La tiranía del edadismo

EN EL ESCAPARATE

LA TIRANÍA DEL EDADISMO

Pensar que las personas mayores no pueden aportar nada o considerar a alguien demasiado mayor o joven para un trabajo son formas habituales de edadismo, una discriminación tan generalizada que Naciones Unidas la considera un problema mundial. El edadismo, que afecta sobre todo a las personas de más edad, conduce a una salud más pobre, al aislamiento social y tiene un alto coste económico. Es necesario sensibilizar a la población sobre sus consecuencias y actuar con rapidez para combatirlo.
ELVIRA ARROYO

La edad, una de las primeras características que observamos en los demás, está relacionada con procesos biológicos, pero también se configura socialmente, al asociarse con conceptos que son a menudo discriminatorios. Hablamos de edadismo cuando la edad lleva a categorizar a las personas por atributos que ocasionan daño o desventaja. Se manifiesta en forma de prejuicios, exclusión y políticas institucionales que perpetúan ciertas creencias estereotipadas.

Se calcula que la mitad de la población mundial tiene actitudes edadistas. Según la Encuesta Social Europea, uno de cada tres mayores europeos ha sufrido las consecuencias del edadismo. Naciones Unidas advierte que esto afecta a millones de personas y constituye un problema grave de derechos humanos. Así lo recoge el Informe mundial sobre el edadismo, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se analiza su alcance y se identifican las estrategias para hacerle frente.

Una cuestión global

A diferencia de otros “ismos”, como el racismo o el sexismo, el edadismo tiende a ser más aceptado y está más extendido. Afecta a personas de cualquier edad, aunque los jóvenes y los mayores suelen ser los más desfavorecidos. En los jóvenes se refleja en dificultades para acceder al empleo, la vivienda y la política, donde sus voces suelen ignorarse o rechazarse.

En las personas mayores, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social, inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras. Los adultos mayores con actitudes negativas sobre el envejecimiento pueden vivir 7,5 años menos que los que tienen actitudes positivas. Además, se estima que 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo.

 


NACIONES UNIDAS ADVIERTE QUE EL EDADISMO AFECTA A MILLONES DE PERSONAS Y CONSTITUYE UN PROBLEMA GRAVE DE DERECHOS HUMANOS


 

En algunas sociedades, los sistemas sanitarios reducen los cuidados a largo plazo reduciendo los recursos destinados a la patología crónica o excluyendo a los adultos mayores de ciertos tratamientos. A esto se suman otras desventajas como la dificultad para acceder a servicios en los que la transformación tecnológica impone elementos comunicativos que suponen una brecha digital, así como prejuicios relacionados con el sexo, la raza y la discapacidad.

Una idea bastante común es que las culturas orientales (China, India, Japón, Filipinas, Vietnam…) muestran hacia los mayores un respeto superior que en las culturas anglófonas (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos) y en Europa. Concretamente, Japón, conocido por celebrar el Día del Respeto a los Ancianos y por la longevidad de su población, es uno de los países donde los mayores son más valorados. No obstante, un análisis realizado por la OMS en 57 países encontró que las culturas anglófonas y Europa mostraban un mayor aprecio por las personas mayores. Aun así, la propia OMS advierte que, cuando se habla de edadismo, no conviene hacer generalizaciones geográficas.

Concepto social

La consideración de persona joven o mayor depende en gran medida del contexto y el entorno cultural. Una persona de 18 años puede ser demasiado mayor para aprender a ser gimnasta de competición y, a la vez, demasiado joven para ocupar un puesto político de gran responsabilidad. Las distintas culturas difieren también entre sí en lo que respecta a lo que se considera vejez, edad mediana y juventud. Hace un siglo, en Europa occidental y América del Norte, la vejez comenzaba mucho antes que hoy, mientras que sigue abierto el debate sobre la necesidad de fijar el umbral de la tercera edad más allá de los 65 años, porque esta edad biológica ya no se corresponde con la imagen real del envejecimiento.

 


LOS ADULTOS MAYORES CON ACTITUDES NEGATIVAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PUEDEN VIVIR 7,5 AÑOS MENOS QUE LOS QUE TIENEN ACTITUDES POSITIVAS


 

De forma inconsciente, los pensamientos relacionados con la edad, incluidos los edadistas, se asimilan desde la primera infancia. El informe de la OMS destaca que, a partir de los 4 años, los niños perciben los estereotipos existentes en su cultura respecto a la edad mediante las señales que captan de las personas que tienen a su alrededor. Curiosamente, se hizo un experimento que consistía en enseñar a niños de infantil y primaria dibujos que representaban a un hombre en cuatro etapas de la vida, y dos tercios del alumnado consideraron al hombre de mayor edad indefenso, incapaz de cuidar de sí mismo y pasivo.

Cómo se manifiesta

El edadismo se expresa en tres niveles que se potencian mutuamente: institucional, interpersonal y autoinfligido.

El edadismo institucional se refiere a las leyes, regulaciones, normas sociales y políticas que limitan injustamente las oportunidades en función de la edad. También incluye ideologías que las instituciones fomentan para justificar su edadismo. Es probable que la ciudadanía no perciba este edadismo porque esas reglas llevan mucho tiempo vigentes y se consideran normales. Son un ejemplo de ello las políticas en el sector de la salud que permiten limitar la atención sanitaria en función de la edad, las prácticas de contratación discriminatorias, o las edades de jubilación obligatorias en el sector laboral.

El edadismo interpersonal tiene lugar durante las interacciones entre dos o más personas. Aquí destacan la falta de respeto, tratar con superioridad a las personas mayores o jóvenes, no tener en cuenta sus puntos de vista en la toma de decisiones, o utilizar un vocabulario demasiado sencillo al interactuar (infantilismo) pensando que tienen menos capacidades.

El edadismo autoinflingido es el que una persona se aplica a sí misma cuando interioriza los sesgos basados en la edad que se dan en su cultura. Es el caso de las personas veinteañeras que piensan que son demasiado jóvenes para un determinado puesto de trabajo y por ello no lo solicitan. También están en esta categoría las personas mayores que no ven posible aprender nuevas competencias en una fase avanzada de la vida y descartan matricularse en la universidad o en otro tipo de formación; o aquellos que consideran sus capacidades mermadas por haber cumplido una determinada edad.

Este tipo de pensamientos tienen consecuencias. Diversos estudios demuestran que las personas con una idea negativa sobre su edad obtienen un peor rendimiento en pruebas de memoria o físicas que quienes tienen un estereotipo de edad neutral o positivo. De manera similar, se ha detectado que cuando las personas mayores son expuestas a una discriminación por edad en forma de discurso condescendiente, sus resultados cognitivos son peores.

 


UN EJEMPLO DE EDADISMO SON LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR DE LA SALUD QUE PERMITEN LIMITAR LA ATENCIÓN SANITARIA EN FUNCIÓN DE LA EDAD


 

Elevado coste

Se sabe que el edadismo tiene además un alto coste económico para la sociedad, aunque son pocos los países en los que se ha valorado este impacto. El primer estudio sobre la carga económica que supone se publicó en Estados Unidos en 2020. Una de las conclusiones fue que, en una empresa con 10.000 empleados, la desafección del personal a causa de la discriminación por la edad llevó a aproximadamente 5.000 días de absentismo laboral no justificado y a una pérdida salarial de unos 600.000 dólares. También se calculó el coste anual del edadismo en Estados Unidos en los ocho trastornos de salud más costosos para las personas de más de 60 años. Estos trastornos son: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos osteomusculares, traumatismos y lesiones, diabetes mellitus, enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, trastornos mentales y enfermedades no transmisibles. El estudio indicó que la percepción negativa del envejecimiento por parte de las propias personas mayores conlleva un gasto anual de 33.700 millones de dólares; mientras que los estereotipos negativos respecto a la edad cuestan 28.500 millones de dólares al año.

En Australia, se calcula que, si un 5% más de personas mayores de 54 años tuviera trabajo, se generarían cada año 48.000 millones en la economía del país.

 


CUANDO LAS PERSONAS MAYORES SON EXPUESTAS
A UNA DISCRIMINACIÓN POR EDAD EN FORMA
DE DISCURSO CONDESCENDIENTE, SUS RESULTADOS COGNITIVOS SON PEORES


 

Qué hacer

La lucha contra el edadismo significa cambiar la forma en la que pensamos y actuamos en relación con la edad propia y de los demás. Una de las prioridades de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 es combatir el edadismo. Por ello, Naciones Unidas instó a la OMS a elaborar, en colaboración con otros asociados, una campaña mundial de lucha contra el edadismo que se lanzó en 2021. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los 194 Estados miembros de la OMS y tiene como objetivo cambiar la narrativa en torno a la edad y el envejecimiento, así como ayudar a crear un mundo para todas las edades.

Se recomienda poner en marcha tres estrategias cuya eficacia está demostrada:

  • Políticas y legislación que aborden la discriminación y la desigualdad por motivos de edad, así como la legislación relativa a los derechos humanos.
  • Intervenciones educativas en todos los niveles y tipos de educación. Las actividades formativas ayudan a mejorar la empatía, a disipar las ideas erróneas sobre los distintos grupos de edad, y a reducir los prejuicios al proporcionar información precisa y ejemplos para contrarrestar los estereotipos.
  • Favorecer el contacto intergeneracional para acabar con los estereotipos entre grupos de cualquier edad.

En España se están promoviendo cada vez más campañas desde el ámbito público y privado para que calen en la sociedad los mensajes contra el edadismo en los medios de comunicación y redes sociales, entre otros canales.

En lo que respecta a los mayores, el Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de comprender que el envejecimiento es una etapa más de la vida y que los cambios de edad deben ser siempre respetados. También aboga por la participación informada de las personas mayores en la toma de decisiones, especialmente en aquellas en las que están implicadas.

Al mismo tiempo, es fundamental aprender a utilizar el lenguaje de forma cuidadosa para no transmitir ideas o sensaciones incómodas. Algunas palabras como “anciano” o “viejo” suelen asociarse con estereotipos que hacen ver a las personas mayores frágiles y dependientes. Del mismo modo, la palabra “infantil” se asocia a menudo con la idea de que las personas jóvenes son inmaduras.

Otro gran reto es acabar con el elderspeak o habla para personas mayores, muy frecuente no solo en la familia, sino también entre los cuidadores. Al hacerse mayores, las personas notan cómo se les empieza a hablar de forma diferente, como si no comprendieran lo que se les está diciendo. Observan que los demás elevan su tono de voz, les hablan más despacio o les dicen frases más cortas. Mención aparte merecen las conversaciones en tono infantil (“hola Luisita, ¿qué tal estás, bonita?”, “vamos a darte una duchita antes de salir a la calle”). La solución es tan sencilla como tratarlos de igual a igual.

 


EN AUSTRALIA, SE CALCULA QUE SI UN CINCO POR CIENTO MÁS DE PERSONAS MAYORES DE 54 AÑOS TUVIERA TRABAJO, SE GENERARÍAN CADA AÑO 48.000 MILLONES EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS


 

Por otro lado, se va imponiendo en la publicidad, el cine y las redes sociales la presencia de modelos, actrices, actores e influencers mayores, sobre todo mujeres, a quienes la edad dejaba fuera de escena hace unos años. Numerosas voces de Hollywood y, por supuesto, del cine español, luchan para acabar con la invisibilidad a partir de cierta edad. Mujeres que lucen orgullosas sus canas y muestran con naturalidad el paso del tiempo son hoy modelos habituales en marcas de cosmética y moda, rompiendo así con estereotipos frustrantes e irreales. Igualmente, en las redes sociales gozan de gran aceptación mujeres que demuestran cómo se puede ser un referente de estilo a cualquier edad.

En el mundo de la política, candidatos octogenarios conviven con otros muy jóvenes, pero los prejuicios edadistas siguen muy arraigados. En Estados Unidos la edad ha obligado al presidente Biden (80 años) a dar explicaciones sobre el estado de su memoria por presentarse a la reelección. La edad también ha hecho que su oponente Donald Trump (76 años) sea objeto de críticas. Un aspecto positivo es que, a pesar de todo, siguen adelante con sus candidaturas, algo que años atrás era casi impensable. Basta recordar que, Eisenhower, que llegó a la Casa Blanca con 62 años, admitió en sus memorias que dudó sobre presentarse a la reelección con 66 años por temor a ser demasiado mayor.

Un concepto relativamente nuevo

El término inglés ageism (edadismo) fue acuñado en 1969 por Robert Butler, gerontólogo estadounidense y primer director del Instituto Nacional del Envejecimiento en Estados Unidos.

Aunque el edadismo ha existido siempre en diferentes países y culturas, el concepto es reciente y no existe todavía en todos los idiomas. El Informe mundial sobre el edadismo subraya que la identificación de una palabra específica en todos los idiomas sería una manera de comenzar a generar conciencia y cambio en todo el mundo.

En España la RAE incorporó la palabra “edadismo” al Diccionario de la lengua española en diciembre de 2022, definiéndola como “discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas”.

La lucha contra el edadismo significa cambiar la forma en la que pensamos y actuamos en relación con la edad propia y de los demás.
Es fundamental favorecer el contacto intergeneracional para acabar con los estereotipos entre grupos de cualquier edad.
Estereotipos negativos asociados con la edad
Fuente: Informe mundial sobre el edadismo.
Microedadismos

La discriminación por edad suele pasar desapercibida o se acepta mediante lo que se conoce como microedadismos. Como explica la Guía para una Comunicación Libre de Edadismo hacia las Personas Mayores (Fundación HelpAge International España), se trata de comportamientos automatizados, como hablar de forma distinta a las personas mayores, en un tono más alto, con diminutivos (“abuelito”, “viejecita”) o utilizando frases hechas como: “Ya no aguantas nada, te estás haciendo mayor”, “te quejas de todo, pareces un viejo cascarrabias”, “eso es muy boomer”, “sois como niños”,… Estas expresiones tan normalizadas en la sociedad perpetúan los prejuicios contra los grupos de edad más avanzada.

Otro gran reto es acabar con el elderspeak o habla para personas mayores, muy frecuente no sólo en la familia sino también entre los cuidadores.
Para saber más

Campaña mundial contra el edadismo. Iniciativa respaldada por los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Recursos para aprender sobre el edadismo, organizar eventos para concienciar a la población o difundir mensajes a través de las redes sociales.

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Glosario sobre edadismo. Fundación La Caixa. Recopilación de palabras y expresiones edadistas gracias a la participación y al valor de las personas mayores.

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Observatorio del Edadismo. Fundación HelpAge International España.

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Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad. Coalición de organizaciones para acabar con la discriminación por edad en todos los ámbitos.

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¿Demasiado mayor para trabajar? Informe que recoge los resultados de un experimento basado en el envío de dos currículos, uno vinculado a una persona de 35 años y otro de 49 años, a diversas vacantes para cuantificar la presencia de discriminación. Autoría: Sara de la Rica, Odra Quesada, David Martínez de Lafuente. Fundación Iseak.

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Una Europa más competitiva y fuerte

EN EL ESCAPARATE

UNA EUROPA MÁS COMPETITIVA Y FUERTE

En la Unión Europea (UE) residen unos 447 millones de personas, un volumen de población sólo superado por China e India.

La guerra de Rusia contra Ucrania, la volatilidad de los precios de la energía, la pandemia y la dependencia externa de otros países han puesto a prueba a la Unión Europea en los últimos tres años. Europa es consciente de que debe adaptarse a la nueva realidad para reforzar su soberanía. Una de las claves es aumentar la competitividad del mercado único europeo, el bloque comercial más grande del mundo. Ahora, especialmente, la unión hace la fuerza.
ELVIRA ARROYO

En la Unión Europea (UE) residen unos 447 millones de personas, un volumen de población sólo superado por China e India. Al funcionar como un mercado único con 27 países, representa el mayor bloque comercial del mundo, con casi 80 socios fuera de sus fronteras.

La UE ha respondido de forma coordinada a las recientes crisis, demostrando su fuerza común, pero también se ha visto sometida a grandes tensiones, al tener que realizar severos ajustes en las políticas económicas e industriales para seguir brindando prosperidad y estabilidad a la ciudadanía. Sin embargo, como ha admitido la propia Comisión Europea, la capacidad de reacción ante las crisis no construye una economía sólida que garantice prosperidad en el futuro, por lo que es ineludible plantear otras acciones.

Pensar en el largo plazo

Los dirigentes europeos insisten en que es preciso centrarse en la competitividad a largo plazo de la UE en un contexto político cada vez más complejo. Para alcanzar un crecimiento sostenible más allá de 2030, los Estados miembros deben garantizar mejoras estructurales e inversiones bien enfocadas. El orden internacional está cambiando y la UE debe cambiar con él para preservar su fortaleza.

Ya en marzo de 2022, representantes de los 27 países suscribieron la urgencia de abordar cuestiones como las vulnerabilidades en las cadenas de suministro que afloraron con la pandemia de la Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas. Desde entonces se han adoptado varias iniciativas para potenciar la autonomía europea en ámbitos como los semiconductores, las materias primas críticas y las tecnologías de la transición verde.

 


DESDE MEDIADOS DE LOS NOVENTA, EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA UE27 HA SIDO MÁS DÉBIL QUE EL DE OTRAS ECONOMÍAS IMPORTANTES


 

En septiembre de 2023, la presidencia española del Consejo de la UE presentaba Resilient EU2030, una hoja de ruta para los próximos siete años con propuestas para impulsar la competitividad de la UE y consolidar su liderazgo de aquí a ese año. Todas ellas se debatieron en el Consejo Informal Europeo celebrado en Granada el 6 de octubre.

A pesar de sus puntos débiles, la Unión Europea es una de las tres principales regiones económicas del mundo. Su comercio de bienes y servicios representa el 16,2 % del comercio mundial y su participación en el PIB global es de casi el 15 %. Aun así, desde mediados de la década de los noventa, el crecimiento de la productividad en la UE27 ha sido más débil que en otras economías importantes, lo que ha llevado a una brecha cada vez mayor. El cambio demográfico añade más tensiones y la UE tampoco está a la par de otras partes del planeta en algunas tecnologías transversales.

En consecuencia, hay que apostar por un modelo de crecimiento basado en la competitividad sostenible, la seguridad, el comercio y la competencia leal. La UE se encuentra en un momento decisivo para tener éxito en la doble transición ecológica y digital, y seguir siendo un lugar atractivo para las empresas.

Treinta años de mercado único

El mercado único, piedra angular de la integración europea, tiene un papel determinante en este reto. Durante sus 30 años de existencia, el mercado único ha facilitado la actividad empresarial y ha aportado importantes beneficios económicos, al aumentar el PIB europeo en un 9 %. Además de generar riqueza, es la fuente de la integración normativa, financiera y de la cadena de suministro de la UE.

 


EL MERCADO ÚNICO, CON 27 PAÍSES, ES EL MAYOR BLOQUE COMERCIAL DEL MUNDO, PERO DEBE AVANZAR PARA IMPULSAR SU PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO


 

La importancia del mercado único en la evolución de la UE es tan trascendental que las autoridades europeas han encargado al ex primer ministro italiano, Enrico Letta, un informe independiente que recoja recomendaciones sobre su futuro. Para su elaboración, está recabando opiniones de varias instituciones europeas y nacionales, así como de empresarios, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil.

En el actual escenario internacional, el mercado único debe avanzar para incrementar la productividad de la UE a largo plazo. Para conseguirlo, la Comisión Europea recuerda que hay que hacer cumplir las normas vigentes, seguir reduciendo barreras y eliminar en los Estados miembros los obstáculos relacionados con la prestación transfronteriza de servicios.

Además, es preciso asentar la dimensión ecológica y digital del mercado único. Esto permitiría a la UE mantener su liderazgo en el ámbito de las tecnologías limpias y una ventaja competitiva en materia de descarbonización. Con este fin, la Comisión está estableciendo normas comunes para ayudar a las empresas a implantar la economía circular, integrar mejor las energías renovables en el sistema energético, y aprovechar al máximo las oportunidades de digitalización. Una industria altamente digitalizada será capaz de producir de una manera más eficiente, segura y limpia. De hecho, la productividad de las empresas que ya invierten en innovación y análisis de datos crece entre un 5 % y un 10 % más rápido que aquellas que no lo hacen.

Estrategia industrial

Otro pilar básico para una Europa consolidada es el sector industrial, que representa más del 20 % de la economía de la UE, proporciona unos 35 millones de puestos de trabajo y es responsable del 80 % de las exportaciones de bienes. Además, la industria europea ocupa el primer puesto en los mercados mundiales de productos y servicios de gran valor añadido, como los artículos farmacéuticos, la ingeniería mecánica y la moda. También es líder mundial en patentes de tecnología verde y en otros sectores de alta tecnología.

Gracias a su capacidad de innovación, la industria es crucial para las transiciones hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital. Al mismo tiempo, contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías, productos y mercados; y a la vez configurará tipos de empleos que aún no existen y que requerirán nuevas capacidades.

Por ello, la UE quiere mejorar la competitividad de su industria y aumentar su resiliencia. En esta línea, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para potenciar el abastecimiento en materias primas fundamentales, ya que su suministro tiene un elevado riesgo de sufrir interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados. La transición ecológica exigirá aumentar la producción local de pilas y baterías, paneles solares, imanes permanentes y otras tecnologías limpias, por lo que se necesitará un acceso muy amplio a determinadas materias primas que ahora están en manos de mercados externos.

 


LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN EN INNOVACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CRECE ENTRE UN 5 % Y UN 10 % MÁS RÁPIDO QUE AQUELLAS QUE NO INVIERTEN


 

Los objetivos fijados para 2030 son que al menos el 10 % de su consumo anual sea de productos de su territorio; que un 40 % se procese en la UE y que un 25 % proceda de su reciclado interno.

De este modo, se espera preservar la capacidad de la UE ante el crecimiento exponencial que habrá en la demanda de metales comunes, materiales para baterías y tierras raras (17 elementos químicos que son indispensables para la fabricación de motores eléctricos, baterías, tubos de rayos X, cristales láser, almacenamiento de datos informáticos…), a medida que la UE vaya prescindiendo de los combustibles fósiles y pasando a sistemas de energía limpia que requieran más minerales.

Liderazgo en chips

También los chips mantendrán un protagonismo indiscutible en los procesos de producción europeos y se calcula que la demanda se duplicará de aquí a 2030. En 2022 el valor de la industria de los semiconductores ascendió a 640.000 millones de dólares. Estos pequeños dispositivos son imprescindibles para una gran variedad de productos de uso diario, en el ámbito aeroespacial, la seguridad, el transporte o la sanidad. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, las redes 5G y el internet de las cosas, se espera que aumenten sustancialmente las oportunidades de mercado y la demanda de chips y semiconductores.

La UE depende demasiado de los chips fabricados en el extranjero, algo que se hizo evidente durante la pandemia, cuando la industria y otros sectores como la salud atravesaron complicados períodos de escasez. Para evitar los apuros vividos en otras épocas y dar cobertura a la creciente demanda, en julio de 2023 se aprobó el denominado Reglamento de Chips, con el que Europa pretende ponerse a la cabeza de la carrera mundial de los semiconductores.

 


GRACIAS A SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN,LA INDUSTRIA EUROPEA ES CRUCIAL PARA LAS TRANSICIONES HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y EL LIDERAZGO DIGITAL


 

El objetivo es crear las condiciones necesarias para desarrollar una base industrial europea en el ámbito de los chips, atraer inversiones, apoyar la investigación y preparar a Europa para hacer frente a posibles crisis del suministro en el futuro. El programa debe movilizar 43.000 millones de euros en inversión pública y privada con el fin de duplicar la cuota de mercado mundial, es decir, de pasar del 10 % a, como mínimo, el 20 % en 2030.

Con este tipo de medidas, la UE irá reduciendo sus ataduras externas en cuanto a materiales, tecnologías, alimentos, infraestructura y seguridad. Será también la oportunidad para desarrollar mercados, productos y servicios propios, pero se necesita un impulso conjunto de las empresas y los responsables políticos para poner a Europa en el camino correcto hacia el futuro.

Ampliación

La UE necesita además mantenerse unida y seguir incorporando nuevos miembros para que su soberanía se vea reafirmada. Como ha expresado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “la historia nos llama ahora a trabajar para completar nuestra Unión. En un mundo donde el tamaño y el peso importan, completar nuestra Unión redunda claramente en el interés estratégico y de seguridad de Europa. Las ampliaciones pasadas han demostrado los enormes beneficios tanto para los países candidatos como para la UE. Todos ganamos”.

Por su parte, en la jornada Reformar el mercado interior para una Europa más competitiva, celebrada en Foment del Treball (confederación de los empresarios catalanes) en noviembre de 2023, Enrico Letta alertaba de que Europa no tendrá éxito en la competición con “chinos, indios y americanos” si no está unida. Además, pedía que la integración europea se complete en los próximos cinco años, porque es urgente.

En diciembre, el Consejo Europeo, tras evaluar los avances realizados por varios países, anunciaba sus decisiones relacionadas con la ampliación. En primer lugar, a la luz de los resultados obtenidos por Ucrania y Moldavia, y de los esfuerzos de reforma en curso, se iniciarán las negociaciones de adhesión con ambos países. A Georgia se le ha concedido el estatuto de país candidato, entendiéndose que habrá de implantar una serie de cambios. Asimismo, se prevé abrir negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina, una vez alcanzado el grado necesario de cumplimiento.

 


SE ESPERA QUE EL ‘REGLAMENTO DE CHIPS’ DUPLIQUE LA CUOTA EUROPEA EN EL MERCADO MUNDIAL, PASANDO DEL 10 % AL 20 % EN 2030


 

Con Macedonia del Norte, la Unión Europea está dispuesta a completar la fase inicial de las negociaciones de adhesión tan pronto como haya cumplido su compromiso de finalizar los cambios constitucionales pendientes. También se ha reafirmado el compromiso con la perspectiva de adhesión de los Balcanes Occidentales.

En cuanto a Turquía, sigue siendo un socio clave para la Unión Europea y un país candidato, pero las negociaciones de adhesión permanecen estancadas desde 2018.

La adhesión es un proceso basado en el mérito, que depende de los progresos objetivos realizados por cada país. Formar parte de la UE mejora las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía europea y reduce las disparidades entre países. Y sin duda la actual Unión quiere crecer. Todo apunta a que los Veintisiete serán más de 30 en un futuro próximo, o al menos esa es la intención.

Por otro lado, en junio de 2024 habrá elecciones al Parlamento Europeo y la ciudadanía decidirá quiénes les representarán en esta etapa tan crucial para el futuro de la UE.

Hitos recientes en la estrategia industrial europea
  • 7/12/2023. Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas: el Consejo de la UE adoptó una posición común destinada a promover las tecnologías para la transición ecológica.
  • 5/12/2023. Productos aptos para la transición ecológica. El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron un acuerdo provisional relativo al Reglamento sobre Diseño Ecológico.
  • 13/11/2023. Abastecimiento en materias primas fundamentales. El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre este asunto.
  • 25/7/2023. Reglamento de Chips. Fue aprobado definitivamente por el Consejo.
Un factor esencial para reafirmar la soberanía de la UE es la incorporación de nuevos países.
Nueve líneas de acción hasta 2030

El informe Resilient EU2030 hace nueve propuestas para abordar las principales vulnerabilidades de Europa.

1. Fomentar la producción interna de bienes clave, servicios y materias primas.

2. Seguimiento de la propiedad y el control extranjeros sobre sectores estratégicos e infraestructuras críticas.

3. Establecer planes de contingencia para responder a futuras escaseces.

4. Incrementar la eficiencia de los recursos.

5. Fomentar la circularidad en la economía y la sociedad.

6. Reemplazar materias primas y otros componentes por alternativas más accesibles para reducir las dependencias exteriores de la UE.

7. Lanzar una nueva expansión comercial que asegure y diversifique sus fuentes de suministro.

8. Equilibrar las relaciones económicas con China.

9. Liderar la renovación del sistema de instituciones multilaterales para defender los intereses de la UE en el mundo hablando con una sola voz.

La relación con China

Una de las prioridades de los Veintisiete, también destacada en el documento Resilient EU2030, es equilibrar las relaciones económicas con China. En la actualidad, la UE y China sostienen un comercio de bienes de 2.300 millones de euros al día. Sin embargo, con un déficit comercial de la UE de casi 400.000 millones de euros, esta relación está desequilibrada.

Esta circunstancia se puso de manifiesto una vez más en la Cumbre de la Unión Europea y China, celebrada en Pekín el 7 de diciembre de 2023, donde los representantes de la UE subrayaron que es imprescindible lograr una relación económica en igualdad de condiciones. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a China unas relaciones comerciales más equitativas y mutuamente beneficiosas. “Seguiremos trabajando por la igualdad de oportunidades para nuestras empresas. También contamos con China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, la soberanía y la integridad territorial de todos los países”, afirmó.

La UE expresó también su expectativa de que China adopte medidas concretas para mejorar el acceso al mercado para los inversores y exportadores de la UE. Igualmente, quedó claro que el desacoplamiento de la economía China no es una opción viable ni deseable para los socios europeos.

Materias primas críticas en manos de otros países

Las materias primas fundamentales son aquellas de gran importancia económica para la UE, sobre todo en áreas estratégicas, como las energías renovables, el ámbito digital, la actividad espacial y defensa.

Dentro de las 34 materias primas críticas identificadas, las autoridades europeas han definido 17 estratégicas para los materiales cuya demanda crecerá exponencialmente y que, por tanto, corren mayor riesgo de sufrir problemas de suministro.
El problema es que, para determinadas materias primas, la UE depende únicamente de un país:

● China proporciona el 100 % del suministro de tierras raras pesadas.
● Turquía proporciona el 98 % del suministro de boro.
● Sudáfrica cubre el 71 % de las necesidades de platino.

El reto es reducir esas servidumbres diversificando los suministros, porque la UE nunca será autosuficiente.

Fuente: Consejo de la Unión Europea.

Materias primas fundamentales. En naranja, las que son identificadas como estratégicas para la UE.
Para saber más

Resilient EU2030. Un enfoque orientado al futuro para reforzar la UE. Autonomía estratégica abierta y Liderazgo Global. Investigación en la que han participado más de 250 expertos y 80 ministerios de los 27 Estados miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Septiembre de 2023.

VER MÁS


Competitividad a largo plazo de la UE: mirando más allá de 2030. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Marzo de 2023.

VER MÁS


Nueva estrategia industrial de la UE: ¿A qué retos se enfrenta? Artículo publicado en el portal Noticias Parlamento Europeo. Sección de Economía. Julio de 2022.

VER MÁS

Propuesta de los Notarios de Europa

El pasado 8 de diciembre los representantes de los 22 países miembros del Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) aprobaron un manifiesto en el que solicitan y proponen medidas para:

– Garantizar la seguridad jurídica en el mundo digital
– Fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos
– Facilitar la solución de sucesiones en Europa
– Promocionar la fiabilidad de los registros
– Actuar en la lucha contra el blanqueo de capitales
– Fomentar el desarrollo de la justicia no contenciosa en Europa
– Apoyar a Ucrania

Necesitamos más niños

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NECESITAMOS MÁS NIÑOS

El número de nacimientos en España sigue cayendo a pesar de que algunas previsiones apuntaban a un cambio de tendencia en 2023. Europa, y España en particular, se enfrentan a un cambio demográfico que exige crear las condiciones adecuadas que permitan a las parejas tener hijos. El establecimiento de políticas que ayuden a construir familias sólidas es una herramienta básica para crear lo que los demógrafos de Naciones Unidas denominan “resiliencia demográfica”.
ELVIRA ARROYO

Esto supone, además de proporcionar ayudas económicas, observar si las personas de todos los niveles de ingresos, edades y condiciones sociales tienen el número de hijos que desean para que sus derechos reproductivos no se vean afectados. Al mismo tiempo, es preciso impulsar políticas económicas y laborales más equitativas; y potenciar sociedades inclusivas, que abran los mercados laborales a todos los colectivos sociales con el fin de que más personas contribuyan activamente a la economía.

En todo caso, la conclusión del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es clara: “A pesar del temor a que la población sea en breve demasiado baja como para sostener las economías, los servicios y las sociedades, los especialistas afirman que el descenso de la natalidad no nos aboca a una catástrofe, sino que es la seña de identidad de una transición demográfica”. En realidad, se prevé que solo 61 países o regiones, de un total de 237, reduzcan su población en un 1% o más entre 2022 y 2050. Cabe recordar que estas cifras suceden con frecuencia a máximos históricos alcanzados tras decenios de mejoras en la salud, el desarrollo y la supervivencia.

Situación en España.

La tasa de fertilidad en España es de 1,19 hijos por mujer, la segunda más baja de la Unión Europea (UE) después de Malta (1,13). Sin embargo, las españolas desearían tener más hijos y empezar a ser madres más jóvenes. Según la Encuesta Merck: Fertilidad en España. Deseos y Realidad (2022), realizada a mujeres de entre 20 y 45 años, las mujeres con intención de ser madres desearían tener un promedio de 2,1 hijos; y, entre las que ya son madres, un 62% querría tener más hijos. La estabilidad económica (95%), la flexibilidad laboral (64%) y el apoyo del cónyuge o pareja en el cuidado de los niños (44%) son las razones que más determinan esta decisión.

Para las españolas, la edad ideal para ser madres por primera vez son los 28 años, pero la media real es de 32,61 años, la más alta de la UE. Esta cifra ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos años, pasando de 31,04 años en 2009 a 32,61 en 2021, debido principalmente a motivos económicos.

 


ESTAMOS ANTE UNA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA QUE SE RELACIONA TAMBIÉN CON LA MAYOR ESPERANZA DE VIDA Y QUE REQUIERE SER ABORDADA DE FORMA INTEGRAL


 

Aunque en menor medida, en la UE también ha subido la edad de las madres primerizas. En 2013 era de 28,8 años y en 2021 alcanzaba 29,4 años. Las madres primerizas de mayor edad (31 años o más) se encuentran en España, Italia, Luxemburgo, Irlanda y Grecia; mientras que las más jóvenes están en Bulgaria, con 26,5 años. Otro dato significativo es que en los últimos 20 años se han duplicado los nacimientos en madres de más de 40 años, siendo de nuevo España el país con la mayor proporción de éstas (más del 10% de los nacimientos, frente al 5,68% de media europea).

El descenso de la natalidad y la subida de las defunciones hace prever un saldo vegetativo negativo en España durante los 14 próximos años. Aun así, las proyecciones del INE estiman que nuestro país ganaría 4,2 millones de habitantes en este mismo periodo y más de 5 millones hasta 2072 si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales. El incremento de población se debería exclusivamente a la migración internacional. En este contexto, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el 84,5% del total actual al 63,5% en 2072.

 


ES PRECISO IMPULSAR POLÍTICAS ECONÓMICAS Y LABORALES MÁS EQUITATIVAS Y POTENCIAR SOCIEDADES INCLUSIVAS


 

Del mismo modo, Europa gana habitantes desde hace décadas gracias a la inmigración. Los últimos datos de Eurostat confirman que la población de la UE volvió a aumentar en 2022 (de 446,7 millones el 1 de enero de 2022 a 448,4 millones el 1 de enero de 2023), tras una interrupción del crecimiento demográfico en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Este incremento se atribuye sobre todo a los movimientos migratorios posteriores a la Covid-19 y a la afluencia masiva de personas desplazadas desde Ucrania como consecuencia de la invasión rusa en febrero de 2022.

De los 27 Estados miembros, seis (Irlanda, Francia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Suecia) tuvieron un aumento natural y una migración neta positiva. En 14 Estados, entre ellos España, la migración neta positiva fue el motor del desarrollo demográfico, ya que el cambio natural de la población fue negativo; y otros siete países perdieron población en 2022.

Al igual que en España, se espera que en Europa el número de muertes siga al alza debido al envejecimiento de la población y, si las tasas de fertilidad se mantienen en un nivel relativamente bajo, el cambio natural negativo (más muertes que nacimientos) continuará. Si esto se confirma, la disminución o el aumento de la población de la UE en el futuro dependerá fundamentalmente de la migración neta.

Alarmas.

La realidad es que dos terceras partes de la población mundial residen en países donde la fecundidad no llega los 2,1 nacimientos por mujer (lo que se considera el “nivel de reemplazo”) y que cada vez hay más países con una natalidad a la baja. Esto ha dado lugar a que se hable de que, si nada cambia, países enteros podrían colapsar. Algunas personas afirman que la baja tasa de natalidad de algunos países representa un peligro para la seguridad nacional. Otras anticipan que pronto será imposible gestionar sociedades envejecidas, que constituyen una carga en el ámbito de los cuidados.

Nunca en la historia de la humanidad ha habido una divergencia tan notable en las tasas de crecimiento demográfico entre las diferentes regiones del mundo. Además, las medias de edad en los distintos países son más dispares que en ninguna otra época. Mientras que los europeos tienen una edad media de 42,5 años, en África Subsahariana es de 18,7 años.

El informe Estado de la población mundial 2023, publicado por UNFPA, pone de manifiesto estos hechos, pero propone abordarlos con un enfoque alejado de los mensajes alarmistas. “Dado que la población del planeta se ha duplicado con creces en tan solo 50 años y la tasa de fecundidad mundial continúa por encima de los 2,1 nacimientos por mujer, tal vez resulte sorprendente que la idea de una “crisis de despoblación” suscite cada vez más preocupación”, señala. En realidad, estamos ante una transición demográfica que se relaciona también con la mayor esperanza de vida (la población mundial vive ahora casi 28 años más que en 1950) y que requiere ser abordada de forma integral, más allá de estrategias centradas únicamente en subir o bajar cifras.

Capacidad de decisión.

El punto de vista del Estado de la población mundial 2023 es que, más que preocuparse por las tasas de fecundidad, los esfuerzos deben centrarse en facilitar a las mujeres la posibilidad de conciliar sus objetivos de fecundidad con la seguridad económica. Para ello, hay que reforzar las prácticas de cooperación en la crianza y flexibilizar los papeles asignados a cada género.

Esto implica reconocer que los padres y las madres necesitan apoyo para criar a sus hijos y que esta tarea es aún más compleja cuando están solos. A la vez, la igualdad de género es fundamental tanto en el hogar como en el trabajo, por lo que las políticas deberían promover los derechos que reduzcan la brecha entre la fecundidad prevista y la fecundidad real. En este sentido, la División de Población de Naciones Unidas destaca que “la mayoría de los gobiernos con bajas tasas de fecundidad, incluidos aquellos que no cuentan con políticas oficiales para influir en los niveles de fecundidad, han adoptado medidas para incentivar la maternidad, como el derecho a licencia parental remunerada o no remunerada con seguridad laboral, servicios de guardería subvencionados, jornadas laborales flexibles o a tiempo parcial para progenitores, desgravaciones fiscales por hijos a cargo, y prestaciones económicas por hijo a cargo o prestaciones familiares”. Estas políticas sociales y asistenciales se deberían implantar al margen de los problemas de fecundidad.

 


LOS ESFUERZOS DEBEN CENTRARSE EN FACILITAR A LAS MUJERES LA POSIBILIDAD DE CONCILIAR SUS OBJETIVOS DE FECUNDIDAD CON LA SEGURIDAD ECONÓMICA


 

En España, desde hace años existe la posibilidad de pedir una excedencia de tres años como máximo para el cuidado de cada descendiente, manteniendo la antigüedad y con derecho a que se reserve el puesto de trabajo durante el primer año. Asimismo, los progenitores pueden solicitar la reducción de hasta el 50% de la jornada para el cuidado de menores de 12 años, con una rebaja proporcional del salario.

Además, desde 2021 se reconoce a los padres 16 semanas de permiso de paternidad retribuido, el mismo que tienen las madres. A esto se han ido sumando ayudas económicas relacionadas con la natalidad, aunque todavía hay avanzar en asuntos como la educación gratuita universal de 0 a 3 años, por citar un ejemplo.

El resto de los países europeos también ofrecen a las familias ayudas a la natalidad y el cuidado de los hijos, en ocasiones muy superiores a las de España. Finlandia, Dinamarca y Noruega figuran entre los más generosos, aunque otros como Alemania han mejorado de forma clara su programa de ayudas. En el país germano, la tasa de fecundidad ha pasado de 1,39 hijos por mujer en 2011 a 1,58 en 2021.

Soluciones para la infertilidad

En una sociedad que necesita aumentar la natalidad no se pueden pasar por alto los problemas de las personas que desean tener descendencia, pero se encuentran con dificultades para procrear. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada seis adultos padece esterilidad en algún momento de su vida, es decir, no logran un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Las técnicas de reproducción asistida (entre ellas la inseminación artificial y la fecundación in vitro) serían la solución en muchos de estos casos, pero no están al alcance de todo el mundo. En la mayoría de los países, son los propios afectados quienes pagan estos tratamientos, que suelen ser muy costosos.

En España en el año 2020 nacieron 30.479 bebés como resultado de tratamientos de reproducción asistida. A pesar de que esta cifra es un 16% más baja que en 2019 por el impacto de la pandemia, este tipo de nacimientos representan casi el 9% del total español, según el Registro Nacional de Actividad de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad).

Nuestro país tiene una medicina reproductiva de calidad, pero un gran número de personas se quedan fuera de la cobertura ofrecida por la sanidad pública y tampoco se pueden permitir la sanidad privada.

Evolución de los nacimientos en España

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Crecimiento vegetativo proyectado de la población de España (2022-2051)
Fuente: 2017-2021, Estadística de Movimiento Natural de la Población (datos provisionales para 2021). Para los años 2027 a 2051 se ofrecen datos medios anuales del quinquenio.
Nunca en la historia de la humanidad ha habido una divergencia tan notable en las tasas de crecimiento demográfico entre las diferentes regiones del mundo.
Ayudas estatales a la natalidad en España*
  • Ayuda por maternidad y/o paternidad. Nacimiento y cuidado del menor. Pueden solicitarla personas que trabajan como autónomas y por cuenta ajena. Supone el 100% de la base reguladora. Los progenitores mayores de 21 años deben tener periodo mínimo de cotización en la fecha del parto.
  • Ayuda por parto o adopción múltiple (2 o más hijos). Consiste en un único pago por las siguientes cuantías en 2023:

 
SMI 2023: 1.080 euros/mes

  • Ayuda por ser familia numerosa, monoparental o de madres/padres con una discapacidad igual o superior al 65%. En 2023, la cuantía que se recibe es de máximo 1.000 € en un pago único.
  • Deducción para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Rebaja de la cuota diferencial de los impuestos que un ahorro de hasta 1.200 € anuales. Se puede pedir de forma anticipada o aplicar la deducción en la Declaración de la Renta.
  • Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social por contratar a un cuidador. Bonificación del 45% para las familias numerosas o monoparentales.
  • Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En vigor desde 2022. Hasta 115 euros mensuales por menor para los perceptores del ingreso mínimo vital.

*A estas ayudas se suman otras que ofrecen determinadas administraciones autonómicas y locales.

Para saber más

 

Persona, empresa y tecnología

EN EL ESCAPARATE

PERSONA, EMPRESA Y TECNOLOGÍA

El seminario Persona, Empresa y Tecnología, celebrado en el Palacio de Miramar en San Sebastián tuvo como objetivo la reflexión y el diálogo sobre la persona, la empresa y la tecnología. El curso fue organizado por el Consejo General del Notariado, en colaboración con el Colegio Notarial del País Vasco, dentro del marco de los cursos de verano de la UPV.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

De izda. a dcha.: Eugenio Artetxe, José Ángel Martínez Sanchiz, Nerea Melgosa, Carmen Velasco, y José Luis de la Cuesta.

En referencia a la persona se abordó la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y lo que plantea, tanto desde una perspectiva jurídica, como social.

En los ámbitos de la empresa y la tecnología se reflexionó sobre la ley de transposición de directivas de la UE, que incluye la digitalización de actuaciones notariales. Esta ley permitirá a ciudadanos y empresas realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría. También se abordó la circulación electrónica de documentos públicos, tanto en el ámbito europeo como iberoamericano; los cambios tecnológicos que se avecinan y la situación del Catastro en Europa.

Inauguración. Durante la apertura intervinieron la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa; el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco; y el presidente del Comité de Programa de los Cursos de Verano y catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU, José Luis de la Cuesta.

Nerea Melgosa señaló que, en el marco de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, «el Notariado tiene un papel esencial como garante de la autonomía de la voluntad y de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad». Y en esa línea, explicó que desde el Gobierno Vasco se está trabajando en el Plan Estratégico de Justicia de Euskadi 2022-2028 cuyo fin es fomentar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y anunció que «se presentará públicamente el Plan de acción y el Foro Vasco de Justicia y Discapacidad».

José Ángel Martínez Sanchiz, tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes, señaló que «las jornadas se llaman Persona, Empresa y Tecnología porque esa denominación marca el perímetro de lo que es la actuación notarial, siempre centrada en las necesidades de la sociedad y en el desarrollo de las empresas y la tecnología».

«Hoy nos centraremos en la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de gran importancia para el Notariado pues, como en el origen hacían los escribanos, los notarios tenemos la función de conseguir que textos, que a veces son complicados, sean comprensibles para todas las personas y así puedan prestar un consentimiento informado», apuntó el presidente del Consejo General del Notariado.


CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD PUEDEN DESIGNAR, CON LA AYUDA DEL NOTARIO, QUIÉN O QUIÉNES HAN DE PRESTARLES APOYO


Por su parte, José Luis de la Cuesta aseguró que «este año vuelve a incluirse en los temas del curso la discapacidad ya que la nueva ley ha supuesto una auténtica revolución para la sociedad» y agradeció al Notariado la elección de la UPV/EHU como foro de debate.

Para finalizar la inauguración, la vicedecana y anfitriona, Carmen Velasco, dio paso al comienzo de las jornadas en las que, señaló, además de la discapacidad se abordarán «otras cuestiones de suma actualidad como la Ley 11/2023 mediante la cual los notarios podrán autorizar actos jurídicos online por primera vez en la historia».

Persona. Bajo el título Aspectos prácticos de las medidas de apoyo, tuvo lugar el primer coloquio de la primera jornada. Moderado por el abogado Francisco González, de Æquitas, contó con las intervenciones de la magistrada, Patricia Arrizabalaga; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra; el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Æquitas, Gonzalo López Ebri; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, y el asesor jurídico de Liber y coordinador de la red de Juristas de Plena Inclusión, Torcuato Recover.

Con la nueva ley las personas con una discapacidad pueden designar, mediante escritura pública y con la ayuda del notario, quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. Para ello se puede, o bien determinar un plan de apoyo que será un sistema hecho «a medida» de las necesidades de cada persona, o establecer apoyos puntuales para realizar cada acto.

Tras casi dos años desde la entrada en vigor de la ley, esta mesa de diálogo abordó la nueva regulación y los aspectos prácticos de las medidas de apoyo. En este sentido, Velasco aseguró que «con esta ley el notario pone una especial atención a lo que la persona es capaz de decir de sí misma y a los apoyos que expresa que necesita para tomar decisiones».

En cuanto a la reforma, López Ebri indicó que «no he leído en mi vida ninguna reforma legislativa que haya valorado más la institución notarial como instituto fiable y seguro para la aplicación de la ley que la 8/2021». «La intervención judicial es el último recurso y como señala el Código Civil, solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias», explicó.

Arrizabalaga abordó la importancia de la curatela que «debe ser asistencial y solo cuando no se pueda será representativa, caso en el que se establecerán controles y salvaguardas».

Antes de finalizar el coloquio, Segarra, que entró por vía online, comunicó en directo que acababa de formar parte de la firma de un protocolo entre la Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias y el Banco de España para asegurar la autonomía financiera de las personas con discapacidad. «Este protocolo protege patrimonialmente a las personas con discapacidad y a los mayores que pueden ser objeto de una influencia excesiva», concluyó.

Finalmente, Recover aseguró que esta ley «ha permitido reconocer el universo de las personas con discapacidad y facilitarles el ejercicio de su capacidad mediante un sistema de apoyos».

El segundo diálogo del día, Aspectos sociales de las medidas de apoyo, contó con el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, como moderador, y la participación del director de la Sección Jurídica de la Fundación Æquitas, Manuel Rueda; el director general de la Fundación Kyros, Álvaro Martín Moreno; la responsable del Área de Formación de A La Par, Marta Martínez Vega, y la asesora jurídica de Plena Inclusión, Natalia Pérez Fernández.

Pérez Bueno comenzó el coloquio asegurando que «la visión del sector social de la discapacidad es fundamental para que la reforma civil de la capacidad jurídica llegue de verdad a las personas».

Rueda explicó que «el derecho civil regula cómo las personas se relacionan entre sí y hay algunas que tienen dificultades para actuar como las demás. La solución según la convención de Nueva York, que protege los derechos de las personas con discapacidad, es suministrar un sistema de apoyos a las personas con discapacidad».

Por su parte, Martín Moreno relató lo que una persona con discapacidad le dijo que significaba para ella la ley 8/2021: «Tener discapacidad intelectual no significa que una persona no pueda decidir ni saber qué quiere, solo que necesita apoyo para determinadas cosas, y facilitar esto ayuda a tener una vida independiente».

A la hora de establecer medidas de apoyo la figura del facilitador es muy relevante: «Nuestra intervención empieza con una valoración de las capacidades cognitivas de esa persona a la que escuchamos dándole tiempo para expresarse, y a partir de ahí hacemos una valoración del tipo de apoyos que necesita», aseguró Martínez Vega.

Finalmente, Pérez Fernández explicó la importancia de que las personas con discapacidad comprendan de manera exhaustiva los documentos notariales que firman y, para ello, «desde Plena inclusión España, con Fundación ONCE y la Fundación Æquitas del Notariado, hemos puesto en marcha el proyecto Documentos notariales en lectura fácil, una iniciativa para hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual documentos notariales tales como un escrito de compraventa, un testamento o un préstamo hipotecario».

Empresa y tecnología. La primera mesa redonda de la segunda jornada se centró en La Identificación Electrónica: Acceso al Portal. Moderada por el delegado de nuevas tecnologías del Notariado español en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) y la Unión internacional del Notariado (UINL), Carmelo Llopis, contó como ponentes como el notario y director del curso, Segismundo Álvarez; el director de Seguridad y Nuevas Tecnologías del centro tecnológico del Notariado (Ancert), Enric Hernández; y el investigador de la Universidad Pontificia de Comillas, José Cabrera.


A TRAVÉS DE LA RED IBERFIDES EL NOTARIADO IBEROAMERICANO PUEDE REALIZAR EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS NOTARIALES


Los participantes abordaron la recién aprobada ley de transposición de directivas de la UE, que incluye la digitalización de actuaciones notariales que permitirá próximamente a ciudadanos y empresas realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría.

«Se podrán autorizar escrituras de sociedad limitada sin presencia física», explicó Segismundo Álvarez, conservándose el principio de que «el notario dará fe de que conoce a las personas y de haberse asegurado de su identidad». ¿Cómo se hará online? «El Notariado cuenta con una sede electrónica a la que se accede por el Portal Notarial del Ciudadano, que tiene un nivel alto de seguridad», aseguró Enric Hernández. «Para entrar el ciudadano necesitará o bien tener un certificado cualificado (los autorizados por el reglamento EIDAS) o acreditarse gratuitamente en una notaría». «además, el notario tendrá que asegurarse, durante la videoconferencia que se mantenga en el Portal, de la identidad y la capacidad de la persona», añadió Llopis. En definitiva, «la ley no hace cambios respecto a la identificación; la única diferencia es que se realiza en un entorno telemático seguro», señaló Cabrera.

Otorgamiento a distancia en la sede electrónica notarial fue el tema del segundo panel de debate. Dirigido por el delegado de nuevas tecnologías del Notariado español en el CNUE, Gonzalo Cano, estuvo integrado por el presidente del Bundesnotarkammer, Jens Bornmann; el notario Pedro Rincón, y el director de Negocio del centro tecnológico del Notariado, Carles Llach.

Jens Bornmann destacó que en el sistema telemático que utilizan los notarios alemanes para identificar a la persona, «comprobamos si tiene identidad válida (certificado EIDAS) y pedimos que pongan el pasaporte en un dispositivo que lo escanea, a través de una interfaz con el móvil. Es un sistema muy seguro».

Pedro Rincón hizo hincapié en los actos que se podrán hacer online a través del Portal Notarial, como «las pólizas mercantiles y todos los societarios, determinados actos unilaterales como algunos tipos de poderes, etc. además, la ley permite la emisión de copias autorizadas electrónicas», señaló. Carles Llach realizó una demostración, a través del Portal Notarial del Ciudadano, de cómo un usuario podrá constituir una empresa de manera íntegramente online.

La última mesa del día, titulada Circulación del documento notarial electrónico. Proyectos Ibera, Iberfides y Eudoc, estuvo moderada por José Ángel Martínez Sanchiz, y contó con el responsable de webs corporativas de Ancert, Miguel Ángel Molinero; el notario Carmelo Llopis, y la candidata a notaria de la Bundesnotarkammer, Larissa Oebel.

Carmelo Llopis incidió en que «Eudoc es una solución desarrollada por el Consejo General del Notariado y su homólogo alemán, con tecnología del Notariado español basada en certificados electrónicos para el intercambio de documentos notariales, entre ambos países, realizados con firma cualificada».

Para Larissa Oebel esta plataforma será muy útil pues «permitirá intercambiar de una manera segura y rápida documentos notariales en un contexto transfronterizo y eliminará la necesidad del envío postal que tiene un coste económico y de tiempo». Para finalizar la jornada, Miguel Ángel Molinero, explicó mediante una demostración, cómo a través de la red iberfides, el Notariado iberoamericano puede realizar el intercambio de documentos notariales».


LA DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES NOTARIALES PERMITIRÁ REALIZAR ONLINE NUMEROSOS ACTOS ANTE NOTARIO SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE


Tecnología. El último día del curso hubo dos mesas de diálogo más. La primera versó sobre Tecnología. Los cambios que vienen: e-Wallet, Idas, inteligencia artificial, que fue moderada por el director del curso, Segismundo Álvarez, y contó con la participación del notario Gonzalo Cano, que habló de la E-Wallet «un medio de identificación electrónica que también permitirá al usuario almacenar sus datos de identidad». También contó con la participación del CEO de Mister Houston Data Tech Solutions, ramón Franco, quien señaló que «la tecnología va a ayudar al notario con técnicas robóticas, por ejemplo, a la hora de crear una escritura de forma digital, pero la función notarial es muy amplia por lo que la tecnología tan solo será una herramienta de apoyo» y, por último, Max Wosgein, candidato a notario de la Bundesnotakammer habló sobre la importancia de la colaboración de los distintos notariados europeos y de seguir, desde Bruselas, la evolución de la legislación comunitaria para velar por la preservación de la seguridad jurídica en las futuras directivas.

En la última mesa sobre Tecnología. El catastro en Europa, moderada por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, intervino el notario Enrique Brancós, que explicó que «los países de la UE describen la finca sobre bases gráficas, más o menos consolidadas por el tiempo. Sólo en España se presenta la especialidad de que no hay dos fincas, la real y la catastral, sino tres: la real, la catastral y la registral». Por su parte, Antonio Jiménez Clar que sostuvo que «la representación gráfica de los bienes inmuebles es una asignatura en nuestro Derecho». También acudieron al acto Piermassimo Pavese, y Els Dewulf, responsables de los catastros italiano y belga, respectivamente, que explicaron a los asistentes cómo es la función catastral y su regulación en sendos países.

Lectura Fácil

La asesora jurídica de plena inclusión, Natalia Pérez Fernández, hizo alusión a la importancia de que las personas con discapacidad comprendan con exhaustividad los documentos notariales que firman. «con este fin, desde Plena Inclusión España, con la Fundación ONCE y la Fundación Æquitas del Notariado, hemos puesto en marcha el proyecto Documentos notariales en lectura fácil».

José Ángel Martínez Sanchiz:

«Las jornadas se llaman persona, Empresa y Tecnología, porque marcan el perímetro de lo que es la actuación notarial»

Nerea Melgosa:

«El Notariado tiene un papel esencial como garante de la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad»

Antonio Julián Rodríguez

señaló la importancia de la innovación tecnológica del Notariado «para prestar el mejor servicio a la ciudadanía»

José Luis de la Cuesta:

«Volvemos a incluir el tema de la discapacidad en el curso porque la nueva ley ha supuesto una revolución»

Enrique Gil Botero.
Iber@: tecnología española
Durante la segunda jornada se emitió un video de Enrique Gil Botero, secretario General de la COMJIB (conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos), quien no pudo acudir al encuentro por encontrarse en el congreso Mundial de Derecho que se celebraba en la ciudad de Nueva York. Gil Botero habló sobre Iber@, «la red diseñada por el Notariado español que permite compartir de manera electrónica y en tiempo real la información necesaria para enfrentar con más efectividad las amenazas criminales trasnacionales». «Esta información –explicó– afecta a procedimientos que exigen una especial urgencia en su instrucción y enjuiciamiento, como los de terrorismo, delincuencia organizada, el tráfico y trata de seres humanos, el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales, la corrupción o la ciberdelincuencia».
De izda. a dcha.: Torcuato Recover, Carmen Velasco, Francisco González, Gonzalo López Ebri y Patricia Arrizabalaga.
De izda. a dcha.: Natalia Pérez Fernández, Marta Martínez Vega, Álvaro Martín Moreno, Manuel Rueda y Luis Cayo Pérez Bueno.
De izda. a dcha.: Carmelo Llopis, Segismundo Álvarez, José Cabrera y Enric Hernández.
De izda. a dcha.: Gonzalo Cano, Jens Bornmann; Pedro Rincón y Carles Llach.
De izda. a dcha.: Miguel Ángel Molinero, Carmelo Llopis, Larissa Oebel y José Ángel Martínez Sanchiz.
De izda. a dcha.: Ramón Franco, Gonzalo Cano, Max Wosgein y Segismundo Álvarez.
Prestar el mejor servicio público

EL cierre del curso corrió a cargo de Antonio Julián Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado. Rodríguez, que estuvo acompañado por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, se refirió a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, destacando la importancia de la función notarial en la misma.

El SEJ también señaló la importancia de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la notaría «para prestar el mejor servicio público a la ciudadanía». Entre los avances digitales, el secretario de Estado destacó el otorgamiento online de escrituras públicas, la videoconferencia en actuaciones notariales o la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Notariado para incluir en su página web la nueva versión de la aplicación que da soporte al Registro Estatal de Apoderamientos Judiciales (REAJ).

De izda. a dcha.: Francisco Cantos, Enrique Brancós, Antonio Jiménez Clar, Piermassimo Pavese y Els Dewulf (en el atril).
De izda. a dcha.: Diego María Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco, José Angel Martínez Sanchiz, Antonio Julián Rodríguez, Sofía Puente y José Luis de la Cuesta.

Límites éticos a la Inteligencia Artificial

EN EL ESCAPARATE

Límites éticos a la Inteligencia Artificial

La mayoría de los ciudadanos europeos piensan que la inteligencia artificial puede mejorar su vida cotidiana, pero también ven amenazas que les hacen desconfiar de su implantación. Para minimizar los riesgos que conlleva, las autoridades europeas debaten una Ley de Inteligencia Artificial que garantice un enfoque ético y centrado en el ser humano. Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado nuevas medidas para reforzar la seguridad de los sistemas de IA. España asume la presidencia de la UE con el deseo de que en 2023 vea la luz esta normativa, que sería la primera del mundo sobre inteligencia artificial.
ELVIRA ARROYO

La inteligencia artificial es ya habitual en áreas como la salud, la movilidad, la agricultura o la seguridad.

La inteligencia artificial (IA) es ya habitual en áreas como la salud (herramientas de diagnóstico de enfermedades), la movilidad (sistemas de conducción), la agricultura (herramientas de seguimiento y análisis del suelo) o la seguridad de los datos que custodian las empresas. En nuestro día a día, los smartphones permiten el reconocimiento facial, ofrecen asistentes de voz y disponen de sistemas de rastreo que proporcionan información muy valiosa sobre las preferencias y hábitos de cada usuario gracias a la IA.

Todas estas tecnologías tienen un gran potencial para generar beneficios sociales, crecimiento económico y competitividad, pero también plantean preocupaciones sobre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este contexto, la Comisión Europea presentó en abril de 2021 una propuesta de Ley de Inteligencia Artificial (Ley AI) que se encuentra muy avanzada. Recientemente, el Parlamento Europeo, tras introducir varias enmiendas al texto inicial, aprobó un proyecto de mandato de negociación que será llevado al Consejo de Europa para darle forma final.

El eurodiputado Dragos Tudorache (Renew, Rumania), uno de los ponentes, ha subrayado que “la Ley de IA es probablemente la pieza legislativa más importante en este mandato. Es la primera legislación de este tipo en todo el mundo, lo que significa que la Unión Europea (UE) puede liderar el camino para hacer que la IA sea confiable».

 


LA LEGISLACIÓN EUROPEA PROHIBIRÁ LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO


 

Más prohibiciones.

La futura ley establece obligaciones para proveedores y usuarios en función del nivel de riesgo que la IA pueda generar e identifica cuatro tipos de riesgo: inadmisible, alto, limitado y mínimo.

Los sistemas de IA con un nivel inadmisible de riesgo estarán estrictamente prohibidos. Aquí se incluyen aquellos que implementan técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras (ejemplo: juguetes activados por voz que fomenten comportamientos peligrosos en los niños); explotan las vulnerabilidades del ser humano; o se utilizan para clasificar a las personas en función de su comportamiento social, estatus socioeconómico o personal.

Las últimas enmiendas del Parlamento Europeo han incluido en este nivel nuevas prohibiciones relacionadas con los usos intrusivos y discriminatorios de los sistemas de IA. Son los siguientes:

  • Los sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios de acceso público.
  • Los sistemas de identificación biométrica a distancia a posteriori, con la única excepción de las fuerzas del orden para la persecución de delitos graves y sólo previa autorización judicial.
  • Los sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles como el género, la raza, la etnia, la religión o la orientación política.
  • Los sistemas policiales predictivos basados en perfiles, ubicación o conducta delictiva pasada.
  • Los sistemas de reconocimiento de emociones en las fuerzas del orden, la gestión de fronteras, el lugar de trabajo y las instituciones educativas.
  • El raspado indiscriminado de datos biométricos de las redes sociales o imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) para crear bases de datos de reconocimiento facial violando los derechos humanos y el derecho a la privacidad.

Dentro de lo que se considera inteligencia artificial de alto riesgo, se han añadido los daños a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales de las personas y el medioambiente. En esta misma categoría están los sistemas de IA que tratan de influir en los votantes en las campañas políticas y los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas de redes sociales.

 


LAS AUTORIDADES EUROPEAS IMPULSARÁN EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A PONER QUEJAS SOBRE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL


 

Transparencia.

También se contemplan nuevas exigencias para los sistemas de IA de uso general con el fin de asegurar su fiabilidad y proteger a los usuarios de un fenómeno tan extendido como la desinformación.

Los modelos básicos generativos, como ChatGPT, tendrán que cumplir con requisitos de transparencia adicionales como revelar que el contenido fue generado por IA, evitar que se cree contenido ilegal y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento de la aplicación.

Igualmente, los sistemas de IA de riesgo limitado deben cumplir con unas normas de transparencia que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas. Después de interactuar con las aplicaciones, el usuario podrá decidir si desea continuar usándolas y deberá saber siempre cuándo interactúa con inteligencia artificial. Esto incluye modelos de IA que generan o manipulan contenido de imagen, audio o video, como las deepfakes (un ejemplo que se viralizó rápidamente fue el video en el que un falso Barak Obama insultaba a Donald Trump).

Estas reglas tendrán exenciones cuando se realicen actividades de investigación y en componentes de IA proporcionados bajo licencias de código abierto. En estos casos y para favorecer la innovación, la ley promueve entornos de pruebas controlados (sandboxes regulatorios) definidos por las autoridades para probar la IA antes de su implementación.

Permanencia.

Otro aspecto clave de la nueva normativa es que apuesta por una definición uniforme de IA, tecnológicamente neutral, que pueda aplicarse a los sistemas actuales y futuros. Como ha señalado el eurodiputado Brando Benifei (S&D, Italia), ponente de la ley, “estamos a punto de implementar una legislación histórica que debe resistir el desafío del tiempo”.

Además, las autoridades europeas quieren impulsar el derecho de los ciudadanos a poner quejas sobre los sistemas de IA y a recibir explicaciones de las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten significativamente sus derechos. Esto ha llevado a reformar el papel de la Oficina Europea de IA, que se encargará de monitorear cómo se implementa el reglamento de IA en cada país.

 


LOS MODELOS BÁSICOS GENERATIVOS, COMO CHATGPT, DEBERÁN REVELAR QUE EL CONTENIDO FUE GENERADO POR IA Y EVITAR LA CREACIÓN DE CONTENIDO ILEGAL


 

Si todo va como está previsto, en el segundo semestre de 2023 tendrán lugar las conversaciones con los Estados miembros de la UE en el Consejo de Europa sobre la forma final de la ley. El objetivo es llegar a un acuerdo a finales de este año.

PARA SABER MÁS

Desafíos éticos y sociales de la tormenta tecnológica que se avecina. Estudio que analiza las consecuencias éticas de la convergencia de la inteligencia artificial y las tecnologías de la comunicación, y propone opciones políticas para abordarlas. (En inglés). Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. Julio de 2022

El Consejo de Europa y la Inteligencia Artificial. Documento que recoge una visión global de la labor realizada hasta la fecha, o prevista, por los comités intergubernamentales y otras entidades del Consejo de Europa en el ámbito de la inteligencia artificial. Consejo de Europa. Marzo de 2023.

Proyecto de Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial. Primer instrumento normativo mundial con recomendaciones para ayudar a gobiernos de todo el mundo a poner en marcha acciones de concienciación y herramientas para evaluar el impacto ético de la IA en todos los ámbitos. Unesco. 2022.

Propuesta de Ley de Inteligencia Artificial. Comisión Europea. 21 de abril de 2021.

¿Cómo se regula fuera de Europa la inteligencia artificial?

Los países que lideran el ranking mundial de IA* son, por este orden: Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá (España ocupa el puesto 21). Ninguno de ellos tiene una legislación específica de inteligencia artificial, pero todos trabajan en ello. Analizamos los avances normativos en cada uno:

Estados Unidos. En octubre de 2022 la Casa Blanca dio a conocer una Declaración de Derechos de IA que identifica cinco principios que deben guiar el diseño, uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial para proteger a la ciudadanía estadounidense. En el Congreso se han presentado algunos proyectos de ley y cada vez adquiere más importancia la necesidad de crear un marco regulador de la IA.

China. En 2017 el gobierno chino anunció su Plan de Desarrollo de la Nueva Generación de Inteligencia Artificial con el objetivo de convertirse en líder mundial en IA en 2030. En octubre de 2021 dio a conocer un código ético para la inteligencia artificial, poniendo énfasis en proteger los derechos de los usuarios. Recientemente, el gobierno ha afirmado que desarrollará una legislación específica sobre IA.

Reino Unido. Dentro de su Estrategia Nacional de IA, en 2022 el gobierno manifestó que defenderá una regulación que permita a las empresas crecer haciendo una innovación responsable, manteniendo la confianza del público. En esta misma línea, en marzo de 2023 publicó un libro blanco que guiará el uso de la inteligencia artificial en este país.

Canadá. El Parlamento debate la Ley de Implementación de la Carta Digital 2022, que contempla nuevas medidas para fortalecer la confianza de los canadienses en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA.

*Índice Global de IA, que compara a los países por su nivel de inversión, innovación e implementación de IA.

Los usuarios deberán saber que interactúan con inteligencia artificial cuando se les muestren imágenes, audios o videos manipulados.
La sociedad civil pide más protección de los derechos fundamentales

Una de las prioridades de la presidencia española del Consejo Europeo (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023) será concluir la negociación del reglamento europeo de Inteligencia Artificial (IA). Aunque las últimas enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo han sido bien valoradas, la sociedad civil cree que aún quedan asuntos pendientes.
En una carta abierta dirigida el 17 de mayo a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 60 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil expresaban su preocupación por las deficiencias en la propuesta del reglamento de la UE y pedían que, durante las negociaciones finales, se tuvieran en cuenta estas cuestiones:

  1. Ampliar el listado de sistemas de IA prohibidos que representan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales.
  2. Eliminar la discrecionalidad en el proceso de clasificación de sistemas de alto riesgo.
  3. Definir obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo.
  4. Garantizar derechos y mecanismos de reparación para las personas afectadas por los sistemas de IA.
  5. Asegurar que los estándares técnicos no comprometan los derechos fundamentales y promover una mayor participación de la sociedad civil en su desarrollo.
Entre los sistemas de IA prohibidos se incluyen aquellos que implementan técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras.
España, referente de Inteligencia Artificial ética

España es pionera en impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial ética y humanista, con iniciativas como:

  • La puesta en marcha de la primera Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial en Europa, que tendrá sede en A Coruña. España se adelanta así a la entrada en vigor de la futura legislación europea, que exigirá a los Estados miembros tener una autoridad supervisora en esta materia.
  • La creación de un banco de pruebas (sandbox) en colaboración con la Comisión Europea, para analizar el efecto que tendrá la aplicación del futuro reglamento europeo de Inteligencia Artificial en las empresas, especialmente en las pymes.
  • La ubicación en Sevilla del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT por sus siglas en inglés), que fue inaugurado el pasado mes de abril. Su objetivo es proporcionar asistencia técnica y orientación para implantar sistemas algorítmicos transparentes y confiables.
La inteligencia artificial en la Unión Europea
  • Europa produce más del 25% de los robots industriales y profesionales.
  • Más del 50% de los principales fabricantes europeos utilizan la IA.
  • La UE tiene el objetivo de atraer más de 20.000 millones de euros (de la UE, nacional y de empresas) de inversión anual en IA.
  • Los investigadores europeos publican el mayor número de artículos científicos sobre IA a escala mundial.
    Fuente: Comisión Europea.

El derecho a decidir de todas las personas

EN EL ESCAPARATE

EL DERECHO A DECIDIR DE TODAS LAS PERSONAS

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Inauguración. De izquierda a derecha: Alberto Durán, José Ángel Martínez Sanchiz, Ander Gil, Almudena Castro-Girona y Luis Cayo Pérez Bueno.

“La aprobación de la ley 8/2021 constituye uno de los hitos más importantes de la democracia española. Con ella transmitimos a las personas con discapacidad el mensaje correcto: colaboramos con vosotros para que seáis quien queráis ser», manifestó el presidente del Senado, Ander Gil en la apertura de las jornadas Más de un año tras la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este foro, celebrado en el mes de marzo, durante dos días, en el Senado, fue organizado por las Fundaciones ONCE y Aequitas, el Consejo General del Notariado (CGN) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con colaboración de Plena Inclusión y Liber (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones).

Además del presidente del Senado, durante la inauguración intervinieron Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Æquitas; y Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

“La ley 8/2021 es una norma que ha sido un completo acierto y un instrumento que ayuda a las personas con discapacidad en ese objetivo de igualdad jurídica. Es una ley proceso, es decir, no es inmediata, pero apela a las conciencias, a la cultura, al cambio jurídico y provoca un cambio social que se mantendrá en el tiempo”, aseguró Luis Cayo Pérez Bueno.

Alberto Durán quiso destacar “el trabajo de todos los operadores jurídicos y profesionales del derecho para desarrollar una ley que da un paso más en la igualdad de trato y permite a las personas con discapacidad tener autodeterminación”. Además, quiso hacer un llamamiento al mundo académico “para que nos ayuden a poder explicar esta ley, para que realicen trabajos de investigación científica que sin duda contribuirán al desarrollo máximo de esta medida”.

“La ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica constituye un marco de referencia mundial pues ha conseguido transponer de la manera más completa lo que persigue la Convención de Nueva York y es un referente a estudiar y a seguir en otras legislaciones, como me consta que está ocurriendo en América y ocurrirá probablemente en Europa”, explicó José Ángel Martínez Sanchiz.

¿Qué implica la Ley para nosotros?

El primero de los paneles de debate tuvo como epígrafe: ¿Qué implica la ley para nosotros? Con la moderación de Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, tuvo como protagonistas a Daniel Gil, de Fundación Kyrios; Salvador Martínez Baringo, de Fundación Granadown; María Pino, de Fundación Futucam (Asociación Liber); y Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios.

Daniel Gil señaló que, según su experiencia, “esta reforma es un avance muy importante y un paso más para desarrollarme como persona teniendo en cuenta mi voluntad, mis deseos y mis preferencias”. Para Salvador Martínez “esta ley respeta la libre voluntad de las personas con discapacidad y con síndrome de Down y nos da apoyo para ejercer nuestra capacidad jurídica”.

Por su parte María Pino relató una situación que se dio cuando la incapacitaron, antes de la aprobación de esta ley: “Mis hermanas me llevaron al juzgado y cuando me puse ante el juez este no me preguntó nada, me sentí inútil. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la nueva ley “el mismo juez habló conmigo y ahora tengo una curatela y apoyos para decidir sobre temas relacionados con el aspecto económico, sanitario y lo relacionado con las herencias”.

En la línea de lo que relataron los intervinientes, Álvaro Martín-Moreno aseguró que “las entidades del tercer sector hemos estado al lado de las personas con discapacidad y por fin hemos conseguido que la legislación española esté en sintonía con los Derechos Fundamentales”, «Somos la barandilla, la escalera» a la que uno se sujeta cuando lo necesita.

El ejercicio de la capacidad jurídica.

En el segundo diálogo del día, dedicado a analizar el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad, participaron José Marqueño, presidente honorario de la UINL, como moderador; Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad; María José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas; y Torcuato Recover, abogado y asesor jurídico de Liber y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión.

“Estamos ante una ley muy importante, que exige que todos los procedimientos judiciales actuales de incapacitación sean revisados, en un marco de 3 años, para ajustarlos a las exigencias del nuevo modelo. Para ello se necesita formación y especialización por lo que aprovecho para pedir a las Administraciones competentes que hagan un esfuerzo para incrementar los medios”, señaló Juan Manuel Fernández.

En cuanto a los autos de procedimiento sobre la capacidad de las personas por parte de la Fiscalía, María José Segarra indicó que “se han revisado 15.000 en 2022”. Para Segarra, también es importante “un cambio de mentalidad como sociedad. No es suficiente con que una persona obtenga una resolución que le reconozca la capacidad jurídica, sino que es necesario que cuando esa persona realice sus actividades diarias se le reconozca esa igualdad, dentro de los sectores públicos y privados”.

Con respecto a los efectos de la nueva ley, Almudena Castro-Girona explicó que “el hito de esta ley es que consagra la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias y el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Para que sea efectiva se tiene que dar esa transformación en todos los actores y en toda la Administración”. En ese sentido, Torcuato Recover señaló que “antes las personas con discapacidad carecían de la capacidad de obrar; ahora pueden hacerlo con un sistema de apoyos que son versátiles, específicos y no tienen por qué ser permanentes”.

 


ESTA LEY EXIGE QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE INCAPACITACIÓN SEAN REVISADOS EN UN MARCO DE 3 AÑOS


 

Reformas autonómicas pendientes.

Miguel Ángel Cabra de Luna, director técnico de Movimientos Sociales y Alianzas de Fundación ONCE, coordinó la mesa en la que se habló de las reformas pendientes para aplicar la nueva ley en las comunidades autónomas. Participaron Fernando García Vicente, presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil; Jordi Ribot, catedrático de la Universidad de Girona; Alicia Calaza, notario de A Estrada (Pontevedra); Ignacio Iriarte, secretario general técnico del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra; y Andrés Urrutia, notario y presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca.

Según Fernando García Vicente, “en Aragón tenemos aprobado el borrador del anteproyecto para la trasposición de la Ley 8/2021”. También en Cataluña, “la Generalitat está a punto de aprobar un proyecto en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica”, explicó Jordi Ribot.

En el caso de Navarra, “está aprobada desde 2022 la Ley Foral de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos que modifica numerosas leyes del Fuero Nuevo”. Explicó Ignacio Iriarte.

En el caso de Galicia, Alicia Calaza señaló que están trabajando “en una comisión del colegio notarial y considerando una revisión más completa de la ley para dar respuesta a las necesidades de una sociedad en constante evolución”. Según Andrés Urrutia, “la ley 8/2021, en su aplicación diaria en el País Vasco, encuentra un amplio eco en las figuras del derecho civil vasco, como la fiduciaria sucesoria o los pactos sucesorios”.

La segunda jornada comenzó con la celebración del diálogo ¿Qué ocurre en los diferentes territorios? que contó con la participación de Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE, como moderador; Luis Gonzaga, presidente de CERMI Aragón; Josep María Solé, de CERMI Cataluña; Luciano Fernández, presidente de CERMI Galicia; y Mariluz Sanz, presidenta de CERMIN (CERMI Navarra).

El presidente de CERMI Aragón explicó que, en su territorio, donde no ha entrado aún la Ley 8/2021 y aplica su propio Derecho Foral, se vive una situación muy dispar. «Mientras que los juzgados de familia de las capitales de provincia ya vienen aplicando desde hace 4 años unas normas muy cercanas a la Ley 8/2021, observamos que, en zonas más pequeñas, donde los juzgados no son especializados, esta aplicación está dando más problemas», señaló. Por ello, indicó, “el gobierno de Aragón ha creado una comisión técnica cuyo objetivo es hacer incidencia sobre los operadores jurídicos y trabajar en la adaptación del Código Foral a la Ley».

Por su parte, Mariluz Sanz, confirmó que en Navarra sí ha habido un cambio legislativo acorde a la reforma: «hemos cambiado más de 30 leyes de nuestro Derecho Foral». “Cuando se aprobó la ley, el gobierno de Navarra decidió que el primer paso que debía dar era informar y formar a organizaciones, familias y operadores”. «Aunque poco a poco vamos observando cambios estructurales, encontramos muchas familias a las que todavía les cuesta mucho ceder el poder de decisión a sus parientes con discapacidad», explicó la presidenta.

José María Solé, por su parte, señaló que «no existe suficiente participación de la persona», así como suficiente presencia de la figura de apoyo o facilitador. Es necesario el refuerzo de este punto ya que, ahora mismo, estamos muy lejos de conseguirlo».

Para Luciano Fernández la aplicación de esta ley incide en otros ámbitos jurídicos que entran en conflicto con la misma, como la prestación de servicios médicos, el reconocimiento de familia numerosa o la gestión de herencias. Por ello, consideró necesario «crear un foro conjunto que dé solución a todos los problemas existentes y los que vayan surgiendo, para que se haga efectiva esta ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad».

Con respecto a las medidas que deben tomarse para tener la garantía de una correcta aplicación de la Ley 8/2021, los cuatro representantes del CERMI coincidieron en la importancia de ofrecer «información y formación» a todos los operadores y personas implicadas.

Aspectos prácticos de la ley.

En el segundo diálogo del día participó el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de Aequitas, Gonzalo López Ebri, como moderador; el fiscal adscrito a la Fiscalía y Sala de Discapacidad y Mayores, David Mayor; el director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas, Manuel Rueda; el abogado especialista en discapacidad, de FEVAS-País Vasco, Rafael Armesto de Campillo; y la directora de Servicios Sociales, Ana Lima.

Según David Mayor “el balance de la ley es positivo y se está aplicando en cuanto a revisión de procedimientos. Podrán verse resultados en la estadística de la Fiscalía General del Estado el año que viene”, aseguró. Por su parte, Manuel Rueda explicó que “esta es una ley llena de esperanza. Uno de los cambios fundamentales está en que los tutores antes tenían facultades de sustitución de voluntad y ahora están en régimen representativo”.

Para Rafael Armesto “con esta ley falta bastante para que el abogado esté apoyando y esté presente”. Por su parte, Ana Lima, aseguró que “estamos ante un cambio de paradigma y tenemos que incorporar una nueva visión y coordinarnos entre todos los agentes involucrados”.

 


LOS REPRESENTANTES DE CERMI COINCIDIERON EN LA IMPORTANCIA DE OFRECER ‘INFORMACIÓN Y FORMACIÓN’


 

Consecuencias.

La última mesa abordó las consecuencias de la Ley 8/2021. Dirigida por la directora ejecutiva de CERMI Estatal, Pilar Villarino, contó con la participación del profesor de la UNED, Isidoro Martín Dégano; la coordinadora del departamento jurídico de Plena Inclusión España, Inés de Araoz; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, Rafael de Asís; y el delegado del Consejo General del Poder Judicial de discapacidad y Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández.

Isidoro Martín quiso “poner de relieve la cuestión sobre cómo se van a aplicar los beneficios fiscales y las prestaciones económicas tras la aprobación de esta ley”. Durante el diálogo Inés de Araoz destacó que “los bancos no están admitiendo actas notariales ni autos de los juzgados que reconocen una guarda de hecho, lo que está suponiendo un problema para que las personas con discapacidad puedan gestionar su economía”.

Por su parte, Rafael de Asís explicó que desde la universidad han “puesto en marcha un observatorio para el seguimiento de la jurisprudencia que aplica la reforma civil en materia de capacidad jurídica y hemos podido ver que, de alrededor de 300 resoluciones, solo el 20% se acomodan completamente a la Convención de Nueva York”.

Javier Hernández quiso incidir en la importancia del lenguaje: “Debe ser claro, accesible y sencillo. Los jueces utilizamos un lenguaje altamente judicializado y esto rompe cualquier compromiso inclusivo”.

El acto de clausura de la jornada contó con la participación del director de la sección jurídica de Fundación Aequitas, Manuel Rueda, y tres ex diputados de diferentes fuerzas políticas y patronos de la ONG del Notariado: Álvaro Cuesta, Emilio Olabarría y Francisco Vañó.

Para Manuel Rueda, “durante estos dos días se ha hecho hincapié en la importancia de la formación. Debe extenderse en las oficinas públicas e incluir no solo a los jueces y a los notarios, también a todos los que trabajen en sus equipos y tengan trato con el usuario”.

Para Álvaro Cuesta “aprobar la ley 8/21 es uno de los hitos de la democracia española y es fruto del trabajo de muchos protagonistas entre los que están ustedes que estaban impulsando esos contenidos antes que de la ley se convirtiera en ley” dijo en referencia a las entidades del tercer sector.

Francisco Vañó señalo que “hay un antes y un después de esta ley que ha conseguido sustituir la tutela por los apoyos, evita la ´muerte civil´ y trae consigo la confección de un traje a medida para cada persona. Las personas con discapacidad hemos pasado de ser objeto a ser sujeto; ahora solo queda desarrollarla”.

Para concluir Emilio Olabarría incidió en que “durante estos días se ha citado en varias ocasiones la falta de medios materiales para poder aplicar la ley correctamente. Las medidas económicas son indispensables para lograr la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad”.

Almudena Castro-Girona cerró el acto con un sentido agradecimiento a todos los implicados en el trabajo previo a la aprobación de la ley y a todos los involucrados en estas jornadas.

En primera persona

La mesa ¿Qué implica la ley para nosotros? estuvo moderada por Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, y en ella participaron varias personas con discapacidad, que expusieron su punto de vista sobre la reforma.

Daniel Gil: “Esta reforma es un avance muy importante y un paso más para desarrollarme como persona teniendo en cuenta mi voluntad, mis deseos y mis preferencias”.

Salvador Martínez: “Esta ley respeta la libre voluntad de las personas con discapacidad y con síndrome de Down y nos da apoyo para ejercer nuestra capacidad jurídica”.

María Pino: “Tras la entrada en vigor de la nueva ley el juez habló conmigo y ahora tengo una curatela y apoyos para decidir”.


Alianza CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas
El asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, realizó durante las jornadas una rueda de prensa, presentada por la senadora del grupo parlamentario popular, Amaya Landín, con la que anunció la puesta en marcha de una alianza liderada por CERMI con Fundación ONCE y Fundación Aequitas, cuyo objetivo principal es conseguir una óptima implantación de la reforma en el menor tiempo posible buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria.
El fin de las incapacitaciones judiciales

El 28 de marzo tuvo lugar el encuentro sobre El fin de las incapacitaciones judiciales de las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 realizado en los estudios de Servimedia. Participaron la vicepresidenta del CERMI y presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica; la directora de Æquitas, Almudena Castro-Girona; el asesor jurídico de la Asociación Liber, Torcuato Recover; el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández y la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de las personas con discapacidad y mayores, María José Segarra; en una conversación moderada por el director del medio, José Manuel García Huesa.

 

Primera mesa. ¿Qué implica la Ley para nosotros? De izda. a dcha.: María Pino, Salvador Martínez Baringo, Gregorio Saravia, Daniel Gil y Álvaro Martín-Moreno.

Segunda mesa. El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. De izda. a dcha.: Torcuato Recover, María José Segarra, José Marqueño, Juan Manuel Fernández Martínez y Almudena Castro-Girona.

ANDER GIL

«La aprobación de la ley 8/2021 constituye uno de los hitos más importantes de la democracia española».

LUIS CAYO PÉREZ BUENO

«La ley 8/2021 es una norma que ha sido un completo acierto y un instrumento que ayuda a las personas con discapacidad en la igualdad jurídica».

ALBERTO DURÁN

«Quiero destacar el trabajo de todos los operadores jurídicos y profesionales del derecho para desarrollar esta ley».

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ

«Esta ley constituye un marco de referencia mundial y es un modelo a estudiar y a seguir en otras legislaciones».

EMILIO OLABARRÍA

«Las medidas económicas son indispensables para lograr la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad».

Tercera mesa. Reformas pendientes en las diferentes comunidades
autónomas. De izda. a dcha.: Jordi Ribot, Fernando García Vicente, Miguel
Ángel Cabra de Luna, Ignacio Iriarte, Alicia Calaza y Andrés Urrutia.

Cuarta mesa. ¿Qué ocurre en los diferentes territorios? De izda. a dcha.: Mari Luz Sanz Escudero, Josep María Solé, Rafel de Lorenzo, Luciano Fernández y Luis Gonzaga.

ALMUDENA CASTRO-GIRONA

«El hito de esta ley es que consagra la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias».

MANUEL RUEDA

«La formación debe extenderse en las oficinas públicas a todos los que trabajen en sus equipos y tengan trato con el usuario».

ÁLVARO CUESTA

«La ley 8/21 es fruto del trabajo de muchos protagonistas entre los que están desde el origen las entidades del tercer sector».

FRANCISCO VAÑÓ

«Las personas con discapacidad hemos pasado de ser objeto a ser sujeto, ahora solo queda desarrollar la ley».

Quinta mesa. Aspectos prácticos de la Ley 8/2021. De izda. a dcha.: Rafael Armesto, Gonzalo López Ebri, Manuel Rueda, Ana Lima y David Mayor.

Sexta mesa. Consecuencias de la Ley 8/2021. De izda. a dcha.: Javier Hernández García, Rafael de Asís, Inés de Araoz, Pilar Villarino e Isidoro Martín Dégano.

Clausura. De izda. a dcha.: Francisco Vañó, Manuel Rueda, Álvaro Cuesta y Emilio Olabarría.

Los alumnos de la Escuela Peter Pan ganadores de los Premios de Pintura 20 años de la Fundación Æquitas.
PARA SABER MÁS

Las jornadas pueden verse íntegramente en Youtube.

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021 la Fundación Aequitas ha participado en la elaboración de dos guías tituladas El impacto de la Reforma del derecho civil y Más de cien preguntas sobre la discapacidad.

Heredar dentro y fuera de España

EN EL ESCAPARATE

HEREDAR DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

FERNANDO GEIJO

Entre padres e hijos la horquilla fluctúa entre el 45% de Francia, frente al 34% de España, y la exención total en otros como Bulgaria y Lituania.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones no sólo existe en España, sino que es de común aplicación en la gran mayoría de los Estados modernos y, por tanto, de los países de nuestro entorno. Sin embargo, las evidentes diferencias en su cuantía, unido al hecho de gravar unos bienes que ya han satisfecho sus tributos, elevan la polémica en torno a su idoneidad, lo que ha llevado a diversos países a eliminarlo o a decretar un pago testimonial por el mismo. Asimismo, se observa un desigual enfoque en los distintos países de Europa.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) está cedido en España a las comunidades autónomas, por lo que es uno de los más dispares. No es lo mismo el cumplimiento de las obligaciones impositivas dependiendo de si se vive en un territorio que en otro.


EXPERTOS CONSULTADOS EN UN FORO DEL NOTARIADO ALEGARON QUE ES NECESARIA UNA LEGISLACIÓN MÁS CLARA Y ARMONIZADA PARA QUE NO SE PENALICE EL AHORRO


Asimetría autonómica

La gestión descentralizada del ISD, desde que así se decidió en 1996, conlleva que las autonomías ejerzan no sólo sus correspondientes competencias recaudatorias sino también normativas. Esta cesión ayuda, sin duda, a las comunidades a cumplir con su autonomía financiera pero también supone, a la postre, evidentes diferencias en relación con los aspectos sobre los que se calcula el impuesto. Es decir: la base imponible, la tarifa, la fijación de la cuantía y los coeficientes del patrimonio preexistente o las deducciones y las bonificaciones a aplicar, entre otros aspectos.

No en vano es, precisamente, en este ámbito en el que las comunidades han ejercido con mayor tesón su potestad competencial, lo que ha llevado a un distanciamiento en términos de armonización desde la bonificación de cuota de hasta el 100% que aplican algunas (Andalucía, Cantabria y Galicia) para herencias de padres a hijos, hasta las más gravosas, como son los casos de Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en relación con el tipo medio efectivo que aplican a este impuesto entre parientes lejanos.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha estado ahí desde sus orígenes, allá por 1811, al establecer las Cortes de Cádiz la Manda Pía Forzosa. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos no le presta atención hasta que no le queda más remedio dentro del plazo legal establecido de seis meses, con posibilidad de aplazamiento y pago de los correspondientes intereses, desde que ocurre el fallecimiento. Y es en esos momentos, combinados con la aflicción por la pérdida de un ser querido, cuando, además, un océano de incertidumbre se cierne sobre nosotros.

Al hilo de lo anterior, el Consejo General del Notariado ejerció de anfitrión el pasado mes de noviembre para tratar de arrojar luz sobre este tema y organizar un encuentro con destacados expertos en la materia de cara a analizar la fiscalidad que se aplica en España al patrimonio y a su transmisión. Entre las principales conclusiones, en el caso que nos ocupa, los mismos alegaron que es necesaria una legislación más clara y armonizada en cuanto al ISD al objeto de que no se penalice el ahorro y la inversión, máxime en una coyuntura de elevada deuda como es la actual.

Asimismo, se habló de laberinto autonómico en materia fiscal, lo que provocaría que algunos contribuyentes decidan cambiar de domicilio fiscal hacia otras regiones y/o países de la UE en busca de un trato más benévolo, al tiempo que se solicitó poner en marcha una fiscalidad más competitiva y razonable, habida cuenta de que esos bienes a heredar ya han satisfecho, de facto, sus obligaciones con Hacienda por parte del difunto y su fiscalidad, por ende, no debería tener un efecto confiscatorio.

VER NOTICIA – La fiscalidad del patrimonio y su transmisión- 

Sin embargo, la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, constituida en 2017, rechazó en su día la supresión del ISD, dadas las acusaciones de inconstitucionalidad por las diferencias de trato entre ciudadanos que crean desigualdades de difícil justificación entre habitantes de diferentes regiones de un mismo Estado, aunque sí reconoció la necesidad de dotarlo de progresividad y de establecer un mínimo exento común para todas las comunidades.

En paralelo a lo anterior, cabe recordar que a lo largo de 2021 se aceptaron en España un total de 365.897 herencias y se registraron nada menos que 55.574 renuncias, lo que supuso un 22% y un 25% más en ambos casos, respectivamente, con respecto al año anterior, mientras que en el primer semestre de 2022 ya se habían notificado 27.224 renuncias, cifra similar a la del semestre precedente, según datos del Consejo General del Notariado.

Entre los principales motivos esgrimidos para decidir el rechazo de una herencia se encontrarían las deudas contraídas por los fallecidos, así como los costes que implica heredar, sobre todo para los familiares lejanos, que en ocasiones no compensan los gastos fiscales o no están en condiciones de asumirlos.

Panorama europeo

En la actualidad, la mayoría de países de Europa mantiene sucesiones en su catálogo de gravámenes. Asimismo, hay que destacar que su naturaleza es bastante análoga, a pesar de las lógicas diferencias derivadas de la soberanía fiscal ejercida por cada Estado, dado que la mayoría de ellos no grava las transferencias por debajo de cierta cantidad.
El impuesto existe en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Turquía, además de España. A pesar de su generalización, cabe destacar que apenas representa un 0,36% del total de los ingresos fiscales de los países que conforman la OCDE, frente a otros, como España, donde IRPF o IVA recaudan 80.000 y 70.000 millones de euros anuales, respectivamente, en comparación con los escasos 2.500 millones de euros recolectados por sucesiones en 2019, tras las bonificaciones aprobadas en la Comunidad de Madrid.


LA MAYORÍA DE PAÍSES DE EUROPA MANTIENE SUCESIONES EN SU CATÁLOGO DE GRAVÁMENES


En relación con el tipo máximo aplicado de padres a hijos, por tomar un parámetro básico común de referencia, la horquilla fluctúa entre el 45% de Francia en el pico más alto, frente al 34% de España, y la exención total en otros como Bulgaria y Lituania. Asimismo, destacan los casos de los países bálticos, con esquemas fiscales tradicionalmente onerosos; en concreto, Suecia y Noruega, donde las herencias no están gravadas. No obstante, en la mayoría de los países europeos se establece una tarifa progresiva en función del patrimonio preexistente del heredero. Asimismo, existen Estados que para este tipo de herencias incluyen bonificaciones elevadas en función del parentesco o bien establecen una tarifa mínima constante.

Además, y como ocurre en nuestro país, algunos Estados del Viejo Continente, como Bélgica o Suiza, también cuentan con diferencias internas a la hora de establecer las cuantías con las que gravan a sus ciudadanos con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de la región o cantón, respectivamente, en la que habiten. Sin embargo, esta peculiaridad, derivada de su afinidad federalista, conlleva evidentes problemas añadidos a la hora de realizar herencias transfronterizas, con la consiguiente doble imposición, aspecto este sobre el que la Unión Europea ya se pronunció en 2010, con el lanzamiento de varias recomendaciones para tratar de evitar tributar dos veces por el mismo hecho.

 

Algunos contribuyentes deciden cambiar de domicilio fiscal hacia otras regiones y/o países de la UE.
PAÍS TIPO MÁXIMO T. MÁXIMO DE PADRES A HIJOS
ESPAÑA
BÉLGICA
FRANCIA
DINAMARCA
ALEMANIA
SUIZA
LUXEMBURGO
GRECIA
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
ESLOVENIA
FINLANDIA
IRLANDA
TURQUÍA
POLONIA
HUNGRÍA
LITUANIA
PORTUGAL
ITALIA
BULGARIA
81,60
80
60
52
50
50
48
40
40
40
39
33
33
30
20
18
10
10
8
6,60
34
30
45
36,25
30
1,4
5
10
20
0
14
19
33
1
7
21
0
0
4
0
¿Espacio común europeo?

Las ventajas derivadas de la globalización fruto de la pertenencia al club comunitario conllevan que cada vez sean más habituales las sucesiones transfronterizas, con el problema añadido de la doble imposición, tema no resuelto por la UE y que está en manos de los Estados miembros. En nuestro caso, España sólo tiene suscritos tres convenios para evitar la doble imposición referente a los impuestos sobre herencias con Grecia, que data nada menos que de 1919, y con Francia y Suecia, ambos en vigor desde enero de 1964.
Por último y en términos comparativos con el resto de Europa, se observa que existen países, como Austria, Suecia, Estonia y Letonia, que han suprimido este impuesto en sus respectivos sistemas impositivos.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones está cedido en España a las comunidades autónomas, por lo que es uno de los más dispares.
Radiografía del impuesto

En Alemania el impuesto de sucesiones está regulado federalmente, contando con una tasa impositiva variable de entre el 7% y el 50%, dependiendo del grado de parentesco. En Bélgica, se tiene en cuenta la región, el sujeto pasivo y la cantidad heredada, con un tipo máximo general que se sitúa en el 34% para las herencias que superen los 797.555,08 euros y pudiendo llegar el gravamen al 80%, casi en paralelo con el tipo máximo español que encabeza este particular ranking, al alcanzar el 81,60% cuando se dan determinadas situaciones. En Bulgaria son los municipios los que establecen la cuantía del impuesto, dentro de los límites que marca la normativa estatal, al tiempo que no fija pago alguno cuando se trata de herencias entre padres e hijos, aplicando un exiguo 0,8% en los casos entre hermanos y sobrinos siempre que la misma sea superior a 128.000 euros, con un máximo del 6,60%.

En el caso de Dinamarca, el coste por heredar depende del patrimonio del difunto, mientras que la carga impositiva puede alcanzar el 52%. Finlandia, por su parte, dispone de dos escalas, como la gran mayoría de países europeos, para distinguir entre familiares cercanos y parientes lejanos o, incluso, personas sin relación de parentesco, pudiendo llegar al 33% de tipo máximo aplicable a las herencias y al 19% cuando se trata de padres a hijos.

Francia, el tercer país en la lista con el tipo máximo más elevado con hasta un 60% y líder en gravar la herencia de padres a hijos con un 45%, dispone de un hecho imponible similar al español, diferenciando también el grado de parentesco a la hora de fijar la escala impositiva a emplear.
En la misma línea de suavización del importe en función del parentesco, en Italia el rango aplicable se mueve entre el 4%, de padres a hijos, y apenas el 8% de tipo máximo, primando la condición anteriormente expuesta y no la masa hereditaria. Mientras que Irlanda cuenta con un gravamen fijo para todo tipo de herencias entre parientes directos establecido en el 33% para la cantidad que exceda el límite libre de impuestos, que varía en función del parentesco entre fallecido y heredero.

Un vistazo al pasado
  • 1947: creación del Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, que incluía, junto a las realizadas inter vivos, el canon para grava las mortis causa.
  • 1964: se reforma el esquema anterior y se separan los impuestos en Sucesiones y Donaciones, por un lado, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por otro.
  • 1987: se incrementa la autonomía del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y se excluye como sujeto pasivo a las personas jurídicas, cuya tributación se integra en el Impuesto de Sociedades como beneficios extraordinarios.
  • A partir de aquí, las modificaciones se ciñen a las bonificaciones y deducciones a aplicar a la base imponible o la cuota íntegra.
  • Desde 1996 el tributo se cede a las comunidades autónomas, lo que inicia el proceso de desarmonización entre diferentes regiones españolas.
Naturaleza del Impuesto de sucesiones y donaciones
  1. Directo, al actuar sobre la nueva capacidad financiera del contribuyente.
  2. Personal, al gravar al heredero.
  3. Subjetivo, al tener en cuenta las circunstancias del contribuyente.
  4. Progresivo, al establecer la cuota a pagar en función de la cuantía.
  5. De devengo instantáneo, en un plazo máximo de seis meses, aplazables, desde el fallecimiento.
  6. De carácter estatal, aunque cedido a las comunidades autónomas.
PARA SABER MÁS

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Boletín Oficial del Estado (BOE). Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). Consejo General del Notariado.
Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021. Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF – CGE).

Una Europa más verde, digital y social

EN EL ESCAPARATE

UNA EUROPA MÁS VERDE, DIGITAL Y SOCIAL

A GREENER, MORE DIGITAL AND SOCIAL EUROPE

FERNANDO GEIJO

Alcanzar un pacto en materia energética y de inmigración son otras claves de la Presidencia.

Achieving an agreement on energy and immigration would be other key aspects of the Presidency.

España ocupará en el segundo semestre de 2023 la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Una responsabilidad que ya ejerció en cuatro ocasiones anteriores y que supone una oportunidad única para asumir un relevante rol como Estado miembro y dar continuidad a los trabajos de las instituciones europeas. La hoja de ruta española tendrá a la inmigración, la energía y América Latina como puntos fuertes de su actuación, sin dejar de lado los pilares fundamentales de la UE en torno a la ecología, la tecnología y la protección social.

Un segundo objetivo será dejar huella en el tablero estratégico en que se mueven los 27 países que conforman la UE y, por ende, tratar de incrementar la influencia política española en Bruselas. Y todo ello en medio de la convocatoria de elecciones generales en nuestro país, previstas para finales del presente año, además de la cita electoral para que 501 millones de ciudadanos renueven los 705 miembros del Parlamento europeo, fijada para mayo/junio de 2024, con el consiguiente nombramiento posterior de una nueva Comisión.

Tres en uno

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y en vigor desde 2009, estableció la costumbre de asignar un plazo de 18 meses para la presidencia rotatoria compartido por un trío de Estados miembros. Se trata de completar las presidencias semestrales por turnos de seis meses, que se producen desde 1958, e hilvanar sus políticas con los otros dos países que conforman cada terna respectivo. El objetivo es dar una mayor continuidad a los trabajos realizados en ese lapso de tiempo propuesto. En estos momentos, Suecia es el país que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea, como tramo final del conjunto de tres que conforma con Francia y la República Checa, mientras que España inaugurará el suyo en julio, que será completado sucesivamente por Bélgica y Hungría a lo largo de 2024.

La colaboración entre los países que integran cada respectivo trío debe estar, como es lógico, previa y convenientemente coordinada, organizada y consensuada entre ellos, al modo en que lo harían los corredores por relevos de un equipo de atletismo de élite que se precie. En el caso español, no sólo va a prestar formación específica a alrededor de 1.000 funcionarios públicos para que afronten con garantías la gestión de estos intensos meses, sino que ha puesto en marcha un Comité Organizador ad hoc.

Asimismo, es preciso que todo este engranaje administrativo de distintos Estados organizados en oleadas de sucesivas ternas tenga presente que las propuestas integradas en su propio programa de actuación, tanto conjunto como específico de cada país, deben estar alineadas y, por consiguiente, encajar con las líneas políticas emanadas desde Bruselas, a saber: el fomento de la transición ecológica hacia una economía verde en su lucha contra el cambio climático y a favor de la biodiversidad; la transformación digital de la sociedad; la agenda social con el foco puesto en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su respectivo Plan de Acción, y el desarrollo de las interconexiones y la correspondiente reforma del mercado energético, así como la revisión de los planes de recuperación y resiliencia, y el fomento de la colaboración con regiones de importancia para la UE, como son América Latina y el Sur del Mediterráneo.

 


EL 1 DE JULIO DE 2023 MARCARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA


 

Deberes a la vista

Entre las obligaciones de la presidencia de turno se encuentra la planificación y dirección de las sesiones de nueve de las diez formaciones que integran el Consejo, excepto la relativa a Asuntos Exteriores, que sigue siendo responsabilidad exclusiva del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que ejerce el español Josep Borrell desde su nombramiento en 2019, además del de Vicepresidente de la Comisión Europea. También debe impulsar las reuniones de sus órganos preparatorios y del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), así como de la mayoría de los grupos de trabajo que ya están en marcha, sin descuidar la representación del Consejo ante el resto de instituciones de la UE.

Las tareas del país anfitrión de la presidencia semestral de turno deben, asimismo, centrarse en el fomento del trabajo legislativo mediante la culminación de las negociaciones en curso de los expedientes abiertos en torno a las grandes líneas de trabajo de la Unión Europea, entre las que destacan la transición ecológica, la transformación digital y la agenda social. Sin descuidar impulsar la cooperación entre los países miembros a través de una intermediación que pueda calificarse como imparcial. Y todo ello con la necesaria flexibilidad y cintura para que el aparato burocrático responda de manera eficiente a las diferentes crisis que puedan surgir sobre la marcha en el ciclo europeo semestral en cuestión.

Sin cabos sueltos

Sin embargo, cada Estado miembro tiene la potestad de señalar, dentro siempre de la panoplia europea, los ámbitos en los que prefiere que se concentre la atención bajo su presidencia. Para ello, presenta un Programa específico ante el Consejo de Asuntos Generales, que en el caso de España está previsto que lo haga en junio de 2023.

En el bosquejo del mismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya adelantó en septiembre pasado a los embajadores europeos de la UE en nuestro país los ejes fundamentales que guiarán la acción de la Presidencia española.

En la reunión con los mismos, el titular de Exteriores remarcó la necesidad de robustecer la unidad de Europa frente a la volatilidad y complejidad del actual contexto internacional, con Ucrania y la inflación en mente. Asimismo, recordó que el programa de trabajo impulsado por España estará vinculado a reforzar los ejes verde, social y digital que ya marcan la hoja de ruta paneuropea, al tiempo que subrayó la oportunidad que para la Presidencia española supondrá seguir incrementando las relaciones con dos regiones clave para el Viejo Continente, como son América Latina y la Vecindad Sur del Mediterráneo, con las cumbres previstas con ambos bloques en Bruselas y Barcelona, respectivamente, en el segundo semestre de 2023.

Por tierra, mar y aire

25 ciudades españolas acogerán a lo largo del semestre algún tipo de reunión o acto en relación con la Presidencia española del Consejo de la UE. En concreto, está previsto que se celebren reuniones de alto nivel repartidas en las diecisiete comunidades españolas.

Diferentes localidades situadas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y el País Vasco albergarán dos reuniones de alto nivel, mientras que Cataluña será la anfitriona de tres. Andalucía será la clara ganadora de esta pedrea diplomática al aglutinar otros tres encuentros y sumar, además, el premio gordo con la sede en la Alhambra de Granada de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno.

En total, serán alrededor de 2.000 reuniones las que habrá que organizar entre Bruselas y Luxemburgo, a las que hay que añadir más de 200 en territorio español, 22 de ellas de carácter ministerial, para lo que se contará con un presupuesto que podría rondar los 100 millones de euros, una cifra situada entre los 40-60 millones de las presidencias checa y portuguesa y los 140 millones de coste de la francesa.

De entre todas ellas, sin duda destacan dos citas marcadas en rojo en la agenda de la Presidencia. Por un lado, la cumbre en Granada de los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE con los 33 de la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), con el bloqueo del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) en el punto de mira y con la próxima Cumbre Iberoamericana en marzo en República Dominicana como antesala y, por otro, coincidiendo con el día del Mediterráneo el 28 de noviembre, tendrá lugar en Barcelona el encuentro de ministros de Exteriores de la UE con sus homólogos de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez.

 


EL PROGRAMA DE TRABAJO IMPULSADO POR ESPAÑA ESTARÁ VINCULADO A REFORZAR LOS EJES VERDE, SOCIAL Y DIGITAL QUE YA MARCAN LA HOJA DE RUTA PANEUROPEA


 

Responsabilidad compartida

Como en cualquier comunidad de vecinos que se precie, la Presidencia rotativa acaba recayendo en todos los Estados miembros cuando les llega su momento. Además, al organizar los turnos se pretende que en los tríos que ejercerán la Presidencia en períodos conjuntos de 18 meses se combinen países grandes con pequeños, veteranos con noveles y que haya un cierto balance cronológico entre Estados situados en el Norte y el Sur de Europa.

Asimismo, cabe destacar que la Presidencia del Consejo de la UE va más allá de las meras reuniones de trabajo y, a la postre, implica tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sin olvidar a la propia sociedad civil. No en vano, está previsto que se organicen actividades culturales de diversa índole por toda la geografía española a lo largo del semestre.

 


25 CIUDADES ESPAÑOLAS ACOGERÁN A LO LARGO DEL SEMESTRE ALGÚN TIPO DE REUNIÓN O ACTO EN RELACIÓN CON LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE


 

Aparte de los objetivos específicos esgrimidos, a partir de julio de 2023 España presidirá una Europa que ya ha debatido, con una amplia participación ciudadana, un nuevo contrato social emanado de los resultados obtenidos en la Conferencia sobre el futuro de Europa, en relación con la defensa de la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, entre otros asuntos. Un punto de partida que no se puede obviar y que supone la auténtica columna vertebral sobre la que construir las políticas del futuro en la Unión Europea.

Serán alrededor de 2.000 reuniones las que habrá que organizar entre Bruselas y Luxemburgo, a las que hay que añadir más de 200 en territorio español.

There will be around 2,000 meetings to be organised between Brussels and Luxembourg, with more than 200 further gatherings in Spain.

Spain will hold the presidency of the Council of the European Union in the second half of 2023. This responsibility has already been exercised on four previous occasions and represents a unique opportunity to assume an important role as a Member State and to continue the work of the European institutions. The Spanish roadmap will place emphasis on immigration, energy and Latin America in its proceedings, without overlooking the key EU pillars of ecology, technology and social protection.

Las cumbres con Latinoamérica y el Mediterráneo Sur serán las citas estrella del semestre. Summits with Latin America and the Southern Mediterranean will be the highlights of the six months.

A second objective will be to make an impression on the strategic stage on which the 27 countries that make up the EU operate, thereby aiming to increase Spanish political influence in Brussels. This comes amid the calling of a general election in Spain, scheduled for the end of this year, alongside a date with the ballot box for 501 million citizens to re-elect the 705 members of the European Parliament, set for May/June 2024, resulting in the subsequent appointment of a new Commission.

Three in one

The Lisbon Treaty, signed in 2007 and in force since 2009, established the custom of allocating an 18-month period for the rotating presidency, shared by a trio of Member States. This involves supplementing the half-yearly presidencies of six-month shifts, which have taken place since 1958, linking policies together with the other two countries holding each of the three terms. The aim is to give greater continuity to the work carried out within this proposed timeframe. Sweden is currently the country holding the presidency of the Council of the European Union, as the final leg of the group of three comprising France and the Czech Republic, while Spain will open its own in July, to be completed successively by Belgium and Hungary over the course of 2024.

Collaboration among the countries that make up each respective trio must, of course, be appropriately coordinated in advance, organised and agreed among them, just as the relay runners of a prized elite athletics team would do. In the case of Spain, not only will specific training be given to around 1,000 public officials so as assuredly to handle the management of these intense months, but an ad hoc Organising Committee has also been set up.

All this administrative gearing of the different States, organised into waves of successive terms, must also bear in mind that the proposals integrated within their own programme of action, both joint and country-specific, must be aligned and hence consistent with the political lines emanating from Brussels, namely: the promotion of the ecological transition towards a green economy in the fight against climate change and in favour of biodiversity; the digital transformation of society; the social agenda, focusing on the European Pillar of Social Rights and its respective Action Plan; the development of interconnections and the corresponding reform of the energy market, as well as the revision of recovery and resilience plans, and the promotion of collaboration with regions of importance for the EU, such as Latin America and the Southern Mediterranean.

 


1 JULY 2023 WILL MARK THE START OF THE SPANISH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION


 

Duties in view

The duties during the presidency include the planning and management of the sessions of nine of the ten Council formations, excluding Foreign Affairs, which remains the exclusive responsibility of the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, a position held by Spain’s Josep Borrell since his appointment in 2019, in addition to the Vice-President of the European Commission. Meetings of the preparatory bodies and the Committee of Permanent Representatives (COREPER) must also be advanced, as well as of most of the working groups already in place, without neglecting the representation of the Council before the other EU institutions.

The tasks of the host country of the rotating six-month presidency also require a focus on promoting legislative work by completing the ongoing negotiations on the open dossiers regarding the European Union’s main lines of work, including the green transition, digital transformation and social agenda. Without overlooking the promotion of cooperation among member countries, by acting as a properly impartial intermediary. All of which must be combined with the necessary flexibility and finesse to ensure that the bureaucratic apparatus responds efficiently to the various crises that might arise over the course of the six-month European cycle in question.

No loose ends

However, each Member State is empowered, albeit within the confines of Europe’s policy spectrum, to highlight those areas on which it prefers to focus attention under its presidency. To this end, it presents a specific programme to the General Affairs Council, which Spain in this case is scheduled to do in June 2023.

In the draft version, the Minister for Foreign Affairs, the European Union and Cooperation, José Manuel Albares, last September revealed to the European ambassadors of the EU in Spain the core strands that will steer the action of the Spanish Presidency.

At the meeting with them, the Foreign Minister stressed the need to strengthen European unity in the face of the volatility and complexity of the current international context, with Ukraine and inflation in mind. He also recalled that the working programme promoted by Spain will be linked to strengthening the green, social and digital strands that already mark the pan-European roadmap, while stressing the opportunity for the Spanish Presidency to continue increasing relations with two regions that are of key importance to the continent, namely Latin America and the Southern Neighbourhood of the Mediterranean, summits with the two blocs having been planned in Brussels and Barcelona, respectively, in the second half of 2023.

By sea and by air

25 Spanish cities will during the six months host some kind of meeting or event in connection with the Spanish Presidency of the Council of the EU. In particular, high-level meetings are scheduled to be held in seventeen of Spain’s autonomous regions.

Different locations in Castile-La Mancha, Castile-Leon, Galicia and the Basque Country will host two high-level meetings, while Catalonia will host three. Andalusia will be the clear winner of this diplomatic jamboree, claiming a further three meetings as well as the star prize, with the Alhambra in Granada hosting the informal summit of Heads of State and Government.

In all there will be around 2,000 meetings to be organised between Brussels and Luxembourg, with more than 200 further gatherings in Spain, 22 of them ministerial, with a budget of around 100 million euros, a figure lying somewhere between the 40-60 million of the Czech and Portuguese presidencies, and the 140 million spent by the French.

Among all these, there are undoubtedly two dates marked in red on the Presidency’s agenda. First of all, the summit in Granada of the 27 Heads of State and Government of the EU with the 33 of the CELAC (Community of Latin American and Caribbean States), with the stalemate of the association agreement between the EU and Mercosur (comprising Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay and Venezuela) in the spotlight, and with the forthcoming Ibero-American Summit in March in the Dominican Republic serving as the precursor. And secondly, coinciding with the Day of the Mediterranean on 28 November, the meeting of EU foreign ministers with their counterparts from Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine and Tunisia will take place in Barcelona.

 


THE WORKING PROGRAMME PROMOTED BY SPAIN WILL BE LINKED TO STRENGTHENING THE GREEN,SOCIAL AND DIGITAL STRANDS THAT ALREADY MARK THE PAN-EUROPEAN ROADMAP


 

Shared responsibility

As in any neighbourhood association, the rotating Presidency ends up falling to each of the Member States when their time comes. Furthermore, when the terms are scheduled, the aim is that the trio holding the presidency for the overall period of 18 months should combine large and small countries, veterans with newcomers, and that there should be a certain chronological balance between states located in the north and south of Europe.

It should also be noted that the Presidency of the Council of the EU goes beyond mere working meetings, and ultimately involves both central government and the autonomous regions and local authorities, not forgetting civil society itself. It is no coincidence that cultural activities of various kinds are planned throughout Spain over the course of the six months.

 


25 SPANISH CITIES WILL DURING THE SIX MONTHS HOST SOME KIND OF MEETING OR EVENT IN CONNECTION WITH THE SPANISH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU


 

In addition to the specific objectives set out, from July 2023 Spain will preside over a Europe that has already discussed, with extensive citizen participation, a new social contract derived from the results obtained at the Conference on the Future of Europe, with regard to the defence of freedom of expression, democracy, human rights and the fight against poverty, among other matters. A starting point that cannot be ignored, and which represents the real backbone on which to build the policies of the future within the European Union.

Seis meses de frenética actividad

El sábado 1 de julio de 2023 marcará el pistoletazo de salida de la presidencia española del Consejo europeo. Un órgano decisorio esencial en el funcionamiento de la Unión Europea. Por delante esperan un total de 184 días distribuidos entre los últimos seis meses del año, a pesar de que agosto se considera inhábil en términos comunitarios, para lograr alcanzar un acuerdo en materia de asilo e inmigración, progresar en la consecución de un mercado único de la energía y, finalmente, estrechar las relaciones de la Unión con Latinoamérica y los vecinos de la orilla Sur del Mediterráneo. Al menos esos serían los grandes objetivos que, a priori, se ha marcado el Gobierno español en su presidencia de turno de la UE.

España ya ejerció esta presidencia en los primeros semestres de 1989, 2002 y 2010, así como en el segundo de 1995, bajo los gobiernos de Felipe González, en dos ocasiones, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Un auténtico escaparate de proyección internacional.

Six months of frenetic activity

Saturday, 1 July 2023, will mark the start of the Spanish presidency of the European Council. An essential decision-making body in the functioning of the European Union. Ahead will lie a total of 184 days spread over the last six months of the year, despite August not being considered working days for EU business, in order to reach an agreement on asylum and immigration, progress towards creating a single energy market, and lastly to strengthen the Union’s relations with Latin America and its neighbours on the southern shore of the Mediterranean. At least these would be the major objectives defined in principle by the Spanish Government for its term of the presidency of the EU.

Spain previously held this presidency in the first half of 1989, 2002 and 2010, and in the second half of 1995, under the governments of Felipe González, on two occasions, José María Aznar, and José Luis Rodríguez Zapatero. A genuine opportunity to claim the international limelight.

PARA SABER MÁS / FOR FURTHER INFO

La Presidencia del Consejo de la UE. Consejo de la Unión Europea.

The Presidency of the Council of the EU. Council of the European Union.

Hablamos de Europa, portal de asuntos europeos de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Hablamos de Europa, the European affairs portal of the Department for the European Union. Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation.

Comparecencia íntegra del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión Mixta para la UE (5 de septiembre de 2022).

Full address to the Congress of Deputies by the Minister for Foreign Affairs, the European Union and Cooperation, within the framework of the Joint Committee for the EU (5 September 2022).

Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo de 26 de julio de 2016 que modifica la Decisión 2009/908/UE, por la que se establecen las normas de desarrollo relativas al ejercicio de la Presidencia del Consejo y de la presidencia de los órganos preparatorios del Consejo.

Council Decision (EU) 2016/1316 of 26 July 2016 amending Decision 2009/908/EU laying down detailed rules for the exercise of the Presidency of the Council and the
Presidency of the Council’s preparatory
bodies.

ARQUITECTURA DE UN SEMESTRE

Entre los organismos responsables de coordinar de forma adecuada el aluvión de actos que están previstos a lo largo de los últimos seis meses de 2023, destacan las siguientes estructuras administrativas:

  • Creación del Comité Organizador de la Presidencia española que, bajo la dirección del Ministro de Exteriores, se encargará de posibilitar la necesaria coordinación interdepartamental, al estar integrado por representantes de todos los ministerios implicados en los diferentes actos y eventos.
  • La Secretaría General para la Unión Europea que, en estrecho contacto tanto con las embajadas españolas en los países de la UE como con la Oficina de Representación Permanente de nuestro país (que verá incrementada exponencialmente su actividad), se ocupa de la identificación de contenidos, fijación de posiciones y seguimiento de expedientes en activa coordinación con todos los Ministerios implicados en esta labor.
  • La Oficina de Coordinación para la Presidencia española de la UE, que tiene la responsabilidad de planificar e impulsar todas las iniciativas relacionadas con los diferentes actos incluidos en la presidencia.
FRAMEWORK FOR HALF A YEAR

The bodies responsible for properly coordinating the panoply of events planned over the course of the closing six months of 2023 include the following administrative structures:

  • Creation of the Organising Committee of the Spanish Presidency which, under the direction of the Foreign Minister, will be responsible for enabling the necessary cross-departmental coordination, comprising as it does representatives of all the ministries involved in the different ceremonies and events.
  • The Secretary-General for the European Union, in close contact with both the Spanish embassies in EU countries and the Permanent Representation of Spain (which will see an exponential increase in its activity), is responsible for identifying content, establishing positions and monitoring casework in active coordination with all the Ministries involved in this task.
  • The Coordination Office for the Spanish Presidency of the EU, which has responsibility for planning and promoting all initiatives related to the different events included within the presidency.
NOBLESSE OBLIGUE

Entre las funciones que se espera que realice de manera diligente un Estado miembro a la hora de ejercer la presidencia de turno del Consejo se encuentran:

  • Organización para presidir y planear las reuniones, oficiales o informales, desarrolladas en Bruselas o en el país anfitrión, tanto al máximo nivel, con la representación de jefes de Estado y de Gobierno, como en el ámbito ministerial y/o funcionarial de seguimiento de los distintos grupos de trabajo.
  • Negociación en nombre del Consejo, con el resto de instituciones de la UE, mediante reuniones del denominado Comité de Conciliación o bien por medio de diálogos tripartitos o encuentros informales.
  • Representación ante el propio Consejo y el Parlamento Europeo de cara a facilitar la consecución de acuerdos en torno a expedientes legislativos en marcha, además de la participación externa en las cumbres de la UE con terceros Estados.
NOBLESSE OBLIGE

The tasks which a Member State is expected to carry out diligently when holding the rotating Council presidency include:

  • Organisation to chair and plan meetings, whether official or informal, conducted in Brussels or in the host country, both at the highest level, with the representation of Heads of State and Government, and at the ministerial and/or official level to follow up the different working groups.
  • Negotiation on behalf of the Council with the other EU institutions, through meetings of what is known as the Conciliation Committee, or through three-way discussions or informal meetings.
  • Representation before the Council itself and the European Parliament with a view to facilitating agreements on ongoing legislative casework, as well as external participation at EU summits with third countries.

Desarrollo sostenible de La Palma

EN EL ESCAPARATE

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PALMA

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

El Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane, acogió en septiembre las jornadas Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma (La oportunidad después del volcán). Este foro –organizado por el Colegio Notarial de Canarias, el Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Notariado– se celebró coincidiendo con el primer aniversario de la erupción del volcán.

 

En el encuentro participaron profesionales de la Justicia, la Economía, la Arquitectura y del Catastro, junto con autoridades nacionales, autonómicas y locales (incluidos los alcaldes de las zonas afectadas), quienes aportaron su visión del suceso, la situación vivida y las soluciones abordadas hasta el momento. Sobre todo, pusieron sobre la mesa proyectos e ideas para impulsar el desarrollo sostenible de la isla.

Las jornadas fueron inauguradas por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; Carlos Cabrera, vicepresidente del Cabildo Insular; Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma; y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Izquierdo señaló que «en el mayor desastre civil producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el compromiso del Notariado ha sido espectacular. Se ha volcado con La Palma, como demuestra la organización de este foro, o realizando informes -como el desarrollado por Alfonso Cavallé sobre el usufructo-, que han aportado solución a una zona gris en lo jurídico”.

Cabrera agradeció la labor notarial a la hora «de armar expedientes y escuchar reivindicaciones en una casuística muy variada para informar a los ciudadanos y acceder a las ayudas. Desde el Cabildo queremos agradecer esa colaboración de los notarios con administraciones y ciudadanos para echar una mano».

Por su parte, Pestana agradeció «a los notarios y a su personal realizar altruistamente miles de expedientes, contribuyendo a resolver muchos de los trámites que han permitido acreditar la propiedad de los inmuebles y acceder así a las ayudas. Aún quedan asuntos complejos por resolver, como los adelantos de herencias mediante donaciones o los usufructos, casuísticas difíciles en las que se está trabajando para su resolución»

 


LAS MÁS DE MIL ACTAS DE NOTORIEDAD ELABORADAS POR LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS EN LA PALMA ESTÁN PERMITIENDO A LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEMOSTRAR SU TITULARIDAD


 

Martínez Sanchiz puso de manifiesto que «han sido muchos los compañeros que han tratado de recuperar, desde el punto de vista documental, la situación producida por el volcán. Hay dos circunstancias fundamentales a las que nos enfrentamos: la ayuda a las víctimas y el futuro que debemos fraguar. Sobre este segundo aspecto, el Colegio Notarial de Canarias, la Fundación Notariado y el CGN hemos convocado estas jornadas con el propósito de aportar ideas para el desarrollo sostenible de La Palma. Espero que este foro permita alumbrar nuevas vías que transitar».

«Cuando se produce una desgracia de este calibre, surge lo mejor de las personas, que se mueven hacia la solidaridad -señaló el presidente de los notarios españoles-. Tenemos una oportunidad única de prestar apoyo todos juntos a los que han sufrido esta lamentable situación».

Martínez Sanchiz recordó cómo se puso en marcha el proceso de colaboración notarial: «Rápidamente, el Ministerio de Justicia se puso en marcha para introducir tres notarías en los municipios afectados en colaboración con ayuntamientos y personal que ha prestado sus servicios. Más de cincuenta notarios de toda España pusieron su dosis de solidaridad con el objetivo de reconstruir los títulos de propiedad. Un año después, con los expedientes prácticamente cerrados, no queríamos dejar de transmitir el apoyo del CGN y de todos los decanos de España y expresar nuestro apoyo simbólico a La Palma, por lo que vamos a realizar un Pleno de la institución por primera vez en la isla. Los notarios no solo queremos reconocer los títulos de propiedad; también queremos reconstruir las vidas de los damnificados; con sostenibilidad económica y jurídica. Los notarios tenemos una obligación y una posibilidad de ayudar, por lo que quiero manifestar nuestro compromiso de seguir prestando servicio a los palmeros».

Por su parte, el decano anfitrión, Alfonso Cavallé, expresó el objetivo de este encuentro: «La necesidad de nuestro trabajo está a punto de finalizar, pero queríamos agradecer a las personas de La Palma habernos permitido compartir esta experiencia tan positiva que hemos realizado con dedicación. No nos parecía suficiente poner el punto y final; queríamos compartir ideas y ver posibilidades para que los palmeros puedan afrontar un futuro esperanzador».

 


TRAS LA ERUPCIÓN SE ABRIERON TRES NOTARÍAS PROVISIONALES EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS: LOS LLANOS DE ARIDANE, EL PASO Y TAZACORTE


 

La visión de los profesionales

Moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, la primera mesa redonda contó con las intervenciones de José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio de Arquitectos y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Tenerife del Colegio de Registradores de España.

Rodríguez constató que «la realidad jurídica es tremendamente compleja. El abanico de problemas ha desbordado la realidad fáctica del Valle de Aridane. Se plantean numerosas circunstancias que quedan al margen del Decreto Ley 1/2002 (por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma)».

El decano de los abogados palmeros propuso «buscar soluciones extraordinarias en el mundo del derecho. Los canales magmáticos han sepultado suelos rústicos en los que se edificaban núcleos familiares en la misma finca o viviendas sin declaración de obra nueva, por poner ejemplos. La realidad es que, pasado un año, no se han buscado soluciones a esas situaciones, por lo que comienza una etapa en la que se pasa a la intervención judicial y a la denegación de solicitudes de ayuda. Ahora estamos pasando a judicializar la vía civil, con reclamaciones al consorcio de compensación de seguros».

Ricken sostuvo que «la visión y expectativas de políticos, profesionales y afectados son muy diferentes. Debemos reparar las consecuencias del volcán a nivel habitacional, teniendo en cuenta nuevos factores, como el cambio climático o la dependencia de combustibles fósiles. La reconstrucción debe pasar por la sostenibilidad; evitar la especulación inmobiliaria; impulsar la creación de viviendas sociales y asequibles; usar energías renovables, como gas e hidrógeno; evitar las barreras arquitectónicas; promover la conciliación, con el teletrabajo y la proximidad; fomentar el turismo a pequeña escala…. En resumen, empoderando a la gente en lugar de tutelarla».

Riera apuntó que «el futuro de los damnificados depende de una solución integral que genere optimismo en la reconstrucción. En el ámbito habitacional, partiendo de los instrumentos legales, habrá que introducir las necesarias modificaciones para -de manera coordinada, con garantía y seguridad jurídica- utilizar mecanismos expropiatorios sobre el suelo yermo de lava. Esta medida garantizará que, si no se puede llevar a cabo la vida diaria como se hacía antes, se genere una fuente turística y medioambiental. Será necesario actuar sobre el suelo no afectado por el volcán para reordenar su uso y ofrecérselo a los damnificados, creando infraestructuras y núcleos de población».

 


REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DESTACARON EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA PALMA


 

Lalanda señaló las dificultades a la hora de coordinar la información registral y catastral tras la erupción, «ya que la situación de hecho distaba de la de derecho». También puso en valor «la labor de los notarios para que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación y, una vez identificados, poder recibir una indemnización». Como solución a la recuperación económica propuso «la reparcelación y adjudicación de fincas de reemplazo, ya que muchos terrenos van a quedar yermos durante mucho tiempo; o los beneficios fiscales, que permitan atraer inversión para la isla».
Por último, Cantos señaló que «hay que contar con los damnificados a la hora de reconstruir. En el centro de la recuperación deben estar las personas».

Ayuntamientos

Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane; Omar Hernández, concejal de turismo de Tazacorte y Sergio Javier Rodríguez, alcalde de El Paso participaron en el segundo panel de debate.

García Leal, en primer lugar, agradeció la organización del evento y señaló que, en el último año, «la actividad del Notariado se ha acercado a su función social de asesoramiento cercano a los ciudadanos». A continuación, se mostró crítica con las medidas puestas en marcha: «Los tiempos de la Administración no se acompasan con los tiempos de los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos sepan qué va a pasar. Debe hacerse un esfuerzo para que las ayudas lleguen a todo lo que está sepultado, porque ayudará a la reconstrucción de los proyectos personales de vida». Por último, demandó «una legislación específica sobre las consecuencias de la erupción del volcán».

El edil de Tazacorte agradeció el compromiso de los notarios con sus vecinos: «Resolvieron con éxito expedientes sobre viviendas afectadas. Sin embargo, deberían llegar respuestas y ayudas en cuanto a demanda habitacional por parte de las entidades públicas. Aún hay personas alojadas en caravanas y en viviendas de familiares. Debería existir una legislación específica más ágil».

Hernández destacó la apuesta de su municipio por el sector turístico: «Podemos sacar rédito dotando a las empresas de recursos. En este sentido, hemos creado partidas presupuestarias para adquirir terrenos que nos permitan desarrollar proyectos sostenibles, como un centro vulcanológico o científico».

Sector jurídico

La última mesa de esta primera jornada fue dirigida por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Intervinieron Miguel Ángel Pulido, de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias; Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo; Eduardo Risueño, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Pulido hizo hincapié en la «necesaria reconversión de la agroindustria palmera y la reconstrucción de todas las infraestructuras básicas, como la carretera de la costa y todo lo relacionado con el ciclo del agua. Asimismo, debemos buscar inversiones que generen empleos para que los jóvenes no se vayan de la isla».

Villar resaltó que «la Ley Nacional de Protección Civil no está pensada para una situación como la de la Palma, en la que todo desaparece por completo y el nuevo territorio que surge es hostil a la recuperación».

En otro orden de cosas, Risueño puso de manifiesto que «no tenemos una normativa de concentración parcelaria. Hay cinco millones de metros cuadrados de suelo agrario que debemos tratar de recuperar, basándonos en principios de compensación».

Santana demandó la creación de «un órgano que se dedique a la fase de reconstrucción, en el que estén implicadas todas las Administraciones. No debe haber intervenciones sucesivas y complementarias. Con una normativa expresa para los supuestos del desastre se podría ir más rápido que con la regulación normativa actual.»

Cavallé coincidió en señalar que «afrontamos un reto multidisciplinar, que sobrepasa con mucho la competencia de tres ayuntamientos y un cabildo. Precisamos un tratamiento conjunto basado en la solidaridad institucional».

 


LOS EXPERTOS CONCLUYERON QUE LA RECONSTRUCCIÓN DEBE PASAR POR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES,EVITANDO ERRORES COMETIDOS ANTERIORMENTE


 

«Lo que ha ocurrido es excepcional. Las últimas catástrofes similares fueron las de Lanzarote y Garachico, que ocurrieron hace doscientos años, por lo que el legislador no ha tenido en cuenta este tipo de situaciones en las que desaparece el terreno. La solución del problema es de tipo legislativo», concluyó el decano de los notarios canarios.

Marín coincidió en señalar que «falta decisión, por lo que una previsión legislativa es necesaria».

Por último, Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, realizó una exposición sobre el estado actual y el futuro de la isla.

Sector turístico

Enrique Luis Larroque del Castillo, director del Hotel Hacienda de Abajo, exponía el punto de vista del sector turístico palmero: «Los turistas no caen del cielo. Hay que atraerlos, pero no hay plazas hoteleras en este momento. De las 17.000 existentes, 5.000 están inmovilizadas por alojar a los damnificados por el volcán. El turismo puede proporcionar los ingresos que necesita desesperadamente la isla. La agricultura, el principal motor insular se ha quebrado, las plataneras se han sepultado bajo la lava y la ceniza».

Catastro y Consorcio

En una mesa moderada por la periodista Magaly Cáceres, presentadora y reportera de la Televisión Canaria, participaron Alejandro Izusquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y Fernando Aragón, director general del Catastro.

Fernando Aragón hizo un recorrido por la actividad realizada por su institución desde la erupción: «Los datos del Catastro han sido la única información completa y fehaciente de las propiedades para dotar a los propietarios de certidumbre y certificación. La información catastral ha permitido evaluar daños, establecer zonas de riesgo, reconstruir infraestructuras, poner en marcha un plan de prevención de catástrofes naturales (volcanes, incendios o inundaciones)».

Por su parte, Alejandro Izusquiza manifestó que el Consorcio de Compensación de Seguros «ha atendido 10.000 solicitudes de indemnización. Se han abonado 218 millones de euros, gestionando y pagando el 91% de los expedientes e importes. Muchas pólizas quedaron sepultadas bajo la lava; ha sido una experiencia única para la entidad: la primera siniestralidad volcánica».

 


DURANTE LAS JORNADAS, LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS Y EL CATASTRO RECIBIERON UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR SU LABOR


 

Gobierno de Canarias

A continuación, tuvo lugar una conferencia impartida por José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Entre las medidas puestas en marcha por el ejecutivo autonómico, Valbuena apuntó «la preparación de decretos para regular los planeamientos urbanísticos municipales y el desarrollo de un consorcio que permita acortar los plazos de reconstrucción, priorizando a los afectados cuya primera vivienda fue sepultada. Un año después, seguimos con el proceso de duelo y nos surgen nuevas hipótesis e incertidumbres».

Conclusión

En la última mesa redonda participaron Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado; Manuel Fernández, ex vicepresidente del Parlamento de Canarias y Antonio Castro, ex presidente del Parlamento de Canarias.

«Es imposible prever una catástrofe, pero es evidente que hay que tener una planificación urbanística adecuada en una isla donde puede haber erupciones», señaló Hernández.

Manuel Fernández resaltó los «daños morales de la erupción. Se han destruido recuerdos, historia y verdad de miles de personas. Hay que poner los máximos esfuerzos para dotarles de recursos materiales, porque nunca se podrán recuperar esos daños morales».

Por último, Antonio Castro agradeció «el comportamiento de los notarios en esta situación, con una actitud muy necesaria y aprovechable». Asimismo, quiso «felicitar a las instituciones por su actuación el momento de la emergencia».

Reconocimiento al Catastro
Fernando Aragón, director general del Catastro, recibía de manos de Alfonso Cavallé, decano anfitrión, la medalla de honor (en su modalidad de encomienda) del Colegio Notarial de Canarias, en reconocimiento a la institución que dirige en la identificación y georreferenciación los terrenos afectados por la lava.
Fernando Aragón, director general del Catastro, con su condecoración.
Sesión plenaria del Consejo General del Notariado
Por primera vez en la historia del Consejo General del Notariado, la isla de La Palma acogió una sesión plenaria de la institución. Los decanos de los 17 Colegios Notariales Españoles y demás miembros del Consejo mantuvieron este encuentro de trabajo en la sede de la Casa Salazar en Santa Cruz, capital de la isla.
Los miembros del Consejo General del Notariado en la sesión plenaria en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma.
Primera mesa. De izquierda a derecha: Carlos Celestino Lalanda, José Antonio Riera, Francisco Cantos, Beate Dorotea Ricken y Juan Antonio Rodríguez.
Segunda mesa. De izquierda a derecha: David Ruiz, Luis Ortega, Noelia García y Omar Hernández.
Tercera mesa. De izquierda a derecha: Juan José Santana, Miguel Ángel Pulido, José Alberto Marín, Francisco Villar, Eduardo Risueño y Alfonso Cavallé.
Cuarta mesa. De izquierda a derecha: Magaly Cáceres y Enrique Luis Larroque.
Quinta mesa. De izquierda a derecha: Alejandro Izusquiza, Magaly Cáceres y Fernando Aragón.
Sexta mesa. De izquierda a derecha: Eligio Hernández, Luis Ortega, Antonio Castro y Manuel Fernández.
José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma.
Notarios voluntarios
En la clausura de las jornadas, los alcaldes de los Llanos de Aridane y Tazacorte hicieron entrega de un diploma de reconocimiento a los notarios voluntarios que acudieron a esas localidades -junto con la de El Paso- tras la erupción del volcán. Las más de 1.000 actas de notoriedad que los notarios han realizado gratuitamente a lo largo de este año están permitiendo a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían. (Lamentablemente, no todos los notarios que han prestado servicio en la isla pudieron acudir a este acto, aunque se les hizo llegar el agradecimiento y reconocimiento de los palmeros).
Los notarios voluntarios posan con los alcaldes de los Llanos de Aridane y de Tazacorte.
Inauguración. De izquierda a derecha: Carlos Cabrera, Anselmo Pestana, José Ángel Martínez Sanchiz, Héctor izquierdo y Alfonso Cavallé.

HÉCTOR IZQUIERDO,

COMISIONADO ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ISLA DE LA PALMA

"La naturaleza humana en los momentos complejos es cuando saca lo mejor de sí"

El 19 de septiembre de 2021 entraba en erupción el volcán en Cumbre Vieja. Un año después, ¿qué balance realiza de la situación? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Administración a la hora de alcanzar la plena recuperación económica de los damnificados?

Los retos son curar la herida producida y crear un entorno competitivo que suponga un punto de inflexión en el Valle. De nada sirve tener cubierto un alto porcentaje de las pérdidas producidas si nos queda un erial donde vivir. Necesitamos unas infraestructuras que conecten los núcleos urbanos, construir unos nuevos pueblos que sean referentes en habitabilidad y sostenibilidad, una agricultura lo más eficiente posible, energía sostenible gracias a la geotermia, atractivos turísticos que generen una diferenciación competitiva, recuperar la pérdida de camas turísticas, así como del tejido productivo afectado… son muchos frentes interconectados que nos deben generar un crecimiento para la isla.

Ha participado en unas jornadas en Los Llanos de Aridane organizadas por el Notariado. ¿Cómo valora la actividad de estos profesionales en materia de asesoramiento e información?

Excelente. La labor de los notarios y los registradores durante todo el proceso post eruptivo ha sido solidaria y comprometida con los palmeros. Se han trasladado a la isla desde distintos puntos de España, han realizado actuaciones de modo gratuito que, si las hubieran cobrado con los aranceles oficiales, hubieran ascendido a 1,1 millón de euros.

Desde su experiencia personal, como palmero de nacimiento, ¿cómo ha vivido la situación de sus convecinos? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esta situación?

Lo peor: la situación de impotencia ante la naturaleza viendo que era ella quien marcaba los tiempos. Como la velocidad y el posterior enfriamiento de las coladas, así como la emanación de gases eran factores sobre los que no sólo no se podía influir sino ni siquiera era posible estimar cuándo terminarían. Lo mejor: la solidaridad del pueblo palmero. Recuerdo ver en el polideportivo de Los Llanos los asientos con zapatos para niños ordenados por talla, modelo y género que los vecinos habían donado para que pudieran ser recogidos por los afectados. La naturaleza humana en los momentos complejos es cuando saca lo mejor de sí y se muestra como realmente es.

Aunque se ha producido una inyección económica de fondos de distinta procedencia para la recuperación, aún hay personas viviendo en hoteles. ¿Cuáles son las principales medidas a corto plazo previstas de cara a impulsar la economía, el empleo, la vivienda, agricultura, turismo…?

En el corto plazo, lo primero son los afectados, dar soluciones habitacionales (viviendas, alquileres, hoteles), así como trabajo (planes de empleo, ERTE, subsidios, compensaciones de rentas) que garanticen un hogar digno y una corriente de ingresos a los afectados. Sin olvidar establecer unas bases para que la economía se desarrolle de una manera sostenible en el largo plazo.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a los habitantes de La Palma en el primer aniversario de un acontecimiento que les cambió la vida?

Esperanza. No es el primer volcán que vemos los palmeros; de hecho, es el tercero que ven mis padres. Es una tragedia que se nos ha llevado casas, terrenos, cultivos, entornos, recuerdos, esfuerzos de décadas, aspectos irremplazables… No obstante, saldremos de ella más fortalecidos. Hay medios, recursos y, sobre todo, el cariño que todos los palmeros tenemos a nuestra tierra.

Persona, empresa y Tecnología

EN EL ESCAPARATE

PERSONA, EMPRESA Y TECNOLOGÍA

A mediados de julio tuvo lugar el seminario Persona, Empresa y Tecnología en el donostiarra Palacio de Miramar. Este foro, organizado por el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco, se enmarcó dentro del programa de cursos de verano la Universidad del País Vasco (UPV).
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA,
Inauguración. De izquierda a derecha: el subdelegado del Gobierno de Guipúzcoa, Guillermo Echenique; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; y la directora de los cursos de verano de la UPV, Itziar Alcorta.

Dirigido por el notario Segismundo Álvarez, el curso contó con las intervenciones de notarios españoles y extranjeros, altos cargos de las Administraciones españolas, directivos de asociaciones empresariales, representantes del tercer sector, magistrados y fiscales.

Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia; Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, intervinieron en la inauguración. Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y Diego Granados, decano del Colegio Notarial vasco, también asistieron al acto.

Martínez Sanchiz -tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes- señaló que este curso, el segundo que se celebra en la UPV, se centra «en una materia tan importante para los notarios como la persona, la empresa y la tecnología».

El secretario de Estado apuntó que «en un mundo marcado por la incertidumbre, la función del Notariado es un pilar esencial para el tráfico jurídico. La nueva Ley 8/2021 sobre discapacidad dota al colectivo de una plena autonomía jurídica. En este nuevo modelo, los notarios son claves y pueden aportar un magnífico servicio a la sociedad a la hora de autorizar documentos y otorgamientos que configuren una adecuada protección jurídica de las personas con discapacidad».

Rodríguez puso en valor el carácter pionero del Notariado español en materia tecnológica, «con proyectos como IBERA, IBERFIDES o EUDOC, para el intercambio de documentos públicos, ejemplos de que los notarios se adaptan a los cambios tecnológicos para un uso más eficaz de sus funciones haciendo más sencilla la vida a los ciudadanos. Proyectos como el de las leyes de eficiencia digital, concursal o ‘crea y crece’ utilizan las aplicaciones tecnológicas sin merma de la seguridad jurídica notarial».

 


CATASTRO Y NOTARIADO PONDRÁN EN MARCHA UN PROYECTO PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS ALTERACIONES FÍSICAS CATASTRALES


 

Artolazabal coincidió en señalar que «las últimas reformas han reforzado la competencia y función notarial en materias como la jurisdicción voluntaria o la resolución de conflictos, reduciendo la carga de los juzgados. Podemos considerar al Notariado como órgano colaborador de una buena administración de Justicia, como garantes del control previo de legalidad. Estas competencias requieren una especial sensibilidad en el trato con personas mayores y con discapacidad, unas funciones que ya llevan años desempeñando los notarios».

En materia de discapacidad, la nueva Ley 8/2021 modifica «la función singular del Notariado -apuntó Artolazabal-, al adoptar una estrategia de intervención que permita configurar los apoyos adecuados. Para afrontar este cambio de mentalidad entre notarios y persona, me consta la labor de su Fundación Aequitas».

Derecho a decidir

Bajo el título Amparo socio-legal ante el envejecimiento y la discapacidad tuvo lugar la primera mesa redonda. Moderada por el notario Ignacio Gomá, contó con las intervenciones de Nuria Moreno-Manzanaro, jefe de área del CES (Consejo Económico y Social); y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Moreno-Manzanaro realizó un análisis detallado de la longevidad en nuestro país. «Con 84 años de esperanza de vida media al nacer, España se sitúa, incluso después de los estragos del Covid, entre los países con esperanza de vida más elevada del mundo. La llegada de los baby boomers (en España, los nacidos entre 1957 y 1975), a las edades de jubilación está haciendo que el futuro de las pensiones y la preocupación por la sostenibilidad del sistema acapare el protagonismo en el debate público sobre las consecuencias del envejecimiento. En 2022, aproximadamente 1,3 millones de personas reciben alguna prestación del sistema de atención a la dependencia: la mitad son mayores de 80 años. Del total de beneficiarias, un 30% son personas con gran dependencia».

Tras señalar la implicación de los notarios con el movimiento de la discapacidad, «el Notariado es una profesión amiga», Pérez Bueno hizo hincapié en algunos datos sobre discapacidad: «La cuestión del envejecimiento es crucial, de primera importancia, para nuestro movimiento social, no en vano el 60% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, más de 2 millones, según las estadísticas oficiales del INE. De estas cifras se deduce que, en España, 1,5 millones de personas con discapacidad afrontarán el envejecimiento en los próximos años».

Aplicación práctica de la ley 8/21 fue otro de los temas de uno de los paneles de debate. Con Segismundo Álvarez Royo-Villanova como moderador, participaron en el coloquio Carmen Velasco, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y Catalina Pedrero, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Euskadi.

 


66.000 EMPRESAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA RECIBIRÁN LAS AYUDAS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL


 

Velasco señaló que «la función notarial no ha variado con la nueva normativa, pero se regula lo que se estaba haciendo hasta ahora. El Notariado nunca ha trabajado solo ni lo va a hacer, necesitamos la colaboración de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos para ir recorriendo el camino en la aplicación de esta ley. Asesoramiento, dación de fe en el ámbito extrajudicial, fuerza probatoria de la escritura pública, profesionalidad y formación son rasgos esenciales de nuestro trabajo que nos permitirán recobrar el lugar que siempre hemos tenido y seguir aportando seguridad jurídica».

«El papel del Ministerio Fiscal es básico en la protección de las personas más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad- apuntó Pedrero-. La trascendencia de la Ley 8/2021 es enorme por la transformación que ha supuesto oponiéndose al conservadurismo del mundo de la justicia; aún hay una resistencia grande a la hora de aplicarse». Sobre el papel de los notarios, la fiscal señaló que «pasan a desempeñar una tarea enorme en este nuevo marco». Asimismo, expresó su «agradecimiento a la Fundación Aequitas por la difusión de la Convención de la ONU que posteriormente ha sido reconocida en el articulado de nuestro ordenamiento».

Proyectos tecnológicos

Dirigida por Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado (CGN) para la UE, se celebró una mesa redonda sobre EUDOC, IBERDOC e IBERFIDES, tres proyectos tecnológicos desarrollados por el Notariado español para la circulación telemática de escrituras públicas entre distintos países. Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos); Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado para América del CGN; y Gonzalo Cano, notario, miembro del grupo de trabajo de nuevas tecnologías del Consejo de los Notariados de la Unión Europea, tomaron parte en el coloquio.

Cano realizó un caso práctico de intercambio de documentos con la plataforma EUDOC, «que permite el envío de copias electrónicas firmadas entre notarios de los países de la UE. La herramienta ha sido desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) e impulsada por los Notariados alemán y español».

Sobre EUDOC, Bormann destacó que «garantiza que los notarios se mantengan al día con la digitalización, sin comprometer la calidad de los servicios notariales. Con EUDOC, los Notariados español y alemán asumen un papel pionero en el ámbito de las TIC».

Gil Botero apuntó que «el sector iberoamericano de la Justicia está realizando un esfuerzo permanente en el ámbito de la digitalización. La seguridad jurídica es fundamental para consolidar la gobernanza de nuestros Estados y su cohesión social. En colaboración con el Notariado español hemos puesto en marcha plataformas como Iber@, que permite la cooperación jurídica entre 22 países beneficiando para servir a 600 millones de habitantes».

Para Alfonso Cavallé, «el idioma, el derecho común, y el arraigo de una institución como el Notariado ha permitido implementar esos proyectos de nuevas tecnologías entre España e Iberoamérica. El desplazamiento de personas en diferentes países es cada vez más común y los notarios debemos facilitarles su situación, permitiéndoles realizar negocios jurídicos transnacionales».

Kit digital

La primera mesa redonda de la segunda jornada se centró en El Kit Digital, un proyecto de RED.es que cuenta con el apoyo del Notariado. Moderada por Segismundo Alvarez, contó como ponentes con Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es y Antonio Magraner, vicepresidente de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios).

Alberto Martínez Lacambra destacó que “el Programa Kit Digital tiene como objetivo digitalizar a empresas de menos de 50 empleados para mejorar la productividad de esta parte de nuestro tejido empresarial, que supone el 51% del empleo del país. La primera convocatoria de ayudas de Kit Digital, que se lanzó el pasado 15 de marzo, está dirigida a pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 trabajadores y ya ha recibido más de 66.000 solicitudes. Además, en los próximos días se alcanzará la cifra de 20.000 ayudas concedidas, lo que significa que alrededor del 30% de pymes solicitantes ya cuentan con la ayuda”.

 


LOS PONENTES DESTACARON LA LABOR DE LA FUNDACIÓN AEQUITAS EN LA NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD


 

Martínez Lacambra añadió que la primera convocatoria “ha ido muy bien y confiamos en que la segunda, dirigida a microempresas y a autónomos de entre 3 y menos de 10 empleados tenga tan buena acogida”. El director general de RED.es ha resaltado también la agilidad en la tramitación y concesión de las ayudas gracias “a un sistema muy innovador y robotizado, en el que colabora el Notariado entre otros organismos, que permite que se pueda solicitar la ayuda sin aportar apenas documentación”.

Por su parte, Magraner puso en valor la importancia del ‘kit digital’ para los jóvenes empresarios: «Sin este proyecto se habría producido una brecha digital, lo que hubiera supuesto un grave problema empresarial. La gran mayoría de empresas no llega al 10% de su digitalización, muchas no tienen página web ni pueden vender online. Hay que ayudar a las micropymes a que puedan darse a conocer, porque la digitalización es un elemento democrático para nuestro tejido productivo; permite a los emprendedores internacionalizarse y competir con grandes empresas en igualdad de condiciones».

Catastro

Intercambio de información entre el Notariado y el Catastro: la colaboración al servicio de la ciudadanía fue el tema del segundo panel de debate. Moderado por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, estuvo integrado por Fernando de Aragón, director general del Catastro; Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al ciudadano; y Mikel Mendizábal, jefe de Servicio de Gestión de Tributos Locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Puebla destacó la «intensa colaboración entre notarios y Catastro. Las alteraciones jurídicas del dominio de los inmuebles cuentan con flujos de intercambio de información muy depurados con resultados excelentes. En 2011 se incorporaron los intercambios de alteraciones físicas (segregaciones, divisiones, reparcelaciones,..). En 2015, al configurarse la cartografía catastral como base de representaciones gráficas en el Registro de la Propiedad, se hacía necesario avanzar en el intercambio de información gráfica entre Catastro y notarios; en ese sentido, en 2021 se publicó una resolución cuyo fruto fue la puesta en marcha de una experiencia piloto en el Colegio Notarial de Valencia, que ha dado excelentes resultados y que se pretende ampliar a nivel nacional».

 


LA INFORMACIÓN CATASTRAL RECOGIDA EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NOTARIALES ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS, COMO EL BLANQUEO DE CAPITALES


 

Aragón coincidió en alabar la prolongada «colaboración entre Notariado y Catastro, que contribuye a mejorar los servicios públicos administrativos de calidad para la sociedad. Los notarios comunican el 54% de las certificaciones que se realizan en la sede del Catastro. Durante la pandemia se realizaron cuatro millones y se prevé que en 2022 lleguemos a los ocho millones. Estas comunicaciones nos permiten tener los datos al día de cualquier alteración jurídica (cambios de titularidad, compraventas,..). Estos años de colaboración se han visto refrendados con una resolución común de las direcciones generales de Seguridad Jurídica y Fe Pública con la del Catastro, que permitirá al ciudadano obtener toda la información georreferenciada del inmueble de manera inmediata en la notaría en una transmisión de propiedad». El director general del Catastro resaltó que la incorporación de los valores de referencia en la escritura pública «contribuye a la prevención del blanqueo».

Mendizábal destacó que «la colaboración con los notarios permite utilizar los valores de las escrituras públicas en el recorrido de nuestra información. El sistema de valores de referencia puesto en marcha por el Catastro y los notarios es un logro para la administración tributaria que evita conflictividad y aporta transparencia y veracidad».

Manuel González Meneses dictó la última ponencia del curso: Los servicios de confianza en el medio electrónico y la captura del legislador tecnológico. Para el notario, » el legislador ha querido ir por delante, estableciendo un régimen de efectos jurídicos y de presunciones legales que favoreciese el uso de esta tecnología antes de su adopción de forma generalizada en el mercado. Con ello nos encontramos, una vez más, con que una institución nacida en el ámbito empresarial pretende desplazar los criterios del Derecho Civil, es decir, del derecho que protege los intereses del ciudadano medio».

Primera mesa redonda. De izquierda a derecha: Luis Cayo Pérez, Ignacio Gomá y Nuria Moreno-Manzanaro.
Placas conmemorativas
Beatriz Artolazabal, Tontxu Rodríguez y Sofía Puente, recibieron durante el seminario unas placas conmemorativas del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco.
Beatriz Artolazabal, Tontxu Rodríguez y Sofía Puente, recibiendo las placas.
Retos del Notariado
Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, señaló que “la futura ley de eficiencia digital pretende conseguir un servicio público de Justicia centrado en las personas. En esta norma, los notarios jugarán un papel importante al incorporar servicios digitales que les permitan adaptarse a futuros retos; aunque nada puede suplir lo que aporta el notario en materias como el control de legalidad, la mediación o el consentimiento informado», indicó el representante de Justicia.

Tecnología al servicio de los ciudadanos

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, defendió que «la digitalización debe ser amable con las personas. Decimos sí a las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia y del Notariado, pero al servicio de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de las personas vulnerables. Para evitar brechas digitales con personas mayores o con discapacidad, la tecnología debe humanizarse. Los avances tecnológicos no suplen la seguridad jurídica preventiva y el control de legalidad notarial».
Segunda mesa redonda. De izquierda a derecha: Segismundo Álvarez, Catalina Pedrero y Carmen Velasco.
Tercera mesa redonda. De izquierda a derecha: Gonzalo Cano, Alfonso Cavallé, Jens Bormann, Enrique Gil y Álvaro Lucini.
Cuarta mesa redonda. De izquierda a derecha: Alberto Martínez, Segismundo Álvarez y Antonio Magraner.
Quinta mesa redonda. De izquierda a derecha: Mikel Mendizábal, Fernando de Aragón, Francisco Cantos y Jesús Puebla.

Un extraordinario panel de ponentes

El acto de clausura estuvo presidido por Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado. El secretario de Estado destacó el papel pionero del Notariado español en su apuesta por la innovación tecnológica, con hitos como la constitución de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), la implantación de la firma electrónica reconocida (FEREN) y de la Red Privada Notarial (RENO), así como el impulso a proyectos como Red Iber@, Iberfides o EUDoc, con el objetivo de fomentar la circulación de documentos judiciales, fiscales y policiales en países iberoamericanos y europeos. Martínez Sanchiz resaltó el extraordinario panel de ponentes “que nos ha permitido reflexionar sobre distintos aspectos. En primer lugar, sobre personas y envejecimiento, con intervenciones de una altura importante, realizadas desde el punto de vista económico y de la experiencia de las organizaciones sociales. Del mismo modo, tuvimos la posibilidad de compartir la experiencia del Ministerio Fiscal sobre la reforma de la discapacidad y la colaboración y el apoyo institucional que desplegamos los notarios con la Fiscalía. A continuación, se abordaron los proyectos que se están desarrollando en materia de circulación digital de documentos, como la red IBERA –ya operativa con COMJIB- y otros puestos en marcha tanto en Europa como Iberoamérica. La segunda jornada resultó muy interesante, tanto en lo que atañe al ‘Kit digital’ –que constituye un verdadero ejemplo de aplicación inteligente de la tecnología y que está adquiriendo un gran grado de ejemplaridad a nivel europeo-, como en lo relativo a nuestra colaboración con la Administración del Estado, puesta de manifiesto con los logros de la resolución conjunta que se ha ido implementando desde la sede del Catastro, que redundará en breve en un beneficio para todos los españoles: operaciones que podían tardar meses reducen sus tiempos de manera exponencial. Por último, concluimos con una conferencia sobre firma electrónica, muy diáfana y profunda, que apunta algunos aspectos que debemos ayudar a resolver para que los usuarios de los servicios digitales tengan los mismos derechos que los de los tradicionales”.