Acaba de ser elegido como nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuáles son sus primeras prioridades?

Lógicamente en estas primeras semanas al frente del CGAE he tomado contacto con los equipos, he revisado las agendas de trabajo y diseñado la nueva estructura organizativa, pero también he tomado contacto con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y con el Secretario de Estado de Seguridad Social y otros actores de la justicia. Quiero, desde el primer momento, transmitir a los colegiados y a la sociedad que somos una institución eficiente, preocupada y ocupada en los intereses de la profesión y de la justicia que tiene la intención de dar impulso a la labor de representación y defensa de los intereses de la abogacía.

¿Cuál es el papel de los colegios profesionales en este momento?

Los colegios somos instituciones que tenemos que representar a la profesión y en esa representación tenemos que transmitir el valor de lo que hacemos, de lo que conseguimos cada día, de cómo resolvemos infinidad de conflictos en la sociedad, pero también de cómo impulsamos su progreso. Gracias a nuestra actividad hacemos que se cierren cada día en todo el país multitud de operaciones, de negocios, de contratos, que redundan en beneficio de todos.

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN ASUNTO QUE NO ESTAMOS ABORDANDO BIEN COMO SOCIEDAD”

Hay que poner en valor este trabajo y trasladar ese impulso que, en particular, nuestra profesión aporta a la sociedad. También nos interesamos mucho por la actividad legislativa e intentamos mejorarla, en particular en lo que a la Administración de Justicia se refiere, ya que somos un pilar básico de su funcionamiento. Trabajamos, en definitiva, para que todo funcione de la mejor manera posible. Una sociedad sin abogados sería una sociedad menos justa que dejaría muchos conflictos sin cerrar dificultando enormemente su progreso.

Finalmente conseguida la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su nueva composición, ninguno de sus miembros procede de los operadores jurídicos, en particular de la abogacía. ¿Cómo lo valora?

Creo que el espíritu constitucional es que los operadores jurídicos, y en particular la abogacía, estén presentes en el Consejo, pensando en que esta profesión es con la que el ciudadano tiene mayor contacto y que hace de bisagra entre la Administración de Justicia y sus derechos e intereses.

Que en el Consejo General del Poder Judicial no haya ningún abogado que llame la atención sobre los problemas que tiene la Administración de Justicia y cómo estos son percibidos por el ciudadano no es bueno. Cualquier abogado que hubiera estado allí no sólo hubiera hecho posible que los consensos se tomaran con mayor agilidad, que hubiera acuerdos y componer posturas dentro del Consejo, sino que también hubiera ayudado a esas labores de fiscalización de la actividad de los órganos judiciales que tiene encomendada el órgano constitucional y a su labor de ordenación de la Administración de Justicia, que sufre de muchísimos retrasos e ineficiencias que están afectando directamente al ciudadano. El que la abogacía no esté allí significa alejar a la ciudadanía del órgano que gobierna la Administración de Justicia.

¿Para cuándo la Ley Orgánica del Derecho de Defensa tan reclamada por la abogacía?

El Senado, al que ha llegado por fin la tramitación, inicia en breve su actividad y esperamos que se haga de la forma más rápida posible, entre otras cuestiones porque es muy necesaria para garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos y para resolver cuestiones de gran importancia para el ejercicio de la abogacía. Confío en que pronto esté en vigor.

“HAY QUE DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES AL TURNO DE OFICIO PARA PERMITIR EL ACCESO DE TODOS A LA JUSTICIA”

La violencia de género sigue azotando a la sociedad. ¿Hay que replantearse las medidas para combatirla?

Nuestro colectivo es muy sensible a este asunto; tanto los abogados, como los colegios y el propio Consejo. Los datos son estremecedores y es un asunto que como sociedad no estamos abordando bien. Me da la sensación de que no se nos escucha lo suficiente a la abogacía. En la gestión de este tema hay que escuchar a las personas que intervienen en los procesos y fundamentalmente a los abogados que están cada día cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho de defensa de todos. El tener esa visión del todo es fundamental.

Reclamamos que se nos escuche porque conocemos el drama de la situación, sabemos lo que está pasando. En todos los colegios tenemos unos servicios de orientación y asesoramiento a víctimas. La abogacía ya se situó en la vanguardia cuando ni siquiera la violencia de género formaba parte de la justicia gratuita. Queremos ayudar todo lo que podamos en esto. Aquí hay un problema cultural, pero también de estar cerca de la víctima, y cerca del problema en toda su dimensión.

“ABOGADOS Y NOTARIOS COLABORAN DIARIAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y A LAS INVERSIONES”

La justicia gratuita ejercida desde el turno de oficio es una función muy valorada por la ciudadanía según todos los estudios. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son sus reivindicaciones?

El turno de oficio es fundamental para que el ciudadano, con independencia de sus recursos económicos, acceda a la justicia, lo que es un derecho constitucional. La cuestión que pivota aquí es cómo sostenerla si no se aportan los fondos suficientes para ejercerla dignamente.

Se tiene que tomar la decisión política de retribuir correctamente las actuaciones de los profesionales que actúan para dar un servicio público y que permite el acceso a la justicia de la totalidad de los ciudadanos. Si consideramos que esto es importante y creo que entendemos todos que lo es y es un valor de nuestra democracia, de nuestro estado social, quienes gobiernan tienen que ser consecuentes.

Tenemos que conseguir que esta justicia gratuita se preste, no en base al esfuerzo de unos profesionales sin retribución en muchos casos de sus actuaciones o con unas muy precarias. Hay que modernizarla, delimitando claramente su contorno, definiendo el catálogo de actuaciones comprendidas en ella y actualizar las retribuciones de los profesionales. El Ministro de Justicia y yo nos hemos emplazado para abordar estas cuestiones con urgencia y con toda la seriedad necesaria para abordar una Ley de Justicia Gratuita acorde con las circunstancias actuales.

¿Cómo afronta una profesión con formatos de ejercicio tan diversos y con 240.000 colegiados el reto de la tecnología y la digitalización?

Por supuesto que esta es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa. Trabajamos para que el profesional esté formado y con las herramientas que hoy requiere el ejercicio, no solo de nuestra profesión, sino de cualquier otra. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un decreto que establece para Unión Profesional una dotación de hasta 200 millones de euros para formación en competencias digitales de las profesiones colegiadas.

Este proyecto se ha impulsado desde la abogacía y va a alcanzar hasta 80.000 profesionales que van a disponer de la formación más avanzada en materia tecnológica y digital incluyendo la Inteligencia Artificial. Esto nos va a permitir romper esas brechas de las que hablábamos y que todo el mundo tenga acceso. Serán cursos gratuitos que van a facultar a los profesionales para un ejercicio muy avanzado de las habilidades digitales visibilizándolos como expertos muy competentes, no sólo en la pericia técnica de su oficio.

Queremos contribuir al avance a una sociedad más moderna, más digital, más para todos, en la que la tecnología no se convierta en una brecha ni un muro al que se enfrenta la sociedad siendo capaces de acompañar a la ciudadanía en el uso de esas tecnologías en beneficio colectivo.

¿Cómo valora a seguridad jurídica, en la que el notariado tiene un papel fundamental, en España?

La seguridad jurídica es la base para las inversiones, para el buen funcionamiento de la economía y para las relaciones sociales. Somos muchos los profesionales que trabajamos en la seguridad jurídica. Creo que el papel de la abogacía como primera puerta a la que acude el ciudadano, es fundamental. Por supuesto los notarios son imprescindibles en ella. Nuestra relación con el notariado ha sido históricamente de colaboración. No entendemos nuestra actividad sin esa colaboración profesional en la que aportamos conjuntamente seguridad jurídica. En mi opinión la Administración de Justicia tiene que dar una respuesta más cohesionada a la interpretación de las reglas jurídicas. Esto es importante para crear seguridad jurídica en el inversor. Y sin duda pone en valor la seguridad jurídica que ofrecemos los profesionales, particularmente la abogacía y el notariado, cumpliendo nuestra función de forma más tecnológica. Hay que ser conscientes de que en cualquier tipo de negocio jurídico el inversor pretende una respuesta previsible y estamos obligados entre todos a ofrecérsela.

“UNA SOCIEDAD SIN ABOGADOS SERÍA UNA SOCIEDAD MENOS JUSTA QUE DEJARÍA MUCHOS CONFLICTOS SIN CERRAR DIFICULTANDO ENORMEMENTE SU PROGRESO”

¿Cómo se plasma esa colaboración entre notariado y abogacía?

Tenemos un convenio firmado que creo que hay que fortalecer e impulsar. Colaboramos también a través de nuestras fundaciones y por supuesto en el día a día de cada profesional en cada localidad de nuestro país.

Abogados y notarios se ven a diario en las notarías. Ambas profesiones son capaces de avanzar en su colaboración en beneficio de los ciudadanos y de la mejor seguridad jurídica que seamos capaces de ofrecerle.