“España debería aumentar la transparencia en la transmisión de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. Esta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un informe en 2014, no se ha cumplido y es de gran importancia para la lucha contra el blanqueo de capitales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el seminario celebrado en Madrid sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. “Después de este informe del GAFI -continuó- la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas se incrementó en un 74% y es fácil deducir cuál es la finalidad de mantenerse en el anonimato en la transmisión de acciones que se realizan sin intervención notarial”.

Colaboración notarial

En sus palabras de bienvenida, Barrio Del Olmo señaló que “desde que se constituyó en 2005, nuestro Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales ha contestado de forma telemática 400.000 requerimientos de información de este tipo, erigiéndose como uno de los pilares en la lucha contra el blanqueo. Además, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban judicializándose”.

“Nuestro Índice Único Informatizado Notarial es la segunda mayor base de datos de España y en torno a ella se articula toda la colaboración del Notariado con las autoridades competentes en materia de prevención de lacras como el blanqueo o la financiación del terrorismo. Los datos de este índice provienen de los documentos notariales, por lo que son auténticos, completos y actualizados”, incidió.

La presidenta continuó explicando que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política. La BDTR nos permite determinar en tiempo real el porcentaje de propiedad de una persona física en una sociedad limitada”. “Esta base permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Notariado europeo

Tras la presidenta del Notariado español, intervino la presidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), Cosita Delvaux, de forma remota: “El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas reales que socavan la Justicia, la seguridad y la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema legal”. “Cada año, miles de millones de euros procedentes de actividades delictivas entran en la economía legítima, y este desafío es transfronterizo, complejo y está en constante evolución”. “Como notarios -continuó- estamos en primera línea, somos guardianes de la legalidad y la transparencia, ya sea en el ámbito inmobiliario, en la constitución de sociedades o en otras transacciones clave. Nos aseguramos de que se respete la Ley, detectando anomalías e informando cuando sea necesario. No es solo una obligación legal, es nuestro deber para con la sociedad”.

En la primera charla titulada La importancia de la comunicación de operaciones sospechosas en la lucha contra el BC/FT, el director de la UIF española (SEPBLAC), Pedro Comín explicó que “toda la información que recibimos de los notarios es de utilidad. Por ejemplo, si existe una investigación abierta enviamos esa información a las fuerzas de seguridad del Estado o a Hacienda. Si no, la guardamos en una base de inteligencia básica a través de la que realizamos análisis estratégicos”.

En la intervención sobre El rol de los notarios en la detección y comunicación de las operaciones sospechosas de BC/FT, el notario José Nieto, señaló que “cuando el notario percibe que hay relación entre el documento que se pretende autorizar y un posible riesgo, debe comunicarlo al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado. Después, con su asesoramiento, se observa si las circunstancias se acomodan a una posible comunicación al SEPBLAC”.

España como referencia

El notario alemán Maximilian Wosgien abordó el funcionamiento del sistema notarial alemán y explicó que “en Alemania no disponemos de una base de datos como la del Notariado español para la prevención del blanqueo. Deberíamos tenerla y está ahora en discusión con el Gobierno alemán. La idea es poder contener toda la información de las transacciones y toda la actividad que sea relevante en una base de datos que pueda ayudarnos en el análisis a detectar patrones comunes, para posteriormente informar a las autoridades pertinentes”.

El jefe de la Unidad de Análisis del SEPBLAC, Francisco Córcoles, aludió a la detección y análisis de operaciones sospechosas y aseguró que el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es sobre todo “la prevención; conseguir que disminuya el número de delitos”. “Los notarios colaboran en la minimización del impacto del crimen”, señaló.

En la última conferencia de la mañana intervino el comandante y jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Guardia Civil de España, Mario García, que abordó la financiación del terrorismo y los nuevos indicadores y tendencias como “el crowdfunding, los criptoactivos, o la Inteligencia Artificial, a la que los terroristas consultan nuevas formas de cometer delitos”.

Operaciones sospechosas

La primera intervención de la tarde corrió a cargo del jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, Mariano García Fresno que aludió a los indicadores de riesgo que llevan a los notarios a reportar operaciones sospechosas. “Nosotros creamos una batería de 28 indicadores de riesgo y lo que decimos a los notarios es que si al hacer una operación aparece uno de ellos deben extremar las precauciones”, señaló. “Los indicadores de riesgo pueden ser desde el uso de criptomonedas, hasta algún poder que es extraño, un territorio de riesgo, o si la persona que dirige la operación no está presente en la notaría, por ejemplo”. “Ese tipo de cosas las detectan los notarios, nos llegan y tras analizarlas las enviamos al SEPBLAC”, destacó. “En uno de los ejercicios anteriores, siete de los casos que comunicamos al SEPBLAC, en nombre de los notarios, respondieron a casos de financiación del terrorismo. Trabajamos para detectar a delincuentes de delitos graves”, finalizó.

En la segunda conferencia, intervino el responsable de PBC/FT de Anticipa, Aliseda Real Estate, Francisco Martín: “Nosotros, como parte del sector inmobiliario, tenemos muchísimas similitudes desde la perspectiva de análisis en materia preventiva con la labor que hacen los notarios, a través de su OCP, pero también desde cada una de las notarías de España».

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), piedra angular de Next Generation EU, ha entrado en su recta final con la mitad de sus fondos sin desembolsar. Nacido como una respuesta excepcional a los daños causados por la pandemia del coronavirus, el MRR está dotado con más de 650.000 millones de euros que los Estados miembros pueden recibir en forma de subvenciones y préstamos para financiar reformas e inversiones estructurales.

LOS PAÍSES PODRÁN USAR EL FONDO DE RECUPERACIÓN PARA APOYAR PROGRAMAS DE LA UE PARA COMUNICACIONES POR SATÉLITE O DEFENSA

Ahora el tiempo apremia porque los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir los hitos y objetivos de sus planes nacionales, y todavía faltan 335.000 millones (154.000 millones en subvenciones y 180.000 millones en préstamos). La implementación se ha visto dificultada por la guerra en Ucrania y la inflación, entre otras razones. También ha influido la carga administrativa y la falta de capacidad en algunos Estados.

La Comisión Europea hace un balance positivo de lo efectuado hasta el momento y destaca que, gracias a las inversiones apoyadas por el MRR, se han podido aplicar en la Unión Europea (UE) importantes reformas en los sistemas judiciales y de pensiones, los mercados laborales y la contratación pública. También se han hecho avances significativos para dotar a la UE de un suministro energético más limpio, mejores servicios e infraestructuras públicas, y empresas más digitalizadas. Aun así, queda mucho por hacer para que el fondo de recuperación despliegue todo su potencial y se complete la entrega de los recursos comprometidos.

PARA LOS PROYECTOS QUE NO PUEDAN COMPLETARSE A TIEMPO, LAS AUTORIDADES EUROPEAS HAN ABIERTO LA PUERTA A DIVIDIR LAS ACTUACIONES EN TRAMOS

Allanar el camino. Los países que no consigan cumplir los plazos establecidos se arriesgan a perder parte del apoyo financiero que les corresponde. Para que esto no suceda, la Comisión Europea ha optado por flexibilizar sus criterios, pero a la vez advierte que los Estados miembros deben esforzarse con este reto.

Como primer paso, las autoridades europeas recomiendan a los países revisar sus respectivos planes de recuperación para incluir en ellos únicamente medidas que puedan lograrse antes del 31 de agosto de 2026. En concreto, les sugieren ampliar las acciones que estén funcionando bien y reducir o eliminar los proyectos sobredimensionados, especialmente cuando los costes estimados superen la asignación prevista. En estos casos, se podrá suprimir parcialmente una medida sin necesidad de reemplazo, siempre que no afecte al total del importe no reembolsable.

Para los proyectos que no puedan completarse a tiempo, se abre la puerta a dividir las actuaciones en tramos, financiando con el fondo de recuperación solo las partes que puedan concluirse antes de la fecha límite, y completando el resto con fondos nacionales u otros programas europeos.

Además, los Estados miembros podrán transferir al programa InvestEU hasta el 4% de su asignación total del MRR y un 6% adicional para medidas que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

También se contemplan inyecciones de capital en Bancos Nacionales de Promoción e Instituciones (BNIPs por sus siglas en inglés) con el fin de fortalecer el papel de estas entidades en sectores como la transición energética, la vivienda asequible o la innovación industrial.

Asimismo, en línea con el giro estratégico de la UE hacia una mayor autonomía en defensa, los fondos del MRR podrán utilizarse para financiar aportaciones al futuro Programa Europeo de Industria de Defensa (EDIP).

Finalmente, los países podrán destinar su asignación a programas europeos para impulsar las comunicaciones por satélite, como el Programa Espacial y el Programa de Conectividad Segura, cuyo objetivo es potenciar la autonomía estratégica de la UE, su independencia tecnológica, y contribuir a la seguridad y defensa.

Situación de España. España tiene adjudicados 163.000 millones de euros del MRR, de los que casi 83.160 millones corresponden a transferencias no reembolsables y el resto a créditos.

En junio de 2025, la Comisión Europea aprobó el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, por importe de 22.926 millones de euros netos (6.991 millones para subvenciones y 15.935 millones para préstamos).

A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud de pagos.

ESPAÑA HA DISPUESTO DE UN 43% DEL TOTAL
DE FONDOS QUE TIENE ASIGNADOS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Firmeza. Bruselas ha manifestado su voluntad de colaborar con los Estados miembros para cerrar satisfactoriamente el MRR, pero les pide organizarse con antelación y garantizar la solidez de las pruebas presentadas para evitar retrasos durante la evaluación. En este aspecto, la posición de la Comisión Europea es clara: solo se adoptarán decisiones de pago dentro del plazo si se presentan solicitudes completas. La falta de pruebas que demuestren el cumplimiento de todos los requisitos de hitos y objetivos supondrá la pérdida de los fondos. Por ello, aconseja a los países compartir las pruebas de manera informal con los servicios de la Comisión tan pronto estén preparadas, incluso antes de la presentación formal de las solicitudes de pago.

Se trata de las primeras multas que aplica Bruselas desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en 2024. A partir de ahora, los desarrolladores de las aplicaciones Apple deben informar a sus usuarios de opciones de compra más baratas fuera de su AppStore. En el caso de Meta, debe retirar la obligación que tienen los usuarios de elegir entre consentir el rastreo de datos o pagar por no tener publicidad en Facebook e Instagram. Meta y Apple son dos de los guardianes de acceso designados en su día por la Comisión Europea junto a Alphabet, Amazon, ByteDance y Microsoft.

LOS DESARROLLADORES DE LAS APLICACIONES APPLE DEBEN INFORMAR A SUS USUARIOS DE OPCIONES DE COMPRA MÁS BARATAS FUERA DE SU APPSTORE

Seguridad y competencia.

Para ser guardianes de acceso, las plataformas tecnológicas deben ofrecer servicios de intermediación online como tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios informáticos en la nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

Junto a la propuesta de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión propuso la Ley de Mercados Digitales en diciembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de las grandes tecnológicas que actúan como guardianes digitales del mercado único de la UE. La normativa «constituye un conjunto único de normas que se aplican en toda la UE con la finalidad de crear un espacio digital más seguro en el que estén protegidos los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativa entre las empresas», explica la Comisión Europea. Se busca, así, poner fin a las «prácticas desleales de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas digitales». La DMA fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2022.

Para lograr un correcto cumplimiento de la legislación, la UE cuenta «con una sólida estructura de supervisión, en la que la Comisión Europea es la única instancia responsable del cumplimiento de las normas, en estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros de la UE».

La Comisión puede también imponer sanciones y multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de una empresa y hasta del 20% en caso de reincidencia. «En caso de infracciones sistemáticas, podrá imponer las medidas correctoras estructurales o de comportamiento necesarias para garantizar la eficacia de las obligaciones, incluida la prohibición de nuevas adquisiciones».

La DMA también otorga a la Comisión la facultad de llevar a cabo «investigaciones de mercado que garanticen que las obligaciones establecidas en el reglamento se mantengan realmente actualizadas».

META DEBE RETIRAR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE ELEGIR ENTRE CONSENTIR EL RASTREO DE DATOS O PAGAR POR NO TENER PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Transparencia

La DMA supone un paso importante para mejorar el mercado digital en constante evolución, asegura la CE. Entre los beneficios de la norma, destaca que «las empresas usuarias que dependen de los guardianes de acceso para ofrecer sus servicios en el mercado único tengan un entorno empresarial más justo». Además, «los innovadores y las empresas tecnológicas emergentes disponen de nuevas oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones abusivas que limiten su desarrollo».

Para apoyar la aplicación de las normas con conocimientos técnicos y científicos de alto nivel, el Centro Común de Investigación (CCI) creó en 2023 el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica (CETA), una herramienta clave para la regulación digital de la Comisión. El CETA ayuda a la Comisión a evaluar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que sirven de base a los servicios digitales se ajusta a las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas en línea. «Lo que pretendemos es comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos. Estos sistemas pueden tomar decisiones autónomas sobre los contenidos y los resultados de búsqueda que han de visualizarse. Queremos asegurarnos de que este proceso de toma de decisiones sea transparente, de modo que los ciudadanos puedan comprender porque se les ofrecen determinados contenidos o productos», explicó Carlos Torrecilla Salinas, jefe de la Unidad de Economía Digital del CCI durante la presentación del centro.

La Comisión Europea ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha hablado alto y claro. Según su propia versión, se propone “llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, logrando una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y de al menos un 35% para las pymes antes de que finalice el mandato”. Hablamos, reconoce Bruselas, de “una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la Unión Europea”.

LA COMISIÓN EUROPEA SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESFUERZO DE SIMPLIFICACIÓN SIN PRECEDENTES, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 25% DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

Equilibro adecuado. Ahora, algunas de las regulaciones sucesivas que impulsaron las autoridades comunitarias en los últimos tres años se consideran unas “normas solapadas, superfluas o desproporcionadas que están creando una carga innecesaria para las empresas”. Y el motivo es que no contribuyen, según la Comisión, a un “equilibrio adecuado” entre las recientes exigencias en transparencia y sostenibilidad y las necesidades empresariales de “crecer, crear puestos de trabajo de calidad, atraer inversiones, obtener los fondos necesarios para la transición hacia una economía más sostenible y ayudar a la UE a cumplir los ambiciosos objetivos del Pacto Verde”.

Para los expertos consultados, el notable abanico de reformas incluidas en los paquetes legislativos Ómnibus 1 y Ómnibus 2 de la Comisión afectan, principalmente, a dos grandes normas: la Directiva CSRD (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, estrechamente relacionada con el reporte de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas; y la Directiva CS3D (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, que se ocupa de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que, si los cambios legislativos propuestos llegan a buen puerto, “entonces solo van a tener que presentar informes de sostenibilidad las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual que supere los 50 millones de euros”. Además, sigue, “incluso para esas grandes empresas, que no representan ni al 30% del total de las compañías, se retrasan dos años los requisitos de presentación de informes y se flexibilizan los estándares sectoriales obligatorios”.

Para Izabel Rigo, subdirectora del área de Derecho Público y Coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de la Rioja, el segundo aspecto más destacable de la reforma que intenta la Comisión Europea impacta de lleno en la “diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad”.

EL AVANCE HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE VE AHORA MATIZADO Y COMPENSADO POR LAS NECESIDADES DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Investigar e informar. La diligencia debida obligaba a los negocios a investigar e informar sobre el cumplimiento o quebranto de las normas sobre riesgos ambientales y sociales de sus principales socios comerciales. Estos riesgos incluían un amplio espectro que iba desde el quebranto de leyes medioambientales al abuso de derechos humanos o laborales.

Izabel Rigo considera que la Comisión intenta ahora que las empresas solo investiguen e informen sobre “sus socios comerciales directos”, que no son otros que los del “primer nivel de la cadena de valor”. De este modo, sigue la experta, “no se tiene en cuenta que los mayores abusos —como violaciones de derechos humanos, explotación laboral o daños ambientales— suelen ocurrir precisamente en los niveles más bajos [y alejados] de la cadena… y en ámbitos como la extracción de materias primas o la subcontratación de mano de obra”.

Para Antoni Pigrau, Bruselas “ha vuelto a demostrar un cambio de sensibilidad que ya se estaba viendo venir en los últimos meses en cuestiones como el reglamento de deforestación o en el reporte del trabajo forzoso”. Y el principal motivo, sigue, “ha sido la presión que han ejercido las grandes corporaciones en Bruselas”, que han conseguido que el avance hacia la transición ecológica se vea ahora matizado y compensado por las necesidades de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

Por su parte, Izabel Rigo, confirma que “este giro no ocurre en el vacío”, porque “en febrero de 2024, 73 líderes de grandes sectores industriales —como la energía, la automoción o la minería— entregaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En ella pedían regulaciones más flexibles y menos burocracia, alegando que las normas actuales estaban lastrando la competitividad europea”.

A esto se suma, sigue la experta, “el Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por el ex presidente del BCE, Mario Draghi. El informe, solicitado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, propone una nueva estrategia para impulsar la economía de la UE y una de sus claves es simplificar y armonizar la regulación para facilitar el crecimiento empresarial y eliminar obstáculos dentro del mercado único”.

73 LÍDERES DE GRANDES SECTORES PIDIERON
REGULACIONES MÁS FLEXIBLES Y MENOS BUROCRACIA, ALEGANDO QUE LAS NORMAS ESTABAN LASTRANDO LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

Pragmatismo. A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos como Antoni Pigrau o Izabel Rigo, la línea oficial de la Comisión es que “en Europa, la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”, porque “las empresas apoyan nuestros objetivos del Pacto Verde, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos”.

Bruselas reconoce que ha tomado buena nota de “las preocupaciones de las partes interesadas”, que consideran no solo que “algunas normas de presentación de informes de sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar”, sino que además “su utilidad es limitada para los inversores… lo que obstaculiza la competitividad de la UE y su impulso a la inversión”.

Por otra parte, la Comisión Europea sostiene que lo único que está haciendo es reducir burocracia innecesaria. Así, Bruselas espera que si se aplican las medidas que propone, estas podrían suponer “un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y la movilización de una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros”.

Así, zanja la Comisión, “al facilitar la vida de las empresas europeas y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, animar las inversiones y, en última instancia, permitir que las empresas adopten la transición hacia una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática”. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son “adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas”.

Como se ve, la Comisión y sus escépticos se enfrentan a un espinoso debate que, además, deberá desarrollarse, desgraciadamente, en medio de la espectacular crisis arancelaria y geopolítica que ha provocado el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál será el resultado?

Y para eso, hay que recordar primero que las alarmas no dejaban de sonar en 2020. Se avecinaba una fortísima recesión mundial y muchos europeos todavía recordaban el desastre que había desatado la gran crisis financiera de 2008, en la que habían peligrado la moneda única y la permanencia de algunos miembros como Grecia dentro de la propia UE.

Los políticos sabían que, esta vez, la reacción tenía que ser rápida y contundente y debía materializarse sobre todo a través de ayudas directas (transferencias y préstamos), porque la política monetaria comunitaria tenía poco margen de maniobra con unos tipos de interés que llevaban años clavados en el 0%. Y así es como se llegó a un acuerdo sin precedentes en julio 2020 que, con la conocida Adenda de 2023, ascendió a unos 750.000 millones de euros en ayudas para Europa, que ha tenido a España e Italia como sus beneficiarios principales.

SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA, AL CIERRE DE 2024, SE HABÍAN ASIGNADO A ESPAÑA MÁS DEL 95% DE LAS SUBVENCIONES Y MÁS DEL 60% DE LOS PRÉSTAMOS

Fondos para España. De esas ayudas europeas, que muy pronto empezamos a llamar fondos Next Generation, España podría movilizar hasta 2026 algo más de 160.000 millones de euros, repartidos casi a la mitad entre préstamos y transferencias no reembolsables, a cambio del cumplimiento de una serie de hitos y reformas en cuatro grandes partidas de gasto: movilidad sostenible, transición energética, pymes & emprendimiento y transformación digital.

Según la Comisión Europea, al cierre de 2024, se habían asignado a España más del 95% del presupuesto de las subvenciones y más del 60% del importe de los préstamos, unas cantidades que, en total, rebasan el 10% del PIB Español y que van a seguir aumentando. A finales de este año, si todo sale bien, habría que añadir los 23.900 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a Bruselas hace pocos meses.

El PIB español, gracias a la temprana recuperación pospandémica que vivieron sus principales socios comerciales, al rugido del turismo y a la llegada de las ayudas a nuestro país, pasó de hundirse casi un 11% en 2020 a galopar más del 6% en 2021 y 2022; casi el 3% en 2023 y más del 3% en 2024. El año pasado, nuestro país aportó el 40% del crecimiento de la eurozona y se convirtió en su gran locomotora económica.

Así las cosas, en un primer balance de los fondos Next Generation hay que destacar que han permitido mitigar un cataclismo económico, devolvernos rápidamente a cifras positivas de crecimiento y poner en marcha grandes transformaciones. Sin embargo, como sucede con todas las grandes medidas políticas, no solo han tenido luces, sino también sombras.

EN JULIO DE 2020 LA UE ACORDÓ DESTINAR 750.000 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA EUROPA, CON ESPAÑA E ITALIA COMO SUS BENEFICIARIOS PRINCIPALES

¿Esperábamos demasiado? Otra fuente de discusión que planea sobre los fondos es que, como advierte el economista de BBVA Research, Rafael Doménech, en un análisis reciente, “el gran motor del crecimiento ha sido el consumo público, que ha contribuido en un 60,7% a la recuperación del PIB desde 2019 hasta finales de 2024”. Lo que debería haber sucedido, según Doménech, es que “el consumo privado y, sobre todo, la inversión” hubieran liderado el crecimiento a partir de 2022 y más teniendo en cuenta que coincidían con la fuerte expansión del turismo y de las exportaciones de servicios no turísticos.

Según un documento de trabajo publicado por el BCE, las expectativas sobre los Next Generation en la eurozona en general y España en particular tampoco se han cumplido por culpa de la inflación, que ha reducido el valor y con ello el impacto esperado de los fondos iniciales. En nuestro país, 160.000 millones de euros de 2021 no eran 160.000 millones de 2024, después de una subida del nivel de precios que se correspondió con el 3% en 2021, el 8,4% en 2022, el 3,5% en 2023 y casi el 3% en 2024.

También es cierto, según el documento de trabajo del BCE, que el ascenso fulminante de los tipos de interés ha influido en la eficacia y la aceptación de la mitad de los fondos Next Generation que eran préstamos. Los tipos de referencia en la eurozona se multiplicaron por más de cuatro entre 2022 y 2023 (pasando del 0% al 4,5%) y, a principios de este año, casi rozaban el 3%. La financiación se encareció rotundamente y sigue mucho más cara que antes del zarpazo pandémico.

LA PRINCIPAL ‘SOMBRA’ DEL DESEMBOLSO
DE LOS FONDOS ENTRE 2021 Y 2026 ES QUE
PARECE QUE VAN A IMPULSAR LA ECONOMÍA MENOS DE LO ESPERADO

Primer balance. Los Next Generation tampoco han funcionado exactamente como se esperaba en España, porque, según Rafael Doménech, el crecimiento se ha concentrado en sectores y empleos de bajo valor añadido. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo se ha quejado de la excesiva flexibilidad de las condiciones que la Comisión Europea ha exigido a nuestro país a cambio de los fondos, y esto podría haber influido en que no se distribuyeran después con más eficiencia.

El otro origen de las quejas del Tribunal de Cuentas Europeo han sido los fuertes retrasos en la llegada de la financiación a sus destinatarios finales, algo que el documento de trabajo del BCE identifica también como una de las causas principales de que los fondos hayan aportado menos de lo esperado al PIB. Según datos de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el porcentaje de fondos efectivamente desembolsados por el Gobierno se situó, el pasado mes de diciembre, en el 22% del total presupuestado para el ejercicio 2024.

Dicho esto, y a pesar de que, cinco años después de su aprobación, ya se puede hacer un primer balance sobre el impacto de los Fondos Next Generation, también hay que reconocer las notables limitaciones de cualquier análisis ahora mismo.

Al fin y al cabo, a las administraciones públicas españolas les faltan por ejecutar buena parte de la financiación de 2024, la que ya han solicitado para 2025 y la que pedirán, muy probablemente, para 2026. Además, como colofón, el retraso de la llegada de los Next Generation a sus beneficiarios finales también puede estar retardando su impacto en el PIB y haciendo que las últimas proyecciones del BCE hayan subestimado el crecimiento que son capaces de generar los fondos en países como España. ¿Y si lo mejor está por llegar?