Dirigido por el notario Segismundo Álvarez, el curso contó con las intervenciones de notarios españoles y extranjeros, altos cargos de las Administraciones españolas, directivos de asociaciones empresariales, representantes del tercer sector, magistrados y fiscales.

Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia; Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, intervinieron en la inauguración. Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y Diego Granados, decano del Colegio Notarial vasco, también asistieron al acto.

Martínez Sanchiz -tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes- señaló que este curso, el segundo que se celebra en la UPV, se centra «en una materia tan importante para los notarios como la persona, la empresa y la tecnología».

El secretario de Estado apuntó que «en un mundo marcado por la incertidumbre, la función del Notariado es un pilar esencial para el tráfico jurídico. La nueva Ley 8/2021 sobre discapacidad dota al colectivo de una plena autonomía jurídica. En este nuevo modelo, los notarios son claves y pueden aportar un magnífico servicio a la sociedad a la hora de autorizar documentos y otorgamientos que configuren una adecuada protección jurídica de las personas con discapacidad».

Rodríguez puso en valor el carácter pionero del Notariado español en materia tecnológica, «con proyectos como IBERA, IBERFIDES o EUDOC, para el intercambio de documentos públicos, ejemplos de que los notarios se adaptan a los cambios tecnológicos para un uso más eficaz de sus funciones haciendo más sencilla la vida a los ciudadanos. Proyectos como el de las leyes de eficiencia digital, concursal o ‘crea y crece’ utilizan las aplicaciones tecnológicas sin merma de la seguridad jurídica notarial».

CATASTRO Y NOTARIADO PONDRÁN EN MARCHA UN PROYECTO PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS ALTERACIONES FÍSICAS CATASTRALES

Artolazabal coincidió en señalar que «las últimas reformas han reforzado la competencia y función notarial en materias como la jurisdicción voluntaria o la resolución de conflictos, reduciendo la carga de los juzgados. Podemos considerar al Notariado como órgano colaborador de una buena administración de Justicia, como garantes del control previo de legalidad. Estas competencias requieren una especial sensibilidad en el trato con personas mayores y con discapacidad, unas funciones que ya llevan años desempeñando los notarios».

En materia de discapacidad, la nueva Ley 8/2021 modifica «la función singular del Notariado -apuntó Artolazabal-, al adoptar una estrategia de intervención que permita configurar los apoyos adecuados. Para afrontar este cambio de mentalidad entre notarios y persona, me consta la labor de su Fundación Aequitas».

Derecho a decidir

Bajo el título Amparo socio-legal ante el envejecimiento y la discapacidad tuvo lugar la primera mesa redonda. Moderada por el notario Ignacio Gomá, contó con las intervenciones de Nuria Moreno-Manzanaro, jefe de área del CES (Consejo Económico y Social); y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Moreno-Manzanaro realizó un análisis detallado de la longevidad en nuestro país. «Con 84 años de esperanza de vida media al nacer, España se sitúa, incluso después de los estragos del Covid, entre los países con esperanza de vida más elevada del mundo. La llegada de los baby boomers (en España, los nacidos entre 1957 y 1975), a las edades de jubilación está haciendo que el futuro de las pensiones y la preocupación por la sostenibilidad del sistema acapare el protagonismo en el debate público sobre las consecuencias del envejecimiento. En 2022, aproximadamente 1,3 millones de personas reciben alguna prestación del sistema de atención a la dependencia: la mitad son mayores de 80 años. Del total de beneficiarias, un 30% son personas con gran dependencia».

Tras señalar la implicación de los notarios con el movimiento de la discapacidad, «el Notariado es una profesión amiga», Pérez Bueno hizo hincapié en algunos datos sobre discapacidad: «La cuestión del envejecimiento es crucial, de primera importancia, para nuestro movimiento social, no en vano el 60% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, más de 2 millones, según las estadísticas oficiales del INE. De estas cifras se deduce que, en España, 1,5 millones de personas con discapacidad afrontarán el envejecimiento en los próximos años».

Aplicación práctica de la ley 8/21 fue otro de los temas de uno de los paneles de debate. Con Segismundo Álvarez Royo-Villanova como moderador, participaron en el coloquio Carmen Velasco, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y Catalina Pedrero, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Euskadi.

66.000 EMPRESAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA RECIBIRÁN LAS AYUDAS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

Velasco señaló que «la función notarial no ha variado con la nueva normativa, pero se regula lo que se estaba haciendo hasta ahora. El Notariado nunca ha trabajado solo ni lo va a hacer, necesitamos la colaboración de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos para ir recorriendo el camino en la aplicación de esta ley. Asesoramiento, dación de fe en el ámbito extrajudicial, fuerza probatoria de la escritura pública, profesionalidad y formación son rasgos esenciales de nuestro trabajo que nos permitirán recobrar el lugar que siempre hemos tenido y seguir aportando seguridad jurídica».

«El papel del Ministerio Fiscal es básico en la protección de las personas más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad- apuntó Pedrero-. La trascendencia de la Ley 8/2021 es enorme por la transformación que ha supuesto oponiéndose al conservadurismo del mundo de la justicia; aún hay una resistencia grande a la hora de aplicarse». Sobre el papel de los notarios, la fiscal señaló que «pasan a desempeñar una tarea enorme en este nuevo marco». Asimismo, expresó su «agradecimiento a la Fundación Aequitas por la difusión de la Convención de la ONU que posteriormente ha sido reconocida en el articulado de nuestro ordenamiento».

Proyectos tecnológicos

Dirigida por Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado (CGN) para la UE, se celebró una mesa redonda sobre EUDOC, IBERDOC e IBERFIDES, tres proyectos tecnológicos desarrollados por el Notariado español para la circulación telemática de escrituras públicas entre distintos países. Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos); Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado para América del CGN; y Gonzalo Cano, notario, miembro del grupo de trabajo de nuevas tecnologías del Consejo de los Notariados de la Unión Europea, tomaron parte en el coloquio.

Cano realizó un caso práctico de intercambio de documentos con la plataforma EUDOC, «que permite el envío de copias electrónicas firmadas entre notarios de los países de la UE. La herramienta ha sido desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) e impulsada por los Notariados alemán y español».

Sobre EUDOC, Bormann destacó que «garantiza que los notarios se mantengan al día con la digitalización, sin comprometer la calidad de los servicios notariales. Con EUDOC, los Notariados español y alemán asumen un papel pionero en el ámbito de las TIC».

Gil Botero apuntó que «el sector iberoamericano de la Justicia está realizando un esfuerzo permanente en el ámbito de la digitalización. La seguridad jurídica es fundamental para consolidar la gobernanza de nuestros Estados y su cohesión social. En colaboración con el Notariado español hemos puesto en marcha plataformas como Iber@, que permite la cooperación jurídica entre 22 países beneficiando para servir a 600 millones de habitantes».

Para Alfonso Cavallé, «el idioma, el derecho común, y el arraigo de una institución como el Notariado ha permitido implementar esos proyectos de nuevas tecnologías entre España e Iberoamérica. El desplazamiento de personas en diferentes países es cada vez más común y los notarios debemos facilitarles su situación, permitiéndoles realizar negocios jurídicos transnacionales».

Kit digital

La primera mesa redonda de la segunda jornada se centró en El Kit Digital, un proyecto de RED.es que cuenta con el apoyo del Notariado. Moderada por Segismundo Alvarez, contó como ponentes con Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es y Antonio Magraner, vicepresidente de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios).

Alberto Martínez Lacambra destacó que “el Programa Kit Digital tiene como objetivo digitalizar a empresas de menos de 50 empleados para mejorar la productividad de esta parte de nuestro tejido empresarial, que supone el 51% del empleo del país. La primera convocatoria de ayudas de Kit Digital, que se lanzó el pasado 15 de marzo, está dirigida a pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 trabajadores y ya ha recibido más de 66.000 solicitudes. Además, en los próximos días se alcanzará la cifra de 20.000 ayudas concedidas, lo que significa que alrededor del 30% de pymes solicitantes ya cuentan con la ayuda”.

LOS PONENTES DESTACARON LA LABOR DE LA FUNDACIÓN AEQUITAS EN LA NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD

Martínez Lacambra añadió que la primera convocatoria “ha ido muy bien y confiamos en que la segunda, dirigida a microempresas y a autónomos de entre 3 y menos de 10 empleados tenga tan buena acogida”. El director general de RED.es ha resaltado también la agilidad en la tramitación y concesión de las ayudas gracias “a un sistema muy innovador y robotizado, en el que colabora el Notariado entre otros organismos, que permite que se pueda solicitar la ayuda sin aportar apenas documentación”.

Por su parte, Magraner puso en valor la importancia del ‘kit digital’ para los jóvenes empresarios: «Sin este proyecto se habría producido una brecha digital, lo que hubiera supuesto un grave problema empresarial. La gran mayoría de empresas no llega al 10% de su digitalización, muchas no tienen página web ni pueden vender online. Hay que ayudar a las micropymes a que puedan darse a conocer, porque la digitalización es un elemento democrático para nuestro tejido productivo; permite a los emprendedores internacionalizarse y competir con grandes empresas en igualdad de condiciones».

Catastro

Intercambio de información entre el Notariado y el Catastro: la colaboración al servicio de la ciudadanía fue el tema del segundo panel de debate. Moderado por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, estuvo integrado por Fernando de Aragón, director general del Catastro; Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al ciudadano; y Mikel Mendizábal, jefe de Servicio de Gestión de Tributos Locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Puebla destacó la «intensa colaboración entre notarios y Catastro. Las alteraciones jurídicas del dominio de los inmuebles cuentan con flujos de intercambio de información muy depurados con resultados excelentes. En 2011 se incorporaron los intercambios de alteraciones físicas (segregaciones, divisiones, reparcelaciones,..). En 2015, al configurarse la cartografía catastral como base de representaciones gráficas en el Registro de la Propiedad, se hacía necesario avanzar en el intercambio de información gráfica entre Catastro y notarios; en ese sentido, en 2021 se publicó una resolución cuyo fruto fue la puesta en marcha de una experiencia piloto en el Colegio Notarial de Valencia, que ha dado excelentes resultados y que se pretende ampliar a nivel nacional».

LA INFORMACIÓN CATASTRAL RECOGIDA EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NOTARIALES ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS, COMO EL BLANQUEO DE CAPITALES

Aragón coincidió en alabar la prolongada «colaboración entre Notariado y Catastro, que contribuye a mejorar los servicios públicos administrativos de calidad para la sociedad. Los notarios comunican el 54% de las certificaciones que se realizan en la sede del Catastro. Durante la pandemia se realizaron cuatro millones y se prevé que en 2022 lleguemos a los ocho millones. Estas comunicaciones nos permiten tener los datos al día de cualquier alteración jurídica (cambios de titularidad, compraventas,..). Estos años de colaboración se han visto refrendados con una resolución común de las direcciones generales de Seguridad Jurídica y Fe Pública con la del Catastro, que permitirá al ciudadano obtener toda la información georreferenciada del inmueble de manera inmediata en la notaría en una transmisión de propiedad». El director general del Catastro resaltó que la incorporación de los valores de referencia en la escritura pública «contribuye a la prevención del blanqueo».

Mendizábal destacó que «la colaboración con los notarios permite utilizar los valores de las escrituras públicas en el recorrido de nuestra información. El sistema de valores de referencia puesto en marcha por el Catastro y los notarios es un logro para la administración tributaria que evita conflictividad y aporta transparencia y veracidad».

Manuel González Meneses dictó la última ponencia del curso: Los servicios de confianza en el medio electrónico y la captura del legislador tecnológico. Para el notario, » el legislador ha querido ir por delante, estableciendo un régimen de efectos jurídicos y de presunciones legales que favoreciese el uso de esta tecnología antes de su adopción de forma generalizada en el mercado. Con ello nos encontramos, una vez más, con que una institución nacida en el ámbito empresarial pretende desplazar los criterios del Derecho Civil, es decir, del derecho que protege los intereses del ciudadano medio».