Coto a las contrataciones telefónicas de las eléctricas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Coto a las contrataciones telefónicas de las eléctricas

Un reglamento en trámite prohibirá a las comercializadoras de luz y gas cerrar contratos por teléfono, a menos que el usuario lo pida de forma expresa o sea él quien realice la llamada.
PATRICIA ANDÚJAR
El Ministerio para la Transición Ecológica quiere responder a los desafíos en política energética.

El Gobierno pretende prohibir que las empresas comercializadoras de luz y gas puedan hacer contratos a los consumidores a través de una llamada telefónica. Es uno de los puntos recogidos en el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación, con el que se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y protección del consumidor de energía eléctrica. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica busca adaptar el actual marco normativo y dar respuesta a los desafíos y objetivos en materia de política energética.

 

LA NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN PROHIBIRÁ LA PUBLICIDAD Y LA CONTRATACIÓN TELEFÓNICA DE LUZ Y GAS

 

Existe solo una excepción a esta norma, y es que el propio usuario sea el que solicite esa comunicación o bien la lleve a cabo en primera persona. En este caso, se señala que el comercializador, según el ministerio “deberá grabar la totalidad de la llamada comercial, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, en su caso, la información precontractual con las características básicas de la oferta”.

Cómo se deberá hacer. El texto también incorpora una serie de derechos y obligaciones para los agentes que intervienen en este negocio. Por ejemplo, que las comercializadoras deberán comunicar sus ofertas comerciales, tanto las nuevas como cualquier modificación de otras ya existentes, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con una antelación de, al menos, diez días a la fecha en que serán efectivas. Así, este organismo gestionará un comparador de precios a partir de esta documentación, que será confidencial hasta su difusión pública y elaborará un informe anual.

Desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) aseguran haber alertado al ministerio sobre esta cuestión, ya que “las comercializadoras actúan en un mercado muy volátil y, por ello, se deben realizar las ofertas con mucha celeridad y día a día”. Esto, en muchas ocasiones, “les impide ser previsores” y, sin embargo, sí “aprovechar las oportunidades de mercado”. Concluyen que “es posible que ni el propio comercializador sepa qué oferta va a realizar en el plazo de diez días” y que, aunque el ministerio esté “lleno de buenas intenciones, debe comprender que esto no es razonable en el sector”.

 

SEGÚN EL MINISTERIO, EL COMERCIALIZADOR “DEBERÁ GRABAR LA LLAMADA COMERCIAL, INCLUYENDO TODA LA INFORMACIÓN FACILITADA AL CONSUMIDOR”

 

Llamada de atención. Tras la avalancha de reclamaciones por parte de los consumidores a la CNMC en relación a las comunicaciones telefónicas por parte de algunas comercializadoras, el organismo supervisor publicó un informe el pasado mes de abril sobre los mercados minoristas de gas y electricidad, en el que ya planteaba la necesidad de establecer “normas estrictas” para poner fin a este tipo de prácticas que los propios usuarios tildaban de “engañosas”.

 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA YA ALERTÓ DE PRÁCTICAS COMERCIALES ENGAÑOSAS POR PARTE DE ALGUNAS COMERCIALIZADORAS

 

En este mismo informe, la Comisión denunciaba las deficiencias en la contratación, ya que muchas comercializadoras “minimizan los soportes documentales en la contratación” y por ello, considera que “no son transparentes ni antes ni durante la contratación de la oferta e incurren en prácticas comerciales engañosas diseñadas para cumplir con estos requisitos documentales sin que quede constancia de estas en la documentación aportada”. Por ello, ya instaba a que existan unos requisitos mínimos que mejoren la información que está disponible para el consumidor, así como que “se impidan las prácticas comerciales engañosas y abusivas y se reduzcan los cambios por errores administrativos y falta de diligencia de las compañías”.

Un paso más. Ya en 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha otro real decreto ley que incluía una medida por la que se prohibía la contratación a domicilio de la luz y el gas natural, salvo que la visita fuese solicitada expresamente por el propio usuario.

Dicha prohibición se justificó en “el elevado número de reclamaciones presentadas ante los organismos de consumo y ante la CNMC en los últimos años” por las visitas a las viviendas de particulares para llevar a cabo las citadas contrataciones.

La norma, según denunciaron algunas empresas en ese momento, afectaba a más de 5.000 comerciales repartidos por todo el país. Sin embargo, no afectaba al segmento industrial y el de las grandes empresas con potencias contratadas por encima de los 10 KW y las compañías recurrieron a otras alternativas, como la de contratación telefónica (ahora, en vías de prohibición) o a través de puestos informativos, por ejemplo, en centros comerciales.

Las grandes del sector coinciden

Hasta el 13 de septiembre las compañías eléctricas podían presentar sus alegaciones, aunque las más grandes como Endesa, Iberdrola y Naturgy sí apoyan la medida porque entienden que puede “contribuir a mejorar la imagen” que se tiene de las compañías de luz y gas, afectada por las empresas que se dedican a realizar esa contratación telefónica. Aun así, solicitan “reglas claras” para evitar que se sigan produciendo.

Un claro ejemplo es la actual Ley General de Telecomunicaciones, de la que se pide una interpretación unánime, ya que, aunque se ha dictaminado que solo se pueden realizar llamadas a los clientes de menos de un año o en el caso de que el usuario haya dado su consentimiento expreso, lo cierto es que no se está cumpliendo y eso ejerce un “daño reputacional para el sector eléctrico”.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía asegura que “actúan en un mercado muy volátil”.

Las comercializadoras independientes opinan

En palabras de Javier Colón, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL), “el proyecto supone un grave perjuicio para las comercializadoras independientes de electricidad, para el libre mercado y la competencia y, por ende, para los consumidores”, y añade que “la limitación de alternativas comerciales y canales de venta beneficia a las eléctricas tradicionales”. En la misma línea, desde la ACIE entienden que son “medidas que podrían impactar negativamente en la competencia del sector eléctrico, afectando también a pymes y a grandes empresas” ya que “estos grupos de clientes sí están acostumbrados a estas gestiones telefónicas y esto supone un cambio drástico de operativa”. Según fuentes de ACIE, ese tipo de llamada les permite en muchas ocasiones “promocionar nuestros servicios que tienen que ser competitivos con los del resto del sector”. Ambas asociaciones están de acuerdo en la necesidad de regular, aunque con matices. Desde ACENEL son “partidarios de una efectiva supervisión más que de la prohibición”, que para ACIE se traduce en “hacer un mayor seguimiento, la imposición de penalizaciones a los sujetos que actúen de manera ilícita o la codificación de los call center para lograr un mayor control”.

PARA SABER MÁS

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su web se explica la normativa vigente relacionada con la actividad de comercialización y el suministro de energía eléctrica, con todas sus actualizaciones y revisiones pertinentes hasta llegar al último proyecto de real decreto, que también se puede consultar.

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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el apartado dedicado a los consumidores de energía eléctrica de la web de la CNMC se encuentra toda la información necesaria sobre dicho sector y se incluye un PDF con los pasos a seguir para poder realizar una reclamación.

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Comisión Nacional de los Mercados.
En abril de este año hizo público el último informe de los mercados minoristas de gas y electricidad donde advertía de las reclamaciones de numerosos consumidores sobre las comunicaciones realizadas.

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«Por los consumidores del sector eléctrico», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,
presidenta de FACUA

“Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores se podrán paliar las prácticas abusivas”

Por los consumidores del sector eléctrico

El Gobierno está tramitando una nueva norma en el ámbito del sector eléctrico donde se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y protección del consumidor. Con esta norma se persigue, entre otros objetivos, una agrupación de la legislación del sector en materia de suministro y contratación y una adecuación del actual marco normativo a la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, reforzando el papel del consumidor.

Partimos de una regulación del suministro eléctrico muy fragmentada y dispersa, que ocasiona en el consumidor medio complejidad y dificultad para conocer el marco de sus derechos y obligaciones. El Ejecutivo pretende abordar los graves problemas que sigue suscitando la contratación del suministro prohibiendo que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa y, en su caso, exigiendo al comercializador grabar la totalidad de las llamadas.

Para que la información de los precios sea más rigurosa y sea posible la comparación por parte del consumidor, se obligaría a las empresas a comunicar sus ofertas, tanto las nuevas, como las modificaciones de los precios ya existentes, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una antelación de, al menos, diez días a la fecha en la que entren en vigor y se apliquen

Si primero se prohibieron las prácticas de comercialización de contratos de suministro eléctrico puerta a puerta debido a los fraudes que se detectaron en dicha fórmula, ahora la prohibición se extiende a las llamadas telefónicas. Y estas restricciones en las técnicas de contratación de un servicio esencial responden a una lamentable realidad: los constantes abusos derivados de las prácticas comerciales de algunas empresas eléctricas en el marco de un sector liberalizado.

En octubre de 2018, el Gobierno prohibió la comercialización de electricidad puerta a puerta a los consumidores domésticos, salvo que la visita sea solicitada expresamente por estos, medida que incluyó en el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Seis años después, los fraudes no cesan y se ha decidido extender la prohibición a las contrataciones telefónicas. Estas medidas cuentan con el antecedente de su vigencia en países como Reino Unido desde el año 2011.

La experiencia de la liberalización del mercado eléctrico en todos estos años, lejos de fomentar una competencia justa ha venido evidenciando múltiples disfunciones e irregularidades, como la comercialización fraudulenta del suministro eléctrico con contratos no consentidos por los usuarios, o la falta de claridad en las tarifas ofertadas y las limitaciones de acceso al bono social eléctrico para consumidores vulnerables. También se siguen estipulando condiciones contractuales abusivas y continúa habiendo dificultad para rescindir contratos o cambiar de proveedor de energía eléctrica.

Europa no puede hablar de empoderar a los consumidores de energía eléctrica y consentir en paralelo que sigan produciéndose prácticas abusivas contra ellos en la contratación del suministro eléctrico. El legislador debe ponerles fin, sobre todo a las puertas de introducir nuevos actores en el mercado eléctrico, como los agregadores independientes, figura que contempla también el proyecto normativo y cuya actividad va a requerir no solo de su regulación sino también de supervisión y control para evitar nuevos problemas y abusos. Solo mediante un marco normativo que priorice sus derechos y que vigile activamente y de forma eficaz las prácticas de los distintos agentes (comercializadores, distribuidoras, agregadores independientes, etc.) se podrán evitar las prácticas abusivas.

En este sentido, junto con una regulación exigente y garantista, necesitamos mecanismos de control del mercado eléctrico para acabar con las irregularidades como la falta de transparencia en precios, así se confunde a los consumidores a los que se les ofrece tarifas más bajas inicialmente, ocultándoles los costes y servicios adicionales y dificultándoles la comparación entre opciones de suministro. También debe acabarse con la facturación con retrasos prolongados en la emisión de las facturas y con las lecturas estimadas durante amplios periodos y las refacturaciones erróneas por presuntas incidencias en el contador no comunicadas con garantías al consumidor. Y debe ponerse fin a las tácticas de captación y contratación engañosas, como las ofertas de ahorros y bonificaciones inexistentes y que no se concretan, o a las limitaciones en la aplicación del bono social eléctrico y a la inclusión de cláusulas de permanencia con penalizaciones.

En definitiva, el funcionamiento del mercado eléctrico está generando cada vez más desconfianza y el incremento de las consultas y las reclamaciones en estos años así lo confirma. Es imprescindible que la regulación sea clara y efectiva pero también que se supervise y controle su aplicación. Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores y la vigilancia activa y continua de las prácticas de los distintos agentes del sector se podrán paliar las prácticas abusivas y engañosas para el consumidor.

La fragmentación y la dispersión de la normativa reguladora del suministro eléctrico y el rudimentario seguimiento y control de las autoridades competentes dificultan avances en la protección del consumidor. Pero tampoco ayuda el escaso reproche normativo hacia las prácticas abusivas y fraudulentas y las bajas cuantías de las sanciones a las empresas comercializadoras y distribuidoras por su mala praxis.

Créditos rápidos: regulación, información y control

La seguridad jurídica de las personas mayores

EN SOCIEDAD

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES

Hay personas que deciden dar a otras un bien a cambio de recibir una renta o pensión o de ser atendidos por ellas.
España ha experimentado un significativo cambio demográfico en los últimos años que ha redefinido su perfil poblacional. 2023 marcó un hito histórico al cerrar el año con la mayor población de mayores desde que se tiene registro. Aproximadamente el 22,5% de la población española tiene 65 años o más, lo que refleja una clara tendencia hacia el envejecimiento de la sociedad. Los últimos datos disponibles muestran una mayor preocupación de estas personas por proteger su futuro personal y patrimonial y el de sus familiares.
REDACCIÓN

Según los datos del INE, en España, a 1 de julio de 2024, había un total de 9.470.725 españoles con 65 años o mayores.

 

MARÍA TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”

 

Función notarial. “El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más habituales, son:

  • Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales, una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
  • Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
  • La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
  • Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
  • Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

 

LA REALIZACIÓN DE ACTOS NOTARIALES PARA NUESTRA PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL SE INTENSIFICA A PARTIR DE LOS 45 AÑOS

 

Perfil social. La realización de actos notariales de este tipo se intensifica a partir de los 45 años y, en general, las mujeres utilizan más los actos notariales para mayores.

En el caso de los documentos de voluntades anticipadas, las mujeres representan consistentemente una mayor proporción de los usuarios, con porcentajes que van desde el 58,1% en 2020 hasta el 58,6% en 2024, mientras que los hombres se mantienen por debajo del 42%.

Por otro lado, en lo que respecta a los testamentos, los porcentajes de otorgamiento por parte de hombres y mujeres se han mantenido bastante equilibrados durante todo el período analizado. Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

En cuanto a la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, la realización de este acto por parte de las mujeres ha predominado a lo largo de los años, alcanzando el 59,5% en 2021 y situándose en un 52,4% en 2024, mientras los hombres la han realizado en un 40,5% en 2021 y en un 47,6% en 2024.

En el caso de las hipotecas inversas, también son mayoritariamente realizadas por las mujeres, especialmente en 2024, año en el que representaron el 63%.

Finalmente, los poderes generales y preventivos muestran una distribución bastante estable en términos de género, con una ligera preponderancia femenina. Las mujeres han representado entre el 54,8% y el 55,3% de los usuarios, mientras que los hombres se han mantenido cerca del 45%.

Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CON 65 AÑOS Y MÁS

Andalucía, Cataluña y Madrid, las comunidades más envejecidas
En el ámbito autonómico la comunidad con más número de mayores es Andalucía, que en 2023 cerró el año con un total de 1.560.484 personas con 65 años o más, seguida de Cataluña (1.526.210 personas mayores) y Madrid (1.268.205 personas mayores). Por otro lado, las CC.AA. que menos población mayor tuvieron al cierre de 2023 fueron: La Rioja (70.265 personas mayores), Navarra (137.748 personas mayores) y Cantabria (138.871 personas mayores).
Preocupados por el futuro

Los notarios han autorizado desde enero de 2017 y hasta junio de 2024 6.498.539 testamentos, poderes generales y preventivos, voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipotecas inversas, llegando en 2023 al máximo anual donde se realizaron 949.942 actos.

Si bien se ha registrado un aumento en el número de actos autorizados desde 2017, la tendencia ha sido desigual ya que más allá del descenso ocasionado por el parón del año 2020 debido a la Covid 19, en 2018 se registró una caída (-0,4%) y en 2022 el aumento fue tímido (0,06%). Entre 2017 y 2023 se observa un crecimiento modesto del 16% pasando de 819.916 actos en 2017 a 949.942 en 2023. El primer semestre de 2024 se convierte en el segundo mejor desde 2017, al alcanzar los 500.231 actos, sólo superado por la primera mitad de 2023, en la que se registraron 503.176 expedientes. Esto representa un descenso del 0,6% en 2024, respecto al semestre del año anterior.

ACTOS TOTALES POR AÑOS Y SU VARIACIÓN ANUAL
Mayor demanda de testamentos y poderes

La evolución de los actos ha sido dispar entre los servicios notariales analizados a lo largo de estos siete años y medio. Los testamentos son el grupo que mayor peso tiene, seguido por los apoderamientos. Estos dos grupos constituyeron en el 2017 el 99% de los actos realizados (812.401 de 819.916 actos), aunque en la primera mitad de 2024 la proporción bajó ligeramente y se situó en el 98%, con 491.258 de los 500.231 actos.

Los actos restantes (voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipoteca inversa) en estos siete años y medio alcanzaron los 84.892 expedientes realizados, lo que significa un 1,3% del total desde enero de 2017 hasta junio de 2024.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTOS
RELACIONADOS CON LOS MAYORES

«Confucio y la piedad filial», por Carmelo Encinas

EN SOCIEDAD

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“En España no solo hay cada vez más gente mayor, también ha crecido el número de personas que viven solas”

Confucio y la piedad filial

Su familia se arruinó. Procedía de una estirpe noble pero las circunstancias le obligaron a ejercer de maestro, funcionario público y hasta de carpintero. Me refiero a uno de los pensadores más influyentes en la historia de la humanidad: hablamos de Confucio. Su pensamiento filosófico ha tenido a lo largo de los siglos un enorme impacto en todo el mundo, pero sobre todo en China, donde nació en el año 551 antes de Cristo. De su forma de entender la existencia del ser humano destaca un concepto que 25 siglos después sigue imperando en Asia Oriental como la base ideológica de la sociedad tradicional. Él lo llamó “la piedad filial”. Este principio considera el respeto a los mayores como la más alta virtud y que los jóvenes de la familia han de cuidar a los de más edad con la deferencia que merecen.

Tal fundamento mantiene su vigencia en un país como Corea del Sur, a pesar de que su progresiva occidentalización va mermando la influencia de estos valores. Los coreanos están socializados no solo para mostrar cortesía a sus mayores sino para darles un alto rango de autoridad. Lo hacen hasta el extremo de celebrar con gran boato los 60 y 70 cumpleaños de sus progenitores entendiendo el tránsito a la vejez como un paso hacia un mayor estatus de experiencia y sabiduría. Esto ocurre hoy en la Corea vanguardista y democrática mientras en China las autoridades del partido comunista encabezadas por el propio presidente Xi Jinping iniciaron una gigantesca campaña mediática para recuperar valores tradicionales como el cuidado y el respeto a los padres y personas de edad avanzada alineados con “la piedad filial” de Confucio.

El retorno a estos valores supone un choque frontal con las tesis maoístas del fundador del partido que denunciaban la filosofía confucionista como parte de un pensamiento feudal que había de ser erradicado. Ni que decir tiene que esta forma de poner en valor a la tercera edad en Extremo Oriente contrasta con las culturas occidentales empeñadas en fetichizar la juventud. Lo hacemos en detrimento de los mayores que, según van cumpliendo años, tienden a ser minusvalorados o relegados en lo laboral y, a veces, confinados después en residencias u hospitales hasta llegar a convertir la vejez en una experiencia vergonzante. Con frecuencia los abuelos son apreciados mientras resultan útiles para atender a los nietos y que los hijos puedan conciliar, pero cuando son ellos los que han de recibir los cuidados las actitudes suelen ser otras.

Cerca de mi casa hay un negocio regentado por una familia china en el que trabajan todos sus miembros. La mayor de las hijas tuvo un bebé y a las pocas semanas ya estaba el abuelo dedicado en cuerpo y alma a su cuidado. He visto crecer a esa criatura y envejecer al abuelo que ahora no tiene labor reconocida, pero al que profesan un afecto y un respeto envidiable. Un día se me ocurrió preguntarle por su relación con la familia y se manifestó convencido de que ese nieto y los que vengan serán quienes más se preocupen de su bienestar cuando las fuerzas le fallen.

No todo lo que viene del Extremo Oriente es encomiable, pero de esta filosofía de la piedad filial creo que deberíamos aprender. Estamos envejeciendo a marchas forzadas y no me refiero individualmente, que todos vamos cumpliendo años, sino como sociedad. La esperanza de vida ha ido aumentando al mismo tiempo que desciende la tasa de natalidad. Hay que estar preparado en todos los sentidos para una inversión de la pirámide demográfica en la que los mayores no sean contemplados como un estorbo a despreciar.

El envejecimiento poblacional es a fin de cuentas uno de los mayores logros de la humanidad, pero plantea desafíos que conviene afrontar con la mayor determinación para no sufrir efectos indeseables. Esa piedad filial de la que hablaba Confucio vendría bien para mirar con otros ojos a los más longevos pero, además, resulta imprescindible que los mayores cuenten con instrumentos legales que garanticen sus derechos en cualquier circunstancia. Son muchas las necesidades de las personas de edad avanzada y la Justicia ha de jugar un papel fundamental para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones que los ciudadanos más jóvenes. En España no solo hay cada vez más gente mayor, sino que también ha crecido el número de personas que viven solas, no tienen hijos ni familia cercana o, si la tienen, pasan de ellos. Son individuos de los que nadie se hace cargo cuando enferman o no están en condiciones de cuidarse por sí solos. Mucho me temo que el sistema no está lo bastante preparado para afrontar estas situaciones cada vez más frecuentes, aunque la ley 8/21 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha supuesto un importante paso para afrontar esta realidad.

Un instrumento interesante es la llamada autocuratela, una medida de autoprotección que se define como una figura legal que permite que una persona en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad, deje por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de curador. El curador será preferentemente asistencial, es decir, ayudará en la toma de decisiones y solo en los casos en que haya una imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad, será curador representativo. En todo caso, el curador siempre deberá actuar conforme a la historia de vida y preferencias de la persona que lo haya nombrado.

La teoría del todo

Retos de la Alianza

ESPACIO AEQUITAS

Todos los ciudadanos iguales ante la ley

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica representantes de la Alianza Apoyo y Autonomía valoran cuáles son los principales retos.

JOSÉ M. CARRASCOSA
Reunión de trabajo de la Alianza Apoyo y Autonomía, celebrada en el Consejo General del Notariado.
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«La Ley 8/2021 es un estandarte a nivel mundial de la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su aplicación puede generar problemas evidentes, dadas las dificultades que implica un cambio de paradigma tan grande como el que ha producido; por ello, es fundamental que los operadores jurídicos nos formemos y nos dediquemos, no sólo a fomentar su aplicación, sino, en lo posible, a tratar de mejorarla en su implantación práctica», explica José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado y autor del libro La autonomía de las personas con discapacidad. Reflexiones en torno a la Ley 8/2021.

«Esta norma -prosigue Martínez Sanchiz- atribuye a los notarios una responsabilidad como apoyo institucional de las personas con discapacidad; en este sentido, tenemos que buscar fórmulas que se adecúen en cada caso, haciendo ‘trajes a medida’ de cada necesidad. Las familias han quedado muy concernidas con la Ley y vienen a las notarías con preocupación; podemos ayudarles mostrando cómo hay soluciones que pueden perfectamente disipar sus dudas y ayudar a que resulten eficaces los propósitos familiares adecuándolos a las soluciones legales».

 

“LA NORMA ATRIBUYE A LOS NOTARIOS UNA RESPONSABILIDAD COMO APOYO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, EXPLICA MARTÍNEZ SANCHIZ

 

El papel de la Alianza. Para Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI Estatal, la norma ha supuesto «un cambio muy significativo y valioso en cuanto a la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derecho con reconocida capacidad jurídica para obrar de manera autónoma con los apoyos que precisen. La Alianza está llamada a jugar un papel de vigilancia y colaboración para que sea exigible la disposición de todos los medios técnicos y humanos que faciliten un correcto despliegue de la Ley 8/2021. En muchos más casos de los que nos gustaría, las propias personas con discapacidad, sus familias o, incluso, las entidades que las representan, no conocen aún con claridad los alcances de la ley y los efectos que la misma está llamada a producir».

Por su parte, Agustín Matía, director general de Down España destaca que «el balance de la Ley 8/2021 es positivo: muchas sentencias y resoluciones de incapacitación se han revisado y se han puesto en marcha grupos de trabajo y propuestas de modificación de leyes y reglamentos afectados. Destacamos tres avances: la incorporación de la explicación, diálogo y papel directo de la persona con discapacidad en los procedimientos para evitar así los automatismos que impedían protagonismo a las personas con síndrome de Down; el papel central del colectivo del notariado -como consejero y orientador a la familia y a la participación de la persona con discapacidad-; y el hecho de limitar la supervisión y tutela judicial a las situaciones más límite o de mayor dependencia».

Por los mismos derechos. Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, responsable de defensa de derechos de Autismo España, manifiesta que «con la entrada en vigor de la reforma se ha dado un paso más en el reconocimiento pleno de los derechos para las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, su ejercicio se está viendo limitado por otras normas o interpretaciones de la misma, que hacen que este reconocimiento no sea plenamente real y efectivo. “Desde la Alianza Apoyo y Autonomía debemos impulsar una implantación real de esta reforma, asegurando los apoyos que sean necesarios y para quienes sean necesarios, y una interpretación correcta de las diferentes normas que hoy día están limitando o restringiendo los derechos de las personas con discapacidad, como pueden ser las normativas de ámbito tributario o de la seguridad social”, concluye.

Por último, Gema González, coordinadora jurídica de la Fundación para el apoyo de las personas con daño cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha (FUNDACE CLM) y representante de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), indica que la Alianza «puede ser fundamental en cuanto a la consolidación del cambio para las personas con discapacidad, que supone un gran reto a nivel jurídico y social. Hay que hacer un esfuerzo importante en el ajuste y adaptaciones de los procedimientos, puesto que la persona con discapacidad ha de comprender el alcance de lo que se le propone. Nos parece importante que la Alianza pueda promover actuaciones encaminadas a la formación sobre este cambio de paradigma, para que realmente la Ley se aplique en toda su extensión y no suponga un mero cambio de terminología en las resoluciones».

Logos de la Alianza.
Alianza Apoyo y Autonomía

El importante desarrollo normativo que supuso la Ley 8/2021 -que ha modificado diversos códigos y leyes- debía completarse con una correcta difusión de las nuevas medidas. Conscientes de esta necesidad, CERMI Estatal y las Fundaciones ONCE y Æquitas impulsaron la Alianza Apoyo y Autonomía para constituir un altavoz de este ordenamiento entre asociaciones, personas con discapacidad y sus familiares. A día de hoy, se han sumado a esta plataforma Plena Inclusión, Asociación LÍBER, Down España, Confederación Autismo España, Confederación Salud Mental España, Daño Cerebral (Federación Española de Daño Cerebral) y Confederación ASPACE (Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Vídeos y guías publicados por la Alianza

¿Es España un país urbanita?

EN PLENO DEBATE

¿Es España un país urbanita?

El 83,3% de los españoles vive en ciudades, principalmente en las grandes urbes, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Solo el 13% reside en zonas rurales, lo que supone la mitad de la media europea, que alcanza el 26%. Sin embargo, cada vez existe un interesa mayor por vivir en los pueblos y teletrabajar desde allí.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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En España, según el INE, un total de 3.150.000 personas trabajan en su domicilio particular.

España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más densidad de población urbana, detrás de los Países Bajos y Malta, según Eurostat. Sin embargo, hay encuestas que muestran un creciente interés de los españoles por vivir en zonas rurales. Así se refleja, por ejemplo, en el Análisis sobre la España Vaciada realizado por el portal inmobiliario Fotocasa que indica que «el 61% de los ciudadanos mayores de 18 años demandantes de vivienda tiene planes reales o, al menos, interés por mudarse a una zona rural, aunque sólo uno de cada diez se trasladaría a un pueblo de menos de 100 habitantes».

 

SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA, “EL 42% DE MUNICIPIOS ESPAÑOLES ESTÁ EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN”

 

Por comunidades, los catalanes y madrileños son los que más aspiran a mudarse a un pueblo y los valencianos los que tienen más planes reales de hacerlo. Por edad, la población de entre 35 y 54 años es la más interesada en vivir en el entorno rural y la de entre 25 y 34 la menos dispuesta a este cambio.

Pros y contras. Dar este paso depende de muchos factores. Hay ventajas de las que disfrutan las personas que viven en zonas rurales, incluyendo más espacio, una mejor calidad de vida, menores costes y menos contaminación. Unas ventajas que suelen verse superadas por limitaciones como las menores oportunidades de empleo, las infraestructuras más débiles, y la mayor dificultad para acceder a servicios públicos y comerciales.

Cuando las limitaciones superan a los beneficios, muchas personas suelen optar por abandonar las regiones rurales en busca de mayores oportunidades. «Esto puede reducir la tasa de natalidad y la tasa de cambio de la población natural en algunas regiones predominantemente rurales, lo que resulta en un envejecimiento de la población y un menor número de personas en edad de trabajar», señala Eurostat.

El 42% de municipios españoles está en riesgo de despoblación, según datos del Banco de España. Una cifra que es considerablemente más alta que la del conjunto de la eurozona (con un 10%) y sólo es superada por Letonia (con un 50%), Finlandia (con un 56%) y Estonia (con un 58%).

 

EL PACTO RURAL ADOPTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA BUSCA CONSEGUIR «ZONAS RURALES MÁS FUERTES, CONECTADAS Y PRÓSPERAS PARA 2040”

 

Revertir la tendencia. Ante la España vaciada hay un creciente interés por parte de las autoridades nacionales y comunitarias de adoptar medidas que eviten que ese éxodo provoque la desaparición de numerosos núcleos rurales. El Plan de Recuperación: 130 frente al Reto Demográfico, aprobado por el Gobierno en 2021, incluye diez ejes estratégicos con un presupuesto de 13.000 millones de euros para revitalizar las zonas rurales. Entre sus objetivos están el impulso a la transición ecológica y digital, al desarrollo e innovación en el territorio, o al fomento del emprendimiento, entre otros.

Por su parte, el Pacto Rural adoptado por la Comisión Europea (CE) es una política dirigida a conseguir unas «zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040». Durante el período 2021-2027 se está centrando en cinco prioridades clave de inversión: una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; más verde y libre de carbono; con mayor conectividad, con redes estratégicas de transporte y digitales; y más social. También una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando estrategias de desarrollo dirigidas a nivel local y un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Teletrabajo. En España, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE correspondiente al segundo trimestre de 2024, un total de 3.150.000 personas trabajan en su domicilio particular, casi un 15% de la población activa. Estas cifras están por debajo de 2020, coincidiendo con el periodo del confinamiento por la pandemia, cuando teletrabajaba el 16,2% de los ocupados.

Dentro de la UE, estamos lejos de otros países donde el teletrabajo está más generalizado. En Europa teletrabaja, de media, el 9% de los trabajadores, siendo los países donde más expandida está esta práctica Finlandia (alcanzando un 22%) e Irlanda (con un 21%) así como Suecia y Bélgica (con un 14%) y Países Bajos, Luxemburgo y Alemania (con 13%), según datos de Eurostat de 2023.

Según una encuesta realizada por el portal de empleo InfoJobs, para los usuarios, las ventajas del teletrabajo son principalmente el tiempo ahorrado en los desplazamientos, la comodidad y la mejora de la conciliación. Los encuestados también destacan la flexibilidad que permite el teletrabajo (en un 47%), el ahorro de dinero en desplazamientos (en un 44%) o la posibilidad de trabajar desde otros lugares (con un 37%).

Reto demográfico. Mientras el campo siga siendo una opción más que una realidad, la densidad de población en las grandes ciudades y sus alrededores sigue aumentando. Se estima que el número de habitantes en la UE alcanzará su punto máximo en 2026 y que después disminuirá cada año hasta 2050. Esta proporción aumentará en las regiones predominantemente urbanas, con un porcentaje cada vez mayor de la población concentrada en estas regiones. La densidad de población en regiones urbanas aumentará en 16 de los 24 Estados miembros. Sólo en Suecia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda se prevé que aumente la densidad de población en las regiones rurales.

OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

The Conversation. Analiza el proceso de despoblación en España y la importancia de la conectividad física y digital.

Ethic. Radiografía de la evolución del teletrabajo en España y comparativa con los países de la Unión Europea.

El Orden Mundial. A partir de informes de la Comisión Europea, el reportaje aborda los cambios de población en las ciudades de la Unión Europea.

«¿Humo o escarcha?», por Casimiro García-Abadillo

EN PLENO DEBATE

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de El Independiente

“El teletrabajo es, sin duda, una herramienta para redistribuir a la población”

¿Humo o escarcha?

La densidad de población y la renta van de la mano. Si se comparan los datos entre comunidades autónomas, la fotografía muestra con crudeza ese paralelismo. La densidad de población de Extremadura (con datos de 2023) es de 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado; su renta -PIB por habitante- es la más baja de España, con 21.343 euros. Le siguen Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Estas cinco autonomías, que están entre las de menor renta, suponen más de la mitad del territorio.

La comunidad más poblada es Madrid, con 856 habitantes por kilómetro cuadrado, y su renta per cápita (38.435 euros) casi duplica a la de Extremadura.

La población se concentra en las ciudades y sólo un 13% vive en zonas rurales. Ese dato es coherente con los de población y renta. Esa es la realidad y tiene toda la lógica. La gente quiere vivir mejor y tener un futuro para sus hijos, lo cual significa buena calidad de la enseñanza, servicios públicos y oportunidades para lograr un empleo.

Luego está la ensoñación. Las ciudades implican tensión, angustia, contaminación, aglomeraciones, etc. Entre un atasco en una de las entradas a Madrid, Barcelona o Valencia a las ocho de la mañana, y la imagen idílica de un huerto y el trino de los pajarillos en los Montes de Toledo, la elección está clara. Pero, ¿quién está dispuesto a dejar su empleo para vivir del campo?

La visión naif de las zonas rurales es propia de urbanitas que creen que ir al campo consiste en pasar un fin de semana en una casa rural y admirar un rebaño de ovejas a la caída del sol.

La vida en el campo es muy dura. No sólo por el trabajo físico que conlleva, sino porque la rentabilidad de las explotaciones agrarias está siempre al albur de imponderables como la climatología, las plagas o vaivenes de precios en los que los pequeños agricultores no tienen ni arte ni parte. Por no hablar de las campañas que a menudo les demonizan. Como, por ejemplo, la que estuvo a punto de arruinar a los ganaderos cuando desde el Gobierno se patrocinó una ofensiva mediática contra la sana costumbre de comer carne de vez en cuando.

Por mucho que se empeñen algunos, será difícil que un número significativo de personas se vayan a vivir a las estepas de Teruel, zonas en las que incluso a veces no hay cobertura para el móvil, ni internet para poder trabajar. Los turolenses, como los extremeños o castellano leoneses, tienen todo el derecho del mundo a exigir escuelas, sanidad y oportunidades como los que viven en Madrid o en Barcelona, pero esa aspiración es una quimera, o lo que es peor, una reivindicación demagógica con fines espurios. Porque, nos guste o no, los servicios están en función de la población. Una gran empresa siempre preferirá instalarse en un gran núcleo urbano, bien comunicado por aeropuerto, puerto o carretera, con universidades de prestigio cercanas en las que nutrirse de profesionales, que apostar por una zona despoblada y carente de atractivo.

El teletrabajo es, sin duda, una herramienta para redistribuir a la población, pero lo que nos ha demostrado este fenómeno extendido tras el Covid es que los profesionales que pueden teletrabajar (que son una minoría) prefieren irse a la costa e instalarse en ciudades de tamaño medio bien comunicadas, con buen clima y vistas al mar.

 

LA POBLACIÓN SE CONCENTRA EN LAS CIUDADES Y SÓLO UN 13% VIVE EN ZONAS RURALES

 

De todas formas, la diferencia en la calidad de vida entre la ciudad y las zonas rurales se ha reducido mucho en los últimos años. España es una potencia en productos agrícolas y la ganadería ha ganado en productividad y en calidad. Castilla-La Mancha, por ejemplo, no es sólo la principal zona vinícola de Europa, sino que sus vinos se sitúan entre los mejores y más reconocidos a nivel internacional, compitiendo con denominaciones de origen tan afamadas como Rioja o Ribera. La industria alimentaria es el motor de la economía en Castilla y León. Extremadura ha hecho del turismo una recurrente fuente de ingresos, aprovechando sus parajes naturales únicos y la belleza de sus pueblos y ciudades.

Vivir en una de las regiones menos pobladas y con menor renta no es un drama. Pero, para seguir acortando distancias con las zonas de mayor densidad, hay que explotar los propios recursos utilizando tecnología punta. Es decir, generando riqueza.

Hay poblaciones de tamaño medio, como Talavera de la Reina, que han aumentado significativamente su población y su renta en los últimos cuarenta años. Es un modelo a seguir. Lo que no tiene sentido es reivindicar los núcleos pequeños y aislados.

En fin, todo tiene pros y contras. Nadie nos obliga a vivir en Madrid o en Barcelona. Desde luego, los precios de la vivienda son mucho más baratos en Huesca o en Albacete. Pero tenemos que elegir. Humo o escarcha. Esa es la cuestión.

Talento en fuga

XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas

ENCUENTROS

T E N E R I F E 2 0 2 4

XIX JORNADAS NOTARIALES IBEROAMERICANAS

“El Notariado es garante de la seguridad jurídica de un país”

Inauguración de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas.
De izda a dcha.: Manuel Pérez Caballer –secretario de la CAAm–, David Figueroa, Homero López Obando, José Ángel Martínez Sanchiz y Alfonso Cavallé.
Garantizar el acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la función notarial, contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos y articular acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar el envío de documentos notariales entre países con total seguridad fueron las principales conclusiones alcanzadas en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas.

Este encuentro -organizado por el Consejo General del Notariado (CGN), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL)- reunió a más de 200 juristas para debatir sobre el acceso a la Justicia y la función notarial, y la circulación de documentos notariales en el ámbito de Iberoamérica, en el marco de la gran cita de la Justicia iberoamericana que tuvo lugar en Guía de Isora (Tenerife) del 16 al 20 de septiembre.

En el acto de apertura, el presidente del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, hizo hincapié en la “gran oportunidad” que supone para el Notariado iberoamericano celebrar estas jornadas “en el marco de una cumbre jurídica de suma relevancia, que implica una posibilidad de encuentro entre los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a la ‘justicia de la normalidad’”.

Asimismo, el presidente del CGN subrayó la importancia de la actuación notarial para acercar el Derecho a los particulares, escuchar sus necesidades y darles cause a través del pacto. “Esa es la esencia de nuestra función: proporcionar a las personas un espacio de libertad y de justicia en un marco de seguridad y confianza. Aún más en el contexto actual -aseveró-, en el que sufrimos una auténtica inflación legislativa, tenemos la obligación de encauzar el sentir y la voluntad de las partes. Los tribunales están en una situación de infradotación, los procedimientos se alargan excesivamente y las decisiones no son justas porque llegan tarde, cuando ya se ha consumado la injusticia”.

También, sobre el documento notarial, Martínez Sanchiz añadió que “con él circulan las emociones, los pensamientos y las impresiones de las personas. Es un cauce para prestar nuestro servicio a las personas que tenemos delante y a las que se encuentran en otro continente; es una forma de reforzar esta comunidad iberoamericana, que debe ser testigo en el mundo de lo que constituye la mejor praxis de la seguridad jurídica”.

Libertad, justicia y seguridad.

Por su parte, Homero López Obando, presidente de la CAAm, reivindicó que “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Existen todavía algunas barreras comunes en el acceso a la justicia en Iberoamérica: la pobreza, la falta de servicios básicos de educación o sanidad, el acceso libre a la información, el desarrollo tecnológico y de las infraestructuras, o las diferencias entre entornos urbanos y rurales. Es nuestro deber atender estas cuestiones y caminar hacia la vanguardia para romper barreras y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin ningún tipo de discriminación”.

López Obando, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, hizo un llamamiento a “trabajar juntos para establecer acuerdos y modelos de gestión y servicio notarial comunes para que el documento notarial circule con igual validez entre países de Iberoamérica”, y abogó por consolidar la función notarial como un órgano auxiliar de la administración de Justicia: “El notario es la puerta de acceso a la Justicia para la ciudadanía en los asuntos no contenciosos. Nuestra labor es evitar conflictos, velar por los intereses de las partes, proteger los derechos de las personas y amparar, especialmente, a aquellas en situación de vulnerabilidad”, concluyó.

José Ángel Martínez Sanchiz: “La actuación notarial es fundamental para acercar el Derecho a los particulares, escuchar sus necesidades y darles cause a través del pacto”

Homero López Obando: “El notario es la puerta de acceso a la Justicia para la ciudadanía en los asuntos no contenciosos”

Circulación de documentos notariales.

Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, delegado del CGN para América y coordinador del tema La circulación de documentos notariales en el ámbito de Iberoamérica, puso en valor los avances del Notariado español en cuanto a la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales, “que se ha podido llevar a cabo gracias a un paso fundamental: la creación del protocolo electrónico notarial”.

En lo que respecta a los documentos públicos, Cavallé afirmó que “deben traspasar fronteras con total seguridad y validez” para poder dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países. “Nuestra función más importante es generar confianza en el tráfico jurídico -prosiguió- y una de las características fundamentales del documento notarial es su reconocibilidad. Gracias al sistema Iberfides podemos solventar las dificultades que plantea el tránsito de documentos notariales, con sus costes económicos y de infraestructura”. Esta plataforma, desarrollada por el Centro Tecnológico del Notariado español, permite el envío de documentación entre las instituciones notariales de distintos países mediante un proceso totalmente seguro, garantizando al notario del país de destino la validez del documento, y está ya en funcionamiento en Bolivia y Santo Tomé y Príncipe.

También el Notariado español ha puesto en marcha la plataforma Iber@, que pone en contacto a los operadores de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, sobre la que Cavallé apuntó que “es una herramienta esencial para la colaboración entre jueces, fiscales y autoridades judiciales”.

Función notarial y acceso a la justicia.

El mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “una sociedad que se construye sobre la judicialización de los conflictos es una sociedad donde la administracion de la Justicia resulta onerosa y poco accesible para gran parte de la población, que no cuenta con los recursos necesarios. Resulta más eficiente el acceso a la justicia a través de instituciones como el Notariado, profesionales del derecho titulares de una función pública, cuya intervención en actos no contenciosos confiere al usuario seguridad jurídica y permite desjudicializar el servicio público de Justicia”.

Durante la conclusión de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, los notarios y representantes de los órganos jurídicos iberoamericanos congregados coincidieron en la necesidad de unificar criterios, fomentar la formación y capacitación profesional del cuerpo notarial, proteger los derechos de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad e impulsar el papel mediador del notario.

Finalmente, en este sentido, David Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas, puesto que en su interpretación de la Ley llega a menudo a identificar nuevos supuestos y su actuación es- en cierta medida- creativa”. Y abogó por la actuación de mediación notarial, en la medida en que “se convierte en una alternativa eficaz de solución para la resolución de controversias y conflictos”.

112ª Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la UINL

ENCUENTROS

COMISIÓN DE ASUNTOS AMERICANOS | UINL

Representantes de la UINL y la CAAm junto a los presidentes de los Notariados iberoamericanos.

La CAAm celebra su 112ª Sesión Plenaria

De izda. a dcha.: Dilshod Ashurov, Dennis Martínez Colón, Homero López Obando y José Ángel Martínez Sanchiz.
La Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL) se reunió los días 16 y 17 de septiembre en Guía de Isora (Tenerife) para celebrar su 112ª Sesión Plenaria, en el marco de la gran cita de la Justicia iberoamericana organizada por el Notariado español y la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB).

El presidente del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, inauguró el encuentro y dio la bienvenida a los representantes de los 16 notariados asistentes -de los 22 que conforman la CAAm-: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

“Es un honor recibir aquí a todos los notarios que formamos parte de la comunidad iberoamericana. Además de la profesión, compartimos una cultura, un ideario y un sentimiento que nos une. Estas reuniones sirven para alimentar no solo los sentimientos de justicia que gobiernan nuestra comunidad, sino la hermandad que todos nosotros compartimos”, señaló el presidente del Notariado español.

Martínez Sanchiz recalcó en su discurso la importancia de la función notarial para “dotar a la persona de un espacio de libertad y justicia, en un marco de seguridad que resulta fundamental para el ejercicio de sus derechos como persona y el reconocimiento de su dignidad”. Y manifestó que “resulta idóneo celebrar esta sesión plenaria dentro de la macrocumbre jurídica de Tenerife”, que reunió a ministros, magistrados, jueces, fiscales y notarios de la comunidad hispanohablante y de lengua portuguesa.

España recibe a América. “Esta semana Tenerife se convierte en la capital del Notariado iberoamericano”, aplaudió el puertorriqueño Dennis Martínez Colón, vicepresidente para América del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado. En su discurso inaugural, Martínez Colón agradeció el apoyo y la cooperación del Notariado español, particularmente en el desarrollo de proyectos transnacionales, y destacó el papel de América, “que se mantiene activa y pujante en todos los temas que afectan a nuestra profesión”.

El representante de la UINL esbozó algunos de los retos que enfrenta el Notariado a nivel internacional: “Debemos aprovechar los avances de la tecnología como herramienta de apoyo para la actividad notarial; servir a la sociedad como vía de acceso a la justicia; buscar mecanismos para que los documentos notariales tengan efectos transfronterizos; promover la protección de los derechos humanos en defensa de las personas vulnerables; y cumplir con la ética profesional en el desarrollo de nuestra función”.

Martínez Colón hizo también balance de la legislatura actual, bajo la presidencia del francés Lionel Galliez, y avanzó que seguirán trabajando en “la defensa y fortalecimiento del modelo notarial de tradición civil, la ampliación de las competencias notariales en asuntos no contenciosos y el establecimiento de una base doctrinal común para los países miembros de la Unión”.

Agentes esenciales de la seguridad jurídica. Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, Homero López Obando, señaló la importancia de “evaluar los avances y los resultados de los proyectos que llevan a cabo las comisiones especializadas que integran la CAAm, compartir las experiencias y aprendizajes”. El presidente expresó que “la confianza y la lealtad son imprescindibles para la convivencia humana; y son también los elementos básicos del servicio que prestamos los notarios” e hizo un llamamiento a seguir trabajando de manera conjunta.

“Ninguno de los notariados de América y España somos ajenos a las transformaciones de nuestra profesión. Estamos llamados a intervenir y participar como agentes directos en la resolución de conflictos y enfrentar los retos que impone la administración pública, los sistemas de justicia y la sociedad misma”, concluyó.

Como invitado especial también participó el presidente de la Comisión Asuntos Asiáticos (CAAs) de la UINL y del Notariado de Uzbekistán, Dilshod Ashurov, quien hizo un repaso de los acuerdos alcanzados en la Sesión Plenaria de la CAAs, celebrada días atrás en la ciudad uzbeka de Samarkand. Sobre los encuentros de Tenerife, Ashurov apuntó que “las discusiones sobre la seguridad y la digitalización notarial, el acceso a la justicia o las relaciones jurídicas transnacionales de estas sesiones son de particular importancia para el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y la protección de los derechos de los ciudadanos iberoamericanos”.

Informe de actividad de la CAAm. En la sesión plenaria, la tesorera de la CAAm, la notaria boliviana Roxana Hamel, fue la encargada de presentar el informe económico del semestre y, el presidente, Homero López Obando, dio cuenta de las actividades realizadas por la Comisión desde el inicio de la legislatura 2023-2025: “Ya hemos cumplido con el 75% u 80% de las actividades previstas”, afirmó.

Homero López destacó particularmente el curso de capacitación realizado en colaboración con la Comisión de Mediación, a través de la plataforma de la Academia Notarial Americana, que consiguió reunir a un total de 1.570 notarios. “Los 50 vídeos que componen el programa de este curso se entregarán a la UINL para su uso formativo en el resto de continentes”, apuntó, y adelantó la intención de celebrar próximas actividades formativas en materia de jurisdicción voluntaria o actos no contenciosos.

Asimismo, avanzó que la CAAm ya está trabajando adicionalmente para estandarizar y archivar de forma permanente los informes que presentan en estas sesiones las distintas subcomisiones del organismo; y anunció que la 113ª Sesión Plenaria de la CAAm se celebrará del 4 al 6 de abril de 2025 en Montevideo (Uruguay).

Tras su intervención prosiguieron las presentaciones de los informes de situación de cada uno de los países miembros y de los trabajos desarrollados por las subcomisiones de la CAAm, cuyas principales conclusiones se recogen en las siguientes páginas.

De izda. a dcha.: Manuel Pérez Caballer –secretario de la CAAm–, Alfonso Cavallé, Homero López Obando, José Marqueño y José Ángel Martínez Sanchiz.
Entrega de condecoraciones

En el encuentro, la Comisión de Asuntos Americanos de la UINL hizo entrega de sendos reconocimientos a los notarios españoles Isidoro Lora Tamayo, José Manuel García Collantes, José Ignacio González Álvarez, José Marqueño de Llano, Alfonso Cavallé y José Ángel Martínez Sanchiz. “Estas condecoraciones son un reconocimiento a su apoyo al notariado de América, su desarrollo de la labor notarial y su contribución al fortalecimiento de la Comisión de Asuntos Americanos”, subrayó López Obando.

En sus palabras de agradecimiento, José Ángel Martínez Sanchiz reiteró su “compromiso para seguir apoyando a la Unión Internacional del Notariado y, de manera especial, a los notariados de América y a la Comisión de Asuntos Americanos”. También José Marqueño, expresidente del Consejo General del Notariado y de la UINL, agradeció esta distinción y se dirigió a los presentes: “Tienen en sus manos un preciado tesoro y la obligación de trabajar para dejar a los que vengan un Notariado mejor que el que ustedes conocieron”.

Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y delegado del Notariado español para América, agradeció también esta condecoración y dedicó unas palabras en nombre de Isidoro Lora-Tamayo: “Hemos caminado juntos para ser un Notariado más fiel a nuestras comunes raíces, que supiera adaptarse a los cambios que la realidad nos impone”.

Dennis Martínez Colón, vicepresidente de la UINL para América del Norte, Central y el Caribe – Copy

ENTREVISTAS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Dennis Martínez Colón,

vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Central y el Caribe.

Dennis Martínez Colón, vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Central y el Caribe.
En el año 2001, su primera sesión de trabajo en las comisiones de la Unión Internacional del Notariado (UINL) le llevó hasta Tegucigalpa (Honduras). Más de dos décadas después, el puertorriqueño Dennis Martínez Colón ha sido vicepresidente de la UINL para América del Norte, Central y el Caribe en cuatro legislaturas, hoy con Lionel Galliez al frente de la institución.

Hablamos con el notario de Puerto Rico sobre la institución y su Comisión de Asuntos Americanos (CAAm), que organizó su 112ª Sesión Plenaria y las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, en el marco de la gran cita de la Justicia de Tenerife que tuvo lugar del 16 al 20 de septiembre, en colaboración con el Consejo General del Notariado español y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

¿Qué estructura tiene y cómo trabaja la UINL?

Dieciocho países fundaron la Unión Internacional del Notariado el 2 de octubre de 1948 en Argentina -entre ellos mi país, Puerto Rico-. Hoy la Unión es un organismo no gubernamental profesional que agrupa a 91 países de todo el planeta. Tiene tres niveles de organización: la Asamblea General de los Notariados miembros, el Consejo General y el Consejo de Dirección. Este último está conformado por 29 miembros, incluyendo al presidente y sus cinco vicepresidentes continentales, para América -Norte y Sur-, Europa, África y Asia. Cada región tiene a su vez una comisión de trabajo, en nuestro caso la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm), que cuenta con 11 subcomisiones que nacen y mueren según las necesidades. Las conclusiones de cada subcomisión se presentan en sesión plenaria y -en nuestro caso- la CAAm las refiere al presidente, que se las traslada al Consejo Directivo, al Consejo General y, en última instancia, a la Asamblea, donde los países votan si se convierte en un mandato internacional.

 

“EN EL ÁMBITO DIGITAL TOMAMOS COMO REFERENCIA EL CASO DE ESPAÑA. ADMIRAMOS Y RECONOCEMOS LA EFICIENCIA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL NOTARIADO Y LA EXPERIENCIA DE NOTARIADO ESPAÑOL”

 

Tras más de una década como vicepresidente de la UINL, ¿qué balance hace del camino recorrido?

Al inicio era una organización más sencilla donde las decisiones se tomaban en los coffee break. Ahora es más complejo llegar a un consenso de los 91 países, cada uno con sus diferentes puntos de vista. También los asuntos a abordar han ido cambiando de una forma sustancial. Por ejemplo, en cuanto a los retos que impone la tecnología. En algunas entrevistas me han tratado de frente que la labor del notario la puede hacer la tecnología blockchain. Que yo no quiero la transparencia, la diligencia o reducir el costo. Y respondo: ¿y usted no quiere la seguridad, la confianza, la identidad y que la voluntad quede protegida? Tiene que haber un balance de las dos cosas.

Hay muchas y muy variadas experiencias en el ámbito digital y, particularmente, tomamos como referencia el caso de España. Admiramos y reconocemos la eficiencia del Centro Tecnológico del Notariado y la experiencia del Notariado español, que nos trae acá y nos apoya. También en América, el Notariado de Brasil ha tenido unos adelantos tecnológicos espectaculares; allá, ahora mismo, el 100% del trabajo notarial es remoto. O el Notariado de Quebec, que fue pionero lanzando esa función telemática en pandemia. Me inspira además mucha curiosidad el caso de Francia, que cuenta con un Protocolo Notarial Electrónico y la autorización digital, aunque no remota: el ciudadano tiene que acudir de forma presencial a la notaría, pero toda la transmisión de documentación es electrónica.

 

“ES SUMAMENTE IMPORTANTE APLICAR LO DISPUESTO POR LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL NOTARIADO, Y ESPAÑA, YA ESTÁN EN ELLO”

 

Las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas convocan a 22 países para debatir sobre circulación de documentos notariales y el acceso a la Justicia, temas de suma relevancia…

En 2006, la Unión Internacional del Notariado aprobó 19 principios fundamentales y uno de ellos es la libre circulación del documento notarial. Si todos tenemos los mismos principios, no debería haber razón por la que un documento elaborado en cumplimiento con esas premisas no pueda ser usado como instrumento válido para una transacción en otro país.

Por otro lado, hace ya años que en una de las reuniones de la COMJIB les presentamos a los ministros de Justicia una propuesta: el notario es acceso a la justicia. Todos los temas de los ministros giraban en torno a la justicia remedial, las cárceles, la fiscalía, la rehabilitación… Nosotros nos presentamos como una justicia preventiva, donde la persona puede acudir a un profesional imparcial, capacitado y accesible, en la primera línea de pelea, versus una justicia que no envuelva al notario, donde uno gana, otro pierde y la administración de Justicia le cuesta dinero al Estado.

En este gran encuentro jurídico, el Notariado, junto a ministros, fiscales, magistrados e instituciones, como agente fundamental de la justicia preventiva…

Nuestra labor en la notaría es parte de un engranaje mucho más grande. Por ejemplo, si hablamos de la incorporación de la tecnología, tenemos que hablar del Índice Notarial Informatizado, al que se accede para detectar operaciones sospechosas y delitos de fraude o blanqueo de capitales. En España no se concibe que haya una operación comercial sin que la información entre a la base de datos centralizada; es decir, el notario está dando evidencias con el documento notarial.

Por último, a futuro, ¿qué senda deben seguir la UINL y el Notariado internacional?

Veo a la Unión defendiendo la intervención del notario como una persona de confianza, en el centro de la cadena en favor de la sociedad y la comunidad: si hay confianza hay inversión; si hay inversión hay progreso y si hay progreso hay paz. Debemos seguir divulgando los beneficios que da la seguridad jurídica preventiva, frente a la seguridad únicamente tecnológica que pueden dar ciertos sistemas. Afrontar los retos y convencer del valor que la intervención del notario añade a una transacción. Nuestra función sigue siendo esencial.

Hay otro tema que para mí es sumamente importante: la protección de los derechos humanos y, especialmente, la aplicación de lo dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Incorporar la determinación de que la discapacidad y la tutela se da solamente en casos extremos. Así, el notario queda como el proveedor de los apoyos que la ley estipule para que la voluntad de la persona se cumpla. El Notariado, y España, ya están en ello, siguiendo la estela de Perú, que lo hizo primero en América.