Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

EN ESTE PAÍS

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

De izda. a dcha.: Luis Enrique Mayorga, Francisco José Gan, Concepción Pilar Barrio, Juan Carlos Valderrama, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, y José Carmelo Llopis.

REDACCIÓN
El pasado 27 de octubre el Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado presentaron el Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes. Lo hicieron en la semana en la que se cumplía el primer aniversario por la Dana, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

Ante las recientes catástrofes naturales sufridas en España, como la Dana, o la erupción del volcán de la isla de La Palma, el Notariado español pudo ayudar de una manera ágil y útil a la población afectada. De estas actuaciones surge la idea de elaborar un Plan Notarial Nacional de Emergencias como instrumento esencial para coordinar a los notarios de toda España, al Consejo General del Notariado, a los Colegios Notariales y al Centro Tecnológico del Notariado, y poder ayudar de forma ágil a la sociedad en momentos críticos. Así lo explicaron en la inauguración la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo y el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis.

 


JUAN CARLOS VALDERRAMA: “DESTACARÍA LA PUESTA MARCHA EN CUESTIÓN DE HORAS DE UN SERVICIO NOTARIAL GRATUITO DE ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS”


 

Tal y como indicó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, “al igual que la sociedad civil, el Notariado reaccionó de manera unitaria ante la catástrofe de la Dana, ayudando a los damnificados, como lo hizo tras la erupción del volcán de La Palma. Muchas veces esa ayuda consistió en escuchar a los vecinos afectados con empatía en las notarías, que pudieron mantenerse abiertas, lo que sirvió como medio para iniciar la reconstrucción material”. “La junta directiva del Colegio Notarial de Valencia tomó decisiones de urgencia en auxilio de los damnificados para garantizar el asesoramiento notarial gratuito, la búsqueda y expedición de copias de las escrituras desaparecidas y la autorización de actas notariales para probar los daños “, añadió la presidenta del CGN.

Atención personal y online

Concepción Pilar Barrio Del Olmo resaltó el papel de las nuevas tecnologías, que jugaron un papel muy importante en la ayuda prestada, ya que “el hecho de disponer de un protocolo electrónico permitió en la Dana evitar que desaparecieran muchos documentos públicos notariales; y de igual manera, la plataforma telemática creada por el Notariado rápidamente tras la tragedia, sirvió para que personas y empresas pudieran remitir de manera online las fotografías de los daños sufridos en inmuebles y vehículos y solicitar, sin necesidad de desplazarse, las actas notariales necesarias”.

 


CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “DISPONER DE UN PROTOCOLO ELECTRÓNICO PERMITIÓ EN LA DANA EVITAR QUE DESAPARECIERAN MUCHOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES”


 

Por su parte, en la inauguración, el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, recordó la tragedia que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, de la que “aprendimos todos una valiosa lección que es la de estar siempre listos, respondiendo con mayor celeridad y con más eficiencia cuando la sociedad más lo necesita ante momentos difíciles”. Para el decano del Colegio Notarial de Valencia, un año después de la actuación notarial que se hizo en la Dana, “debemos extraer lecciones comunes que poder compartir con todos por medio de un plan de actuación que permita lo más rápidamente posible poder ayudar a los ciudadanos, en coordinación con las administraciones nacionales y autonómicas y con las entidades locales que sobre el terreno son las que saben lo que se necesita en cada emergencia”. 

 


JOSÉ CARMELO LLOPIS: “DEBEMOS ESTAR SIEMPRE LISTOS, RESPONDIENDO CON MAYOR CELERIDAD Y CON MÁS EFICIENCIA CUANDO LA SOCIEDAD MÁS LO NECESITA ANTE MOMENTOS DIFÍCILES”


 

El inicio de la jornada contó también con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ensalzó el trabajo del Notariado frente a la Dana, subrayando “la puesta marcha en cuestión de horas de un servicio notarial gratuito de atención a los damnificados, habilitando además una plataforma telemática para documentar los daños en viviendas, negocios y vehículos, que gracias a esa labor muchas familias pudieron acreditar sus propiedades, recibir ayudas y, en definitiva, comenzar a reconstruir sus vidas con seguridad jurídica, que no es un concepto abstracto, sino una forma concreta de protección social”.

 


LUIS ENRIQUE MAYORGA: “DESDE QUE SE ROMPE LA PRIMERA PRESA, O SE INUNDA LA PRIMERA NAVE, LOS NOTARIOS TENEMOS QUE ESTAR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS”


 

La jornada sirvió para constituir formalmente la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado. Su presidente y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga, presentó el Plan Notarial de Emergencias, creado para que “ante situaciones de emergencia difíciles, de temor e incertidumbre, desde el Notariado poder paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios jurídicos de los efectos en una situación de emergencia”. Para Mayorga, este plan servirá para que las pautas de conducta de los notarios de toda España sean extraordinarias ante catástrofes “con el objetivo de dar seguridad jurídica, preservar la verdad y la justicia y proteger al ciudadano cuando más lo necesita”. Para el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, “desde que se rompe la primera presa, o se inunda la primera nave, los notarios tenemos que estar al servicio de los ciudadanos”.

 


JOSÉ SORIANO: “DESDE EL DEPARTAMENTO DE TURNO DE OFICIO SE CREÓ UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA”


 

Testimonios notariales

La ayuda prestada a los afectados por la Dana por el Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado se analizó en una mesa redonda con la participación, entre otros, del director de Desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado, Marcos Varela, que explicó la puesta en marcha de la plataforma telemática del Notariado, que facilitó en pocos días la tramitación de las actas solicitadas por los afectados por la Dana, que les permitieron acreditar los daños de sus inmuebles, empresas y vehículos.

 


MIRYAM LACALLE: “COMO VECINA PARA MÍ LA DANA NO ES PASADO, SIGUE SIENDO PRESENTE, TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER”


 

Destaca la intervención de la notaria de Requena y censora 3ª de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia, Miryam Lacalle, que explicó su experiencia en la Dana desde una triple vertiente: como vecina afectada, como notaria de un pueblo afectado por la catástrofe y como miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia. “Como vecina para mí la Dana no es pasado, sigue siendo presente, todavía queda mucho por hacer, y recuerdo los primeros días con mucha angustia, ya que, ante la falta de cobertura, comunicaciones, comida y agua, o electricidad, debía no solo ayudar en las necesidades vitales que fueron las primeras, sino también como notaria, escuchando en primera línea sus demandas y traducirlas a términos jurídicos para tenderles una mano”, aseguró.

 


BEGOÑA MOLLÁ: “HICIMOS UNA RED DE SOLIDARIDAD PARA CUBRIR A COMPAÑEROS PROCURADORES QUE LO HABÍAN PERDIDO TODO PARA QUE SUS CLIENTES NO TUVIERAN NINGÚN PROBLEMA”


 

El notario jubilado del Servicio de Atención a los Afectados por la Dana, Salvador Alborch, narró lo duros, pero a la vez gratificantes, que fueron los primeros días de la atención del servicio notarial que iba más allá del mero asesoramiento, con los vecinos afectados por la catástrofe pidiendo ayuda para acreditar los daños en sus propiedades o solicitando copias de escrituras perdidas por la inundación. Como ejemplo, trasladó a los asistentes un caso que le impactó por la tragedia vivida por una mujer que había perdido a su padre de 80 años, que vivía solo, y no pudo acceder a una primera planta y falleció sin testamento. Esta mujer acudió al Colegio Notarial de Valencia para saber las ayudas a las que tenía derecho y los pasos a seguir para obtener la declaración de herederos. Tras explicarle y guiarle en el proceso “ella me pidió si podía darme un beso como muestra de agradecimiento, lo que me resultó muy emotivo en el momento de la situación de dolor en la que dicha persona se hallaba”.

 


SEBASTIÁN CUCALA: “TUVIMOS COMPAÑEROS QUE PERDIERON SUS DESPACHOS Y VIVIENDAS PORQUE TENÍAN QUE SEGUIR ATENDIENDO A SUS CLIENTES”


 

Colaboración profesional

Otros colectivos profesionales también participaron en la jornada, donde relataron la ayuda prestada durante la catástrofe y los meses posteriores a la Dana, tanto a los vecinos y empresas afectadas, como a sus colegiados. Los participantes fueron el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano; la decana del Colegio de Procuradores Valencia, Begoña Mollá; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. 

 


SALVADOR ALBORCH NARRÓ LO DUROS, PERO A LA VEZ GRATIFICANTES, QUE FUERON LOS PRIMEROS DÍAS DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL


 

José Soriano explicó que, en el momento de la catástrofe de la Dana, “desde el departamento de turno de oficio se creó un servicio de orientación jurídica. Se habilitó, gracias a Telefónica, un servicio que podía atender 500 llamadas en una misma línea, que se desviaban a 500 letrados para la atención de los afectados”. Por su parte, Begoña Mollá señaló que “los abogados y los procuradores no queríamos bajo ningún concepto paralizar la justicia porque queríamos continuar defendiendo al ciudadano y a las empresas. Entonces hicimos una red de solidaridad para cubrir a compañeros procuradores que lo habían perdido todo para que sus clientes no tuvieran ningún problema. Si de algo nos ha servido la Dana es para darnos cuenta de que debemos tener protocolos de actuación, en casos de emergencia, para todos los operadores jurídicos”. Finalmente, Sebastián Cucala comentó que, como en el resto de colectivos “tuvimos compañeros que perdieron sus despachos y viviendas porque tenían que seguir atendiendo a sus clientes y poderes dotar en el menor tiempo posible la restitución de los servicios básicos en esos edificios”.

De izda. a dcha.: Concepción Pilar Barrio, Francisco José Gan, José Carmelo Llopis y Luis Enrique Mayorga.
Francisco José Gan.
Confianza y seguridad jurídica

El acto de presentación del Plan Notarial de Emergencias, celebrado en el Colegio Notarial de Valencia, contó con la conferencia de clausura impartida por el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan, que trasladó a los asistentes que el plan del Notariado “asegura la prestación del servicio notarial en circunstancias extremas, garantiza la viabilidad de las notarías y la atención a los ciudadanos”.  Para cerrar su intervención Gan trasladó el siguiente mensaje: “Cuando pienso en la labor de los notarios pienso en la confianza y en la seguridad jurídica, que permiten proteger a las personas con su esfuerzo y trabajo para que no se pierdan ante una catástrofe”.

Vocación de servicio público

Si algo caracteriza al Notariado es la vocación de servicio público y la de ayuda a los ciudadanos y las empresas. “Desgraciadamente en los últimos años hemos sufrido algunas catástrofes naturales como la del volcán de La Palma o la de la Dana, en Valencia, en las que el Notariado estuvo muy activamente implicado en ayudar a los ciudadanos y a las empresas, dependiendo de la situación en la que se desarrolló cada una de las emergencias”, señala el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis en este video resumen del acto.

Francisco Cantos.
Los “tiempos” de las catástrofes
La intervención del notario Francisco Cantos sirvió para acercar a los presentes, como exdecano del Colegio Notarial de Valencia, las acciones del Notariado llevadas a cabo durante la tragedia del volcán de La Palma, en el incendio del edificio de Campanar y tras los efectos de la Dana. “Las catástrofes tienen un antes que se mueve en el plano de la previsión, un durante de supervivencia y un después que es donde el Notariado debe actuar para ayudar a los ciudadanos”, enfatizó un discurso donde también habló como notario archivero del distrito de Valencia del esfuerzo que en la actualidad se sigue realizando para la reconstrucción de los tomos notariales afectados por las inundaciones.
De izda. a dcha.: Salvador Alborch, Francisco Cantos, Marcos Varela y Miryam Lacalle.
De izda. a dcha.: Begoña Mollá, José Carmelo Llopis, José Soriano, Sebastián Cucala y Francisco José Gan.

XIV Cátedra del Prado: un viaje por el tiempo

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

El Museo Nacional del Prado celebró en noviembre la XIV Cátedra del Prado bajo el título Tiempo, la fuerza invisible. Conceptos imaginales en el curso de la historia, dirigida por Astrit Schmidt-Burkhardt, profesora de Historia del Arte e Historia de la Imagen en la Freie Universität de Berlín, y patrocinada por la Fundación Notariado. A través de cuatro conferencias abiertas al público y un seminario exclusivo para 25 alumnos becados, la cátedra propuso un viaje intelectual para explorar cómo el tiempo se manifiesta, se representa y condiciona la creación artística.

 

XIV CÁTEDRA DEL PRADO: UN VIAJE POR EL TIEMPO

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
Portada de la cátedra.

La XIV Cátedra del Prado abordó el tiempo como categoría estética e histórica: aquello que no vemos, pero que estructura nuestras experiencias y nuestra memoria visual. Desde ese enfoque, se exploraron sus metáforas fundacionales -el círculo y la línea-, la dialéctica entre repetición y acontecimiento, y la manera en que el ritmo de trabajo o la materia misma de las obras registran su paso.

Cada jueves de noviembre Astrit Schmidt-Burkhard articuló en cada sesión miradas complementarias, pero siempre con el tiempo como hilo conductor. Así, la primera conferencia, Ser y tiempo: la forma revisó las figuras del tiempo —ciclo y flecha— como modelos de pensamiento histórico. Tiempo y obra: el tempo examinó la velocidad de la ejecución artística y sus cambiantes valoraciones a lo largo de los siglos. Obra y transitoriedad: el material contrapuso permanencias y fugacidades a través del mármol, el papel y la nieve. Y Transitoriedad e historia: el acontecimiento tomó las obras El 2 de mayo y El 3 de mayo de Goya para indagar cuánto dura el presente y cómo el arte convierte lo abstracto en historia concreta. El coloquio final permitió cruzar perspectivas filosóficas, historiográficas y técnicas, reforzando el carácter transversal del programa.

25 alumnos becados

Además de las conferencias, la XIV Cátedra del Prado se completó con un ciclo de seminarios exclusivos para 25 alumnos de Historia del Arte o materias afines, becados por Fundación Notariado y seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar el expediente académico, el perfil formativo y el interés por el curso de todos los solicitantes. Esta iniciativa ofreció a los jóvenes investigadores una oportunidad única de aprendizaje en un contexto de excelencia académica y de contacto directo con el Museo.

 


EL COLOQUIO FINAL PERMITIÓ CRUZAR PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS, HISTORIOGRÁFICAS Y TÉCNICAS, REFORZANDO EL CARÁCTER TRANSVERSAL DEL PROGRAMA


 

En cuatro sesiones temáticas (Imagen del tiempo: Forma, Velocidad, Materia e Intensidad), celebradas cada viernes de noviembre, los estudiantes ejercitaron métodos de análisis historiográfico, confrontando fuentes, objetos y marcos interpretativos. La combinación de estas clases magistrales y el trabajo guiado favoreció una comprensión operativa de los conceptos, con resultados que los alumnos podrán transferir a sus futuras investigaciones y a la esfera cultural. El seminario no solo reforzó sus conocimientos teóricos, sino que también estimuló su capacidad crítica y su aproximación práctica a un tema tan complejo como el tiempo en el arte, consolidando un espacio de formación altamente valorado en el ámbito universitario.

Una gran alianza

La Cátedra del Prado es fruto del convenio suscrito en 2019 entre el Museo Nacional del Prado y Fundación Notariado. Desde entonces, cada edición ha consolidado un modelo de divulgación abierto y de prestigio.

Además, en los últimos años ambas entidades han llevado a cabo otros proyectos culturales como Acoger es un bien para todos, La vejez como experiencia humana o Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar, los cuales han contribuido a acercar el patrimonio del Prado a la sociedad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre distintos colectivos y promoviendo iniciativas de interés cultural y social con una mirada inclusiva y enriquecedora. 

Francisco de Goya, El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, 1814.
Taller de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1507-1516.
 
Premios Cerca de los que están cerca

La Fundación Aequitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, han celebrado la IV edición de los Premios Cerca de los que están cerca. Unos galardones que reconocen la labor de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan por mejorar el bienestar de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad.

La convocatoria ha tenido una gran acogida, con 56 candidaturas recibidas, frente a las 13 de la primera edición. En la categoría Mayores se otorgó el premio ex aqeuo a INTRESS, por su proyecto Vivir en compañía: Promoción de la autonomía de personas mayores en situación de vulnerabilidad, y a ASDECOBA, por la iniciativa Vivir en casa. El proyecto Aprende a cuidar y a cuidarte de la Fundación Pasqual Maragall se alzó con el galardón de la categoría Mayores con discapacidad.

En el apartado de Premio Honorífico se reconoció la trayectoria de Mensajeros de la Paz por su trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de Fundación Atena en su dedicación a las personas mayores con discapacidad a lo largo de los años.

Entrevista a Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

EN CURSO LEGAL

ANTONIO DEL MORAL,

magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

“Hace falta reivindicar la justicia como pilar social y no como gasto coyuntural”
CARLOS CAPA

Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, destaca como uno de los mayores referentes del Derecho penal en España. Fiscal y juez de trayectoria sólida y reputada, su carrera se caracteriza por la rigurosa defensa de la independencia judicial, el debate técnico y la claridad expositiva en sus intervenciones. Ha recibido recientemente el premio Puñetas de Oro, máximo galardón de la asociación de la prensa jurídica (ACIJUR), en reconocimiento a su contribución al acercamiento del lenguaje jurídico y a la promoción de una justicia accesible.

 

Ha recibido el premio Puñetas de Oro otorgado por los periodistas jurídicos. ¿Qué supone para usted este galardón, dos mundos que no siempre se entienden?

Ha sido una enorme ilusión. Entrar en una lista de premiados tan reconocida es sentirme privilegiado, y más por lo que significa la relación con la prensa. Siempre hubo un vínculo especial, incluso llegué a plantearme estudiar periodismo antes que Derecho. Al final, creo que justicia y prensa comparten un norte: la búsqueda incansable de la verdad, pues ambas persiguen lo que permite aflorarla. Desde mis años como fiscal en Madrid, donde me tocó lidiar con asuntos de prensa y la doctrina sobre libertad informativa del Tribunal Constitucional, mantengo intacta esa cercanía.

¿Qué papel asigna a la prensa en un Estado de Derecho? ¿Sigue siendo esencial su labor?

Absolutamente. Una prensa libre es condición de posibilidad para la democracia. Así lo reconoció el Tribunal Constitucional siguiendo la estela de la Corte Suprema norteamericana: puede haber instituciones impecables, un Poder Judicial robusto, pero sin prensa libre no hay democracia. Además, el derecho a la información pertenece al ciudadano, y la libertad informativa es la atmósfera que oxigena las sociedades abiertas. Por supuesto, esta libertad conlleva riesgos; pero, como enseña la parábola evangélica del trigo y la cizaña, es preferible dejar crecer unas pocas ramas perjudiciales que arriesgarnos a podar las que dan buenos frutos.

 


“LLEVO 35 AÑOS ESCUCHANDO QUE EL CAMBIO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ES INMINENTE”


 

Se le reconoce como impulsor de la accesibilidad del lenguaje jurídico. ¿En qué consiste su concepto de justicia accesible?

Sin duda, tenemos un lenguaje jurídico demasiado apelmazado. Hay que evitar que se convierta en jerga exclusiva para unos pocos profesionales. Pero tampoco debe trivializarse: no podemos caer en la vulgarización, ni en convertir las resoluciones judiciales en mensajes de WhatsApp o Twitter. Es posible armonizar la técnica y la claridad, sin abdicar de los conceptos que tanto dicen al jurista. El reto es explicar bien los razonamientos, para que el operador jurídico pueda trasladarlos a su cliente y el ciudadano se acerque a la justicia sin sentirse excluido. En el Supremo hemos trabajado en unas normas de estilo que ayuden.

Es usted un gran experto en la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Cómo ha evolucionado esta institución y cuál es su futuro?

Reconozco que es una figura singular en nuestro Derecho, y su adaptación ha sido compleja. Se trata de una responsabilidad penal distinta a la de las personas físicas y nunca implica privación de libertad, sólo sanciones económicas. Por lo tanto, afecta a personas individuales sólo en su patrimonio, independientemente de que hayan participado o no en el delito.

Si el tratamiento se equipara demasiado a la responsabilidad de las personas físicas, se corre el riesgo de perder las ventajas que reporta. Bien aplicada, esta herramienta disuade a las empresas de delinquir y fomenta mecanismos internos de prevención. Aunque en grandes empresas el sistema funciona y ya es habitual, en pymes y sociedades muy pequeñas su implantación resulta excesiva y a veces es casi absurdo exigir planes de cumplimiento a sociedades donde los propios socios son los administradores. Quizá habría que reservar la figura para entidades de mayor dimensión.

Seguimos viviendo el recurrente y sostenido debate de los últimos lustros sobre el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la atribución de la instrucción al ministerio fiscal. ¿Se necesita realmente una reforma estructural en esta dirección?

Llevo 35 años escuchando que el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era inminente. Cuando empecé la oposición ya se anunciaba una nueva ley procesal penal en gestación y a punto de aprobarse. Mi experiencia en comisiones redactando borradores me lleva al escepticismo. En Europa predomina el modelo de fiscal investigador y, aunque tiene indudables ventajas, es indispensable robustecer la autonomía del Ministerio Fiscal y establecer un sistema de reparto transparente y con garantías. Es imprescindible para el cambio dotar al fiscal de auténtica autonomía, no solo legal sino también sociológica y cultural. Solo si la sociedad percibe su independencia real respecto al Ejecutivo puede abrirse paso la reforma que debe atender a esa necesidad, antes de transformar el sistema de instrucción judicial. No sé si el actual es el mejor momento para ello.

 


“EL PASO MÁS RELEVANTE SERÍA DOTAR AL FISCAL DE AUTÉNTICA AUTONOMÍA, NO SÓLO LEGAL SINO CULTURAL, PARA QUE LA SOCIEDAD PERCIBA SU INDEPENDENCIA REAL RESPECTO AL EJECUTIVO”


 

Asistimos a conflictos inéditos entre poderes del Estado. ¿Gozan de buena salud la independencia judicial y la separación de poderes?

La salud es mejorable, especialmente en las actitudes. Los poderes públicos externos al Poder Judicial deberían ser extremadamente delicados en su trato hacia los jueces para evitar hasta la apariencia de que se quiere condicionar su actuación. El juez decide en la intimidad procesal de su despacho, un entorno vulnerable frente a presiones externas, mucho más que otros poderes. Intentos de condicionar o influir en la decisión de un magistrado, sea de forma directa o velada, provenientes de otros poderes estatales son muy perniciosos para el sistema democrático. Distinto es la opinión pública del tejido social o los medios de comunicación. Además, hay que vigilar los peligros internos: los sesgos propios y la tentación de buscar el aplauso o satisfacer expectativas sociales pueden erosionar la independencia. La Comisión Ética Judicial ha avanzado en autocrítica y análisis de estos riesgos, lo que debe consolidarse.

 


“LA PRINCIPAL FALLA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA HOY ESTÁ EN EL EXCESO NORMATIVO Y LA ESCASA CALIDAD DE LAS NORMAS”


 

¿Son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación penal, el camino para desatascar la justicia española?

Hay que matizar mucho la respuesta. Está bien introducir mecanismos alternativos, pero creo que llamarlos “adecuados” transmite un mensaje peligroso: parece que se está tachando la justicia pública, que es un derecho fundamental, como residual. En lo penal hay obsesión por lograr conformidades y evitar el juicio, muchas veces más por eficiencia que por verdadera justicia. En mi opinión, lo que falta es una visión de Estado: invertir decididamente en justicia, no sólo parchear. Hace falta reivindicar la justicia como pilar social y no como gasto coyuntural. El desafío es enorme, y no puede solventarse solo con medidas alternativas.

¿Cómo valoraría la salud de la seguridad jurídica en España? ¿Somos realmente un país fiable en este aspecto, especialmente tras los últimos años de reformas legales?

Si tengo que responder de forma intuitiva, diría que la principal falla de la seguridad jurídica hoy está en el exceso normativo y la escasa calidad de las normas. Los cambios son convulsos, las reformas demasiado aceleradas, y carecen a menudo de tiempo suficiente para asentar una interpretación sólida. Esto se da de manera patente en Derecho penal, pero afecta igualmente a otras especialidades. A veces las leyes salen poco pulimentadas, y todos los operadores jurídicos —abogados, jueces, fiscales, notarios, etc..— detectamos agujeros en el sistema. Creo que, para ganar verdadera seguridad jurídica, siempre indispensable, hay que poner antes el acento en la calidad de las normas. La opinión general de los juristas es que esta calidad normativa ha sufrido una merma muy significativa en la última década, generando interpretaciones divergentes y decisiones contradictorias por parte de los tribunales. Y no siempre es culpa de los jueces: muchas veces la norma es ambigua y permite varias lecturas contrarias.

 


“EL NOTARIADO, Y LA FE PÚBLICA EN GENERAL, CUMPLEN UNA FUNCIÓN PREVENTIVA ESENCIAL. SON FILTROS QUE, EN LA PRÁCTICA, FUNCIONAN MUY BIEN Y EVITAN IRREGULARIDADES GRAVES”


 

¿El Notariado sigue cumpliendo una función preventiva clave en la seguridad jurídica, incluso en lo penal?

El Notariado, y la fe pública en general, cumplen una función preventiva esencial. Son filtros que, en la práctica, funcionan muy bien y evitan irregularidades graves. En el ámbito penal, la intervención del notario suele ser menos frecuente que la del juez, pero la función preventiva que desempeña beneficia la seguridad jurídica del sistema en su conjunto; es extremadamente útil y valiosa para ciudadanos y empresas. En definitiva, para la sociedad.

Finalmente, ¿qué futuro cree que aguarda a la justicia en España?

La justicia española requiere una inversión global y decidida, tecnológica y humana. Si los partidos llamados a sucederse en el Gobierno tuvieran la visión de Estado suficiente para apostar verdaderamente por ella, veríamos resultados sostenibles. Por ahora, sufrimos lentitud y saturación, problemas que no se resolverán solamente con más mediación o conformidades. La solución exige voluntad política, inversión y un compromiso real con el servicio público, que garantice a los ciudadanos un acceso ágil, claro y eficaz a la tutela judicial.

HUELLA DIGITAL

Antonio del Moral no esta presente en las redes sociales. Si tiene una entrada en viquipèdia ( en catalán) que resume su biografía y actividad.

También el Portal de Transparencia de Consejo General del Poder Judicial dispone de una breve biografía del magistrado

Antonio del Moral es un prolífico autor coya obra publicada puede consultarse aquí

Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

ÁMBITO EUROPEO

Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Acto inaugural del foro por la presidenta del Notariado.

En septiembre tuvo lugar el seminario La importancia de detectar y reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, organizado por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) en el Colegio Notarial de Madrid.

REDACCIÓN

“España debería aumentar la transparencia en la transmisión de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. Esta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un informe en 2014, no se ha cumplido y es de gran importancia para la lucha contra el blanqueo de capitales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el seminario celebrado en Madrid sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. “Después de este informe del GAFI -continuó- la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas se incrementó en un 74% y es fácil deducir cuál es la finalidad de mantenerse en el anonimato en la transmisión de acciones que se realizan sin intervención notarial”.

Colaboración notarial

En sus palabras de bienvenida, Barrio Del Olmo señaló que “desde que se constituyó en 2005, nuestro Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales ha contestado de forma telemática 400.000 requerimientos de información de este tipo, erigiéndose como uno de los pilares en la lucha contra el blanqueo. Además, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban judicializándose”.

“Nuestro Índice Único Informatizado Notarial es la segunda mayor base de datos de España y en torno a ella se articula toda la colaboración del Notariado con las autoridades competentes en materia de prevención de lacras como el blanqueo o la financiación del terrorismo. Los datos de este índice provienen de los documentos notariales, por lo que son auténticos, completos y actualizados”, incidió.

La presidenta continuó explicando que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política. La BDTR nos permite determinar en tiempo real el porcentaje de propiedad de una persona física en una sociedad limitada”. “Esta base permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Notariado europeo

Tras la presidenta del Notariado español, intervino la presidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), Cosita Delvaux, de forma remota: “El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas reales que socavan la Justicia, la seguridad y la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema legal”. “Cada año, miles de millones de euros procedentes de actividades delictivas entran en la economía legítima, y este desafío es transfronterizo, complejo y está en constante evolución”. “Como notarios -continuó- estamos en primera línea, somos guardianes de la legalidad y la transparencia, ya sea en el ámbito inmobiliario, en la constitución de sociedades o en otras transacciones clave. Nos aseguramos de que se respete la Ley, detectando anomalías e informando cuando sea necesario. No es solo una obligación legal, es nuestro deber para con la sociedad”.

En la primera charla titulada La importancia de la comunicación de operaciones sospechosas en la lucha contra el BC/FT, el director de la UIF española (SEPBLAC), Pedro Comín explicó que “toda la información que recibimos de los notarios es de utilidad. Por ejemplo, si existe una investigación abierta enviamos esa información a las fuerzas de seguridad del Estado o a Hacienda. Si no, la guardamos en una base de inteligencia básica a través de la que realizamos análisis estratégicos”.

En la intervención sobre El rol de los notarios en la detección y comunicación de las operaciones sospechosas de BC/FT, el notario José Nieto, señaló que “cuando el notario percibe que hay relación entre el documento que se pretende autorizar y un posible riesgo, debe comunicarlo al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado. Después, con su asesoramiento, se observa si las circunstancias se acomodan a una posible comunicación al SEPBLAC”.

España como referencia

El notario alemán Maximilian Wosgien abordó el funcionamiento del sistema notarial alemán y explicó que “en Alemania no disponemos de una base de datos como la del Notariado español para la prevención del blanqueo. Deberíamos tenerla y está ahora en discusión con el Gobierno alemán. La idea es poder contener toda la información de las transacciones y toda la actividad que sea relevante en una base de datos que pueda ayudarnos en el análisis a detectar patrones comunes, para posteriormente informar a las autoridades pertinentes”.

El jefe de la Unidad de Análisis del SEPBLAC, Francisco Córcoles, aludió a la detección y análisis de operaciones sospechosas y aseguró que el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es sobre todo “la prevención; conseguir que disminuya el número de delitos”. “Los notarios colaboran en la minimización del impacto del crimen”, señaló.

En la última conferencia de la mañana intervino el comandante y jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Guardia Civil de España, Mario García, que abordó la financiación del terrorismo y los nuevos indicadores y tendencias como “el crowdfunding, los criptoactivos, o la Inteligencia Artificial, a la que los terroristas consultan nuevas formas de cometer delitos”.

Operaciones sospechosas

La primera intervención de la tarde corrió a cargo del jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, Mariano García Fresno que aludió a los indicadores de riesgo que llevan a los notarios a reportar operaciones sospechosas. “Nosotros creamos una batería de 28 indicadores de riesgo y lo que decimos a los notarios es que si al hacer una operación aparece uno de ellos deben extremar las precauciones”, señaló. “Los indicadores de riesgo pueden ser desde el uso de criptomonedas, hasta algún poder que es extraño, un territorio de riesgo, o si la persona que dirige la operación no está presente en la notaría, por ejemplo”. “Ese tipo de cosas las detectan los notarios, nos llegan y tras analizarlas las enviamos al SEPBLAC”, destacó. “En uno de los ejercicios anteriores, siete de los casos que comunicamos al SEPBLAC, en nombre de los notarios, respondieron a casos de financiación del terrorismo. Trabajamos para detectar a delincuentes de delitos graves”, finalizó.

En la segunda conferencia, intervino el responsable de PBC/FT de Anticipa, Aliseda Real Estate, Francisco Martín: “Nosotros, como parte del sector inmobiliario, tenemos muchísimas similitudes desde la perspectiva de análisis en materia preventiva con la labor que hacen los notarios, a través de su OCP, pero también desde cada una de las notarías de España».

COSITA DELVAUX:

“EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SON AMENAZAS REALES QUE SOCAVAN LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA DE NUESTROS CIUDADANOS EN EL SISTEMA LEGAL”

Los riesgos de los criptoactivos

En la clausura de la jornada el notario y presidente del Grupo de Trabajo AML de CNUE, Juan Kutz, abordó la intervención notarial en relación a los criptoactivos: «Los sistemas descentralizados son especialmente vulnerables a los riesgos de anonimato. Por su diseño, las direcciones de bitcoin no llevan nombres, ni ningún otro tipo de identificación del cliente, y no existe un organismo central de supervisión”. “Las fuerzas de seguridad no pueden dirigirse a una entidad central con fines de investigación o incautación de activos, por lo que los criptoactivos suponen un riesgo potencial», explicó. En sus palabras de clausura, Kutz recordó que «el grupo de trabajo específico en materia de prevención del blanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea se reúne periódicamente, produciéndose valiosos intercambios de experiencias y conocimientos».

CONCEPCIÓN BARRIO:

“ESPAÑA DEBERÍA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA. ES FÁCIL DEDUCIR CUÁL ES LA FINALIDAD DE MANTENERLAS EN EL ANONIMATO SIN INTERVENCIÓN NOTARIAL”

¿Qué es el Sepblac?

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), creado en 1993, es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, siendo única en todo el territorio nacional. Es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

MAXIMILIAN WOSGIEN:

“EN ALEMANIA NO DISPONEMOS DE UNA BASE DE DATOS COMO LA DEL NOTARIADO ESPAÑOL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO. DEBERÍAMOS TENERLA Y ESTÁ AHORA EN DISCUSIÓN CON EL GOBIERNO”

Un momento de la intervención de la presidenta del Notariado, Concepción Barrio.

PEDRO COMÍN:

“LA INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS DE LOS NOTARIOS ES DE GRAN UTILIDAD. SI EXISTE UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA SE LA ENVIAMOS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD O A HACIENDA”

MARIANO GARCÍA FRESNO:

“EN UN EJERCICIO ANTERIOR, SIETE DE LOS CASOS QUE COMUNICAMOS AL SEPBLAC RESPONDIERON A FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”

“Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo”, por A. S.

ÁMBITO EUROPEO

A.S.S.,
Inspector Jefe de la Policía Nacional

“Es conveniente recordar el estándar del GAFI que señala la importancia de know your client. La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación”

Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo de capitales

En fechas recientes Madrid acogió un seminario de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales para el Notariado organizado por el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE).

En este foro se trataron temas dispares que afectan a la seguridad pública y en los que los notarios, como parte del engranaje jurídico-financiero, desempeñan un papel muy relevante. Entre los extremos tratados se hizo referencia a los nuevos retos y amenazas emergentes a los que nuestra sociedad se enfrenta desde el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y radicalismos.

No es posible avanzar sin dibujar la estructura y sinergias entre el sector público y privado a las que, de manera permanente, el GAFI alude a través de sus 40 recomendaciones. Este concepto fue nítidamente definido en el Fórum de colaboración con el Sector Privado desarrollado en marzo de 2025 en Bombay (India): La colaboración entre ambos sectores es primordial para lograr, entre otros, el objetivo de la prevención, esto es, disminuir el número de delitos.

En este ecosistema preventivo conviven varias instituciones. Gracias a la estructura híbrida del SEPBLAC, que aporta la conjunción de distintas sensibilidades, el Servicio es capaz de combinar experiencia con un conocimiento específico de los fenómenos. Esta funcionalidad se implementa con la presencia de las unidades adscritas de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria que aportan la capacidad analítica propia de sus especialidades. Los agentes de la Policía Nacional provienen del ámbito táctico operativo, de ahí ese conocimiento de los fenómenos, que se actualiza con formación periódica sobre los radicalismos y tipologías terroristas conocidas, como sobre las nuevas amenazas y tendencias (criptoactivos, crowdfunding, gaming, o Inteligencia Artificial). Esta simbiosis entre la experiencia policial, el espíritu investigador y el conocimiento de los fenómenos, junto con la materia financiera, favorecen que el analista sea capaz de transformar la información en inteligencia útil y operativa en la prevención, facilitando así la reacción ante el blanqueo de capitales, el terrorismo y su financiación.

El SEPBLAC, incluido el equipo de enlace de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, desarrolla una labor transversal e impulsora desde las obligaciones de cumplimiento de los sujetos obligados en materia de prevención. El hecho de que un notario comunique una operativa es considerado como una alerta temprana que forma parte de la base de la estructura piramidal de la investigación. Las comunicaciones realizadas por el Consejo General del Notariado (CGN) conllevan un complejo aporte documental, perfectamente estratificado y simplificado, permitiendo a los analistas del SEPBLAC enfrentarse al mismo con una comprensión inmediata de la operativa. En definitiva, toda la información que se recibe es de utilidad y es tratada para enriquecer futuros análisis tácticos o estratégicos, generando inteligencia financiera propia del Servicio, para incorporarla posteriormente, si procede, al cauce policial y/o judicial. 

Para que una comunicación de información sea útil debe reunir una serie de características, siendo una de ellas la oportunidad, es decir, la actualidad temporal. Esta celeridad comienza con los propios sujetos obligados al reportar las actividades sospechosas. Continúa con el SEPBLAC, que a través del Plan de Transformación Digital persigue mejorar sus esquemas de trabajo. Todo ello permitirá un tratamiento de la información aún más eficiente; implementando mayor dinamismo en las comunicaciones; aportando una elevada inmediatez a su difusión, dotando al sistema preventivo de una eficacia superior.

Recientemente el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en UE 2025 (TE-SAT) de Europol señalaba que el terrorismo y los extremismos violentos siguen siendo una grave amenaza para UE. Si bien, al inicio de este siglo, la principal preocupación a nivel de seguridad provenía del terrorismo yihadista, hoy en día ha mutado hacia amenazas diferentes y transversales, presentes en nuestra sociedad y que le afectan en sus distintos estratos. Han aparecido y se han asentado un sinfín de radicalismos con vocación violenta que en ocasiones se instrumentalizan o solapan con el terrorismo o el crimen organizado, así como otras amenazas híbridas con origen en Estados hostiles.

En este contexto, no se puede obviar el papel del notario con respecto a los intervinientes en las operativas y la capacidad de este para observar la evolución, el trato, las formas, … del cliente que acude a su despacho. En este sentido es conveniente recordar el estándar número 10 de GAFI, relacionado con la debida diligencia de conocimiento del cliente, y en el que se señala la importancia del “KYC” (know your client). La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación, no solo por parte del notario, sino también por el propio personal de su despacho. Este reto y responsabilidad a la que se enfrentan las notarías requiere de una formación específica en las fenomenologías emergentes, en las amenazas, riesgos y tipologías genéricas y particulares del momento actual.  No en vano la CGI de Policía Nacional, ha organizado dos congresos (2024 y 2025) relacionados con la formación y colaboración público-privada.

Si bien se ha señalado la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de la inmediatez en las comunicaciones y la transcendencia de la formación, no se puede olvidar, para finalizar estas líneas, que todo esto es posible gracias a la plataforma que supone el SEPBLAC para las FFCCS y concretamente para la Policía Nacional, que enlazan el entorno de la inteligencia financiera con la prevención y la investigación del terrorismo y los radicalismos violentos.

Impuesto de sociedades: presión y elusión

ALDEA GLOBAL

Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.

IMPUESTO DE SOCIEDADES: PRESIÓN Y ELUSIÓN

El impuesto de sociedades es una importante fuente de ingresos para los Estados, que en ocasiones se ven entre “la espada” de fomentar inversiones, ergo bajar las tasas a las empresas, y “la pared” de obtener recursos, lo que se traduce en subidas impositivas, para atender a las necesidades corrientes o a las extraordinarias derivadas de catástrofes naturales o defensa, por poner dos ejemplos fácilmente visualizables en este final de 2025. En teoría, cualquier empresa de cualquier parte del mundo paga el impuesto de sociedades sobre los beneficios de su facturación… En teoría. Y luego está la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

MELCHOR DEL VALLE

Según explica la OCDE (informe Reformas de la política fiscal 2025: OCDE y economías asociadas seleccionadas) la tendencia de los últimos años de la disminución de tasas en el impuesto de sociedades (IS) se “ha detenido o muestra indicios de reversión”. Los países que subieron las tasas del IS son más de los que las bajaron, explican, y los incrementos fueron mayores que las reducciones. Además, varios gobiernos crearon o aumentaron impuestos extraordinarios sobre el beneficio de las empresas para financiar sus presupuestos, en algunos casos, ante el aumento del gasto en defensa.

 


LOS PAÍSES QUE SUBIERON LAS TASAS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES FUERON MÁS QUE LOS QUE LAS BAJARON Y LOS INCREMENTOS FUERON MAYORES QUE LAS REDUCCIONES


 

Algunos datos. Los indicadores de variación del porcentaje del impuesto de sociedades, a la vista de los 162 países analizados por la consultora Trading Economics, entre los que se incluyen los 38 de la OCDE, no parecen mostrar demasiados altibajos en 2025: hay seis países que incrementan sus tasas: Lituania (1%), Eslovaquia (3%), Libia (4%), Bielorrusia (5%), Rusia (5%) y Montenegro (6%); y tres que las bajaron: Namibia (-1%), Luxemburgo (-1,07%) y Guinea (-5%). Así que, ciertamente, como dice la OCDE, hay más registros de subidas que de bajadas.

Claro que estas variaciones pueden, o no, ser importantes en sí mismas, porque la presión fiscal no solo depende de la tasa que se aplique, sino de la base impositiva. De hecho, el informe antes citado de la OCDE pone negro sobre blanco que “los países siguieron adoptando medidas de reducción de la base imponible para ofrecer un trato fiscal preferencial a ciertos tipos de inversión, en particular en investigación y desarrollo (I+D), tecnologías de reducción de emisiones y sectores considerados importantes para la seguridad nacional”. Es decir, las políticas fiscales se enfocan hacia medidas de reducción de la base imponible, en lugar de bajar los tipos, cuando pretenden ofrecer un trato fiscal más favorable a las empresas.

Más necesidades. En ocasiones, los países necesitan obtener más recursos, sean cuales sean las razones, y recurren a impuestos especiales incrementando la presión fiscal a determinados tipos de empresas. Siguiendo con datos de la OCDE, en 2024, más de una decena de países, incluido Isla de Man (donde teóricamente no hay IS), introdujeron o aumentaron impuestos dirigidos a bancos y otras instituciones financieras. En otros casos, añadieron recargos más amplios o normas especiales para gravar las ganancias retenidas o las no distribuidas; o ajustaron sus políticas fiscales en relación con las energéticas.

Y luego están necesidades más perentorias, como financiar el gasto en defensa. Tenemos el ejemplo de Ucrania que, por esa razón, aumentó la tasa sobre el IS del 1,5% al 5%. O Estonia, que tiene previsto un impuesto de seguridad del 2% sobre la renta corporativa, que se aplicará de 2026 a 2028. Japón, otro caso, prevé una sobretasa del 4%, a partir de abril de 2026, para determinadas situaciones de ingresos empresariales. O Rumanía, que desde enero de 2024 añadió el 1%, en este caso sobre la facturación, para las empresas que superen los 50 millones de euros en el año fiscal.

Presión fiscal. Cabe recordar que hablamos de la totalidad de impuestos recaudados en un país respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). También que las recaudaciones de la seguridad social se consideran impuestos, tanto las de las empresas como la de los ciudadanos. Visto esto, hay once países que superan el 40% de presión tributaria, todos ellos europeos, con Bélgica (44,1%), Francia (45,4%) y Dinamarca (45,7%) en el podio. Pero si esa relación la observamos respecto a los impuestos a las sociedades, los daneses ocupan el penúltimo lugar en la tabla, con un 6,5% (Islandia, 5,9%, es el último), mientras que los franceses están también aquí en lo alto (18,6%), solo por detrás de Noruega (19,2%), cuya tasa de IS no es, por cierto, de las más altas (22%).

 


LA OCDE SEÑALA QUE SE HA GENERADO UNA TRANSPARENCIA “SIN PRECEDENTES” EN LA PLANIFICACIÓN FISCAL DE LAS MULTINACIONALES


 

Se puede introducir una variable más en la ecuación: el porcentaje de la recaudación total de los Estados al margen de sus respectivos PIB. Y de nuevo Dinamarca, a pesar de tener la mayor presión fiscal del mundo, es el país donde menor porcentaje de sus ingresos provienen de los impuestos corporativos: solo un 15,1%, frente a República Checha, Polonia y Eslovaquia, que superan en todos los casos el 50%. España, por comparar, se queda cerca, con un 48,8%. Estará pensando el lector, con toda la razón, que si un país no recauda de las empresas, tendrá que hacerlo de los ciudadanos. En efecto, ese es el caso de Dinamarca, aunque podemos añadir un detalle para la reflexión: el país nórdico es también, junto a Finlandia, el lugar del mundo donde sus habitantes son más felices, según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, publicado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Es cuestión de averiguar si pagar impuestos da la felicidad.

El Proyecto BEPS. Las siglas corresponden a Base Erosion and Profit Shifting o, lo que es lo mismo, erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La OCDE lo define como “las estrategias de planificación fiscal que las empresas multinacionales utilizan para aprovechar las lagunas en la normativa fiscal y trasladar artificialmente sus beneficios a países con baja o nula tributación, con el fin de evadir el pago de impuestos”. Hablamos de eludir el pago de unos 200.000 millones de euros al año. Esto llevó a la organización, en colaboración con el G20, a poner en marcha una serie de iniciativas que evitasen la elusión fiscal. De todo esto, ya dio cuenta Escritura Pública en su número 131, recién firmado el acuerdo de los ministros de finanzas del G7 (junio de 2021) para reformar, en el ámbito del plan BEPS, el sistema fiscal global estableciendo un tipo impositivo mínimo global del 15% en el IS.

Muy resumidamente, en octubre de ese mismo año se habían unido al “Marco Inclusivo” (creado en 2015, es el conjunto de países que definen y controlan las normas para la redistribución de la potestad tributaria en las distintas jurisdicciones donde operan las multinacionales) más de 140 países, muchos de ellos en vías de desarrollo, a los que la elusión fiscal afecta más. Y aunque todos los miembros del Marco Inclusivo deberían de haber adaptado su normativa entre 2023 y 2024 para que el impuesto mínimo global estuviese vigente en 2025, las cosas van más despacio de los previsto, aunque con buenas sensaciones.

OCDE/G20 BEPS, 2025. En su informe A Decade of the BEPS Initiative, la OCDE reconoce que, diez años después de la creación del Marco Inclusivo, “si bien el análisis cuantitativo del proyecto BEPS sigue siendo difícil debido a las limitaciones de datos y metodológicas, hay una serie de datos que sugieren los efectos positivos del proyecto”. Citan, entre ellos, que se ha generado una transparencia “sin precedentes” en la planificación fiscal de las multinacionales, que facilita el trabajo de las autoridades fiscales. O que la iniciativa TIWB (inspectores fiscales sin fronteras, por sus siglas en inglés) de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con otras organizaciones regionales, ha ayudado a las administraciones tributarias de los países en desarrollo a recaudar 2.400 millones de dólares adicionales en ingresos. O que las reglas de limitación de intereses, que también se han aplicado ampliamente en los países en desarrollo, han contribuido a reducir la evasión fiscal.

Para algunos críticos, sin embargo, la seguridad jurídica puede verse comprometida en el maremágnum que supone la adaptación de las acciones BEPS al marco jurídico e interpretativo de los distintos Estados, generando costes muy altos de cumplimiento. En la actualización del Plan BEPS (julio de 2025) hay un párrafo que puede servir de respuesta: “En la actualidad, existe una gama mucho más amplia de herramientas e iniciativas para garantizar la seguridad jurídica en materia fiscal, que pueden servir no solo para resolver controversias, sino también para prevenirlas, entre otras cosas mediante la aplicación coordinada de normas comunes”.

El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, durante la ponencia sobre de perspectivas económicas en el marco de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.
Estructuras tributarias en el mundo

En África, América Latina y Asia las economías dependen más del IVA, del impuesto de sociedades y del impuesto a bienes y servicios, que del IRPF o de los pagos a la seguridad social. Sin embargo, en los países de la OCDE, de media, predominan las contribuciones a estos dos últimos. La conclusión se basa en los valores promedio, aunque hay casos de diferencias enormes ente países. Por ejemplo, mientras que la media de ingresos tributarios de la seguridad social en Asia y el Pacífico es del 8%, en Japón, que pertenece a esa región, es del 39%.

POR SI LAS DUDAS

A Decade of the BEPS Initiative: An Inclusive Framework Stocktake Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
OCDE (2025)

El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.
Kane Borders, Panayiotis Nicolaides, Gabriel Zucman.
Real Instituto Elcano (2025).

Tax Policy Reforms 2025: OECD and Selected Partner Economies.
OCDE (2025).

Reunión en la sede de la OCDE del grupo de trabajo sobre impuestos y desarrollo relativos a los precios de transferencia y a cuestiones de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS). FOTO OCDE.

“Reflexiones sobre la presión fiscal en España”, por Antonio Durán-Sindreu

ALDEA GLOBAL
ANTONIO DURÁN-SINDREU,

Profesor Asociado UPF. Doctor en Derecho y Socio-director Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios

“El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza”

Reflexiones sobre la presión fiscal en España

Parece ser que alcanzar una presión fiscal algo superior a la media europea es un éxito histórico. Pues, ¿qué quieren que les diga? Personalmente, aumentarla sin más no me dice nada. Su valoración exige compararla con otros parámetros, como la mejora en la calidad de los servicios, la eficacia de las políticas de gasto, la renta per cápita, o el nivel de endeudamiento. Prefiero, sin duda, menor presión fiscal y mayor calidad de los servicios, que mayor presión fiscal sin mejor calidad de los servicios o eficacia en la gestión de las políticas de gasto. Pero, además, la recaudación no necesariamente se aumenta con mayores impuestos, sino también con mayor riqueza. Sin esta, los impuestos carecen de sentido. En consecuencia, cuanto mayor sea la riqueza, mayor será la recaudación. Recaudar más también se consigue corrigiendo los muchos déficits de equidad de nuestro sistema tributario.

Lo cierto es que la presión fiscal ha llegado a su límite. Al menos, esta es mi opinión. Creo que se es muy consciente de que la presión fiscal de las rentas medias y bajas ha llegado a su límite. Vaya, que a los de siempre no se les puede ahogar más, al menos, de forma transparente. Sí que se les puede apretar más de forma silenciosa a través de no deflactar la tarifa del IRPF, o de no actualizar el mínimo personal del contribuyente que, recordémoslo, es el importe necesario para cubrir las necesidades más básicas y que permanece invariable desde 2015. También lo es actualizar otros límites muy sensibles para este tipo de rentas, como el importe de las reducciones para los rendimientos del trabajo de pequeña cuantía, o el importe que en concepto de otros gastos se puede deducir para calcular el rendimiento neto del trabajo en el IRPF. Pero también lo es no deflactar los tipos del IVA que, recordémoslo, es un impuesto regresivo y, por tanto, que a quien más perjudica es a quien menos renta tiene.

Sin embargo, con todo ello no es suficiente. Tampoco lo son los ingresos caídos del cielo consecuencia de la guerra de Ucrania y la consiguiente inflación, que ha incidido, e incide, en los productos y servicios más básicos.

La dosis de anestesia se incrementa pretendiendo hacernos creer que la culpa de todo la tienen los ricos. Y no es así. Es cierto que hay que plantear muy seriamente introducir progresividad en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS). Hace tiempo que lo vengo diciendo. El esfuerzo fiscal de quienes más beneficios tienen (astronómicos, diría yo), es mucho menor que el esfuerzo fiscal de cualquier autónomo. El problema se agrava si tenemos en cuenta que nuestro sistema tributario favorece el trasvase de rentas del IRPF al IS, y el remansamiento de beneficios, es decir, el no repartir dividendos; circunstancias, ambas, casi exclusivamente al alcance de las rentas más altas.

Por su parte, la internalización y globalización de la economía han aumentado el riesgo de las deslocalizaciones e incentivado la competencia fiscal internacional, que no se limita solo a los países europeos.

No niego que el cambio climático, la necesidad de mayor gasto de defensa y las diversas crisis que atravesamos, obliguen a aumentar determinados impuestos o a aprobar otros nuevos, que se les bautiza como de solidaridad. De hecho, tal vez era lo único que se podía hacer ante la asfixia fiscal de la clase media. No olvidemos que esta ha sido, y es, la más perjudicada. De hecho, muchos de los llamados impuestos caídos del cielo son consecuencia directa del empobrecimiento de la clase media. Ahí están el IVA y determinados impuestos especiales.  

No creo que este sea el camino. El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza y se adapte aquel al futuro no tan lejano en el que el trabajo dejará de ser el recurso más intensivo en el proceso de creación de riqueza. Habrá, pues, que empezar a tomar medidas con relación al gravamen de los recursos tecnológicos que lo suplan; promover incentivos fiscales destinados a crear riqueza vinculándola a la capitalización y a la inversión en activos productivos y en la creación de empleo; premiar a las empresas que repartan dividendos en lugar de remansarlos; fomentar el equilibrio medioambiental mediante una verdadera fiscalidad participativa que discrimen positivamente a quienes así lo hagan, y a quienes inviertan en sostenibilidad y en políticas de economía social; habrá que valorar también si los impuestos con finalidad extrafiscal han de tener mayor protagonismo. Y así, un largo etcétera. El camino no es, pues, el del parcheo. Es el de afrontar de una vez por todas y de forma conjunta y solidaria, el futuro que tenemos por delante. No hay que centrarse en el presente, sino en el futuro.

Sin embargo, y a pesar de hacerlo como decimos, hay que ser conscientes de que la presión fiscal tiene un límite, que es aquel que razonablemente la economía de cada país puede soportar. Por ello, es necesario valorar también la eficacia de todas las ayudas, prestaciones económicas, e incentivos, y evitar las duplicidades administrativas y el gasto superfluo, político, o clientelar. Hace falta que nuestros responsables políticos respondan personalmente por su inacción o falta de diligencia. En consecuencia, y en mi opinión, la mayor presión fiscal que soportamos no es la solución a nuestros problemas, ni a los del mundo en general.

Escudo anti-OPAS extranjeras

ENTRE MAGNITUDES
La Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones.

Escudo anti-OPAS extranjeras

La llegada del COVID-19 no sólo supuso una crisis sanitaria sin precedentes, sino también el hundimiento de la economía mundial. Para proteger al debilitado tejido productivo, en España se decidió poner en marcha en 2020 un mecanismo específico para controlar la compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros. Una normativa excepcional que, lejos de desaparecer, se está consolidando como uno de los pilares de la política económica. El desafío consiste ahora en mantener un adecuado control sin perder el atractivo inversor foráneo.

FERNANDO GEIJO

Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.

El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.

 


EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES


 

Control amplio y compartido

La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.

El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.

Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.

Sectores bajo la lupa

Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.

Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.

España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.

 


LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN


 

Delicada proporción

El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.

Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.

En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.

La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.

Paso a paso

Las gestiones en el procedimiento para obtener autorización de compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros implican:

  1. Verificar si la operación está sujeta a control.
  2. Reunir información y documentos.
  3. Registrarse en el portal de la JINVEX.
  4. Presentar solicitud y obtener número de expediente.
  5. Atender requerimientos de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
  6. Esperar la decisión del Consejo de Ministros que, normalmente: autoriza con o sin condiciones o deniega la operación.
  7. Recibir por vía electrónica la notificación de la JINVEX.
  8. Ejecutar la inversión. Si se realiza sin la autorización (cuando fuese obligatoria) se considera infracción grave, con posibles sanciones económicas y nulidad del acto.

El plazo legal máximo de todo el proceso abarca 6 meses, aunque en la práctica y salvo casos complejos, muchas operaciones se resuelven entre 2 y 4 meses, con una media de 72 días. Como recomendación, muchas empresas presentan una prenotificación voluntaria para que el Ministerio confirme si es necesario pedir autorización formal.

Auge regulatorio
  • 2020-2021: fase inicial con un número limitado de casos vinculados a sectores críticos durante la pandemia.
  • 2022: el aumento de tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania ampliaron el alcance del control, con más de 70 operaciones revisadas.
  • 2023: consolidación del mecanismo, con un repunte de intervenciones en el sector energético, coincidiendo con la crisis de precios del gas y la electricidad.
  • 2024: récord absoluto, con 94 operaciones bajo lupa, muchas relacionadas con la transición digital y la movilidad aérea.
Energía, telecomunicaciones y defensa concentran la mayoría de las 338 operaciones revisadas por la JINVEX desde 2020.
Ojo al dato

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Boletín Oficial del Estado (BOE), 19 de noviembre de 2020.

Boletín de Flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España, 2024. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.

El discreto encanto de la acción de oro”, por Carlos Sánchez

ENTRE MAGNITUDES
CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de El Confidencial

“Nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos”

El discreto encanto de la acción de oro

Manda la geopolítica, y es, en este contexto, en el que hay que situar un fenómeno impensable no hace demasiado tiempo. Los gobiernos, también el español, se han dotado de nuevos instrumentos jurídicos para evitar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas por razones de interés general.

No es, desde luego, un fenómeno nuevo. Margaret Thatcher utilizó en los años 80 un instrumento similar —en aquellos años se llamaba acción de oro— para evitar la entrada de capital foráneo en las empresas privatizadas. Otros gobiernos siguieron la estela de la premier británico, y fue entonces cuando la propia Unión Europea tuvo que poner un cierto orden para permitir los derechos de veto siempre que fueran coherentes con el interés general.

Algo, sin embargo, ha cambiado en los últimos años. En particular, desde la pandemia, que rescató viejos hábitos. La nueva tendencia se ha acelerado, hasta el punto de que nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos. En 2010, apenas seis países habían aprobado alguna legislación.

Incluso Irlanda, un territorio poco hostil a la inversión extranjera, ya que ha encontrado su razón de ser en el capital foráneo y el comercio internacional, cuenta desde primeros de este año con un instrumento de control.

En el caso español, estará vigente, en principio, y tras una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es mantener la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, la salud y el orden público.

¿Qué es lo que ha cambiado para explicar este giro de guion impensable hasta hace poco? Obviamente, las incertidumbres geopolíticas y la consolidación de un nuevo orden internacional en el que ya no prima la eficiencia, sino la seguridad. Si hasta el primer mandato de Trump seguía avanzando la globalización, hoy los Estados tienden a protegerse de la amenaza exterior, aunque sea económicamente menos eficiente. Algo que explica que las medidas de control ya no se apliquen sólo a sectores considerados estratégicos, sino que el abanico se ha ampliado a actividades como la industria farmacéutica, el automóvil, los semiconductores y en general la industria electrónica o los metales o minerales críticos.

Como no podía ser de otra manera, y ante el aumento de las incertidumbres, el resultado es que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11% en 2024, lo que significa que es el segundo año consecutivo de descensos, algo que confirma, en palabras de la UNCTAD, la profundización de la desaceleración de los flujos de capital productivo.

Incluso la UE ha tenido que ceder. Aunque la libertad de movimientos de capitales sigue siendo un pilar básico de su funcionamiento, el Reglamento Europeo de Control de Inversiones de 2019 amparó las políticas restrictivas que los gobiernos han desplegado. Hay un problema, y no es pequeño. La UE, y sobre todo los gobiernos, saben que están obligados a garantizar un equilibrio entre el control de las inversiones y la entrada de capital de terceros países. De lo contrario, Europa corre el riesgo de perder atractivo como destino de las inversiones extranjeras. Es decir, puede provocar un frenazo en los flujos de inversión exterior. Ese es el margen estrecho en el que se mueven las legislaciones. Sí, pero no; no, pero sí.

No es poca cosa lo que se juega España, que en 2024 fue el decimotercer país en el mundo en captación de inversión extranjera. Y si se analizan los proyectos greenfield, es decir aquellos que suponen una inversión desde cero, completamente nueva, sería el quinto país del planeta.

La legislación, conscientemente, hace descansar en un organismo técnico, la Junta de Inversiones Exteriores, la concesión de las autorizaciones, y hay que decir que hasta el momento los vetos han sido mínimos. De las 136 solicitudes presentadas el año pasado, 42 fueron archivadas por no afectar a un sector crítico, mientras que el 85% de las 94 restantes (el 90%) fueron autorizadas sin condiciones al no haberse encontrado riesgo significativos. En ocho casos se concedió la autorización con la aplicación de alguna restricción y sólo en un caso se denegó la solicitud de autorización debido a la existencia de riesgos no resolubles.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el principio de libertad de movimiento de capitales ha sido matizado, aunque todavía de forma muy modesta. O corregido, como se prefiera, por un bien que hoy, no antes, se considera superior: la seguridad. O expresado de otra manera: manda la geopolítica, que no es otra cosa que una corrección de la globalización en favor de nuevos bloques.

¿Cuál es el problema? Las incertidumbres que genera la aplicación de las distintas regulaciones que, necesariamente, incorporan un cierto subjetivismo político en su aplicación práctica.  Conceptos como ‘razón de Estado’ siempre son vaporosos y en ocasiones, incluso, escapan del control jurisdiccional. Incluso la valoración sobre el impacto de la inversión extranjera en determinados sectores o empresas se mueve en el terreno del “riesgo potencial”, como proclama el real decreto aprobado en 2023.

A ello hay que añadir que la propia legislación europea da un margen —en ocasiones elevado— a los gobiernos para actuar. Es decir, tanto los requisitos como los umbrales para presentar una notificación de inversión dependen en última instancia de cada Estado. Y aquí, una vez más, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas entre los Estados y la propia Comisión Europea.

El efectivo, un derecho contra la exclusión

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EL EFECTIVO, UN DERECHO CONTRA LA EXCLUSIÓN

Quienes no tienen acceso al mundo digital, bien por razones económicas, de formación o de edad, pueden ser discriminados si no se les deja pagar en efectivo.

La ley ampara al consumidor: puede pagar en metálico si así lo desea y el comerciante no puede negarse, siempre que la transacción se encuentre dentro de los límites legales establecidos. En caso de no permitirlo se arriesga a una sanción económica.

PATRICIA ANDÚJAR

En España no está permitido obligar a pagar con tarjeta. Así lo determina el artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada en 2022, y que en su apartado ñ recoge como infracción “la negativa a aceptar el pago en efectivo dentro de los límites permitidos por la normativa tributaria y de lucha contra el fraude”.

Dichos límites son los pagos superiores a 1.000 euros cuando una de las partes es empresario o profesional (por ejemplo, un consumidor compra un producto y no puede pagarlo en efectivo si supera dicha cantidad); gastos mayores de 10.000 euros cuando el pagador es persona física sin residencia fiscal en España y no actúa como empresario o profesional, esto es, un turista extranjero, y, finalmente, cuando la transacción se produce entre particulares (ambas partes son consumidores y no tienen relación profesional o empresarial), no existe límite legal en la norma antifraude, pero el efectivo sigue sujeto a la normativa de blanqueo de capitales si las cantidades son elevadas.

Por lo tanto, por debajo de esos límites, el consumidor siempre tiene derecho a pagar en efectivo y el comerciante no puede negarse.

 


EN ESPAÑA NO ESTÁ PERMITIDO OBLIGAR A PAGAR CON TARJETA. ASÍ LO DETERMINA EL ARTÍCULO 47.1 DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS


 

Sanciones

En el caso de incumplir la normativa y rechazar el pago en efectivo, el establecimiento en cuestión puede incurrir en una infracción leve, con multas que oscilan entre los 100 y los 10.000 euros, incluso alcanzando los 100.000 euros en los supuestos más graves. Estos últimos se producen cuando el beneficio obtenido es muy elevado, por ejemplo, cuando un establecimiento ha impedido de manera continuada el uso del efectivo o ha afectado a muchos consumidores.

Desde el Ministerio de Consumo, además, señalan que la sanción no debe ser más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas.

Hasta el momento, uno de los sectores más sancionados por el propio Ministerio es el del transporte aéreo, tras considerar “prácticas abusivas”, entre otras, la de no permitir el pago en efectivo en los aeropuertos españoles.

La pandemia supuso un punto de inflexión. La necesidad de evitar el contacto impulsó los pagos con tarjeta, lo que ha provocado que algunos comercios vean la exigencia del pago en efectivo como algo anticuado e innecesario. Según el informe La digitalización y democratización de los pagos del consumidor, elaborado por Nuek, la empresa de medios de pago de Minsait (Indra Group), solo el 20% de los españoles elige el efectivo como medio de pago preferido, y es que nuestro país, en paralelo con Europa, lidera la transición hacia los pagos con tarjeta y sin contacto. Un dato muy revelador de este estudio es que el 83% de los españoles utiliza su tarjeta en operaciones online, y también es habitual el uso de la tarjeta de débito en compras presenciales.

Además, según este informe, uno de cada tres consumidores españoles no ha podido pagar en alguna ocasión como quería.

En la misma línea están las últimas estadísticas sobre pagos del Banco de España, que muestran un aumento del 10,5% en las operaciones realizadas con instrumentos distintos del efectivo durante el segundo semestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023. De ellos, el 65,5% se realizaron con tarjeta, medio de pago que crece alcanzando los 114 millones en el país (2,2 por habitante), mientras que el de cajeros desciende un 1,6%.

La brecha digital

Esta situación pone en evidencia otra realidad: la de quienes no tienen acceso al mundo digital, bien por razones económicas, de formación o de edad, y que inevitablemente, parecen quedar fuera de este avance tecnológico.

 


EN EL CASO DE RECHAZAR EL PAGO EN EFECTIVO, EL ESTABLECIMIENTO PUEDE INCURRIR EN UNA INFRACCIÓN LEVE, CON MULTAS QUE OSCILAN ENTRE LOS 100 Y LOS 10.000 EUROS


 

Existen asociaciones que velan por el cuidado de estos colectivos y otras cuyo objetivo principal es hacer cumplir la ley sobre algo que consideran un derecho fundamental. Es el caso de la plataforma Denaria, cuya razón de ser es la defensa del efectivo. Su presidente, Javier Rupérez, señala que “no es solo un método de pago”, sino que “para las personas representa libertad, privacidad e inclusión financiera, ya que no discrimina por edad, nivel digital o situación socioeconómica”. Además, añade que “para un país significa resiliencia y seguridad nacional”, tal y como se observó, dice, con el apagón tecnológico del pasado abril. “Sin efectivo, la economía se habría paralizado”, concluye.

Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), explica que su prohibición “puede provocar miedo a los fraudes, ansiedad y desconfianza hacia los nuevos métodos de pago, aumentando la sensación de vulnerabilidad y reforzando la dependencia de terceros”. Para la PMP, todo esto se traduce en “exclusión social y económica” ya que impide (a estos colectivos) “participar plenamente en la vida cotidiana”.
La consecuencia es “la falta de autoestima”, según Cruz Roja, organización que aboga por desarrollar estrategias en escenarios clave: “Los barrios, pueblos rurales, comercios de proximidad son aliados fundamentales para tejer una red de apoyo social”, dicen.
En el mundo rural, “disponer de cajeros es vital”, explica Rupérez y para el presidente de la PMP los barrios y comercios “desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas mayores” ya que, “ofrecen información clara y adaptan sus servicios a sus necesidades”.

La situación en Europa

Para la plataforma Denaria existe un escenario desigual entre países. “Mientras en Francia, Alemania, Irlanda o Suecia se han aprobado planes nacionales de resiliencia que blindan el acceso al efectivo, en España se ha tejido una red normativa hostil hacia su uso”, explica su presidente Javier Rupérez, lo que deriva, dice, “en asimetrías regulatorias, dificultando la libre circulación económica y colocando a España en clara desventaja competitiva”.

Del mismo modo resalta la creación, en países como Holanda o Reino Unido, “de grupos de trabajo específicos para planificar la protección del efectivo desde sus bancos centrales” y pone el límite de 1.000 euros como ejemplo de la diferente actuación. Lo considera “una anomalía europea”, ya que “la Directiva comunitaria de prevención de blanqueo establece un máximo de 10.000 euros y el propio Banco Central Europeo calificó de ‘desproporcionada’ la reducción del límite a 1.000 euros al considerar que reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar”.

La necesidad de evitar el contacto impulsó el uso de las tarjetas, lo que ha provocado que algunos comercios vean la exigencia del pago en efectivo como algo anticuado.
Que nadie se quede fuera

Desde la plataforma Denaria afirman que “el efectivo es crucial allí donde la digitalización no llega o no convence y asegura que nadie quede fuera del sistema”. Por ello, plantean posibles medidas para blindar su uso, tales como “definir una red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes en colaboración con Administraciones Públicas que den soluciones; la apertura de cajeros en zonas rurales y despobladas o en puntos urbanos afectados por el cierre de sucursales bancarias, con una distancia máxima entre ellos; o crear un grupo de trabajo para diseñar un plan de resiliencia nacional como el de otros países”, etc.

Por su parte, Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), aboga por “la formación digital y tecnológica” de los colectivos afectados, así como trabajar la sensibilización de los comerciantes “para ofrecer un trato amable, accesible y comprensible”. También señala “el acompañamiento en gestiones y trámites, pasando por la mediación con la Administración y la sensibilización social”. De hecho, en PMP “participamos activamente en el Foro de Inclusión Financiera, donde, a través del diálogo con las patronales bancarias y el Ministerio de Economía, supervisamos el compromiso social de la banca hacia los mayores”, concluye Fernández.

PARA SABER MÁS

La digitalización y democratización de los pagos del consumidor. Informe realizado por Nuek, compañía tecnológica de Minsait especializada en infraestructura de pagos.

Banco de España. En su página oficial se puede consultar la última estadística realizada por la entidad sobre pagos.

 

Plataforma Denaria. En su web se encuentra toda la información relativa al uso del efectivo, incluidos los canales para presentar denuncia.