Una jubilación más flexible y gradual, por Yolanda Gómez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

Esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas"

Una jubilación más flexible y gradual

Incentivar el retraso voluntario de la jubilación, dando más facilidades para compatibilizar trabajo y pensión es, sin duda, una buena fórmula con la que todos podemos salir ganando.

La jubilación en España no es una obligación, es un derecho; una recompensa después de haber trabajado y de haber cotizado al sistema de la Seguridad Social durante décadas. Una recompensa que, tras las reformas que se han producido en las últimas décadas, cada vez se produce más tarde. En estos momentos, la edad media de acceso a la jubilación en España es de 65,3 años. Cuando en 2012 entró en vigor la reforma del sistema de pensiones que retrasaba paulatinamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, la edad media de jubilación estaba en los 64 años.

¿Y es positivo que nos jubilemos cada vez más tarde? ¿Cuándo en 2027 se acabe el periodo transitorio, se volverá a retrasar la edad legal de jubilación más allá de esos 67 años? Lo cierto es que es más que probable. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. A principios del pasado siglo XX la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años; hoy, en España, supera los 80. Cuando se creó el sistema de la Seguridad Social, a finales de los años 60, los trabajadores se jubilaban a los 65 años y la esperanza de vida era de 67. Apenas cobraban pensión dos años. Hoy, las personas pueden llegar a estar cobrando pensión un tercio de su vida.

El hecho, sin duda positivo, de que cada vez vivamos más años, unido a que las sociedades occidentales estamos cada vez más envejecidas, tensiona, y mucho, los sistemas de pensiones de todo el mundo, y España no es una excepción.

Es por ello que en las últimas décadas se han puesto en marcha algunas medidas para tratar de garantizar su sostenibilidad. Probablemente la más impactante ha sido la del retraso en la edad de jubilación que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. A partir de ahí, durante la Gran Recesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó otras medidas como el factor de sostenibilidad o el índice de revalorización de las pensiones, que trataban de ligar la cuantía de las pensiones y sus subidas anuales a factores como la salud del sistema, la evolución de la economía o la esperanza de vida. Ambas reformas, que lograron frenar el incremento del gasto en pensiones, fueron derogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que volvió a ligar la subida de las pensiones a la inflación.

Para intentar compensar este incremento del gasto, la reforma del entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía medidas como el incremento de cotizaciones sociales, la penalización de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para retrasar la edad de jubilación o para compatibilizar trabajo y pensión.

Continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación a tiempo parcial es, sin duda, una fórmula que puede servir para aliviar la carga sobre el sistema de la Seguridad Social, pero también es positivo para la sociedad que personas que tienen una gran experiencia puedan seguir poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio de todos. Y desde el punto de vista personal, seguir trabajando a tiempo parcial puede permitir incrementar los ingresos actuales y los futuros, así como hacer una transición gradual desde la vida laboral hasta la jubilación, evitando los problemas y el vacío que a veces sienten algunas personas al dejar de trabajar.

Hay varias fórmulas para compatibilizar el trabajo y la pensión. Una de ellas es la jubilación activa. Se pueden acoger a ella tanto trabajadores autónomos como por cuenta ajena, siempre después de la edad legal de jubilación. Tendrá una cotización a la Seguridad Social reducida y normalmente se compatibiliza la actividad con el cobro del 50% de la pensión.

A partir de los 60 años también se puede simultanear el trabajo y la pensión a través de la jubilación parcial, con una reducción de jornada que se situará entre el 25% y el 80%.

Por último, está la jubilación flexible, que permite a personas que ya han accedido a ella reincorporarse a la vida laboral como trabajadores por cuenta ajena, siempre que la jornada que realicen se sitúe entre el 50% y el 75% de lo que sería la jornada habitual en el puesto que desempeñan. La principal diferencia con la jubilación activa es que estos trabajadores siguen cotizando y, cuando finalmente se jubilen al 100%, estas cotizaciones elevarán la cuantía de su prestación. No obstante, no todas las personas pueden acceder a esta modalidad. Por un lado, la ley excluye a aquellas personas que reciban una pensión de incapacidad permanente. Y tampoco se aplica a algunos regímenes especiales, como los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y el servicio de la Administración de Justicia.

El Gobierno quiere incentivar el trabajo más allá de la edad legal de jubilación y es por eso que ha puesto encima de la mesa nuevas medidas para hacer estas fórmulas más atractivas. En concreto, hay una nueva propuesta legislativa que introduce lo que se conocería como jubilación reversible. Su objetivo sería permitir a personas jubiladas reincorporarse al mercado laboral de forma más amplia y flexible, con incentivos económicos que refuercen esta posibilidad. Así, el tiempo de trabajo se establecería entre el 40% y el 80% de la jornada completa. Además, para motivar a los pensionistas a regresar a la vida laboral, se prevé añadir entre un 10% y un 20% de la pensión base al sueldo recibido. Además, permitiría volver totalmente a la vida laboral, renunciando temporalmente al cobro de su pensión.

Aunque la debilidad parlamentaria del Gobierno introduce dudas sobre si finalmente podrá sacar adelante esta iniciativa, lo cierto es que añadir incentivos a la posibilidad de seguir trabajando de manera total o parcial después de la edad legal de jubilación es, sin duda, una buena idea que puede ayudar a aliviar la carga sobre el sistema de pensiones, a la vez que es positivo para la sociedad y para las personas que voluntariamente deciden seguir trabajando. Es por ello que creo que esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas.

Vivir en el hogar y cuidar a quien cuida

FUNDACIÓN NOTARIADO

Premiados de la IV Edición de los Premios Cerca de los que están cerca.

Vivir en el hogar y cuidar a quien cuida

JAIME PÉREZ DE MIGUEL

La IV Edición de los Premios Cerca de los que están cerca celebró su gala de entrega el 18 de noviembre en el Colegio Notarial de Madrid. Un acto que puso de relieve una vez más el compromiso del Notariado con las personas mayores. Estos galardones, promovidos por Fundación Notariado y Fundación Aequitas, en colaboración con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), han puesto el foco en esta edición en dos retos esenciales del envejecimiento: facilitar que los mayores puedan seguir viviendo en su hogar y ofrecer apoyo emocional a quienes cuidan de familiares con Alzheimer.

Así, los proyectos Vivir en compañía (INTRESS) y Vivir en casa (ASDECOBA) -premio ex aequo en la categoría ‘Mayores’- y Aprende a cuidar y a cuidarte (Fundación Pasqual Maragall) -en Mayores con discapacidad– han sido los ganadores entre las 61 candidaturas presentadas. Junto a ellos, Mensajeros de la Paz y Fundación Atena han recibido el Premio Honorífico por su trayectoria.

 


LOS PROYECTOS VIVIR EN COMPAÑÍA (INTRESS) Y VIVIR EN CASA (ASDECOBA) HAN RECIBIDO EL PREMIO EX AEQUO EN LA CATEGORÍA ‘MAYORES’


 

Espacio de vida

Los proyectos premiados este año en la categoría Mayores comparten un punto de partida común: la convicción de que las personas mayores deben poder permanecer en su entorno habitual con dignidad, autonomía y apoyo comunitario. Tanto Vivir en compañía como Vivir en casa buscan dar respuesta a una realidad creciente: la soledad no deseada y la dificultad para mantener la vida en el hogar cuando aparecen fragilidades.

En el caso de INTRESS, su iniciativa en Palma de Mallorca se ha convertido en un modelo de vivienda compartida que permite que personas mayores en situación de vulnerabilidad rehagan sus proyectos vitales en un entorno seguro. El enfoque del cohousing, combinado con acompañamiento profesional los 365 días del año, facilita que quienes viven allí recuperen vínculos y participación social. “Vivir en compañía demuestra que envejecer no significa aislarse, sino seguir construyendo una vida digna basada en la autonomía y la ayuda mutua”, señaló Elia Riche, Responsable de Proyectos de INTRESS, durante la gala.

 


APRENDE A CUIDAR Y A CUIDARTE (FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL) RECIBIÓ EL GALARDÓN MAYORES CON DISCAPACIDAD


 

ASDECOBA, por su parte, ha logrado que personas mayores de zonas rurales despobladas de Salamanca puedan seguir viviendo en sus casas mediante un modelo integral de servicios de proximidad. Alimentación, cuidados básicos, lavandería o peluquería se integran en un sistema flexible que se adapta a cada hogar. “El cuidado del alma de quienes acompañamos nos anima a seguir tejiendo comunidad y defendiendo su derecho a vivir con dignidad en sus pueblos”, afirmó el padre Emiliano de Tapia, Coordinador de ASDECOBA.

 


EL PREMIO HONORÍFICO SE HA OTORGADO A MENSAJEROS DE LA PAZ, POR SU TRAYECTORIA EN EL TRABAJO CON LAS PERSONAS MAYORES


 

Cuidar a los cuidadores

El proyecto premiado en la categoría Mayores con discapacidad fue Aprende a cuidar y a cuidarte, de la Fundación Pasqual Maragall, una iniciativa que aborda una dimensión esencial del envejecimiento: la carga emocional y física que soportan los cuidadores de personas con Alzheimer. “En España, casi un millón de familias conviven con esta realidad, y el 86% de los cuidados recaen en familiares directos, mayoritariamente mujeres entre 55 y 60 años”, explicó Elena Luchetti, Responsable de Alianzas Estratégicas de la Fundación Pasqual Maragall.

 


LOS PROYECTOS PREMIADOS COMPARTEN LA CONVICCIÓN DE QUE LAS PERSONAS MAYORES DEBEN PODER PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL CON DIGNIDAD, AUTONOMÍA Y APOYO COMUNITARIO.


 

El programa ofrece acompañamiento psicológico, formación práctica y un espacio seguro para compartir experiencias. La modalidad online permite llegar a zonas rurales o a personas que no pueden dejar a su familiar para asistir a sesiones presenciales. “Este premio reconoce la realidad de miles de familias que cuidan en solitario. Gracias a este impulso podremos seguir apoyando a quienes sostienen, día a día, a las personas con Alzheimer”, aseguró Luchetti.

 


EL MODELO DE VIVIENDA COMPARTIDA PERMITE QUE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REHAGAN SUS PROYECTOS VITALES EN UN ENTORNO SEGURO.


 

Trayectorias que inspiran

Además de las tres iniciativas reconocidas, el Premio Honorífico se ha otorgado a Mensajeros de la Paz, por su trayectoria en el trabajo con las personas mayores, y Fundación Atena, por su labor con los mayores con discapacidad a lo largo de los años. El padre Ángel García, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, subrayó “la verdadera riqueza de la cercanía y la escucha” tras una trayectoria que ha acompañado a más de 31.000 personas mayores. Por su parte, Arantxa Garatea, Gerente de Fundación Atena, reivindicó el potencial transformador del arte para acompañar el envejecimiento de personas con discapacidad intelectual.

 


ALIMENTACIÓN, CUIDADOS BÁSICOS, LAVANDERÍA O PELUQUERÍA SE INTEGRAN EN UN SISTEMA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A CADA HOGAR.


 

Las intervenciones institucionales que acompañaron la entrega de premios destacaron el compromiso del Notariado con las personas mayores. “Los mayores de 65 años representan el 20,1% de la población; no podemos dejarlos de lado”, afirmó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, de Fundación Notariado y de Fundación Aequitas.

Cercanía y cooperación

La dimensión social de los Premios Cerca de los que están cerca quedó especialmente subrayada en las intervenciones de Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, y de Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada (SoledadES). Ambos coincidieron en destacar el papel decisivo de la comunidad, la cooperación y la confianza que representan los notarios como pilares para construir entornos inclusivos y protectores para las personas mayores.

Jesús Norberto Fernández recordó que, para quienes representan a millones de personas mayores y pensionistas, la cercanía “no es un concepto abstracto: es una necesidad, y el Notariado es un actor clave para garantizarla”. Subrayó que la diferencia entre un sistema que acompaña y otro que excluye se encuentra precisamente en esa proximidad humana e institucional que asegura que la dignidad esté siempre en el centro. Destacó además el papel del Notariado como un aliado imprescindible: profesionales que facilitan herramientas para proteger el patrimonio, asegurar la voluntad futura y orientar en momentos complejos. “Nuestra sociedad necesita instituciones que generen confianza, y los notarios y notarias lo demuestran cada día”, afirmó.

Por su parte, Matilde Fernández situó los premios en una perspectiva más amplia, la de los proyectos que “dan poder a otros” para transformar su entorno y construir redes de apoyo mutuo. Reivindicó que la cooperación y la solidaridad son “un modo de vivir y de estar en el mundo”, recordando que estas iniciativas convierten el miedo individual en un “nosotros” cohesionado capaz de crear comunidad allí donde antes había vulnerabilidad. Subrayó también que el compromiso del Notariado con la responsabilidad social “contribuye a sostener y fortalecer estas redes de apoyo en todo el país”.

Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP.

Entrevista a Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (UINL)

EN CURSO LEGAL

Apostamos por el uso interno de IA lanzando la primera política de Inteligencia Artificial del sector público español”

Lorenzo Cotino,

presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

CARLOS CAPA

Lorenzo Cotino Jiménez, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desde hace casi un año, comparte en Escritura Pública su visión sobre los retos de la protección de datos en la era de la inteligencia artificial, el Plan Estratégico 2025-2030 y la colaboración con instituciones como el Notariado español.

-¿Cuál ha sido su impresión del estado de la protección de datos en España tras este primer año como presidente de la AEPD?

– Aunque llevo muchos años trabajando e investigando sobre la protección de datos, no es lo mismo observarlo desde fuera que gestionarlo en primera persona desde una institución con una multiplicidad de competencias y tareas. La protección de datos afecta transversalmente a toda la actividad económica, administrativa y social, lo que genera un enorme respeto al ver su omnipresencia y las dificultades para lograr un cumplimiento óptimo de la norma.

 


“LA PROTECCIÓN DE DATOS AFECTA TRANSVERSALMENTE A TODA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL”


 

Llevamos casi diez años del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y más de treinta años de Agencia, pero las tecnologías disruptivas plantean retos crecientes. ​ Para ello, estamos reestructurando procesos administrativos y procedimientos de gestión, lo que requiere un notable compromiso, en una Administración pública donde los cambios son complejos y nunca llegan solos.

-¿Ha supuesto un choque pasar del mundo académico a la AEPD?

– En el ámbito académico nunca me he quedado en una torre de marfil, sino que he dirigido múltiples proyectos y equipos de investigación, pero liderar una institución de tanto prestigio, con 250 personas de alta cualificación trabajando en ella y múltiples frentes, sin duda ha sido un cambio significativo. Creo que he aprendido más en materia de protección de datos este año que en toda mi vida anterior, al tener que enfrentarme a resolver problemas reales con informes en tiempo récord, lo que exige un esfuerzo intelectual intenso. Quiero reconocer el excelente trabajo de mi antecesora –Mar España– y su equipo, aunque, como es lógico, los tiempos cambian y hay que evolucionar con ellos.

-¿En qué consiste el Plan Estratégico 2025-2030 de la AEPED y qué supone para la Agencia?

– Es una hoja de ruta elaborada tras un aprendizaje veloz de la organización, escuchando a más de 40 entidades públicas, privadas y de sociedad civil, y recabando 500 contribuciones de expertos, sintetizadas en una decena de páginas. Aunque el cambio tecnológico de la IA hace temerario planificar a cinco años, lo adecuaremos progresivamente. Ya estamos evaluando más de veinte casos de uso  interno de IA y hemos lanzado la primera política de Inteligencia Artificial del sector público español, con una llamada a todo el mundo para aprovecharla, explotando sus oportunidades y controlando sus riesgos. Otra línea clave es asegurar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tratamientos de datos por IA, siempre bajo la lupa de las políticas comunitarias en la materia—fuimos los primeros en posicionarnos por escrito en el Comité Europeo sobre la reforma Ómnibus del RGPD—, extendiendo nuestra influencia a Iberoamérica. Vamos a profundizar en políticas de apertura a toda la sociedad -en los últimos meses hemos participado en más de 90 reuniones y 60 conferencias por mi parte-, y queremos optimizar también nuestra organización para garantizar el mejor cumplimiento.

 


“EN ENERO TENDREMOS UN REGISTRO QUE CREARÁ UNA RED VALIDADA DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARES EN PRIVACIDAD, IA Y PROTECCIÓN DE DATOS”


 

-¿Puede definir el Laboratorio de Privacidad que ha venido anunciando desde que llegó a la APED? ¿Cuáles son sus objetivos?

– Es una herramienta que está contenida en el Plan Estratégico y que ya hemos inaugurado, conceptuada como un paraguas para transferir conocimiento de la investigación universitaria a la AEPD, aprovechando proyectos subvencionados cuyo conocimiento, a menudo, no llega a las instituciones.

Hemos lanzado un blog con expertos, una revista académica internacional, líneas de colaboración pública para formación, congresos y asesoramiento específico que pueda ser útil para tomar criterios y decisiones a nivel nacional o de cara al Comité Europeo. En enero se hará un llamamiento público para que todos los grupos de investigadores en privacidad puedan registrarse para crear una red validada de grupos multidisciplinares en privacidad, IA y protección de datos. Esto enriquece la investigación y nos da palancas de conocimiento precisas, además de garantizar la utilidad común de los recursos públicos y privados que se destinan a la investigación.

En definitiva, queremos crear una red pública de expertos en privacidad, inteligencia artificial y protección de datos, donde investigadores de distintas disciplinas (derecho, economía, tecnología, etc.) puedan inscribirse y conocerse entre sí. Esta red facilitará la colaboración, enriquecerá la investigación y servirá como herramienta para identificar especialistas en áreas concretas.

-¿Qué valor específico tienen las certificaciones en el ecosistema de protección de datos?

– En estos momentos todo el mundo quiere certificar su actividad o su conocimiento, lo que indudablemente genera más seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos prepara un esquema propio de certificación en materia de privacidad, siguiendo el ejemplo de países como Luxemburgo y las iniciativas europeas más consolidadas en certificación como es el caso de la ciberseguridad. Aunque España se ha incorporado más tarde a este proceso, esa demora le permite aprender de los modelos más eficaces ya implantados. En este caso, llegar más tarde va a suponer llegar mejor. El nuevo marco busca reforzar la confianza y el reconocimiento mutuo entre países, además de simplificar el mercado de certificaciones. Este sistema también respalda la formación y profesionalización en privacidad, un ámbito que ya cuenta con miles de especialistas acreditados en los últimos años.

 


“QUEREMOS CREAR UNA RED PÚBLICA DE EXPERTOS EN PRIVACIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS”


 

-¿Qué práctica recomienda para que los ciudadanos hagan valer su derecho a reclamar vulnerabilidades de privacidad?

– Las reclamaciones son una herramienta de tremendo valor para quienes hayan considerado su privacidad vulnerada. En la AEPD recibimos un número casi inasumible de reclamaciones, con un crecimiento del 50% este año, lo que ocupa gran parte de nuestra actividad y nuestros recursos. Hemos detectado el uso de Inteligencia Artificial Generativa en muchas de las reclamaciones que nos llegan, lo que, no siendo pernicioso, sí impacta en el volumen de asuntos que debemos atender.

Para una gestión más eficiente, priorizamos las reclamaciones de mayor impacto en los derechos fundamentales o las que consideramos que tienen interés general. Para evitar que la situación pueda colapsar el sistema también vamos a emplear la IA, por supuesto con todas las cautelas. Hemos diseñado un plan para el uso de esta herramienta, siempre con supervisión humana y garantizando no automatizar decisiones.​

-¿Qué controles se deben implementar en sistemas de decisión automatizada para evitar una transferencia incontrolada de datos personales?

– Cada vez hay más sistemas automatizados —muchos con IA que añaden riesgos por autonomía, impredecibilidad o sesgos—, por lo que hay que extremar las evaluaciones de riesgo y medidas. La reforma del RGPD normaliza su existencia, por otra parte, absolutamente inevitable. Por ejemplo, hoy entre el quince y el veinte por ciento de las empresas españolas afirman usan IA para filtrar currículos y eso supone que hay que exigir garantías sobre modelos de alimentación del sistema, evitando que haya datos que migren a otras jurisdicciones más laxas que las europeas. Creo que debemos garantizar el total cumplimiento del RGPD para que empresas y usuarios gobiernen el uso de los datos conforme a la Ley.

 


“DESDE HACE MÁS DE DOS DÉCADAS, EL NOTARIADO TUVO MUY CLARO QUE SU FUNCIÓN, VALIOSÍSIMA PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA, DEBÍA DIGITALIZARSE, Y ASÍ LO HA HECHO”


 

-¿Cómo valora la transformación digital de las notarías españolas?

– Desde hace más de dos décadas, el Notariado tuvo muy claro que su función, valiosísima para la seguridad jurídica, debía digitalizarse, y así lo ha hecho ejemplarmente invirtiendo recursos ingentes en sistemas, infraestructuras, firma electrónica, sellos, índices electrónicos, sistemas anti blanqueo o un Archivo Digital Integrado, con éxitos continuos que pocas organizaciones igualan. He tenido la oportunidad de reunirme con el Consejo General del Notariado (CGN) y he constatado su total compromiso de colaboración con la AEPD para facilitar el cumplimiento normativo en la digitalización.

¿Qué papel tiene el Notariado en la protección de datos?

Desde la Agencia Española de Protección de Datos valoramos mucho el papel del Notariado como garante de la protección de datos, no sólo por su función en la fe pública, sino también por su responsabilidad en la custodia de información especialmente sensible. Me parece un trabajo ejemplar, fruto de un esfuerzo ímprobo. Pocas organizaciones en España han dedicado tantos recursos personales y materiales a su digitalización. Basta pensar en los sistemas de alerta contra el blanqueo o en su archivo digital integrado. Es una política estructural que el Notariado ha mantenido durante años de forma pionera, y que da sentido a la estrecha colaboración que mantenemos entre ambas instituciones para reforzar la seguridad y la confianza en el tratamiento de los datos.

HUELLA DIGITAL

Lorenzo Cotino dispone de una página web en la que pueden consultarse su biografía y trayectoria profesional.

El presidente de la AEPD tiene perfiles abiertos en linkedin.com/in/cotino y en X (antiguo twitter) @cotino

Una negociación larga y difícil

ÁMBITO EUROPEO

Ursula von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Paula Pinho, portavoz. Julio de 2025. Copyright European Union 2025.

Una negociación larga y difícil

MELCHOR DEL VALLE

La Comisión Europea presentó en julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Se inició así el escabroso camino de negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo, que probablemente lleguen hasta finales de 2027. Con un volumen previsto de 1,98 billones de euros, este presupuesto se define por su reorientación estratégica. La UE busca simplificar sus instrumentos financieros, aumentar su flexibilidad y abordar los grandes retos de la seguridad y la soberanía; también de la competitividad.

Como cada siete años, la UE tiene que establecer sus presupuestos. En 2027 finaliza el actualmente vigente (2021-2027) y toca mirar a lo que haremos a partir de 2028 y hasta 2034. Los casi dos billones de euros de la propuesta presentada el pasado verano suponen el 1,26% de la renta nacional bruta (RNB) media de los Estados miembros, según explica la Comisión.

Principales asignaciones

Las partidas principales del presupuesto son cuatro: 865.000 millones de euros —casi la mitad del presupuesto— irían a los planes de colaboración nacionales y regionales; 409.000 millones de euros, al fondo europeo de competitividad o, dicho de otro modo, a hacer que Europa sea más competitiva en la economía mundial y, también, en sus capacidades de defensa; 49.000 millones de euros, a invertir en educación (Erasmus+) y a promover los valores democráticos (AgoraEU); y 200.000 millones de euros, para la llamada Europa Global o establecer asociaciones más sólidas con el resto del mundo.

 


LOS CASI DOS BILLONES DE EUROS DE LA PROPUESTA PRESENTADA EL PASADO VERANO SUPONEN EL 1,26% DE LA RENTA NACIONAL BRUTA MEDIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS


 

Los analistas, y ahí tiene mucho que ver el informe Draghi (The future of European competitiveness de 2025), que se ha tenido en cuenta por parte de la Comisión, calculaban que esta plantearía un incremento del 2% respecto al MFP 2021-2027; pero, en la práctica, ese 1,26% sobre la RNB antes citado se quedaría en un 1,15%, porque a partir de 2028 habrá que destinar unos 28.000 millones anuales a devolver fondos asociados al programa NextGenerationEU. En otras palabras, el incremento real es insignificante.

Los más y los menos

En la comparación entre los presupuestos actuales, y teniendo en cuenta los ajustes durante el tiempo que llevamos de vigencia, y los de 2021-2027, el mayor incremento se da en el reembolso de los NextGenerationEU, que supondrán en torno al 990% más. Esto es lógico porque hasta ahora apenas se ha devuelto nada. Si dejamos esta partida al margen, es la asignación a competitividad la que más crece, con un 217,8%, seguida de lejos por las previstas para las redes transeuropeas (96,7%) y la migración y control de fronteras (88%). Solo hay una partida que pierde peso: la destinada a cohesión y política agraria desciende algo más de un 17,5%.

 


COMPETITIVA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EN SUS CAPACIDADES DE DEFENSA


 

Como era previsible, los actores del sector primario ya están haciendo oír sus quejas. En ámbitos agropecuarios, se calcula que la reducción prevista de los fondos para la Política Agrícola Común (PAC), que caería de los 386.000 millones actuales a algo menos de los 300.000 en el siguiente septenio, cifra a la que la Comisión añade la coletilla de “como mínimo”. Y aunque aún no se sabe si el importe final incluirá solo el Pilar I, los pagos directos a agricultores, o también el Pilar II, dedicado al desarrollo rural, sí se calcula que el recorte estaría en torno al 22%, según distintas organizaciones agrícolas. Por otro lado, Europêche, que agrupa a las principales organizaciones pesqueras de la UE, como la española Cepesca, denuncia que el MFP 2028-2034 limita la asignación a la pesca y advierte del riesgo de “una ‘doble absorción’ de los fondos pesqueros: por un lado, al integrarse en un instrumento más amplio, y por otro, al alinearse con los objetivos del Pacto Europeo del Océano”.

El gasto militar

Dentro de esa asignación al capítulo de competitividad, que hemos visto incrementarse por encima de las otras partidas en el MFP 2028-2034, se incluye el gasto en defensa, que es el que más dispara la “factura”. La propuesta plantea quintuplicar los fondos para defensa y aumentar la dotación del Fondo Europeo de Defensa (FED) de 8.000 millones de euros (MPF 2021-2027) hasta cerca de los 131.000 millones de euros. A nadie se le escapa que hay dos factores que pesan en la provisión: la guerra de Ucrania, que conlleva episodios de entrada de drones rusos en el espacio de la UE y mensajes de Putin tipo “si la UE quiere guerra, la tendrá (diciembre de 2025), y la amenaza constante del inquilino de la Casa Blanca de reducir su peso en la OTAN y debilitar, por tanto, las capacidades de defensa europeas.

 


SOLO HAY UNA PARTIDA QUE PIERDE PESO: LA DESTINADA A COHESIÓN Y POLÍTICA AGRARIA DESCIENDE ALGO MÁS DE UN 17,5%


 

Además, se intenta que la Unión Europea refuerce dicha capacidad mediante varios instrumentos financieros. El Mecanismo «Conectar Europa» jugará un papel central al apoyar la movilidad militar y la infraestructura civil con un presupuesto de casi 18.000 millones de euros, multiplicando por diez la financiación del actual MFP. Por su parte, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) mantendrá su función como vehículo extrapresupuestario para la financiación de operaciones que impliquen aspectos militares y de defensa. Finalmente, las reformas e inversiones contempladas en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales incluirán apoyo a la industria de defensa, la seguridad interior, la ciberseguridad y la gestión de fronteras y migración. Y quizás también la vuelta de la “mili” en varios de los Estados miembros.

La financiación

Visto en qué se pretende utilizar el dinero, interesa saber de dónde sale. A las aportaciones de los Estados según las respectivas rentas nacionales brutas, el IVA, los aranceles o el impuesto a los plásticos no reciclados, en el MPF 2028-2034 se han añadido cinco nuevos recursos propios que hacen descender el peso de las aportaciones por renta, pasando del casi 69% del vigente presupuesto a algo menos del 54% en la previsión presentada por la Comisión. En otras palabras, saldrá algo menos de los bolsillos de los ciudadanos… ¡que no fumen! Porque uno de los nuevos recursos es un impuesto especial sobre el tabaco, consistente en añadir un tipo al mínimo del impuesto especial específico de cada Estado miembro. Se espera que genere alrededor de 11.200 millones de euros anuales.

 


SE QUINTUPLICAN LOS FONDOS PARA DEFENSA Y AUMENTA LA DOTACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DEFENSA HASTA CERCA DE LOS 131.000 M€.


 

Los otros cuatro recursos propios incorporados son el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que aportará 9.600 millones; el mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, 1.400 millones; un recurso propio basado en residuos electrónicos no recogidos, 15.000 millones; y un recurso corporativo consistente en una contribución anual a tanto alzado de todas las empresas “incluidas en el ámbito de aplicación que operan y venden en la UE con una facturación anual superior a 100 millones de euros” (6.800 millones).

La negociación

Una vez presentada la propuesta por parte de la Comisión Europea, cosa que sucedió en julio de 2025, se entró en una fase de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por medio del Consejo, que debe finalizar necesariamente, como límite, a finales de 2027, para que el presupuesto aprobado entre en vigor el 1 de enero de 2028. “Una vez aprobado –dicen desde la Comisión–, el próximo presupuesto de la UE no solo financiará los objetivos de Europa, sino que reconfigurará la manera en que la Unión aporta valor a través de las fronteras y las generaciones”. La experiencia nos dice que el debate está siendo y será apasionado, porque los intereses políticos y económicos son dispares y porque los distintos presupuestos nacionales no están para muchas alegrías.

 


SALDRÁ ALGO MENOS DE LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS… ¡QUE NO FUMEN! PORQUE UNO DE LOS NUEVOS RECURSOS ES UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL TABACO.


 

Ya estamos viendo que frente a las posiciones que reclaman la extensión del modelo utilizado para los fondos NextGenerationEU, con deuda mancomunada y transferencias no reembolsables, otro conjunto de países muestra sus habituales reticencias, ahora reforzadas porque la factura de dichas emisiones absorberá un 8% del total del presupuesto comunitario (168.000 millones de euros). También hemos conocido la primera rectificación de Ursula von der Leyen. El plan presupuestario apostaba, inicialmente, por fusionar los fondos agrícolas y regionales en un solo bloque gestionado directamente por los gobiernos nacionales, cosa contra la que se reveló un gran sector del Parlamento (noviembre de 2025). La presidenta de la Comisión ofreció una serie de compromisos, entre los que cabe mencionar una cláusula que obligará a los Estados a destinar al menos un 10% de los fondos a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales, que se añadirá a ese capítulo de ,“como mínimo”, 300.000 millones asignados a la política agraria común.

Groenlandia en el MFP 2028-2034: un 57,5% mas

Groenlandia es uno de los trece Países y Territorios de Ultramar (PTU) que forman parte del grupo de los “asociados” a la UE. Estos territorios están vinculados constitucionalmente al Estado miembro de origen, Dinamarca en el caso de Groenlandia, pero no forman parte del mercado único y deben cumplir las obligaciones comerciales impuestas a terceros países.

La Decisión sobre la Asociación de Ultramar, incluyendo Groenlandia (Decisión del Consejo de la UE 2021/1764 de 5 de octubre de 2021) “simplifica la arquitectura actual al fusionar el apoyo financiero de la UE a Groenlandia y el resto de los Países y Territorios de Ultramar con la UE”, tal cual lo explicó el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y protección del consumidor, Michael McGrath (septiembre de 2025).

En relación con el MFP 2028-2034, McGrath declaró también que “este programa destinará casi 1.000 millones de euros para mantener el apoyo a los trece PTU, incluida Groenlandia, reconociendo su papel como puestos clave para la UE en sus respectivas regiones”. De esos 1.000 millones, más de la mitad (530 millones) están asignados a Groenlandia, lo que supone un incremento del 57,5% sobre los 225 millones del MPF actual, porque “el Ártico ocupa un lugar especial debido a su historia, sus recursos y su peso geoestratégico”.

 

Las reformas e inversiones contempladas en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales incluirán apoyo a la industria de defensa.

Origen de los fondos MPF 2028-2034

Comparativa de las fuentes de financiación de los marcos financieros plurianuales actual (2021-2027) y previsto (2028-2034).

Fuente: Comisión Europea

Von der Leyen durante la presentación del presupuesto 2028-2034. Julio de 2025. Copyright European Union 2025.

Para saber más

El MFP 2028-2034: una propuesta que augura duros enfrentamientos políticos que no conducirán a resolver los problemas de la UE.

Judith Arnal. Apuntes FEDEA (octubre de 2025).

The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe.

Comisión Europea (julio de 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

Comisión Europea (julio de 2025).

The Draghi report on EU competitiveness.

Comisión Europea (2025).

Ursula von del Leyen, president of the European Commission, and Paula Pinho, spokesperson. July 2025. Copyright European Union 2025.

European Context A long and difficult negotiation

MELCHOR DEL VALLE

The European Commission presented its proposal for the Multiannual Financial Framework (MFF) 2028-2034 in July. Thus began the rocky road of negotiations with the Council and the European Parliament, which are likely to last until the end of 2027. With a projected volume of €1.98 trillion, this budget is defined by its strategic reorientation. The EU seeks to simplify its financial instruments, increase their flexibility and address the major challenges of security and sovereignty, as well as competitiveness.

As it does every seven years, the EU has to set its budgets. In 2027, the current 2021-2027 period comes to an end and it is time to look at what we will do from 2028 to 2034. The almost two trillion euros in the proposal presented last summer represent 1.26% of the average gross national income (GNI) of the Member States, according to the Commission.

Main assignments

There are four main items in the budget: 865.000 billion euros — almost half of the budget — would go to national and regional collaboration plans; 409.000 billion euros to the European Competitiveness Fund or, in other words, to making Europe more competitive in the global economy and also in its defence capabilities; 49.000 billion euros to investing in education (Erasmus+) and promoting democratic values (AgoraEU); and 200.000 billion euros for the so-called Global Europe or to build stronger partnerships with the rest of the world.

 


THE NEARLY TWO TRILLION EUROS IN THE PROPOSAL PRESENTED LAST SUMMER AMOUNT TO 1.26% OF THE AVERAGE GROSS NATIONAL INCOME OF THE MEMBER STATES.


 

Analysts, and the Draghi report (The Future of European Competitiveness, 2025), which has been taken into account by the Commission, has much to do with this, have calculated that the Commission would propose an increase of 2% with respect to the MFF 2021-2027; but, in practice, this 1.26% of GNI mentioned above would remain at 1.15%, because from 2028 onwards, some 28 billion per year will have to be allocated to repay funds associated with the NextGenerationEU programme. In other words, the real increase is negligible.

The pluses and minuses

Compared with the 2021–2027 budgets, and taking into account adjustments over time, the largest increase is in the reimbursement of the NextGenerationEU, at around 990%. This is logical because so far hardly anything has been returned. If we leave this budget item aside, it is the allocation to competitiveness that grows the most, with 217.8%, followed far behind by those foreseen for trans-European networks (96.7%) and migration and border control (88%). There is only one allocation that is reduced: the cohesion and agricultural policy allocation, which falls by just over 17.5%.

 


409 BILLION EUROS GO TO THE EUROPEAN COMPETITIVENESS FUND, MAKING EUROPE MORE COMPETITIVE IN THE GLOBAL ECONOMY AND IN ITS DEFENCE CAPABILITIES.


 

Predictably, primary sector actors are already making their complaints heard. In agriculture, the expected reduction in funding for the Common Agricultural Policy (CAP) is estimated to fall from the current 386 billion to just under 300 billion in the next seven years, a figure to which the Commission adds the phrase «at least». And although it is not yet known whether the final amount will include only Pillar I, direct payments to farmers, or also Pillar II, dedicated to rural development, it is estimated that the cut would be around 22%, according to different agricultural organisations. On the other hand, Europêche, which brings together the main EU fisheries organisations, such as the Spanish Cepesca, complains that the MFF 2028-2034 limits the allocation to fisheries and warns of the risk of «a ‘double absorption’ of fisheries funds: on the one hand, by integrating it into a broader instrument, and on the other, by aligning it with the objectives of the European Ocean Pact».

Military spending

Within this allocation to the competitiveness chapter, which we have seen increase above other items in the 2028–2034 MFF, defence spending is included, and it is the item that most increases the “bill”. The proposal calls for a five-fold increase in defence funding and an increase in the European Defence Fund (FED) envelope from €8 billion (2021-2027 MFF) to around €131 billion. It is clear to everyone that two factors are weighing on the provision: the war in Ukraine, which involves episodes of Russian drones entering EU space and Putin’s «if the EU wants war, it will have it (December 2025)» messages, and the White House’s constant threat to reduce its weight in NATO and thus weaken Europe’s defence capabilities.

 


THERE IS ONLY ONE ITEM THAT LOSES WEIGHT: COHESION AND AGRICULTURAL POLICY IS DOWN BY JUST OVER 17.5%.


 

Efforts are being made to ensure that the European Union strengthens this capacity through various financial instruments. The Connecting Europe Facility will play a central role in supporting military mobility and civilian infrastructure with a budget of almost 18 billion euros: a tenfold increase over the current MFF funding. For its part, the European Peace Facility (EPF) will maintain its role as an extra-budgetary vehicle for financing operations involving military and defence aspects. Finally, the reforms and investments envisaged in the National and Regional Partnership Plans will include support for the defence industry, internal security, cybersecurity and border and migration management. And perhaps also the return of «military service» in several Member States.

The Financing

Given what the money is intended to be used for, it is important to know where it comes from. In addition to the contributions of the Member States according to their respective gross national incomes, VAT, tariffs or the tax on non-recycled plastics, five new own resources have been added to the MFF 2028-2034, reducing the weight of contributions by income from almost 69% of the current budget to just under 54% in the forecast presented by the Commission. In other words, a little less will come out of citizens’ pockets… as long as they don’t smoke! Because one of the new resources is an excise duty on tobacco, consisting of adding a rate to the minimum of the specific excise duty in each Member State. It is expected to generate around 11.2 billion euros annually.

 


DEFENCE FUNDING IS INCREASED FIVEFOLD AND THE EUROPEAN DEFENCE FUND IS INCREASED TO NEARLY €131 BILLION.


 

The other four own resources incorporated are the EU Emissions Trading Scheme, which will contribute 9.6 billion euros; the Carbon Border Adjustment Mechanism, 1.4 billion euros; its own resource based on uncollected e-waste, 15 billion euros; and a corporate resource consisting of a flat-rate annual contribution from all “in-scope companies operating and selling in the EU with an annual turnover of over 100 million euros” (6.8 billion euros).

The negotiation

Once the proposal was presented by the European Commission, which occurred in July 2025, negotiations began with the European Parliament and the Member States, through the Council, and must necessarily be completed by the end of 2027 at the latest, so that the approved budget can enter into force on 1 January 2028. “Once adopted,” says the Commission, “the next EU budget will not only finance Europe’s goals but will reshape the way the Union delivers value across borders and generations”. Experience tells us that the debate is and will be passionate, because political and economic interests are disparate and because the various national budgets are not in a position for much rejoicing.

 


IT WILL TAKE SLIGHTLY LESS FROM CITIZENS’ POCKETS… AS LONG AS THEY DON’T SMOKE! BECAUSE ONE OF THE NEW REVENUE SOURCES IS A SPECIAL TAX ON TOBACCO.


 

We are already seeing that, faced with positions calling for the extension of the model used for the NextGenerationEU funds, with pooled debt and non-repayable transfers, another group of countries is showing its usual reticence, now reinforced because the bill for these bond issuances will absorb 8% of the total EU budget (168.000 million euros). We have also learned of Ursula von der Leyen’s first correction. The budget plan initially called for merging agricultural and regional funds into a single block managed directly by national governments, which a large section of the Parliament opposed (November 2025). The Commission president offered a series of commitments, including a clause that will oblige states to allocate at least 10% of funds to agricultural, sustainable and revitalisation policies for rural areas, which will be added to the «at least» 300 billion allocated to the common agricultural policy.

The reforms and investments contemplated in the National and Regional Association Plans will include support for the defense industry.

Origin of funds MPF 2028-2034

Comparison of the sources of funding for the current (2021-2027) and planned (2028-2034) multiannual financial frameworks.

Source: European Commission.

Von der Leyen during the presentation of the 2028-2034 forecast. July 2025. Copyright European Union 2025.

Find out more

The MFF 2028-2034: a proposal that foreshadows tough political clashes that will not lead to solving the EU’s problems. Judith Arnal. FEDEA Notes (October 2025).
The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe. European Commission (July 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

European Commission (July 2025).

The Draghi report on EU competitiveness. European Commission (2025).

Invertir juntos para defender mejor a Europa, por Amparo Valcarce

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

AMPARO VALCARCE,

secretaria de Estado de Defensa

Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida"

Invertir juntos para defender mejor a Europa

Europa atraviesa un punto de inflexión histórico. La guerra en Ucrania, el deterioro acelerado del entorno geopolítico y la constatación de dependencias estratégicas acumuladas durante décadas han obligado a la Unión Europea a replantearse con urgencia su modelo de seguridad. La defensa ha dejado de ser una cuestión secundaria o exclusivamente nacional para situarse en el centro del proyecto europeo. En este contexto se inscribe la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y, dentro de él, una apuesta clara: reforzar la capacidad de Europa para protegerse a sí misma.

La Comisión Europea ha propuesto incentivar el gasto destinado a defensa con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Europea de la Defensa. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor: de forma coordinada, eficiente y alineada con los intereses estratégicos comunes. Esa es la filosofía que inspira el instrumento SAFE (Security Action for Europe).

SAFE es un mecanismo financiero excepcional, creado en 2025, que pone a disposición de los Estados miembros hasta 150.000 millones de euros en préstamos en condiciones especialmente favorables. Su finalidad es clara: acelerar la preparación defensiva europea mediante inversiones urgentes y de gran escala, al tiempo que se refuerza la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea. En la práctica, SAFE permite a los países europeos adquirir capacidades críticas de defensa de manera conjunta, apoyándose en su propia industria y reduciendo dependencias externas.

Este enfoque responde a una lección aprendida con crudeza en los últimos años. Europa ha invertido durante demasiado tiempo de manera fragmentada, comprando de forma aislada y, en muchos casos, fuera del continente. El resultado ha sido una pérdida de economías de escala, problemas de interoperabilidad y una industria europea con dificultades para aumentar rápidamente su capacidad productiva cuando la situación lo exige. SAFE busca corregir estas debilidades fomentando las adquisiciones conjuntas, la planificación compartida y el fortalecimiento de cadenas de suministro europeas.

El instrumento prioriza capacidades esenciales: munición y misiles, defensa aérea y antimisil, sistemas terrestres y navales, drones y antidrones, ciberdefensa, guerra electrónica, movilidad militar o activos espaciales. Además, introduce un criterio estratégico fundamental: al menos el 65% del valor de los componentes debe proceder de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Ucrania. No se trata de proteccionismo, sino de resiliencia y autonomía estratégica.

Para España, SAFE representa una oportunidad estratégica de primer orden. Nuestro país cuenta con una industria de defensa sólida, tecnológicamente avanzada y plenamente integrada en los grandes programas europeos. Esa realidad se ve reforzada por el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa impulsado por el Gobierno de España, que comparte plenamente la filosofía europea de invertir mejor, de forma coordinada y con una clara orientación estratégica. Este Plan sitúa a la industria de defensa como un vector de soberanía, innovación y crecimiento económico, y actúa como un instrumento de alineamiento nacional con las prioridades europeas.

Desde la Secretaría de Estado de Defensa estamos trabajando intensamente para que España participe activamente en SAFE, no solo como beneficiario, sino también como país tractor de proyectos y capacidades compartidas, liderando adquisiciones conjuntas que refuercen tanto nuestras capacidades militares como la proyección internacional de nuestra industria. Esta visión combina responsabilidad estratégica, compromiso europeo y una apuesta decidida por el tejido industrial nacional, entendiendo la defensa como una política pública con efectos multiplicadores.

En este esfuerzo resulta esencial el trabajo de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID). Desde este órgano se está llevando a cabo una intensa labor de coordinación con las empresas del sector para identificar capacidades disponibles, proyectos maduros y soluciones que permitan a España presentarse ante sus socios europeos como un proveedor fiable, competitivo y tecnológicamente avanzado.

Gracias a este trabajo conjunto, España está en condiciones de liderar o participar en proyectos de alto valor estratégico. El desarrollo de los programas como la construcción de las fragatas F-110, los submarinos S-80 o la modernización de sistemas de mando y control o determinados vehículos tácticos son un claro ejemplo de ello. Se trata de capacidades maduras, con plazos de entrega compatibles con la urgencia actual y con un claro interés para otros países europeos y aliados. Además, SAFE introduce incentivos relevantes, como la exención del IVA en las operaciones financiadas por el instrumento, que refuerzan la competitividad de estos proyectos.

Un marco estable

Pero el impacto de SAFE va más allá de los grandes programas. Uno de sus efectos más positivos es la creación de un marco estable y previsible para la industria, que facilita inversiones, incrementa la capacidad productiva y activa un potente efecto tractor sobre el conjunto del ecosistema industrial, incorporando pymes, empresas tecnológicas, centros de investigación y capacidades de doble uso. La defensa, conviene recordarlo, no es solo seguridad: es también innovación, empleo cualificado, cohesión territorial y progreso tecnológico con aplicaciones civiles.

La seguridad y el bienestar no son conceptos opuestos. Sin seguridad no hay estabilidad económica, ni cohesión social, ni capacidad para sostener el modelo europeo de libertades y derechos.

Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida. SAFE encarna esa visión: cooperación frente a fragmentación, industria europea frente a dependencia, inversión estratégica frente a improvisación. Es un instrumento financiero, sí, pero sobre todo es una decisión política de gran calado.

Las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual serán complejas, como siempre ocurre cuando se trata de equilibrar intereses diversos. Pero hay algo que ya no admite demora: la necesidad de que Europa esté preparada. Invertir juntos para defender mejor a Europa es, hoy, una condición imprescindible para garantizar nuestro futuro común.

AMPARO VALCARCE,

Secretary of State for Defence

Europe defends itself not to confront, but to deter; not to militarise its identity, but to protect its way of life"

Investing together to defend Europe better

Europe is at a historic turning point. The war in Ukraine, the accelerated deterioration of the geopolitical environment and the realisation of strategic dependencies accumulated over decades have forced the European Union to urgently rethink its security model. Defence is no longer a secondary or exclusively national issue but is now at the heart of the European project. This is the context of the proposal for the new 2028-2034 Multiannual Financial Framework and, within it, a clear commitment: to strengthen Europe’s capacity to protect itself.

The European Commission has proposed boosting defence spending with the aim of moving towards a genuine European Defence Union. It is not just about spending more, but about spending better: in a coordinated, efficient way that is aligned with common strategic interests. This is the philosophy behind the SAFE (Security Action for Europe) instrument.

SAFE is an exceptional financial mechanism, created in 2025, which makes up to €150 000 million in loans available to Member States on particularly favourable terms. Its aim is clear: to accelerate European defence preparedness through urgent and large-scale investments, while strengthening the European Defence Technological and Industrial Base. In practice, SAFE enables European countries to acquire critical defence capabilities jointly, relying on their own industry and reducing external dependencies.

This approach responds to a lesson learned the hard way in recent years. Europe has for too long invested in a fragmented way, buying in isolation and, in many cases, outside the continent. The result has been a loss of economies of scale, interoperability problems and a European industry with difficulties in rapidly increasing its production capacity when the situation demands it. SAFE seeks to address these weaknesses by encouraging joint procurement, shared planning and the strengthening of European supply chains.

The instrument prioritises core capabilities: ammunition and missiles, air and missile defence, land and naval systems, drones and anti-drones, cyber defence, electronic warfare, military mobility or space assets. In addition, it introduces a key strategic criterion: at least 65% of the value of the components must be sourced from the European Union, the European Economic Area or Ukraine. This is not about protectionism, but about resilience and strategic autonomy.

For Spain, SAFE represents a major strategic opportunity. Our country has a solid, technologically advanced defence industry that is fully integrated into major European programmes. This reality is reinforced by the Industrial and Technological Plan for Security and Defence promoted by the Spanish government, which fully shares the European philosophy of investing better, in a coordinated manner and with a clear strategic orientation. This Plan positions the defence industry as a vector of sovereignty, innovation and economic growth, and acts as an instrument of national alignment with European priorities.

From the Secretary of State for Defence, we are working intensively to ensure that Spain actively participates in SAFE, not only as a beneficiary but also as a driving country of shared projects and capabilities, leading joint acquisitions that strengthen both our military capabilities and the international reach of our industry. This vision combines strategic responsibility, a European commitment and a firm pledge to the national industrial base, where defence is understood as a public policy with multiplier effects.

The work of the Directorate General for Defence Industry Strategy and Innovation (DIGEID) is essential to this effort. This body is carrying out intense coordination work with companies in the sector to identify available capacities, mature projects and solutions that will enable Spain to present itself to its European partners as a reliable, competitive and technologically advanced supplier.

Thanks to this joint work, Spain is in a position to lead or participate in projects of high strategic value. The development of programmes such as the construction of the F-110 frigates, S-80 submarines or the modernisation of command and control systems or certain tactical vehicles are a clear example of this. These are mature capabilities, with lead times compatible with the current urgency and of clear interest to other European countries and allies. In addition, SAFE introduces relevant incentives, such as VAT exemption on operations financed by the instrument, which strengthen the competitiveness of these projects.

A stable framework

But SAFE’s impact goes beyond large programmes. One of its most positive effects is the creation of a stable and predictable framework for industry, which facilitates investments, increases productive capacity and activates a powerful driving effect on the industrial ecosystem as a whole, incorporating SMEs, technology companies, research centres and dual-use capabilities. Defence, it is worth remembering, is not only security: it is also innovation, skilled employment, territorial cohesion and technological progress with civilian applications.

Security and well-being are not opposites. Without security there is no economic stability, no social cohesion, and no capacity to sustain the European model of freedoms and rights.

Europe defends itself not to confront, but to deter; not to militarise its identity, but to protect its way of life. SAFE embodies this vision: cooperation versus fragmentation, European industry versus dependence, strategic investment versus improvisation. It is a financial instrument, yes, but above all it is a major political decision.

Negotiations on the new Multiannual Financial Framework will be complex, as is always the case when balancing different interests. But there is one thing that can no longer be delayed: the need for Europe to be ready. Investing together to defend Europe better is now a prerequisite for securing our common future.

Entrevista a David Figueroa, presidente la Unión Internacional del Notariado (UINL)

ALDEA GLOBAL

Los notarios somos garantes de la legalidad, pero también de la ética”

David Figueroa,

presidente la Unión Internacional del Notariado (UINL)

JOSÉ M. CARRASCOSA

El pasado octubre, en Berlín, el notario mexicano David Figueroa Márquez resultó elegido presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) para el período 2026-2028. Previamente había ejercido como presidente del Notariado de su país y, en  la UINL, como presidente la Comisión de Asuntos Americanos y miembro del Consejo de Dirección.

-¿Qué supone para usted, tanto en lo personal como en lo profesional, ser el máximo representante de los cerca de 300.000 notarios repartidos por el mundo?

– Es una profunda responsabilidad y, al mismo tiempo, una gran honra. Representar al Notariado mundial es un acto de servicio que exige compromiso, empatía y visión global. En lo personal, lo asumo como un reconocimiento al trabajo colectivo del Notariado mexicano e iberoamericano, que ha demostrado capacidad, preparación y sentido social. En lo profesional, es la oportunidad de contribuir a fortalecer una institución que da confianza a millones de ciudadanos en el mundo.

 


“REPRESENTAR AL NOTARIADO MUNDIAL ES UN ACTO DE SERVICIO QUE EXIGE COMPROMISO, EMPATÍA Y VISIÓN GLOBAL”


 

-¿Cómo valora su experiencia previa en sus anteriores cargos directivos?

– Esas experiencias me han permitido conocer de cerca la realidad de los notariados, sus fortalezas y sus desafíos. La presidencia del Notariado mexicano me enseñó el valor de la unidad y del trabajo colegiado, mientras que la Comisión de Asuntos Americanos me ofreció una visión continental, con contextos jurídicos y culturales muy diversos. Esas vivencias me dieron claridad sobre cómo construir consensos y cómo traducir las diferencias en oportunidades de crecimiento institucional.

-¿Qué principales desafíos cree que enfrenta hoy la UINL y qué líneas de acción se propone impulsar durante su presidencia?

– El desafío central es mantener la vigencia del modelo notarial romano-germánico en un entorno global que cambia aceleradamente. Debemos avanzar en la transformación digital con identidad notarial, fortalecer la colaboración con organismos internacionales y reforzar la presencia del Notariado en temas globales como el desarrollo sostenible, la protección de datos, la prevención de lavado de dinero y el acceso equitativo a la justicia. Mi meta es que la UINL sea vista no solo como una organización jurídica, sino como un actor internacional central en la construcción de confianza, paz y desarrollo.

 


“QUE DOS TERCIOS DEL MUNDO CONFÍEN EN ESTE SISTEMA SIGNIFICA QUE LA SOCIEDAD VALORA LA CERTEZA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS”


 

-La UINL agrupa a 93 países que representan a dos terceras partes de la población mundial. ¿Qué mensaje le transmite este respaldo internacional al sistema notarial latino-germánico?

– Y pienso que pronto seremos 100. Esa es la mejor prueba de su solidez. El modelo notarial romano-germánico se ha consolidado como un referente de seguridad jurídica y eficiencia institucional. Que dos tercios del mundo confíen en este sistema significa que la sociedad valora la certeza, la prevención de conflictos y la protección de los derechos. Ese respaldo nos motiva a seguir modernizando la función sin renunciar a su esencia: el servicio público ejercido con independencia, imparcialidad y humanidad.

-En los últimos años, países tan relevantes como China se han incorporado al sistema. ¿Cómo interpreta esta expansión y qué oportunidades abre para el Notariado?

– La incorporación de China y otros países demuestra que el modelo romano-germánico no es una tradición regional, sino una respuesta global a la necesidad de seguridad jurídica. Abre oportunidades de diálogo intercultural, de cooperación tecnológica y de armonización de estándares internacionales. Nos permite compartir experiencias, desarrollar proyectos conjuntos y posicionar al Notariado como un socio confiable para los gobiernos y las economías emergentes.

-¿Qué cree que puede aportar el Notariado latino en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado?

– El Notariado latino aporta humanismo y equilibrio. En un mundo dominado por la tecnología, el notario representa la figura de confianza que valida la voluntad humana detrás de cada acto jurídico. Somos garantes de la legalidad, pero también de la ética. Nuestra función aporta valor en la economía digital porque traduce la confianza en reglas, y las reglas en justicia.

 


“EL NOTARIADO ESPAÑOL ES UN EJEMPLO DE COMPROMISO Y VISIÓN. HA SABIDO COMBINAR UNA SÓLIDA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL CON UNA APERTURA MODERNA HACIA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”


 

-El Notariado de España viene realizando una amplia agenda en el ámbito internacional. ¿Cómo la valora?

– El Notariado español es un ejemplo de compromiso y visión. Ha sabido combinar una sólida estructura institucional con una apertura moderna hacia la cooperación internacional. Su liderazgo técnico y académico ha contribuido enormemente a la formación de otros notariados y al fortalecimiento de la UINL.

-Ha visitado en varias ocasiones al Notariado de España, la última en febrero de este año. ¿Cómo valora su Centro Tecnológico, su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales o las actividades de la Fundación Aequitas? ¿Cree que este tipo de experiencias pueden trasladarse a otros países?

– Sin duda. El Centro Tecnológico del Notariado español y su OCP son modelos de eficiencia y transparencia. Han demostrado que la innovación puede coexistir con la función pública sin perder rigor ni humanidad. Y la Fundación Aequitas, con su labor social, recuerda que el Notariado no solo autentica documentos, sino que transforma vidas. Muchas de estas experiencias pueden y deben adaptarse a otros contextos, respetando las realidades locales.

-También ha participado en varios cursos, jornadas y seminarios organizados por el Notariado de España. ¿Considera útiles estas actividades?

– Por supuesto. El intercambio académico y técnico entre notariados fortalece a todos. España ha sabido crear espacios de diálogo donde se comparten buenas prácticas y se forja una comunidad internacional de conocimiento. Creo que esa es una de las grandes fortalezas del Notariado: aprender juntos para servir mejor.

 


“LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE AYUDARNOS A SER MÁS EFICIENTES, PERO NUNCA SUSTITUIRÁ LA PRUDENCIA NI LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DEL NOTARIO”


 

-¿Cómo ve el futuro del Notariado en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial?

– Lo veo con optimismo. La tecnología no es una amenaza, sino una herramienta. La inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más eficientes, pero nunca sustituirá la prudencia ni la responsabilidad ética del notario. El reto es incorporar la innovación sin perder el sentido humano de la función. El Notariado del futuro será digital, sí, pero sobre todo seguirá siendo profundamente humano.

-¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos en materia de seguridad jurídica preventiva en el plano internacional?

– El reto es garantizar que la globalización no debilite los estándares de legalidad. La movilidad de personas, capitales y datos exige respuestas jurídicas coordinadas. La seguridad jurídica preventiva debe evolucionar hacia un modelo de confianza internacional compartida, donde los notarios trabajemos de la mano con otras profesiones y organismos para asegurar transparencia, integridad y certeza.

-¿Qué papel puede desempeñar el Notariado en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la promoción de la justicia y la paz social?

– El Notariado es, ante todo, una profesión de paz. Actuamos antes del conflicto, en el momento en que las personas buscan acuerdos y soluciones. En cada acto notarial hay un ejercicio de justicia preventiva. Esa labor, silenciosa pero constante, contribuye a la estabilidad social y a la convivencia armónica.

-¿Qué lo motivó a dedicar su carrera a la función notarial?

– Desde muy joven me atrajo la idea de servir a la sociedad a través del Derecho, pero de una forma cercana y preventiva. Descubrí en el Notariado una profesión que une la técnica jurídica con la sensibilidad humana, donde cada firma representa un acto de confianza entre las personas.

-¿Quiénes han sido sus principales referentes o maestros en el ejercicio del Notariado?

– He tenido grandes maestros en México y en el extranjero, pero sobre todo admiro a los notarios que trabajan día a día con discreción, honestidad y vocación de servicio. Ellos representan el espíritu auténtico de nuestra función.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los notarios del mundo que hoy lo felicitan por su elección?

– Les diría que esta elección no es un triunfo individual, sino colectivo. Pertenece a todos los notarios que creen en el valor de la seguridad jurídica, en la ética profesional y en la cooperación internacional. Mi compromiso es trabajar con todos y para todos, con respeto, transparencia y entusiasmo. El futuro del Notariado es tan grande como nuestra voluntad de servir.

HUELLA DIGITAL

La actividad de Figueroa en redes sociales en incesante, como puede comprobarse en su perfil de Instagram (@davidfigueroamarquez con más de 1.000 seguidores), donde publicó imágenes de su activa campaña por diversos países. Asimismo, cuenta con espacio propio en X, @davidfigueromarquez

notaries are guarantors of legality, but also of ethics”

David Figueroa,

resident of the International Union of Notaries (UINL)

JOSÉ M. CARRASCOSA

Last October in Berlin, Mexican notary David Figueroa Márquez was elected president of the International Union of Notaries (UINL) for the period 2026-2028. He previously served as president of his country’s notarial profession and, at the UINL, as chairman of the American Affairs Committee and as a member of the board of directors.

-What does it mean to you, both personally and professionally, to be the highest representative of the 300,000 notaries around the world?

– It is a profound responsibility and, at the same time, a great honour. Representing the world’s notarial profession is an act of service that demands commitment, empathy and global vision. Personally, I see this as recognition of the collective work of the Mexican and Ibero-American notariat, who have demonstrated capacity, preparation and a sense of social responsibility. Professionally, it is an opportunity to contribute to strengthening an institution that gives confidence to millions of citizens around the world.

 


“REPRESENTING THE WORLD’S NOTARIAL PROFESSION IS AN ACT OF SERVICE THAT DEMANDS COMMITMENT, EMPATHY AND GLOBAL VISION”


 

-How would you rate your previous experience in management?

– These experiences have given me an insight into the reality of notaries’ offices, their strengths and challenges. The presidency of the Mexican Notariat taught me the value of unity and working collectively, while the Committee on American Affairs offered me a continental perspective, encompassing very diverse legal and cultural contexts. These experiences gave me clarity on how to build consensus and how to translate differences into opportunities for institutional growth.

-What do you see as the main challenges facing UINL today and what courses of action do you intend to follow during your presidency?

– The central challenge is to maintain the relevance of the Romano-Germanic notarial model in a rapidly changing global environment. We must advance the digital transformation with notarial identity, strengthen collaboration with international organisations and strengthen the presence of the notarial profession in global issues such as sustainable development, data protection, money laundering prevention and equitable access to justice. My goal is for UINL to be seen not only as a legal organisation, but as a central international actor in building trust, peace and development.

 


“THE FACT THAT TWO-THIRDS OF THE WORLD TRUST THIS SYSTEM MEANS THAT SOCIETY VALUES CERTAINTY, CONFLICT PREVENTION AND THE PROTECTION OF RIGHTS”


 

-The UINL brings together 93 countries representing two-thirds of the world’s population. What message does this international support for the Latin-Germanic notarial system convey to you?

– And I think there will soon be 100 of us. That is the best proof of its strength. The Romano-Germanic notarial model has established itself as a benchmark for legal certainty and institutional efficiency. That two-thirds of the world trust this system means that society values certainty, conflict prevention and the protection of rights. This support motivates us to continue modernising the function without renouncing its essence: public service exercised with independence, impartiality and humanity.

-In recent years, countries as important as China have joined the system. How do you interpret this expansion and what opportunities does it open up for the notarial profession?

– The incorporation of China and other countries shows that the Romano-Germanic model is not a regional tradition, but a global response to the need for legal certainty. It opens up opportunities for intercultural dialogue, technological cooperation and the harmonisation of international standards. It allows us to share experiences, develop joint projects and position the Notariat as a reliable partner for governments and emerging economies.

What do you think Latin notaries can contribute in an increasingly globalised and digitalised world?

– The Latin notariat provides humanism and balance. In a world dominated by technology, the notary represents the trusted figure who validates the human will behind every legal act. We are guarantors of legality, and also of ethics. Our role brings value to the digital economy because it translates trust into rules and those rules into justice.

 


“THE SPANISH NOTARIAT IS AN EXAMPLE OF COMMITMENT AND VISION. “IT HAS MANAGED TO COMBINE A SOLID INSTITUTIONAL STRUCTURE WITH A MODERN OPENNESS TOWARDS INTERNATIONAL COOPERATION”


 

-The Spanish Notariat has been applying an extensive agenda in the international sphere. How do you assess it?

– The Spanish Notariat is an example of commitment and vision. It has successfully combined a solid institutional structure with a modern openness to international cooperation. His technical and academic leadership has contributed greatly to the development of other notariats and the strengthening of UINL.

-He has visited the Spanish Notariat on several occasions, most recently in February this year. How do you rate your Technology Centre, your Centralised Money Laundering Prevention Body (OCP), for money laundering or the activities of the Aequitas Foundation? Do you think this type of experience can be transferred to other countries?

– Of course. The Spanish Notarial Technology Centre and its Centralised Money Laundering Prevention Body (OCP), are models of efficiency and transparency. They have shown that innovation can coexist with public service without losing rigour or humanity. Through its social action, the Aequitas Foundation reminds us that the notariat not only authenticates documents, but also transforms lives. Many of these experiences can and should be adapted to other contexts, and respect local realities.

-He has also participated in several courses, conferences and seminars organised by the Spanish Notariat. Do you find these activities useful?

– Of course. The academic and technical exchange between notariats strengthens everyone. Spain has created spaces for dialogue where good practices are shared and an international knowledge community is forged. I believe that is one of the great strengths of the notarial profession: learning together to better serve.

 


“ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAN HELP US BE MORE EFFICIENT, BUT IT WON’T REPLACE THE NOTARY’S PRUDENCE OR THEIR ETHICAL RESPONSIBILITY”


 

-How do you see the future of the notariat in the context of digitalisation and artificial intelligence?

– I am optimistic. Technology is not a threat, but a tool. Artificial intelligence can help us to be more efficient, but it will never replace the prudence and ethical responsibility of the notary. The challenge is to incorporate innovation without losing the human aspect of the role. The notariat of the future will be digital, of course, but above all it will remain profoundly human.

-What do you see as the main challenges in terms of preventive legal certainty at the international level?

– The challenge is to ensure that globalisation does not undermine standards of legality. The mobility of people, capital and data requires coordinated legal responses. Preventive legal certainty must evolve towards a model of shared international trust, where we notaries work hand in hand with other professions and bodies to ensure transparency, integrity and legal assurance.

-What role can the notary’s office play in protecting citizens’ rights and promoting justice and social peace?

– The Notariat is, first and foremost, a profession of peace. We act before the conflict, when people are looking for agreements and solutions. In every notarial act there is an exercise of preventive justice. That work, silent but constant, contributes to social stability and harmonious coexistence.

-What motivated you to dedicate your career to the notarial function?– From a very young age I was drawn to the idea of serving society through the law, but in an approachable, preventative way. I discovered in the notary’s office a profession that unites legal technique with human sensitivity, where each signature represents an act of trust between people.

-Who have been your main influences or teachers in notarial practice?

– I have had great teachers in Mexico and abroad, but above all I admire the notaries who work day-to-day with discretion, honesty and a vocation for public service. They represent the true spirit of our role.

-What message would you like to convey to the notaries of the world who are congratulating you today on your election?

– I would tell them that this election is not an individual triumph, but a collective one. It applies to all notaries who believe in the value of legal certainty, professional ethics and international cooperation. My commitment is to work with everyone and for everyone, with respect, transparency and enthusiasm. The future of the notarial profession is as great as our willingness to serve.

Digital signature

Figueroa’s activity on social networks is incessant, as can be seen in his Instagram profile (@davidfigueroamarquez with more than 1,000 followers), where he posted images of his active campaign in various countries. He also has his own space on X, @davidfigueromarquez

Reforzar la seguridad jurídica en Iberoamérica, clave para la cooperación y el desarrollo

ALDEA GLOBAL

Reforzar la seguridad jurídica en Iberoamérica, clave para la cooperación y el desarrollo

ALEJANDRO MOYA BLAY

La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el espacio iberoamericano, establecer un marco normativo que facilite la cooperación y movilizar la inversión pública y privada para la financiación del desarrollo sostenible fueron las principales conclusiones de las IX Jornadas sobre Seguridad Jurídica de las Inversiones en Iberoamérica, que reunió a notarios, juristas, profesionales sectoriales y representantes de las más altas instituciones europeas y latinoamericanas.

La sesión tomó como punto de partida la ‘Declaración de Sevilla’, documento que recoge los acuerdos alcanzados en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, celebrada en la capital hispalense en el mes de julio. Sobre la Declaración, Cristina Díaz Fernández-Gil, embajadora en misión especial para financiación del desarrollo, señaló que “ha constituido una oportunidad para renovar el compromiso con el multilateralismo y con la cooperación internacional; así como el consenso mundial sobre la financiación del desarrollo sostenible, subrayando la necesidad de movilizar todas las fuentes de financiación: públicas, privadas, nacionales e internacionales. El momento, por tanto, para celebrar estas jornadas nos parece muy oportuno”.

 


ESPAÑA ESTÁ COMPROMETIDA CON UNA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA QUE IMPULSE MODELOS DE DESARROLLO EQUILIBRADOS


 

Esta Declaración, expuso Díaz, “nos da el marco político para consensuar fórmulas que protejan inversiones y, al mismo tiempo, salvaguarden políticas públicas legítimas. Fortalecer la seguridad jurídica es una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia efectiva. España está comprometida con una cooperación iberoamericana que impulse modelos de desarrollo equilibrados entre las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica; y que no pierdan de vista el desarrollo humano, la educación, la salud, la protección social y la reducción de descomodidades. Solo así podemos asegurar que la inversión privada sea un verdadero catalizador del bienestar y no un fin en sí misma”.

Foro de diálogo

Asimismo, la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, apuntaló que esta Declaración ha sentado las bases de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid, en noviembre de 2026. “Uno de los puntos fundamentales de la Declaración -explicó Barrio Del Olmo- es la reafirmación de la Comunidad Iberoamericana como un foro privilegiado de diálogo, concertación política, solidaridad y cooperación. Esta cooperación tiene un valor esencial en estos momentos y la presencia española es de gran trascendencia».

 


LA SESIÓN TOMÓ COMO PUNTO DE PARTIDA LA ‘DECLARACIÓN DE SEVILLA’, DOCUMENTO QUE RECOGE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO


 

La presidenta del CGN subrayó que «las relaciones entre España y América tienen unas raíces centenarias, en múltiples ámbitos: la lengua, la cultura, el derecho o el comercio, así como en la conexión de la vida de los ciudadanos. Precisamente en esa conexión tuvieron originalmente un papel destacado los escribanos, hoy notarios: para conocer la historia de España y de América hay que acudir a la rica fuente de los protocolos notariales”. “Ahora la sociedad nos exige reeditar esas relaciones con certeza y seguridad jurídica y, en pro de ello, desde el Notariado español hemos impulsado la cooperación internacional con proyectos como Iberfides, una plataforma que facilita y refuerza la circulación de documentos notariales en Iberoamérica”, explicó.

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, se refirió también a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado: “Constituye una gran oportunidad para avanzar en una planificación de la cooperación iberoamericana más estratégica y concertada, con nuevas prioridades y con mecanismos renovados que contribuyan a la consolidación del sistema”. Este nuevo enfoque estratégico -señaló- “se abrirá a los nuevos desafíos que afronta Iberoamérica: la prosperidad, que debe alcanzarse a través de un crecimiento robusto; la gobernabilidad, que requiere corregir las disfuncionalidades del sistema político; y la seguridad en todas sus variables, incluyendo la seguridad jurídica sobre la que profundizamos en estas jornadas. Sin seguridad no hay gobernabilidad ni prosperidad”.

Compromisos adquiridos

En la primera mesa redonda de la sesión, el director del Grupo de Expertos Independientes de la Conferencia de Sevilla, José Antonio Ocampo, analizó los compromisos adquiridos en la Declaración y los pasos para su aplicación: “Plantea objetivos ambiciosos y avances muy importantes en materia de financiación para el desarrollo, el fortalecimiento de los recursos públicos nacionales, gobernanza fiscal y cooperación tributaria; pero también propuestas algo más débiles en materia de cooperación monetaria internacional y gestión de la deuda, así como las dificultades derivadas de la ausencia de apoyo por parte de Estados Unidos”.

Ocampo compartió algunas de las claves de los compromisos de Sevilla, entre las que destacó: “Combatir los flujos financieros ilícitos, con la implementación efectiva de la Convención de la ONU contra la corrupción y cooperación internacional para la recuperación de activos; el desarrollo de registros de activos, con información sobre los beneficiarios finales e intercambio de información entre ellos; o mejorar la gobernabilidad de las instituciones y aumentar la voz y representación de los países en desarrollo”.

Por su parte, Gabriel Mato, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, hizo hincapié en el carácter bidireccional de las relaciones entre España e Iberoamérica. “Cada vez más empresas latinoamericanas invierten en nuestro país y participan activamente en la economía europea. Latinoamérica ofrece a Europa un mercado en expansión con más de 600 millones de consumidores y Europa ofrece a América Latina tecnología, financiación, estándares ambientales y sociales muy elevados y un modelo de desarrollo sostenible”, aseguró.

El eurodiputado hizo alusión a los acuerdos de asociación, libre comercio y cooperación firmados por la UE con numerosos países latinoamericanos; acuerdos que son “una referencia global por su equilibrio entre la apertura económica, la sostenibilidad y la protección social. Quedan temas pendientes, pero lo importante es que la agenda existe y cuenta con el impulso de gobiernos, empresas y ciudadanos comprometidos en ambas orillas del Atlántico. Tenemos valores afines y compartimos una idea de democracia representativa, de Estado de Derecho, de economía social de mercado y de respeto a la dignidad humana”, enfatizó.

Visión empresarial

Representantes del sector farmacéutico, bancario y filantrópico aportaron su visión profesional en el segundo panel de debate de la jornada. Laura Fernández Lord -jefa de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA- destacó el papel del sector privado como “catalizador del desarrollo sostenible, de las políticas inclusivas para el emprendimiento y del acceso a la financiación en un entorno cada vez más complejo”. Fernández Lord subrayó la importancia de complementar el acceso a financiación con formación y tecnología, en especial para aquellos colectivos vulnerables, y puso el foco sobre las pymes: “Es necesario mejorar la financiación de las pequeñas empresas. Representan el 99% del tejido empresarial de Iberoamérica, generan el 60% del empleo y un 25% del PIB de la región”.

En esta misma línea, Jorge Cattaneo -director general de Ayuda en Acción- concretó que las dificultades de las pymes vienen derivadas de la “falta de seguridad jurídica, los distintos marcos normativos y otros riesgos asociados”; defendió la cooperación internacional como “un instrumento que genera inclusión social”; y apuntó la necesidad de “realizar inversiones que pongan el foco en la inclusión social de la juventud”.

 


REPRESENTANTES DEL SECTOR FARMACÉUTICO, BANCARIO Y FILANTRÓPICO APORTARON SU VISIÓN PROFESIONAL EN EL SEGUNDO PANEL DE DEBATE DE LA JORNADA


 

“Nosotros vemos en la agenda europea una oportunidad -prosiguió-. En España tenemos 300.000 millones de euros de inversión y otros 145.000 millones planificados desde las instituciones financieras. La cooperación española está preparada: tiene los fondos, el marco legislativo y una estructura adaptada”. También se refirió a las nuevas fórmulas de cooperación, “contratos y convenios más complejos, que integran diferentes instrumentos que precisan gestionar préstamos blandos con garantías, con actividad filantrópica, con subvenciones, etc.”. Y abogó por encontrar modalidades que agilicen y faciliten el proceso: “Todo esto no va a ser posible sin inversión privada.

Emili Esteve, director de Asuntos Técnicos de Farmaindustria, incidió en la seguridad jurídica como un elemento sustancial, especialmente para el sector farmacéutico: “La UE y Estados Unidos cuentan con sistemas de protección que garantizan que la inversión de las compañías podrá obtener un retorno”. Además, hizo hincapié en el esfuerzo de la Unión Europea “para que estas relaciones se refuercen y se incrementen” y abordó el reto regulatorio que suponen los procedimientos de aprobación de los medicamentos: “Europa se ha dotado de un sistema único de evaluación y autorización. La ausencia de este sistema en Iberoamérica dificulta mucho el proceso. Contar con un sistema como el europeo sería una solución para el inversor”.

Al cierre de la sesión intervino el consejero técnico de la Dirección de Cooperación con Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, Diego Spottorno: “La cooperación española vive un momento de pleno compromiso con Iberoamérica, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el plano legislativo, con la nueva Ley de Cooperación”, remarcó.

La jornada fue organizada por el Consejo General del Notariado, en colaboración con la Unión Internacional del Notariado (UINL) y la Academia Notarial Americana de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la UINL, bajo la dirección de Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y delegado del Consejo General del Notariado para América; y con la coordinación y moderación de Ramón Casilda, presidente de la Asociación de Empresas Multilatinas en España y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.

Red de Cooperación Iberoamericana

Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), señaló que “la cooperación, no es una aspiración, sino un imperativo institucional y una necesidad económica que estamos llevando a cabo a través de tres pilares: IberRed, IBER@ y la seguridad jurídica”. Sobre IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), apuntó que se trata de “una estructura permanente, con competencias, procedimientos y recursos dedicados a la cooperación transnacional, que conecta a los Ministerios de Justicia, a la Fiscalía y a los poderes judiciales de los 22 países iberoamericanos, beneficiando a más de 500 millones de personas”.

En segundo lugar, puso de relieve el valor de la plataforma IBER@, desarrollada por el Centro Tecnológico del Notariado español -en coordinación con expertos de distintos países-, como “un ecosistema digital de comunicación segura y cifrada” que ha permitido “experimentar mejoras significativas con la agilización de trámites, la reducción de costes administrativos y una mayor confiabilidad operativa”.

Por último, aludió a la seguridad jurídica como una línea de trabajo estratégica y uno de los grandes desafíos en Iberoamérica: “Los empresarios españoles invierten anualmente 143 mil millones de euros en la Región, lo cual representa el 43% de la inversión exterior de España. Sin embargo, esta cifra podría ser significativamente mayor si tuviésemos una seguridad jurídica más robusta”. Así, reivindicó una seguridad jurídica basada en “la imparcialidad del Poder Judicial, la digitalización de la Administración de Justicia, la armonización de los marcos regulatorios y la prevención del lavado de activos y los delitos financieros”. En esta materia, en España, puntualizó, “contamos con el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP), un modelo en el que los notarios identifican y reportan operaciones sospechosas”.

De izda. a dcha.: Cristina Díaz Fernández-Gil, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Enrique Gil Botero.

CRISTINA DÍAZ FERNÁNDEZ-GIL:

“Fortalecer la seguridad jurídica es una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia efectiva”

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

“Desde el Notariado español hemos impulsado la cooperación internacional con Iberfides, que facilita y refuerza la circulación de documentos notariales en Iberoamérica”

ANDRÉS ALLAMAND:

“En estas jornadas profundizaremos sobre la seguridad jurídica. Sin seguridad no hay gobernabilidad ni prosperidad”

La cooperación,
una necesidad estratégica

La clausura institucional del encuentro corrió a cargo de David Figueroa Márquez, presidente electo de la Unión Internacional del Notariado para el periodo 2026-2028, quien elogió la labor del Notariado español en pro de la cooperación iberoamericana, “hoy más que nunca una necesidad estratégica y una responsabilidad conjunta”. En su discurso, Figueroa destacó la utilidad de estas jornadas y de las aportaciones de los panelistas: “Hemos dialogado sobre seguridad jurídica, inversiones, institucionalidad, cohesión regional y modelos de desarrollo sostenible, y lo hemos hecho con la convicción de que la cooperación no es un concepto abstracto, sino el fundamento que permite dar certeza, estabilidad y rumbo a las decisiones económicas y jurídicas en esta vasta región de Iberoamérica”.

De izda. a dcha.: Emili Esteve, Ramón Casilda, Laura Fernández Lord y Jorge Cattaneo.

Strengthening legal security in Ibero-America, key to cooperation and development

ALEJANDRO MOYA BLAY

The need to strengthen legal security in the Ibero-American space, establish a regulatory framework that facilitates cooperation and mobilise public and private investment for the financing of sustainable development, were the main conclusions of the IX Conference on the Legal Security of Investment in Ibero-America, which brought together notaries, jurists, sector professionals and representatives of the highest European and Latin American institutions.

The session took as its starting point the «Seville Declaration», a document that includes the agreements reached at the IV International Conference on Financing for Development, held in Seville in July. On the Declaration, Cristina Díaz Fernández-Gil, Ambassador-at-Large for Financing for Development, noted that «it has been an opportunity to renew the commitment to multilateralism and international cooperation, as well as the global consensus on financing for sustainable development, by underlining the need to mobilise all sources of financing: public, private, national and international. “The moment, therefore, to hold these sessions seems very opportune to us.”

 


SPAIN IS COMMITTED TO IBERO-AMERICAN COOPERATION THAT PROMOTES BALANCED DEVELOPMENT MODELS.


 

This Declaration, said Díaz, “gives us the political framework to agree on formulas that protect investments and, at the same time, safeguard legitimate public policies. Strengthening legal security is a prerequisite for sustainable development, social justice and effective democracy. Spain is committed to Ibero-American cooperation that foster s development models balanced across the three dimensions of sustainability: environmental, social and economic; and that do not lose sight of the development of people, education, health, social protection and the reduction of discomforts. Only in this way can we ensure that private investment is a real catalyst for welfare and not an end in itself.

Dialogue Forum

Similarly, the President of the General Council of Notaries (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, pointed out that this Declaration has laid the foundations for the XXX Ibero-American Summit of Heads of State and Government, which will be held in Madrid in November 2026. “One of the fundamental points of the Declaration,” explained Barrio Del Olmo, “is the reaffirmation of the Ibero-American Community as a privileged forum for dialogue, political consultation, solidarity and cooperation. This cooperation is of essential value at this time and the Spanish presence is of great importance.

 


THE SESSION TOOK AS ITS STARTING POINT THE ‘SEVILLE DECLARATION’, A DOCUMENT THAT INCLUDES THE AGREEMENTS REACHED AT THE IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCING FOR DEVELOPMENT


 

The president of the CGN stressed that «relations between Spain and the Americas have centuries-old roots in many areas: language, culture, law and trade, and in the links between citizens’ lives». It was precisely in this connection that the scribes, today known as notaries, originally played an important role: to learn about the history of Spain and the Americas, one must turn to the extensive source of notary records”. “Society now demands that we reissue those relations with certainty and legal security and, to this end, the Spanish notarial profession has promoted international cooperation with projects such as Iberfides, a platform that facilitates and reinforces the circulation of notarial documents in Ibero-America ”, he explained.

The Ibero-American Secretary General, Andrés Allamand, also referred to the forthcoming Ibero-American Summit of Heads of State: “It is a great opportunity to advance towards more strategic and coordinated planning of Ibero-American cooperation, with new priorities and renewed mechanisms that contribute to the consolidation of the system”. This new strategic focus, he said, «will open up to the new challenges facing Ibero-America: prosperity, which must be achieved through robust growth; governability, which requires correcting the dysfunctionalities of the political system; and security in all its variables, including legal security, which we will examine in depth at this conference. Without security, there is no governance and no prosperity.

Commitments made

In the first round table of the session, the director of the Seville Conference’s Group of Independent Experts, José Antonio Ocampo, analysed the commitments made in the Declaration and the steps for its implementation: «It sets out ambitious goals and very important advances in financing for development, strengthening domestic public resources, fiscal governance and tax cooperation; it also makes somewhat weaker proposals on international monetary cooperation and debt management, as well as the difficulties arising from the absence of US support”.

Ocampo shared some key elements of the Seville commitments, among which he highlighted: “Combating illicit financial flows, with the effective implementation of the UN Convention against Corruption and international cooperation for asset recovery; the development of asset registries, with information on the beneficial owners and exchange of information between them; or improving the governance of institutions and increasing the voice and representation of developing countries”.

For his part, Gabriel Mato, President of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly, emphasised the two-way nature of relations between Spain and Ibero-America. “More and more Latin American companies are investing in our country and actively participating in the European economy. Latin America offers Europe a growing market with more than 600 million consumers and Europe offers Latin America technology, financing, very high environmental and social standards and a sustainable development model,» he said.

The MEP referred to the association, free-trade and cooperation agreements signed by the EU with numerous Latin American countries; agreements which are “a global benchmark for their balance between economic openness, sustainability and social protection. There are still outstanding issues, but the important thing is that the agenda exists and has the momentum of committed governments, businesses and citizens on both sides of the Atlantic. “We share similar values and a vision of representative democracy, the rule of law, a social market economy and respect for human dignity,” he emphasised.

Business vision

Representatives from the pharmaceutical, banking and philanthropic sectors gave their professional insights in the second panel discussion of the day. Laura Fernández Lord, head of Sustainability, Equity and Inclusion at the BBVA Microfinance Foundation, highlighted the role of the private sector as «a catalyst for sustainable development, inclusive policies for entrepreneurship and access to finance in an increasingly complex environment». Fernández Lord stressed the importance of complementing access to finance with training and technology, especially for vulnerable groups, and focused on SMEs: «Small business finance needs to be improved. “They represent 99% of the business fabric of Iberoamerica, generate 60% of employment and 25% of the region’s GDP”.

Along the same lines, Jorge Cattaneo – director general of Ayuda en Acción – specified that the difficulties faced by SMEs stem from the ”lack of legal certainty, the different regulatory frameworks and other associated risks”; he defended international cooperation as ”an instrument that generates social inclusion”; and he pointed out the need to ”make investments that focus on the social inclusion of youth”.

 


REPRESENTATIVES FROM THE PHARMACEUTICAL, BANKING AND PHILANTHROPIC SECTORS GAVE THEIR PROFESSIONAL INSIGHTS IN THE SECOND PANEL DISCUSSION OF THE DAY.


 

We see the European agenda as an opportunity,» he continued. In Spain we have 300 billion euros of investment and another 145 billion planned by financial institutions. Spanish cooperation is ready: it has the funds, the legislative framework and a tailored structure”. He also referred to the new cooperation formulas, «more complex contracts and agreements, which integrate different instruments that need to manage soft loans with guarantees, with philanthropic activity, and with grants, etc.». And he advocated finding ways to speed up and facilitate the process: «All this will not be possible without private investment.

Emili Esteve, director of technical affairs at Farmaindustria, highlighted legal certainty as a substantial element, especially for the pharmaceutical sector: “The EU and the US have protective systems in place to ensure that the investments of companies will be able to obtain a return”. He also emphasised the EU’s efforts « to further strengthen these relationships » and addressed the regulatory challenge of medicines approval procedures: “Europe has established a single assessment and authorisation system. The absence of this system in Iberoamérica makes the process very difficult. Having a system like the European one would be a solution for the investor.

At the end of the session, the technical advisor of the Directorate for Cooperation with Latin America and the Caribbean of the Spanish Agency for Cooperation and Development, Diego Spottorno, spoke: «Spanish cooperation is experiencing a moment of full commitment to Ibero-America, not only from the budgetary point of view, but also from the legislative point of view, with the new Cooperation Law,» he remarked.

The conference was organised by the General Council of Notaries, in collaboration with the International Union of Notaries (UINL) and the American Notarial Academy of the Commission on American Affairs (CAAm) of the UINL, under the direction of Alfonso Cavallé, Dean of the Notarial Association of the Canary Islands and delegate of the General Council of Notaries for America; and was coordinated and moderated by Ramón Casilda, President of the Association of Multilatin Companies in Spain and member of the University Institute for Research in Latin American Studies.

Ibero-American Cooperation Network

Enrique Gil Botero, Secretary General of the Conference of Ministers of Justice of the Ibero-American Countries (COMJIB), pointed out that “ cooperation is not an aspiration, but an institutional imperative and an economic necessity that we are implementing through three pillars: “IberRed, IBER@ and legal certainty”. On IberRed (Ibero-American Network for International Legal Cooperation), he pointed out that it is «a permanent structure, with purviews, procedures and resources dedicated to transnational cooperation, which connects the Ministries of Justice, the Public Prosecutor’s Office and the judicial powers of the 22 Ibero-American countries, benefiting over 500 million people».

Secondly, he highlighted the value of the IBER@ platform, developed by the Spanish Notaries’ Technological Centre – in coordination with experts from different countries – as «a digital ecosystem of secure and encrypted communication» that has allowed «significant improvements with the streamlining of procedures, the reduction of administrative costs and greater operational reliability».

Finally, reference was made to legal certainty as a strategic area of work and one of the great challenges in Ibero-America: «Spanish businessmen invest 143 billion euros annually in the Region, which represents 43% of Spain’s foreign investment. However, this figure could be significantly higher if we had more robust legal certainty. He called for legal certainty based on «the impartiality of the judiciary, the digitisation of the administration of justice, the harmonisation of regulatory frameworks and the prevention of money laundering and financial crime». He pointed out that in Spain we have the Centralised Money Laundering Prevention Body (OCP), a model through which notaries identify and report suspicious transactions.

From left to right: Cristina Díaz Fernández-Gil, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Enrique Gil Botero.

CRISTINA DÍAZ FERNÁNDEZ-GIL:

‘Strengthening legal certainty is a prerequisite for sustainable development, social justice and effective democracy”

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

"The Spanish notarial profession has promoted international cooperation with Iberfides, which facilitates and reinforces the circulation of notarial documents in Ibero-America"

ANDRÉS ALLAMAND:

“In these sessions, we will delve deeper into legal certainty. Without security there is no governance and no prosperity”

Cooperation, a strategic necessity

The institutional closing ceremony of the meeting was led by David Figueroa Márquez, president-elect of the International Union of Notaries for the period 2026-2028, who praised the work of Spanish notaries in support of Ibero-American cooperation, «today more than ever a strategic necessity and a joint responsibility». In his speech, Figueroa highlighted the usefulness of these conferences and the contributions of the panellists: “We have discussed legal certainty, investment, institutionality, regional cohesion and models of sustainable development, and we have done so with the conviction that cooperation is not an abstract concept, but the basis for certainty, stability and direction in economic and legal decisions in this vast region of Iberoamérica”.

From left to right: Emili Esteve, Ramón Casilda, Laura Fernández Lord y Jorge Cattaneo.

Notariado y Vivienda

ENTRE MAGNITUDES

De izquierda a derecha: Raimundo Fortuñy, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Juan Pérez Hereza y Alberto Martínez Lacambra

Notariado y Vivienda

REDACCIÓN

El mercado de la vivienda en España, analizado con datos reales de compraventa, completos y actualizados disponibles en el Portal Estadístico del Notariado, la necesidad de una mayor seguridad jurídica preventiva en los contratos de alquiler y los riesgos que podrían conllevar los pactos de arras fueron los tres temas abordados en la mesa redonda Notariado y Vivienda celebrada dentro del Congreso Nacional de Vivienda organizado por la Facultad de Derecho de Universidad Complutense de Madrid.

La mesa redonda estuvo moderada por Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado, e integrada por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de Fundación Notariado; por Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTN), y por el notario de Madrid Juan Pérez Hereza.

Raimundo Fortuñy, explicó que en la mesa se iban a abordar tres ámbitos. Uno, en el que el notario tiene un papel claro, reconocido y donde la seguridad jurídica preventiva está absolutamente garantizada con su labor, como es el de la compraventa, y otros dos en los que la intervención notarial, de ser preceptiva, aportaría mayor seguridad jurídica al ciudadano. Se refería a la firma en escritura pública del contrato de alquiler y una presencia más habitual en la firma de los contratos de arras.

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentó el nuevo Portal Estadístico del Notariado ante una audiencia eminentemente académica de distintas universidades de España, así como del espectro jurídico y profesional. Este portal es una plataforma digital creada por el Consejo General del Notariado con información fidedigna y actualizada del mercado inmobiliario en España.

 


LA PRESIDENTA DEL NOTARIADO SEÑALÓ QUE PARA LOGRAR UNA CULTURA DEL ALQUILER SE NECESITAN REFORMAS LEGISLATIVAS


 

Reformas legislativas

Barrio Del Olmo explicó que en España no hay cultura del alquiler y nunca la ha habido, y que la regulación precedente en la materia (leyes en 1964, 1994 y 2013) así lo ha venido estableciendo.  La presidenta del Notariado señaló que para lograr una cultura del alquiler se necesitan reformas legislativas: “En primer lugar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la asistencia en casos de ocupación, pero mucho antes de eso, en la fase previa a la venta, sería necesaria la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos estableciendo que el contrato de alquiler se constituya en escritura pública por la transparencia y la asesoría que pueden proporcionar los notarios incrementando la seguridad jurídica para ambas partes”.

Otra de las medidas que podrían incidir positivamente serían establecer exenciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP. “Con ello, invertiríamos la situación actual en el caso de que se huya del otorgamiento de la escritura pública para evitar el pago en la liquidación de impuestos. Una legislación que fijara bonificaciones en la declaración de la renta al constituir el contrato en escritura pública, podría revertir esta situación” afirmó en su intervención.

La presidenta del Notariado explicó que los aranceles de la constitución en escritura pública serán fijados por el gobierno, como el resto de los documentos públicos y sugiere que incluso se podrían establecer diferentes tramos dependiendo del perfil del inquilino, como ante los jóvenes. “En esos casos los gastos podrían ir a cargo del arrendador ya que podría deducirse esos gastos en la declaración de la renta”.

Señaló asimismo que las escrituras de contratos de alquiler también podrían otorgarse por videoconferencia desde el Portal del Ciudadano en la Sede Electrónica Notarial, formato que cuenta con las mismas ventajas de asesoramiento notarial y control de la legalidad que una constitución presencial. Destacó que en ese caso ambas partes también podrían disponer de una copia electrónica autorizada con un Código Seguro de Verificación.   Y aclaró que la escritura del contrato de alquiler no necesariamente conllevaría su inscripción en el Registro de la Propiedad, sino que los notarios la comunicarían al Catastro, del mismo modo que se hace con las escrituras de compraventa.

Minimizar los riesgos

El notario de Madrid, Juan Pérez Hereza, se centró en el contrato de arras firmado entre vendedor y comprador en la fase previa a la realización de la escritura pública de compraventa, y abogó por la intervención notarial para minimizar los riesgos que puede correr el comprador.  Para Pérez Hereza pueden ser de dos tipos: riesgos de ineficacia y riesgos de incumplimiento. Entre los primeros enumeró la insuficiencia de facultades representativas del vendedor, como las situaciones de discapacidad o de minoría de edad, que exigen una intervención judicial, o la existencia de límites a la libre transmisión, como el hecho de estar sometida la propiedad a algún régimen de transmisión pública.

En cuanto a los riesgos de incumplimiento, y no contemplando una situación extrema de engaño premeditado por parte del vendedor, existen casos de falta de conformidad o incumplimientos parciales, bien porque la vivienda no responde física o jurídicamente a todas las expectativas del comprador, o existen derramas no declaradas, no se cumple totalmente la legalidad urbanística, existen deudas en el IBI, o discrepancias entre la superficie registral, la real y la catastral.

En el acto de clausura participó Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil en CUNEF, y vicesecretario de Fundación Notariado, quien subrayó el papel del Notariado en garantizar la seguridad jurídica que necesita el mercado del alquiler a través de la escritura pública en la formalización de los contratos.

Mesa de debate. Intervención de Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

Por un mercado del alquiler seguro

Para Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del CGN y de Fundación Notariado, hay que plantearse cuál es el motivo de que no se pongan viviendas en alquiler. En su opinión, “aparte de cuestiones económicas, es por falta de seguridad jurídica tanto para el propietario como para el inquilino” y considera que la intervención notarial en los contratos de alquiler aportaría claridad y transparencia para todas las partes. Barrio Del Olmo manifestó que el mercado del alquiler debería estar profesionalizado con la intervención notarial, entre otras razones, por la diversidad normativa que es necesario conocer, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos. “Un contrato bien redactado y bien asesorado, coadyuvaría a su cumplimiento”, manifestó.

El control de la legalidad y la transparencia en la información son esenciales, dijo, y enumeró los distintos ámbitos de la intervención notarial para conseguirlo, como la comprobación de la identidad de los contratantes, la voluntad de celebrar el contrato, el discernimiento de los firmantes,  y, fundamentalmente, la naturaleza de su vinculación con el inmueble, tanto si se es propietario, por lo que tendrá que exhibir el derecho de propiedad,  como si se tiene otro tipo de derechos, como de usufructo, de derecho ilimitado o de superficie.  “En este tipo de casos debemos hacer una advertencia muy importante para el inquilino, porque cuando se extinguen los derechos del arrendador, finalizan los del inquilino”, declaró. Afirmó igualmente que en muchas ocasiones el asesoramiento notarial contribuye a restablecer el equilibrio entre las partes, especialmente cuando el arrendador es una persona jurídica y el inquilino una persona física.

¿Cuentas conjuntas o separadas?

CONSUMO

Algo sencillo como abrir una cuenta bancaria puede complicarse si no se toman las decisiones adecuadas.

¿Cuentas conjuntas o separadas?

Marián Lezaun

Compartir o no las cuentas bancarias es una decisión que las personas que viven en pareja deben tomar tarde o temprano. Para acertar es necesario conocer las ventajas y las desventajas de cada opción y, sobre todo, estudiar cada caso en particular: desde la edad de los miembros, hasta las necesidades financieras de cada uno. No obstante, los expertos señalan que la tendencia actual entre los consumidores más jóvenes es mantener sus cuentas separadas y, en caso necesario, abrir una tercera cuenta para los gastos compartidos.

Algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria, puede complicarse si no se toman las decisiones adecuadas desde el primer momento. Y aunque la mayoría de los problemas surgen en el momento de cerrar las cuentas y liquidar el capital, se recomienda dejar constancia del origen de los fondos y de todas las aportaciones periódicas desde el inicio. No obstante, los datos señalan que, con el objetivo de evitar litigios o perder intimidad, las cuentas bancarias compartidas han dejado de ser la opción favorita de las parejas en España, que prefieren mantener cierta independencia en este aspecto. Si hace apenas unos años compartir la cuenta bancaria con la pareja era la situación habitual, las generaciones más jóvenes ni se lo plantean. Según datos de Finect, el 44’5% de los encuestados reconocía la necesidad de separar los gastos individuales y los comunes, y solo un 28’5% de personas aseguraba tener una cuenta bancaria compartida.

 


EL NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS CONJUNTAS APENAS SUPONE EL 30% EN LAS PAREJAS ESPAÑOLAS


 

Tomar una decisión

 ¿Hay una opción que sea más económica y práctica que la otra? ¿Qué pasa con las cuentas conjuntas cuando se produce una separación o algún miembro de la pareja fallece? ¿Cómo se puede garantizar el rescate de las cuentas individuales? Ahí es donde surgen las dudas y los problemas. Dicen los expertos que la falta de claridad sobre la titularidad y el origen de los fondos compartidos está disparando actualmente las consultas jurídicas. Por eso, se recomienda que cuando se abre una cuenta todo quede documentado, aunque sea de manera informal. Y es que, los bancos consultados reconocen que la mejor opción sólo depende de la situación particular, la personalidad de los miembros, el nivel de confianza y los objetivos financieros de la pareja.

Entre las ventajas de las cuentas conjuntas destaca la facilidad para hacer frente a los gastos comunes (alquileres, hipotecas, facturas, compras, etc.). Pero también que ambos tienen una visión clara de los ingresos y los gastos domésticos, lo que fomenta la comunicación de la pareja y la responsabilidad. Algunos estudios sugieren además que las personas que unen sus finanzas sienten un mayor sentido de posesión de los bienes compartidos y de los objetivos financieros comunes, lo que puede aumentar la satisfacción en la relación. De esta manera, también se simplifica la planificación y el ahorro para metas comunes (vacaciones, vivienda, estudios, etc.). Y tampoco hay que olvidar que una cuenta conjunta nos ayudará a ahorrar, especialmente en todo lo que supone el mantenimiento de las cuentas, la emisión de tarjetas o algunas comisiones. Además, supone una forma de preahorro​, ya que en el momento de cobrar el salario se destina una parte de los fondos a la cuenta común, lo que crea un hábito muy útil para aprender a ahorrar.

 


HAY QUE DEJAR CONSTANCIA DE LAS APORTACIONES Y DEL REPARTO DEL DINERO PARA NO TENER PROBLEMAS


 

Los contras

En el lado contrario los expertos señalan la pérdida de privacidad e independencia respecto al dinero. Cada miembro pierde cierta autonomía financiera y hay personas que reconocen que les desagrada tener que justificar cualquier gasto superfluo o capricho. Además, como la responsabilidad es compartida, los dos titulares son responsables de los descubiertos o deudas que se generen en la cuenta, incluso cuando son causados por un solo miembro. En el caso de una ruptura, la división de los activos puede ser un proceso más complejo. Por eso, si la decisión es compartir las cuentas se requiere un alto nivel de confianza y un acuerdo previo en la gestión financiera.

 


LA FALTA DE CLARIDAD SOBRE LA TITULARIDAD Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS COMPARTIDOS ESTÁ DISPARANDO ACTUALMENTE LAS CONSULTAS JURÍDICAS


 

Pero como no todo es blanco o negro, para aquellos a los que las dos opciones anteriores no les terminan de convencer, existe una tercera posibilidad. Se trata de un modelo híbrido o de tres cuentas, recomendado por muchos expertos. Es una de las soluciones más comunes y a menudo la más equilibrada. Se mantiene una cuenta conjunta para gastos y ahorros comunes en la que cada miembro aporta una cantidad acordada (ya sea igual o proporcional a sus ingresos). Por otro lado, cada miembro mantiene su cuenta personal para sus ingresos, gastos individuales y ahorros personales. Esta es la opción que utilizan además otros perfiles de consumidores como son familiares, compañeros de piso e incluso grupos de amigos. En este caso, habrá que estudiar también las consecuencias fiscales. Para la Administración fiscal, los titulares son dueños de los fondos de la cuenta a partes iguales. No obstante, se puede aclarar que una parte tiene más fondos que la otra y señalar que el saldo no se divide a la mitad entre ambos.

No todas las cuentas compartidas son iguales

La gestión de las cuentas bancarias en pareja, ya sea entre matrimonios o convivientes, está rodeada de confusión. Aunque muchas personas piensan que figurar como cotitular automáticamente implica un reparto equitativo del dinero, la realidad legal es mucho más compleja. Además, hay que tener en cuenta que la legislación distingue fundamentalmente entre dos tipos de cuentas compartidas. Por un lado, las cuentas indistintas, que son las que permiten a cualquier cotitular disponer libremente de los fondos, lo que agiliza la gestión diaria, pero puede traer problemas si no se ha acordado claramente la titularidad de los ingresos. Por otro lado, las cuentas mancomunadas, que requieren la firma conjunta para cualquier movimiento, aportando mayor seguridad, pero menos flexibilidad en el momento de operar. Cuando se trata de una cuenta de valores, el funcionamiento es el mismo y se entiende que el volumen de activos se repartirá a partes iguales.

Una cuenta conjunta ayudará a ahorrar en lo que supone el mantenimiento de las cuentas.
Si la decisión es compartir cuentas se requiere un alto nivel de confianza.

Cómo liquidar las cuentas cuando la pareja se rompe

Si llega el momento de cancelar una cuenta bancaria conjunta, hay varias cosas que debes considerar, especialmente cuando la cuenta se cierra por el fallecimiento de alguno de los titulares. Los principales inconvenientes se relacionan con la sucesión de los bienes, la fiscalidad y los posibles conflictos entre herederos. Aunque la cuenta sea compartida, al notificarse el fallecimiento, el banco suele bloquear o limitar la disposición de la parte del saldo que corresponde al fallecido. En las cuentas de titularidad indistinta, el cotitular superviviente generalmente puede seguir disponiendo de su parte del saldo (la mitad, salvo prueba de lo contrario) pero no de la parte del fallecido, la cual pasa a ser parte de la herencia. En las cuentas mancomunadas, la cuenta puede quedar bloqueada hasta que los herederos se acrediten y se realice el reparto.  Además, hay que tener en cuenta las implicaciones fiscales porque la parte del saldo del fallecido se integra en el importe de la herencia y debe tributar en el Impuesto de Sucesiones. Si la cuenta se cancela de forma precipitada, pueden quedar domiciliaciones o recibos esenciales (suministros, seguros, hipoteca, pensión) pendientes de pago, lo que provocaría cortes de servicio, cargos por impago o problemas contractuales, ya que no habría una cuenta donde cargar o recibir esos pagos.

En el caso de una ruptura, la división de los activos puede ser un proceso más complejo.

PARA SABER MÁS

Helpmycash: El comparador financiero dispone en su web de toda la información necesaria para decidir qué tipo de cuenta elegir. Además, periódicamente analiza qué cuentas bancarias ofrecen mejores condiciones.

Nationale-Nederlanden: La entidad financiera explica en su canal cuáles son las ventajas e inconvenientes de optar por cuentas bancarias conjuntas o cuentas separadas.

Idealista: El portal inmobiliario y de servicios explica todo lo que hay que saber cuándo tienes una cuenta con tu pareja.

Cofidis: La entidad financiera cuenta en su blog todos los pormenores de las cuentas compartidas, para que no haya sorpresas y cada titular sepa cuáles son sus responsabilidades.

Cuentas conjuntas o separadas: Números, Derecho y Hacienda, por Bernardo Bande García-Romeu

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

BERNARDO BANDE GARCÍA-ROMEU,

Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF

La colaboración entre notarios y asesores fiscales resulta esencial para prevenir conflictos y reforzar la seguridad jurídica"

Cuentas conjuntas o separadas: Números, Derecho y Hacienda

La forma en que una pareja organiza su dinero, si mediante cuentas conjuntas, separadas o una fórmula mixta, tiene consecuencias jurídicas y fiscales que suelen revelarse en los momentos difíciles: la ruptura y el fallecimiento. En España, es habitual combinar una cuenta compartida para los gastos comunes con cuentas individuales para mantener independencia. Esa solución es eficiente si se planifica bien; de lo contrario, puede ser fuente de conflictos ante la Administración o los tribunales.

El análisis de las cuentas compartidas se sitúa en la frontera donde confluyen el Derecho civil y el tributario, un terreno en el que las presunciones legales y la realidad económica no siempre coinciden.

La titularidad

Con respecto a la titularidad y efectos jurídicos, cabe señalar que en la práctica bancaria existen dos modalidades básicas: por un lado, la cuenta mancomunada o conjunta, que exige la firma de todos los titulares (o del número pactado por ellos) para disponer de los fondos. Por otro, la cuenta indistinta o solidaria, en la que cualquiera de los cotitulares puede operar por sí solo, sin necesidad de consentimiento previo de los demás.

El contrato con la entidad determina cuál se aplica, pero lo relevante es distinguir entre titularidad de disposición (la facultad de operar frente al banco) y titularidad dominical o real, que determina quién es dueño del dinero. La cotitularidad bancaria no implica necesariamente copropiedad civil: puede haber titulares meramente operativos que no son propietarios del saldo. Esta diferencia es clave tanto en el ámbito civil como en el tributario.

Con respecto al tratamiento fiscal en vida, la normativa del IRPF establece que los rendimientos del capital deben atribuirse a los titulares reales de los bienes o derechos según las normas civiles. No obstante, la Administración tributaria los imputa en proporción al número de cotitulares. Además, en los datos fiscales del IRPF los rendimientos se reflejan conforme a la titularidad formal de la cuenta, lo que puede inducir a error. Si el contribuyente declara siguiendo esa imputación presunta en proporción al número de cotitulares y posteriormente intenta acreditar una titularidad distinta, esa declaración previa puede dificultar su defensa y debilitar la prueba de una distribución real diferente.

Para desvirtuar la presunción, deben acreditarse las aportaciones efectivas mediante justificantes de origen, por ejemplo, transferencias desde cuentas personales, ingresos de nóminas o movimientos bancarios identificables.

La prudencia aconseja dejar constancia escrita de que los fondos siguen perteneciendo al aportante cuando se comparte una cuenta por mera operatividad.

En cuanto a la jurisprudencia aplicable, en el plano civil, el Tribunal Supremo ha mantenido una línea constante: ingresar dinero privativo en una cuenta común no lo convierte en ganancial ni implica ánimo de donar. La Sentencia 608/2022, de 16 de septiembre, reconoció el derecho de reembolso a quien probó que las sumas ingresadas provenían de bienes privativos, rechazando la presunción de liberalidad por el mero depósito. Y la Sentencia 795/2021, de 22 de noviembre, afirmó que el dinero privativo usado para adquirir bienes gananciales genera crédito de reembolso, sin necesidad de reserva expresa.

Estas decisiones refuerzan una idea transversal: las presunciones de copropiedad o donación ceden ante la prueba documental del origen privativo.

Entre los supuestos más habituales de conflicto destacan dos especialmente relevantes.

Fallecimiento

En caso de fallecimiento de un cotitular, la práctica bancaria suele bloquear la cuenta en cuanto conoce el deceso, hasta que se acredita la condición de heredero y se liquida el Impuesto sobre sucesiones. En ausencia de cláusula de supervivencia, los fondos del causante se integran en su herencia. La consulta V0392-24 de la DGT aclara que la facultad de disposición del otro titular cesa con la muerte. Además, la realización de disposiciones tras el fallecimiento puede ser interpretada por la Administración como aceptación tácita de la herencia, incluso cuando el heredero pretendía renunciar. Por ello, conviene abstenerse de operar con los fondos hasta que la sucesión esté formalmente tramitada.

En cuanto a las donaciones y movimientos previos al fallecimiento, en la práctica, las Administraciones tributarias autonómicas suelen revisar los movimientos bancarios del año anterior al fallecimiento, ya sea en el marco de un procedimiento de comprobación o porque la normativa autonómica exige aportar el extracto detallado junto con la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones. El objetivo es detectar retiradas o transferencias que puedan calificarse como donaciones no declaradas.

Los traspasos significativos a favor de otro cotitular pueden tributar como donación si existen indicios de transmisión gratuita o ánimo de liberalidad. Por ello, resulta aconsejable justificar documentalmente los movimientos —pagos de gastos, reintegros o gestión de fondos del propio causante— para evitar presunciones de liberalidad y eventuales regularizaciones fiscales.

Del mismo modo, estas cautelas no se limitan al ámbito sucesorio. Existen otros escenarios que con frecuencia originan conflictos similares: la ruptura de parejas con cuentas compartidas, la coexistencia de cuentas conjuntas en regímenes de separación de bienes o las disposiciones unilaterales antes de un divorcio. En todos ellos, la falta de prueba sobre las aportaciones y el origen de los fondos suele ser el detonante de litigios.

En conclusión, no existe una fórmula universal válida para todos. Las cuentas conjuntas pueden ser un instrumento eficaz de gestión, pero exigen claridad documental, previsión jurídica y un asesoramiento adecuado que anticipe sus implicaciones civiles y fiscales.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos apuntan en una misma dirección: lo que determina la titularidad del dinero no es el nombre que figura en la cuenta, sino el origen probado de los fondos.

En un terreno donde convergen el Derecho civil, el tributario y la práctica cotidiana, la colaboración entre notarios y asesores fiscales resulta esencial para prevenir conflictos y reforzar la seguridad jurídica. Una correcta planificación sucesoria y una adecuada prueba documental de la titularidad real de los fondos son la mejor garantía para evitar litigios y sorpresas fiscales.