Bruselas marca el camino para una carta magna digital

ÁMBITO EUROPEO

BRUSELAS

MARCA EL CAMINO PARA UNA CARTA MAGNA DIGITAL

La Unión Europea abandera la defensa de los derechos humanos y valores fundamentales como la democracia, la libertad de expresión, la defensa de las minorías, la solidaridad y la sostenibilidad. Pero en un mundo cada vez más digital, Europa quiere garantizar que todos estos valores también se respetan y promueven en línea. Por ello ha propuesto una Declaración de Derechos y Principios Digitales, una especie de carta magna digital, que deberá regir las políticas que regulen este sector una vez sea aprobada por el Consejo Europeo y la Eurocámara, para garantizar así un enfoque europeo también en la Red.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

La UE propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar «proteger los derechos de las personas» y «sustentar la democracia».

“Lo que es ilegal offline también debería serlo online”. Con esta contundencia se expresaba el comisario de Mercado Interior Thierry Breton a principios de este año, cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de Declaración sobre los derechos y principios digitales que pretende ser una guía para la transformación digital en la que el conjunto de la Unión se ha embarcado esta década. Europa quiere ser (y está siendo) pionera en la regulación del sector online por diferentes frentes y quiere que cualquiera de estas regulaciones tenga en cuenta los derechos y principios fundamentales que abandera en el resto de ámbitos. Dicho de otra manera: la Unión quiere garantizar la protección de los derechos fundamentales también en el ámbito digital y que este sector respete también los principios europeos. El principal objetivo, dicho en pocas palabras, es que las personas están en el centro de esta transformación. La Comisión Europea espera que esta declaración qualificada de solemne sea firmada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el verano de este 2022.


El acceso a internet tiene que ser seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables


Solo este año, la Unión Europea tiene previsto adoptar leyes digitales de gran calado, como la Directiva de Servicios Digitales o la Directiva de Mercados Digitales, que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. La aprobación de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico -principalmente dominado por grandes empresas americanas- se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

El pasado marzo la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la Directiva de Mercados Digitales y también este año está previsto aprobar la Directiva de Servicios Digitales, dos leyes que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. El impulso de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico principalmente dominado por grandes empresas americanas– se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de
lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger
la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

Las personas en el centro

De aquí que la Comisión Europea, y de hecho también el Parlamento Europeo, así como los líderes y organizaciones de la sociedad civil, consideren necesario establecer cuáles son los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. El difunto presidente de la Eurocámara, David María Sassoli, por ejemplo, ya había promovido en 2018 la idea que el acceso a internet fuera reconocido como un nuevo derecho humano. Pero, ¿cuáles son los derechos que recoge Bruselas? La declaración que propuso la Comisión Europea se articula en seis capítulos: las personas en el centro de la transformación digital; la solidaridad e inclusión; la libertad de elección; la participación en el espacio público digital; la seguridad, la protección y el empoderamiento; y la sostenibilidad.


Cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación deben respetarse también en internet


Dentro de estos capítulos, Bruselas propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar “proteger los derechos de las personas” y “sustentar la democracia”. Pero también garantizar que los europeos tengan acceso asequible y rápido a la Red. Este acceso, a su vez, debe ser seguro; seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables. La privacidad de los datos o la transparencia de los algoritmos y el derecho a tener servicios públicos digitales, como una identidad digital accesible y fiable, también están contemplados en esta declaración.

Según datos de la misma Comisión, cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que sus derechos, como la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación, deben respetarse también en la Red. Además, en 2019 la mitad de los usuarios de internet de la UE aseguró que limitaba sus actividades en línea debido a sus preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El derecho a la desconexión

Un ejemplo tangible de lo que implica esta declaración es, por ejemplo, el llamado derecho a la desconexión, que debe garantizar que los trabajadores puedan desconectar de su trabajo en línea al concluir su jornada laboral. El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2021 una resolución pidiendo a la Comisión que regule este derecho. Países como Bélgica ya lo contemplan en sus renovadas legislaciones laborales y, por lo tanto, ya se está teniendo como un derecho laboral más después de una pandemia que disparó el teletrabajo. En otros casos, sus efectos prácticos todavía están por ver o simplemente no se ha traducido todavía en legislación. El control o el libre acceso de los datos y que las Administraciones Públicas sean accesibles también en el ámbito digital son otros ejemplos contemplados en este texto. Pero hay otros muchos aspectos que deben verse incluidos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o, por ejemplo, los derechos del consumidor a tener más información sobre sus productos digitales, su huella medioambiental o su posibilidad de reparación.


Bruselas quiere garantizar que todas las actividades que son consideradas ilegales en el mundo offline también lo son en la red


No es gratuito que la transformación digital sea uno de los vectores regentes de cualquiera de las políticas que llegan a las capitales marcadas desde Bruselas. Y es que este es un pilar fundamental de la hoja de ruta que la Comisión liderada por Ursula Von der Leyen, cosa que se ha traducido no solo en la agenda legislativa del ejecutivo bruselense, sino también, por ejemplo, en los criterios fijados para la obtención de los fondos de recuperación articulados como respuesta a la pandemia del coronavirus. El 40% de las inversiones y proyectos previstos por cada gobierno europeo deben consagrarse a la transformación digital. Todo este dinero, proyectos y nuevas formas de negocio o de generar actividad económica implican una intensificación de la vida online de la ciudadanía europea que, a ojos de Bruselas, no tiene por qué perder ningún tipo de protección fundamental respeto a la vida que mantiene offline.

Los antecedentes

Este proyecto de declaración, que tiene que ser aprobado todavía por los veintisiete y por la Eurocámara, tiene sus raíces en otras iniciativas similares que provienen de los mismos gobiernos europeos, como la Declaración de Tallinn sobre el Gobierno Digital (2017), la Declaración de Berlín sobre la Sociedad Digital y un Gobierno Digital basado en valores (2020), o la Declaración de Lisboa sobre la Democracia Digital (2021). Todas estas iniciativas tienen como objetivo último adoptar un modelo de transformación digital que refuerce y no debilite los derechos humanos.

Las bases legales

Según explica la Comisión Europea, la Declaración de Derechos y Principios Digitales está profundamente arraigada en la legislación europea. Tanto en la Declaración de Derechos Fundamentales como en la jurisprudencia que ha ido marcando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, se ha llegado a bautizar como la carta magna digital. Bruselas también considera que esta iniciativa es comparable al Pilar Europeo de Derechos Sociales. Para garantizar que no se queda únicamente en una declaración, la Comisión propone a su vez un proceso de monitarización con un informe anual.

Europa opina

Declaración de Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Enlace a la declaración que propuso la Comisión a principios de año en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.
Documento de trabajo de la Comisión Europea para la elaboración del proyecto de declaración.
Contribución de la red de ONGs, expertos y académicos EDRI, dedicada a defender y promover los derechos digitales.

«La Carta de Derechos digitales de España”, por Moisés Barrio Andrés

ÁMBITO EUROPEO

MOISÉS BARRIO ANDRÉS,

Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho digital y Director del postgrado en Legal Tech y transformación digital (DAELT) de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

 

"El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él"

La Carta de Derechos digitales de España

La transformación digital ejerce una influencia trasversal en todas las actividades de la sociedad, y naturalmente en el propio Derecho. El gran problema jurídico que plantea consiste en que los comportamientos y las actividades desplegadas con o en virtud de la transformación digital no siempre se encuentran previstos por la legislación vigente. Por eso constituyen auténticas lagunas en las normas jurídicas.

Además, algunas de las innovaciones tecnológicas emergentes operan al margen del Derecho y ponen en cuestión el tradicional papel del Estado. Y suscitan asimismo importantes desafíos relacionados con la descentralización (pensemos en las tecnologías DLT/blockchain), el anonimato, la protección de datos, la identidad digital, la opacidad de los procesos, la interconectividad global, las amenazas de ciberseguridad, la propiedad de los datos, etc.

Por ello es urgente actualizar las declaraciones de derechos, adaptando las vigentes a los fotónicos cambios tecnológicos y sociales que se están produciendo, salvaguardando al mismo tiempo el indispensable equilibrio entre las utilidades que reporta la transformación digital y la garantía de los derechos de los ciudadanos en los nuevos espacios y escenarios de relación y conflicto.

Así las cosas, los nuevos entornos y contornos disruptivos provocan desazón en los ciudadanos y empresas, ante lo cual crecientes voces reclaman seguridad jurídica y cartas de derechos digitales.

Ello tanto desde el sector público, como sucedió en la Cámara de Diputados de Italia en 2015 con la Declaración de Derechos de Internet o con la reciente Declaración europea de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea presentada por la Comisión Europea el 26 de enero de 2022, como también en el sector privado, pudiéndose citar entre nosotros el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital promovido por Telefónica en 2018.

Jurídicamente, la cuestión se articula a través del concepto de «derechos digitales», que engloba los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o derechos de rango ordinario previstos en las leyes.

Por tanto, la categoría de «derechos digitales» comprende no sólo la actualización de derechos tradicionales para identificar en ellos nuevas facultades en el marco de la sociedad digital (por ejemplo, el derecho al olvido dentro del derecho fundamental a la protección de datos, como lo ha admitido la STC 58/2018, de 4 de junio), sino también para reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido genuino en los textos constitucionales, como serían por ejemplo el caso del acceso universal a internet y la ciberseguridad, así como un derecho fundamental a la verdad para luchar contra las noticias falsas (fake news), un derecho a la conciliación familiar y laboral o los neuroderechos.

Esta categoría es especialmente relevante porque la transformación digital debe tener como principio estructural maximizar la calidad de la democracia y los derechos. El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse y están asegurados en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él, lo que plantea el problema de cómo protegerlos adecuadamente dadas las especiales características del mundo digital.

Ahora bien, a la hora de encajar los derechos digitales en el marco constitucional vigente las opiniones son diversas y se plantea incluso la necesidad de que éste sea actualizado con una reforma expresa de la Constitución Española de 1978.

Por el momento, en España ya el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (la LOPDGDD) establece una primera regulación de los mismos. Es una regulación jurídica, no ética, y su promulgación supuso una importante novedad en el Derecho comparado.

El paso siguiente se ha producido con la Carta de Derechos digitales de España, de 2021.

La Carta, adoptada el pasado 14 de julio de 2021 por el Gobierno, se estructura en cinco grandes apartados: «derechos de libertad», «derechos de igualdad», «derechos de participación y de conformación del espacio público», «derechos del entorno laboral y empresarial» y, finalmente, «derechos digitales en entornos específicos». Y en cada uno de estos ámbitos se contiene una relación de derechos que suman un total de veinticinco.

Ahora bien, su objetivo no es el de elaborar un proyecto de norma jurídica (algo que ha ocasionado una comprensible decepción) sino el de redactar un documento que pueda servir de referencia para una futura ley orgánica que actualice los derechos digitales, si bien en principio sería muy conveniente una reforma expresa de la Constitución.

Pero la Carta cumple finalidades adicionales. Por ejemplo, puede servir para el fomento activo por los poderes públicos de códigos de conducta inspirados en los principios del texto. O de impulso de políticas públicas digitales. Del mismo modo, es un útil instrumento interpretativo de algunos conceptos difusos en la legislación vigente. O, en fin, constituye el inicio de un debate sobre nuevos derechos digitales no positivizados hasta la fecha y la forma en que deberían modularse, como es el caso del empleo de las neurotecnologías.

La influencia de la Carta la encontramos por ejemplo en la próxima Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, así como en la señalada Declaración de Principios y Derechos Digitales de la UE, de 26 de enero de 2022.

A partir de ahora, corresponde a los titulares de la iniciativa legislativa (esto es, fundamentalmente al Parlamento y al Gobierno según el art. 81.1 CE) promulgar nueva legislación para mejorar la protección de los derechos digitales en nuestro país.

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea, por Jaume Duch Guillot

ÁMBITO EUROPEO

Jaume Duch Guillot

Director General de Comunicación y Portavoz del Parlamento Europeo

 

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea

Promoting a social and solidarity economy in the European Union

Hace tiempo que la Unión Europea dejó de ser una comunidad meramente económica para ser también una entidad política y humana de primer orden, en la que la economía no es el fin, sino solo un medio. En este sentido, la economía social de mercado ejemplifica a la perfección la ambición del proyecto europeo subrayando los valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad y solidaridad entre otros.

Es innegable que la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre muchas cosas y entre ellas, los peligros de una brecha social en aumento. Europa ha respondido con firmeza a esta emergencia con un ingente esfuerzo financiero y esta vez no ha olvidado que la política social tiene que ocupar una plaza de relieve en el esfuerzo por la recuperación, gracias en particular, al trabajo realizado por el equipo negociador del Parlamento Europeo. En efecto, el Plan Europeo de Recuperación contiene, junto a la dimensión ambiental y la digital, una dimensión social indispensable, ya que el cambio climático y la modernización de la economía no pueden disociarse de la justicia social y de la lucha contra las desigualdades.

Este Plan Europeo de Recuperación -sin parangón ni por su cuantía ni por su estructura fiscal- es un ejemplo de como la protección y el fomento de una economía social es clave a la hora de diseñar cualquier proyecto europeo. Pero hay muchos más, como la componente que acompaña el Pacto Verde europeo, encabezada por el Fondo Climático Social, cuya propuesta están discutiendo las comisiones de Empleo y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, para asegurar que nadie se queda atrás en la llamada transición verde.

Estas medidas no nacen de manera aislada, sino en un marco predeterminado. Cualquier acción que decida poner en marcha la Unión Europea ha de tener cabida en su presupuesto ordinario, el llamado marco financiero plurianual 2021-2027 o en el plan de recuperación de 750.000 millones de euros creado para luchar contra las consecuencias de la pandemia. El componente social del segundo sigue en realidad la pauta del primero, en el cual ya se aumentaron de forma sustancial las partidas destinadas al fomento de una economía social. Un incremento logrado gracias a la determinación del equipo negociador del Parlamento Europeo que no cesó de defender la importancia de poner a las personas en el centro hasta conseguir un acuerdo con el Consejo.

Hasta 15.000 millones de euros suplementarios consiguió el equipo negociador del Parlamento para partidas clave a través de programas como Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU o Creative Europe, entre otros.

Gracias a los recursos que proporciona el marco plurianual 2021-2027, la Comisión Europea presentó en diciembre el Plan de Acción para la Economía Social que el Parlamento Europeo está actualmente examinando en su comisión de Empleo. El ponente del informe, Jordi Cañas, ya ha manifestado la voluntad del Parlamento de otorgar a la economía social la visibilidad que merece, exprimiendo su potencial para contribuir a los objetivos de mayor bienestar, prosperidad, justicia, inclusión y respeto al medioambiente.

La propuesta se centra en la creación de un entorno para que la economía social prospere, con marcos jurídicos y políticas adecuadas, así como un conjunto de recomendaciones sobre los marcos fiscales, facilitación del acceso a las ayudas y buenas prácticas en materia de contratación pública socialmente responsable. Este apoyo al desarrollo debe ayudar a que las entidades inicien su actividad y se expandan. Por eso, en términos de financiación, la propuesta plantea aumentar la ayuda a estos agentes económicos, superando los 2.500 millones de euros asignados en el periodo anterior (2014-2020).

El desarrollo de la economía social debe producirse desde la inclusión plena de los agentes sociales y de los ciudadanos. Con esta perspectiva, la comisión de Empleo del Parlamento Europeo lleva a cabo audiciones con entidades sociales y académicos expertos, un diálogo útil a la hora de elaborar sus propias recomendaciones.

Cómo evolucionará este sector en los próximos años podría depender también de las conclusiones a las que llegue la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Uno de los paneles en los que participan dos centenares de ciudadanos discute propuestas y recomendaciones en relación con el futuro de la economía y del empleo, prestando atención a la justicia social. Todavía no sabemos a ciencia cierta en qué manera las instituciones europeas transformarán esas recomendaciones en propuestas oficiales de la Conferencia, pero en todo caso el Parlamento ha sido claro desde el inicio en su voluntad de integrar sus conclusiones en el trabajo legislativo de la institución.

Las lecciones aprendidas de la crisis económica de 2010 y de la pandemia de COVID-19, la segunda mucho mejor resuelta que la primera, son en todo caso un potente acicate para el desarrollo de esa economía social que está presente en la concepción inicial del proyecto europeo.

The European Union has long since moved on from being a purely economic community, becoming also a leading political and human entity, for which the economy is not the end, but only a means. In this regard, the social market economy perfectly exemplifies the ambition of the European project by emphasising the values enshrined in the Treaty on European Union: respect for human dignity, freedom, democracy, equality and solidarity, among others.

It is undeniable that the COVID-19 pandemic has forced us to reflect on many things, including the dangers of a growing social divide. Europe has responded robustly to this emergency with a huge financial effort, this time without neglecting the fact that social policy must play a prominent role in the recovery effort, thanks in particular to the efforts of the European Parliament’s negotiating team. Alongside environmental and digital dimensions, the European Recovery Plan contains an indispensable social dimension, since climate change and the modernisation of the economy cannot be separated from social justice and the fight against inequalities.

This European Recovery Plan -unprecedented in terms of both scale and fiscal structure- is an example of how the protection and promotion of a social economy is vital to the design of any European project. But there are many more aspects, such as the component accompanying the European Green Deal, spearheaded by the Social Climate Fund, the proposal for which is being discussed by the European Parliament’s Committees on Employment and the Environment, to ensure that no one is left behind in the so-called green transition.

These measures are not created in isolation, but within a predetermined framework. Any action that the European Union chooses to take must be accommodated by its regular budget, known as the Multiannual Financial Framework 2021-2027, or by the €750 billion recovery plan created to combat the consequences of the pandemic. The social component of the latter in fact follows the pattern of the former, in which the budgetary allocations to promote a social economy have already been substantially expanded. An increase achieved thanks to the determination of the European Parliament’s negotiating team, which constantly argued for the importance of placing people centre-stage, until an agreement was reached with the Council.

Up to an additional €15 billion was secured by Parliament’s negotiating team for key items through programmes such as Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU and Creative Europe.

Thanks to the resources provided by the multiannual framework 2021-2027, in December the European Commission presented the Action Plan for the Social Economy, currently being examined by the European Parliament’s Committee on Employment. The rapporteur for the report, Jordi Cañas, has already expressed Parliament’s willingness to give the social economy the visibility it deserves, making the very most of its potential to contribute to the goals of greater well-being, prosperity, justice, inclusion and respect for the environment.

The proposal focuses on creating an environment for the social economy to thrive, with appropriate legal and policy frameworks, as well as a set of recommendations on fiscal frameworks, facilitating access to grants and good practices in socially responsible public procurement. This development support should help institutions to begin and expand their operations. In terms of funding, then, the proposal plans to increase support for these economic operators, surpassing the €2.5 billion allocated in the previous period (2014-2020).

The development of the social economy must take place by fully including social agents and citizens. With this in mind, the European Parliament’s Committee on Employment conducts hearings with expert social and academic bodies, serving as a useful dialogue when drawing up its own recommendations.

How this sector develops in the coming years could also depend on the conclusions reached by the Conference on the Future of Europe. One panel involving two hundred citizens is discussing proposals and recommendations regarding the future of the economy and employment, and addressing social justice. We do not yet know for sure how the European institutions will turn these recommendations into official proposals of the Conference, but Parliament has in any event been quite clear from the outset as to its wish to integrate its conclusions into the institution’s legislative efforts.

The lessons learned from the 2010 economic crisis and the Covid-19 pandemic, the second much better resolved than the first, are in any case a powerful incentive for the development of the social economy contained within the initial conception of the European project.

La economía social como pilar de la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social.

Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2.500 billion euros from the European budget were mobilized to support the social economy.

La economía social como pilar de la recuperación europea

Europe looks at social economy to push for an inclusive recovery

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

La Unión Europea está convencida que cooperativas, mutuas, fundaciones sin ánimo de lucro o las llamadas empresas sociales deben tener un papel central en la reconstrucción pospandemia. Constituyen la llamada economía social y llegan a generar hasta un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, dando empleo a más de 13 millones de personas a través de más de 2,8 millones de empresas y entidades.

European Union aims mutuals, non-profit foundations or socalled social enterprises to have a central role during the economic recovery after the Covid pandemic. They constitute the so-called social economy and generate up to 8% of the European Union’s Gross Domestic Product (GDP). They also mploy more than 13 million people through more than 2.8 million companies and entities.

 

Para hacernos una idea de la magnitud, la economía española aportó un 8,4% del PIB europeo en 2020, según Eurostat. Ahora que las autoridades europeas están volcadas en la reconstrucción de la economía pos-covid, la Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer y juegue un así un papel clave en una recuperación más inclusiva y justa.

La oportunidad

Por economía social debemos entender todo ese tejido económico que antes que el beneficio pecuniario prioriza el bien social y medioambiental (people and planet first, en su lema en inglés). Mayoritariamente estas entidades reinvierten sus beneficios en la organización o en su propia causa social y acostumbran a organizarse de una manera participativa o más ‘democrática’ que una empresa tradicional. Algunos sectores donde típicamente encontramos estas entidades son los cuidados, servicios sociales, energías renovables, economía circular… pero también el sector cultural y creativo o la agricultura.

Con el parón económico que supuso la pandemia de coronavirus, las autoridades europeas diseñaron un plan de recuperación sin precedentes, dotado con hasta 800.000 millones de euros, que tiene como uno de sus pilares una reconstrucción más social, justa e inclusiva, que tenga las personas, el clima y la digitalización en el centro. Y es aquí donde entra el Plan de Acción de la Economía Social impulsado por la Comisión Europea.

“El Fondo de Recuperación y Resiliencia ofrece a los Estados miembro oportunidades significativas para implementar reformas e inversiones a través del emprendimiento social e inclusivo”, dice textualmente el documento del plan del ejecutivo comunitario. “Una economía que funcione para la gente” es, de hecho, el lema que aglutina estas iniciativas y el simbólico nombre de la poderosa cartera económica del vicepresidente Valdis Dombrovskis.

Sin embargo, el mismo ejecutivo con sede en Bruselas reconoce que todas las potencialidades asociadas a estos modelos de economía social están muy lejos de ser explotados al máximo. “Muchos consumidores quieren comprar de manera responsable, pero no necesariamente saben cómo hacerlo”, sostiene la Comisión, que también admite que el capital necesario para los proyectos no siempre está disponible o que las autoridades públicas no ponen a disposición las herramientas necesarias para el sector en términos de inversión, concursos públicos o proyectos. Continúa siendo un reto.


LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR UN SECTOR QUE APORTA EL 8% DEL PIB EUROPEO

Así pues, es necesario hacer más para que la economía social encuentre las condiciones óptimas para crecer. Por ejemplo, el marco fiscal es importante. Como recuerda el texto de la Comisión, algunos países europeos han desarrollado un marco fiscal específico para este sector, con exenciones en los beneficios, reducciones del IVA, reducciones del coste de seguros o incentivos fiscales para donaciones privadas. En otros países, como Francia, se usan sistemas de certificación o distinciones para facilitar el acceso de ciertas entidades a políticas o tratamientos específicos, por ejemplo. De hecho, en 2018 el Parlamento Europeo propuso crear una etiqueta de economía social para aplicar a todas las compañías del sector, pero no se ha llegado a materializar.

Para todo ello, Bruselas prevé lanzar un estudio comparativo de las diferentes prácticas fiscales en los distintos países de la Unión, que sirva de guía o incluso de propuesta. Las autoridades comunitarias son conscientes que no existe unidad europea en la regulación o legislación de este sector y a pesar de que se intenta des de finales de los 80, por ejemplo, con las cooperativas. Sin embargo, el plan de acción presentado el año pasado tampoco va tan lejos y centra más el foco en el acceso a la inversión. Concretamente, contempla la presentación de varias guías de asesoramiento a los gobiernos, pero no implica propuestas vinculantes para unificar la legislación o las medidas de incentivos a nivel comunitario.

Acceso a la financiación

A efectos prácticos buena parte de las iniciativas europeas buscan facilitar el acceso a la financiación dentro del período 2021-2017 que abarca el presupuesto europeo. Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social. Hasta ahora, por ejemplo, los proyectos relacionados con la economía social eran prioritarios en los fondos estructurales, incluyendo los fondos de Desarrollo Regional (FEDER) o los de Desarrollo Rural, entre muchos otros instrumentos. El objetivo es incrementarlo a través de otros programas y de la creación de nuevos instrumentos financieros que presentarán este 2022 con esquemas de crédito barato, por ejemplo, redes de microfinanciación y programas de emprendimiento social.

En un plano todavía más concreto -un punto que la organización Social Economy Europe destacó en su primera valoración del plan de la Comisión- es que la Economía Social se haya identificado entre los 14 ecosistemas de la Estrategia Industrial de la UE, es decir aquellos sectores prioritarios para incentivar su desarrollo industrial. La Comisión intenta así adoptar un enfoque más transversal que no solo use la tradicional vía de la canalización de fondos europeos, sino que impulse el sector privado también a nivel estratégico.


ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS HAN DESARROLLADO UN MARCO FISCAL ESPECÍFICO PARA ESTE SECTOR, CON EXENCIONES EN LOS BENEFICIOS, REDUCCIONES DEL IVA, ETC.

Aunque antes de empezar la casa por el tejado, Bruselas es consciente que parte del problema es que no siempre queda claro qué es la economía social. En España el concepto está bien delimitado y es conocido, pero el mismo servicio de estudios del Parlamento Europeo señala que en otros Estados europeos está más verde. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez ha liderado el impulso europeo al sector en el contexto de recuperación de la pandemia con la vicepresidenta Yolanda Díaz como cara visible. A finales del 2020 el gobierno organizó la Cumbre Internacional de la Economía Social para una Recuperación Inclusiva, Sostenible y Justa, que culminó en la Declaración de Toledo. Participaron y firmaron la declaración Estados miembros como Austria, Irlanda, Alemania, Luxemburgo o Francia entre otros, y acordaron dar más visibilidad e impulso a la economía social.

Spanish economy contributed with 8.4% of EU’s GDP in 2020, according to Eurostat. Now that the European authorities are focused on rebuilding the economy after the shock of the pandemic, the European Commission has promoted an action plan so that the social economy finds a more fertile path to grow and thus plays a key role in a more inclusive and fair recovery.

The opportunity

The social economy is made up of all those entities and organization prioritize social and environmental good before economic benefit (the People and planet first philosophy). Most of them reinvest their profits in their own organization or their social cause and they normally organize themselves in a more participatory or ‘democratic’ way than traditional companies. Some sectors where we typically find these entities are healthcare, social services, renewable energies, circular economy, and also the cultural and creative sector or agriculture.

With the economic slowdown caused by the coronavirus lockdown, European authorities designed an unprecedented recovery plan of up to 800,000 million euros. Reconstruction needs to be fair and more inclusive according to Brussels aims and promises. People, climate and digitalization are the three pillars of the Recovery and Resilliance fund and that is way Social Economy has an important role to play.

«The Recovery and Resilience Fund offers member states significant opportunities to implement reforms and investments through social and inclusive entrepreneurship,» says the Commission’s Plan document verbatim. “An economy that works for the people” is in fact the motto that brings together these initiatives and the symbolic name of the powerful economic portfolio of Vice President Valdis Dombrovskis.

However, the Brussels executive itself admits that all the potentialities associated with these social economy models are far from being fully exploited. «Many consumers want to buy responsibly, but they do not necessarily know how to do it,» says the Commission, which also admits that the necessary capital for projects is not always available. Public authorities often don’t provide them with enough investment, public procurement or projects opportunities.


EUROPEAN COMMISSION LAUNCHED AN ACTION PLAN TO BOOST A SECTOR THAT ALREADY CONTRIBUTES TO 8% OF EU’S GDP

In conclusion, Brussels is aware that more action from policy makers is needed for the social economy to find the optimal conditions to grow. For example, the fiscal framework is important. As the Brussels executive recalls, some European countries have developed a specific tax framework for the sector, with exemptions on profits, VAT reductions, reductions in the cost of insurance or tax incentives for private donations. In other countries, such as France, certification systems or distinctions are used to facilitate the access of certain entities to specific policies or treatments, for example. In fact, in 2018 the European Parliament proposed to create a social economy label to apply to all companies in the sector, but it has not materialized.

Taking all this into account, under the action plan Brussels will launch a comparative study of the different tax practices in the different countries of the Union, which will serve as a guide or even a proposal. EU authorities are aware that there is no European unity in the regulation or legislation of this sector. Attempts have been made since the end of the 1980s, for example with cooperatives, but it has never become a further legislative project. However, the action plan presented last year does not go that far either and focuses more on access to investment. Specifically, it contemplates the presentation of various guides, of advice to governments, but does not imply binding proposals to unify legislation or implement measures at the community level.

Access to finance

On a more practical level, Brussels is also looking for ways to boost financing and increase economic resources for this sector within the 2021-2017 period covered by the EU budget. Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2,5 billion euros were mobilized from the European budget to support the social economy. Until now, for example, projects related to the social economy were a priority in the structural funds, including the Regional Development Funds (ERDF) or the Rural Development Funds, among many other instruments. The objective is to increase it through other programs and the creation of new financial instruments that will be presented in 2022 with cheap credit schemes, for example, micro-financing networks and social entrepreneurship programs.

For example, as the Social Economy Europe organization highlighted in its first assessment of the commission’s plan, Social Economy has been identified among the 14 ecosystems of the EU’s Industrial Strategy. So Brussels has highlighted it as one of those priority sectors to encourage their industrial development. The Commission is thus trying to adopt a more transversal approach that not only uses the traditional route of channeling European funds, but also promotes the private sector at a strategic level.


SOME MEMBER STATES IMPLEMENTED A SPECIFIC FISCAL FRAMEWORK THAT PROVIDES THIS SECTOR WITH TAX REDUCTIONS, VAT REDUCTIONS OR OTHER EXEMPTIONS

At the same time, Brussels is aware that part of the problem is that it is not always clear what Social Economy is and therefore it needs to be well defined across Europe. In Spain, the concept is well-known and commonly understood, but the same Research Service of the European Parliament points out that in other European states it is still far from being mature. In fact, the government of Pedro Sánchez has led the European push for the sector in the context of the pandemic recovery, with Vice President Yolanda Díaz as the visible face. At the end of 2020, the government organized the International Social Economy Summit for an Inclusive, Sustainable and Fair Recovery that culminated in the Toledo Declaration. Member states such as Austria, Ireland, Germany, Luxembourg or France, among others, participated and signed the declaration, and agreed to give more visibility and boost to the social economy.

La Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer.
The European Commission promoted an action plan for the social economy to find a more fertile path to grow.

La economía social al centro de la recuperación

LA Economía Social se ha ganado un lugar prioritario en la estrategia europea de reconstrucción económica después del parón provocado por la pandemia de coronavirus. Es uno de los pilares del Fondo de Recuperación y de los planes de reformas de los distintos gobiernos. Después de que la desigualdad se disparara hasta récords históricos con la crisis financiera y las medidas de austeridad adoptadas posteriormente, las autoridades nacionales y comunitarias han tomado consciencia de la necesidad de no dejar a nadie atrás esta vez.

Social economy at the center of economic recovery

AFTER the crisis caused by the pandemic, Social Economy became a priority for the European economic reconstruction strategy. It is one of the pillars of the Recovery Fund and also of the member states’ reform plans. Inequality reached historical record levels after the financial and after austerity measures being adopted, now national and European authorities have become aware of the need to leave no one behind. Social Economy is key in this awareness.

La voz española de la economía social en Bruselas

ESPAÑA es uno de los referentes europeos en Economía Social. No solo lidera la apuesta europea por las entidades y empresas sociales durante la recuperación, después de celebrar la Cumbre Internacional de la Economía Social en Toledo, sino que sus voces tienen un peso especial en el lobby bruselense del sector. La patronal europea del sector, Social Economy Europe, está liderada por dos españoles: Juan Antonio Pedreño, como presidente, que proviene de la patronal española de la Economía Social (Cepes) y Víctor Meseguer, como director.

The Spanish voice of Social Economy in Brussels

SPAIN is at the forefront of Europe in promoting Social Economy. Toledo held the International Social Economy Summit in 2020 to push the sector in the context of covid economic recovery. But there are also important Spanish voices in the social economy Brussels lobby. One of its main organisations, Social Economy Europe, is led by two Spaniards: Juan Antonio Pedreño, as president, who comes from the Spanish trade association of the Social Economy (Cepes) and Víctor Meseguer, as director.

La necesidad de incentivos fiscales e inversión

LA Comisión Europea reconoce que es necesario un marco legal adecuado y con más facilidades para impulsar la Economía Social, a través de incentivos fiscales o nuevos canales de financiación pública o privada, pero por ahora no propone una unificación de criterios o medidas vinculantes. Bruselas se limita en su plan de acción a promover varias guías para los gobiernos, recogiendo buenas prácticas, por ejemplo en el ámbito fiscal o en la certificación de las actividades del sector y a través de la apertura de más canales de financiación comunitaria más allá del presupuesto europeo.

The need for fiscal incentives and investment

THE European Commission admits that an adequate legal framework is necessary to let Social Economy grow. It can be done through fiscal incentives or new channels of public or private financing. However, for now the Commission does not propose a unification of criteria or any binding measures. In its Action Plan, Brussels is mainly promoting various guides for governments and a collection of good practices around the continent, for example, in the fiscal framework or providing official certifications to social economy activities. Brussels also aims to open more finance channels beyond the European budget.

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

Posicionamiento del Comité Económico y Social Europeo sobre el rol de la
Economía Social en la creación de empleo y la implementación del Pilar Social Europeo.

European Economic and Social Committe assessment about the role of social economy in the creation of jobs and in the implementation of the European Pillar of Social Rights.

Acogida y análisis del plan de acción para la Economía Social de la Unión Europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

European Regional and Development Fund analysis of the Social Economy Action Plan after being first published by the European Commission.

Contribución de la Patronal Business Europe y de la patronal de las pequeñas y
medianas empresas, SME United.

Contribution after the hearing on Social Economy Action Plan by the European Commission. It also takes into account the Small and Medium Enterprises European Trade organisation opinion.

No hay vuelta atrás, por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

José Ramón Patterson, periodista

periodista

 

 

El confinamiento ha acelerado la digitalización y en unos meses ha avanzado más que en muchos años

The lockdown has sped up the digital transformation, with greater progress in a few months than in many years

NO HAY VUELTA ATRÁS

Tengo un amigo que dice que va camino de convertirse en un viejo hippie. En realidad, mi amigo – que es de derechas, aunque bastante heterodoxo – no es nada contestatario, más bien lo contrario. Yo diría, incluso, que es el prototipo del burgués: atildado, urbanita, consumista, con estudios superiores y una situación económica privilegiada; o sea, lo más parecido a un yuppie que a un hippie. Si algo lo conecta con los jóvenes libertarios de los años 60 es su devoción por Janis Joplin, Grateful Dead o Jefferson Airplane y, sobre todo, su preocupación por el medio ambiente.

Lo que le pasa a mi amigo es que aborrece las nuevas tecnologías porque, asegura, no les saca rendimiento y considera que el peaje que paga por utilizarlas no le arrienda la ganancia debido a los riesgos. Escribe en ordenadores sin conexión a internet, utiliza móviles vintage y no está en ninguna red social ni en grupos de mensajería instantánea. Lo que quiere, cuando sea mayor que ahora, es volver al campo – a “lo esencial”, dice -, a vivir rodeado de gallinas y donde no lo controlen el Gobierno ni las multinacionales.

Yo, que soy bastante tecnófilo, entendí lo que quiere decir cuando a la salida de un restaurante en Huelva, hace un par de años, la aplicación de Google Maps del teléfono me pidió que evaluase el establecimiento. Comprobé entonces que, además de registrar aquella visita y otras similares en días anteriores, la aplicación de marras había seguido mi rastro por media España e incluso había anotado las paradas y su duración. Sin saberlo, hemos perdido privacidad, aparte de la que sacrificamos voluntariamente, y la cuestión a dilucidar, creo, es si compensa.

En dos décadas hemos dado un salto tecnológico de tal magnitud que no se explica linealmente, ni siquiera mediante una curva exponencial. Basándose en cálculos matemáticos, Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, pronostica que los cambios en los próximos años serán tan rápidos y profundos que habrá una evolución semejante a la de veinte mil años. Es más, predice que hacia 2045 nuestros cerebros podrán conectarse inalámbricamente con dispositivos externos (exocórtex) que multiplicarán su capacidad por mil millones. 

La posibilidad de que dentro de veinte años estemos en el inicio de una especie de seres omniscientes escapa a nuestro entendimiento, aún bastante analógico, y es comprensible que, con fundamento o sin él, suscite recelos. Al fin y al cabo, es como jugar a ser Dios. En todo caso, como Abraracúrcix, el jefe galo que teme que el cielo le caiga sobre la cabeza, yo me consuelo pensando que “eso no pasará mañana”. Entretanto, lo que está claro es que ya vivimos entre dos mundos, uno que va camino de desaparecer y otro que está a la vuelta de la esquina.

De lo poco positivo que hemos sacado de la pandemia de COVID19 es que, siquiera por necesidad, nos hemos acercado a esa esquina. El confinamiento ha acelerado la digitalización y en unos meses ha avanzado más que en muchos años. En efecto, las empresas han tenido que ponerse las pilas, se ha extendido el teletrabajo, la educación se ha adaptado al entorno virtual, han crecido las compras online, utilizamos más la banca digital y ha aumentado el uso de las redes sociales.

Pero también han quedado patentes muchas carencias que sitúan a España en un puesto intermedio entre los países europeos. Especialmente preocupante es la situación de las pymes, que son el 99 % del tejido empresarial. Según la Radiografía de la PYME 2018, antes de la pandemia sólo el 19 % de ellas tenían un plan digital y únicamente el 3 % consideraban la digitalización una prioridad. La situación ha cambiado algo, pero los avances son aún insuficientes y no prosperan al mismo ritmo que crecen los desafíos.

Consciente de esas carencias en toda Europa y de que es un peligro depender de tecnologías y soluciones de países terceros o almacenar en sus “nubes” datos sensibles, la Unión Europea ha diseñado el programa Europa Digital, cuyo objetivo es, precisamente, remediar las insuficiencias y fortalecer las capacidades digitales de Europa. Paralelamente, nuestro Gobierno ha creado un plan para digitalizar las administraciones públicas, uno de los ejes de la Agenda España Digital 2025, que la patronal del sector considera muy positivo.

El apoyo de los empresarios no es inopinado: además de automatizar procesos, aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial para desarrollar productos o responder mejor a las necesidades de los clientes, saben que la digitalización de sus empresas no tiene sentido si no progresa la implantación de la Administración electrónica. Parece obvio, también, que esa transformación sólo tendrá éxito si es el remate a una profunda reforma de las anquilosadas estructuras de la Administración. Pero ese es otro cantar.

La cuestión sustancial, pienso, es persuadir a mi amigo de que el asunto no se nos va a ir de las manos y, por ejemplo, la inteligencia artificial no se usará para espiarlo o predecir su comportamiento con fines espurios; ni que la concesión de un crédito o, ya puestos, la obtención de beneficios penitenciarios dependerá de un algoritmo, como ocurre en Cataluña. Y convencerme a mí de que tampoco ahondará la brecha digital o que una tormenta de ciberataques nos devolverá al planeta de los simios. Esto es, que los beneficios son mayores que los perjuicios y las amenazas.

THE POINT OF NO RETURN

I have a friend who says he’s on the way to becoming an old hippie. In fact my friend – who is right-wing, though quite unorthodox – is not at all rebellious, quite the opposite. I would even go so far as to describe him as the archetypal bourgeois: a well-groomed, cosmopolitan consumerist, university-educated and well-off. More like a yuppie, then, than a hippie. If there is one thing that links him to the free-living youth of the 60s, it is his devotion to Janis Joplin, the Grateful Dead and Jefferson Airplane, and above all his concern for the environment.

The thing about my friend is that he abhors new technology because, he says, he doesn’t get enough out of it, and does not believe the benefits justify the toll that he pays for using it, given the risks. He writes on computers without an Internet connection, uses vintage mobiles, and is not involved in any social media or instant messaging groups. What he wants, when he is older than he is now, is to return to the countryside – «back to basics», he says – to live surrounded by hens, outside the control of the government and multinationals.

And despite being quite a technophile, I understood what he means when, on leaving a restaurant in Huelva a couple of years ago, the Google Maps application on my phone asked me to rate the eatery. It was then that I discovered that as well as registering that and other similar visits on previous days, the omnipresent application had tracked me halfway across Spain, and even made a note of my stops and how long they lasted. Without even realising it, we have lost our privacy, aside from what we give up voluntarily, and I believe it all comes down to working out if it is worthwhile.

In two decades we have taken such a huge technological leap forward that it can no longer be explained in linear terms, or even as an exponential curve. Drawing on mathematical calculations, Google’s director of engineering, Ray Kurzweil, foretells changes in the coming years that will be so fast and far-reaching as to bring about an evolution similar to the past twenty thousand years. What is more, he predicts that by 2045 our brains will be able to connect wirelessly to external devices (the exocortex), multiplying their capability a billion times over.

The possibility that within twenty years we might witness the dawn of a race of omniscient beings goes beyond our still relatively analogue comprehension, and it is understandable that, with or without justification, this arouses misgivings. It is, ultimately, like playing God. In any event, like Vitalstatistix, the Gaulish chief who fears that the sky will fall on his head, I console myself with the thought that «it won’t happen tomorrow». In the meantime, what is clear is that we are already living between two worlds, one which is on its way out, and another which lies just around the corner.

One of the few positives to be taken from the Covid-19 pandemic is that, albeit out of necessity, we have drawn closer to that corner. The lockdown has sped up the digital transformation, with greater progress in a few months than had been seen in many years. The fact is that companies have been forced to raise their game, homeworking has become more widespread, education has adapted to the virtual environment, online shopping has expanded, and we are making more use of digital banking and social media.

This has also, though, highlighted many of the shortcomings that place Spain halfway down the European league table. The situation of SMEs, which account for 99% of businesses, is particularly concerning. According to the 2018 SME Survey, prior to the pandemic just 19% of such enterprises had a digital plan, and only 3% saw digital transformation as a priority. The situation has changed somewhat, but the progress remains insufficient, and is not keeping pace with the challenges faced.

Aware of these shortcomings throughout Europe, and the danger of depending on technologies and solutions from third countries, or of storing sensitive data in their «clouds», the European Union has devised the Digital Europe programme, with the specific aim of remedying these failings and strengthening Europe’s digital capabilities. In parallel, the Spanish Government has set up a plan for the digital transformation of public authorities, one of the cornerstones of the 2025 Digital Spain Agenda, of which business organisations in the sector take a very positive view.

The support of business figures is to be expected: aside from automating processes, taking advantage of the potential of artificial intelligence to develop products or better respond to customer needs, they know that there is no sense in digitally transforming their businesses unless progress is also made in implementing electronic public administration. It would likewise seem clear that such a transformation will prove successful only if it is the finishing touch to a far-reaching reform of hidebound administrative structures. That, though, is another story altogether.

The nub of the matter is, I believe, to persuade my friend that we are not losing a grip of the issue, and, for example, that artificial intelligence will not be used to punish him or predict his behaviour on spurious grounds, nor that being granted a loan or, while we are at it, prison benefits, will depend on an algorithm, as happens in Catalonia. And to convince myself that the digital gap will also grow no deeper, and that a deluge of cyberattacks won’t send us back to the planet of the apes. In other words, that the benefits are greater than the drawbacks and threats.

Europa lucha por una plaza en la carrera digital global

ÁMBITO EUROPEO

Europa lucha por una plaza en la carrera digital global

EU spends to stay in the digital race

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

La digitalización era una prioridad de la Unión Europea antes de la pandemia, pero el impacto del virus en la sociedad europea ha servido como revulsivo.

Digitization was a EU priority before the pandemic, but the impact of the virus on European society has served as a catalyst .

Hemos entrado en una carrera global dónde el dominio de las tecnologías es central. Es principalmente gracias a las tecnologías disruptivas que Europa podrá embarcarse plenamente en su doble transición verde y digital, garantizando al mismo tiempo su resiliencia y autonomía». Son declaraciones del comisario de Interior, Thierry Breton, que tiene claro desde que asumió el cargo que Europa debe reforzar su soberanía tecnológica.

We have entered a global race in which the mastery of technologies is central. It is largely thanks to disruptive technologies that Europe will be able to embark fully on its twin green and digital transition, while guaranteeing its resilience and autonomy”, said the Interior Commissioner, Thierry Breton, who is fully committed to reinforce its technological sovereignty. To do this, Brussels has put forward an arsenal of initiatives, programs and  regulations.

Para ello, Bruselas ha puesto en marcha un arsenal de iniciativas, programas y regulaciones. Una de éstas es el programa Europa Digital, dotado con más de 7.500 millones de euros de presupuesto que se destinarán hasta 2027 a cinco áreas estratégicas: supercomuptación, inteligencia artificial, ciberseguridad, la promoción de capacidades digitales avanzadas y la transformación digital de los servicios públicos y su interoperabilidad a nivel europeo.

La pandemia como revulsivo

El presupuesto comunitario es una de las herramientas básicas que tiene la Unión Europea para llegar a sus ciudadanos y empresas de manera directa y el previsto para el período 2021-2027 está diseñado con dos pilares fundamentales: la transición verde y la digital. El programa Europa Digital está vinculado a este presupuesto y aunque fue recortado durante la negociación, el responsable de la misma en la Eurocámara, el eurodiputado Valter Flego, admitió que “es la principal herramienta para cumplir el objetivo de una Europa más asertiva en su soberanía digital”.


EL PROGRAMA EUROPA DIGITAL PREVÉ INVERTIR CASI 7.600 MILLONES DE EUROS HASTA 2027 EN ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS

La verde y la digital ya eran las dos las líneas maestras del proyecto político del ejecutivo liderado por Ursula Von der Leyen antes que el coronavirus digitalizara a la fuerza la vida de muchos ciudadanos europeos y pusiera en evidencia algunas de las debilidades estructurales de la Unión en este ámbito. El covid ha servido pues como revulsivo para impulsar un cambio que las autoridades comunitarias ya sabían que es indispensable si Europa no quiere quedar atrás en esa carrera global a la cual se refería el comisario Breton en las declaraciones citadas anteriormente, de uno de sus discursos en la Menéndez Pelayo International University.

Por eso es especialmente oportuno que el programa Europa Digital empiece a desplegarse justamente ahora que las instituciones europeas han tomado esta conciencia. De los cerca de 7.600 millones a repartir, la supercomputación se lleva la mayor parte, concretamente 2.220 millones para desarrollar y fortalecer las capacidades de procesamiento de datos de la Unión comprando superordenadores capaces de hacer al menos mil millones de billones de cálculos por segundo.

La geopolítica tecnológica 

Europa está lejos de potencias como Estados Unido o Japón en supercomputación y ahora que la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable de la estrategia geopolítica la UE tiene claro que tiene que acelerar. Después de la computación, la segunda prioridad del presupuesto de Europa Digital también tiene mucho con esta consciencia, es la inteligencia artificial, que recibirá hasta 2.100 millones de euros, para promocionar que empresas y administraciones públicas puedan aprovechar sus ventajas. Sin embargo, para ello es necesario crear un verdadero espacio de datos europeo, que facilite el acceso seguro y el almacenamiento de grandes cantidades. La construcción de una infraestructura en la nube segura, energéticamente eficiente y independiente de las tecnologías de las otras grandes potencias internacionales es otra de las prioridades. Bruselas considera la inteligencia artificial como clave para el futuro de áreas como la salud o la movilidad.


DE LOS CERCA DE 7.600 MILLONES A REPARTIR, LA SUPERCOMPUTACIÓN SE LLEVA LA MAYOR PARTE, CONCRETAMENTE 2.220 MILLONES

Y hablando de la necesidad de una infraestructura segura, Europa Digital prevé destinar también 1.600 millones de euros en ciberseguridad, otro aspecto inseparable de la soberanía tecnológica y la geopolítica que tiene otra dimensión en el ámbito de la política exterior y de la defensa.  El resto de la financiación prevista en este gran programa que irá desplegándose con el presupuesto europeo a lo largo de los próximos siete años, está prevista para llevar la digitalización a todos los ámbitos de la vida europea. Otros 1.000 millones de euros servirán para apoyar proyectos digitales en el ámbito de la salud o del Green Deal, vinculados a otros grandes programas comunitarios como EU4Health. El objetivo de la Comisión Europea es fortalecer el ecosistema digital europeo y para ello se fija, por ejemplo, como meta tener un centro de innovación digital en cada región. De esta manera, tanto empresas como administraciones públicas de todos los rincones de la Unión deberían poder tener acceso a tecnologías digitales de vanguardia, como el blockchain.

 


DESPUÉS DE LA COMPUTACIÓN, LA SEGUNDA PRIORIDAD DEL PRESUPUESTO DE EUROPA DIGITAL ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

Sin embargo, todo esto no puede conseguirse si los receptores de estos fondos no tienen las capacidades necesarias para sacarles el mayor rendimiento. Por ello, 580 millones de euros del programa Europa Digital están pensados para formar y ‘entrenar’ los futuros expertos en todas estas áreas estratégicas: inteligencia artificial, tecnología cuántica o ciberseguridad. La Comisión irá abriendo convocatorias para que expertos, pero también empresas y administraciones públicas puedan tener acceso a toda esta financiación

The Digital Europe program is one of those, with a budget of nearly 7.6 billion euros that will be allocated until 2027 to five strategic areas: super computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity, the promotion of advanced digital capabilities and the digital transformation of public services and their interoperability at EU level.

The pandemic push

The EU budget is one of the basic tools that the Union has to reach its citizens and companies directly.  The budget for 2021-2027 is designed with two fundamental pillars: the green and digital transition. Digital Europe is part of this budget and “although the programme was not topped up in the final MFF agreement, it remains the most important tool to reach our goal of asserting Europe’s digital sovereignty,” said MEP Valter Flego, rapporteur for the file in the European Parliament.


THE DIGITAL EUROPE PROGRAM PLANS TO INVEST ALMOST 7,6 BILLION EUROS UNTIL 2027 IN STRATEGIC AREAS

Green and digital were both the pillars of Von der Leyen Commission strategy before covid forced many Europeans lives into digitalization and exposed some of the Union’s structural weaknesses. Covid has thus served as a catalyst to promote a change that authorities already knew it is essential if Europe does not want to be left behind in that global race to which Commissioner Breton referred.
That is why it feels especially timely that the Digital Europe program begins to unfold just now that EU is fully aware of the need. Of the nearly 7.6 billion to be distributed by this program, supercomputing takes the largest share, 2.22 billion to develop and strengthen the Union’s data processing and supercomputing capabilities by buying supercomputers capable of making at least one billion trillion calculations per second.

The geopolitics of technology

Europe is far from supercomputing powers like the United States or Japan, and while technology has become key to any geopolitical strategy, the EU has acknowledged that it has to accelerate. After computing, the second priority of the Digital Europe budget has also a lot to do with it. Artificial Intelligence will receive up to 2.1 billion euros to promote its use among companies and public administrations. However, this requires a true European data space, that facilitates secure access and storage of large amounts of data. Building a secure cloud infrastructure, energy efficient and independent of the technologies of the other international powers is another priority. Brussels considers Artificial Intelligence key to the future of Health and Mobility.


OF THE NEARLY 7,600 MILLION TO BE DISTRIBUTED, SUPERCOMPUTING TAKES MOST OF IT, SPECIFICALLY 2,220 MILLION

Speaking of the need for a secure infrastructure, Digital Europe also plans to allocate 1.6 billion euros on cybersecurity, also intertwined with technological sovereignty and geopolitics with a whole other dimension in the field of Foreign and Defence policy. The rest of the financing foreseen in this program is planned to bring digitalization to all areas of European life. Another 1 billion euros will be used to support digital projects in the field of Health or the Green Deal, linked to other large community projects such as EU4Health. The European Commission aims to strengthen the European digital ecosystem so it also wants to have a digital innovation centre in each region so both companies and public administrations from all corners of the Union would have access to cutting-edge digital technologies, such as blockchain.


AFTER COMPUTING, THE SECOND PRIORITY OF THE DIGITAL EUROPE BUDGET IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

However, any of this can be achieved if the recipients of these funds do not count with the required skills to get the most out of them. For this reason, 580 million euros of the Digital Europe program are designed to ‘train’ future experts in all these strategic areas: Artificial Intelligence, quantum technology or Cybersecurity. The Commission will open calls for experts, but also companies and public administrations to have access to all this funding.

La carrera de la supercomputación

Europa tiene camino todavía por recorrer para alcanzar las capacidades de China, Estados Unidos o Japón, potencias que tienen superordenadores de última generación con capacidades mayores que, por ejemplo, Marenostrum, el superordenador que alberga el Barcelona Computing Center (BSC) , en España. Por eso, este centro, que ya cuenta con una importante financiación europea, albergará el primer ordenador cuántico de Europa, un proyecto con el que los científicos del BSC esperan poder dejar de depender de los ordenadores cuánticos norteamericanos, que las compañías estadounidenses prestan, pero difícilmente venden en Europa.

The supercomputing race

Europe still has a long way to go to reach the capabilities of China, the United States or Japan, international super powers that have cutting-edge supercomputers with greater capacities than, for example, Marenostrum, the supercomputer hosted by Barcelona Computing Center (BSC), in Spain. To catch up, this centre, which already has significant European funding, will host the first quantum computer in Europe, a project with which BSC scientists hope to be able to stop depending on North American quantum computers, which American companies provide but hardly sell in Europe.

La ciberdefensa

“Si todo está conectado, todo puede ser hackeado”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión de este mismo año. La lógica, pues, es que si Europa consigue con éxito construir una gran y poderosa infraestructura digital también necesita las herramientas adecuadas para protegerla y, por eso, el ejecutivo comunitario defiende la necesidad de una Política Europea de la Ciber Defensa.  La Comisión estima que tanto gobiernos como el sector privado invertirán hasta 4.500 millones de euros en desarrollo de tecnologías de ciberseguridad hasta 2027, unas inversiones que, según Bruselas, deberían venir también de los ministerios de Defensa y Seguridad. La importancia que le da el ejecutivo comunitario a esta dimensión de la tecnología es tal que Rumanía albergará un nuevo centro europeo de ciberseguridad en su capital, Bucarest.

Cyber Defensive

«If everything is connected, everything can be hacked,» said European Commission President Ursula Von der Leyen in her State of the Union speech earlier this year. The logic is that if Europe succeeds in building a large and powerful digital infrastructure, it also needs the proper tools to protect it and, therefore, the executive defends the need for a European Cyber Defence Policy. The Commission estimates that both governments and the private sector will invest up to 4.5 billion euros in developing Cybersecurity technologies by 2027, investments that, according to Brussels, should also come from the ministries of Defence and Security. The importance that Brussels is giving to this dimension of technology is such that Romania’s capital will host a new European Cybersecurity center.

La brecha digital

La pandemia de coronavirus hizo más evidente todavía la llamada brecha digital. Mientras hablamos de superordenadores y complejos sistemas anti-hackeo, en algunos países hasta el 32% de los alumnos no recibieron clase durante varios meses al principio de la pandemia por falta de recursos digitales en el sistema educativo, un factor que el Parlamento Europeo considera que puede conllevar menores ingresos futuros de esa generación, así como menor incremento de la productividad laboral y la competitividad del conjunto de la Unión. Por eso, también gran parte del fondo de recuperación está vinculado a la transición digital.

The digital gap

The coronavirus pandemic also made the so-called digital gap even more evident. While we are writing about supercomputers and complex anti-hacking systems, in some countries up to 32% of students did not receive a class for several months at the beginning of the pandemic due to lack of digital resources in the education system, a factor that the European Parliament believes it may lead to lower future incomes of that generation, as well as a lower increase in labour productivity and competitiveness for the Union as a whole. For this reason, a large part of the recovery fund is also linked to the digital transition.

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

Comisión Europea. Artículo en el blog del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la geopolítica de la tecnología.

Article on the blog of the Internal Market Commissioner, Thierry Breton, on the geopolitics of technology.

Carnegie Europe. Artículo del think tank Carnegie Europe sobre la soberanía tecnológica y el papel de la tecnología en la defensa.

Carnegie Europe think tank article on technological sovereignty and the role of technology in defense.

Instituto Real El Cano. Artículo del investigador de El Cano Félix de Arteaga sobre la dimensión geopolítica de la digitalización.

Article by the researcher at El Cano Félix de Arteaga on the geopolitical dimension of digitization.

«Covid y las democracias complejas», por María Andrés

ÁMBITO EUROPEO

 
MARÍA ANDRÉS

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

 

Covid y las democracias complejas

@MariaenEUropa

El filósofo Daniel Innerarity declaró recientemente que “la principal amenaza de la democracia hoy no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad”. Explicaba cómo la política del siglo XXI opera en un entorno globalizado de elevada complejidad (el efecto contagio de las crisis financieras, el reto de las migraciones, el cambio climático…) y no puede actuar con estructuras o administraciones diseñadas para enfrentarse a los problemas del siglo XX. La explosión de una pandemia de coronavirus en todo el mundo no es sino otro doloroso ejemplo de ello.

En marzo de 2020, las instituciones de la Unión Europea entendieron que la respuesta al fenómeno de la Covid 19 exigiría a su vez la toma de decisiones globales, coordinadas y, sí, complejas. Año y medio después, el milagro del acceso equitativo a las vacunas es hoy una realidad para 450 millones de ciudadanos europeos. Y sin embargo, la simplicidad de la que hablaba Innerarity (en este caso, en forma de discursos populistas y antivacunas) continúa reapareciendo en forma de amenaza para la salud de nuestras democracias.

A pesar de que todos los Estados miembros tienen ya su acceso a las vacunas garantizado para toda la población adulta, basta darse un paseo estadístico por los países de la UE para ver la correlación directa entre la tasa de inmunidad con el auge del virus y nuevos confinamientos. En España (81,4% de población adulta vacunada con al menos una dosis el pasado 4 de noviembre) afrontamos de momento este último repunte de coronavirus sin grandes restricciones adicionales y con una tasa de incidencia moderada.

Pero no es el caso de otros países del norte y este de la UE, donde los expertos atribuyen la gravedad de la situación (UCIs saturadas, picos récord de infección y nuevos confinamientos selectivos) a la llegada del frío -cierto que este factor afecta en menor grado en el sur- y a la expansión de la variante delta en poblaciones con muy bajo porcentaje de vacunación. Léase Bulgaria (22,2% de población vacunada con al menos una dosis), Rumanía (36,8%), Estonia (60%), Hungría (62%), Letonia (63%), Austria (65%), o incluso Alemania (69%). El gobierno austriaco ha tomado incluso la drástica decisión de confinar selectivamente a los adultos todavía no inmunizados contra la Covid.

En las democracias del siglo XXI necesitamos entender que los problemas globales y complejos exigen decisiones parejas, e instituciones que sepan adaptarse y reforzar su capacidad de prevención, flexibilidad y resiliencia. Esos son los objetivos de fondo que deben gobernar la nueva estrategia de la UE contra futuras emergencias sanitarias. Y estas son, también, las razones que llevaron a la Presidenta de la Comisión Europea a proponer la creación de una nueva Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, en sus siglas en inglés).

El objetivo de esta futura agencia biomédica será adelantarse a futuras crisis sanitarias transfronterizas, reforzando la capacidad de la UE para prevenirlas, detectarlas y responder rápidamente ante ellas. La HERA dispondrá de un órgano negociador que dé respuesta a necesidades sanitarias como la distribución de material médico o el desarrollo, compra y distribución de medicamentos y vacunas.

Si la Covid-19 debe servir para algo, que sea para acabar con los milagros improvisados y profesionalizar nuestra respuesta común a los problemas globalizados. Así, frente a las voces que critican la idea por su potencial duplicidad con otros organismos, la implicación presupuestaria o su injerencia en la competencia sanitaria nacional de cada país, me parece fundamental explicar los argumentos que en mi opinión justifican esta nueva arquitectura más compleja.

Estoy convencida de que HERA ayudará a incorporar las lecciones de estos dos últimos años y asegurar todas las medidas extraordinarias de emergencia con las que se reinventó la UE en 2020 -compra anticipada de vacunas, refuerzo y coordinación de los sistemas sanitarios nacionales- se automaticen en el futuro con el desarrollo de nuevos procedimientos, estructuras y capacidades comunes en la Unión.

La propuesta de la Comisión servirá para crear un nuevo organismo paraguas, útil en escenarios de crisis para coordinar y complementar otros actores ya existentes en Europa pero de alcance limitado, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades -que recopila información sobre enfermedades infecciosas en la UE pero no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre otras amenazas para la salud, ni en contratación pública o en la toma de contramedidas médicas- o la Agencia Europea del Medicamento -que evalúa las solicitudes de autorización comercial de medicamentos y su seguridad, pero carece de competencias para comprar o desarrollar nuevos antibióticos o vacunas-.

Y todo ello, detalle importante, sin la necesidad de cambiar los Tratados de la UE y respetando las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la Salud. Serán los países de la UE los que compongan el consejo de dirección de esta nueva autoridad, junto con la presidenta de la CE y otros comisarios relevantes.

De crisis pasadas hemos aprendido, además, que sin dinero no hay política que funcione. HERA contará con una financiación de 6.000 millones de euros para el periodo 2022-27, movilizando también financiación privada a través del Banco Europeo de Inversiones. HERA será además solo una parte de todos los programas de la UE que contribuyen directa o indirectamente a la preparación ante futuras emergencias sanitarias en Europa.

No podemos perder de vista los 5.100 millones de UEproSalud (EU4Health), el mayor programa de salud en términos monetarios de la UE y que servirá para financiar el desarrollo de recursos médicos. O la futura Estrategia Farmacéutica para Europa, que desarrollará normas para apoyar la industria en la investigación, tratar las actuales deficiencias del mercado y asegurar una cadena de abastecimiento segura y más corta. ¿Sabían que en el inicio de la pandemia descubrimos que nuestras industrias no producen ni un gramo de paracetamol en Europa?

¿Por qué cada día hay más alérgicos?

CONSUMO

¿Por qué cada día hay más alérgicos?

Hasta un 30% de los europeos tiene alguna alergia diagnosticada, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. Una predisposición genética que, unida a aspectos ambientales y ciertos hábitos cotidianos, es el origen de esta enfermedad a la que hay que prestar la atención necesaria.

MARIÁN LEZAUN

Si no se toman medidas, las alergias condicionan la calidad de vida de los afectados y, en algunas ocasiones, pueden tener consecuencias graves. En los últimos años, el número de afectados ha crecido notablemente, especialmente entre los niños. Un 2% de los más pequeños muestran reacciones alérgicas, sobre todo a determinados alimentos. El origen de este aumento está en los factores climáticos, en la contaminación, en el uso de aditivos y conservantes, en el mayor consumo de medicamentos y en una mayor higiene.

¿Alergia o intolerancia?“Hace tres años, mientras manipulaba un producto industrial para hacer unas fotos comencé a sentir cierto malestar en la piel. Lo que parecía algo sin importancia dio paso a una urticaria permanente que duró meses sin que ningún especialista resolviese el problema. Después de investigar la composición de dicho producto y de descartar otras patologías, el problema resultó ser una alergia al níquel, un metal muy presente en nuestra vida cotidiana: cremalleras, bisutería, estropajos, hebillas, monedas, etcétera. Un contacto continuado a ese material me impidió hacer una vida normal durante semanas. Por suerte, al tratarse de una dermatitis de contacto, se podía controlar fácilmente, pero no siempre es así”, explica María, responsable de marketing en una empresa que fabrica piezas de repuesto para coches. La casualidad hace que muchas personas se den cuenta de que han desarrollado una alergia o que hay algo en el ambiente que no les sienta bien. Berta es cocinera y tiene alergia al látex, a las frigorías y a la avena. Es decir, tiene que revisar los guantes y materiales que utiliza en el trabajo, los geles y cremas que usa en su higiene diaria, pero también debe evitar las bebidas con hielo, los baños en agua demasiado fría o salir a la calle poco abrigada. Son situaciones que trastocan nuestros hábitos pero que, si se conocen a tiempo, permiten llevar una vida normal.

Pero, ¿qué es exactamente una alergia? ¿Es lo mismo que una intolerancia? Según los expertos, hay que diferenciar bien las dos situaciones. La alergia se produce cuando el sistema inmunitario de una persona reacciona a algo que normalmente es inofensivo para el resto. Así, si la persona entra en contacto con una sustancia (alérgeno) que el sistema inmunitario considera una amenaza, este responde liberando una sustancia química llamada histamina, que es la que provoca las reacciones alérgicas. Entre ellas, urticaria, vómitos, diarreas y en los casos más graves, una anafilaxia (reacción grave e incluso mortal que afecta al sistema respiratorio y circulatorio). Las alergias pueden ser crónicas, estacionales, alimentarias o provocadas por picaduras de insectos y se pueden eliminar o atenuar. Para su diagnóstico se utilizan análisis de sangre, punciones cutáneas y desafíos alimentarios (pruebas monitorizadas del supuesto alérgeno).

Por su parte, la intolerancia alimentaria es, de entrada, menos grave que la alergia y también menos numerosa. “Se trata de una reacción adversa del organismo ante la ingesta de determinados alimentos, aditivos y conservantes que provocan en el sistema inmunológico la formación de anticuerpos frente a proteínas de determinadas sustancias alimentarias”, según explican en la plataforma de especialistas médicos, Top Doctors. Y aunque cualquier alimento es susceptible de provocar una intolerancia, los más comunes son los huevos, el pescado, la leche, los frutos secos, el marisco, la soja, el gluten y algunas harinas y levaduras.

Niños alérgicos. Lo que llama la atención de los expertos es, no obstante, el aumento de personas alérgicas, según recoge la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap). De hecho, el crecimiento ha sido notable en los niños. Y es que, según los expertos, estas alergias pueden desarrollarse tanto por la alimentación de la madre durante el embarazo como por la dieta que se le da a los bebés y niños durante los primeros años de vida, pero hay muchos otros factores a tener en cuenta. La causa es multifactorial y el aumento de las alergias va paralelo a nuestro estilo de vida. “El control de las enfermedades infecciosas, con el uso masivo de antibióticos y de vacunas desde el inicio de la vida; la disminución de estímulos bacterianos sobre un sistema inmunológico en desarrollo; la contaminación; la multiplicación de exposiciones a alimentos muy elaborados, con muchos ingredientes; e incluso el aumento de la potencia alergénica de algunos alérgenos, pueden ser algunos de los factores relacionados con este incremento en la frecuencia de alergias”, explica Gabriel Gastaminza, especialista en alergología de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona. Gastaminza asegura, además, que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede desarrollar una reacción alérgica. “Es verdad que determinadas alergias son más frecuentes en determinados grupos de edad, pero hoy en día se diagnostican pacientes alérgicos al polen incluso en personas de 60 o 70 años”.

¿Tienen cura? Sin embargo, para los afectados, la clave está en cómo eliminar las alergias o minimizar sus consecuencias. Además de la medicación para controlar los efectos, las alergias también se pueden erradicar. Para ello es fundamental conocer cómo funciona el organismo en estas situaciones. En general, cuando se desarrolla alergia se producen anticuerpos IgE (inmunoglobulina) contra sustancias ambientales que respiramos, ingerimos o tenemos contacto directo en la piel. Esta producción de anticuerpos IgE pueden disminuir con el tiempo si no estamos en contacto con esta sustancia, aunque el organismo tiene memoria y ante una posible exposición a esta sustancia, producen anticuerpos IgE de nuevo. “Hay dos circunstancias que frenan la respuesta alérgica. Una ocurre en la primera infancia, cuando se desarrolla alergia a las proteínas de la leche de vaca o al huevo. Como el sistema inmunológico del niño se está desarrollando, si retiramos estos alimentos durante unos años mientras presenta alergia a los mismos, podemos conseguir eliminar la producción de IgE frente al alimento, y el organismo como respuesta también elimina las células con memoria para estos alimentos”, explica Ángel Ferrer, alergólogo del Hospital Vithas de Alicante. “Y la segunda circunstancia consiste en la administración de inmunoterapia (vacunas de alergia) frente al alérgeno, ya sea polen, ácaros, hongos, epitelios de animales, veneno de himenópteros (abeja, avispa), látex o determinados alimentos. Con la inmunoterapia conseguimos bloquear la respuesta específica IgE frente a ese alérgeno, y el paciente alérgico puede tolerar la exposición o ingesta de esta sustancia alergénica. Dentro de este grupo también estaría un mecanismo llamado desensibilización, que consiste en una exposición continuada baja y mantenida diariamente del alérgeno (sustancia que produce alergia), manteniendo la tolerancia al alérgeno mientras se administre todos los días”, comenta este profesional.

Las alergias más comunes

La rinitis alérgica es hoy la patología prevalente entre la población adulta, según Ángel Ferrer Torres, alergólogo del Hospital Vithas Alicante Medimar Internacional. Mientras, en el caso de los niños, la dermatitis atópica es la más frecuente.

“La mayor incidencia de alergia alimenticia en la población es debida a la reducción de la diversidad de la flora microbiana del intestino, por reducción de la exposición ambiental a bacterias y hongos en la infancia, así como la poca diversidad alimenticia en la primera infancia, no favoreciendo el desarrollo adecuado del sistema inmune”, explica este experto. Además, nos encontramos con una segunda ola alérgica que está desarrollando alergia a determinados alimentos (melocotón, kiwi, marisco, frutos secos, etc.) en adultos en los países desarrollados. Otras manifestaciones clínicas de esta enfermedad son el asma en niños y adultos, y con menor frecuencia la dermatitis de contacto por materiales habituales o profesionales, las reacciones alérgicas con las picaduras de himenópteros e insectos y algunos casos de urticaria. Sin embargo, el tipo de reacciones alérgicas que está aumentando más en frecuencia y gravedad son sobre todo las alergias a alimentos. “También está aumentando la frecuencia de alergias a medicamentos, que probablemente está relacionada con el aumento del arsenal terapéutico del que disponemos; con el uso de fármacos biológicos que alteran el sistema inmunológico, y con el envejecimiento de la población, ya que cuanto mayor es la edad, más exposición hay a diversos tipos de fármacos”, explica Gabriel Gastaminza, alergólogo de la Clínica Universidad de Navarra.

Para saber más

Seicap: La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap) dispone en su página web de información específica sobre alergias infantiles y cómo actuar.

Thermofisher: Este laboratorio especializado en productos de análisis, ofrece en su web una amplia información sobre alergias, las pruebas para detectarlas y su tratamiento.

Teknon: En la web de la clínica se explican las diferencias entre alergias y otras patologías, así como las pruebas para detectarlas.

Topdoctors: La plataforma de especialistas médicos dispone de un diccionario para aclarar dudas sobre cualquier enfermedad, incluidas alergias e intolerancias.

Con la salud no se comercia

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Con la salud no se comercia

Cuidar de nuestra salud nos lleva, en ocasiones, a confiar en mensajes publicitarios sin demasiado fondo científico e incluso engañosos. Para evitar cualquier problema o vacío legal, la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado por unanimidad una moción o propuesta que insta al Gobierno a proteger mejor al consumidor ante este posible abuso.

MARIÁN LEZAUN

Alimentos con fórmulas mágicas para combatir nuestras dolencias, compuestos que prometen mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo e incluso medicamentos contra el cáncer o la demencia se venden en internet sin ningún reparo, pero también en algunos establecimientos físicos como farmacias y parafarmacias. El problema surge cuando esos productos no cuentan con un desarrollo científico detrás, no son necesarios (como es el caso de muchos suplementos alimenticios) y no consiguen aquellos resultados que prometen. El caso Minerval, un producto anticancerígeno que se empezó a comercializar antes de tiempo y sin estar autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sacado a la luz un tema de salud pública y ha obligado al Gobierno a tomar medidas. También, el reciente asunto de la ozonoterapia aplicada a los pacientes con coronavirus pone de manifiesto el uso en hospitales públicos de terapias sin las necesarias evidencias científicas.

Vacíos legales. Para paliar los vacíos legales, desde la Agencia Española del Medicamento confirman a Escritura Pública que “actualmente se está desarrollando el nuevo proyecto de Real decreto que regulará la publicidad de medicamentos y productos sanitarios. Incluirá requisitos adicionales para garantizar una correcta publicidad y promoción tanto de medicamentos como de productos sanitarios”. Pero los expertos reconocen que saber si estamos ante un fraude es más sencillo de lo que parece. Se trata de estar alerta y contrastar la información. “Debemos huir de aquellos productos que se publicitan como la solución única para nuestros problemas de salud, que sirven para todo tipo de patologías o cuando hacen referencia a que en poco tiempo solucionan el problema. Todos estos son ejemplos de elementos que nos deben de poner en alerta y sospechar que estamos ante una publicidad engañosa”, explica Daniel Fernández, experto de la dirección de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos.

De todos modos, para tranquilizar al consumidor, los expertos consultados por la revista reconocen que hoy en día no se retiran muchos productos del mercado por incumplir las normas necesarias. “El mercado nacional y europeo es muy garantista en cuanto a la seguridad de los ciudadanos y enseguida se ponen en marcha los mecanismos necesarios para retirar el producto en cuanto hay algún problema de seguridad”, añade Fernández. En la misma línea, fuentes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) aseguran que la normativa existente en materia de publicidad protege al consumidor contra la publicidad ilícita, que considera como tal, entre otra, aquella que se considere engañosa, desleal o agresiva. “La normativa contempla asimismo mecanismos de control (por ejemplo, la acción de cesación o suspensión), que pueden ejercer quienes tienen esa capacidad legalmente reconocida”. No obstante, esto no excluye una responsabilidad y libertad individual, y una distinta percepción del riesgo en cada persona, esferas a las que la Administración no puede llegar. “Desde mi punto de vista se debería desarrollar un criterio uniforme por parte de las autoridades, con el que se identifiquen los mecanismos que diferencien la publicidad de un producto sanitario o la publicidad sobre servicios médicos o tratamientos médicos, que pueda considerarse engañosa”, añade Ricardo de Lorenzo, director del Máster de Derecho Sanitario de la Universidad San Pablo-CEU. “Especialmente cuando los productos sanitarios objeto de esos servicios médicos o tratamientos requieran de un seguimiento adicional por parte de profesionales sanitarios y, por lo tanto, sean mucho más sensibles de cara a ser promocionados indirectamente a través de la publicidad de un tratamiento médico”, insiste.

Escuchar siempre. Por eso, desde la Agencia Española del Medicamento explican que el principal mensaje es adquirir los medicamentos en los canales legalmente habilitados para ello, que en España son, principalmente, las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia hospitalaria. “Comprar medicamentos fuera de estos canales implica un riesgo para la salud de los consumidores. Esta recomendación opera igualmente al comprar medicamentos en internet: solo deben adquirirse medicamentos sin receta en aquellas páginas que muestren el logotipo único de la UE y que aparezcan en el listado correspondiente”. Para ello, se recomienda consultar el listado en la página web de la organización (aemps.es).

Además, los expertos recomiendan consultar cualquier duda en la farmacia y evitar problemas a medio plazo. Según explica Fernández, “el farmacéutico es un profesional sanitario accesible y de confianza, que desempeña un papel primordial en la dispensación de este tipo de productos, siendo la farmacia comunitaria punto sanitario de referencia en la detección precoz de distintas patologías”. El farmacéutico tiene también un papel clave en la vigilancia de los posibles efectos adversos que estos productos pudieran causar, realizando la correcta notificación del incidente y proporcionando al paciente la información útil y necesaria para mejorar su estado de salud.

La publicidad de los productos sanitarios

La publicidad de los medicamentos y los productos sanitarios tiene sus propias normas. Así, son el Real Decreto de Productos Sanitarios y el Real Decreto Legislativo 1/2015 sobre Publicidad de Medicamentos y Productos Farmacéuticos los que rigen todo lo relativo al sector. También existen algunas excepciones. Por ejemplo, existen determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro (pruebas no invasivas usadas sobre muestras biológicas), que tienen su normativa específica y que, en ocasiones, dificulta el control publicitario. Además, todo el sector tiene un sistema de autorregulación propio liderado por FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), que ha publicado su propio Código Ético. Sin embargo, no siempre es fácil ajustarse a la ley. Según Ricardo Gil, director del Máster de Derecho Sanitario de la Universidad San Pablo-CEU, “el problema principal es la dificultad de encaje de determinados productos que podemos considerar medicamentos o productos cosméticos”. Desde la institución también abogan “por una unificación normativa en materia de publicidad y promoción de los productos sociosanitarios que facilitaría conocer los límites de la publicidad”.

Por si las dudas

AEMPS: Toda la legislación y órdenes que afectan a la publicidad de los medicamentos se encuentra en esta web. También se puede consultar toda la información disponible sobre la industria farmacéutica y sus operadores.

THOMSON REUTERS: El portal jurídico de la editorial explica los pormenores de la ley para saber si estamos ante un caso de fraude o si se están incumpliendo los requisitos de la publicidad.

Fenin: En la página de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria se puede consultar el código ético por el que se rige el sector.

El caso Minerval

Minerval fue un medicamento para curar el cáncer que comenzó a venderse cuando se encontraba en fase de ensayo clínico. Miles de personas afectadas por la enfermedad comenzaron a hacer pedidos online de dicho remedio. Desconocimiento o desesperación llevó a miles de enfermos a comprar este producto que no cumplía su propósito y el asunto llegó a los tribunales. En el auto de la decisión ya se reconoce que el producto es «un medicamento designado como huérfano -es decir, destinado a un pequeño grupo de personas y poco rentable para la industria farmacéutica- por la Agencia Europea de Medicamentos», y subraya que su comercialización no estaba autorizada «limitándose su utilización a ensayos clínicos previamente autorizados y eventualmente al uso excepcional en situaciones especiales previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), no constando ninguna solicitud ni autorización para el uso de tal producto». Para Ricardo de Lorenzo, director del Máster de Derecho Sanitario de la Universidad San Pablo-CEU, “el caso Minerval dista de una publicidad o promoción en productos sanitarios. Fue un caso de presunta estafa por vender un medicamento en fase de ensayo clínico sin estar autorizado por la AEMPS, como medicamento con todas las garantías para la cura del cáncer. En cualquier caso, demuestra hasta dónde puede llegar una información engañosa y los efectos que puede tener en los ciudadanos”.

Carrera mundial para acabar con la Covid-19

EN PLENO DEBATE

Carrera mundial para acabar
con la Covid-19

Poner fin a la pandemia iniciada en 2020 por el coronavirus SARSCoV-2, que ha causado millones de contagios y fallecidos en todo el mundo, se ha convertido en un objetivo común en los cinco continentes. Frenar el avance de la COVID-19, según los expertos y científicos, pasa inevitablemente por vacunar a la población mundial. Esta carrera por lograr una vacuna ha producido una situación hasta ahora desconocida: la reducción en el periodo de elaboración de vacunas y de su aprobación por las autoridades sanitarias.

MARTA RUIZ-CASTILLO

La empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTec fueron los primeros en anunciar una vacuna contra la COVID-19 en diciembre de 2020 y ya está en el mercado, con una eficacia, según dicen, del 95%. Desde febrero han salido otras que se están distribuyendo. Es el caso de la estadounidense Moderna, con una efectividad, asegura, de algo más del 94%. Al igual que la de Pfizer, su principio activo es ARNm, lo que permite codificar la proteína de spícula del SARS CoV-2.

La británica AstraZeneca, al cierre de esta información, atravesaba momentos difíciles, ante el fiasco por los constantes incumplimientos de las entregas comprometidas y la alerta social por algunos episodios trombóticos y su posible o no relación con la vacuna. La vacuna rusa Sputnik 5, pese a las reticencias expresadas en un primer momento, es una de las más eficaces (el 91,6%), afirma el Gobierno de Vladimir Putin. Basada en «adenovirales humanos» y no en el principio activo ARNm, ya ha sido registrada en más de 30 países.

La OMS dispone de un sistema de control y seguimiento de todas las vacunas que están en el mercado y las que están en proceso de aprobación, entre las que se incluyen las chinas Zhifei Longcom e IMBCAMS, sin fecha conocida de salida; la también china Sinopharm/BIBP, a punto de salir en marzo, y otra china, Sinovac, que está en el mercado desde febrero. Están también la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que se espera para primeros de mayo o junio; la franco-británica Sanofi-GSK, que dispone de uno de los principales laboratorios en España; la belga Janssen Pharmaceutica NV; la alemana CureVac, que se ha asociado a Bayer para elaborar la vacuna, y Novavax, de Estados Unidos, que tiene como socio al grupo gallego Zendal, por citar sólo las más adelanta-das. ¿Cuál es mejor? No está claro. Los expertos y las autoridades sanitarias de los países mandan mensajes de tranquilidad a los ciudadanos y aseguran que todas las vacunas que se están administrando cumplen con los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia.

Ningún país sin vacunar
«No estaremos a salvo si hay países que vacunan a sus ciudadanos y hay otros países que no lo hacen». Así de contundente se expresó en enero en Davos el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, poniendo de manifiesto su preocupación por una vacunación desigual entre países ricos y pobres. En su declaración manifestó también la necesidad de «colaborar» entre todos para que las vacunas lleguen a todos los rincones del planeta, porque – y en esto coincide con los virólogos – sólo una inmunidad de rebaño es capaz de frenar al SARS CoV-2.

El proceso de vacunaciones por países

A finales de febrero, los cinco países con un mayor número de dosis de vacunas contra el coronavirus administradas por cada 100 habitantes, según la plataforma estatista.com eran, Israel, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Bahréin y Serbia.  A la cola estaban países como Indonesia, India, Bangladesh, Rusia, China y Brasil. España se encontraba en el medio junto a Alemania, Italia, Francia o Canadá. En todo caso, se trata de un ranking que varía a diario en función de la llegada de nuevas dosis y de la capacidad material y humana de cada país para administrarlas.

En España, la primera etapa de vacunaciones se inició entre diciembre y febrero con la llegada de las primeras dosis destinadas a residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, personal sanitario y sociosanitario de primera línea, oro personal sanitario y sociosanitario, y grandes dependientes no institucionalizados. La etapa 2 está en proceso desde febrero y, según el Gobierno durará hasta junio.

El 10 de febrero, UNICEF y la OMS, en una declaración conjunta, informaron de que «de los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países, que representan el 60% del PIB mundial». Y añadieron: «casi 130 países, con 2.500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis». Aparte de que esta forma de actuar supone costes en vidas, «da-rá al virus nuevas oportunidades para mutar y evadir las vacunas y socavará la recuperación económica mundial». Por eso, ambos organismos instaron a todos los gobernantes a mirar «más allá de sus fronteras» y a llevar a cabo una estrategia de vacunación generalizada que pueda «efectivamente acabar con la pandemia y frenar las variantes» que se están produciendo en algunos países. «La COVID-19 ha demostrado que nuestros destinos están inextricablemente unidos. Ya sea una victoria o una derrota, será de todos», concluyeron.

En este sentido destaca el Mecanismo COVAX, una colaboración mundial destinada a agilizar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19, en el que la UE participa desde septiembre. Reúne a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, filántropos y organizaciones sanitarias mundiales. El 19 de enero de 2021, la Comisión Europa anunció la creación de un mecanismo para el reparto de vacunas compartidas por los Estados miembros y los países socios «a través de un enfoque de Equipo Europa, prestando especial atención a los Balcanes Occidentales, a nuestros vecinos orientales y meridionales y a África».

Fases de las vacunas.
La OMS propone que, mientras los recursos sigan siendo escasos, los programas de vacunación deben dar prioridad a ciertos grupos demográficos en detrimento de otros, antes de ampliar progresivamente la distribución de dosis para abarcar a toda la población. Se trata de «reducir la incidencia de los tipos graves de la enfermedad, las defunciones y proteger los sistemas de salud». Considera fundamental que se vacune primero a los llamados «grupos demográficos prioritarios», determinados por los datos científicos y que tienen en cuenta también las diferencias entre los diversos entornos geográficos y socia-les. Según acordó el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, esos grupos prioritarios son: trabajadores sanitarios y de asistencia social que están en primera línea; mayores de 65 años y menores de 65 con otras patologías a los que el coronavirus pueda causarles un mayor riesgo de perder la vida.

En una primera fase, los países que participan en el Mecanismo COVAX ya han empezado a recibir de manera simultánea vacunas suficientes para inmunizar a los grupos demográficos prioritarios de su población, «hasta lograr una cobertura de aproximadamente el 20% de la población en todos los países». En la mayoría de los países, el primer grupo al que se le da prioridad es a los trabajadores de primera línea en el ámbito sanitario y de la asistencia social, lo que representa en torno al 3% o menos de la población. Según vayan saliendo más vacunas y aumente el número de dosis, la OMS espera llegar a ese 20% de población vacunada por país en los próximos meses. En la fase 2, la OMS indica que, en el caso de que siga habiendo limitaciones considerables de existencias de vacunas, las nuevas dosis se distribuirán en función del riesgo y las graves repercusiones que la COVID-19 genere en el conjunto de un país, en países con sistemas de salud vulnerables, y en países cuyas poblaciones sean vulnerables.

OTROS ENFOQUES

Entrevista a la primera enfermera vacunada e inmunizada de España después de recibir las dos dosis, quien aprovecha para animar a la población a vacunarse.

La analista Elena Sanz habla con la viróloga española Margarita del Val, para quien sólo un reparto equitativo de las vacunas «nos dará paz y salud».

Interesante comparativa de las vacunas contra la COVID-19 e información sobre cómo se están llevando a cabo las campañas de vacunación en Reino Unido y el resto del mundo.

La vacuna española

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja en tres vacunas, de las cuales, una está más adelantada. El proyecto, dirigido por los virólogos Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que ha sido destacado en la revista Journal of Virology, se deno-mina MVA-CoV-2-S y ha sido probado con eficacia en animales, por lo que está listo para seguir avanzando hacia las pruebas clínicas.

“Hemos observado que el candidato vacunal MVA-CoV-2-S genera una respuesta inmu-nitaria robusta con producción de anticuerpos neutralizantes y activación de linfocitos T en ratones”, explica Mariano Esteban, que dirige el laboratorio de poxvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), en declaraciones publicadas en la pági-na web del CSIC. “Hemos descrito que la vacuna confiere una protección del 100% con-tra el SARS-CoV-2 en un modelo de ratón humanizado susceptible a la infección por SARS-CoV-2, lo cual es muy importante”, subraya Juan García Arriaza.

El CSIC colabora con la empresa biotecnológica española Biofabri, perteneciente al gru-po Zendal, para producir la vacuna en condiciones de uso en seres humanos.