El foro -presidido por la jurista argentina Isolina Dabove- fue organizado por International Guardianship Network, una institución global nacida con el objetivo de difundir las convenciones de la ONU (de protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y de la Organización de Estados Americanos –OEA- (sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores). El acto de inauguración estuvo presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Catedráticos y profesores universitarios, jueces, fiscales, notarios, médicos, psiquiatras, mediadores, representantes institucionales y del movimiento asociativo, psicólogos, abogados, terapeutas, gerontólogos, trabajadores sociales… -procedentes de Europa, Norteamérica, América Latina; Asia, África y Oceanía- analizaron en profundidad temas como: internamientos voluntarios; ética de los cuidados paliativos; apoyos y cuidados en situaciones de emergencias y catástrofes; salud mental, autonomía y dependencia; salud digital y robótica; apoyos y cuidados en cárceles; diversidad cultural, personas y comunidades indígenas; cultura, deporte y vida plena; etcétera.

CON MÁS DE 200 PONENTES DE LOS CINCO CONTINENTES, EL CONGRESO ABORDÓ DE MANERA GLOBAL Y MULTIDISCIPLINAR LA PROTECCIÓN DE LOS MAYORES

Representación de Æquitas

La Fundación Æquitas estuvo representada por su directora y su director adjunto -Almudena Castro-Girona (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. En la sesión plenaria Panorama mundial. Europa: De la curatela al sistema de apoyos para la toma de decisiones) y Francisco González (abogado especialista en discapacidad, en el panel de debate Actos de autoprotección y poderes preventivos)- respectivamente. También asistieron los patronos Inmaculada Vivas (catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Ejercicio de los apoyos en el consentimiento informado); José Luis Seoane (magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Determinación de la capacidad jurídica e interdisciplinar), y Gonzalo López Ebri (ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana. Autonomía, capacidad jurídica y vida independiente).

Para Inmaculada Vivas, “en España, el adulto mayor no cuenta con un marco normativo diferenciado por el mero hecho de tener arrugas. Sin embargo, sí debe prestársele atención y apoyo cuando, por su fragilidad, no puede tomar decisiones concernientes a su salud. El ordenamiento jurídico actual debe contemplar un sistema de apoyos e instrumentos eficaz y respetuoso con la libre autodeterminación de la persona mayor y resolver las situaciones en las que se prescinde de sus deseos y preferencias”.

Según Gonzalo López Ebri, “el derecho a la tutela judicial no puede comprenderse desconectado de la realidad en la que se desenvuelve. La ley nunca será igual para todos si todos no están en la misma situación, tanto en la relación jurídico material como procesal”.

José Luis Seoane puso de manifiesto la labor realizada por los notarios a la hora de reforzar la protección jurídica de los mayores: “La función notarial constata el consentimiento de estas personas mayores mediante la valoración de su capacidad como otorgantes, lo que supone una garantía preventiva esencial del sistema al denegar la aprobación de negocio jurídico si, a juicio del notario, no se cumplen las condiciones para celebrar y comprometerse contractualmente”.

Francisco González señaló que “los poderes preventivos y los acuerdos de apoyo son herramientas legales muy útiles que permiten a las personas planificar y delegar la toma de decisiones en caso de una futura falta de capacidad. Estos documentos ofrecen una forma de protección y control sobre los asuntos personales, financieros y legales en situaciones de vulnerabilidad. Hay que considerar la creación de estos poderes como parte de una planificación legal integral para garantizar que los deseos y necesidades de una persona sean atendidos de manera adecuada en el futuro”.

Por último, Almudena Castro-Girona hizo hincapié en la trascendencia de la Ley 8/2021 en nuestro país (que cumple este mes de septiembre el tercer aniversario de su entrada en vigor): “Ha sido la mayor reforma del ordenamiento jurídico español y de nuestra época democrática. Esta ley supone la eliminación de los sistemas de sustitución en la toma de decisiones y la adopción de los sistemas de apoyo consagrados por las normas internacionales”.