este grupo tan importante de la población española: un 20% de la misma. Los mayores somos prácticamente 10 millones de personas, constituimos el núcleo de la «Silver Economy», gestionamos el 40% de la riqueza del país y manejamos anualmente en las entidades financieras 400.000 millones de euros, de los que 170.000 corresponden a las pensiones».

El representante del tercer sector enumeró alguno de los temas que preocupan al colectivo de mayores, entre ellos, la sanidad: “El impacto del COVID ha sido tan fuerte que se ha desequilibrado la atención sanitaria primaria y especializada; espero que se puedan recuperar los niveles previos e incluso mejorar los mismos, teniendo en cuenta una mayor interrelación con los servicios sociales. Los cuidados y la dependencia son otro frente que se debe mejorar. En cuanto a las pensiones, deben de mejorarse las más inferiores, pero sin perder el principio de contributividad, dentro del marco del Pacto de Toledo».

Desde una perspectiva más jurídica, Ascensión Leciñena -profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia- indica que «es necesario abordar en este congreso la incidencia de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; así como el alcance de esta nueva juridicidad en el sector poblacional de las personas de edad avanzada. Este colectivo es vulnerable, no sólo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran y cuyo deterioro progresivo provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, sino también por las circunstancias del entorno que los acoge y que contribuye a incrementar el riesgo de sufrir un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo.

«Desde el punto de vista del Derecho Civil, admitida la aplicación de la Ley 8/2021 a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar la concreta situación de este colectivo, lo que arrojará luz sobre el impacto que pueden tener puntos clave de la reforma como son el principio de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben», profundiza Leciñena.

Luciana Miguel Alhambra, médico forense y especialista en geriatría, aporta su punto de vista desde la experiencia como profesional de la salud: «En medicina, las decisiones que requieren la resolución de conflictos éticos están siempre presentes. Cuando el paciente es, además, una persona de edad avanzada, se añade la dificultad de la toma de decisiones al final de la vida, donde los principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) pueden ser especialmente difíciles de equilibrar. El abordaje compartido y multidisciplinar de las distintas situaciones que pueden afectar al anciano es un instrumento fundamental para abrir líneas de debate que permitan encontrar el mejor equilibrio posible entre dichos principios. A mí, como geriatra, me preocupa mucho el anciano con déficit cognitivo, cuyo problema de salud requiere para ser resuelto una reflexión sobre los límites de nuestra actuación y la posible limitación de sus derechos. Es el caso, por ejemplo, del uso de contenciones mecánicas en el anciano agitado. Sin duda, hay indicaciones médicas para usarlas, pero la privación de derechos en el contexto de un posible vicio del consentimiento debe obligarnos con especial esmero al diálogo interprofesional en la búsqueda de soluciones. Y ello es lo que sin duda va a permitir este congreso notarial».

Alhambra considera que el congreso permitirá entender de forma integral «la realidad de la población anciana; las dificultades que les afectan a título personal; el impacto familiar, social, económico, demográfico, … del envejecimiento progresivo de la población y la participación de la sociedad civil en la identificación de problemas o dificultades presentes y futuras. El análisis de estos temas resultará fundamental, tanto para ser certeros en el diagnóstico como para diseñar soluciones realistas y eficaces».

Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, apunta alguna de las líneas maestras previstas para su debate en el congreso: «Debemos abordar la importancia y trascendencia jurídica de la voluntad; la necesaria desinstitucionalización de los mayores y el desarrollo de los apoyos precisos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Las propuestas que puede aportar este foro para la mejora de este colectivo deben ayudar a entender el cambio de paradigma que supone la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; principalmente, las que incidan sobre los apoyos extrajudiciales y las salvaguardas necesarias para que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».

Para el representante del ministerio fiscal, las administraciones públicas deben «poner en valor la relevante aportación a la sociedad de los mayores y desarrollar recursos de proximidad que eviten internamientos no voluntarios. Asimismo, ha de potenciarse la figura del apoyo para la capacidad jurídica a los efectos de garantizar no solo la protección, sino también el ejercicio de sus derechos, incluso cuando residan en centros. Todas estas cuestiones deben ser abordadas con perspectiva de género y sin perder de vista el cambio de modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores, lo que debe comportar una implicación estatal en la provisión de apoyos que subvengan a esa nueva realidad social».

10 millones de mayores españoles constituyen el núcleo de la «silver economy», gestionan el 40% de la riqueza y manejan anualmente 400.000 millones de euros

Vida centenaria y previsión individual

La planificación financiera de una vida centenaria; Abuelos y nietos: derechos, legítimas y alimentos; La hipoteca inversa y otras soluciones inmobiliarias; Poderes preventivos y regulación de la propia discapacidad y La planificación vital de una vida centenaria, serán las mesas redondas de este bloque centrado en analizar los instrumentos personales y patrimoniales que el Derecho ofrece a las personas mayores.

La toma de decisiones en pacientes de edad avanzada y con déficit
cognitivo es difícil de equilibrar desde los principios de la bioética.

Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano y técnico comercial y economista del Estado, llama la atención sobre el hecho de que «en los próximos años se jubilarán muchos ciudadanos nacidos durante el baby boom, lo que pondrá a prueba el sistema de pensiones. La elevación de la esperanza de vida no sólo obliga a una revisión del sistema de pensiones, sino también del papel en la sociedad de unas personas mayores que aún pueden aportar mucho, no sólo en lo laboral, sino en otros muchos ámbitos. Por otro lado, si hay un gasto insustituible para una sociedad envejecida es el sanitario, y es preciso prepararse para un escenario en el que la salud preventiva, la medicina personalizada o los gastos de dependencia pasarán a tener un peso considerable en el sistema».

Sobre el congreso, Feás destaca que «tiene la ventaja de plantearse de forma multidisciplinar, algo lógico puesto que el envejecimiento de la población sólo puede contemplarse como un desafío que afecta a todos los ámbitos de la sociedad; lógicamente, al tratarse de un congreso notarial, los aspectos jurídicos tendrán prioridad. El esfuerzo por visibilizar las necesidades y la problemática específica de las personas mayores no puede realizarse sólo desde los poderes públicos. Por ello, iniciativas como dedicar este foro al envejecimiento de la población es una forma magnífica de llamar la atención de la sociedad y del legislador a este importante desafío, favoreciendo el debate sereno y propuestas de interés».

José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de fundamentos de análisis económico en la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, parte de un dato incontestable: «En 2050 prácticamente todos los españoles (más del 95%) alcanzarán los 65 años y una vez superados sobrevivirán otros 25 años». A partir de ahí, el economista considera que, en España, el modelo de pensiones actual «es un sistema de reparto contributivo y tiene unas tasas de sustitución (o el porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) de las más elevadas de los países industrializados. La última reforma ha garantizado por ley el poder adquisitivo de las pensiones; aunque se debería avanzar en la sostenibilidad de las prestaciones. Y, para ello, la edad efectiva de jubilación, de una forma u otra, debería estar relacionada con la esperanza de vida en cada momento; de tal forma que aumentará gradualmente a medida que aumente la longevidad».

La vida centenaria y su previsión social y política

La última sección del congreso afronta cómo mantener el Estado del Bienestar desde las instituciones públicas y los medios colectivos. Los ponentes pondrán en común sus puntos de vista sobre los siguientes ámbitos: ¿Es sostenible una economía de servicios en una sociedad envejecida?»; La financiación pública de las pensiones y de la sanidad en una sociedad envejecida; Conflicto intergeneracional y toma de decisiones políticas; ¿Necesitamos más niños?: Natalidad e inmigración; La tecnología como potenciadora de capacidades y Atención de la dependencia.

El acto de clausura estará presidido por la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.

Medio siglo de congresos notariales en España

XI. 150 Aniversario de la Ley del Notariado.
Diversas sedes. 2012.

X. Función notarial. Permanencia y Evolución.
Tenerife. 2008.

IX. Patrimonio familiar, profesional y empresarial.
Barcelona. 2005.

VIII. Suelo y vivienda en el siglo XXI. Madrid. 2003.

VII. La Justicia preventiva en el espacio jurídico
europeo. Desafíos del Notariado. Zaragoza. 2001.

VI. La función notarial en una economía de
mercado. Madrid. 1997.

V. Propiedad horizontal, función notarial y
deontología. Granada. 1993.

IV. Notariado español: presente y futuro. Madrid.
1997.

III. El Notariado español y la CEE. Maspalomas
(Gran Canaria). 1986.

II. Cooperativas. Sevilla. 1980.

I. Sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada. Valencia. 1978.

Una mayor visibilidad

MIGUEL Ángel Cabra de Luna –director del
Área de Alianzas, Relaciones Sociales e
Internacionales de Fundación ONCE y patrono de
la Fundación Æquitas– considera que la visibilidad
de las personas mayores «se conseguirá
potenciando su movimiento asociativo, como
puede ser la Plataforma de Mayores y
Pensionistas, que aglutina a más de 15.000
asociaciones y representa a cerca de seis millones
de personas físicas».

La brecha digital

CARMEN Sánchez Castellano, geriatra del
madrileño Hospital Ramón y Cajal, recuerda
cómo «recientemente hemos asistido al nacimiento
de una campaña denominada Soy mayor, no idiota
que se ha visibilizado mucho en los medios de
comunicación. No es habitual que veamos
movimientos de este tipo, en este caso para hacer
patente la brecha digital a la que se enfrentan los
mayores. Son ellos los que han reclamado más
facilidad para poder seguir manejándose bien con
sus finanzas. Han interpelado a la banca, pero
también se hace extensivo a la relación con las
administraciones o con la sanidad: cita previa online
para hacerse el DNI, SMS para confirmar la consulta
médica… La demanda tiene que ser doble: más
formación para todos los que estén incorporando a
sus hábitos las nuevas tecnologías y proporción de
los apoyos necesarios para quien los necesite».

Retrasar la jubilación

SERÍA necesario –propone el economista
Conde-Ruiz– introducir una reforma para
conseguir retrasar el paso del empleo a la jubilación,
con las siguientes tres características: primero, el
proceso no sería homogéneo para todos los
trabajadores, pues debería tener en cuenta cómo de
dura o exigente físicamente es la profesión y la salud
laboral. Los trabajadores con peor salud o que
realicen trabajos físicamente más duros deberán
poder jubilarse antes que el resto sin penalización.
Segundo, deberá ser flexible, en el sentido de que los
trabajadores no pasen de trabajar a jubilarse en una
sola noche, sino que debería haber una reducción
gradual de la jornada laboral hasta la jubilación total.
Y, tercero, una vez alcanzada la edad de jubilación, se
debería permitir la plena compatibilidad entre la
percepción de la pensión y el salario».

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,

presidente del Consejo General del Notariado

«Aún siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas».

«El envejecimiento de la sociedad como desafío», por Rodrigo Tena

EN EL ESCAPARATE

RODRIGO TENA ARREGUI,

Notario. Coordinador general del XII Congreso Notarial Español

 

"Todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen los que toca gestionar a nuestra generación"

De manera semejante a lo que ocurre en la naturaleza, en la que cabe distinguir los fenómenos imprevisibles y esporádicos, como una erupción o un maremoto, de aquellos soterrados y persistentes, como el movimiento de placas o el cambio climático, también cuando hablamos de acontecimientos sociales podemos diferenciar unos de otros. Los hay súbitos, como una pandemia, una guerra o una crisis migratoria, que exigen respuestas inmediatas y necesariamente improvisadas, y por eso algunas veces inadecuadas. Pero existen otros de importancia no inferior cuya evolución conocemos desde hace tiempo que, no solo permiten, sino que exigen una reflexión sosegada y a la vez inaplazable, al menos si queremos afrontarlos sin improvisaciones que en esta sede no estarían ya justificadas.

Algo así ocurre con el fenómeno del envejecimiento de las sociedades desarrolladas, entre ellas la nuestra. Sabemos que en el año 2050 uno de cada cuatro europeos será mayor de 65 años. Pues bien, si deseamos estar en disposición de mantener nuestro Estado del Bienestar -nuestra sanidad pública y nuestro régimen de pensiones- sin incurrir en desequilibrios fiscales insostenibles o en injusticias intergeneracionales; si aspiramos a un sistema de acogimiento residencial digno y ajustado a la creciente demanda; si pretendemos impedir situaciones de vulnerabilidad en la contratación sin menoscabar simultáneamente la autonomía de los mayores; si queremos respetar su libertad de adoptar decisiones informadas en todos los sectores, desde el sanitario al financiero; en definitiva, si pretendemos armonizar de la manera más justa posible los importantes conflictos de valores e intereses que el envejecimiento está ya planteando, entonces estamos obligados a reflexionar sin perder un momento sobre todos estos temas y sobre sus implicaciones y derivadas para otros muchos íntimamente conectados.

Efectivamente, en el ámbito social resulta muy difícil proponer soluciones para un problema concreto sin tener en cuenta los medios para implementarlas y sus efectos generales en relación con otros muchos asuntos. Más aún, y como ocurre en este caso, cuando el fenómeno a estudiar presenta ramificaciones que afectan a la economía, a la medicina, a la sociología, a la psicología y, por supuesto, al derecho. No podemos olvidar que el ordenamiento jurídico no es solo la herramienta por excelencia del Estado para diseñar las políticas que considera más convenientes, sino el reflejo del consenso social resultante a la hora de decidir entre distintos valores y conflictos. Todo ello aboga decididamente en favor de un tratamiento del fenómeno desde un punto de vista interdisciplinar que combine las distintas perspectivas. Así, a título de mero ejemplo y en conexión con la reciente Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad, resulta indudable que la valoración de la capacidad para contratar en el ámbito patrimonial o para adoptar determinadas decisiones de tipo personal, como ingresar en un establecimiento residencial, exige tener en cuenta distintos puntos de vista: el correspondiente a la aptitud psicológica y a su evolución médica, sin duda, pero también el respeto a su dignidad y autonomía personal a la hora de adoptar sus propias decisiones, a la complejidad jurídica de las mismas, y a las condiciones sociales subyacentes que hacen viable esa autonomía.

Por todos esos motivos, el Consejo General del Notariado decidió convocar un congreso nacional abierto a toda la sociedad con la finalidad de estudiar este tema del envejecimiento de una manera global, en torno a tres grandes ejes: la difícil coordinación entre la protección de la vulnerabilidad y el respeto a la autonomía personal; la previsión individual de una vida centenaria, tanto desde el punto de vista personal como económico; y su previsión social y política con la finalidad de hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, los notarios llevamos tiempo siendo testigos privilegiados de esta evolución. Del incremento de las situaciones de vulnerabilidad y de ausencia de previsión, y de la necesidad de diseñar instrumentos jurídicos y destinar recursos sociales adecuados para salir al paso de las mismas. No pretendemos ser protagonistas de nada, sino únicamente fomentar un foro de debate que nos permita aprender y compartir experiencias con otros muchos profesionales preocupados por los múltiples retos que este fenómeno plantea.

Es obvio que toda esa problemática no puede hacernos olvidar que el envejecimiento de la población es, en el fondo, una bendición. Se trata de una conquista indudable de la civilización, de la ciencia moderna en todas sus especialidades, pero especialmente de la medicina. Poder disfrutar de tantos años de vida personal y profesional, en compañía de la familia y de los amigos, de una manera activa y satisfactoria, constituye todo un hito en la historia de la Humanidad. Pero también hay que tener presente que esa longevidad a veces no va acompañada de la correspondiente calidad de vida física y psíquica; que la imposibilidad de generar nuevos ingresos económicos constituye en esa franja de edad la regla y no la excepción; que la soledad, esa gran lacra social, se ceba especialmente en los mayores, precisamente cuando son más vulnerables; que la falta de apoyo social a las familias tiende a suplirse atribuyendo a los mayores una carga desproporcionada, etc. En definitiva, debemos ser muy conscientes que todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen, sin duda alguna, los que toca gestionar a nuestra generación.

Entrevista a Javier Gomá, filósofo y escritor. Director de la Fundación Juan March

CON SELLO PERSONAL

Javier Gomá,

filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March

“La felicidad es el sentimiento de no tener deudas con la vida"

Filósofo, escritor y también ensayista. En 1993 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado como número uno de su promoción. Es el actual director de la Fundación Juan March y la revista Foreign Policy lo incluyó, en dos ocasiones, en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más influyentes. En 2021 publicó su libro más reciente: Un hombre de cincuenta años y la séptima edición de Filosofía Mundana. En marzo estrenó en el teatro su obra El peligro de las buenas compañías, que actualmente está de gira por toda España.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

¿Cómo le da tiempo a todo?

Me gusta recordar que las personas somos fundamentalmente tiempo: es la materia en la que flotamos los seres humanos. Cuando estamos muy ocupados y decimos a alguien que pide nuestra atención “lo siento, no tengo tiempo” cometemos una gran inexactitud porque en realidad lo único que tenemos es tiempo, un determinado crédito de tiempo. Otra cosa distinta es que no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita porque en ese momento tengamos otras prioridades. Si usted destaca de mi biografía algunos datos, está desvelando dónde han estado mis prioridades vitales en los últimos años, a las que hay que añadir las afectivas, familiares y amistosas.

Durante los días 19 y 20 de mayo se celebra el XII Congreso Notarial Español, El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, en el que usted da la conferencia inaugural sobre la dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad, ante un auditorio con representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial del jurídico. ¿Qué mensajes cree fundamentales hacer llegar, en este sentido, al público como filósofo?

El milagro de la dignidad moderna. En el pasado, la dignidad era una excelencia que adornaba al cosmos en general y al género humano en particular. No había conflicto entre la parte (lo humano) y el Todo social o cósmico. Era una dignidad armónica con su entorno. La dignidad moderna, en cambio, es conflictiva porque es atributo de la individualidad. Antes el presupuesto era que el interés particular cede ante el interés general en el que el primero se integra. La modernidad no contradice ese esquema, pero lo enriquece. Dice: el interés particular cede ante el interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. Ahora la dignidad es lo que estorba y lo que resiste, no sólo, claro está, a las malas causas sociales (progreso, utilidad, bien común) sino también a las buenas si para realizarse sacrifica al individuo.

¿Y cómo jurista?

La dignidad como fundamento de la democracia liberal. Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo. Para el colectivismo ha inventado la democracia, el principio de la mayoría o el de la voluntad general, que ya en sí mismo hace justicia a la dignidad individual conforme al principio “un hombre, un voto”. Pero este colectivismo ha de conjugarse con el individualismo de los derechos humanos, basados en la dignidad. No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos. Esta tensión creativa es la esencia del Estado de Derecho de la democracia liberal y lo que se echa en falta en otros sistemas alternativos, como el chino, el musulmán o el ruso.

 

La última fase de la vida está expuesta a amenazas propias derivadas de una mayor fragilidad física, psíquica y patrimonial. ¿Cómo hacer frente a esos riesgos preservando al mismo tiempo la dignidad y libertad inherente al ser humano?

Hay dos clases de dignidad. La primera, la que todos tenemos por el mero hecho de existir. Esta es ontológica, inexpropiable, inalienable por mucho que nosotros comentemos o suframos toda clase de indignidades. Por tanto, la decadencia de la ancianidad no afecta a la integridad de esta clase. Luego está la dignidad pragmática, que tiene que ver no con lo que somos sino con lo que hacemos, nuestro modo de comportamiento, si es o no acorde con la dignidad ontológica de la que somos portadores. Esta segunda clase sí está expuesta a variaciones, siendo una de ellas la circunstancia de la vejez.

¿Puede el Derecho ayudar a alcanzar ese difícil equilibrio?

La dignidad ontológica pone a su poseedor en una posición de acreedor universal. Todos los demás le son deudores porque le deben algo: un respeto. Pero, por otro lado, ese mismo poseedor debe obrar conforme a su propia dignidad y respetar la dignidad de los demás. El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral. Muchos comportamientos contrarios a la dignidad no son sancionables en Derecho, sino que sólo merecen reproche ante los demás o ante la propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando un padre por sus palabras o por sus acciones hiere a sus hijos y deja en ellos heridas perdurables? ¿O cuando uno es desleal al amigo y traiciona su confianza? El Derecho calla, afortunadamente, aunque moralmente se produce una degradación. Con todo, el Derecho puede contribuir a proteger ese respeto debido y, en un plano asistencial, articula prestaciones que la dignidad persona tiene fundamento para esperar.

En su libro Un hombre de cincuenta años señala un testimonio antiguo, el de Platón, en el que el filósofo dice que “atribuye a los de esa edad una sabiduría exclusiva y por ese motivo están llamados a desempeñar una función suprema en la organización de su república ideal”. A partir del Renacimiento, dice usted, ser un hombre de cincuenta años “suele asociarse a una flaqueza”. Ante el envejecimiento de la sociedad, ¿volveremos a ser capaces de dar el valor que realmente tiene a la experiencia? ¿Qué es lo mejor que podemos esperar las personas de la etapa de la vejez?

Hasta no hace mucho, la esperanza de vida rondaba los sesenta años y la gente se jubilaba a los setenta y cinco, de manera que la muerte les sorprendía trabajando. Ahora nos jubilamos con algo más de sesenta mientras que de media vivimos más allá de los ochenta, y se calcula que, gracias a la medicina, la ausencia de guerras, la higiene y ciertos hábitos saludables, ganamos dos meses de esperanza de vida cada año, de modo que los nacidos en este siglo XXI tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de alcanzar el siglo de vida. Conclusión: la vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida. La ancianidad se ha convertido en un sólido cuarto de siglo.

¿Un estadio en el que podemos explorar nuevas facetas?

Hay un deber de plenitud en cada etapa (niño entre niños, hombre entre hombres, anciano entre ancianos) para hacerse acreedor en cada una de ellas al “momento oportuno”, esa hora buena que los griegos llamaron el kairós. La enhorabuena de la infancia es la ingenuidad; la de la madurez, la generación de los frutos de la casa y el oficio (hijos y mercancías); la vejez posee también su enhorabuena, que será el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva. La vejez es un fastidio: decaen facultades, afloran achaques, se acumulan pérdidas, se acerca la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien cuida de sí propio y de los demás: amor, amistad. Y puede hacerlo con una benevolencia nueva que nace de la aceptación de las cosas y de uno mismo, roto ese espejo puesto por la sociedad que nos apremiaba a ser útiles.

Ha escrito sobre la felicidad y no me puedo ir sin preguntarle qué es para usted.

La felicidad es uno de esos conceptos heredados de una época que no es la nuestra. Durante la Antigüedad, ser feliz era cumplir la función que le había correspondido a uno en el cosmos y en la sociedad: los derechos y deberes inherentes a su posición en el mundo. Con el individualismo moderno todo esto cambia: el yo moderno siente que posee una dignidad infinita, como un ser privilegiado, pero, extraña, escandalosamente, está abocado a la indignidad de la muerte, como los mosquitos. Esta antítesis trágica le produce un malestar que le impide ser feliz. Nace por primera vez la búsqueda del “sentido de la vida”, una interrogación absolutamente inconcebible en la Antigüedad. La felicidad ya no es lo nuestro para nosotros, los modernos: lo importante para nosotros desde un punto de vista moral ya no es ser felices, como antes, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seamos. Y vitalmente, lo importante es cumplir, como se decía antes, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad y llegar al final del camino no “cansado de la vida” sino “colmado de años” como se decía de los patriarcas, porque siente que la vida no le ha pasado de largo incumpliendo sus promesas. Por eso propongo redefinir la felicidad contemporánea como el sentimiento de no tener deudas con la vida.

“La vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida”

Huella digital
El director de la Fundación Juan March cuenta con una amplia huella en internet. Recientemente ha sido noticia, en los medios de comunicación, el lanzamiento de su comedia El Peligro de las buenas compañías, presentada en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Dispone de una cuenta en Twitter (@JavierGomaL) donde tiene más de 20.300 seguidores
Fundación Juan March
Javier Gomá en Wikipedia

“Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo”

“No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos”

“El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral”

¡Socorro! Tengo «tecnoestrés»

LA @

Cada pocos minutos chequeamos el teléfono para que nada se nos escape.

¡Socorro! Tengo "tecnoestrés"

Se acaba de levantar y enciende el móvil. Usted mismo ha dado el pistoletazo de salida de un día frenético. Sin tan siquiera pisar la calle, ya está pendiente de los mensajes y notificaciones que suenan como timbres. En el trabajo, va rezagado con el dominio del nuevo programa que le acaban de instalar y cuando llega a casa deseoso de ver esa película que le desconecte, le aparece un mensaje en el televisor que le pide actualizar. Pare. Póngase a leer este reportaje antes de suspirar: no llego.

GABRIEL CRUZ,

Periodista

Fue un encantamiento. Las nuevas tecnologías nos sedujeron con sus posibilidades: comunicarnos con quien sea en cualquier parte del mundo, estar informado al instante, pasar de ser un anónimo ciudadano a otro famoso con miles de seguidores que nos hacen más felices al marcarnos con un corazoncito en las redes sociales. Entonces el hechizo nos atrapó.

Cada pocos minutos chequeamos el teléfono para que nada se nos escape. En el trabajo cada cierto tiempo debemos adaptarnos a un nuevo programa, y en casa ese novedoso electrodoméstico con funciones que no usaremos nunca nos demanda atención para explotar todas sus posibilidades. Un hechizo al que los expertos en salud laboral le pusieron nombre: tecnoestrés.

Si ya fue identificado en 1984 cuando ni siquiera había móviles ni internet, imagínese como estaremos ahora. Lo definió el psiquiatra estadounidense Craig Brod como «una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable». El concepto se ha extendido y como señala el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo: “el tecnoestrés abarca los efectos psicosociales negativos del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. El término está aprobado por la RAE y también sus diferentes tipos, como la tecnoansiedad (rechazo ante el uso de las TIC), tecnofatiga (cansancio por el uso) y tecnoadicción (enganchado a los dispositivos tecnológicos).

Sin embargo, como señala Alicia Arenas, profesora de psicología social de la Universidad de Sevilla, este problema psicológico oficialmente no se ha considerado como un tipo de estrés porque no forma parte de las encuestas ni europeas ni nacionales sobre condiciones laborales. “Por tanto, parece que no existe”, asegura.

El tecnoestrés puede derivar en el síndrome del trabajador quemado y, de ahí, generar una baja laboral

 

Señales de alarma

En todo caso lo que existen son sondeos de investigación. En España el más reciente es de 2021, en plena pandemia. Elaborado por la consultora española Affor Health con unas 931 entrevistas y que contó con el asesoramiento de Alicia Arenas y Donatella Di Marco, del grupo de Investigación de Recursos Humanos y Organizaciones de la Universidad de Sevilla. Las preguntas versaron sobre:
-Tecnosobrecarga. Las TIC nos fuerzan a trabajar más rápido y más tiempo. Un 52% de los trabajadores aseguraban padecerla.
-Tecnoinseguiridad. Cuando creemos que podemos, por ejemplo, perder el trabajo si no nos ponemos al día en el manejo de las TIC. Según la encuesta la padecen un 29% de los empleados.
.Tecnointrusión. Al ser contactado en cualquier momento y difuminando los límites entre ocio y trabajo. Eso crea estrés. “Cuando su vida personal está siendo invadida por estas tecnologías”, apunta Arenas. Un 59% de los trabajadores lo percibe así.
-Tecnocomplejidad. Esa sensación propia de que no se posee capacidad para absorber la velocidad de actualización tecnológica. Lo padecen un 64% de los encuestados. Curiosamente, Arenas nos asegura que “hemos detectado mayor incidencia en las mujeres porque se perciben así”. En esto, Alicia Arenas, que también es investigadora del Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género, nos insiste en que “es algo subjetivo. No es algo real”. Pero el efecto real que provoca es la inseguridad.
-Tecnoincertidumbre. La tensión generada por los continuos cambios. Esto afecta a menos trabajadores, un 34%.

Si se viven estas situaciones es cuando surge el tecnoestrés y su consecuencia, la tecnofatiga. ¿Lo ha “tecnoentendido”? Perdón se me fueron las teclas, seguramente porque los periodistas seamos de los que más lo sufrimos, porque la esencia de nuestro trabajo requiere estar actualizados constantemente, al minuto…
Arenas y Di Marco trabajan en un juego de simulación para que pequeñas y medianas empresas detecten estas situaciones. Y es que el tecnoestrés puede derivar en el síndrome del trabajador quemado, y de ahí, generar una baja laboral psicológica por una depresión, por ejemplo.

Para no llegar hasta ese punto, sea realista con sus posibilidades y afronte metas que pueda alcanzar. Desactive las notificaciones de las aplicaciones que menos utilice. Márquese un horario libre al día para hacer algo que le guste y separe los objetivos en bloques de 20 minutos, centrando la atención sólo en ellos. No sea multitarea ni intente hacer varias cosas al mismo tiempo. Después levántese y descanse 5 minutos. Sobre todo, diferencie urgente de importante. No todo tiene que hacerse de forma inmediata.

Y EN TWITTER QUÉ OPINAN

Nos hemos tecnoestresado buscando trinos cibernéticos sobre el tema porque abundan muchos, sobre todo en la nueva tendencia de los “coach”. Sin embargo, los tuit de perfil más técnico son de cuentas sobre prevención laboral que tratan muchos otros temas.

@AFFORPrevencion
Consultora que realizó el último estudio de tecnoestrés en España.

@CSIFCV (sindicato de funcionarios)
¿Sabías que el #tecnoestrés es el síndrome que causa la utilización de tecnologías de forma extrema?

@Tecnoestres
Controlar la #ansiedad: consejos para conseguirlo

@SaluDigital_es
Revista online semanal de #eHealth

Web3: la última red

LA @

La web3 se refiere a la cadena de bloques, mientras que la web 3.0 es la semántica, que predice mucho mejor el sentido de nuestras búsquedas.

WEB3:

LA ÚLTIMA RED

¿Se sentía seguro porque sabía lo que era la web? Cambie el chip y adáptese de nuevo. Ya estamos en la tercera generación y a punto de sumergirnos en la cuarta. Si se siente superado por el tecnoestrés, no deje de mirar unas páginas más allá los consejos para no padecerlo.

GABRIEL CRUZ,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

Vamos despacio. No queremos que sufra ansiedad. Ya lo hemos padecido nosotros por usted: documentarnos, hablar con expertos… Si quiere hacer el camino por su cuenta le advertimos: mucha de la información que circula por internet no es fiable. Algunos blogs y vídeos que “venden” las maravillas de la web3, lo que de verdad venden son criptomonedas. Muchos de esos foros tecnológicos son mercados persas en que se encuentran anuncios como “urgente: quien compre ahora se hará millonario” o “esto subirá un 697% en unos días”

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Si tiene más de 40 años ha pasado por la web 1.0. ¿Se acuerda de los pitidos del módem cada vez que se conectaba? La web de los años 90 era la de la información estática. No había interacción entre el que difundía y el que la recibía. El receptor no podía comentar nada. La mayoría eran páginas informativas. Tenían la misma forma que un periódico, pero en vez de en papel, en la pantalla. Además, el contenido de la web estaba en una computadora localizada en el mismo edificio de su propietario. Entonces, no había posibilidad de enviar ficheros adjuntos en un email, las fotos eran poco comunes y no había videos.

Algunos blogs y vídeos «venden» las maravillas de la web3, pero lo que de verdad venden son criptomonedas

Menos mal que en el 2000 llegó la web 2.0, la misma en la que estamos casi todos ahora. La creación de servidores externos que la empresa contrata, eso que se llama la nube, aumentó la velocidad y la capacidad de contenido. Aparecieron los megaedificios donde están los discos duros que contienen la información. Son tan eficientes que las webs permiten compartir datos e interactuar con gran facilidad. Parecía que lo teníamos todo pero entonces… ¡Llegaron las redes sociales! Facebook, Twitter, Youtube… Si en la web 1.0 el flujo de información era en una dirección, en la 2 se puede interaccionar, pero el contenido está en manos de unos pocos: los dueños de los servidores y el propietario de las redes sociales. Usted no puede llevarse sus seguidores de Twitter a otra red porque en el fondo son clientes de Twitter, como usted. La empresa les deja usar gratis su software y almacenamiento. ¿Y qué ganan a cambio? Justo: sus datos. Para vendérselos a terceros.

Descentralizar de nuevo

En el año 2014 a este panorama viene a sumarse la web3. Con ella la idea que se busca es volver al principio, a la descentralización. Pero, en vez de que cada uno tenga el contenido de su web en su ordenador, inasumible por el coste, estará compartido mediante la cadena de bloques informáticos (blockchain en inglés) y repartido en una comunidad de ordenadores llamados nodos. Cualquiera puede montarlos en su casa con un presupuesto de 150 euros.

Algunas cifras apuntan a que pueden existir 300.000 nodos en el mundo. Como nos señala Jesus García, profesor en la UTAD Universidad de Tecnología y Arte Digital en Madrid: “Se quiere volver al principio para que la web deje de pertenecer a unos pocos y esté más repartida”. El sistema es seguro; aunque un nodo falle, la información está replicada, repetida en bloques encadenados.

Los defensores de la web3 aseguran que lo que se busca es volver al principio, a la descentralización

En teoría, todo suena muy bien. Los defensores del blockchain aseguran que es mayor la seguridad en las transacciones porque están replicadas en todos los bloques y por tanto, más vigiladas; que se garantiza el anonimato, que no se depende de grandes empresas, que tiene menor coste… El único inconveniente es que encontramos pocas aplicaciones prácticas del blockchain a día de hoy. Dos de ellas son el negocio de las NFT o de las criptomonedas, de las que hay 1.500 tipos y que, por cierto, algunos analistas aseguran que es un timo piramidal, un valor especulativo a la espera de que alguien lo compre.

La seguridad del sistema centralizado

Jordi Romero, es socio de Itnig, una cuna de empresas tecnológicas emergentes, (start-ups): “Respecto a la blockchain soy escéptico. Cuando da problemas se resuelve con un servidor. La principal diferencia es que, en el sistema centralizado, el de los servidores, uno tiene la llave del servidor y en la web3 está entre todos. No he encontrado grandes soluciones en el blockchain. Todo lo que nos rodea ya es digital: mi cuenta bancaria, las escrituras de mi casa… pero están respaldadas por la ley. Si yo tengo un problema puedo denunciarlo, estoy respaldado. Pero en el blockchain nadie responde. El servidor tiene valor porque hay alguien que tiene la llave de la base de datos y al que le puedo pedir responsabilidades”.

Los defensores del blockchain señalan que es imposible hackear su sistema porque como la información está replicada en todos los nodos, si se hackea uno el resto se daría cuenta porque la información no coincide. Es decir, habría que hackear el 51% de esos 300.000 ordenadores que participan en la cadena de bloques para ser exitoso en la empresa.

La web actual también tiene sus inconvenientes. Seguro que recuerda bien las veces en que se ha caído el servicio de empresas como Meta o WhatsApp

La web actual también tiene sus inconvenientes. Seguro que recuerda bien las veces en que se ha caído el servicio de algunas empresas

Pero en la blockchain también pasan otras cosas. Los hackers, por ejemplo, roban criptomonedas en plataformas de intercambios. Algunas cifras aseguran que el robo alcanza los 1.800 millones de euros desde 2017. Además, las transacciones aquí son más caras (unos 50 euros) y no se pueden revertir. Es decir, si se equivoca o le estafan no hay posibilidad de que le devuelvan el dinero.

Si aún no lo tiene claro, Jesús García introduce un matiz más: la diferencia entre la web3 y la web 3.0: “La web 3 es la que se refiere a la cadena de bloques mientras que la web 3.0 estrictamente hablando es la que se denomina web semántica, porque mediante la inteligencia artificial predice mucho mejor el sentido de nuestras búsquedas”. Es mucho más acertada gracias al aporte de millones de datos de usuarios.

El siguiente paso será la web 4.0 en la que ya se traspasa el marco de la pantalla con una inteligencia artificial mejorada, con un comportamiento todavía más predictivo. Por ejemplo, si su reloj inteligente detecta una subida de su ritmo cardiaco, algo propio de un infarto, alertará automáticamente al hospital más cercano. Pero si le parece vamos a dejar esto para otro artículo, cuando la web 3.0 se convierta en la penúltima red.

¿Compraría un NFT?

Los bienes muebles, los que puede mover, son fungibles o no fungibles. Los primeros se gastan con su uso, pero se reemplazan por otros iguales (el dinero, la comida). Los no fungibles no se gastan con su uso y son irrepetibles (como una obra de arte o un artículo exclusivo). Los NFT son las siglas de Non Fungible Token (un token no fungible). Un token, en inglés es una ficha como las de un coche de choque, pero en este caso no es física sino un código digital único. Cada criptomoneda de bitcoin es un token, pero fungible: puedo conseguir más. Sin embargo, un token no fungible, un NFT, es como una marca digital que identifica como único un archivo digital. Crear esa “marca” se denomina mintear. Los archivos suelen ser un dibujo o un texto convirtiéndolo en único. Aunque puede ver ese mismo archivo online gratis, da igual, hay gente que paga por ello. Por ejemplo, el primer tweet de la historia, publicado el 21 de marzo de 2006, fue «just setting up my twttr» (“solo estoy configurando mi twttr”, en español) (En el código QR lo tiene) Se vendió en bitcoins por el equivalente a 2,9 millones de dólares a @sinEstavi, un malasio que no para de presumir de que lo tiene y… que lo pone en venta. También la casa Sotheby’s subastó un pixel gris (un puntito de una pantalla) por 1,13 millones de euros. No se culpe, somos muchos los que no entendemos el arte.

Metaverso y la Web 3 no son lo mismo
En el número 132 de Escritura Pública le hablamos de ese universo de realidad virtual al que sólo se puede acceder con unas gafas y guantes especiales. Erróneamente se ha identificado al metaverso como un producto de la web 3 pero no siempre es así. La confusión está en que en el metaverso hay “mundos virtuales” construidos con tecnología blockchain, la misma que la de la web3. El punto de conexión más fuerte es que en ambos, web3 y metaverso, se manejan criptomonedas.

«Web3: el mismo perro con distinto collar», por Esther Paniagua

LA @

ESTHER PANIAGUA,

Periodista y autora especializada en tecnología

 

"El solucionismo tecnológico no nos conducirá a un futuro mejor, pero la gobernanza tecnológica sí"

Web3: el mismo perro con distinto collar

Una plataforma revolucionaria libre, descentralizada y basada en la relación entre pares, de igual a igual. ¿Les suena? Es lo que nos ofrecía internet en sus comienzos, y es lo mismo que prometen ahora los evangelizadores de la Web3. En 1989 Tim Berners-Lee democratizó la red de redes gracias a la World Wide Web: un sistema de conexión de documentos que nos permite acceder al contenido online. Ahora, los defensores de la Web3 proponen esta como la evolución natural de la web.

Parece lógico, pero no es así. La evolución de la web no es la Web3 sino la Web 3.0. El barullo de nombres no es casual: se pretende generar confusión y reemplazar la una por la otra. Sin embargo, no son lo mismo. La Web 3.0 -a la que, por claridad, llamaré «Web semántica»- es una continuación de la Web 2.0, de igual modo que esta lo es de la Web 1.0, la primera versión de la invención de Berners-Lee.

A la Web 3.0 se le llama también Web semántica porque una de sus principales características o funcionalidades es la de hacer que los recursos a los que podemos acceder online sean más legibles para las máquinas para que puedan organizar mejor la información. Eso redundaría, por ejemplo, en búsquedas más precisas, guiadas por el significado y no por el contenido textual.

La Web semántica no solo tiene una filosofía totalmente diferente a la Web3, sino que se basa en una infraestructura diferente. La primera es continuista con sus predecesoras (la Web 1.0 y la Web 2.0), y se basa un protocolo llamado HTTP que crea una red de recursos unidos mediante hipervínculos. La Web3, sin embargo, se basa en una tecnología llamada blockchain, y su foco está puesto en la resolución distribuida de problemas relacionados con la propiedad de activos.

La cadena de bloques es conocida por ser el vehículo de Bitcoin, la famosa criptodivisa. Es un sistema de consenso distribuido que permite realizar registros descentralizados con copias en millones de ordenadores en todo el mundo protegidas criptográficamente, que en teoría no se pueden atacar, ni prohibir, ni borrar. Además de guardar datos y documentos, también permite establecer reglas particulares para cada transacción. Esto tiene muchas ventajas (y algunos inconvenientes) pero desde luego no es una evolución de lo que conocemos como web, sino otra cosa diferente.

La Web3 se basa en la idea de aplicaciones descentralizadas y finanzas descentralizadas, a través de herramientas como los contratos inteligentes, las criptomonedas o cualquier otro tipo de token o unidad de valor. Por ejemplo, las NFT son una forma de monetización digital basada en tokens no fungibles, una especie de certificados digitales de autenticidad y propiedad de una obra de arte que solo existen en formato electrónico y que están validados por tecnología blockchain.

A las organizaciones que operan en esta infraestructura se las denomina DAO (del inglés Decentralized Autonomous Organisation). En una tienda DAO, el precio de todos los productos y los detalles sobre quién recibirá los ingresos, se mantienen en una cadena de bloques, y los accionistas pueden votar para cambiarlo.

Los predicadores de la Web3 proclaman que cada vez más organizaciones se convertirán en DAO, más objetos se convertirán en NFT y más tokens serán interoperables, eliminando así fricciones e intermediarios. Sin embargo, la criptoweb camina hacia lo contrario: no es libre ni abierta, dado que la mayoría de las personas no tiene recursos, medios ni conocimientos para participar, y ni siquiera entiende lo que es ni cómo funciona.

A lo anterior se suman otros problemas asociados a la Web3. La huella de carbono de blockchain es uno de ellos, y no menor. Bitcoin, por sí sola, tiene un consumo energético anual de 204 kilovatios por hora, equivalente a un país como Tailandia, según las estimaciones de Digiconomist. Se calcula que sus emisiones en 2021 podrán asociarse a alrededor de 19.000 muertes futuras. Y comprar una obra de arte NFT equivale al consumo mensual de alguien que vive en la Unión Europea (UE), según el análisis del tecnólogo y artista Memo Akten en Cryptoart.wtf.

Pero hay más. Como es bien sabido, las criptodivisas facilitan el lavado de dinero criminal, ya que permiten disociar los pagos de su fuente y convertir esas monedas en dinero para gastar, todo ello de forma anónima. Es decir, da la posibilidad a los delincuentes de ocultar el origen de los ingresos de las actividades ilícitas para que puedan cobrarlos de forma segura. La especulación, las estafas y la criminalidad en este torno es algo que no se puede obviar.

Muchos consideran que la elección de nombre ‘Web3’ responde a la intención de hacer un cambio de imagen de todo lo asociado con el mundo ‘cripto’, y critican que sus promesas de revolución se basan en un análisis superficial de los movimientos sociales, tomando ejemplos del mundo del arte y los videojuegos, que difícilmente representan cómo vive y trabaja la mayoría de la gente. «Son incapaces de ver el Estado como algo más que una patología obsesionada con la búsqueda de rentas y la vigilancia que no puede ser reformada o readaptada; que solo se puede domar o abolir», dice Evgeny Morzov en un artículo en The Crypto Syllabus.

El solucionismo tecnológico no nos conducirá a un futuro mejor, pero la gobernanza tecnológica sí. Solo creando nuevas instituciones y reglas que encaucen los avances técnicos hacia el bien común, que eviten las concentraciones de poder que ya dominan la economía digital, que pongan por delante el respeto a los derechos humanos y cuyo norte sea la creación de valor para todos los ciudadanos como sujetos, y no como objetos de consumo y mercantiles (meros datos), será posible la prosperidad compartida.

Contra el circo del odio

Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

Wikipedia
Currículo

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Seguridad jurídica y custodia del territorio

EN ESTE PAÍS

Ignacio Torres en la inauguración.
José Ángel Martínez Sanchiz, en el acto inaugural.

Redacción

[email protected]

 

Seguridad jurídica y custodia del territorio

La custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica, “sin ella cualquier medida adoptada se la llevará el viento.

Esta es una de las conclusiones generales de la I Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que participaron una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs.

La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Notariado e Ignacio Torres Ruiz-Huerta, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad. El presidente del Notariado expresó el deseo de los notarios “de colaborar en distintos ámbitos como la custodia del territorio; la repoblación de los pueblos que necesitan recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes; y el aprovechamiento y configuración jurídica de los medios propios del campo, generando situaciones rentables para posesiones olvidadas como los montes de socios, que ocupan una parte significativa del territorio nacional».

Por su parte, Torres Ruiz-Huerta ratificó la importancia de las iniciativas de custodia del territorio en el marco de la recuperación económica y la transición ecológica, resaltando que “impulsar las oportunidades que nos ofrece el mundo rural debe ir asociado al fomento de la bioeconomía, a su vez asociado a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los servicios ecosistémicos. La custodia del territorio es una de las herramientas clave puesto que para poder abordar este gran reto son imprescindibles las alianzas estratégicas y trabajar coordinadamente con diferentes agentes, algo que nuestro acuerdo con el CGN y estas jornadas escenifican a la perfección”.

Estado actual

La primera mesa redonda se centró en el Estado actual de la Custodia del Territorio. De la conservación pública a la intervención ciudadana. Moderada por Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, miembro de la comisión permanente del CGN y patrono de la Fundación Notariado, contó como ponentes con Carlos Javier Durá, investigador del CIEDA; Antonio Ruiz Salgado, abogado y consultor jurídico ambiental, asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio; y Federico Cabello de Alba, notario y miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del CGN (quien participó de manera telemática).

 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PREVÉ AMPLIAR PARA 2030 AL 30% LA CANTIDAD DE SUPERFICIE TERRESTRE O MARINA PROTEGIDA JURÍDICAMENTE

 

Ferrer indicó que se debe «profundizar en la seguridad jurídica que aportan los notarios en la custodia del territorio para asegurar la legalidad y adecuar la voluntad de las partes». El investigador del CIEDA-CIEMAT, subrayó que “podemos realizar adaptaciones imaginativas de fórmulas empleadas con éxito en otros países para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Entre otras, la adecuación de la fiscalidad ambiental para fomentar y consolidar iniciativas de custodia.”

El asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Antonio Ruiz, afirmó que “las líneas de trabajo para fortalecer la custodia del territorio están bien definidas en el Libro Blanco; entre otras, modificar la Ley 49/2002 de Mecenazgo e Incentivos a las Entidades no Lucrativas, mejorando el marco de desgravación actual e incorporando mejor el patrimonio natural y la biodiversidad”.

Federico Cabello de Alba, destacó que “hay necesidad de realizar acciones de formación combinada, tanto en el ámbito de las entidades de conservación como en el Notariado, en los montes de socios y en los comunales para asumir el reto de la demanda social representada por el movimiento de custodia del territorio y su trascendencia para la conservación de la biodiversidad y la despoblación del medio rural”. Cabello de Alba recordó que, en 2019, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo de formación y asesoramiento mutuo.

 

Montes de socios

El segundo panel de debate abordó los Montes de socios. Formalización y aportación al desarrollo rural. Con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, como moderador, intervinieron Pedro Agustín Medrano, director de «Montes de socios» y «Asociación Forestal de Soria»; José Manuel Benéitez, notario de Soria; Beatriz Martín Larred, senadora de ‘Teruel Existe’ y Pedro Gracia, letrado de la Asociación Forestal de Soria.

Latorre aseguró que no existe un marco legal adecuado para los montes de socios, lo que favorece que terceros interesados puedan caer en el abuso de hacerse con propiedades que no son suyas, de explotar recursos naturales sin pagar a sus legítimos dueños y de evitar la función social de la propiedad, que es la de hacer que parte de los beneficios obtenidos reviertan en la conservación de los propios montes y revitalicen las comunidades en las que se ubican. Medrano aseguró que desde su asociación quieren «custodiar los montes de socios -que sólo en Castilla y León ocupan 180.000 hectáreas- para los que vengan; es nuestra cuota de responsabilidad generacional». La senadora Martín apuntó que «los montes de socios son un fenómeno vinculado al fenómeno del éxodo rural. Entre las personalidades jurídicas que ayudan a regularlo destacan los colegios notariales que hacen posible la reanudación del tracto, permitiendo a los dueños empoderarse y recuperar su raíz»

El notario soriano José Manuel Benéitez aclaró que un monte de socios no es público, sino un monte privado en comunidad romana o por cuotas y que no existe una legislación completa que los abarque. Por ello pidió una ley integral que responda jurídicamente a todas sus características, y subrayó su valor para la biodiversidad:

 

La biodiversidad

Conservación de la biodiversidad, ¿Qué esperamos del mundo jurídico? fue la mesa dirigida por Oscar Prada, de la Fundación Biodiversidad, que tuvo como participantes a Cristina Álvarez, asesora Legal de SEO/BirdLife; Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature; Javier Manrique, secretario de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado y notario de Jerez de la Frontera y Pedro García Moreno, presidente de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

 

EL NOTARIO RURAL ES UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS JURÍDICOS DE LAS ZONAS DESPOBLADAS

 

Álvarez-Vaquerizo señaló las que han tenido con administraciones municipales tras el cambio de secretario y su reinterpretación de los antiguos acuerdos de custodia en el marco de los contratos públicos, y por tanto sujetos a licitación, siendo algo muy diferente. Por su parte, Eduardo de Miguel reivindicó “un cambio jurídico para que puedan establecerse a perpetuidad los objetivos de conservación vinculados a un determinado terreno sujeto a un acuerdo de custodia o directamente propiedad de una entidad de conservación. Debido a esa carencia jurídica estamos dejando de recibir importantes donaciones de dinero privado que exige la garantía de perpetuidad.” Pedro García focalizó su intervención en las dificultades administrativas y la inseguridad jurídica de la custodia del territorio en entornos litorales.

Las tres entidades coincidieron en señalar las dificultades burocráticas encontradas con la administración en terrenos de dominio público, a pesar de que la custodia del territorio llega muchas veces donde no alcanza aquella, ahorrando a la sociedad costes para la conservación’.

Por su parte Manrique señaló que “el censo podría ser una fórmula jurídica a desarrollar para conseguir mayor duración, incluso perpetuidad de los objetivos de conservación vinculados a un terreno concreto”.

 

Despoblación en el mundo rural

La última mesa analizó las Soluciones jurídicas y experiencias prácticas al reto de la despoblación en el mundo rural. Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, moderó el coloquio donde tomaron parte Luis Antonio Calderón, presidente de SIEMBRA y alcalde de Paredes de Nava; Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Susana Gende, psicóloga del área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja; Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina y José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Rodríguez centró el debate señalando que «el 53% del territorio español está ocupado por sólo el 5% de la población. Este dato pone de manifiesto la situación de despoblación en la que nos encontramos». Calderón puso en valor el papel activo de los alcaldes y la labor del notario rural: «su labor pública les convierte en referentes para los más vulnerables. Cuentan con un perfil universitario que les convierte en uno de los últimos recursos ante la despoblación». Flórez puntualizó que «nunca como hasta ahora ha habido una arquitectura institucional para abordar este reto desde todas las instituciones públicas». Por su parte, Gende señaló que “estamos a la cola de Europa en la inclusión del talento femenino en un entorno rural muy masculinizado. Las mujeres son las primeras que se van de los pueblos por la persistencia de los roles de género en el campo». Giménez explicó la creación de Abuelos Madrina en el entorno rural para proteger la maternidad vulnerable, así como el proyecto Pueblos Madrina “por el que buscamos alojamiento para familias cuya vida en la ciudad es extremadamente difícil».

Por último, Graíño puso de manifiesto la conexión de las notarías con la población de los pueblos, que «constituyen una estructura que garantiza la seguridad jurídica personal y patrimonial. El notario es una persona imparcial que sirve de guía en Derecho Privado; su intervención ex ante en la información precontractual permite conocer qué derechos se tienen o qué instrumentos jurídicos utilizar en materia de emprendimiento. El decano gallego recordó algunas iniciativas recientes puestas en marcha por el Notariado que pueden beneficiar a la población rural: «Se ha suscrito un convenio con empresas de microfinanzas para establecer créditos ventajosos con personas vulnerables facilitando la inclusión social. También cabe destacar la apuesta por la digitalización, con la creación del Portal Notarial del Ciudadano, donde podrán realizarse gestiones sin necesidad de desplazarse».

Custodia del territorio

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la custodia del territorio es una figura que facilita «iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza en fincas privadas y públicas entre el propietario y una entidad de custodia que le asesora para gestionar su territorio orientándolo hacia la conservación».

Montes de socios
En algunas regiones de España existen montes y terrenos rústicos propiedad de un colectivo de vecinos. Es una situación de proindiviso de varias personas físicas o jurídicas que poseen un porcentaje del territorio.
Primera mesa redonda (de izquierda a derecha): Antonio Ruiz, Carlos Durá, Ignacio Ferrer. Federico Cabello de Alba en pantalla.
Segunda mesa redonda (de izquierda a derecha): Pedro Medrano, José Manuel Benéitez, Beatriz Martín, Pedro Gracia y Miguel Latorre.
Tercera mesa redonda (de izquierda a derecha): Javier Manrique, José Ángel Martínez Sanchiz, Cristina Álvarez, Eduardo de Miguel, Oscar Prada y Pedro García.
Cuarta mesa redonda (de izquierda a derecha): José María Graíño, Conrado Giménez, Susana Gende, Luis Calderón, Judit Flórez y Carmen Rodríguez.

«Un instrumento para el desarrollo rural», por Ignacio Ferrer

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

"En la medida en que fomenta la colaboración público-privada, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad"

Un instrumento para el desarrollo rural

El concepto de custodia del territorio está unido al objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. Implica, por decirlo de forma sencilla, un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden comprometer a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados. Pero quizás por esa dimensión ambiental indudable que tiene la custodia del territorio existe la idea equivocada de una cierta incompatibilidad entre estos acuerdos con usos tradicionales como la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería, cuando la realidad es justamente la contraria.

Estas actividades no sólo resultan complementarias, sino que frecuentemente facilitan y encajan como un guante en las estrategias de conservación del territorio. La lógica de un desarrollo sostenible enfocado simplemente al ecologismo, sin consideración de las dimensiones social, económica y cultural, hace años que abandonó la esfera y el discurso público, incluso el de las propias entidades conservacionistas. Hoy la sostenibilidad se entiende en un sentido integral e integrador, desde la asunción de que, del mismo modo que hay que poner límites y cauces a las actividades productivas para la protección del medio ambiente, también hay que proteger esas actividades, sin las cuales el medio ambiente sufriría una merma semejante o superior, asociada al abandono del medio rural y el preocupante fenómeno de la despoblación.

Muchos caminos rurales se perderían y se desaprovecharían para nuevos usos ligados al ocio o el disfrute de la naturaleza si no fueran explotados también para otros usos productivos, de nuevo cuño, como el turismo, o tradicionales, como la ganadería. En numerosos pueblos de la España rural la arboleda cubre la función de absorción de CO2 que cubren los bosques en países de Centroeuropa. La protección de esas actividades tradicionales no sólo tiene encaje dentro de las políticas públicas de sostenibilidad sino que son necesarias para ellas, y el reto no es otro que encontrar la mejor integración, desde el convencimiento de ser sostenible implica no solo armonía con el entorno sino también viabilidad, es decir, posibilidad de que esa actividad pueda ser mantenida en el tiempo sin perjuicio para el que la emprende.

En la medida en que fomenta la colaboración público-privada para ello, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad y por tanto supone o puede suponer un impulso a esas actividades tradicionales desarrolladas de una forma no antagonista sino complementaria con el entorno. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, perjudicadas probablemente por un ambiente social que recela de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, las propias políticas comunitarias están fomentando esta cooperación, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del bienestar no pueden afrontarse exclusivamente con financiación pública, sino que demandan la implicación (la inversión y también la inteligencia) de los actores privados.

Pues bien, si hay un ámbito en el que merezca explorar esa colaboración público-privada, sin duda, ese es el medio ambiente, no sólo por su relevancia intrínseca, sino porque todo lo que gira alrededor de la transición ecológica y el cambio climático se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el gran motor de desarrollo de las próximas décadas, junto a las actividades productivas ligadas a la digitalización, el análisis y la inteligencia de datos y la ciberseguridad.

Además, en este caso, y hasta donde se le ha puesto a prueba, la custodia del territorio ya ha presentado sus credenciales favorables, mostrándose como un instrumento jurídico eficaz para la protección del entorno y la biodiversidad. Al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, ha permitido un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Y se ha revelado además como una fórmula menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la Administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parece cuanto menos sensato y oportuno que se apueste por esta vía, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado. Para ello, sería conveniente desarrollar una regulación específica estructurada, al estilo de la que existe en otros países, sobre todo anglosajones, así como promover algunos estímulos (por ejemplo, fiscales) que sin duda saldrían a cuenta para el erario público.

Ni que decir tiene que los notarios, sobre todo en esas comunidades de la llamada España vaciada, podemos aportar -y estamos aportando ya-, mucho al desarrollo de esta institución, que, insisto, resulta totalmente compatible con los usos ganaderos, agrícolas, de caza, etc. que son tradicionales y casi consustanciales con nuestro campo. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.

Una ley de vivienda para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables

DEBATE PARLAMENTARIO

Una ley de vivienda para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables

La ley de vivienda llega al Parlamento

Las políticas de planificación públicas se articulan sobre dos categorías de vivienda protegida: la vivienda social y la vivienda de precio limitado.
Después de varios intentos, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se tramita por el procedimiento de urgencia. Si sale adelante, será la primera ley de la democracia que regule de forma integral este derecho constitucional. Su objetivo es ofrecer a las Administraciones territoriales los instrumentos necesarios para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles.
ELVIRA ARROYO,

La Constitución Española reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna e impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones y desarrollar las normas que lo hagan efectivo.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Constitución no se ha aprobado ninguna ley estatal que regule el acceso a la vivienda. El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ahora se debate en el Congreso, sería la primera, si el gobierno y los grupos parlamentarios que la han apoyado logran un acuerdo sobre su contenido definitivo. Esta ley es también una de las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza los fondos europeos destinados a reparar los daños de la pandemia.

Uno de sus retos es reducir el desequilibrio existente entre la obra nueva y la actividad de rehabilitación, o entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler. Aunque la población que vive de alquiler en España ha subido en la última década del 20% al 25%, la media europea es del 30% y en Alemania alcanza el 50%.

Vivienda social.

Según las últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España hay unas 290.000 viviendas sociales en alquiler, lo que apenas cubre el 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en nuestro país.

Uno de los retos es reducir el desequilibrio existente en el mercado español entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler

Este parque público de viviendas es claramente insuficiente para atender las necesidades de los colectivos y hogares con escasos medios económicos. Es el caso, por ejemplo, de las personas jóvenes que tienen que retrasar la edad de emancipación por sus dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y acceder a una vivienda. Su situación ha empeorado con la crisis económica, que ha elevado la edad media de emancipación en España en 2020 a los 29,8 años, cuando la media de la Unión Europea es de 26,4 años.

La nueva ley apuesta por unos parques públicos que se nutrirán del desarrollo urbanístico y edificatorio de los suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar con fórmulas de colaboración público-privada. También integrarán el parque público las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas.

Las políticas de planificación públicas se articulan sobre dos categorías de vivienda protegida: la vivienda social y la vivienda de precio limitado.

El parque de vivienda social estará integrado por viviendas construidas sobre suelo público, destinado al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, para atender a los sectores de población con mayores dificultades económicas.

La vivienda protegida de precio limitado es aquella que está sujeta a limitaciones administrativas en los precios de venta y/o alquiler, por un plazo de tiempo determinado. Su volumen y características en cuanto a superficies y precios estará condicionado por la demanda de hogares en su ámbito territorial.

Como novedad, no se podrá volver a enajenar el parque de vivienda social, que será considerado un patrimonio permanentemente protegido. Con esto se quiere evitar que se repita la venta de este tipo de viviendas a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

También se incluye la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un periodo mínimo de 30 años para su descalificación en determinados supuestos. Hasta ahora, la mayoría de los 5,7 millones de viviendas protegidas construidas entre 1962 y el año 2020 han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler en plazos relativamente cortos.

Otro aspecto destacado es la introducción del concepto de vivienda asequible incentivada, como figura para incrementar la oferta a corto plazo. Entrarán en esta categoría aquellas viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, cuyo titular recibirá beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo, a cambio de alquilarlas a precios reducidos como vivienda habitual para personas que no pueden optar a una vivienda a precio de mercado.

Zonas tensionadas.

El texto legal establece que las Administraciones competentes podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, en las que se podrán aplicar medidas para equilibrar y bajar los precios del alquiler.

En este contexto se introduce también el concepto de “gran tenedor”, que es la persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en las zonas de mercado residencial tensionado podrán establecerse criterios adicionales para estos propietarios.

Para evitar la venta de viviendas sociales a fondos de inversión, con la nueva ley no se podrá volver a enajenar el parque de este tipo de vivienda

Entre los mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, se incentivará la incorporación de más inmuebles en alquiler para vivienda habitual. Además, en las viviendas arrendadas, el arrendatario podrá acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

En los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se limitará en estas zonas a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente). Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitada por el contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Habrá un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar el sistema de índices de referencia, que definirá la Administración estatal.

Viviendas vacías. La futura ley de vivienda especifica también que los ayuntamientos podrán aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, el actual recargo del 50% sobre la cuota líquida del IBI podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Finalmente, en los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables, se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones llegan, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses cuando el propietario sea una persona física, y de 3 a 4 meses cuando sea una persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir los casos de vulnerabilidad económica.

Para alcanzar las metas fijadas, España necesita multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones energéticas, hasta alcanzar unas 300.000 al año.

Consejo Asesor de Vivienda

Se creará el Consejo Asesor de Vivienda para asegurar la participación de todos los agentes en las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado, integrado por representantes de los departamentos ministeriales con competencias en materia de vivienda; asociaciones del tercer sector y otras asociaciones; representantes empresariales, profesionales y del sector financiero; así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Nuevas reducciones fiscales para incentivar el alquiler
La futura ley de vivienda incluye incentivos fiscales en el IRPF para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. En concreto, se modula la actual reducción del 60% en el rendimiento neto positivo del alquiler, estableciendo en los nuevos contratos de arrendamiento una reducción del 50%, que podrá incrementarse con los siguientes criterios:

Reducción IRPF

90%

Motivo

Cuando se firme un nuevo contrato de alquiler en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior.

70%

Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

60%

En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores.
Estimación del parque de viviendas en España

Total nacional

Total

Viviendas principales

Viviendas no principales

Total nacional

25.882.055

19.408.777

6.473.278

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cas. La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

4.461.156
802.471
628.899
607.701
1.057.779
366.442
1.755.699
1.276.824
3.950.905
3.205.483
666.776
1.631.754
3.029.616
790.183
324.981
1.065.274
203.832
56.280

3.377.381
569.997
480.898
463.143
877.744
255.331
1.053.552
832.851
3.216.977
2.076.623
446.401
1.132.822
2.709.101
533.557
266.085
921.088
139.464
55.762

1.083.775
232.474
148.001
144.558
180.035
111.111
702.147
443.973
733.928
1.128.860
220.375
498.932
320.515
256.626
58.896
144.186
64.368
518

(*) Datos provisionales.
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los partidos opinan

Eva Bravo

Diputada y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario
Socialista

Twitter: @EvaBravoBarco

“La primera norma estatal en la historia de la democracia” 

El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda tiene como objetivo dotar al derecho a la vivienda, reconocido en el art. 47 de la Constitución, de un desarrollo legislativo que le otorgue un contenido efectivo en todo el territorio nacional.

Este proyecto de ley no es una medida aislada. Junto a otras muchas, como el bono joven, la promoción de más de 100.000 viviendas de alquiler social o el aumento en casi un 600% del Presupuesto del Estado en vivienda, todo ello forma parte de una política de largo alcance.

Estamos en el momento oportuno para movilizar al conjunto de los poderes públicos para la construcción de un quinto pilar del Estado del Bienestar, el que asegure de una forma definitiva una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país.

Ana Zurita

Diputada y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular

Twitter: @AnaZurita7

“La Ley de vivienda debe retirarse”

La Ley por el derecho a la vivienda del Gobierno se debería retirar, independientemente de la falta de consenso, porque, lejos de su objetivo, será fuente de gran inseguridad jurídica, ya no solo por la invasión competencial de las comunidades autónomas, sino por la penalización que se hace al poseedor de una propiedad inmobiliaria, vulnerando el derecho a la propiedad por una aplicación tendenciosa de su función social.
Exime al Gobierno de sus obligaciones de desarrollar una política de vivienda eficaz, responsabilizando de ello a los propietarios privados.

Exceso de regulación, intervencionismo, impuestos y nuevas cargas son atributos de esta ley, y todos ellos, factores inflacionistas en el mercado de la vivienda. Muy lejos de una regulación que vaya en el sentido de aumentar la oferta, de garantizar el equilibrio entre medidas sociales y económicas y de desarrollar claramente las competencias del Estado.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.