El consumo de tabaco mata a más de ocho millones de personas cada año y continúa representando graves riesgos para la salud de 1,25 mil millones de usuarios en el mundo. Un gran número de aquellos que mueren prematuramente son fumadores pasivos, alcanzando los 1,3 millones. Muchos de ellos sufren accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e infecciones respiratorias. En el caso de los niños, la exposición les provoca asma, infecciones respiratorias y de oído y síndrome de muerte súbita del lactante. Por lo tanto, los entornos libres de humo desempeñan un papel crucial en la protección de la salud de la población.

El humo de segunda mano está formado por 7.000 compuestos y al menos 69 de estos pueden causar cáncer. Comúnmente se cree que designar una sala para fumar o abrir las ventanas puede ser útil, pero no es así pues se propaga por el edificio, independientemente de si las puertas están cerradas o las ventanas abiertas.

Los ciudadanos deben ser protegidos con políticas efectivas de espacios libres de humo. Cuando estas se aplican se observan mejoras significativas en la salud respiratoria de la ciudadanía.

En uno de los primeros estudios, realizado a trabajadores de bares en Escocia, después de la prohibición de fumar se observó una disminución del 26% en sus síntomas respiratorios, y que los trabajadores asmáticos lograron una reducción de la inflamación de las vías respiratorias en tres meses.

Las leyes de espacios libres de humo derivan en una reducción, por un lado, de los ingresos hospitalarios por síndrome coronario agudo y, por otro, de la mortalidad. También reducen la incidencia de ataques cardíacos entre la población general, así como la mortalidad neonatal e infantil.

La prohibición de fumar es beneficiosa para los negocios, pero la industria tabacalera intenta hacer creer lo contrario pues argumenta que reduce los ingresos económicos de los restaurantes y bares, ya que, en caso de llevarse a cabo, los fumadores acudirán con menos frecuencia o por períodos más cortos. Actualmente hay evidencia global que desmiente esta teoría y demuestra que las políticas de espacios libres de humo no tienen consecuencias económicas adversas para los negocios, incluidos los bares y restaurantes. De hecho, a menudo tienen un impacto económico positivo en los negocios y tanto el público en general como los empleados suelen apoyar estas medidas cuando se adoptan.

Todas las personas tienen el derecho fundamental de respirar aire limpio y la Declaración Universal de Derechos Humanos deja claro que los gobiernos están obligados a proteger la salud de todos como un derecho humano fundamental. El aire libre de humo también es una cuestión de derechos infantiles. A diferencia de los adultos, los niños se ven obligados a vivir en el entorno que se les proporciona. Ellos merecen y necesitan entornos limpios y seguros incluso desde antes del nacimiento. Dado que los niños dependen de las decisiones tomadas por los adultos sobre el consumo de tabaco, las políticas informativas sobre los peligros de fumar en entornos con menores son críticas.

España es firmante del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT-OMS), en el que su artículo 8 señala que todos los lugares de trabajo interiores, lugares y transportes públicos, así como «otros lugares públicos según corresponda», deber estar libres de humo.

La OMS elogia a España por ampliar estas áreas a las de juego para niños, los centros educativos y las instalaciones de atención médica, así como por fortalecer la aplicación de las leyes relacionadas.

También se puede legislar sobre espacios privados: fumar en el coche, por ejemplo, conduce a niveles especialmente altos de exposición para los pasajeros menores de edad y algunos países han tomado medidas para prohibir fumar cuando haya un pasajero de esta edad.

La industria del tabaco comercializa nuevos y emergentes productos como alternativas que pueden ser utilizados en áreas públicas interiores, incluso en las que existe la prohibición de fumar. Estos productos incluyen cigarrillos electrónicos, shishas, pipa, etc. Sus tácticas de marketing señalan explícita o implícitamente que las emisiones que resultan del uso de estos productos son inofensivas para quienes están expuestos, pero no es así y la exposición es dañina. Además, es preocupante que estos productos emergentes normalicen el hábito de fumar.

El tabaco contamina el planeta. Todo su ciclo de vida (desde el cultivo a la fabricación y el consumo) envenena nuestras aguas, playas, suelos y calles con productos químicos, colillas de cigarrillos, así como con microplásticos y desechos de cigarrillos electrónicos. Los gobiernos deben apoyar a los agricultores de tabaco para que cambien su negocio a medios de vida alternativos más sostenibles para reducir el impacto ambiental y también implementar medidas de control del tabaco. El plan de acción integral de España sobre el control del tabaco 2024-2027 tiene como objetivo hacer precisamente eso.

España es un país en el que todo el mundo habla de comida. Si alguien come mucho, porque engorda. Si come poco, porque está a dieta. La gastronomía se ha convertido en un gancho en todas partes, que es cultura, que es turismo, y la hostelería es ahora la industria nacional.

Los españoles hablamos de comida comiendo e incluso de bebida bebiendo. Las páginas de internet, las redes sociales están llenas de personajes influyentes que le aconsejarán o le disuadirán de comer esto o aquello. El nutricionista se ha convertido en un nuevo gurú, chamán y pope del bienestar y la salud cuando hace veinte años nadie sabía ni lo que era. El cocinero ya no es un cocinero sino un chef prestigioso. Ese hombre que en los anuncios coloca con precisión de relojero la hojita de perejil.

Lo llamativo ocurre cuando miramos con detalle y descubrimos que este interés a menudo es algo insensato y vacío de contenido. Que sentarse a la mesa se ha convertido en una moda, una tendencia o un postureo. Fíjense si no: desde 1992 un documento del Gobierno de entonces decía que los españoles estaban abandonando la dieta mediterránea y que habría que hacer algo al respecto. Esperamos noticias. Los estudios científicos, los de verdad, dan cuenta de cómo nuestros jóvenes y niños padecen una de las tasas de exceso de peso más importantes de Europa. Los mismos que advierten de que los costes sanitarios se dispararán en un futuro cercano cuando la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, o el cáncer sean una plaga derivada de la obesidad. También esperamos a los que mandan.

Eso sí, la dieta mediterránea decimos que nos encanta. Como en España no se come en ningún sitio. Ya saben: la paella, el jamón, la fabada. Pero dejen un momento de lado el menú turístico e intenten localizar verduras o frutas apetecibles en el menú de los bares de esos barrios de oficinas de las grandes ciudades, o de los polígonos industriales. Por no hablar de los de carretera.

La dieta mediterránea nos la tuvo que descubrir un americano allá por la década de los 50 del siglo pasado. Nosotros, como el personaje de Molière que se sorprendía de hablar en prosa sin saberlo, comíamos pan con aceite ignorando que eso era la clave de una dieta mundialmente reconocida como un modelo saludable. Reduzca su colesterol, prevenga el cáncer, fortalezca sus huesos, viva más años y más sanos. No, no es el anuncio de un fármaco revolucionario. Solo es la dieta mediterránea.

Sin embargo, su vecino de asiento en el metro, asiduo de las redes sociales, seguirá una dieta cetogénica que está tan de moda o, tal vez, ni siquiera habrá desayunado porque hace ayuno intermitente. A la vez, los españoles están dejando de comer tanto pescado como solían. En muchas casas, la fruta es un lujo y la verdura otro. Para comprar unos buenos tomates en agosto hay que pedir una hipoteca. El aceite de oliva nunca fue más el oro líquido que ahora. Las conservas vegetales, antes tan económicas, parecen atesorar caviar dentro de los botes y las latas.

Este está siendo el drama español: crea usted en los beneficios de la dieta mediterránea. Intente inculcársela a sus retoños. Y luego intente practicarla… si tiene dinero suficiente. Que antes, los que trabajamos en el mundo de la nutrición jurábamos que llevar una dieta equilibrada y saludable era incluso más barato que comer mal. Ya no. Ahora, como ocurría en el mundo anglosajón, mal comer es comparativamente económico y los productos de pésima calidad nutritiva copan cestas y carros de familias que no pueden pagar todo lo que les decimos que es saludable además de sabroso.

Por si fuera poco, los agricultores están clamando por toda Europa sus reivindicaciones que se pueden resumir en una frase: “Sin productores en el campo, tu nevera será un armario vacío”. Mientras, los europeos pagamos para arrancar viñas, matar vacas, tirar tomates e importar comida que ya producíamos en casa.

Ya ven que alimentarse es un hecho cotidiano que parece fácil. Pero que tiene numerosas facetas y aristas. Piensen en cualquier domicilio o casa de comidas: varias docenas o incluso cientos de productos e ingredientes diferentes y en distintos formatos estarán acumulados en sus estanterías y refrigeradores. Producir todo eso que necesitamos de forma segura y que esté disponible cada vez que lo queremos no es en absoluto sencillo. Transportarlo y venderlo en los mercados, tampoco. Que lo sepamos conservar adecuadamente en nuestras casas, cocinar y servir en las combinaciones y proporciones adecuadas para que cubra nuestras necesidades de nutrientes, no es tan fácil.

Y, sin embargo, en el país de la paella, de la fabada y del jamón (ibérico, por favor), los jóvenes que, en algún momento, confiemos, tendrán que vivir solos, no saben ni freír un huevo. Para muchos de ellos, la cocina es un lugar misterioso donde, menos mal, hay un microondas y una sartén a la que echar algo. En pocas décadas, saber cómo se hace un cocido, unas lentejas o una menestra será alta tecnología, ciencia ficción. Un saber ancestral relegado al mundo de los fogones, donde aún reinarán las abuelas y las madres.

Aprovechen: aprendan de ellas, que aún estamos a tiempo. De volver a comer lo que el americano aquel descubrió que era casi un milagro para nuestras arterias y entretelas. Frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva virgen, pan «del de verdad», almendras y nueces. Dense prisa y compren pescado, incluso del que todavía es barato. Sardinas, boquerones, jureles.

Y, por favor, déjense de modas pasajeras y acudan a lo que nunca falla. Si van a hacer dieta, que sea mediterránea.

Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de terminar con el actual modelo de economía lineal, basado en la lógica del comprar, usar y tirar. Nuestra sociedad, el medio ambiente y la economía se ven muy afectados por la forma en que diseñamos, fabricamos, consumimos y desechamos los productos. Si nos fijamos en los datos, cada año nuestro modelo de producción y consumo genera toneladas de residuos con fuertes impactos para el medio ambiente: 57,4 millones de toneladas de basura electrónica y 92 millones de toneladas de textiles.

Como marca la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evolución hacia modelos de producción y consumo circulares que tengan como objetivo el respeto a los límites del planeta y los derechos fundamentales de las personas es una necesidad urgente. No debemos olvidar que en un sistema económico globalizado donde la producción está deslocalizada, la extracción de las materias primas y la manufactura de estos productos se concentran en países del llamado Sur Global. Estos proyectos implican la vulneración de los derechos humanos, laborales y ambientales de personas y comunidades. El modelo de sobreproducción y sobreconsumo implica unos ritmos de producción muy acelerados y un derrumbe de precios a lo largo de la cadena de valor, condiciones que los productores en estos países trasladan a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.

En respuesta a esos retos, la Unión Europea y los Estados miembros han incorporado en sus planes la transición hacía una economía circular en la que reorientar el diseño, la producción y el consumo de los productos hacia enfoques más sostenibles. Mejorando la circularidad de los productos desde su diseño hasta el fin de su vida útil, garantizando que puedan reusarse y no sean desechados, podremos contribuir a reforzar la sostenibilidad en su sentido más amplio.

Pero es además una demanda clara por parte de las personas consumidoras. Según una encuesta de 2021 (Global Sustainability Study), el 85 % de los consumidores a nivel global afirman haber cambiado su comportamiento de compra para ser más sostenible, siendo España el tercer país más concienciado. Resulta razonable que, cuando la crisis social y ambiental se muestra cada vez de manera más evidente, las personas consumidoras se planteen hacer cambios en sus modos de vida y hábitos de consumo para acompañar la transición ecológica.

¿Pero cómo reinventamos nuestra manera de producir y consumir? La clave sería apostar por empezar utilizando mejor los recursos y previniendo el desperdicio desde la fase de diseño y producción. Las personas consumidoras estamos dispuestas a tener un consumo más sostenible, pero desde la industria y la Administración tienen que trabajar para hacerlo lo más fácil posible. Necesitamos especialmente que los productos ecológicos estén al alcance de las más vulnerables y no se conviertan en un bien solo apto para las rentas más altas.

Tenemos que cerrar también los ciclos de flujos de recursos recuperando y reparando tanto como sea posible. Creando nuevos modelos de propiedad que prioricen los bienes comunales. Potenciando la economía social y solidaria para construir sistemas de reutilización y reparación de productos. Garantizando las condiciones dignas y el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas.

Y aquí entra en juego la compra de productos de segunda mano, como una oportunidad para reducir la demanda de recursos naturales, reducir la generación de residuos, apoyar la economía local y solidaria y, en la mayoría de las ocasiones, ahorrar dinero.

En nuestro país hay cada vez más interés por los productos de segunda mano. En una encuesta realizada por CECU y la Universidad de Salamanca en 2022 sobre sus actitudes ante la reparación y reutilización de productos, un 34,5 % de los encuestados afirmaban comprar objetos de segunda mano. A la vez, en una encuesta que hemos realizado en 2023 junto con Simple Lógica, cuatro de cada diez ciudadanos/as han comprado alguna vez ropa de segunda mano (41,1 %) y el 22,2 % no pero sí lo harían, porcentajes que agregados representan al 63,3 % de la población. Quienes realizan este tipo de compra lo hacen principalmente en tiendas de segunda mano (50,7 %), mercadillos (37,7 %) y aplicaciones, redes sociales o internet (25,4 %).

Sin embargo, en nuestro país no contamos con una tradición desde las instituciones de reforzar los circuitos de segunda mano. Por ello es necesario impulsar un cambio cultural en este sentido, a través de campañas de sensibilización y regulando la publicidad que incita al sobreconsumo incurriendo en afirmaciones dudosas sobre sus impactos ambientales y sociales, como es el caso del lavado verde. Garantizar el acceso a la información real y limitar la publicidad que genera necesidades ficticias, son pasos complementarios para que las personas consumidoras puedan poner en valor las auténticas necesidades y encuentren en la segunda mano la opción preferente para resolverlas.

Necesitamos apoyar el sector de recuperadores de la economía social y eliminar algunas de las barreras que las personas consumidoras tienen cuando se plantean dirigir su consumo hacia el mercado de segunda mano. La recuperación y reparación para el mercado de segunda mano podría beneficiarse de incentivos fiscales, de ayudas para la gestión administrativa de aquellas cooperativas que comienzan, del acceso a espacios públicos donde exponer sus prendas o realizar las labores de recuperación y reparación.

Desde CECU creemos que, si queremos cumplir el objetivo 12 de los ODS y promover un modelo de producción y consumo sostenible, hay que fomentar los mercados de segunda mano y los espacios de trueque, eliminando por ejemplo el IVA en estos productos, apoyando iniciativas sociales y cooperativas a través de incentivos fiscales, y poniendo a disposición espacios públicos para generar mercadillos y encuentros de trueque de forma gratuita.

La propina, es decir el dinero que se añade a la cuenta presentada a las personas consumidoras, o como dice la RAE, que la define como una pequeña gratificación para premiar un buen servicio, cabe decir que, a diferencia de otros países, es voluntaria en España, por lo que en ningún caso puede ser exigido su pago.

Últimamente se ha detectado una práctica que, si bien no obliga al consumidor, sí le induce de alguna manera a pagar un suplemento a la factura por servicios, tales como propina al camarero, propina al establecimiento, propina al cocinero y demás. Entendemos que, si bien esta práctica no obliga, puede generar al efecto contrario, es decir: no dejar propina. No olvidemos que, en nuestro país, según los estudios, un 11% de los encuestados dice dejar un añadido económico a la cuenta final, mientras que un 17% declara no dejar nunca propina y el resto no se pronuncia.

El consumidor español normalmente reconoce la atención recibida, pero la cuantía añadida a la factura suele ser muy variada. En muchos casos es la vuelta recibida del pago efectuado, sobre todo en consumiciones pequeñas como un café o un aperitivo.

Es probable que en un establecimiento de hostelería o restauración ese añadido por el servicio prestado sea un poco mayor debido a que la factura es superior, pero siempre con la costumbre de dejar lo que considere el consumidor en cada momento, dada su voluntariedad, y por el servicio satisfactorio excepcional prestado (el buen servicio se da por hecho). Nunca es para completar el salario del trabajador, ya que es el empleador el que se ocupa de ello, pagando el sueldo fijo establecido por ley, independiente de los servicios que se presten; no como en otros países en donde sí es un complemento salarial.

Las propinas o pago añadido voluntariamente a las facturas también son comunes en otras profesiones, como repartidores, personal de hoteles, guías turísticos, transportistas, por ese añadido al buen servicio que prestan los trabajadores al consumidor, pero siempre de forma discrecional por parte de este último. Tiene que quedar claro que al ser libre el pago de ese añadido, el empleador no puede interferir cuando un consumidor voluntariamente le da una propina al trabajador, situación que se produce algunas veces.

Una de las obligaciones de los empleadores es asegurarse de que una vez dada propina voluntaria por los consumidores, esta sea distribuida entre los trabajadores y estos declararlas fiscalmente. La legislación española no establece de forma clara cómo deben tratarse las propinas en el ámbito laboral, por lo que entendemos que queda a discreción del empleador, consensuado con los empleados. Lo común es considerar las propinas como un ingreso extra colectivo para los trabajadores de hostelería y turismo y por lo tanto serán distribuidas equitativamente, si bien en ningún caso se deben considerar estos extras como parte de los salarios base.

La cultura de las propinas en nuestro país no está muy arraigada, a pesar que muchos consumidores encuestados dicen que los trabajadores merecen un extra por los servicios especiales que prestan. España está lejos de la cultura americana o francesa en donde está tasado el tanto por ciento de la factura que ha de incrementarse en el momento del pago de la misma, o de países como Japón, donde este gesto se ve como una ofensa al trabajador, incluso como una falta de educación, pues entienden que es su obligación atender a los usuarios de la mejor manera posible, y que es el empleador el que debe pagar salarios justos a sus empleados. Así pues, en nuestro país se toma como una obligación moral voluntaria.

En caso de que algún establecimiento quiera obligar al consumidor a pagar propina o directamente se incluya esta en la cuenta sin su consentimiento, recordemos que existen varias vías de reclamación al servicio del consumidor. En primer lugar, se ha de intentar disuadir al establecimiento, solicitar las llamadas hojas de reclamaciones para denunciar un posible ilícito administrativo que podría generar una multa al establecimiento. Por otro lado, es posible presentar una reclamación ante una organización de consumidores, que a su vez la gestionará ante el organismo de consumo pertinente para que le sea resarcido ese extra no consentido y cobrado.

Por lo tanto, la propina en España sigue siendo un acto de conformidad del usuario frente a quien le presta un servicio; un acto voluntario. En ningún caso, se debe demonizar a quien libremente decide que con el pago de la factura ya está pagando el servicio o los servicios recibidos.