– ¿Qué destacaría de la actividad de la CNMV en su primer año como presidente de la institución?

Fui nombrado presidente de la CNMV meses después del inicio de la pandemia y a lo largo de este año hemos vivido una situación complicada como sociedad y como economía. Creo que, en este periodo, la Comisión ha respondido muy bien al momento que nos ha tocado vivir en lo que respecta a la protección del inversor minorista, pero también en lo que respecta al conjunto de los mercados financieros, facilitando que empresas cotizadas y resto de agentes del mercado pudieran operar con normalidad en un momento crítico. Hemos tenido récord de consultas, reclamaciones, salidas a bolsa y muchos otros procedimientos, así que ha sido un año muy activo, que hemos sorteado gracias al equipo humano que tenemos. Ahora, cuando la crisis parece que va poco a poco remitiendo, la CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que, tenemos por delante.

-¿Qué objetivo le gustaría haber alcanzado cuando finalice su mandato?

La CNMV es una institución muy consolidada y efectiva y lo último que uno debe perseguir en estos casos es dejar improntas o revolucionar nada. Me conformaría con dejar la institución tan fuerte, profesionalizada e independiente como la encontré y, si acaso, mejorar un par de cosas. La digitalización de la supervisión, la incorporación de la dimensión de sostenibilidad y la presencia internacional de la CNMV son algunos de esos ejes de actuación.

-Algunos analistas advierten que puede avecinarse una “tormenta perfecta” en la economía de los países desarrollados por la combinación de elementos como la alta inflación, una recuperación más lenta, crisis energética, etc. ¿Son sólidos los mercados españoles para resistir una situación como esta?

Los mercados españoles han respondido bien a las diferentes crisis que a lo largo de los últimos decenios nos ha tocado vivir y pienso que responderán bien ante las incertidumbres actuales. Pero además de los riesgos macroeconómicos, los mercados de valores han de posicionarse como una de las herramientas clave en la recuperación económica y fundamentalmente, en la financiación de las inversiones necesarias derivadas de la sostenibilidad y de la digitalización que según estimaciones pueden llegar a suponer 30.000 millones de euros anuales adicionales en la actual década en nuestro país. Y la financiación de esas históricas inversiones no puede depender únicamente del esfuerzo público o de estructuras de financiación tradicionales que atienden al endeudamiento bancario, por lo que será necesaria la participación de los mercados bursátiles. Creo que los mercados españoles, como en el pasado, están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española.

-¿Está el pequeño inversor o el accionista minoritario suficientemente protegido en el mercado español?

Tras la crisis financiera de 2008 se inició un importante proceso de fertilidad normativa cuyos objetivos fundamentales fueron aportar una mayor transparencia e información al mercado, pero fundamentalmente una mayor protección al inversor minorista. Y creo que esos objetivos se han conseguido. Es cierto que, con ello, puede haberse hecho muy compleja la cantidad de información que reciben los inversores o las vías de acceso a los mercados de valores. Hay que repensar cuáles de los mecanismos de información tienen sentido en una época en que los ciudadanos compran instrumentos financieros desde la pantalla de su móvil. Y hay que reforzar la educación financiera, en la que venimos insistiendo desde 2008. Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido.

-La representación femenina en las empresas del IBEX-35 ha logrado alcanzar la meta intermedia del 30%. Con todo, al horizonte de la paridad le queda recorrido. ¿Qué deben hacer las compañías para acelerar el camino de la igualdad en sus consejos?

Esta cuestión es tanto un tema de igualdad como de atraer el mejor talento disponible a las cotizadas. Y al menos el 50% del talento lo acumulan las mujeres, por lo que es absurdo no procurar incorporar a los mejores (en este caso, las mejores). A cierre de 2020 el porcentaje de presencia femenina en los consejos de administración de empresas cotizadas se situó en un 26,1%, mientras que en las sociedades del Ibex alcanza un 31,3%. El legislador español ha preferido no imponer un sistema de cuotas. Desde la CNMV decidimos apoyar este proceso marcando objetivos en forma de recomendaciones crecientes para las cotizadas. En 2012, había algo más de un 12% de mujeres en los consejos y el objetivo actual para 2022 es un 40%. Si se lograse, habríamos dado un paso de gigante en sólo una década. Pero la herramienta legal que tenemos en CNMV es sólo la recomendación: si se quiere ir más rápido o asegurarse de que todos cumplen (no sólo en promedio) sin excepciones, es sólo el legislador quien puede hacerlo.

Donde la fotografía de la igualdad de género se muestra muy distorsionada es en la presencia de mujeres en la alta dirección. El porcentaje actual es del 17%, tan solo un punto porcentual mayor al del año anterior y en este aspecto las empresas deben poner un mayor foco, porque los puestos de alta dirección se constituyen como un semillero natural de futuras consejeras.

-El Anteproyecto de Ley Concursal está generando un intenso debate. ¿Cómo valora usted este nuevo marco?

El Anteproyecto de Ley Concursal aborda una reforma estructural del sistema concursal, introduciendo los planes de reestructuración como instrumento pre-concursal dirigido a evitar las situaciones de insolvencia o a superarlas. Asimismo, destaca la inclusión de un mecanismo de alerta temprana con virtualidad para efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de dificultades financieras. De esta forma, las empresas que, de conformidad con determinados indicadores, se encuentren en una situación susceptible de desembocar en situación de insolvencia, podrán adoptar medidas dirigidas a preservar el valor de la empresa, incentivando la adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible evitar la situación de insolvencia. Con ello se permitirá al deudor responsable detectar la necesidad de actuar para evitar o para encauzar la insolvencia. En todo caso, es una norma compleja y puede haber cuestiones que ajustar, por ejemplo, en relación a los administradores concursales o al papel de los auditores.

-La Ley de Sociedades de Capital ha otorgado un nuevo papel a la CNMV en la regulación de las operaciones vinculadas. ¿Qué cambios se producen en este nuevo escenario?

La regulación de las operaciones vinculadas es, sin lugar a duda, una de las cuestiones más importantes de la nueva regulación. Si bien es cierto que el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya las regulaba, se ha considerado necesario introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva, aplicables a las sociedades cotizadas y dotar a este régimen jurídico de mayor claridad y sistematicidad.

El nuevo régimen exige que las operaciones vinculadas se difundan al mercado mediante su comunicación a la CNMV y la inclusión de un anuncio en la página web de la sociedad, siempre que alcancen o superen determinados umbrales cuantitativos y se acompañen de un informe elaborado por la comisión de auditoría, a más tardar en el momento de su celebración.

Pero nuestras competencias se reducen al régimen de publicidad, no al de aprobación. Recientemente la CNMV ha publicado un documento con preguntas y respuestas sobre el régimen de comunicación de operaciones vinculadas que da respuesta a las cuestiones más relevantes y de mayor aplicación por las sociedades cotizadas, que habían planteado algunas sociedades emisoras, acerca de cómo interpretar determinados requisitos del régimen de publicidad de las operaciones con partes vinculadas.

-¿Cree usted que las operaciones en criptomonedas jugarán un papel relevante en los mercados en un futuro próximo?

En este punto, me gusta diferenciar entre las criptomonedas y los criptoactivos aunque ambos lleven en su seno la misma tecnología. Soy escéptico en cuanto al futuro de las criptomonedas, tal y como las vemos hoy, en términos de generación de valor a largo plazo, salvo que alguna se convierta en medio de pago aceptado. Hoy el mundo de las criptodivisas está caracterizado por la especulación y la volatilidad y son activos de los que se desconoce realmente las fuerzas que forman su precio. En alguna ocasión he manifestado que, si una criptomoneda es volátil y rentable, no durará mucho como moneda y si dura, dejará de ser rentable porque se habrá convertido en un medio de pago virtual. Es decir, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hoy incorporan un elevado riesgo y mi cautela ante ellas como supervisor viene determinada fundamentalmente, por el mandato de protección al inversor y por el daño potencial que decisiones arriesgadas sobre activos no regulados pueden tener si las decisiones de inversión no ponderan adecuadamente los riesgos a soportar.

Una cuestión distinta, que me interesa mucho más, son los criptoactivos (distintos de las criptomonedas) y la tecnología de blockchain que incorporan. Creo que en poco tiempo veremos la tockenización de innumerables activos financieros, desde cripto-acciones, cripto-bonos, cripto-participaciones en fondos de inversión e incluso cripto-inmuebles u otro tipo de activos reales, lo que permitirá una mayor eficiencia de los mercados. A diferencia de las criptomonedas, esos criptoactivos tienen un valor intrínseco, alguien que los emite y una corriente de pagos futuros.

-Por último: ¿qué pueden aportar los notarios y sus entidades representativas a la CNMV?

Mucho, tenemos una relación magnífica y en reiteradas ocasiones intercambiamos puntos de vista en común que son muy útiles para nuestra labor supervisora. Por otra parte, el acceso telemático al Índice Único Informatizado de los notarios permite acceder a una valiosa fuente de información del contenido de las escrituras públicas y sus intervinientes que en el marco de investigaciones de abuso de mercado puede ser de gran utilidad. Adicionalmente, los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales de personas jurídicas, a la que se espera acceder con ocasión de la firma de un nuevo convenio, que permitirá identificar a las personas físicas que controlan las sociedades de capital españolas.

De magistrada con una dilatada carrera profesional, a diputada de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y titular de Justicia… ¿Cuál es su techo?

Desde que empecé a trabajar como jueza de instrucción en 2001, hasta hoy, he dado lo mejor de mí misma en todos los puestos y cargos que he desempeñado.

El tiempo dirá qué responsabilidades me corresponde asumir en el futuro. En cualquier caso, las ejerceré como siempre he hecho: con esfuerzo, dedicación y entrega. Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La jurisdicción voluntaria y la resolución extrajudicial de conflictos se presentan como un importante remedio contra la saturación en juzgados y tribunales. ¿Piensa impulsarla desde su departamento? ¿Cree que el notariado puede contribuir aún más en esta dirección?

Estoy segura de ello. Con el desarrollo normativo de los Métodos Adecuados de Resolución de Controversias se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.

Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite acudir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe. Es, por lo tanto, una regulación muy abierta donde los notarios, al igual que otros colectivos del sector jurídico, tienen cabida.

Hablando de los notarios… ¿Cómo valora su papel en funciones sociales como la protección jurídica de los menores, de las personas más vulnerables e incluso de la prevención de delitos como el blanqueo de capitales? En estos momentos también están ayudando a los afectados por el volcán de La Palma.

La función de las notarias y los notarios, en tanto que funcionarias y funcionarios públicos, debe estar al servicio de la sociedad. Su colaboración, dotando de seguridad jurídica a decisiones tan importantes en la vida de las personas como la protección de los menores y de las personas más vulnerables, adquiere gran relevancia social, ya que coadyuva a encontrar la solución jurídica más adecuada a determinadas necesidades que se plantean en el seno de las familias.

Es igualmente importantísima la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, así como con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. De esta manera, el Notariado ofrece una ayuda valiosísima al Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional.

Por otra parte, creo que la ayuda que está ofreciendo el Notariado español a las personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma honra a esta institución y pone de relevancia su interés por prestar un servicio que redunde en beneficio de la ciudadanía.

El notariado está a la vanguardia de la digitalización. Recientemente han abierto el Portal Notarial del Ciudadano desde donde se prestan una serie de servicios online. ¿Cree que estos servicios podrán irse ampliando en el futuro?

Sin duda. Nos encontramos, como es notorio, en un momento de transformación digital no solo en nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Dicha transformación constituye un eje fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y de los Fondos asociados al mismo.

De esta manera nos encontramos en una fase inicial que, como decía, debe desarrollarse en los próximos años. En ese sentido, y en referencia a las leyes de eficiencia, debo destacar en relación con la pregunta, el papel que para ello tendrá la futura Ley de Eficiencia Procesal, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y Ministras el pasado 19 de octubre.

Su trayectoria personal, profesional y política siempre ha estado ligada a la lucha por la igualdad. “El feminismo tiene que ser un valor transversal en la Administración de Justicia” dijo recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuánto queda por hacer para alcanzar la igualdad real?

La igualdad es un elemento básico e imprescindible en la configuración y desarrollo del servicio público de Justicia y en la acción del Ministerio de Justicia. Por eso, incorporamos la perspectiva de género en el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio en actuaciones como la formación en igualdad entre mujeres y hombres y en perspectiva de género; la sensibilización y concienciación del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género; el desarrollo de planes de igualdad y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De este modo, el Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que debe combatir los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, con miras a reducir la brecha salarial y a promover un ejercicio corresponsable de los cuidados para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remuneración.

Es usted una conocedora de primera mano de la terrible lacra de la Violencia de Género. A pesar de todas las medidas adoptadas para combatirla es una realidad contumaz en su presencia en la sociedad. ¿Qué más se puede hacer?

La violencia de género constituye, sin lugar a dudas y pese a los intentos de algunas personas por negarla, la más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se sustenta en el sexismo. Por eso, todas las personas, mujeres y hombres, y todas las instituciones debemos combatirla para modificar los estereotipos y prejuicios de género que están en la base de comportamientos y acciones sexistas.

El feminismo es un eje transversal en la actuación del Ministerio de Justicia, firmemente comprometido con el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el compromiso político para que todos los poderes públicos desarrollemos acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Numerosas medidas del Pacto afectan a este Ministerio que trabaja en su desarrollo para que, mediante la sensibilización y formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, la mejora de la tutela penal de la violencia de género en todas sus manifestaciones y de la asistencia a sus víctimas y a sus hijos e hijas, construyamos una sociedad libre de violencia contra la mitad de la población.