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Reparar antes de cambiar

CONSUMO

Consumo: Reparar antes de cambiar

Los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y valoran mucho más la calidad de los mismos a largo plazo.

Marián Lezaún

[email protected]
Twitter: @mlezaun

Reparar cualquier producto antes de reemplazarlo por otro es la filosofía de fondo de la nueva normativa de garantías que busca alargar la vida útil de los productos al tiempo que mejora la protección al consumidor. Para ello, mediante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del Real Decreto-Ley 7/2021 se han aumentado las exigencias a los fabricantes, a los que se pide contar con piezas de repuesto en un plazo de hasta diez años y se ha ampliado el plazo de garantía legal de los productos de dos a tres años.

Que los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y que valoran mucho más la calidad de los mismos a largo es una realidad. No hay más que ver el boom de tiendas de segunda mano, de servicios de reparación o de productos recuperados. Hace ya unos años, el documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer nos abría los ojos ante una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre. A partir de entonces, la llamada obsolescencia programada saltó a un primer plano y los usuarios empezaros a tomar conciencia del impacto ambiental y social que tenía el consumo rápido de muchos productos cotidianos, en especial de electrodomésticos y tecnología. En la misma línea, el ensayo Hecho para tirar, del controvertido economista francés Serge Latouche, nos planteaba el problema que suponía para el planeta el consumo excesivo y deshacernos antes de tiempo de cosas que se pueden reparar, reemplazar y reutilizar. Ahora que las nuevas tendencias de consumo avanzan por el mismo camino, la legislación se adapta y se vuelve más exigente con productores y distribuidores.

LOS USUARIOS HAN TOMADO CONCIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE EL CONSUMO RÁPIDO

Mayores plazos

Así, desde el pasado 1 de enero, los consumidores españoles pueden acogerse a la nueva legislación sobre garantías que amplía sobre todo los plazos de reclamación y mejora las posibilidades de reparación. Se trata de la transposición de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes y que otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la protección al consumidor. “Atendiendo a esta posibilidad, en la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la citada Directiva, se ha adoptado la decisión de ampliar la garantía por falta de conformidad de los productos (adecuación a las normas de uso) o servicios al plazo de tres años para proteger a aquellas personas consumidoras que adquieran productos o servicios cuyos fabricantes o prestadores limitaban la garantía al plazo legal de dos años”, explica Carlos García, director del Centro Europeo del Consumidor (CEC).

Y aunque la nueva norma ha sido muy bien acogida por las asociaciones de consumidores, despierta también algunas dudas entre los fabricantes y vendedores que se preparan para su aplicación. No obstante, muchos lamentan que no se hayan tenido en cuenta las características específicas de cada producto y que se conceda la misma garantía para un producto sencillo, como un secador, que para un automóvil. Además, la legislación tampoco ha tenido en cuenta el ciclo de vida de los productos, lo que siembra muchas dudas en la gestión de los repuestos. Muchas compañías deberán reestructurar sus políticas de stock, mantener sus proveedores durante más años y eso, a la larga, puede suponer un impacto en los precios. Pero no se trata de establecer una batalla entre fabricantes y consumidores, porque muchos de ellos ya ofrecen desde hace tiempo garantías superiores a las exigidas y cuentan con servicios de reparación que permiten alargar la vida útil de los productos. Se trata de un tema de responsabilidad empresarial y de cumplir las exigencias de Europa, según los expertos. Para el director del Centro Europeo del Consumidor, Carlos García, “el posible encarecimiento de los productos por el nuevo periodo de garantía o por la obligación de disponer de repuestos durante un periodo determinado es una cuestión de mercado, ajena a la regulación de la protección de los consumidores”.

SE HA AMPLIADO EL PLAZO QUE TIENE EL CLIENTE PARA ELEGIR ENTRE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO

Porque la norma incluye otras novedades. Además del periodo para reclamar, se ha ampliado también el plazo que tiene el cliente para elegir entre la reparación o sustitución del producto. Así, se amplía de tres a cinco años el plazo de no conformidad y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 66% de los productos fallan a los tres años de uso y un 49% de las quejas están relacionadas con productos tecnológicos. Para el responsable del CEC, lo más importante es que “se refuerza la posición de las personas consumidoras porque determina la obligación de suministrar bienes con la calidad, seguridad y durabilidad que se puede razonablemente esperar de los mismos, ya que posibilita una mayor protección de los consumidores, una mayor calidad de los bienes puestos en el mercado y el favorecimiento de la sostenibilidad del consumo, así como la potenciación de la economía circular”.

Productos digitales

La legislación incluye también por primera vez un apartado especial para los productos digitales. Así, desde el pasado 1 de enero, tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años. Entre esos contenidos y servicios se incluyen los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo, los archivos de audio, los archivos de música, los juegos digitales, los libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.

MUCHOS FABRICANTES YA OFRECEN DESDE HACE TIEMPO GARANTÍAS SUPERIORES A LAS EXIGIDAS

Y qué ocurre si el vendedor o el fabricante incumplen la nueva norma: “Cualquier incumplimiento de una obligación establecida en una norma de protección a las personas consumidoras está tipificada como infracción y lleva aparejada la correspondiente sanción”, recuerda García.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Los derechos del consumidor

Cuando compramos un producto o servicio debemos diferenciar entre las garantías legales y las comerciales. Ya que, además de los requisitos legales, muchas marcas suelen ampliar los derechos del consumidor con reclamos comerciales, como es caso de algunas empresas de coches. Por eso, hay que tener en cuenta que cualquier declaración pública que haga un fabricante sobre sus productos (en la publicidad, en el etiquetado, etc.) es jurídicamente vinculante para el comprador. Mientras la garantía legal es obligatoria y se regula por Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la garantía comercial depende de cada tienda o empresa que venda productos y servicios y es adicional a la garantía legal. Por eso, a la hora de reclamar es necesario saber dónde acudir. En primer lugar, los clientes pueden solicitar al minorista una compensación acogiéndose a esa garantía legal en el caso de que el producto no se ajuste a su descripción; tenga cualidades diferentes al modelo anunciado o mostrado al cliente; no sea adecuado para el uso habitual o para el uso específico que se adquirió; no posea la calidad ni el rendimiento normales en productos del mismo tipo; o se haya instalado mal (por parte del cliente o del proveedor) debido a deficiencias en las instrucciones facilitadas. No obstante, si el proveedor informa de que el producto a la venta tiene algún problema de calidad, el cliente no le puede pedir compensación por ese defecto en concreto. Además, el cliente tiene derecho a solicitar la reparación del producto; la sustitución del producto; una reducción del precio; o la cancelación del contrato y el reembolso íntegro del importe abonado si el producto no responde al uso esperado.

Cuando el arreglo merece la pena

Cuando se estropea cualquier producto en nuestros hogares, el dilema es siempre el mismo: merece la pena arreglarlo o es más rentable cambiarlo por otro. Hace unos años, la tendencia era sustituirlo por otro sin dudarlo, pero hoy las cosas han cambiado. Por eso, antes de tomar una decisión conviene saber qué es y cómo funciona la amortización de esos productos. Calcular ese coste de amortización es algo sencillo y puede aclararnos muchas dudas. Así, teniendo en cuenta que todos los productos empiezan a perder valor desde el momento mismo de la compra, podemos calcular el valor de los mismos durante su ciclo de vida útil. Es decir, tenemos que dividir el precio de compra durante ese periodo de tiempo y así saber en el momento en el que se estropea, cuál es su valor real. Teniendo ese dato en cuenta, deberemos compararlo con el coste de reparación del producto y hacer la misma operación, teniendo en cuenta una nueva adquisición. Cuando el valor del producto es muy bajo, quizá es el momento de cambiarlo.

Para saber más

Organización de Consumidores y Usuarios: explica de manera sencilla las claves de la nueva legislación, así como qué es necesario para reclamar un producto en garantía. Desde aquí se puede consultar el proyecto europeo Prompt, que pretende luchar contra la obsolescencia programada de muchos productos.

Centro Europeo del Consumidor (CEC): En la web del Centro Europeo del Consumidor, que pertenece al Ministerio de Consumo, se puede consultar información práctica sobre reclamaciones, quejas y derechos de los consumidores en todo el espacio europeo

Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años.

Sin techo no hay cimientos, por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES

JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

Twitter: @JuanjoMorodo

Resulta turbador que España sea el país con la batería más larga de impuestos que inciden en la vivienda entre todos los países de la OCDE

Sin techo no hay cimientos

Manuel es un joven y serio profesional con contrato indefinido. Manuel (el nombre es ficticio) contrajo el Covid en el momento más crudo de la pandemia. No se infectó en una fiesta desenfrenada ni por una imprudencia. Se contagió en la casa en que vive. A pesar de su salario, en la media nacional para su ocupación, Manuel se ve obligado a compartir piso con cuatro compañeros, uno de ellos profesional del sector sanitario, quien sin querer introdujo el virus en la vivienda común. Manuel no está a disgusto con esa vida casi de estudiante, pero lo cierto es que comparte piso porque no le da para alquilar uno en solitario.

La vivienda cara no es un freno solo para Manuel, lo es para el desarrollo de cualquier país. Una política de vivienda que ignore esto no solo está mal orientada, sino que supone un lastre para cimentar el crecimiento y una losa en el futuro de las próximas generaciones. Los altos precios de la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, también pueden asfixiar la reactivación del consumo, una condición decisiva para que la economía se expanda e inaplazable en un escenario que urge la recuperación, como el que vive España tras el durísimo impacto de la pandemia.

Toda la renta que los ciudadanos tengan que destinar a vivienda se sustrae de otra partida del gasto, desde la alimentación al ocio, desde la salud a la educación o a la misma vestimenta, con el consiguiente deterioro sobre aquellos sectores ajenos al inmobiliario. A modo de vasos comunicantes, cuanto más elevados sean los fondos que los presupuestos familiares deben dedicar a vivienda más se aminorarán los destinados a otros bienes o servicios.

Este panorama se refleja hoy con toda su crudeza, cuando buena parte de la recuperación tras la crisis del Covid se fía al repunte del consumo, tras largos trimestres de hibernación y contención del gasto y de un precavido crecimiento del ahorro de las familias, solo proporcional a los temores que desata la incertidumbre.

La familia española dedica a la residencia, de media, más de un 35% de su renta, un creciente récord que constriñe su capacidad de gasto. En los hogares con menos renta, este porcentaje se puede encaminar peligrosamente a un inquietante 50%. La vivienda, y destacadamente la que está en régimen de alquiler, “representa en promedio el mayor gasto de los hogares en el conjunto de todos los países de la OCDE”, según constata el organismo que agrupa casi a una cuarentena de los países más desarrollados.

“Esta absorción que hace la vivienda de otros gastos”, alerta la OCDE, “podría ir incluso a más” en el corto plazo, pero modularse poco a poco en función de variables como el aumento de los parques de vivienda asequible en arrendamiento. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE constata que en España se replica esa tendencia.

Estas son algunas de las razones que hacen más preocupante ver a España entre los países desarrollados con impuestos que más lastran el crecimiento: el puesto 30 de los países de la OCDE cuyo modelo fiscal es más perjudicial para el desarrollo económico. Las reformas tributarias del último año hunden al sistema español otros tres puestos en el ranking del Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2021 elaborado por la Tax Foundation.

Ante este panorama, resulta más turbador que España sea el país con la batería más larga de impuestos que inciden en la vivienda entre todos los países de la OCDE. Los inmuebles están gravados por el impuesto sobre la renta imputado al propietario para segundas viviendas, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta a los no residentes por el alquiler, el impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, que hasta hace poco tributaba, también e inexplicablemente, aunque fuese minusvalía. Son una pesada carga sobre las espaldas de los ciudadanos que solo quieren ejercer el derecho constitucional a tener un techo digno y adecuado bajo el que cobijarse.

Tras las últimas reformas, España ya se ha colocado en el máximo nivel de gravamen a la propiedad ente los países desarrollados. Casi como Italia, el país con mayor presión fiscal sobre la vivienda de la OCDE.

Todo ello imprime una debilidad competitiva al sector inmobiliario que incide directamente en la capacidad de los ciudadanos para adquirir o alquilar vivienda. La Tax Foundation señala la distorsión que suponen los “múltiples impuestos a la propiedad con gravámenes separados sobre transferencias de bienes raíces, patrimonio neto, herencias y transacciones”.

Solo las políticas de algunas haciendas autonómicas suavizan la presión fiscal a nivel nacional con algunas exenciones o reducciones, lo que, sorprendentemente, en ocasiones lleva a algunos partidos políticos a acusarlas de practicar dumping fiscal. Si no existiesen en las comunidades autónomas estas bonificaciones, España ocuparía el puesto de Italia.

No parece que la en marcha y controvertida Ley por el Derecho a la Vivienda, su inconcreto plan (a largo plazo) de zonas tensionadas de alquiler regulado, su carácter de espantainversores ni la litigiosidad que anuncia su desprecio al dictamen (preceptivo, no vinculante) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la considera invasora de competencias de las comunidades autónomas, vaya a resolver el problema de un país en el que se pueden contemplar extensos páramos deshabitados pegados a ciudades en las que no es difícil toparse con infraviviendas. Donde el mercado de alquiler languidece acosado por la inseguridad jurídica del propietario. O donde los jóvenes tienen que afrontar ingentes cargas fiscales si deciden lanzarse a comprar casa.

Manuel, tras pasar semanas difíciles, vuelve a gozar de buena salud. Sigue viviendo en un piso compartido.

Presión fiscal sobre los inmuebles

PRESIÓN FISCAL SOBRE LOS INMUEBLES

Las pensiones se revalorizarán por el IPC anual

ENTRE MAGNITUDES

Fernando Geijo

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España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los impuestos más altos a la propiedad inmobiliaria. Al menos, así se recoge en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ICF), de la Tax Foundation, difundido y adaptado en España por tercer año consecutivo por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

De entre los Estados más desarrollados del mundo que integran esta organización, nuestro país es prácticamente el único objeto de un análisis específico en el informe ICF sobre la influencia de los impuestos que aplica a la propiedad inmobiliaria a la hora de medir su neutralidad y competitividad fiscal.

Producto de lo anterior, España no sale bien parada y ha retrocedido cuatro puestos en la clasificación general de la prestigiosa Tax Foundation, hasta ocupar el puesto 30 de entre los 37 analizados, dada la distorsión que supone la pléyade de impuestos específicos que gravan al sector inmobiliario y que, apenas, son compensados en ocasiones puntuales por bonificaciones y exenciones autonómicas.

IMPUESTOS Y CRECIMIENTO SON DOS TECLAS DE UN MISMO PIANO ECONÓMICO QUE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE AFINADO

Telaraña impositiva

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el Patrimonio (caso excepcional en toda la Unión Europea), sobre la Renta que se imputa al dueño de segundas viviendas, además del que abonan los No Residentes por el alquiler, sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, o la plusvalía municipal, derivada del aumento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, son algunos de los que gravan en España la posesión o disfrute de los bienes raíces.

Asimismo, si se observa el análisis realizado por los expertos de Tax Foundation sobre el impacto de los impuestos sobre la propiedad, en el sentido más amplio del término, habría que añadir los impuestos relativos a las transacciones financieras, los activos corporativos o los derechos de capital.

En este sentido, entre las conclusiones del informe se indica que España ha caído en el índice que mide la competitividad fiscal sobre propiedades, patrimonio y herencias hasta el puesto 36, al obtener apenas 36,4 puntos sobre un valor de referencia de 100, únicamente obtenido por Estonia.

El sistema tributario español es el único que aplica, a la vez, sendos impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Patrimonio, lo que, para los expertos de la Tax Foundation supone una evidente cortapisa al ahorro y, por consiguiente, a la inversión, el crecimiento y, a la postre, el empleo y el ahorro.

La eficiencia de nuestro sistema tributario se pone en tela de juicio al considerar que combina reglas de juego complejas con tipos crecientes, lo que, en opinión de este instituto de estudios, limita la creación de empleo por parte de las empresas y, en consecuencia, cercena el potencial de crecimiento de la economía española.

Las conclusiones del informe ICF 2021 preconizan la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, una auténtica anomalía pancomunitaria, sólo compartido con Noruega y Suiza, dada su singularidad entre los países de nuestro entorno.

Asimismo, señalan la insuficiencia de las medidas de alivio fiscal emanadas de las diferentes políticas autonómicas, con especial hincapié en la Comunidad de Madrid, que deben ser complementadas con otras a escala nacional de cara a revertir las subidas de impuestos aprobadas en plena crisis sanitaria y a lograr, en definitiva, un sistema con impuestos más bajos y sencillos.

SOMOS EL ÚNICO PAÍS DE LA UE QUE APLICA AL UNÍSONO IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO Y SUCESIONES Y DONACIONES

El dilema fiscal

El objetivo de alcanzar el crecimiento económico y favorecer el florecimiento empresarial debe estar en la base de cualquier sistema fiscal moderno que se precie. Sin embargo, la tentación de subir impuestos para compensar una caída de recaudación, como la recientemente producida a causa del COVID-19, supone una disyuntiva de cara a mantener el estado de bienestar.

Por consiguiente, impuestos y crecimiento son dos teclas de un mismo piano económico que debe estar perfectamente afinado para resolver el sudoku entre competitividad y presión fiscal, dado que beneficiar a uno sobre otro en una partitura, léase política fiscal, puede poner en la picota los necesarios incentivos que requiere la inversión empresarial.

Al igual que un exultante candidato presidencial George H. W. Bush arengaba en 1988 a las masas en la Convención Nacional Republicana con la célebre frase: “read my lips, no new taxes”, en alusión a su negativa a incrementar la carga fiscal, lo que finalmente le daría el triunfo electoral, parece que no hay margen para subir los impuestos en España.

Esa es, al menos, la recomendación del Instituto de Estudios Económicos al indicar, con los datos en la mano de la Tax Foundation, que el análisis internacional de nuestro andamiaje impositivo en relación con la fiscalidad aplicada a la propiedad, el ahorro, el patrimonio y las herencias supone una rémora para nuestra prosperidad socioeconómica.

Desde Estonia con razón

Esta república báltica, famosa además por su apuesta por el acceso de la población a la tecnológica, también cuenta en su haber con el hecho de tener el sistema de tasas a la propiedad más eficiente de la OCDE, al ser el país que menos grava la vivienda. De hecho, en Estonia sólo se aplica gravamen al valor de la tierra en el impuesto sobre bienes inmuebles, al excluir de la base impositiva, práctica común junto con países como Nueva Zelanda y Australia, el valor de edificios o estructuras.

Subir o bajar, he ahí el dilema

Las tesis esgrimidas desde el Ministerio de Hacienda para defender en nuestro país la existencia de margen para subir los impuestos se basan en la diferencia de presión fiscal con respecto a nuestros socios europeos. Según el informe de la Tax Foundation la clave está en el desigual tamaño de la economía sumergida, que supone en España un 22% del PIB frente a una media europea del 13%. Es decir, en nuestro país se recauda un total del 35,45% del equivalente al PIB en impuestos, con un máximo histórico de 223.382 millones de euros alcanzado en 2021, un 15% más que en 2020, pero este porcentaje sólo lo sufraga el 78% de la actividad regulada.

Nueva valoración de los inmuebles

El pasado 1 de enero entró en vigor, tras la publicación en julio en el BOE, la normativa que regula la nueva valoración de los inmuebles, basada en el valor de referencia del Catastro.

Tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la norma modifica su base imponible, sustituyendo el valor real por valor de referencia, concepto que se equipara al valor de mercado. Esta misma regla se añade en el Impuesto sobre el Patrimonio para los inmuebles cuyo valor haya sido determinado por la Administración en un procedimiento.

La nueva regulación establece que quienes adquieran un inmueble, tendrán que declarar la operación por el valor de referencia de Catastro, cuando este sea superior al valor escriturado. En caso de disconformidad les corresponderá a ellos la carga de la prueba.

Ojo al dato

Índice de Competitividad Fiscal 2021. Tax Foundation en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021. Cristina Enache. Fundación para el Avance de la Libertad. Tax Foundation.

Descosificación y sintiencia: pilares del Derecho Animal, por Nuria Menéndez de Llano

ALDEA GLOBAL

Nuria Menéndez de Llano Rodríguez,

Abogada y Directora del Observatorio Justicia y Defensa Animal. Cofundadora de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Oviedo.

Twitter: @NMdeLlano
Linkedin: Nuria Menéndez de Llano Rodríguez

Serán los jueces y tribunales, la doctrina y los demás operadores jurídicos, los que den vida e interpreten este nuevo estatuto jurídico del animal

Descosificación y sintiencia: pilares del Derecho Animal

Dicen que Victor Hugo profesaba una gran devoción hacia los animales, y cuentan que sentaba a su mesa a un galgo de mirada limpia al que llamaba Lux. Estoy segura de que, hoy en día, el autor de Los Miserables aplaudiría que también nuestro legislador, como ya hiciera su Francia natal en 2015, haya escuchado a la sociedad española y haya descosificado legalmente a los animales.

Y ya era hora, porque desde 2009 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introduce el mandato de reconocimiento de la sintiencia animal como elemento esencial para la consideración de los animales no humanos que, en tanto portadores de intereses y expectativas, deben ser respetados por el Derecho de los países miembros.

La espera ha dado sus frutos y, tras múltiples avatares y ríos de tinta, el pasado 5 de enero de 2022 todos los animales han dejado de tener, en el ordenamiento jurídico español, la consideración legal de bienes semovientes, es decir, de cosas. Finalmente, la triple reforma del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil ha actualizado una legislación decimonónica y cosificadora para los animales, ofreciendo a los operadores jurídicos actuales unas herramientas legales propias de este siglo.

Remontándonos a los orígenes de esta reforma, en 2015 el Observatorio Justicia y Defensa Animal, atendiendo a la necesidad de afrontar jurídicamente esta cuestión y de ponerla en el centro de la agenda política nacional, depositó en las Cortes Generales el casi medio millón de apoyos ciudadanos recabados en Change.org. Con gran respaldo social y político, la campaña #AnimalesNOsonCosas del Observatorio, ha conseguido que el legislador, al fin, descosifique legalmente a los animales, otorgándoles un régimen jurídico propio. La cuestión no es baladí: con el reconocimiento legal de todos los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, hemos logrado eliminar un anacronismo legal que nos impedía poder avanzar, por más que quisiéramos, en la lucha contra el maltrato animal. No lo olvidemos: el origen de toda opresión y abuso está en la cosificación de la víctima.

Aunque a alguien le pueda resultar una cuestión menor, una simple obviedad, o incluso algo de poca trascendencia, este reconocimiento constituye un hito histórico para el Derecho Animal, y supone la condición necesaria para seguir adelante con el desarrollo futuro de la personalidad jurídica de los animales no humanos.

El contexto plasmado en la anterior legislación civil, que databa de 1889, reflejaba una sociedad menos compleja, eminentemente agraria, y en la que los animales eran considerados como meros recursos de los que sacar algún provecho. Se mantenía, en el Derecho Civil común, la concepción cartesiana y mecanicista de que el animal-máquina no sentía ni padecía y, desde esa perspectiva, y sin ningún cuestionamiento ético ni legal, se les explotaba de todas las maneras imaginables. Y es que, como nos alertaba el ya citado autor francés, los animales son de Dios, pero la bestialidad sigue siendo humana.

Cuando en 2012, en el seno de la Universidad de Cambridge, un nutrido grupo de neurocientíficos firmaron la Declaración de Cambridge de la conciencia animal, ya dejaron constancia científica de que los humanos no somos los únicos animales con los sustratos neurológicos necesarios para tener conciencia. Desde aquella declaración ya resultaba imperiosa, también en el plano legal, la necesidad de actualizar y repensar nuestra forma de relacionarnos con los demás seres vivos. La ignorancia ya no podía seguir siendo una excusa.

De nuevo, Victor Hugo tenía razón. No existe nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Las sociedades cambian y evolucionan. La ética y la razón también progresan y todos nos beneficiamos de ello. Los cambios más profundos, también para los animales, surgen cuando el pueblo soberano se muestra más permeable a la idea de la protección del más débil, del más vulnerable. Es entonces cuando se requiere ver la plasmación legislativa de las expectativas sociales. También el Derecho, como constructo humano, cambiante y vivo, hace que la consideración moral del otro, la alteridad, sea necesariamente extendida a los demás animales con los que compartimos planeta y existencia.

En el plano de lo concreto, seguramente, van a ser múltiples las aplicaciones prácticas que podrán derivarse de este importante avance legal. No obstante, serán los jueces y tribunales, la doctrina y los demás operadores jurídicos, los que den vida e interpreten este nuevo estatuto jurídico del animal, subsumiéndolo en la realidad social de nuestro tiempo. No obstante, el mero hecho de llevarse a cabo la corrección de este anacronismo legal y, al mismo tiempo, alcanzar el reconocimiento legal de la sintiencia animal, ya la convierten en una reforma de hondo calado.
Pese a que todavía estamos bastante lejos de alcanzar una solución definitiva para los grandes problemas de la justicia social de nuestro tiempo, algunos indicadores nos dan cierta esperanza. El reciente estudio Visión y Actitudes hacia los Animales en la Sociedad Española de la Fundación BBVA, nos revela que a una amplísima mayoría de nosotros nos importan los demás animales, no apoyamos su cosificación y su sufrimiento no nos resulta indiferente.

Es por ello que, reconociendo el gran avance jurídico que supone la reforma de la legislación civil, conviene asumir que todavía nos queda por delante un largo camino en el que debemos humanizarnos respetando a los demás animales. Ellos son los únicos dueños de sus vidas. De hecho, es el único bien que poseen. Nadie debería poder arrebatársela ni ser insensible a sus padecimientos. Ya saben, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre y, ahora, se hace necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y con los animales, Victor Hugo dixit.

Esos seres sintientes con los que convivimos

ALDEA GLOBAL

ESOS SERES SINTIENTES CON LOS QUE CONVIVIMOS

Los animales de compañía están más protegidos por la legislación en Reino Unido, Polonia, Austria, Suiza, Suecia, Malasia y México.

Melchor del Valle

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La entrada en vigor en España de la Ley sobre sobre el régimen jurídico de los animales, en diciembre de 2021, ha supuesto la consecución de varios de sus objetivos para organizaciones como el Observatorio Justicia y Defensa Animal, que los perseguían al grito de #AnimalesNOsonCosas desde 2015, y una concienciación general de que la ciencia, primero, y la legislación, después, reconocen que con los humanos conviven seres vivos dotados de sensibilidad.

Legislar sobre la convivencia del hombre con los animales no es algo nuevo. Ya el Derecho Romano incluía a estos últimos en su normativa, aunque los considerase «cosas». La realidad histórica es que ese régimen jurídico de los animales lleva más de dos mil años presente en el continente europeo y, por ende, en muchos países de todo el mundo.

Si nos quedamos en la Unión Europea, tenemos el Tratado de Ámsterdam de 1997, donde se encuentra el germen del artículo 13 del Tratado de Lisboa, firmado en 2007, que dio lugar Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En él se reconoce la sensibilidad animal y exige a los Estados miembros que «tengan plenamente en cuenta los requisitos de bienestar de los animales» cuando apliquen las políticas de la UE relativas a agricultura, pesca, transporte, investigación y desarrollo tecnológico.

LA UE EXIGE A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE «TENGAN PLENAMENTE EN CUENTA LOS REQUISITOS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES»

Pero esto de reconocer que los animales no son meros objetos, parece no ser suficiente. Austria, pionera en quitar a los animales la consideración de «cosas» (1988), lo cita explícitamente en su Código Civil: «Los animales no son cosas; están protegidos por leyes especiales». A parecidas soluciones llegaron Alemania y Suiza. Algo similar sucedió en Canadá, concretamente en la Asamblea Nacional de Quebec, cuando legislaron para reconocer que «los animales no son cosas, sino seres sintientes con necesidades biológicas», y en Nueva Zelanda.

La Declaración de Cambridge.

Un prestigioso grupo internacional de científicos especializados en neurociencia cognitiva, neurofarmacología, neurofisiología y neurociencia computacional, se reunieron en la Universidad de Cambridge (julio de 2012) para evaluar, a la luz de los conocimientos actuales, los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y los comportamientos que tienen que ver con ella; y, aquí viene lo significativo, en humanos y no humanos.

Cuando se refieren a la consciencia, dejan lugar a pocas dudas: «Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos». Es quizás por eso que las normativas de Francia (2015), Portugal (2017) y la recientemente aprobada en España (2021) «prefieren –como se indica en el preámbulo de nuestra Ley– una descripción “positiva” de la esencia de estos seres que los diferencia, por un lado, de las personas y, por otro, de las cosas y otras formas de vida, típicamente de las plantas». En esto consiste, básicamente, lo que hemos dado en llamar «descosificación».

Índice de protección animal.

Para tener una idea de conjunto y por países de en qué situación se encuentran internacionalmente las leyes de protección a los animales y de traslación a la realidad de los distintos países de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (UNESCO, 1978, y ONU, posteriormente), conviene echar un vistazo al Índice de Protección Animal (API, por sus siglas en inglés de Animal Protection Index) que ofrece la organización internacional World Animal Protection, antes conocida como World Society for the Protection of Animals (WSPA). La segunda edición de este índice es la de 2020 (publicada en diciembre de ese año; la primera fue en 2014) y revisa la situación de cómo la legislación protege a los animales en 50 países de todos los continentes.

EL GRUPO DE ANIMALES QUE MAYOR ATENCIÓN RECIBEN, EN CUANTO A LA PRESENCIA EN LA LEGISLACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL, SON LOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN

El análisis del API se basa en cuatro pilares: reconocimiento de la sensibilidad animal y prohibición del sufrimiento animal, presencia de la legislación sobre bienestar animal, establecimiento de órganos gubernamentales de apoyo y apoyo a las normas internacionales de bienestar animal (la antes citada Declaración Universal y las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal). Los resultados se ofrecen online, abiertos a todos los usuarios, y se pueden ver en conjunto, país por país, según cada uno de los pilares e, incluso, comparando países. En el mapa global se observa que Irán y Azerbaiyán son los últimos de la clasificación general, mientras que Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Suiza y Reino Unido son los que se encuentran a la cabeza. Todos de Europa, como puede apreciarse.

Sensibilidad animal.

Siendo importantes todos los pilares citados, los dos primeros están íntimamente ligados con el reconocimiento de #AnimalesNOsonCosas y su traslado a la correspondiente legislación. El reconocimiento de la sensibilidad animal está más arraigado en Colombia, seguido de Perú y Chile, en América; y de Austria, Francia, Países Bajos y Suecia, en Europa, zona en la que el país peor clasificado es Bielorrusia. Si hablamos de leyes contra el sufrimiento animal, Suiza, Dinamarca y Suecia son los más activos. En este capítulo es en el que se denota más actividad, ya que se unen al grupo de los «B» –segunda posición– países como Canadá, Rusia, India o Pakistán y Kenia, Nigeria y Malasia, por no dejar ninguna zona por mencionar.

EL ÍNDICE DE PROTECCIÓN ANIMAL MIDE LA TRASLACIÓN A LA REALIDAD DE LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

La citada Kenia, pasando ya al pilar del traslado de los principios a la legislación, es el país más activo en la protección legal de animales salvajes, seguido de Brasil. El grupo de animales que mayor atención reciben, en cuanto a la presencia en la legislación del bienestar animal, son los dedicados a la investigación, con Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suiza, Países Bajos, Suecia y Dinamarca como primeros valedores. El grupo de los dedicados a la agricultura solo se ve reconocido legalmente en Austria y Suecia. El parámetro en que mejor clasificada sale España es respecto al grupo de los animales en cautiverio, junto con Reino Unido, Suiza, Austria, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia. Si señalamos a los animales de compañía, están más protegidos por la legislación en Reino Unido, Polonia, Austria, Suiza, Suecia, Malasia y México. En el último de los grupos, los animales de tiro y recreo –suponemos que se refiere básicamente a caballos–, solo Malasia y Suiza se salvan de la quema, pero con valores mucho más bajos que en las otras medidas.

Objetivos 14 y 15.

Naciones Unidas, en su Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, incluyó la necesidad de conservar de manera sostenible los océanos y el uso de los ecosistemas terrestres. Hablan de protección de fauna y flora, claro, promoviendo las adecuaciones legislativas que ayuden a esa sostenibilidad. En mayo de 2022, va a tener lugar en Lyon (Francia) la 19ª Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres a la que asistirán, si nos guiamos por anteriores ediciones, más de 3 000 especialistas. Será un termómetro para conocer cómo estamos haciendo las cosas respecto a la legislación para la protección de esos seres vivos que están a nuestro lado…

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

El régimen jurídico de los animales en España

Cuando, dentro de algún tiempo, se actualice el Índice de Protección Animal, España escalará algunos puestos en las clasificaciones merced a la reciente entrada en vigor de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

Esta norma modifica otras tres, como deja claro el nombre de la ley, sobre todo respecto al Código Civil.

Para saber más

Animal Protection Index.
World Animal Protection. Mapa multicapa interactivo (2020).

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Naciones Unidas (2015)

La descosificación de los animales.
Marita Giménez-Candela. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM (2017).

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea, por Jaume Duch Guillot

ÁMBITO EUROPEO

Jaume Duch Guillot

Director General de Comunicación y Portavoz del Parlamento Europeo

Twitter: @jduch
Instagram: jaimeduch

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea

Promoting a social and solidarity economy in the European Union

Hace tiempo que la Unión Europea dejó de ser una comunidad meramente económica para ser también una entidad política y humana de primer orden, en la que la economía no es el fin, sino solo un medio. En este sentido, la economía social de mercado ejemplifica a la perfección la ambición del proyecto europeo subrayando los valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad y solidaridad entre otros.

Es innegable que la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre muchas cosas y entre ellas, los peligros de una brecha social en aumento. Europa ha respondido con firmeza a esta emergencia con un ingente esfuerzo financiero y esta vez no ha olvidado que la política social tiene que ocupar una plaza de relieve en el esfuerzo por la recuperación, gracias en particular, al trabajo realizado por el equipo negociador del Parlamento Europeo. En efecto, el Plan Europeo de Recuperación contiene, junto a la dimensión ambiental y la digital, una dimensión social indispensable, ya que el cambio climático y la modernización de la economía no pueden disociarse de la justicia social y de la lucha contra las desigualdades.

Este Plan Europeo de Recuperación -sin parangón ni por su cuantía ni por su estructura fiscal- es un ejemplo de como la protección y el fomento de una economía social es clave a la hora de diseñar cualquier proyecto europeo. Pero hay muchos más, como la componente que acompaña el Pacto Verde europeo, encabezada por el Fondo Climático Social, cuya propuesta están discutiendo las comisiones de Empleo y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, para asegurar que nadie se queda atrás en la llamada transición verde.

Estas medidas no nacen de manera aislada, sino en un marco predeterminado. Cualquier acción que decida poner en marcha la Unión Europea ha de tener cabida en su presupuesto ordinario, el llamado marco financiero plurianual 2021-2027 o en el plan de recuperación de 750.000 millones de euros creado para luchar contra las consecuencias de la pandemia. El componente social del segundo sigue en realidad la pauta del primero, en el cual ya se aumentaron de forma sustancial las partidas destinadas al fomento de una economía social. Un incremento logrado gracias a la determinación del equipo negociador del Parlamento Europeo que no cesó de defender la importancia de poner a las personas en el centro hasta conseguir un acuerdo con el Consejo.

Hasta 15.000 millones de euros suplementarios consiguió el equipo negociador del Parlamento para partidas clave a través de programas como Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU o Creative Europe, entre otros.

Gracias a los recursos que proporciona el marco plurianual 2021-2027, la Comisión Europea presentó en diciembre el Plan de Acción para la Economía Social que el Parlamento Europeo está actualmente examinando en su comisión de Empleo. El ponente del informe, Jordi Cañas, ya ha manifestado la voluntad del Parlamento de otorgar a la economía social la visibilidad que merece, exprimiendo su potencial para contribuir a los objetivos de mayor bienestar, prosperidad, justicia, inclusión y respeto al medioambiente.

La propuesta se centra en la creación de un entorno para que la economía social prospere, con marcos jurídicos y políticas adecuadas, así como un conjunto de recomendaciones sobre los marcos fiscales, facilitación del acceso a las ayudas y buenas prácticas en materia de contratación pública socialmente responsable. Este apoyo al desarrollo debe ayudar a que las entidades inicien su actividad y se expandan. Por eso, en términos de financiación, la propuesta plantea aumentar la ayuda a estos agentes económicos, superando los 2.500 millones de euros asignados en el periodo anterior (2014-2020).

El desarrollo de la economía social debe producirse desde la inclusión plena de los agentes sociales y de los ciudadanos. Con esta perspectiva, la comisión de Empleo del Parlamento Europeo lleva a cabo audiciones con entidades sociales y académicos expertos, un diálogo útil a la hora de elaborar sus propias recomendaciones.

Cómo evolucionará este sector en los próximos años podría depender también de las conclusiones a las que llegue la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Uno de los paneles en los que participan dos centenares de ciudadanos discute propuestas y recomendaciones en relación con el futuro de la economía y del empleo, prestando atención a la justicia social. Todavía no sabemos a ciencia cierta en qué manera las instituciones europeas transformarán esas recomendaciones en propuestas oficiales de la Conferencia, pero en todo caso el Parlamento ha sido claro desde el inicio en su voluntad de integrar sus conclusiones en el trabajo legislativo de la institución.

Las lecciones aprendidas de la crisis económica de 2010 y de la pandemia de COVID-19, la segunda mucho mejor resuelta que la primera, son en todo caso un potente acicate para el desarrollo de esa economía social que está presente en la concepción inicial del proyecto europeo.

The European Union has long since moved on from being a purely economic community, becoming also a leading political and human entity, for which the economy is not the end, but only a means. In this regard, the social market economy perfectly exemplifies the ambition of the European project by emphasising the values enshrined in the Treaty on European Union: respect for human dignity, freedom, democracy, equality and solidarity, among others.

It is undeniable that the COVID-19 pandemic has forced us to reflect on many things, including the dangers of a growing social divide. Europe has responded robustly to this emergency with a huge financial effort, this time without neglecting the fact that social policy must play a prominent role in the recovery effort, thanks in particular to the efforts of the European Parliament’s negotiating team. Alongside environmental and digital dimensions, the European Recovery Plan contains an indispensable social dimension, since climate change and the modernisation of the economy cannot be separated from social justice and the fight against inequalities.

This European Recovery Plan -unprecedented in terms of both scale and fiscal structure- is an example of how the protection and promotion of a social economy is vital to the design of any European project. But there are many more aspects, such as the component accompanying the European Green Deal, spearheaded by the Social Climate Fund, the proposal for which is being discussed by the European Parliament’s Committees on Employment and the Environment, to ensure that no one is left behind in the so-called green transition.

These measures are not created in isolation, but within a predetermined framework. Any action that the European Union chooses to take must be accommodated by its regular budget, known as the Multiannual Financial Framework 2021-2027, or by the €750 billion recovery plan created to combat the consequences of the pandemic. The social component of the latter in fact follows the pattern of the former, in which the budgetary allocations to promote a social economy have already been substantially expanded. An increase achieved thanks to the determination of the European Parliament’s negotiating team, which constantly argued for the importance of placing people centre-stage, until an agreement was reached with the Council.

Up to an additional €15 billion was secured by Parliament’s negotiating team for key items through programmes such as Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU and Creative Europe.

Thanks to the resources provided by the multiannual framework 2021-2027, in December the European Commission presented the Action Plan for the Social Economy, currently being examined by the European Parliament’s Committee on Employment. The rapporteur for the report, Jordi Cañas, has already expressed Parliament’s willingness to give the social economy the visibility it deserves, making the very most of its potential to contribute to the goals of greater well-being, prosperity, justice, inclusion and respect for the environment.

The proposal focuses on creating an environment for the social economy to thrive, with appropriate legal and policy frameworks, as well as a set of recommendations on fiscal frameworks, facilitating access to grants and good practices in socially responsible public procurement. This development support should help institutions to begin and expand their operations. In terms of funding, then, the proposal plans to increase support for these economic operators, surpassing the €2.5 billion allocated in the previous period (2014-2020).

The development of the social economy must take place by fully including social agents and citizens. With this in mind, the European Parliament’s Committee on Employment conducts hearings with expert social and academic bodies, serving as a useful dialogue when drawing up its own recommendations.

How this sector develops in the coming years could also depend on the conclusions reached by the Conference on the Future of Europe. One panel involving two hundred citizens is discussing proposals and recommendations regarding the future of the economy and employment, and addressing social justice. We do not yet know for sure how the European institutions will turn these recommendations into official proposals of the Conference, but Parliament has in any event been quite clear from the outset as to its wish to integrate its conclusions into the institution’s legislative efforts.

The lessons learned from the 2010 economic crisis and the Covid-19 pandemic, the second much better resolved than the first, are in any case a powerful incentive for the development of the social economy contained within the initial conception of the European project.

La economía social como pilar de la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social.

Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2.500 billion euros from the European budget were mobilized to support the social economy.

La economía social como pilar de la recuperación europea

Europe looks at social economy to push for an inclusive recovery

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

@juliamanresa

La Unión Europea está convencida que cooperativas, mutuas, fundaciones sin ánimo de lucro o las llamadas empresas sociales deben tener un papel central en la reconstrucción pospandemia. Constituyen la llamada economía social y llegan a generar hasta un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, dando empleo a más de 13 millones de personas a través de más de 2,8 millones de empresas y entidades.

European Union aims mutuals, non-profit foundations or socalled social enterprises to have a central role during the economic recovery after the Covid pandemic. They constitute the so-called social economy and generate up to 8% of the European Union’s Gross Domestic Product (GDP). They also mploy more than 13 million people through more than 2.8 million companies and entities.

Para hacernos una idea de la magnitud, la economía española aportó un 8,4% del PIB europeo en 2020, según Eurostat. Ahora que las autoridades europeas están volcadas en la reconstrucción de la economía pos-covid, la Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer y juegue un así un papel clave en una recuperación más inclusiva y justa.

La oportunidad

Por economía social debemos entender todo ese tejido económico que antes que el beneficio pecuniario prioriza el bien social y medioambiental (people and planet first, en su lema en inglés). Mayoritariamente estas entidades reinvierten sus beneficios en la organización o en su propia causa social y acostumbran a organizarse de una manera participativa o más ‘democrática’ que una empresa tradicional. Algunos sectores donde típicamente encontramos estas entidades son los cuidados, servicios sociales, energías renovables, economía circular… pero también el sector cultural y creativo o la agricultura.

Con el parón económico que supuso la pandemia de coronavirus, las autoridades europeas diseñaron un plan de recuperación sin precedentes, dotado con hasta 800.000 millones de euros, que tiene como uno de sus pilares una reconstrucción más social, justa e inclusiva, que tenga las personas, el clima y la digitalización en el centro. Y es aquí donde entra el Plan de Acción de la Economía Social impulsado por la Comisión Europea.

“El Fondo de Recuperación y Resiliencia ofrece a los Estados miembro oportunidades significativas para implementar reformas e inversiones a través del emprendimiento social e inclusivo”, dice textualmente el documento del plan del ejecutivo comunitario. “Una economía que funcione para la gente” es, de hecho, el lema que aglutina estas iniciativas y el simbólico nombre de la poderosa cartera económica del vicepresidente Valdis Dombrovskis.

Sin embargo, el mismo ejecutivo con sede en Bruselas reconoce que todas las potencialidades asociadas a estos modelos de economía social están muy lejos de ser explotados al máximo. “Muchos consumidores quieren comprar de manera responsable, pero no necesariamente saben cómo hacerlo”, sostiene la Comisión, que también admite que el capital necesario para los proyectos no siempre está disponible o que las autoridades públicas no ponen a disposición las herramientas necesarias para el sector en términos de inversión, concursos públicos o proyectos. Continúa siendo un reto.

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR UN SECTOR QUE APORTA EL 8% DEL PIB EUROPEO

Así pues, es necesario hacer más para que la economía social encuentre las condiciones óptimas para crecer. Por ejemplo, el marco fiscal es importante. Como recuerda el texto de la Comisión, algunos países europeos han desarrollado un marco fiscal específico para este sector, con exenciones en los beneficios, reducciones del IVA, reducciones del coste de seguros o incentivos fiscales para donaciones privadas. En otros países, como Francia, se usan sistemas de certificación o distinciones para facilitar el acceso de ciertas entidades a políticas o tratamientos específicos, por ejemplo. De hecho, en 2018 el Parlamento Europeo propuso crear una etiqueta de economía social para aplicar a todas las compañías del sector, pero no se ha llegado a materializar.

Para todo ello, Bruselas prevé lanzar un estudio comparativo de las diferentes prácticas fiscales en los distintos países de la Unión, que sirva de guía o incluso de propuesta. Las autoridades comunitarias son conscientes que no existe unidad europea en la regulación o legislación de este sector y a pesar de que se intenta des de finales de los 80, por ejemplo, con las cooperativas. Sin embargo, el plan de acción presentado el año pasado tampoco va tan lejos y centra más el foco en el acceso a la inversión. Concretamente, contempla la presentación de varias guías de asesoramiento a los gobiernos, pero no implica propuestas vinculantes para unificar la legislación o las medidas de incentivos a nivel comunitario.

Acceso a la financiación

A efectos prácticos buena parte de las iniciativas europeas buscan facilitar el acceso a la financiación dentro del período 2021-2017 que abarca el presupuesto europeo. Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social. Hasta ahora, por ejemplo, los proyectos relacionados con la economía social eran prioritarios en los fondos estructurales, incluyendo los fondos de Desarrollo Regional (FEDER) o los de Desarrollo Rural, entre muchos otros instrumentos. El objetivo es incrementarlo a través de otros programas y de la creación de nuevos instrumentos financieros que presentarán este 2022 con esquemas de crédito barato, por ejemplo, redes de microfinanciación y programas de emprendimiento social.

En un plano todavía más concreto -un punto que la organización Social Economy Europe destacó en su primera valoración del plan de la Comisión- es que la Economía Social se haya identificado entre los 14 ecosistemas de la Estrategia Industrial de la UE, es decir aquellos sectores prioritarios para incentivar su desarrollo industrial. La Comisión intenta así adoptar un enfoque más transversal que no solo use la tradicional vía de la canalización de fondos europeos, sino que impulse el sector privado también a nivel estratégico.

ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS HAN DESARROLLADO UN MARCO FISCAL ESPECÍFICO PARA ESTE SECTOR, CON EXENCIONES EN LOS BENEFICIOS, REDUCCIONES DEL IVA, ETC.

Aunque antes de empezar la casa por el tejado, Bruselas es consciente que parte del problema es que no siempre queda claro qué es la economía social. En España el concepto está bien delimitado y es conocido, pero el mismo servicio de estudios del Parlamento Europeo señala que en otros Estados europeos está más verde. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez ha liderado el impulso europeo al sector en el contexto de recuperación de la pandemia con la vicepresidenta Yolanda Díaz como cara visible. A finales del 2020 el gobierno organizó la Cumbre Internacional de la Economía Social para una Recuperación Inclusiva, Sostenible y Justa, que culminó en la Declaración de Toledo. Participaron y firmaron la declaración Estados miembros como Austria, Irlanda, Alemania, Luxemburgo o Francia entre otros, y acordaron dar más visibilidad e impulso a la economía social.

Spanish economy contributed with 8.4% of EU’s GDP in 2020, according to Eurostat. Now that the European authorities are focused on rebuilding the economy after the shock of the pandemic, the European Commission has promoted an action plan so that the social economy finds a more fertile path to grow and thus plays a key role in a more inclusive and fair recovery.

The opportunity

The social economy is made up of all those entities and organization prioritize social and environmental good before economic benefit (the People and planet first philosophy). Most of them reinvest their profits in their own organization or their social cause and they normally organize themselves in a more participatory or ‘democratic’ way than traditional companies. Some sectors where we typically find these entities are healthcare, social services, renewable energies, circular economy, and also the cultural and creative sector or agriculture.

With the economic slowdown caused by the coronavirus lockdown, European authorities designed an unprecedented recovery plan of up to 800,000 million euros. Reconstruction needs to be fair and more inclusive according to Brussels aims and promises. People, climate and digitalization are the three pillars of the Recovery and Resilliance fund and that is way Social Economy has an important role to play.

«The Recovery and Resilience Fund offers member states significant opportunities to implement reforms and investments through social and inclusive entrepreneurship,» says the Commission’s Plan document verbatim. “An economy that works for the people” is in fact the motto that brings together these initiatives and the symbolic name of the powerful economic portfolio of Vice President Valdis Dombrovskis.

However, the Brussels executive itself admits that all the potentialities associated with these social economy models are far from being fully exploited. «Many consumers want to buy responsibly, but they do not necessarily know how to do it,» says the Commission, which also admits that the necessary capital for projects is not always available. Public authorities often don’t provide them with enough investment, public procurement or projects opportunities.

EUROPEAN COMMISSION LAUNCHED AN ACTION PLAN TO BOOST A SECTOR THAT ALREADY CONTRIBUTES TO 8% OF EU’S GDP

In conclusion, Brussels is aware that more action from policy makers is needed for the social economy to find the optimal conditions to grow. For example, the fiscal framework is important. As the Brussels executive recalls, some European countries have developed a specific tax framework for the sector, with exemptions on profits, VAT reductions, reductions in the cost of insurance or tax incentives for private donations. In other countries, such as France, certification systems or distinctions are used to facilitate the access of certain entities to specific policies or treatments, for example. In fact, in 2018 the European Parliament proposed to create a social economy label to apply to all companies in the sector, but it has not materialized.

Taking all this into account, under the action plan Brussels will launch a comparative study of the different tax practices in the different countries of the Union, which will serve as a guide or even a proposal. EU authorities are aware that there is no European unity in the regulation or legislation of this sector. Attempts have been made since the end of the 1980s, for example with cooperatives, but it has never become a further legislative project. However, the action plan presented last year does not go that far either and focuses more on access to investment. Specifically, it contemplates the presentation of various guides, of advice to governments, but does not imply binding proposals to unify legislation or implement measures at the community level.

Access to finance

On a more practical level, Brussels is also looking for ways to boost financing and increase economic resources for this sector within the 2021-2017 period covered by the EU budget. Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2,5 billion euros were mobilized from the European budget to support the social economy. Until now, for example, projects related to the social economy were a priority in the structural funds, including the Regional Development Funds (ERDF) or the Rural Development Funds, among many other instruments. The objective is to increase it through other programs and the creation of new financial instruments that will be presented in 2022 with cheap credit schemes, for example, micro-financing networks and social entrepreneurship programs.

For example, as the Social Economy Europe organization highlighted in its first assessment of the commission’s plan, Social Economy has been identified among the 14 ecosystems of the EU’s Industrial Strategy. So Brussels has highlighted it as one of those priority sectors to encourage their industrial development. The Commission is thus trying to adopt a more transversal approach that not only uses the traditional route of channeling European funds, but also promotes the private sector at a strategic level.

SOME MEMBER STATES IMPLEMENTED A SPECIFIC FISCAL FRAMEWORK THAT PROVIDES THIS SECTOR WITH TAX REDUCTIONS, VAT REDUCTIONS OR OTHER EXEMPTIONS

At the same time, Brussels is aware that part of the problem is that it is not always clear what Social Economy is and therefore it needs to be well defined across Europe. In Spain, the concept is well-known and commonly understood, but the same Research Service of the European Parliament points out that in other European states it is still far from being mature. In fact, the government of Pedro Sánchez has led the European push for the sector in the context of the pandemic recovery, with Vice President Yolanda Díaz as the visible face. At the end of 2020, the government organized the International Social Economy Summit for an Inclusive, Sustainable and Fair Recovery that culminated in the Toledo Declaration. Member states such as Austria, Ireland, Germany, Luxembourg or France, among others, participated and signed the declaration, and agreed to give more visibility and boost to the social economy.

La Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer.
The European Commission promoted an action plan for the social economy to find a more fertile path to grow.

La economía social al centro de la recuperación

LA Economía Social se ha ganado un lugar prioritario en la estrategia europea de reconstrucción económica después del parón provocado por la pandemia de coronavirus. Es uno de los pilares del Fondo de Recuperación y de los planes de reformas de los distintos gobiernos. Después de que la desigualdad se disparara hasta récords históricos con la crisis financiera y las medidas de austeridad adoptadas posteriormente, las autoridades nacionales y comunitarias han tomado consciencia de la necesidad de no dejar a nadie atrás esta vez.

Social economy at the center of economic recovery

AFTER the crisis caused by the pandemic, Social Economy became a priority for the European economic reconstruction strategy. It is one of the pillars of the Recovery Fund and also of the member states’ reform plans. Inequality reached historical record levels after the financial and after austerity measures being adopted, now national and European authorities have become aware of the need to leave no one behind. Social Economy is key in this awareness.

La voz española de la economía social en Bruselas

ESPAÑA es uno de los referentes europeos en Economía Social. No solo lidera la apuesta europea por las entidades y empresas sociales durante la recuperación, después de celebrar la Cumbre Internacional de la Economía Social en Toledo, sino que sus voces tienen un peso especial en el lobby bruselense del sector. La patronal europea del sector, Social Economy Europe, está liderada por dos españoles: Juan Antonio Pedreño, como presidente, que proviene de la patronal española de la Economía Social (Cepes) y Víctor Meseguer, como director.

The Spanish voice of Social Economy in Brussels

SPAIN is at the forefront of Europe in promoting Social Economy. Toledo held the International Social Economy Summit in 2020 to push the sector in the context of covid economic recovery. But there are also important Spanish voices in the social economy Brussels lobby. One of its main organisations, Social Economy Europe, is led by two Spaniards: Juan Antonio Pedreño, as president, who comes from the Spanish trade association of the Social Economy (Cepes) and Víctor Meseguer, as director.

La necesidad de incentivos fiscales e inversión

LA Comisión Europea reconoce que es necesario un marco legal adecuado y con más facilidades para impulsar la Economía Social, a través de incentivos fiscales o nuevos canales de financiación pública o privada, pero por ahora no propone una unificación de criterios o medidas vinculantes. Bruselas se limita en su plan de acción a promover varias guías para los gobiernos, recogiendo buenas prácticas, por ejemplo en el ámbito fiscal o en la certificación de las actividades del sector y a través de la apertura de más canales de financiación comunitaria más allá del presupuesto europeo.

The need for fiscal incentives and investment

THE European Commission admits that an adequate legal framework is necessary to let Social Economy grow. It can be done through fiscal incentives or new channels of public or private financing. However, for now the Commission does not propose a unification of criteria or any binding measures. In its Action Plan, Brussels is mainly promoting various guides for governments and a collection of good practices around the continent, for example, in the fiscal framework or providing official certifications to social economy activities. Brussels also aims to open more finance channels beyond the European budget.

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

Posicionamiento del Comité Económico y Social Europeo sobre el rol de la
Economía Social en la creación de empleo y la implementación del Pilar Social Europeo.

European Economic and Social Committe assessment about the role of social economy in the creation of jobs and in the implementation of the European Pillar of Social Rights.

Acogida y análisis del plan de acción para la Economía Social de la Unión Europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

European Regional and Development Fund analysis of the Social Economy Action Plan after being first published by the European Commission.

Contribución de la Patronal Business Europe y de la patronal de las pequeñas y
medianas empresas, SME United.

Contribution after the hearing on Social Economy Action Plan by the European Commission. It also takes into account the Small and Medium Enterprises European Trade organisation opinion.

El Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía

DEBATE PARLAMENTARIO

EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA O PLUSVALÍA

La nueva normativa recoge también que no tributarán aquellas operaciones en las que no se haya generado ninguna ganancia desde la adquisición hasta la transmisión del terreno

Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de cálculo objetivo, podrá aplicar la real.

Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, han llevado a realizar una serie de cambios normativos aprobados mediante un real decreto ley vigente desde el 8 de noviembre. Esta norma ahora se tramita en el Parlamento como proyecto de ley. Como novedad, se incluyen dos métodos de cálculo de la base imponible para que contribuyente elija el importe más bajo. También se especifica que han dejado de tributar las operaciones en las que no haya ganancia.

ELVIRA ARROYO

[email protected]

El Parlamento ha iniciado la tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – IIVTNU (procedente del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre).

Con esta reforma se ha subsanado el vacío normativo que generó la última sentencia del Tribunal Constitucional (del 26 octubre de 2021), sobre la determinación de la base imponible del IIVTNU o plusvalía. Concretamente, se admitía como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible, siempre que no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario. Además, se ha integrado la doctrina contenida en dos sentencias previas del mismo tribunal, de 2017 y 2019, sobre dicho tributo.

Modificaciones.

En consecuencia, la nueva legislación incorpora varios cambios sobre el impuesto de plusvalía. Uno de los más relevantes es que se han introducido dos nuevos métodos para calcular la base imponible del impuesto: un sistema objetivo y la plusvalía real. El contribuyente podrá acogerse al que le resulte más beneficioso.

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA ESTÁ OPERATIVO EN MENOS DE 4.000 MUNICIPIOS DE LOS 8.000 QUE TIENE ESPAÑA, INFORMA EL MINISTERIO DE HACIENDA

Por un lado, para calcular la base imponible según el sistema objetivo, se sustituyen los porcentajes aplicables sobre el valor del terreno por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión. Estos coeficientes se actualizarán anualmente con norma de rango legal –por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado–teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Además, las entidades locales tendrán competencia para rebajar el valor catastral (hasta un máximo del 15%) o los coeficientes, lo que contribuirá a que el impuesto muestre la realidad inmobiliaria concreta de cada zona o municipio.

Por otro lado, se da la opción de que el contribuyente pueda tributar por la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del bien, que será el resultado de restar el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método objetivo, podrá aplicar la real.

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el total.

Todos estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los ayuntamientos.

Sin ganancia no se tributa. La normativa recoge también el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación aquellas situaciones en las que no haya aumentado el valor de los terrenos, una circunstancia que deberá acreditar el contribuyente.

Otra novedad es que tributarán las plusvalías generadas cuando haya pasado menos de un año entre la fecha de adquisición y de transmisión, ya que pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.
Adaptaciones. Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto de plusvalía está operativo en menos de 4.000 municipios de los 8.000 que tiene España, y en más del 75% de estos la recaudación por este tributo representa menos del 3% de los ingresos fiscales totales.

Los ayuntamientos que tengan establecido este impuesto tienen seis meses desde la aprobación del real decreto ley para adaptar lo dispuesto la nueva normativa. Mientras, se aplicará lo dispuesto en el real decreto ley, de manera que, para la determinación de la base imponible del impuesto, se tomarán como referencia los coeficientes máximos marcados en este.

Para alcanzar las metas fijadas, España necesita multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones energéticas, hasta alcanzar unas 300.000 al año.

Qué es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía

Es un impuesto local cuya recaudación corresponde a los ayuntamientos.
Grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se transmiten por compraventa o donación.
Cuando se origina por compraventa, lo paga el vendedor. Cuando es el resultado de una donación, debe liquidarlo la persona que recibe el inmueble.
El impuesto grava la trasmisión de los terrenos, haya o no edificación en ellos.

Ejemplo de cómo tributa la plusvalía en una operación con minusvalía

Un inmueble es adquirido en 2007 por 300.000 € y se vende en 2021 por 290.000 €. El valor catastral del suelo en la fecha de venta asciende 25.000 €.

Tarifa anterior

Base imponible (BI) = Valor catastral del suelo x Porcentaje x Nº años = 25.000 € x 3,2% x 14 = 11.200 €

Cuota (BI x Tipo de gravamen = 11.200 x 30%*) = 3.360 €
*Tipo máximo legal.

Tarifa nueva

Como se ha registrado una pérdida, con la nueva normativa la operación no tributa.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.

Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía

Sentencia

Aspectos declarados inconstitucionales

Cambio recogido en la nueva legislación

Sentencia 59/2017 11 de mayo de 2017

La tributación en los casos de inexistencia de incrementos de valor.

Las operaciones donde no haya aumento de valor no estarán sujetas a tributación.

126/2019 30 de octubre de 2019

182/2021 26 de octubre de 2021

Imposibilidad de que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

El actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis económica y, porque vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición.

Se introduce una regla de salvaguarda para evitar que la tributación resulte contraria al principio de capacidad económica, permitiendo acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. Se mejora técnicamente la determinación de la base imponible para que refleje la realidad del mercado inmobiliario.

Ejemplo en el que la plusvalía real es superior a la objetiva

Una vivienda es adquirida en 2017 por 310.000 € y se vende en 2021 por 350.000 €. En la fecha de venta el valor catastral total es 100.000 €, de los que 60.000 € representan el valor catastral del suelo y 40.000 € el valor catastral de la construcción.

El incremento del valor que se le imputará al contribuyente será el 60% de 40.000 €: 24.000 € (plusvalía real).

Base imponible (BI) = Valor catastral del suelo x Coeficiente = 60.000 € x 0,17 = 10.200 € (Es inferior al incremento del valor de 24.000 €)

Cuota = 10.200 x 30%* = 3.060 €
*Tipo máximo legal.

Se grava la plusvalía objetiva.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.

Los partidos opinan

Patricia Blanquer

Grupo Parlamentario Socialista Diputada y portavoz socialista de la Comisión de Hacienda Twitter: @Patri_Blanquer

“Seguridad jurídica para el contribuyente”

La reforma aprobada constituye la mejor solución para conseguir un triple objetivo. En primer lugar, garantizar la constitucionalidad del tributo creado en 2004 y cuestionado por varias sentencias del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, dar seguridad jurídica al contribuyente mejorando el cálculo de la base imponible del impuesto. Se asegura que si no hay plusvalía no hay sujeción y, si la hay, se garantiza que la contribución no sea mayor a la plusvalía, pudiendo elegir la opción más favorable para el contribuyente entre dos métodos de cálculo. Y, en tercer lugar, dar certidumbre a los ayuntamientos en cuanto a los recursos disponibles. Se les asegura el mantenimiento y la gestión del impuesto evitando un perjuicio en la financiación de los servicios públicos en el ámbito local. Y se les da competencia para que adapten el impuesto a la realidad del mercado inmobiliario.

Cuca Gamarra Diputada y portavoz del GPP en el Congreso Twitter: @cucagamarra

“Perpetúa cargas fiscales que ralentizan la recuperación y la competitividad”

El Real Decreto ley aprobado por el Gobierno para modificar la plusvalía municipal, tras la sentencia que declara inconstitucional esta figura tributaria, vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria constitucionalmente reconocido. Además, perpetúa cargas fiscales que ralentizan la recuperación y la competitividad, y lo ha aprobado sin consultar con las corporaciones locales. Por ello, el GPP hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional este Real Decreto ley y hemos presentado una Proposición de Ley que avanza en la eliminación de este impuesto, cuestionado por la doble imposición que supone, garantizando, al mismo tiempo, la suficiencia financiera y la autonomía municipal.

La Seguridad Nacional no es ficción, por Noé de la Rubia

EN ESTE PAÍS

NOÉ DE LA RUBIA,

inspector de Policía Nacional, oficial de enlace en Interpol

Estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis

La Seguridad Nacional no es ficción

Casualidades de la vida, la amable dirección de la revista me propuso esta nueva singladura periodística, al tiempo que se popularizaba la película No mires arriba (Don´t look up) protagonizada por Leonardo di Caprio. Enésima entrega del género cinematográfico basado en el relato de inminentes catástrofes naturales que amenazan con asolar el Planeta Tierra y que acaban resolviéndose sobre la campana desde el otro lado del Atlántico, en un alarde de ingenio más que por sus “precarios” recursos.

Prometo que no la hubiera dando la menor tregua de no recibir tan generosa invitación, aunque también, por qué negarlo, en un intento por amenizar la lectura a aquellos que hubieran tenido oportunidad de verla, ya que básicamente, la película se construye sobre un supuesto de hecho perfectamente contemplado en la Ley.

Con este ardid literario, espero no dar la impresión de estar banalizando la cuestión de fondo, puesto que huelga decirlo, la Seguridad Nacional debe estar entre las prioridades de cualquier país y por ende, regir la actuación de sus gobernantes en todo momento, incluso diría yo, desde antes de llegar a serlo (en la oposición).

Como digo, el film resulta interesante tomarlo como telón de fondo, principalmente por el giro inesperado que da, tras la detección e inmediata comunicación de la amenaza a las autoridades, que mantienen la incertidumbre del espectador desde entonces hasta el mismo final. Ese punto de inflexión se propicia a partir de un truculento incidente en el que se ve envuelto un importante cargo político y que paradójicamente, no solo desvía la atención del Gobierno hacia ese asunto menor, sino que también, arrastra la de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía, hasta el punto de convertir unos inicios ciertamente apocalípticos en una suerte de comedia.

No obstante, aunque director y guionistas se hayan afanado en querernos sorprender y en ocasiones llegar a entretener, también han podido alentarnos los temores a que la realidad pueda superar a la ficción al paso que vamos. De hecho, no creo que se exagere al equiparar, al menos en lo que al hecho desencadenante se refiere, la crisis epidemiológica que padecemos con cualquier guion cinematográfico de este género, aunque todavía estemos muy lejos en todo lo demás.

Por ese motivo, estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis, en el que se preponderara el conocimiento de los expertos en la toma de decisiones, por encima de los que no lo sean con independencia del puesto que ocupen y la legitimidad que las urnas les hayan otorgado.

Por suerte, al menos en nuestro país, gozamos de un contingente funcionarial extraordinariamente competente, perfectamente capaz de hacerlo con las debidas garantías de neutralidad y persecución del interés general, que deben presidir la actuación de la Administración en general, pero más aún en los momentos críticos.

De poco servirá, que en la nueva redacción se hayan incluido “las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad”; o que llegado el momento, gracias al Sistema de Seguridad Nacional que se pretende implantar, desde esos futuribles observatorios, centros y plataformas que lo integrarían, sobre la base de “la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia
científica” se identifique un peligro para la seguridad nacional que active una alerta temprana y se comunique por los canales “especiales” que la Ley prevé hasta llegar al mismo Gobierno o en este caso, al Consejo de Seguridad Nacional como“ órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis”, si entre medias, como ocurre en el celuloide, otros factores o incidentes (truculentos o no), la silencian o tergiversan, impidiendo la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

Por último, como epílogo a esta ingenua aspiración, me gustaría resaltar otra, en este caso no mía sino del Gobierno, en lo relativo a las implicaciones en el sector privado que se derivan del plan que se pretende implantar, como la de salvaguardar la base industrial que garantice el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico, así como la mejora de las capacidades militares mediante “una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España”, lo que nuevamente me recuerda la película y la entrada en escena de un gigante tecnológico que convence al Gobierno para seguir su plan de rescate (por intereses comerciales) desbaratando el propuesto por los expertos. En esta cuestión, difiero totalmente del curso cinematográfico de los hechos puesto que soy un firme defensor de la colaboración público-privada y no tanto de la tendencia legislativa actualmente imperante que la traba e impide el aprovechamiento óptimo de todas posibilidades que presenta.

Concretamente en lo que a mi área de trabajo se refiere, en la que confluyen en perfecta simbiosis, cibercrimen y blanqueo de capitales, se padece especialmente. De nada sirven los denodados esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la buena voluntad y disposición a colaborar de las entidades privadas (entre sí y con nosotros) cuando nos enfrentamos a este tipo de delincuencia en el marco legal actual. Ejemplos como la Ley USA Patriot deberían marcar el camino a futuras reformas legislativas que pretendan dar una respuesta eficaz con medidas concretas para luchar contra esta otra (si me lo permiten) pandemia silenciosa, pero de alcance igualmente planetario y crecimiento exponencial, que arruina impunemente la vida de miles de personas y empresas cada año.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El pasado 28 de diciembre el Gobierno aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN21), que sustituye a la que estaba en vigor del año 2017 (ESN17). La irrupción de la pandemia de Covid-19 y el escenario internacional marcado por esta ha llevado al Ejecutivo a aprobar esta actualización con unos meses de adelanto, ya que habitualmente se realiza cada
cinco años.

[email protected]

@capa_carlos

La aprobación del Gobierno, de acuerdo con la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, estuvo precedida del informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional reunido el 18 de noviembre de 2021.

Aunque expresa su continuidad con las tres Estrategias de Seguridad Nacional anteriores, una importante novedad respecto a la anterior ha sido la participación de la Comunidades y Ciudades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.

El documento está estructurado en cinco capítulos, el primero de los cuales se refiere a las amenazas que suponen la tensión estratégica y regional y a su posible derivada en un conflicto bélico.

La desinformación

En líneas generales, el texto recoge los mismos peligros que se fijaban en el texto anterior, aunque se han introducido destacables novedades. Por ejemplo. se ha elevado a nivel de amenaza las «campañas de desinformación» o la posibilidad de otra pandemia. Además, esta nueva ley recoge la necesidad de crear un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, previsión en la que seguramente ha tenido que ver la crisis migratoria sufrida por las dos ciudades autónomas en la primavera de 2021 y que erosionó gravemente las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 recoge por primera vez «las campañas de desinformación» como uno de los dieciséis riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. Además, plantea «iniciativas necesarias, como, por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial.

Aunque ningún país en concreto está mencionado en el documento, si se intuye en el apartado referido a la «Tensión estratégica y regional» que la tensión militar Marruecos y Argelia, en la que siempre está presente el ‘statu quo’ del Sáhara Occidental, cuya potencia administradora sigue siendo España, y que después de casi 50 años de la salida de la antigua colonia no parece que su situación tenga fácil solución.

Como novedad de esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional se agrupan riesgos y amenazas en el mismo apartado, estableciendo un nuevo modelo.

El documento constata los efectos que en el contexto internacional ha tenido la pandemia, señalando una «una etapa de transición», y considera que el Covid-19 entraña un factor de aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad.

También, por primera vez, una Estrategia de Seguridad Nacional no hace referencia a la banda terrorista ETA. Aunque la organización criminal anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011, el anterior documento de Seguridad Nacional de 2017 sí hacía mención a la banda considerando que, a pesar de no ser ya una amenaza relevante, era necesaria la defensa la memoria de las víctimas y las investigaciones hasta las últimas consecuencias de todos los actos criminales de ETA. Estas consideraciones no figuran en el documento de 2021.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 INCLUYE POR PRIMERA VEZ ‘LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN’ COMO UNO DE LOS DIECISÉIS RIESGOS Y AMENAZAS

Las referencias al terrorismo se centran ahora en el yihadismo y sus posibles amenazas a los intereses españoles, individuales o colectivos, que puedan provenir especialmente del Sahel o de individuos radicalizados nacidos o criados en España u otros países occidentales. En este sentido la Estrategia de Seguridad Nacional pone el foco en el riesgo de radicalización que puede producirse entre internos de las prisiones españolas.

Nuevas amenazas

Una, y en cierta medida polémica, inserción en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 son las llamadas “fake news” o bulos. Para el Gobierno son preocupantes las llamadas campañas de desinformación por su capacidad de “generar confusión y socavar la cohesión social” lo que puede suponer una grave amenaza para los procesos electorales o la posible influencia en ellos de otras naciones o agentes internacionales.

Las redes 5G también son para la ESN2021 un riesgo en cuanto a la vulnerabilidad y el peligro de ciberataques que afecten a las llamadas redes inteligentes.

Otra novedad es la alerta sobre la generalización del uso de drones que para los expertos pueden poner en riesgo la seguridad aérea e incluso provocar la inutilización de infraestructuras críticas como los aeropuertos o centrales energéticas.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 da un especial valor a la “alerta temprana” que permita a las autoridades tomar medidas eficientes y para ello también recomienda incluir un término al que nos hemos acostumbrado durante esta larga y cambiante pandemia: cogobernanza. En este sentido se da paso a la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos que son de su competencia, como es la sanidad.

CONSIDERA QUE EL COVID-19 ENTRAÑA UN FACTOR DE ACELERACIÓN DE LAS PRINCIPALES DINÁMICAS GLOBALES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contiene como novedad una carta a modo de introducción del presidente del Gobierno. En esta Pedro Sánchez señala como ejes del documento continuidad y cambio.

Dice el presidente del Ejecutivo que es de continuidad, “por el compromiso que significa la cuarta estrategia de esta naturaleza en la historia democrática de España. La seguridad de España y su ciudadanía es una de las más altas responsabilidades del Gobierno. La presente Estrategia recoge la herencia de sus antecesoras y hace suya la visión integral de la Seguridad Nacional, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

También se refiere al cambio, identificando la situación actual y el insoslayable golpe de la pandemia como” una ventana de oportunidad”, considerando que la transformación en un contexto de incertidumbre requiere de una visión estratégica, “donde la seguridad se concibe como una condición necesaria para la recuperación económica y la cohesión social”. Para el presidente del Gobierno la Estrategia de Seguridad Nacional tiene en cuenta el camino a “la innovación tecnológica y la transición ecológica; hacia una España moderna con visión de futuro, llena de oportunidades de progreso”.

Capacidad creíble y efectiva

El Departamento de Seguridad Nacional dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros ha sido el encargado de elaborar este documento de 75 páginas, que describe 16 riesgos y amenazas. En él se mantiene que España requiere de una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional.

Fragilidad en la cadena de suministros

La experiencia acumulada por la pandemia del Covid-19 ha tenido reflejo en el documento estratégico, que reconoce el riesgo de la fragilidad de la cadena de suministros, así como la falta de capacidad decisora de organismos y autoridades internacionales, que resultaron incapaces de organizar un sistema efectivo para la producción y distribución de material sanitario.

Para saber más

a Estrategia de Seguridad Nacional 2021 puede descargarse aquí

Se pueden encontrar todas las anteriores estrategias, así como referencias al Departamento de Seguridad Nacional aquí

El Departamento de Seguridad Nacional tiene un sitio web al que se puede acceder aquí

CONSUMO

Consumo: Reparar antes de cambiar

Marián Lezaún

LOS USUARIOS HAN TOMADO CONCIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE EL CONSUMO RÁPIDO

SE HA AMPLIADO EL PLAZO QUE TIENE EL CLIENTE PARA ELEGIR ENTRE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO

MUCHOS FABRICANTES YA OFRECEN DESDE HACE TIEMPO GARANTÍAS SUPERIORES A LAS EXIGIDAS

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

Los derechos del consumidor

Cuando el arreglo merece la pena

Para saber más

Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años.

ENTRE MAGNITUDES

Resulta turbador que España sea el país con la batería más larga de impuestos que inciden en la vivienda entre todos los países de la OCDE

Sin techo no hay cimientos

PRESIÓN FISCAL SOBRE LOS INMUEBLES

ENTRE MAGNITUDES

Fernando Geijo

IMPUESTOS Y CRECIMIENTO SON DOS TECLAS DE UN MISMO PIANO ECONÓMICO QUE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE AFINADO

SOMOS EL ÚNICO PAÍS DE LA UE QUE APLICA AL UNÍSONO IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO Y SUCESIONES Y DONACIONES

Desde Estonia con razón

Subir o bajar, he ahí el dilema

Nueva valoración de los inmuebles

Ojo al dato

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Serán los jueces y tribunales, la doctrina y los demás operadores jurídicos, los que den vida e interpreten este nuevo estatuto jurídico del animal

Descosificación y sintiencia: pilares del Derecho Animal

ALDEA GLOBAL

ESOS SERES SINTIENTES CON LOS QUE CONVIVIMOS

Melchor del Valle

LA UE EXIGE A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE «TENGAN PLENAMENTE EN CUENTA LOS REQUISITOS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES»

EL GRUPO DE ANIMALES QUE MAYOR ATENCIÓN RECIBEN, EN CUANTO A LA PRESENCIA EN LA LEGISLACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL, SON LOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN

EL ÍNDICE DE PROTECCIÓN ANIMAL MIDE LA TRASLACIÓN A LA REALIDAD DE LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

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El régimen jurídico de los animales en España

Para saber más

ÁMBITO EUROPEO

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea

Promoting a social and solidarity economy in the European Union

ÁMBITO EUROPEO

Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social. Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2.500 billion euros from the European budget were mobilized to support the social economy.

La economía social como pilar de la recuperación europea

Europe looks at social economy to push for an inclusive recovery

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR UN SECTOR QUE APORTA EL 8% DEL PIB EUROPEO

ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS HAN DESARROLLADO UN MARCO FISCAL ESPECÍFICO PARA ESTE SECTOR, CON EXENCIONES EN LOS BENEFICIOS, REDUCCIONES DEL IVA, ETC.

EUROPEAN COMMISSION LAUNCHED AN ACTION PLAN TO BOOST A SECTOR THAT ALREADY CONTRIBUTES TO 8% OF EU’S GDP

SOME MEMBER STATES IMPLEMENTED A SPECIFIC FISCAL FRAMEWORK THAT PROVIDES THIS SECTOR WITH TAX REDUCTIONS, VAT REDUCTIONS OR OTHER EXEMPTIONS

La economía social al centro de la recuperación

Social economy at the center of economic recovery

La voz española de la economía social en Bruselas

The Spanish voice of Social Economy in Brussels

La necesidad de incentivos fiscales e inversión

The need for fiscal incentives and investment

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

DEBATE PARLAMENTARIO

EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA O PLUSVALÍA

La nueva normativa recoge también que no tributarán aquellas operaciones en las que no se haya generado ninguna ganancia desde la adquisición hasta la transmisión del terreno

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA ESTÁ OPERATIVO EN MENOS DE 4.000 MUNICIPIOS DE LOS 8.000 QUE TIENE ESPAÑA, INFORMA EL MINISTERIO DE HACIENDA

Qué es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía

Ejemplo de cómo tributa la plusvalía en una operación con minusvalía

Tarifa anterior

Tarifa nueva

Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía

Sentencia

Aspectos declarados inconstitucionales

Cambio recogido en la nueva legislación

Sentencia 59/2017 11 de mayo de 2017

La tributación en los casos de inexistencia de incrementos de valor.

Las operaciones donde no haya aumento de valor no estarán sujetas a tributación.

126/2019 30 de octubre de 2019

182/2021 26 de octubre de 2021

Imposibilidad de que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

El actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis económica y, porque vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición.

Ejemplo en el que la plusvalía real es superior a la objetiva

Los partidos opinan

Patricia Blanquer

“Seguridad jurídica para el contribuyente”

Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social.

Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2.500 billion euros from the European budget were mobilized to support the social economy.