Una reforma para afianzar la economía social

DEBATE PARLAMENTARIO

UNA REFORMA PARA AFIANZAR LA ECONOMÍA SOCIAL

El contrato de transición al trabajo ordinario permitirá la integración al mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
La economía social sostiene en España cerca de 2,2 millones de empleos y aglutina a más de 43.000 empresas y entidades. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que reforma el marco normativo de este sector con el fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias económicas y sociales.
ELVIRA ARROYO

La economía social (ES) engloba las actividades económicas y empresariales que, desde el ámbito privado, llevan a cabo entidades que ponen a las personas y el interés colectivo en el centro de su actividad. El creciente protagonismo de la ES en el tejido productivo español ha puesto de manifiesto la necesidad de favorecer su desarrollo con la actualización de la legislación vigente. Con este objetivo ha llegado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones del sector.

 

EL CRECIENTE PROTAGONISMO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL REQUIERE FAVORECER SU DESARROLLO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

 

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) señala que este proyecto de ley fortalecerá aún más este modelo empresarial, que está en auge tanto en España como a escala internacional, a la vez que reforzará la creación de empleo estable e inclusivo.

Esta ley se alinea también con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que pretende incrementar el impacto social de estas organizaciones en la Unión Europea.

Cooperativas. El texto que se debate en el Parlamento modifica tres leyes: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley de la Economía Social.

En lo relativo a las cooperativas, el modelo de economía social con más arraigo, la nueva regulación adapta su funcionamiento interno a las formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías. En adelante, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios. Esta web deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas.

También se evitará el uso abusivo de las cooperativas, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista igual o superior al 75%, lo cual sería motivo de descalificación. El objetivo es «expulsar a aquellas empresas que cometan fraude para eludir las normas del derecho laboral español», ha explicado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social.

A la vez, se potencia el principio de igualdad con la creación de una comisión sobre esta materia en las cooperativas que cuenten con 50 o más socios, o en aquellas que no lleguen a tal número, si así lo acuerda el Consejo Rector. Dicha comisión estará constituida como mínimo por tres personas socias, siendo siempre un número impar.

 

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN ACOMPAÑARÁN TAMBIÉN A COLECTIVOS COMO LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O LAS PERSONAS SIN HOGAR

 

Inserción. El artículo segundo del proyecto de Ley Integral de Economía Social recoge las modificaciones de la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Se incluyen en este grupo nuevos colectivos como las personas sin hogar, los desempleados de larga duración, las mujeres víctimas de violencia de género y los jóvenes en riesgo de exclusión. También serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que, aun trabajando, no tienen garantizados ingresos suficientes.

 

SE EVITARÁ EL USO ABUSIVO DE LAS COOPERATIVAS DESCALIFICANDO A AQUELLAS QUE COMETAN FRAUDE PARA ELUDIR LAS NORMAS DEL DERECHO LABORAL ESPAÑOL

 

Se introduce una definición de empresa de inserción más coherente con sus fines, con ajustes en su funcionamiento interno que garanticen la contratación indefinida en empresas ordinarias. Asimismo, se crea un contrato de transición al trabajo ordinario para que, cuando la persona esté preparada, se integre en el mercado laboral ordinario. La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.

CEPES ha valorado positivamente la inclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro de las entidades de la economía social, un reconocimiento que pone en valor su papel como agentes de cambio y cohesión social.

Finalmente, se reforma la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social con el fin de clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. El ministerio competente realizará y mantendrá al día un Catálogo de Entidades de Economía Social que recogerá los tipos de entidades reconocidas y otras que puedan sumarse. Este catálogo será público y se gestionará de forma telemática.

Las plazas vacantes para el personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo del ejercicio en que se produce su nombramiento.
Entidades que forman parte de la economía social
  • Cooperativas: Empresas gestionadas democráticamente por sus socios, que participan en la toma de decisiones.
  • Mutualidades: Asociaciones que proporcionan servicios de previsión social a sus miembros.
  • Fundaciones y asociaciones: Entidades no lucrativas orientadas a resolver necesidades sociales específicas.
  • Sociedades laborales: Organizaciones donde los trabajadores poseen la mayoría del capital social.
  • Empresas de inserción: Sociedades mercantiles o cooperativas que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad a conseguir un empleo y a integrarse socialmente.
  • Centros especiales de empleo de iniciativa social: Empresas que dan empleo remunerado a personas con discapacidad.
  • Cofradías de pescadores: Corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro que representan los intereses del sector pesquero y actúan como órganos de consulta y colaboración con las Administraciones públicas.
  • Sociedades agrarias de transformación. Sociedades civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales.
  • Empresas sociales: Negocios cuya finalidad principal es el impacto social o ambiental positivo.
  • Entidades singulares creadas por normas específicas
Principios fundamentales de la economía social
  • Primacía de las personas y el objetivo social sobre el capital.
  • Gestión democrática y participativa.
  • Solidaridad y cohesión social: Se fomenta la inclusión de colectivos vulnerables y la igualdad de oportunidades.
  • Compromiso con el territorio: Contribuye al desarrollo local.
  • Reinversión de beneficios: Los excedentes se reinvierten en la entidad o en proyectos sociales.
Los grupos parlamentarios opinan*

VERÓNICA BARBERO

Diputada por Pontevedra

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

X: @m_barbero

Mail: [email protected]

“Fortalecerá la economía social en toda su diversidad”

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social actualiza la arquitectura jurídica de nuestro país para estar a la altura de un modelo económico que representa el 10% de nuestro PIB y da empleo a más de 2,2 millones de personas.

Es el resultado de 5 años de trabajo conjunto con el sector y diálogo con organismos internacionales. Cooperativas, mutualidades, empresas de inserción o centros especiales de empleo son parte esencial de nuestro tejido productivo: más de 43.000 empresas que combinan competitividad, democracia y arraigo territorial.

Esta ley fortalecerá la economía social en toda su diversidad, un sector clave en las necesarias transiciones verde y digital y la sitúa en el centro de la acción política avanzando hacia un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible.

MARTA TRENZANO

Diputada por Valencia y portavoz de Economía Social

Grupo Parlamentario Socialista

X: @martatrenzano

Mail: [email protected]

“Reconoce la economía social como un pilar estratégico de la economía de nuestro país”

El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en tramitación en el Congreso, representa un hito fundamental en la promoción de un modelo económico justo, inclusivo y sostenible. Esta iniciativa, fruto del consenso con diversos actores del sector, busca fortalecer las empresas de economía social que, más allá de la maximización del beneficio, priorizan el bienestar de las personas y la cohesión social.

Entre sus innovaciones, destaca el reconocimiento de la economía social como un pilar estratégico de la economía de nuestro país, fomentando el acceso a recursos y el impulso de políticas públicas eficientes. Además, se establecen medidas para facilitar la creación y financiación de cooperativas y asociaciones, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. En un contexto donde la economía social cobra relevancia, esta ley se erige como un referente en la construcción de un futuro más justo y equitativo, asegurando que el progreso económico vaya de la mano de la justicia social.

*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han decidido participar.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

¿Sigue defendiendo Europa la transición verde?

ÁMBITO EUROPEO

¿SIGUE DEFENDIENDO EUROPA

LA TRANSICIÓN VERDE?

La Comisión Europea ha creado dudas e inquietud entre los expertos sobre su compromiso con la transición verde después lanzar unos grandes paquetes de reformas legales llamados Ómnibus 1 y Ómnibus 2, que aspiran a reducir los requisitos que tienen que cumplir las empresas en áreas como la sostenibilidad o la diligencia debida.
GONZALO TOCA

La Comisión Europea ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha hablado alto y claro. Según su propia versión, se propone “llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, logrando una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y de al menos un 35% para las pymes antes de que finalice el mandato”. Hablamos, reconoce Bruselas, de “una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la Unión Europea”.

 

LA COMISIÓN EUROPEA SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESFUERZO DE SIMPLIFICACIÓN SIN PRECEDENTES, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 25% DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

 

Equilibro adecuado. Ahora, algunas de las regulaciones sucesivas que impulsaron las autoridades comunitarias en los últimos tres años se consideran unas “normas solapadas, superfluas o desproporcionadas que están creando una carga innecesaria para las empresas”. Y el motivo es que no contribuyen, según la Comisión, a un “equilibrio adecuado” entre las recientes exigencias en transparencia y sostenibilidad y las necesidades empresariales de “crecer, crear puestos de trabajo de calidad, atraer inversiones, obtener los fondos necesarios para la transición hacia una economía más sostenible y ayudar a la UE a cumplir los ambiciosos objetivos del Pacto Verde”.

Para los expertos consultados, el notable abanico de reformas incluidas en los paquetes legislativos Ómnibus 1 y Ómnibus 2 de la Comisión afectan, principalmente, a dos grandes normas: la Directiva CSRD (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, estrechamente relacionada con el reporte de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas; y la Directiva CS3D (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, que se ocupa de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que, si los cambios legislativos propuestos llegan a buen puerto, “entonces solo van a tener que presentar informes de sostenibilidad las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual que supere los 50 millones de euros”. Además, sigue, “incluso para esas grandes empresas, que no representan ni al 30% del total de las compañías, se retrasan dos años los requisitos de presentación de informes y se flexibilizan los estándares sectoriales obligatorios”.

Para Izabel Rigo, subdirectora del área de Derecho Público y Coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de la Rioja, el segundo aspecto más destacable de la reforma que intenta la Comisión Europea impacta de lleno en la “diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad”.

 

EL AVANCE HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE VE AHORA MATIZADO Y COMPENSADO POR LAS NECESIDADES DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

Investigar e informar. La diligencia debida obligaba a los negocios a investigar e informar sobre el cumplimiento o quebranto de las normas sobre riesgos ambientales y sociales de sus principales socios comerciales. Estos riesgos incluían un amplio espectro que iba desde el quebranto de leyes medioambientales al abuso de derechos humanos o laborales.

Izabel Rigo considera que la Comisión intenta ahora que las empresas solo investiguen e informen sobre “sus socios comerciales directos”, que no son otros que los del “primer nivel de la cadena de valor”. De este modo, sigue la experta, “no se tiene en cuenta que los mayores abusos —como violaciones de derechos humanos, explotación laboral o daños ambientales— suelen ocurrir precisamente en los niveles más bajos [y alejados] de la cadena… y en ámbitos como la extracción de materias primas o la subcontratación de mano de obra”.

Para Antoni Pigrau, Bruselas “ha vuelto a demostrar un cambio de sensibilidad que ya se estaba viendo venir en los últimos meses en cuestiones como el reglamento de deforestación o en el reporte del trabajo forzoso”. Y el principal motivo, sigue, “ha sido la presión que han ejercido las grandes corporaciones en Bruselas”, que han conseguido que el avance hacia la transición ecológica se vea ahora matizado y compensado por las necesidades de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

Por su parte, Izabel Rigo, confirma que “este giro no ocurre en el vacío”, porque “en febrero de 2024, 73 líderes de grandes sectores industriales —como la energía, la automoción o la minería— entregaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En ella pedían regulaciones más flexibles y menos burocracia, alegando que las normas actuales estaban lastrando la competitividad europea”.

A esto se suma, sigue la experta, “el Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por el ex presidente del BCE, Mario Draghi. El informe, solicitado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, propone una nueva estrategia para impulsar la economía de la UE y una de sus claves es simplificar y armonizar la regulación para facilitar el crecimiento empresarial y eliminar obstáculos dentro del mercado único”.

 

73 LÍDERES DE GRANDES SECTORES PIDIERON
REGULACIONES MÁS FLEXIBLES Y MENOS BUROCRACIA, ALEGANDO QUE LAS NORMAS ESTABAN LASTRANDO LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

 

Pragmatismo. A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos como Antoni Pigrau o Izabel Rigo, la línea oficial de la Comisión es que “en Europa, la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”, porque “las empresas apoyan nuestros objetivos del Pacto Verde, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos”.

Bruselas reconoce que ha tomado buena nota de “las preocupaciones de las partes interesadas”, que consideran no solo que “algunas normas de presentación de informes de sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar”, sino que además “su utilidad es limitada para los inversores… lo que obstaculiza la competitividad de la UE y su impulso a la inversión”.

Por otra parte, la Comisión Europea sostiene que lo único que está haciendo es reducir burocracia innecesaria. Así, Bruselas espera que si se aplican las medidas que propone, estas podrían suponer “un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y la movilización de una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros”.

Así, zanja la Comisión, “al facilitar la vida de las empresas europeas y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, animar las inversiones y, en última instancia, permitir que las empresas adopten la transición hacia una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática”. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son “adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas”.

Como se ve, la Comisión y sus escépticos se enfrentan a un espinoso debate que, además, deberá desarrollarse, desgraciadamente, en medio de la espectacular crisis arancelaria y geopolítica que ha provocado el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál será el resultado?

Europa opina

Para José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, “todas las iniciativas de la Comisión Europea en materia de simplificación y paquetes ómnibus parecen realmente sustantivas y van en la dirección correcta”. Mientras tanto, Lara Wolters, vicepresidenta del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, cree que “eliminar la responsabilidad de las normas de diligencia debida no ayuda a las empresas, sino que complica las cosas para las víctimas de la explotación laboral y es una obstrucción a la justicia y una burla para la legislación de la UE”.

Ómnibus: un instrumento controvertido
Para Izabel Rigo Portocarrero, de la Universidad Internacional de la Rioja, “la Comisión ha elegido el formato ómnibus para su nueva regulación porque le permite presentar al Consejo y al Parlamento una propuesta de modificación de las normativas mencionadas al mismo tiempo, sin tener que abrir una reforma completa de cada ley por separado”. Eso puede ser eficiente, apunta, “pero también genera preocupación cuando los cambios se hacen sin suficiente debate público o participación de la sociedad civil”.
Es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas.
El Parlamento europeo apoya (por ahora) a la Comisión
En abril, el Parlamento Europeo votó a favor de posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad. Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión, que forma parte de los esfuerzos de simplificación administrativa expresados en sus paquetes Ómnibus 1 y Ómnibus 2. Las empresas más grandes tendrán un año más para prepararse para las nuevas reglas de diligencia debida y algunas dispondrán de dos años adicionales para la elaboración de informes de sostenibilidad.

“El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea”, por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“Todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación"

El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

«La incierta autonomía estratégica de Europa»

Guerra arancelaria: historia y enseñanzas

ALDEA GLOBAL

GUERRA ARANCELARIA: HISTORIA Y ENSEÑANZAS

La historia nos ha demostrado, en más de una ocasión, que nunca ha sido buena idea repetir acciones cuyas consecuencias fueron fracasos y menos en materia macroeconómica. La tentación puede ser pensar que las circunstancias en que se llevaron a cabo aquellos movimientos con final caótico son distintas de las que nos rodean años más tarde. Esto, en el mejor de los casos, porque en el peor, personalismos, egocentrismos e ideologías un tanto obtusas acaban nublando las mentes de los tomadores de decisiones, hasta el punto de no dejarles ver el pasado; el suyo propio, incluso.
MELCHOR DEL VALLE
El actual caos económico en el mundo (ilustración generada por IA).

HEMOS PEDIDO A DOS PROGRAMAS DE IA GENERATIVA QUE ILUSTREN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS GLOBALES EN LA ACTUALIDAD. LOS RESULTADOS NO PUEDEN SER MÁS DESALENTADORES

Hay quien mantiene que nuestra civilización no habría tenido lugar si no hubiese mediado el comercio o, si se prefiere, el intercambio de unas mercancías por otras, primero, y el de productos por monedas, después. A partir del neolítico, al menos, el necesario desplazamiento de los primeros vendedores hacia los territorios de sus clientes, o de los compradores hacia los de sus proveedores, fue también el vehículo de intercambio de técnicas, descubrimientos, actitudes sociales… y seguramente también de momentos de reposo compartiendo genes, lo cual fue más que imprescindible para evitar los inconvenientes de la endogamia. Poco a poco, con camellos, a caballo o en barcos, las grandes rutas de comercio internacional se instalaron en nuestras vidas. Y así viene siendo con más sobresaltos que alegrías, porque las políticas de los Estados en ese terreno han transitado del liberalismo al proteccionismo y viceversa; y ambas corrientes han dejado sus enseñanzas.

 

EN 1930 SE PROMULGÓ LA LEY ARANCELARIA SMOOT-HAWLEY QUE AFECTÓ A MÁS DE 20.000 PRODUCTOS CON UNA MEDIA DEL 40% DE TASAS

 

La Belle Époque. Podemos tomar como referencia, por no ir más lejos, la segunda revolución industrial, cuyo inicio se fecha, aproximadamente, en 1870 y termina en 1914. Aquellos fueron los tiempos del ‘patrón oro’, como solución al cambio de divisas, de nuevas fuentes de energía (gas, electricidad), de modernos materiales (acero), de métodos de transporte novedosos (automóvil, avión, ferrocarril con máquinas de vapor) y del inicio de las telecomunicaciones (radio, telégrafo). Unos y otros factores contribuyen a un notable crecimiento económico y a un incremento del 5% anual en el comercio mundial.

Nos situamos, pues, en una primera globalización, con intercambios comerciales casi sin cortapisas, a los que se puede añadir un creciente movimiento de capitales, grandes migraciones y un destacado periodo de paz. Alguien denominó ese lapso como La Belle Époque y la economía iba viento en popa… Pero el declive de Reino Unido como potencia de referencia dio una oportunidad a Estados Unidos y a Alemania, que optaron por el proteccionismo e iniciaron una competición arancelaria. Ese nacionalismo económico trajo a esos países algunos efectos positivos, cómo no, a muy corto plazo, pero muchos negativos; el principal, por el coste de vidas y recursos, afectó también a muchos más: la Primera Guerra Mundial.

Los felices años veinte. Nos situamos en el periodo entre guerras y nos fijamos en tramo entre 1919 y 1929. Las crónicas de la economía nos hablan de una bonanza económica nunca vista. Había que reconstruir un mundo que acababa de salir de una guerra. EE.UU. recibía pagos por las deudas que habían contraído países como Reino Unido y por la venta de productos que la vieja Europa no estaba en disposición de fabricar. Con más demanda que oferta en el país americano, no tarda en producirse un incremento de precios que lleva, sobre todo, a los consumidores estadounidenses a comprar a crédito por encima de sus posibilidades. Las aparentes posibilidades de negocio invitan a la inversión, también a crédito a veces, lo que da lugar a la burbuja financiera que trajo consigo el Martes Negro (29 de octubre de 1929) y el inicio de la Gran Depresión.

En un intento de proteger, inicialmente, a los agricultores estadounidenses, se promulga la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), que afectó, a la postre, a más de 20.000 productos con una media del 40% de tasas, que en algunos casos fueron del 100%. Esto no solo fue ineficaz, sino que generó el consiguiente caos en el comercio internacional. Países como Canadá, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido aplicaron como respuesta sus propios aranceles a productos made in USA. El resultado fue que la cooperación internacional se debilitó, con unos datos escalofriantes que muestran la realidad de estos gestos de nacionalismo económico: las exportaciones estadounidenses cayeron un 61% en el siguiente trienio y el comercio mundial se contrajo más de un 60%. Si añadimos a los problemas económicos las tensiones geopolíticas, queda servido el caldo de cultivo perfecto para el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Abandono del proteccionismo. Afortunadamente, no toda política de nacionalismo económico acaba en guerra, aunque sus efectos a medio y largo plazo nunca han sido positivos. Incluso tenemos ejemplos, como el de India, de qué sucede si se abandona. Hasta las reformas económicas que emprendió en la última década del pasado siglo, el país se enfrentaba a una más que segura situación de quiebra. Pero el cambio de políticas trajo consigo la reducción o supresión de los aranceles proteccionistas y la eliminación de las licencias de importación para la mayoría de los bienes, así como de restricciones a la inversión extranjera, entre otras cosas. Algo más de tres décadas después de haber salido del aislamiento proteccionista, ya es un actor económico mundial, miembro de G20 y de los BRICS, que solo ha registrado una pequeña recesión en 2020 (pandemia) y que atrae un importante volumen de inversión extranjera directa. Su PIB per cápita ha pasado de los 302,88 USD en 1993, con 926,3 millones de habitantes, a los 2.480,79 USD en 2023, con 1.438 millones.

Camino hacia el declive. Volvemos a lo que decíamos al principio y que resume la frase de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Bueno, sí: la idea tiene muchos padres, tales como Orwell, Churchil…, aunque el filósofo español afincado en EE. UU. y educado en Harvard parece que fue el primero en expresarlo. Y esto nos lleva, por compañerismo universitario, a Dani Rodrik, profesor de la Cátedra Ford Foundation de Economía Política Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Podemos recordar de él que es crítico con la hiperglobalización. Lo justifica diciendo que “el libre comercio sin restricciones ha provocado sensación de desconexión entre la gente común y las élites políticas”.

 

ALGO MÁS DE TRES DÉCADAS DESPUÉS DE HABER SALIDO DEL AISLAMIENTO PROTECCIONISTA, INDIA YA ES UN ACTOR ECONÓMICO MUNDIAL, MIEMBRO DE G20 Y DE LOS BRICS

 

Pues bien, en la última Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos, febrero de 2025), Rodrik insistió en que: “La autosuficiencia es un camino hacia el declive económico. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos o China, puede prosperar sin que los mercados reciban insumos del resto del mundo, obtengan tecnología en la que no están a la vanguardia, accedan a mercados para sus exportaciones, etc.”. A lo que añadió: “No creo que el aislacionismo sea un camino que los nacionalistas económicos inteligentes elegirían”. Y sí: ha dicho “inteligentes”.

Unidos por los aranceles

Si hablamos de ideólogos, tanto la Ley Arancelaria Smoot-Hawley (1930), como la proclamada como ´El día de la Liberación´ (2025), tienen dos nombres controvertidos: Reed Smoot y Peter Navarro. Smoot, junto a Willis Hawley, promovió desde su puesto en el Senado de EE.UU. la imposición de elevados aranceles a más de 20.000 productos, con el consiguiente caos económico internacional (agravamiento de la Gran Depresión y aumento de los nacionalismos económicos en Europa). Era líder de una organización religiosa a la que se acusaba de prácticas contrarias a la Constitución de EE.UU. (poligamia) y albergaba sentimientos de venganza por los agravios contra sus creencias; un comité de investigación del Senado recomendó su expulsión, aunque la mayoría republicana lo mantuvo.

El economista Peter Navarro es el principal asesor comercial de la actual Administración estadounidense e inspirador de las políticas arancelarias de la Casa Blanca. En sus libros cita con frecuencia como referente a Ron Vara, que en palabras de Navarro es “un estudiante de doctorado de Harvard que se convirtió en un brillante corredor de bolsa y en un Príncipe Oscuro del Desastre”. Lo sorprendente es que Ron Vara es un alter ego de Navarro (mismas letras, cambiadas de orden), como descubrió una profesora emérita de la Universidad Nacional Australiana. Es decir: sus referencias argumentales en política comercial son… ¡él mismo!

Una mirada a los Acuerdos de Bretton Woods

Aún sin finalizar la II Guerra Mundial, solo unas semanas más tarde del desembarco de Normandía, tuvo lugar la conferencia monetaria de las Naciones Unida (julio de 1944) que fijó unas políticas económicas que se mantuvieron vigentes hasta la crisis del petróleo de los años 70. El objetivo de los acuerdos era abandonar el proteccionismo reinante tras la Gran Guerra y establecer el marco en el que se moviesen la economía y las finanzas internacionales. No puede haber paz, se decía ahí, si no existe la libertad comercial. Fue también el nacimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Y esta fue la razón del final de los acuerdos: embarcados en la Guerra de Vietnam, Estados Unidos imprimió dólares en cantidad para financiar la contienda. Con déficit comercial en 1971 y problemas con las reservas de oro de Fort Knox, la administración norteamericana aplicó un arancel temporal del 10% que, en este caso, ayudó a reequilibrar el comercio internacional. Una de las consecuencias del proceso fue el paulatino abandono del patrón oro y la adopción del sistema de tipos cambiarios fluctuantes.

La IA nos muestra un panorama económico demasiado inquietante.

PARA SABER MÁS

Patada a la escalera. La verdadera historia del libre comercio.
Ha-Joon Chang. Ensayos de economía, Nº42 (Universidad Nacional de Colombia, 2013).

VER MÁS

Policy space and the origins of the multilateral economic system.
UNITED NATIONS. New York and Geneva, 2014

VER MÁS

Smoot-Hawley Tariff.
Anthony O’Brien. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples (2001).

VER MÁS

«EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta», por Enrique Feás

ALDEA GLOBAL
ENRIQUE FEÁS,
técnico comercial y economista del Estado. Investigador principal del Real Instituto Elcano

“Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas”

EE.UU.: un suicidio económico a cámara lenta

“Cientos de empresas se enfrentan a la posibilidad de cerrar. Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego. Se han suspendido muchos pedidos, y podrían agotarse pronto las existencias para consumidores estadounidenses. (…) Muchas empresas (…) no pueden absorber aranceles tan altos, ni trasladar estos costes. Sin un alivio inmediato de los aranceles recíprocos, simplemente cerrarán. (…) Los fuertes aumentos de precios derivados de estos aranceles impedirán que los consumidores estadounidenses tengan opciones asequibles. Además, estos aranceles no impulsarán la vuelta de la fabricación de calzado a Estados Unidos. Se necesita una inversión en capital significativa y años de planificación para cambiar el abastecimiento. De hecho, los nuevos aranceles eliminan la certidumbre empresarial necesaria para realizar este tipo de inversiones y destruyen todo el capital necesario. (…) También hay un arancel recíproco sobre la maquinaria y los materiales necesarios para fabricar calzado en los Estados Unidos”.

Nadie mejor que las propias empresas estadounidenses para exponer la pésima idea de imponer aranceles prácticamente universales sobre todos los productos importados. El texto anterior forma parte de una carta dirigida al presidente Trump por un grupo de 76 empresas fabricantes de calzado que incluyen a Nike, Adidas, Skechers o Under Armour, cuyas cuentas de resultados comienzan a ser insostenibles.

Más allá de la crisis política e institucional, la segunda legislatura de Trump no ha podido empezar con peor pie desde el punto de vista económico. Comenzó imponiendo aranceles contra Canadá y México –con quienes había firmado en su primer mandato una actualización del acuerdo de libre comercio– y contra China; luego un arancel general al acero y al aluminio y, finalmente, el 2 de abril –fecha que bautizó como el “Día de la Liberación”– un arancel general mínimo del 10% y otro adicional frente a todos los países con los que Estados Unidos presenta un déficit comercial, usando un concepto de “arancel recíproco” sin ninguna justificación teórica. El pánico generado entre las empresas estadounidenses le llevó días después a posponer la aplicación de este último arancel (la parte superior al 10%) durante tres meses, y a eximir a determinados productos tecnológicos, generando caos, incertidumbre y sensación de arbitrariedad. Desde entonces, cada día hay una nueva decisión por la que se ponen o se quitan aranceles sin coherencia alguna.

Trump, que se ha definido a sí mismo como el “hombre-arancel” en honor a William McKinley –el 25º presidente estadounidense, que gobernó entre 1897 y 1901 y se hizo famoso por su proteccionismo, además de por declararle la guerra a España– cree sinceramente que los aranceles, una herramienta del siglo XX, siguen funcionando en la economía globalizada del siglo XXI. El presidente insiste una y otra vez en que no generarán aumentos de precios para los consumidores, sino que los pagarán en última instancia los exportadores (reduciendo sus precios de venta); que generarán ingresos que permitirán reducir los impuestos a las empresas; que reducirán el déficit comercial bilateral; o que incentivarán el regreso de empresas manufactureras a Estados Unidos, revitalizando la producción y el empleo industriales.

La realidad, sin embargo, resulta bastante tozuda, como demuestra la carta de las empresas. El desarrollo de las cadenas de valor globales desde la década de los 90 del siglo pasado hace que en la actualidad la importación resulte esencial para la fabricación nacional y la exportación a precios competitivos: sin importar, nadie puede hoy producir ni exportar. La incertidumbre arancelaria, además, está acelerando la importación y desacelerando la inversión, hipotecando el crecimiento futuro. Bloquear las importaciones con aranceles desorbitados (del 145% en el caso de China) no va a proteger a la industria estadounidense, sino todo lo contrario: puede llegar a paralizarla. Los mercados, que no entienden de relatos épicos, ya han comenzado a asustarse, y de hecho la subida del bono del Tesoro estadounidense ha sido el único factor que ha hecho recular a Trump (no así el hundimiento de la Bolsa).

Trump y sus asesores económicos creen que el dólar está sobreapreciado, lo que perjudica sus exportaciones. Cuando en 1964 el entonces ministro de economía francés Giscard d’Estaing dijo que el papel del dólar como moneda de reserva mundial suponía un “privilegio exorbitante” para Estados Unidos que le eximía de preocuparse por el saldo de su balanza de pagos seguro que no contaba con que, 60 años después, un presidente estadounidense estaría dispuesto a renegar de ese privilegio y hundir su economía para mejorar ligeramente la balanza comercial, un saldo sin ninguna trascendencia económica (el único relevante es el de la balanza por cuenta corriente, que refleja la diferencia entre lo que un país ahorra y lo que invierte). La prueba de que la especialización es mucho más importante que el tipo de cambio es que Estados Unidos tiene una balanza de servicios superavitaria con casi todos los países del mundo.

Aislar a Estados Unidos del resto del mundo es una pésima idea que corre el peligro de desacelerar la economía y el comercio globales y tensionar los mercados financieros. Estábamos acostumbrados a crisis mundiales por eventos inevitables, pero no a un suicidio económico a cámara lenta derivado de decisiones estrictamente políticas. Si la propia política no corrige esta situación, serán los mercados quienes terminen haciéndolo, y de una forma bastante más costosa.

«Los condicionantes de la cuarta revolución industrial»

Entrevista a Ricardo Garrido, presidente del Consejo General de Procuradores

EN CURSO LEGAL

RICARDO GARRIDO,

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES

“El Notariado y la Procura sirven al interés público y al funcionamiento de la Justicia”
CARLOS CAPA
El pasado 25 de octubre se celebraron elecciones en el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), en las que se renovó la Presidencia y Comisión Ejecutiva de la institución que agrupa y representa a los cerca de diez mil procuradores que ejercen esta profesión en nuestro país. El orensano Ricardo Garrido fue elegido presidente encabezando una candidatura que apuesta por impulsar las competencias de la procura y su mejor conocimiento en la sociedad.

En octubre de 2024 asumió la presidencia del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) en un momento de importantes cambios en el ámbito de la Justicia. ¿Cuáles son los objetivos durante este nuevo mandato?

La candidatura que encabecé tiene como objetivo iniciar una nueva era en la profesión. Tras años de cierto declive aspiramos a conseguir nuevas competencias para que la Justicia española aproveche todo nuestro potencial profesional, para ser más ágil y eficiente. También queremos mejorar los estándares de democracia y transparencia interna del CGPE.

Nuestro mandato coincide con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal, que nos da nuevas competencias en ejecución, pero sobre la que aún mantenemos dudas. El mayor reto de la Justicia española es salir de un atasco estructural de alto coste (no sólo económico) a la sociedad. En siete años el atasco judicial español se ha multiplicado por dos, con cuatro millones y medio de casos sin resolver, y prevemos que este año, aún con la nueva ley, superaremos los cinco millones. Eso son unos 25 millones de ciudadanos, empresas, familias o trabajadores, esperando años para resolver su caso. En Portugal, con procuradores ejecutivos y las competencias que reclamamos, han reducido su atasco a la mitad. ¿A qué estamos esperando?

 

LOS PROCURADORES CONOCEN MEJOR QUE NADIE CÓMO ACELERAR LOS PROCESOS JUDICIALES

 

¿Considera que la labor del procurador en la Administración de Justicia es suficientemente reconocida?

Claro que no. Y no es reconocida porque no es suficientemente conocida. La sociedad española no sabe qué es y para qué sirve una procuradora, un procurador. En esto no eludimos nuestra responsabilidad como profesión. Vamos a hacer un esfuerzo enorme de pedagogía social y de comunicación para que la sociedad conozca para qué servimos y qué podemos hacer para que la Justicia sea un servicio público de calidad. Somos 10.000 profesionales preparados, especialistas en Derecho Procesal que conocemos mejor que nadie cómo acelerar un proceso judicial evitando las demoras en sus diferentes fases como en las citaciones, notificaciones, embargos, ejecuciones…

¿Qué acciones están tomando para ajustar el papel de los procuradores al nuevo marco procesal establecido por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia?

Para nosotros lo más importante es que esta ley cumpla con su nombre. Los procuradores somos pioneros y eficientes en el uso de la tecnología porque nos va el sueldo en que los casos se resuelvan sin demora. Nuestro trabajo es también lo que más interesa al ciudadano. ¿Por qué un divorcio sencillo ha de tardar cinco o seis años en resolverse? ¿Por qué un empresario ha de esperar años a cobrar una deuda probada? ¿Por qué la mayoría de los concursos de acreedores terminan en quiebra y cierre de un negocio? La justicia que llega tarde, no es justicia.

¿Cómo está enfrentando la procura el auge de los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC), especialmente la mediación, en virtud de esta normativa?

El potenciado papel de los MASC representa un avance significativo hacia una Justicia descongestionada y ágil. Desde la procura consideramos que estos mecanismos pueden ser importantes para aliviar la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer a los ciudadanos opciones efectivas fuera de los litigios. La mediación, en particular, permite a las partes involucradas buscar soluciones colaborativas y propias de la cultura de la paz por la que debemos apostar todos los profesionales del derecho.

Estamos desarrollando programas de formación específicos para que los procuradores sean eficientes y proactivos en los procesos de medidas adecuadas para la resolución de conflictos. Nuestro objetivo es que los procuradores sean protagonistas en la agilización de los procesos y, cómo no, convirtiéndose en agentes de cambio dentro del sistema de Justicia, promoviendo un enfoque más conciliador y más acorde con la cultura de la paz que promovemos.

 

EL POTENCIADO PAPEL DE LOS MASC REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO HACIA UNA JUSTICIA DESCONGESTIONADA Y ÁGIL

 

Con respecto a los desafíos actuales, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que enfrenta la labor de la procura en la actualidad?

Nuestro mayor desafío es mostrarnos. Si somos capaces de trasladar a la sociedad lo que hacemos y lo que podemos hacer trasladaremos que somos una profesión formada y preparada que cumple un papel crucial en la Administración de Justicia y que es una gran opción para los que han optado por formarse en el Derecho.

La digitalización está transformando la gestión de la Justicia. ¿Cómo está encarando la procura esta evolución en su campo?

La digitalización representa una gran oportunidad para mejorar la procura y la Administración de Justicia en general. Desde el CGPE, hemos impulsado la integración de herramientas digitales en todos nuestros procesos. Esto incluye la formación en plataformas tecnológicas que faciliten la gestión de casos y la comunicación con los juzgados de forma más eficiente.

También estamos trabajando en la implementación de soluciones que mejoren el flujo de información entre todas las partes involucradas. La digitalización no sólo beneficia a los procuradores, sino que también mejora la experiencia del usuario, haciéndola más accesible y efectiva.

La ampliación de competencias de los procuradores en la ejecución civil de sentencias es una demanda constante del CGPE. ¿Cómo beneficia esto a los ciudadanos? ¿Han avanzado en este sentido?

La ampliación de competencias en la ejecución civil es fundamental para brindar a los ciudadanos un servicio más integral. Pero para que los procuradores podamos realizar ejecuciones de sentencias, la nueva ley establece que se requiera de un consentimiento informado por parte del cliente, un trámite que en las delegaciones que efectuaba cada letrado de la Administración de Justicia, no existía. Hay aspectos de la Ley 1/2025 que nos hacen dudar de si realmente los procuradores podemos afirmar que agilizaremos los juzgados o no. Hasta ahora hemos logrado algunos avances en la definición de nuevas competencias, pero seguimos trabajando para su efectiva implementación y reconocimiento en el ejercicio diario de la profesión.

 

LOS NOTARIOS TIENEN UN PAPEL CRUCIAL EN LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN NUESTRO SISTEMA

 

¿Qué función considera que desempeñan los notarios en la seguridad jurídica, tanto para individuos como para empresas?

Los notarios tienen un papel crucial en la garantía de la seguridad jurídica en nuestro sistema. Su intervención asegura la veracidad y autenticidad de los actos y contratos, proporcionando una seguridad fundamental tanto para los individuos como para las empresas. En un entorno donde las relaciones comerciales y personales están fundamentadas en la confianza y transparencia, la figura del notario se convierte en un pilar ante posibles disputas futuras. Su labor ayuda a prevenir conflictos al asegurarse de que todas las partes estén informadas y comprendan completamente los efectos de los actos que consienten. De esta forma, indirectamente, facilitan la labor del procurador, ya que una base sólida de seguridad jurídica nos permite actuar con mayor eficacia en la representación de nuestros clientes.

 

LOS PROCURADORES SOMOS PIONEROS Y EFICIENTES EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA PORQUE NOS VA EL SUELDO EN QUE LOS CASOS SE RESUELVAN SIN DEMORA

 

Ha enfatizado la importancia de la colaboración interprofesional. ¿Cómo describiría la relación entre la procura y el Notariado? ¿Cómo se refleja esta colaboración en la práctica?

La relación es de enorme colaboración y cordialidad. Ambas profesiones comparten el objetivo de servir al interés público y garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia. En la práctica esta relación se materializa en un trabajo conjunto en casos donde la representación legal y la fe pública se cruzan. En la era de la transformación digital, esta colaboración cobra aún más importancia, ya que juntos podemos afrontar los nuevos desafíos y adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos en su relación con la Justicia.

Por último, ¿cómo visualiza el futuro de la profesión de procurador en los próximos años?

En el futuro, imagino a nuestra profesión totalmente integrada en el entorno digital, donde la tecnología permita una gestión más eficiente y cercana. Los procuradores serán reconocidos no solo como actores esenciales en la representación de intereses en procedimientos judiciales, sino también como facilitadores de soluciones a través de la mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Además, el fortalecimiento del rol del procurador en áreas como la ejecución civil será clave para mejorar la celeridad de la justicia y la satisfacción de los intereses de particulares y empresas. Espero, y para ello trabajamos, un futuro en el que la procura sea valorada por su papel fundamental en la Justicia, siempre al servicio de la ciudadanía

HUELLA DIGITAL

El Consejo General de Procuradores (CGPE) cuenta con perfiles accesibles en X @ProcuradoresE y Linkedin linkedin.com/in/cgpe

Linkedin X-twitter

EL CGPE, en su web, informa sobre la actividad y agenda de presidente.

WEB

No es país para jóvenes

ENTRE MAGNITUDES
La diferencia de renta entre jóvenes y mayores, en España, alcanza el 28%.

NO ES PAÍS PARA JÓVENES

La brecha generacional se ensancha en España. Precariedad laboral y vivienda encarecida, por un lado, y revalorización vía indexación al IPC de las pensiones, con cotizaciones más altas de longevos jubilados, por otro, agrandan un boquete económico que amenaza los planes vitales de los jóvenes y pone en riesgo el sostenimiento del sistema de protección de los mayores.
FERNANDO GEIJO

El dato mata el relato. Las cifras no mienten y ponen el foco en una tozuda realidad que se confirma cada año. La renta en nuestro país de los ciudadanos de entre 16 y 29 años se situó en 2024 en poco más de 13.400 euros, frente a un promedio superior a los 17.000 euros anuales que alcanzó la de la población sénior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La grieta que separa a ambos colectivos se fijó el año pasado en nada menos que el 27,8%, diferencia establecida por el INE entre la renta media de los mayores de 65 años frente a la de lo menores de 30, más baja.

LOS HOGARES FORMADOS POR MAYORES DE 65 AÑOS SON LOS ÚNICOS QUE EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS HAN AMPLIADO SU RENTA

Brecha generacional. En 2023 la renta media de los ciudadanos de 65 años en adelante aumentó un 6,3% con respecto al ejercicio anterior. Un incremento que no sólo superó el del ingreso medio español, fijado en el 5,1%, sino también el de los jóvenes, que llegó al 5%.

SÓLO EL 25% DE LOS NACIDOS ENTRE 1985 Y 1995 SON DUEÑOS DE SU CASA, FRENTE AL 81% DE LOS NACIDOS DEL 1945 AL 1965

La explicación a estas cifras se encuentra en la revalorización de las pensiones, asegurada por ley en un entorno de fuerte inflación y, por ende, de pérdida de poder adquisitivo para el resto de grupos sociales que no vieron reflejado un aumento similar en sus respectivas alzas salariales vía convenios colectivos.

A lo anterior hay que sumar la adversa combinación entre los bajos salarios y los prohibitivos precios de la vivienda, que están golpeando en mayor medida a la población joven frente al resto de la sociedad. Sin olvidar la escasa inversión en políticas educativas que fortalezcan la formación de los júnior y la magra apuesta por fomentar las ayudas públicas en el entorno de la familia.

Renta por edad. Las proyecciones de la Seguridad Social, en línea con las del INE y Eurostat, indican que para 2040 el número de población joven en España descenderá del actual 20% al 16%. Un porcentaje que avala el sesgo de los partidos políticos para tratar de contentar con sus políticas a la población más envejecida y numerosa.

La Encuesta Financiera de las Familias, que elabora el Banco de España, muestra que los hogares formados por mayores de 65 años son los únicos que en los últimos veinte años han ampliado su renta. Cabe destacar, en este sentido, que en 2002 en los tramos de edad de entre 65 y 74 años, alcanzaban una riqueza media cifrada en 148.000 euros, frente a los 132.000 que acumulaban en promedio los ciudadanos de entre 35 y 44 años, mientras que en 2022 la diferencia se hizo mayor alcanzando la de los primeros los 226.000 euros y la de los jóvenes apenas 75.700 euros. Y es que, como dejó escrito Quevedo en su famosa letrilla satírica del Siglo de Oro, “poderoso caballero es don dinero”.

En términos de patrimonio el escenario se repite. Así lo demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida del INE al subrayar que en 2023 la renta media de las personas de entre 16 y 29 años era un 28% inferior a la de los mayores de 65 años (cuando en 2008 era un 16% más baja).

Ante esta situación, y a pesar de que los expertos en la materia consideran que no se está produciendo una auténtica disputa intergeneracional sino que más bien se trataría de un nuevo capítulo de la clásica lucha de clases, no se puede obviar que la pensión media en España ronda los 1.600 euros, para los jubilados del régimen general (ocho de cada diez) y que el salario medio se situó en algo más de 1.850 euros en 2022, siendo el más frecuente de poco más de 1.200 euros, según la Encuesta de Estructura Salarial.

SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA,
CADA GENERACIÓN DE ESPAÑOLES SERÁ MÁS POBRE QUE LA ANTERIOR EN TÉRMINOS DE ACCESO A UNA VIVIENDA EN PROPIEDAD

Acceso a la vivienda. El caso de la vivienda merece un capítulo aparte. La citada Encuesta Financiera de las Familias, que desde 2002 elabora el Banco de España, atestigua que cada generación de españoles sería más pobre que la anterior, al menos en términos de acceso a una vivienda en propiedad.

De esta forma, constata que sólo el 67% de los nacidos entre 1975 y 1985 tenía casa propia a los 42 años, en contraste con el 81% de los que llegaron al mundo entre 1945 y 1965, que ya era propietario de su propio techo a esa misma edad, lo que supone una caída de 14 puntos básicos.

En el caso de los más jóvenes, este porcentaje se desploma para los nacidos entre 1985 y 1995 hasta el 25%, dado que apenas uno de cada cuatro ha podido adquirir una casa.

Además, la carencia de una vivienda en propiedad, lastrada por el alza de precios y la falta de ahorro derivada de los ajustados salarios, obedece en numerosas ocasiones a la inexistencia de un patrimonio previo vía herencia. A veces, única esperanza para escapar de esta especie de círculo vicioso.

¿Polos opuestos? En línea con la atracción física de los extremos, lo cierto es que jóvenes y mayores pertenecen a una misma realidad social y están ampliamente conectados por múltiples nudos, incluidos los afectivos y de parentesco, por lo que se complementan y, en definitiva, se necesitan mutuamente para mantener el necesario equilibrio de reemplazo generacional.

En definitiva, y en contraposición al título de la célebre cinta de los hermanos Coen, donde Javier Bardem obtuvo el Óscar por su interpretación, en España las estadísticas revelan con pertinaz insistencia una situación financiera cada vez más hostil para la población joven.

Divergencia intergeneracional

El informe Encuesta Financiera de las Familias revela que la concentración de la riqueza en España creció entre 2011 y 2021. De esta manera, el 5% más rico de la población aumentó su participación en la riqueza neta en un 7,3%, en contraste con países como Italia, donde se estabilizó, y Alemania, Francia o Portugal, en los que la desigualdad se redujo. El estudio alerta sobre el agravamiento de esta divergencia intergeneracional y advierte de que, sin medidas específicas, los jóvenes tendrán más dificultades para alcanzar niveles de vida análogos a los de sus ancestros. Para paliar esta situación, los expertos proponen aumentar el parque de vivienda pública, regular el alquiler y flexibilizar el mercado laboral.

El peso de los mayores

El peso demográfico y electoral de los jubilados en España, más de diez millones, condiciona las políticas públicas en favor de los mayores. Atender sus demandas se ha convertido en una prioridad para los partidos políticos, especialmente en materia de gasto. En el campo de las pensiones, recientes iniciativas como la cuota de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya implican un sobrecoste para los trabajadores en activo, representando el 40% del presupuesto total estatal y cerca del 13% del PIB. Sin olvidar que el gasto sanitario en mayores de 85 años multiplica por ocho el de los menores de 25 años.

Ojo al dato
  • Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2022: Métodos, resultados y cambios desde 2020. Banco de España, 2024.
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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), año 2023. Instituto Nacional de Estadística (INE).

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  • Encuesta de Estructura Salarial (EES), año 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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  • El Futuro del Empleo: 10 retos y oportunidades, Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo, noviembre de 2024. Fundación Adecco.
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“Una causa sin rebeldes”, por Carmelo Encinas

ENTRE MAGNITUDES
CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“Montar una familia es una tarea ciclópea para los jóvenes que no cuenten con el empujón económico de sus padres”

Una causa sin rebeldes

Aquel octubre de 1955 la Warner Bros estrenó en los Estados Unidos una película que cosecharía un extraordinario éxito de taquilla. Su título Rebelde sin causa, fue el único gran triunfo en las salas de proyección del director Nicholas Ray cuyos trabajos eran realizados de manera independiente y con escasa intención comercial. Al margen de la calidad cinematográfica, su exhibición tenía un poderoso atractivo cargado de morbo. Su principal protagonista, el joven actor James Dean, había fallecido tan solo unos días antes en accidente de tráfico cuando conducía el Porche con el que acudía para competir en una carrera automovilística, su gran pasión. Esa muerte, a la temprana edad de 24 años, causó enorme impacto en el mundo del cine y la figura de Dean paso de la vida al mito. El gancho de la tragedia, con toda la fortaleza promocional que supuso, convirtió la imagen del actor en el gran icono de la rebeldía juvenil que la película abordaba.

Rebelde sin causa trató de retratar las diferencias entre generaciones y la decadencia moral de una juventud estadounidense muy crítica con el estilo de vida de sus progenitores. Una rebeldía que encaraba los modos de la sociedad y sus instituciones pero que carecía de objetivos específicos para su desafío. Han pasado siete décadas desde el estreno de aquel mítico film y las brechas generacionales siguen hoy vigentes, aunque con matices diferenciales, según las características de cada sociedad. En la España de aquellos años 50, la causa que aún motivaba a la inmensa mayoría de nuestra gente era la de convertirse en clase media escapando de la precariedad cuando no de la miseria en que la guerra civil había sumido al país. Cuando ya superado el bloqueo internacional los años del desarrollismo le dieron algo de aire a la economía nacional, la gran causa que se fue imponiendo entre la ciudadanía española fue la de recuperar la libertad que el franquismo mantenía secuestrada desde su victoria militar. Es cierto que el dictador murió en la cama, pero aquella ansiada libertad hubo de ganarse en las calles. Si cada generación tuvo su causa no cabe imaginar una más motivadora que la de rebelarse contra una autárquica en demanda de los legítimos derechos a ser ciudadanos libres. Para quienes así lo vivimos constituyó todo un privilegio el asistir y participar en el tránsito a la democracia y la posterior incorporación a la Europa comunitaria con el fenomenal impulso que ello supuso para el desarrollo y la modernización y del país.

Los padres siempre tratan de proporcionar a sus hijos lo que a ellos les faltó cuando eran niños o jóvenes; todo aquello que echaron de menos en su formación, su calidad de vida o su divertimento. En términos generales los chavales de ahora han disfrutado y disfrutan de ventajas que fueron inimaginables para la mayoría de sus progenitores, lo que no siempre es un factor positivo en su desarrollo. El criarse entre algodones tiende a adormecer el ánimo y la fortaleza para afrontar las vicisitudes que con el tiempo habrán de superar. La ilusión es el motor de la vida y el haber tenido todo sin mayor esfuerzo opaca el anhelo por conseguir aquello que se desea.

En el afán de proporcionar el mayor bienestar a la prole, dimos siempre por supuesto que nuestros hijos tendrían una existencia adulta más confortable que la nuestra. No imaginamos que los salarios irían a la baja, que se eternizarían como becarios y que la independencia del hogar familiar superaría los 30 años de media. Es difícil desengancharse de la tutela paterna y las circunstancias muchas veces tampoco lo hacen demasiado apetecible. Vivir con los padres es gratis y aún ganando poco se le saca mucho brillo al dinero para viajar, salir de marcha o darse caprichos si no has de afrontar los gastos corrientes de una casa y comes a mesa puesta. Este bajo estímulo para montarse una vida por su cuenta cae bajo mínimos al explorar el mercado inmobiliario y advertir que el alquiler de un apartamento minúsculo se llevará como poco la mitad del sueldo y la compra de un piso, por modesto que fuere, exige un prologando sacrificio de ahorro antes de hipotecarse casi de por vida. Así, montar una familia se presenta como una tarea ciclópea para aquellos jóvenes que no cuenten con el empujón económico inicial de sus padres. La consecuencia de todo ello es el mencionado alargamiento de la adolescencia y una caída en la tasa de natalidad que invierte peligrosamente la pirámide demográfica.

Que la renta media de los mayores de 65 años en España sea un 6,4% superior a la del conjunto de la UE no es una mala noticia, como algunos pretenden hacernos creer; nuestros jubilados se han ganado su pensión a golpe de cotización durante décadas y lo justo es que la disfruten. Sí es negativo, en cambio, que los ingresos de la población en edad de trabajar sean un 7,3% más bajos que los de la media europea. Hay vectores adversos para la gente joven como los ya apuntados que requieren correcciones estructurales urgentes. Tal exigencia debería desatar la reacción reivindicativa de una juventud que parece condenada a una vida adulta peor de la que gozaron sus padres. La causa justificaría una actitud de rebeldía airada que sin embargo apenas se advierte. En lugar de ´rebeldes sin causa´ lo que hay es una causa sin rebeldes.

Confucio y la piedad filial

El mercado adora a los ‘silvers’

CONSUMO
El 50% de las empresas ofrece productos o servicios dirigidos a los mayores de 55.

EL MERCADO ADORA A LOS ‘SILVERS’

Se les conoce como generación silver, sellenials o simplemente séniores. Tienen entre 55 y 74 años y son el grupo de edad más goloso para las marcas de todo tipo de productos y servicios. Son esa generación que ha terminado de pagar la hipoteca, que no tiene a los hijos en casa y que cuenta con tiempo y dinero para poder consumir sin demasiadas restricciones.

MARIÁN LEZAUN

Los séniores, según datos de la consultora Kantar, son el grupo que acapara hoy el 66% de la riqueza del país. Es decir, el blanco perfecto para las empresas de consumo, pero también para el sector financiero y de servicios asistenciales que lo considera el target perfecto.

Las personas mayores de hoy no se parecen nada a las de hace apenas unas décadas y el sector económico cuenta con todos ellas para seguir creciendo. Son inquietas, les gusta formarse, conocer mundo, disfrutar y cuidarse. Por eso, este sector de la población se ha convertido en un ídolo para el mercado que busca satisfacer sus necesidades.

 

EN 2024, LOS MAYORES DE 55 AÑOS GASTARON UN 14% MÁS QUE LA MEDIA DE LOS CONSUMIDORES

 

EI informe Perspectivas de la Población Mundial, que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que representa un 16% de la población global.

Países más longevos. En España, por su parte, los silvers suponen ya el 40%, acaparan el 60% del gasto y la cifra va en aumento. Así, en 2040, el país alcanzará a Japón como el más longevo del mundo con una esperanza de vida prevista superior a los 85 años, según una proyección publicada por la revista británica The Lancet. Con este escenario, no es de extrañar que empresas y administraciones trabajen sin descanso para crear productos, servicios y entornos sostenibles y amables que faciliten la vida a este colectivo. Porque se ha demostrado ya que son los ciudadanos que más consumen, los que más gastan en ocio y servicios y los que quieren aprovechar el tiempo disponible a tope.

 

LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, LOS VIAJES,
LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS ACAPARAN LAS COMPRAS DE LOS SÉNIORES

 

El perfil nacional. Los mayores españoles tienen una renta media de hasta un 6,4% superior a la de la Unión Europea y poseen más riqueza neta que sus conciudadanos más jóvenes, especialmente aquellos que cuentan con educación media y superior. Se trata de un grupo numeroso, que se retira del mercado laboral con buenas condiciones, que ha desarrollado una carrera profesional larga y productiva y que ahora espera la recompensa de años de trabajo y esfuerzo en forma de ocio y disfrute. Un estudio realizado por la agencia de medios independiente Avante divide a esta generación en dos subgrupos: los silver activos (los que tienen entre 55 y 65 años), muchos de ellos todavía en el mercado laboral y cada vez más digitales, y los retirados, de entre 66 y 74 años, con más tiempo libre y hábitos más tradicionales. También hay estudios que los reparten entre los séniores más modernos y los tradicionales.

El caso es que, aunque las líneas no siempre están claras, son numerosos y siguen creciendo. Los datos, además, recogen que no están quietos. Muchos de ellos incluso emprenden nuevos negocios y aprovechan sus contactos para seguir transmitiendo su experiencia y conocimiento.

 

UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ESTIMA QUE EN 2050 UNA DE CADA SEIS PERSONAS TENDRÁ MÁS DE 65 AÑOS

 

Qué consumen. En 2024, los mayores de 55 años gastaron un 14% más que la media de los consumidores. Los artículos deportivos (75%), los viajes y los servicios turísticos (73%), los electrodomésticos y los productos tecnológicos (57%) acapararon las compras. Para los expertos, son además los que marcan hoy las tendencias de consumo y los más buscados por las marcas de todo tipo. Según el último informe Monitor de Empresas de Economía Senior que elabora la Fundación Mapfre, en colaboración con Sigma Dos, el 59% de las empresas MERCO (monitor de referencia por sus compromisos éticos y su metodología) desarrolla actividades en el mercado sénior.

No es de extrañar que el 50% de las empresas en España ofrezca hoy productos o servicios dirigidos a los mayores de 55 años, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2023. Las empresas del sector de la alimentación y farmacia son las que han identificado más rápidamente el potencial de este segmento, al comercializar productos como suplementos vitamínicos, alimentos enriquecidos, etcétera. Sin embargo, empresas del sector financiero, turístico, de ocio, deporte o tecnología también están comenzando a orientar sus productos a este segmento.

Las ventajas de la edad. Cumplir años acarrea además ventajas añadidas. Precios especiales, descuentos, productos específicos y hasta servicios extras en muchos sectores, solo por ser mayor. Por ejemplo, INDRA cuenta con programas de formación continua y mentoría inversa, L’ORÉAL desarrolla cosméticos específicos para este colectivo y Renfe o El Corte Inglés ofrecen promociones exclusivas en sus viajes. También los servicios financieros les seducen: CaixaBank garantiza atención preferente y personalizada, Banco Santander cuenta con un proyecto dedicado a la educación financiera en este público y MAPFRE facilita seguros y servicios específicos para séniores.

¿Qué demandan los séniores?

Las demandas de este grupo de ciudadanos van cambiando con la edad, como se desprende de diversos estudios. Sin embargo, según Servimedia, “El 90% de las personas mayores lo que realmente desea es permanecer en su entorno habitual de forma independiente el mayor tiempo posible”. Esto está empujando al mercado a trabajar en materia de accesibilidad y de nuevas soluciones habitacionales ante los grandes retos que plantea el aumento de la longevidad en España.  Además, casi la mitad de los seniors (47%) reclama asesoramiento legal y de gestión patrimonial (inmobiliaria y financiera) para poder afrontar con tranquilidad y bienestar los retos que plantea la edad y asegurar su voluntad durante esta etapa.

 

De acuerdo con el estudio Asegurando el bienestar del sénior en la longevidad: necesidades y soluciones, elaborado por Onlygal, la compañía especialista en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, y la consultora especialista MDS Silver, esta necesidad es más acuciante cuando está relacionada con las actividades propias de su día a día y la planificación de su futuro. No obstante, viendo su comportamiento de gasto se desprende que los viajes, la equipación deportiva, las tecnologías y la alimentación acaparan la demanda. La consultora Avante apunta también que hay que tener en cuenta que son consumidores exigentes, que valoran la calidad y la confianza en las marcas y muestran un alto grado de fidelización.

Los consumidores silver suponen ya el 40% de la población.

Prepararse para una jubilación próspera

Dejar de trabajar supone también dejar de recibir un salario. Y aunque en España existe un sistema de pensiones públicas hay que tener en cuenta que los ingresos mensuales se van a ver reducidos, mientras los gastos pueden aumentar. Por eso, los expertos recomiendan simular el estilo de vida que se quiere llevar durante la jubilación para así disponer de una referencia de los gastos asociados a esa posible situación y los posibles cambios que se pueden producir en las necesidades cotidianas. Por un lado, irán aumentando los gastos asociados con la salud o con cuestiones propias de la edad (gastos médicos, de cuidados, servicios domésticos, etc.). Por otro, aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud aumentarán su nivel de gasto en ocio: viajes, restauración y formación. Así, cuanto antes comience la planificación y el ahorro, mucho mejor.  

PARA SABER MÁS:

Silver Economy: La consultora especializada en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la generación silver analiza los retos que representa el envejecimiento de la población.

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Fundación Mapfre: Ha elaborado un estudio en el que se investiga qué representa la economía sénior y qué retos plantea.

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Olimerca: La publicación especializada analiza el comportamiento de consumo de los mayores en España y por qué se han convertido en un segmento más atractivo.

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Derechos y obligaciones de los mayores”, por Gustavo Samayoa

CONSUMO
GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Es necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que asisten a los mayores, sin olvidar que tiran del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza”

Derechos y obligaciones de los mayores

En España la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no diferencia entre personas consumidoras y personas consumidoras mayores. A fin de aumentar la protección de este colectivo, el Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, legisla el nuevo concepto de consumidor vulnerable, mediante el cual ya no se es solo vulnerable por motivos económicos, sino por otras razones, como la edad avanzada, que produce al colectivo indefensión o desprotección e impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.

El texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RDL 1/2007 y normas autonómicas, recoge los derechos de los consumidores y hace hincapié especialmente en la vulnerabilidad. La norma reconoce que las personas mayores pueden ser más vulnerables por su edad, salud o nivel de conocimientos, y exige a las empresas y a las Administraciones adaptar la información y atención que les prestan. En este sentido cabe recordar las recientes situaciones que han vivido algunas personas mayores cuando han acudido a una entidad bancaria y no se les ha prestado la atención debida; o cuando han ido a realizar operaciones en cajeros automáticos, con esperas irracionales; o la realización de operaciones bancarias imposibles de llevar a cabo, en muchos casos por desconocimiento digital.

La brecha digital en este colectivo hace muy difícil su acceso a determinados servicios, no solo a los bancarios, sino también a los ofrecidos por las Administraciones públicas; por ejemplo, el simple trámite de pedir una cita presencial, entre otros. En este sentido se han tenido que dictar normas específicas para aumentar la protección del colectivo. De esta manera se promulgó la Ley 4/2022 a fin de reforzar la protección de colectivos desvalidos en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad o con bajo nivel de digitalización.

En cuanto a los servicios financieros, o en los ámbitos de las telecomunicaciones o la energía, la ley prevé el establecimiento de normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor y usuario, dictando que se eliminen las circunstancias que generan las situaciones de vulnerabilidad y se palíen sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o información facilitada antes del contrato, la atención post contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.

En lo relativo a la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, esta deberá facilitarse en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

En términos generales, la protección del colectivo de los mayores se centra en diferentes situaciones. La información deberá ser clara y accesible, en la publicidad, contratos, instrucciones y ofertas, que deberán ser especialmente comprensibles, claras y en formatos adecuados, así por ejemplo con letras grandes y lenguaje sencillo. Se prohíben las prácticas de venta agresiva, confusa o que aproveche su confianza o falta de experiencia, como en ventas a domicilio o telemarketing, que, en muchos casos, les han inducido a comprar bienes o servicios innecesarios o mal informados, como libros, bienes de consumo del hogar o seguros.

Los servicios de atención al cliente deben ser accesibles y fáciles de usar, evitando complicaciones innecesarias, agravadas muchas veces por algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las reclamaciones ante las empresas, los consumidores mayores pueden hacerlas ante las organizaciones de consumidores, organismos de consumo con sistemas de resolución de conflictos, como el arbitraje de consumo, rápido, gratuito y vinculante, o directamente ante los tribunales de Justicia. En esta última posibilidad, cabe señalar a modo informativo que los ciudadanos en general pueden acudir a los tribunales, sin asistencia de abogado y procurador, cuando la reclamación no exceda de los dos mil euros. Son ya muchas las comunidades autónomas que cuentan con servicios de atención al ciudadano mayor.

Respecto al consumo de productos financieros, seguros de salud, turismo o residencias de mayores, la legislación exige mayor transparencia y garantías. Por ejemplo, el contrato de una residencia debe ser totalmente claro; especificar los servicios incluidos, los precios, las condiciones de estancia y los derechos de reclamación. En los viajes organizados debe ofrecerse información detallada sobre destinos, seguros, coberturas médicas y adaptaciones si son necesarias para su movilidad. En cuanto a los contratos bancarios, si un mayor contrata un producto financiero, como un seguro o una hipoteca, el banco debe asegurarse de que entiende bien todas las condiciones, sin ocultar riesgos.

Además, se promueven talleres y campañas para conocer los derechos y forma de actuar de manera informada por parte de las personas consumidoras mayores. En este sentido se han de informar en sus correspondientes oficinas de información al consumidor y en las organizaciones de consumidores.

Por último, recordar que no estamos hablando de la tercera edad. Hoy en día la temprana jubilación es a los 65 años, y aporta una larga vida de relaciones en general y de consumo en particular, por lo que no hemos de olvidar que las  personas mayores  tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población, pero con una protección especial por su condición de vulnerabilidad, en algunas de las relaciones de consumo en las que se encuentren en situación de inferioridad frente a las empresas, lo que no significa que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en todas sus actividades de la vida.

Existe también a este respecto preocupación en la Administración del Estado, por lo que se está preparando la Ley de Transparencia, una ley que permite el acceso de los ciudadanos a su Administración, de forma transparente, y en la que a los ciudadanos mayores se les facilitará este acceso, teniendo en cuenta la gran brecha digital que aún existe en nuestro país.

No olvidemos que la llamada Edad de Oro se enfrenta al reto de muchos y nuevos productos y servicios ad hoc, por lo que se hace necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que les asisten, sin olvidar que es un colectivo que también tira del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza. Y como decía Sófocles: ¨Los que en realidad aman la vida son los que se están haciendo mayores”.

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras