¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.