-La Ley 1/2025 nace con la promesa de una Justicia más eficiente y ágil. Desde la perspectiva de la Procura: ¿Qué está funcionando y qué sigue generando incertidumbre?

– Todo el mundo pide más recursos, más funcionarios, más jueces, mejor tecnología… Nosotros decimos: “De acuerdo”. Pero eso no va a resolver el atasco judicial. Para una Justicia más ágil, y para reducir los tiempos de duración en los procedimientos, la mejor opción es atribuir a los procuradores competencias de ejecución; acceso a datos mediante el reivindicado Punto Neutro Judicial, embargos, como sucede en otros países de nuestro entorno. Nosotros estimamos que aprovechando mejor los 30.000 profesionales que trabajan en la procura española (procuradores, oficiales habilitados y empleados) en cinco años reduciríamos el atasco y los tiempos a la mitad.

“LA NUEVA ERA DE LA JUSTICIA, QUE PARTE DE LA LEY DE EFICIENCIA 1/2025, SÓLO FUNCIONARÁ SI LA PROCURA ASUME TODAS LAS COMPETENCIAS QUE LE CORRESPONDEN”

-Uno de los ejes de la reforma es la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). ¿Cómo debería encajar la Procura en ese escenario para aportar valor real al proceso?

– Acabamos de poner en marcha un programa de mediación, pionero en España, que agilizará los procedimientos, tanto para el procurador como para demandantes y demandados. Está al servicio de cualquier ciudadano. Ahora bien, también vemos que hay casos muy claros, como los desahucios por impago de alquiler, en los que los MASC son más un obstáculo que una solución.

-¿Qué cambios prácticos está observando en el trabajo diario de los procuradores desde la entrada en vigor de la ley y qué ajustes siguen pendientes para que la reforma sea operativa de verdad?

– En los primeros meses estamos sufriendo los defectos de implantación. Tenga en cuenta que es nuestro colectivo el que tiene que gestionar todos los trámites entre el juzgado y el justiciable. No es en toda España igual, pero hay ciudades en las que estamos padeciendo retrasos, desaparición de expedientes…

-¿Cree que la reforma ha reconocido de forma suficiente el potencial de la Procura como colaboradora esencial de los tribunales, o todavía queda recorrido para ampliar competencias?

– No, ni de lejos. Ni se ha hecho mucho caso a nuestras propuestas legislativas ni el legislador ha entendido que con procuradores que sean verdaderos agentes de ejecución, que puedan acceder directamente al Punto Neutro Judicial o que puedan realizar averiguaciones de patrimonio, de domicilio, notificar o embargar directamente, se resolvería una gran parte de la lentitud y el colapso judicial español. Queda camino y ese camino lo va a recorrer el CGPE. Ha de entenderse que ahora mismo en los juzgados hay atascados miles de millones de euros que no están en el PIB y unos 20 millones de personas y empresas esperando por una solución judicial.

“ACABAMOS DE PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN, PIONERO EN ESPAÑA, QUE AGILIZARÁ LOS PROCEDIMIENTOS”

-Si tuviera que dejar una sola propuesta concreta para que la Ley 1/2025 mejore de verdad la respuesta de la justicia al ciudadano, ¿cuál sería?

– Más Procura. Es bueno para nosotros, pero sobre todo es bueno para los ciudadanos, para el Estado y para los juzgados. No tiene sentido tener infrautilizado a un colectivo como el nuestro, profesionalmente preparado, profundo conocedor del funcionamiento en detalle de los juzgados y con capacidad para resolver el problema más grave y estructural de la Justicia, que es que tiene 4,5 millones de casos sin resolver. Si logramos que la Ley 1/2025 otorgue a la Procura las atribuciones que reclamamos, habremos solucionado el problema y sin coste alguno para el Estado.

-¿Necesita más inversión la Justicia española?

– Claro que sí, sobre todo en más juezas y jueces, porque ahí estimamos un déficit de unos 800 magistrados. Y desde luego, el Estado ha de seguir invirtiendo para ir adaptando la estructura judicial al aumento de la población y la litigiosidad. Pero los últimos datos publicados por la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa indican que España ya dedica más gasto público a la Justicia que la media, tanto en términos de PIB como por habitante. Y, aun así, tenemos el mayor atasco de nuestra historia, que se ha duplicado en una década. El problema es el modelo de Procura, que aquí no se le deja actuar, crecer y agilizar las demandas.

“CON PROCURADORES QUE SEAN VERDADEROS AGENTES DE SE RESOLVERÍA UNA GRAN PARTE DE LA LENTITUD Y EL COLAPSO JUDICIAL ESPAÑOL”

-La función notarial comparte con la Procura una fuerte vocación de servicio público y seguridad jurídica. ¿En qué aspectos cree que la experiencia notarial puede ser un referente útil para la procura?

– Para nosotros, para mí en particular también, el Consejo General del Notariado es una organización de la que tenemos mucho que aprender y de la que intentamos aplicarnos algunas de sus enseñanzas. Obviamente y como no puede ser de otro modo manifestar mi más alta gratitud, reconocimiento y admiración a la encomiable labor y savoir faire de su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, que siempre nos ha prestado generosamente su apoyo y amistad.

-¿Cómo valora la relación institucional entre el Consejo General de Procuradores y el Consejo General del Notariado?

– Mantenemos una relación muy estrecha y espero que muy productiva también para el Notariado. Soy un firme creyente en las sinergias que aportan las relaciones institucionales y el aprendizaje entre organizaciones profesionales, en nuestro caso en el mundo del Derecho y la Justicia.

-Acaba de cerrar su etapa al frente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). ¿Con qué balance personal y profesional deja la presidencia?

– Intensidad es lo que mejor define este año y medio. Hemos preparado el CGPE para la nueva etapa que ha de afrontar tras las elecciones: reglamentaria, económica y estratégicamente. Es mi último y el más grande servicio a la Procura, con el equipo que, en poquísimo tiempo, hemos preparado el cambio de era con eficacia.

-¿Cambio de era para la Procura o para la Justicia?

– La nueva era de la Justicia, que parte de la nueva Ley de Eficiencia 1/2025, sólo funcionará si la Procura asume todas las competencias que le corresponden y que con cuya falta se retrasan y atascan los juzgados.

La Procura será la clave de esta nueva era de la Justicia en España. Ese es el trabajo que hemos dejado encaminado: trasladar a los poderes judicial y legislativo que a la Procura han de asignársele competencias homologables a las de los países de nuestro entorno. Sólo con más jueces, más recursos y más funcionarios no se resuelve el atasco judicial.

-¿Qué ha supuesto para usted, en términos de responsabilidad y aprendizaje, asumir la presidencia del Consejo General de Procuradores en un momento de tantos cambios para la Justicia?

– Bueno, después de hacer 76.000 kilómetros en año y medio y recorrer casi todos los colegios de España, claro que se aprende. Y, para mí, ha sido especialmente interesante asistir a los debates de todos los equipos de trabajo del Gabinete en el CGPE y con los Colegios, ricos en ideas y en confrontación de pareceres. La experiencia ha sido, como digo, dura, intensa, pero también un privilegio que no tiene precio y el más grande honor.

“La vida siempre se abre camino”. La cita de ‘Jurassic Park’ podría ilustrar, salvando las distancias, la explosión de actividad que el cóctel migración -interna y externa- y turismo desencadenan desde hace años en el centro de las grandes ciudades españolas. En este escenario global teñido de proclamas de turismofobia y, en ocasiones, rechazo xenófobo, Madrid; Barcelona o Valencia, por citar las de mayor densidad de habitantes, no son ninguna excepción.

EL 52,1% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SE CONCENTRA YA EN NUEVE PROVINCIAS, CON MADRID, BARCELONA Y VALENCIA A LA CABEZA

Muy al contrario, en el caso de la capital de España se trataría de una de las urbes llamadas a liderar esta tendencia internacional al cosmopolitismo exacerbado con una previsión de 10 millones de habitantes en 2025. Un fenómeno de densificación demográfica que entraña evidentes retos más allá del romanticismo que supone la pérdida de identidad de los barrios. Entre ellos: la desorbitada subida del precio de la vivienda (con la consiguiente gentrificación -léase desplazamiento del vecino tradicional-) y la saturación primero y desbordamiento posterior de los servicios sanitarios, centros educativos, sistemas de transporte y movilidad. En definitiva, un ensanchamiento de la demanda -con picos en períodos vacacionales- que amenaza con hacer saltar por los aires las costuras del statu quo de nuestro estilo de vida.

En casa y con gaseosa

El experimento comenzó hace unos años. En el centro de Madrid, el ayuntamiento tomó hace años una insólita y arriesgada decisión. Atípica por extraordinaria y comprometida por polémica. La controversia, como preveían los responsables de la misma, saltó de inmediato. El consistorio decidió reordenar el tránsito de los ciudadanos por determinadas calles peatonales en los aledaños de la Puerta del Sol. El hasta entonces desaforado trasiego de los transeúntes, locales y visitantes, en fines de semana y fechas señaladas fue embridado en una suerte de coreografía colectiva ejecutada al unísono con disciplina marcial.

La reordenación en sentido único de las saturadas vías comerciales de Preciados y El Carmen representó un ejemplo previo de las delimitaciones de movilidad impuestas tras la pandemia en el suburbano. No en vano, la instalación en el suelo de pasillos y andenes de baldosas de guías de alerta para invidentes, denominadas podotáctiles por su característica rugosidad al contacto con la pisada, sirvió también ordenar el ‘tráfico humano’ marcando carriles en los pasillos del suburbano madrileño en el sentido de la circulación automovilística.

EL DÉFICIT DE VIVIENDAS Y LA SATURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE UN DEBATE TERRITORIAL EN ESPAÑA

¿El último?, por favor

Esperar haciendo cola en múltiples situaciones es una incómoda y práctica rutina en las grandes ciudades. Para más inri, el 90% de la población española reside ya en tan sólo el 2,6 por ciento del territorio nacional. Una singular concentración de habitantes por kilómetro cuadrado sin igual en toda Europa. De hecho, en pequeños y poblados países como Bélgica, Irlanda o Estonia, ese mismo porcentaje de habitantes apenas alcanzaba en 2021 el 30%, 26,2% y 24,9%, respectivamente, según datos de Eurostat.

La ‘España a dos velocidades’, como algunos expertos denominan el desigual crecimiento económico, da idea de lo que se viene gestando paulatinamente en las últimas décadas. La evidente acumulación poblacional en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona (donde ya habita más de uno de cada cuatro residentes en España), además de los ejes: Valencia-Alicante-Murcia y Málaga-Costa del Sol, sin olvidar las islas de Mallorca y Gran Canaria, dibujan un escenario de futuro que demanda, más que eventuales parches, medidas a largo plazo.

Vida concentrada

En resumen, sólo un puñado de provincias aglutinan más de la mitad de la población española. En concreto el 52,1% de los casi 50 millones de almas que está previsto que habiten la piel de toro en 2026, con un reparto proporcional que deja pocas dudas de la dimensión del fenómeno: Madrid (14,5%), Barcelona (12,1%), Valencia (5,6%), Alicante (4,1%), Sevilla (4%) -un 40,3% solamente entre estas cinco primeras-, Málaga (3,6%), Murcia (3,2%), Cádiz (2,6%) y Vizcaya (2,4%).

Además, esta masificación se ve intensificada por la afluencia de turistas. Una avalancha que en 2025 casi alcanza la icónica cifra de 100 millones, nada menos que un 3,5% más que en el año anterior, confirmando la fuerte tendencia al alza registrada tras el COVID y consolidando el segundo puesto de España en el ránking mundial, pisándole los talones a Francia.

SANIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS SUFREN LA PRESIÓN DEL AUMENTO DE POBLACIÓN URBANA

Por tierra, mar y aire

Uno de los efectos más obvios derivados de la presión demográfica es el repunte del precio de la vivienda. Un impacto que se recrudece, sobre todo, en las zonas geográficas tensionadas. El déficit de vivienda en España oscila según la fuente, aunque varía en una horquilla de 500.000 a 750.000 casas, lo que supondría entre un 3% y un 4% del parque total. Una cifra que Caixabank eleva hasta las 765.000, al tiempo que considera que el 39% del actual encarecimiento es debido a ese déficit de oferta.

La capacidad de las infraestructuras también se resiente. El mayor uso derivado del aumento de clientes, unido a las carencias en su mantenimiento y a la necesidad de aumentar las inversiones para acometer ampliaciones, ha puesto al límite tanto la red de ferrocarriles de Adif como la aeroportuaria gestionada por Aena.

En el primer caso, la liberalización del sector, con la llegada junto a Renfe/AVE de compañías foráneas como Ouigo e Iryo, ha abaratado el coste de los billetes y aumentado un 10% el uso de trenes de alta velocidad. Mientras tanto, el número de pasajeros que utilizaron el avión en 2025 alcanzó el récord de los 321 millones. Todo un desafío en ambos casos con la renovación del material ferroviario y la ampliación de aeródromos en el horizonte de los próximos años.

A los retos del concentrado demográfico hay que sumarle otros cuellos de botella en infraestructuras críticas, como las de transmisión eléctrica que no sólo afectan a las empresas industriales sino también al desarrollo de nuevas viviendas, o los servicios de Cercanías para atender el aluvión de trabajadores que cada día se desplazan del extrarradio al centro de las grandes ciudades.

Sigue el dinero

En el caso de España, el habitual modelo geográfico de distribución territorial de la riqueza norte-sur varía en uno condensado entre las grandes capitales y las costas. La intensidad de la inmigración, con la llegada anual de alrededor de 500.000 personas y el mencionado turismo masivo tienen mucho que ver en su explicación.

Una de las derivadas de este proceso es que entre los 49,57 millones de habitantes que tenía España en enero de 2026, más de 10 millones habían nacido en el extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una ayuda extra que evita la caída del país en una espiral de decrecimiento que derivase en el conocido como ‘invierno demográfico’. Sin dejar de lado su irreemplazable contribución económica, que explica casi la mitad de la expansión del PIB español desde 2022, según un informe de Funcas.

Crecer sin colapsar

El boom demográfico no es, en sí mismo, el problema. Incluso, como hemos visto, puede ser una oportunidad para dinamizar la economía y apuntalar el Estado del bienestar. Por tanto, la clave estaría en gestionar ese auge de forma sostenible. Sin planificación, la alta densidad de personas en torno a los grandes núcleos puede derivar en un deterioro de la calidad de vida y en un incremento de las desigualdades.

Esto implicaría actuar en varios frentes: ensanchar la oferta de vivienda, mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos y promover el desarrollo económico en zonas menos pobladas. Por su parte, la digitalización y el teletrabajo ofrecen oportunidades para tratar de redistribuir la población, aunque requieren importantes inversiones en conectividad y la apuesta por un cambio en los modelos productivos.

Como en la célebre ilustración de El Principito, la universal obra de Saint-Exupéry, donde una serpiente engulle un elefante a la vez que asemeja también la silueta de un sombrero, se antoja una alegoría propicia para recordarnos que el crecimiento descontrolado acarrea complicaciones para el sano sostenimiento de cualquier sistema o modelo.

España se enfrenta a la encrucijada de seguir prosperando ordenadamente. Encontrar la medida exacta entre dinamismo urbano y cohesión territorial será determinante para su futuro económico y social. La presión demográfica no es una situación coyuntural, sino una tendencia estructural que exige respuestas a largo plazo. Por consiguiente, se requiere de la puesta en marcha de una política de Estado capaz de reasignar recursos para conseguir un adecuado equilibrio entre los diferentes territorios que conforman España.