El nuevo Portal Estadístico del Notariado fue presentado públicamente el pasado 23 de octubre por la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el Espacio Fundación Telefónica ante más de un centenar de representantes del ámbito político, financiero, académico e inmobiliario. Entre los asistentes se encontraban María de los Llanos Castellanos, subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana; Esther Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública e Isabel Borrego, presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados.

Transparencia y compromiso

El nuevo portal constata el compromiso de servicio público del Notariado. Conscientes de que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, el objetivo de esta plataforma notarial es “aportar transparencia al mercado inmobiliario y contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda”, aseguró la presidenta del CGN.

El portal se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos. “Queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España”, señaló Concepción Pilar Barrio Del Olmo. “Todo lo que van a ver hoy aquí-continuó- resulta de los ingresos que percibimos, porque esos ingresos van destinados, aparte de retribuir a los notarios y a los 18.000 trabajadores que empleamos, a sostener los elementos personales y materiales necesarios para el adecuado desempeño de nuestra función. Esos ingresos también van destinados a sostener toda la estructura tecnológica del Notariado”.

La presidenta del Notariado también puso en valor la cercanía de los notarios, casi 3.000 repartidos por pueblos y ciudades de toda España. “Alrededor de 60.000 personas al día acuden a las notarías para ser asesoradas, aconsejadas, en definitiva, para ser atendidas. Y es que el Notariado tiene su origen ya milenario en la sociedad. Autorizamos en torno a 9 millones dnegocios jurídicos al año y firmamos con firma electrónica cualificada 30 millones de documentos. Me refiero también a comunicaciones o partes”.

Por último, hizo mención al desarrollo tecnológico alcanzado: “Me tengo que referir en primer lugar a la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que estableció desde el 1 de enero de 2002 la obligación de tener firma electrónica cualificada, el mismo sistema telemático de emisión y remisión de información, y un sistema de interconexión entre todas las notarías. De hecho, la Sede Electrónica Notarial fue pionera en España. Todas estas herramientas están disponibles en todas las notarías. Da igual que sea una notaría en una gran ciudad como Madrid o en un pueblecito de la “España vacía”. Además, desde el 1 de enero del año 2004 los notarios tenemos que pasar a campos parametrizados los datos contenidos en las escrituras, actas y pólizas que autorizamos. Esa obligación genera los índices informatizados cada 15 días. Y esos índices informatizados generan el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado. En torno a esta base se articula la colaboración del Notariado con las Administraciones Públicas; con todas las autoridades competentes en materia de blanqueo de capitales, como son, por ejemplo, jueces, fiscales, autoridades administrativas como la Policía Judicial o UDEF y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese índice único también nutre el portal estadístico que hoy presentamos”, concluyó.

Estadísticas de primer nivel

El portal está diseñado para facilitar la consulta y el análisis del mercado inmobiliario. Cuenta con un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. Tras determinar un área de interés, permite filtrar por tipo de finca y construcción, y consultar el precio medio por m², la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada. Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado. 

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentó, como muestra de la capilaridad y granularidad de los datos notariales, un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda de 2007 a 2025. Este estudio muestra como el precio medio €/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado un 3,6%, pasando de 2.077€ a 2.153€. Gracias a la información ofrecida, también se observa como España cuenta con una realidad dual, con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

Otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Las adquisiciones de compradores foráneos se han incrementado notablemente, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. En cambio, la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 representaban el 22,53% de las compraventas realizadas por la población de 18 a 30 años, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,55%. 

ABIERTO A TODA LA CIUDADANÍA, ESTE PORTAL ES LA FUENTE MÁS RIGUROSA, COMPLETA Y ACTUALIZADA SOBRE EL MERCADO INMOBILIARIO

Durante su intervención, Martínez Lacambra mostró también, a través del mapa interactivo del portal, los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado. De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España- vivienda nueva y segunda mano- se han incrementado un 8% respecto a 2024. Está situación se agrava en la capital del país, registrando Madrid un aumento de los precios del 15,2%. En otra gran ciudad como Barcelona la subida alcanza el 9,3%.

 “Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público. La solución de las zonas tensionadas en la península pasa por mejorar el transporte público. En el caso concreto de Barcelona y Madrid, puede facilitar el acceso a viviendas un 50% más económicas.”, aseveró el director general del Centro Tecnológico del Notariado, entidad responsable del desarrollo del portal. “El portal permite seguir la evolución de estos factores, ofreciendo estadísticas completas de los últimos 12 años, además de indicadores sociodemográficos. Una información relevante y precisa de gran utilidad para el diseño y propuesta de políticas públicas de vivienda”, concluyó.

El curso reunió a cerca de una treintena de profesionales del sector inmobiliario, además de autoridades institucionales, operadores del sector jurídico, representantes del ámbito académico y miembros del Notariado. A lo largo de dos jornadas, se articularon distintas mesas de debate para encontrar soluciones a los importantes retos que afronta la vivienda en nuestro país: el desequilibrio entre la oferta y la demanda, las dificultades de acceso de los jóvenes, el mercado del alquiler o el impacto de la okupación, entre otros.

“Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración del curso. La presidenta destacó la importancia y el valor de los datos notariales, extraídos de las escrituras públicas, para la adopción de soluciones adecuadas, y manifestó la necesidad de contar también con información rigurosa en el ámbito del alquiler, “un mercado dominado por el documento privado, lo que conlleva siempre opacidad y falta de seguridad jurídica”.

La vivienda: principal preocupación
Barrio Del Olmo puso de manifiesto que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos: “Tenemos un problema con la vivienda, y no solo lo decimos los notarios: el Banco de España, en su último informe relativo a los datos de 2024, alerta sobre la escasez de vivienda nueva y de segunda mano”. Es por ello -explicó- que el Notariado ha dedicado por segundo año consecutivo este curso a la vivienda”, aseguró. “Los notarios tenemos un compromiso con la sociedad. Queremos estudiar y proponer soluciones sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. El pasado año destinamos estas jornadas a diagnosticar las cuestiones que afectaban al acceso a la financiación y a la regulación. En este 2025 tenemos el diagnóstico y pasamos a la acción”.

Una acción orientada a atajar un problema estructural que la Administración Pública ha tratado de abordar, hasta el momento, sin gran éxito. “Hay leyes estatales y autonómicas que tienen como finalidad garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como proclama el Artículo 47 de nuestra carta magna. Pero todas esas medidas todavía no están resultando eficaces”, apuntó Barrio Del Olmo.

Un problema de largo recorrido
Sobre las políticas públicas en materia de vivienda se pronunció también Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno”. La representante del Ministerio expuso que el sector ha venido arrastrando una difícil situación desde la crisis inmobiliaria del año 2008: “Se produjo un gran número de decesos empresariales en las constructoras, un envejecimiento en su propio inmovilizado y grandes dificultades de financiación y de reemplazo de mano de obra: hoy, apenas el 9% de los trabajadores tiene menos de 30 años”.

En este sentido, apuntó que el Ministerio trabaja “intensamente” con la Fundación Laboral de la Construcción para revertir la dinámica: “Los jóvenes creen que dedicarse a la construcción supone verse en el paro en 15-20 años. Hay que romper ese mantra con formación y ahondando en nuevas maneras de construir. Para ello, nuestro PERTE de la Construcción Industrializada es algo esencial”, un programa que prevé una inversión de 1.300 millones de euros en los próximos 10 años para producir entre 15 y 20 mil viviendas industrializadas anualmente.

Toda esta gran confluencia de factores ha desembocado en la compleja situación que actualmente atraviesa el sector de la vivienda, más si cabe cuando reformas legislativas como la de la Ley del Suelo se encuentran bloqueadas: “Pensamos que, si nos hacíamos herederos de un proyecto anterior, consensuado, iba a tener la aprobación de las Cortes Generales; y nos encontramos con el rechazo. La reforma de la Ley del Suelo pretende agilizar los plazos, los trámites y, sobre todo, hacer más racional la tramitación administrativa de la normativa de planeamiento”, explicó Castellanos.

Inversión pública y empleo de los datos
Desde la Administración -continuó-, “estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos. Para nosotros es muy importante colaborar decididamente con el sector privado, tener mayor certeza en los arrendamientos y emplear la tecnología para aplicar la información obtenida de los datos”. Y dio algunas cifras de los programas desarrollados por el Ejecutivo: “En el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; además de los 4.000 millones en fondos ICO para darles financiación y la línea de avales de 2.000 millones para completar la oferta financiera”.

A la hora de tomar decisiones, la colaboración entre organismos y sectores se configura como un elemento fundamental. “Resulta de vital importancia tratar el problema de la vivienda reuniendo a todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado. Si la problemática es multifactorial, la solución debe ser multidisciplinar”, reiteró el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

En cuanto a la participación activa del Notariado, apuntó que “la vivienda es una cuestión que está en el día a día de nuestros despachos. Los notarios estamos en contacto directo con los ciudadanos, contamos con unos datos estadísticos de valor incalculable, extraídos de los instrumentos públicos que autorizamos, y estamos aquí para aportar soluciones de consenso”.

Donostia: una ciudad tensionada
La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y concejala delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ofreció una visión de la situación que vive la ciudad: “Donostia tiene un grave problema de vivienda y las tensiones de la ciudad se trasladan a la periferia. En los últimos diez años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%”, aseveró. “Hay que dar respuestas y nuestra estrategia debe ser sostenible y respetuosa -prosiguió Arzallus-. La vivienda es mucho más que un factor económico, es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar, un espacio de convivencia y protección, una necesidad básica. En Donostia fuimos pioneros en establecer la regulación de los pisos turísticos: heredamos unos 2.000 pisos turísticos y ahora estamos en unos 1.200, y van bajando”.

Con respecto a la Ley de Vivienda, la teniente de alcalde dijo que su impacto en San Sebastián “ha detraído el número de viviendas en alquiler. Hemos sido la primera capital en Euskadi declarada, toda la ciudad, zona tensionada. En Donostia los grandes tenedores suponen apenas el 3,2% de las viviendas, es un mercado muy atomizado y poco profesional, por lo que las medidas deben ir orientadas a fomentar las viviendas en régimen de alquiler y a reforzar la seguridad jurídica, sobre todo de los arrendadores”. También, sobre las actuaciones con el Gobierno vasco, señaló que “en estos momentos estamos desarrollando una colaboración muy importante: tenemos 2.000 vivienda en marcha y esperemos que para 2030 podamos activar otras 6.000”.

EL CURSO REUNIÓ A UNA TREINTENA DE PROFESIONALES DEL SECTOR INMOBILIARIO,
ADEMÁS DE AUTORIDADES, JURÍSTAS, ACADÉMICOS Y MIEMBROS DEL NOTARIADO

Por su parte, la directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui, remarcó que «el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución”. Y puso en valor la organización de iniciativas como este curso: “Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia».

“La explicación será tan compleja que será muy difícil aclarársela a la gente”, así de contundente es Eloy S. Sanz Pérez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en tecnología energética. “Lo que me he encontrado en las explicaciones que he visto durante este tiempo es que cada uno busca la justificación que más le convence. Si en los días anteriores al apagón estaba el que no apoyaba a la energía nuclear, después del apagón aseguraba que la solución hubiera sido contar con más energía nuclear y así con el resto de energías”. Lo que está confirmado es que no fue un ciberataque. El caso es que tanto Eloy Sanz como otros expertos con los que hemos hablado nos comentan que no es tan importante de dónde procedía la energía, sino el desajuste del sistema eléctrico ibérico entre lo que demanda y lo que necesita y sobre todo por qué hizo caer toda la red sin que pudiera ser aislado.

LA ENERGÍA NO SE PUEDE ALMACENAR. POR TANTO, HAY QUE ESTAR BUSCANDO CONSTANTEMENTE EL EQUILIBRIO ENTRE LO QUE PRODUCE Y LO QUE SE CONSUME

Equilibrio permanente. Si algo descubrimos en el apagón que afectó a toda España y Portugal durante al menos unas 10 horas, que en algunas zonas llegó a ser de 18, es que hay una inmensa maquinaria que tiene que estar en un permanente equilibrio entre lo que demandamos de electricidad y lo que se produce. Para empezar, la electricidad se genera desde diferentes fuentes; es lo que se conoce como “mix energético” porque en realidad es una mezcla de muchas. En 2024 los ingredientes de la producción eléctrica en España fueron la eólica (23,2%), nuclear (20%), solar fotovoltaica (17%), ciclo combinado (13,6%) e hidráulico (13,3%) y el resto (12,9%) procedió de la quema de carbón o fuel u otras fuentes renovables. Es decir, casi el 57% de la energía fue renovable poniendo a España a la vanguardia de Europa. La renovable es cada vez mayor porque además es mucho más barata. Toda esa electricidad la generan, en su mayoría, empresas privadas. Las más importantes son: Iberdrola, Endesa, y muy por detrás de ellas Naturgy y EDP, pero hay muchas más. Después, consumidores y productores se ponen de acuerdo en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Por último, como señala Jorge Sanz, director asociado de la consultora Nera, “ese mix pasa entonces a Red Eléctrica (REE) que, como operador del sistema, introduce las modificaciones para que la generación sea compatible con el diseño de la red y con la garantía de suministro”.

Toda esa energía se reparte a través de una red de alta tensión de casi 45.500 kilómetros de la que se encarga Red Eléctrica. Después pasa a las redes de media y baja tensión de las que se ocupan de nuevo las empresas productoras como Endesa, Iberdrola, etc. Las conexiones para su reparto se hacen a través de “nodos de control” o de interconexión que son los que se encargan en tiempo real de ver cómo funciona el sistema y avisar si hay desajustes. Por último, están los trasformadores urbanos, que bajan la corriente de media tensión, (unos 20.000 V), a baja tensión (400/230 V) para ser utilizada por los consumidores.

EXISTEN DISPOSITIVOS COMO LOS COMPENSADORES SÍNCRONOS QUE ESTABILIZAN LA FRECUENCIA DE LA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA, PERO DE MOMENTO NO SON OBLIGATORIOS

Oferta y demanda. El caso es que la energía no se puede almacenar. Hay algo parecido a baterías gigantes que son las hidroeléctricas de bombeo. Por tanto, hay que estar buscando constantemente el equilibrio entre lo que se produce y se consume. Simplificando mucho. Imagine que los cables son tuberías. Si no les entra agua de los grandes colectores no le saldría del grifo, pero si entra un torrente de golpe le rompería las tuberías. Pues con la electricidad, igual. Si hay mucha, el sistema se satura y se apaga, y si hay poca también se apaga. La balanza entre oferta y demanda tiene que estar equilibrada. En el agua la ventaja es que puedo almacenarla en un embalse, pero la energía eléctrica no. No existen baterías gigantes como edificios. Si las hubiera sería fácil manejar el sistema. Como señala Eloy S. Sanz: “Red Eléctrica va equilibrando el consumo a cada instante”. De todas formas y como explican Jorge Sanz y otros expertos, el exceso de energía que produjo la sobretensión fue la “energía reactiva”. También se le llama “energía fantasma”. La absorben algunos equipos eléctricos de la red y luego la devuelven. Es decir, no supone un consumo en sí, pero sí que supone un esfuerzo para el sistema eléctrico porque lo sobretensiona. En resumidas cuentas: no había equilibrio.

Lo que ya sabemos. Ninguno de los expertos a los que hemos consultado recuerda un apagón en el mundo de semejante tamaño: toda la Península Ibérica. Menos aún sin causas externas como pueden ser tormentas tropicales o un ciberataque, como se comentó al principio. Así pues, la culpa está entre las empresas que producen la energía y la que la reparte: Red Eléctrica.

Al comienzo se habló de que 15 gigavatios (60% del consumo) desaparecieron de repente, pero no es así. Como señala Jorge Sanz: “La hipótesis con mayor verosimilitud explica la desconexión de la red de varias centrales de generación de forma simultánea por una sobretensión en las líneas eléctricas a las que están conectadas. Las centrales se desconectan para evitar que la sobretensión averíe sus equipos de generación. Presumiblemente, el origen de la sobretensión se debe a un mix de generación excesivamente arriesgado, con demasiada generación asíncrona (eólica y fotovoltaica) y muy poca síncrona (hidráulica, nuclear y gas natural). La generación síncrona contribuye a controlar la tensión; la asíncrona, no”.

Sin embargo, como nos señala Diego Rodríguez, catedrático de economía aplicada y experto en energía de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) existen dispositivos como “los compensadores síncronos que estabilizan la frecuencia de la eólica y fotovoltaica”. Es decir, son el puente de una energía 100% renovable a una red estable. La pregunta es clara: ¿Por qué no se instalan estos dispositivos en todos los centros de renovables? “Porque, de momento, no son obligatorios y pueden costar millones de euros. Como esos hay otros sistemas, como las reactancias para el control de tensión que ayudan a mantener la estabilidad de red, especialmente ante el despliegue de las renovables o también en sistemas aislados como en las islas. Sin embargo, a las empresas legalmente no se les exige tenerlos. Esto se incluye en la planificación de red de transporte que depende del Gobierno y abarca un periodo de seis años. En esa planificación se establece, por ejemplo, que se requiere un refuerzo de la red porque en una zona va a instalarse un centro de datos electrointensivo o una línea de AVE”, señala el investigador de FEDEA. Pero las cosas empiezan a cambiar. Para empezar, la CNMV aprobó el 12 de junio la revisión de normas técnicas para dotar a las estaciones renovables de esos “elementos de control” de la tensión, que hasta ahora solo se exigían a las centrales convencionales, y como pagar ese servicio extra a los productores. Coincide con las recomendaciones del informe del Gobierno publicadas el 17 de junio sobre el apagón. Pero eso tardará bastantes meses, como apunta Diego Rodríguez: “Las empresas productoras las instalan pero luego hay que certificar que eso funciona realmente”.

ES NECESARIO TENER ACOPLADO AL SISTEMA ELÉCTRICO SUFICIENTE CAPACIDAD DE CENTRALES QUE AYUDAN A REGULAR EN MICROSEGUNDOS LA FRECUENCIA Y TENSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

¿Cambiar el modelo? Jorge Sanz es categórico: “La lucha contra el cambio climático debe seguir siendo una prioridad en Europa. Además, las renovables eléctricas (eólica y solar fotovoltaica) son la forma más barata de descarbonizar”. De hecho, como señala Diego Rodríguez: “España ha funcionado otros días con más energía renovable que cuando el apagón. El asunto crítico es hacerlo compatible con la estabilidad de la red, evitando grandes desviaciones. Para ello es necesario tener acoplada al sistema eléctrico suficiente capacidad de centrales que ayudan a regular en microsegundos la frecuencia y tensión del sistema eléctrico en caso de desajustes. En algunas ocasiones basta con que estén conectadas, aunque funcionen al “mínimo técnico”. Es como si estuvieran al ralentí, por hacer el símil de un coche, ya que entonces pueden acelerar rápidamente. Hablamos de una respuesta de microsegundos. Es decir, no hay orden verbal de nadie, sino que es un proceso automático. Esa previsibilidad solo te la pueden dar los generadores convencionales, centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas o termonucleares. Los molinos y los paneles no te pueden asegurar eso, ni siquiera para plazos más largos, como, por ejemplo, media hora, porque dependen del viento y del sol que haya”. Así pues, para controlar los desvíos de tensión hay tener centrales conectadas a modo de “por si acaso”. Como señala Diego Rodríguez, la duda es: “¿Había suficientes centrales convencionales acopladas al sistema?”.

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) PUEDE IMPONER SANCIONES DE HASTA 60 MILLONES DE EUROS O RETIRAR LICENCIAS

¿Cortocircuito de investigaciones? Hay varias investigaciones en marcha: la parlamentaria en el Senado, que se pactó entre PP y PSOE; otra judicial, la del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. También hay una de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) y, por supuesto, la del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen repartió culpas entre REE y las operadoras. Estas, por no aportar la tensión que debían y a REE por no prever centrales suficientes en caso de que hubiera fallos. Lo resumió en que “fue un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones”. Según el Gobierno, el día anterior al cero absoluto REE ordenó a diez centrales que estuviesen listas para suministrar tensión en caso de que hubiera fallos en otras, pero una de estas centrales de respaldo falló y no se exigió una sustituta. Tras el informe del Gobierno, REE dijo que la culpa no fue suya sino de las compañías eléctricas porque incumplieron sus propios controles. Además, criticó la opacidad de estas a la hora de dar información.

LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SARA AAGESEN HA REPARTIDO CULPAS ENTRE RED ELÉCTRICA Y LAS OPERADORAS. REE CONSIDERA QUE LA CULPA FUE DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

Otra investigación es la que lleva la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Quién tiene la última palabra? La CNMC puede imponer sanciones de hasta 60 millones de euros o retirar licencias. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la investigación judicial que es a la que los afectados por el apagón acudirán. Se estima que los perjuicios están valorados entre los 600 y 2.000 millones de euros. También está el daño que puede provocar a la reputación de nuestro país para futuras inversiones de industrias.

Al pintar el cuadro de la economía española tenemos una paleta con algunos colores muy alegres, como el de la OCDE (La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París) que en su última revisión nos coloca entre las economías más avanzadas y que más crecerán este año. El FMI (Fondo Monetario Internacional), en la misma línea, nos otorga un aumento del IPC del 2,5% para este ejercicio y del 1,8% en 2026. ¡Muy cerca de la media del G20 y muy por encima de la media europea! Sin embargo, la misma OCDE nos oscurece el panorama, porque somos el país desarrollado en el que más ha aumentado la deuda. Y ya sabe, toda deuda, tarde o temprano, hay que pagarla. De hecho, el FMI nos insta a mejorar la eficiencia en el gasto público para reducirla.

AL PINTAR EL CUADRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TENEMOS UNA PALETA CON COLORES ALEGRES, COMO EL DE LA OCDE QUE NOS COLOCA ENTRE LAS ECONOMÍAS MÁS AVANZADAS

Así nos ven en el exterior. A pesar de todo, nuestros vecinos nos ven con buenos ojos. La prestigiosa revista The Economist dice que España es la economía que mejor se comportó en 2024. Ahora bien, unas pinceladas de gris: ¿Qué pasará cuando se acaben en 2026 las ayudas europeas que recibimos? ¿O si se desinfla el motor del PIB que es el gasto público? Este se alimenta de los impuestos de una economía basada en un sector tan volátil como el turismo. Y sabemos que es lo primero que se recorta en una crisis, aunque hay excepciones como la “diverflación” (divertirse y no ahorrar). No ayuda que tengamos una producción industrial que según el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha caído un 1,9%. Menos mal que el déficit público lleva cuatro años a la baja, porque aún queda otro color gris que añadir en la paleta: la política arancelaria de Estados Unidos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que los aranceles de Trump podrían restar hasta 8.000 millones de euros al PIB español en 2025. En este sentido, José Manuel Maneiro, profesor de Economía en la Universidad CEU, señala que nos afecta en “temas agrícolas y componentes de automóviles, pero mucho menos que a los países de nuestro entorno. Ahora bien, si a los turistas de esos países les va mal, dejarán de venir de vacaciones aquí”. Parecida opinión tiene el profesor José María Labeaga, catedrático de Economía en la Universidad a Distancia (UNED). Así podemos seguir todo el reportaje, dando pinceladas claras y oscuras sobre la economía, para que al final nos quede un cuadro abstracto y que cada uno interpreta de forma diferente. Se denomina ‘la Gran Divergencia’: por un lado, está lo que dicen los indicadores económicos; por otro, la percepción ciudadana. Según un informe de Funcas (centro de análisis económico), apenas el 20% de los encuestados evalúa positivamente la situación económica del país. El resto cree que España va mal. Sin embargo, cuando se le pregunta por su situación personal, paradójicamente, el 51% de los encuestados afirma que les va bien. Este contraste subraya la existencia de «un divorcio» como nunca entre la realidad objetiva y la percepción colectiva, y tiene que ver con la ideología.

Cuidado con los datos. La deuda pública es lo que debe un Estado. Junto con los impuestos es la forma de conseguir dinero para pagar al sector público (funcionarios, hospitales, escuelas…). Pues bien, la deuda de España en 2024 superaba levemente a todo lo que produce el país en un año: un 101,8% del PIB; en euros, 1,62 billones. Si vemos las cifras de 10 años atrás (2014) debíamos 1,09 billones, es decir 530.000 millones de euros menos. A simple vista, antes estábamos mejor. Sin embargo, el porcentaje de deuda respecto al PIB era del 104,4%, mientras que en 2024 es el 101,8%. Es decir, en 2014 el déficit (diferencia entre ingreso y gasto) era mayor en un 2,6%. Como señala Maneiro, “este es el dato clave. Lo que nos importa es la deuda en relación a lo que producimos. Si alguien debe 5 y gana 10 tendrá un mayor problema que otro que debe el doble, 10, pero gana 30. Pagará más el último, pero irá más desahogado y reducirá antes la deuda. Si la economía crece más que el déficit, la deuda se irá reduciendo. Lo importante es que la deuda esté bien estructurada, y que no se concentren sus pagos en un solo momento. Por eso no veo la deuda como un problema tal y como vamos creciendo”. De hecho, como apunta Labeaga: “Los mercados de deuda no nos están penalizando” porque ven que podemos pagar, ya que nuestro déficit se va aminorando. De hecho, señala el catedrático de la UNED: “El crecimiento del PIB en España será de los más altos del mundo aparte de China, India y algún país del Sudeste asiático”.

Nuestra vitamina. El Banco de España en su último informe de proyecciones macroeconómicas afirma que el gasto público supuso en 2024 el 27% del crecimiento del PIB; en 2023 llegó hasta el 39%. En los países europeos el gasto público ha sido importante, pero no tanto.

Sin embargo, la inversión empresarial en nuestro país sigue en niveles prepandemia, una anomalía respecto a Europa. Que las empresas no inviertan significa que tienen dudas sobre el futuro. En el otro lado, como explicábamos antes, en 2024 volvimos a batir el récord en gasto público: 722.846 millones, un 7,3% más que el año anterior . ¿Y esto es positivo? Pues depende. Es lo que los economistas como Labeaga llaman el efecto “el multiplicador”. Depende de cuánta riqueza genera el euro que se gasta. Por ejemplo, hacer carreteras facilita que se muevan productos. Incluso la sanidad permite que el que conduce el camión no caiga enfermo y siga transportando. Maneiro señala que “el gasto público es productivo. Porque esa inversión retornará en unos años. Por ejemplo, con la transición energética hacia fuentes amigables con el medio ambiente, tendremos una ventaja competitiva con países como Alemania, que dependen del gas ruso. España no tiene petróleo, con lo cual esa inversión ya no sólo es una cuestión ambiental, sino estratégica. Lo importante es que haya un plan de país a largo plazo, pero con la polarización política de ahora es difícil. Taiwán lo hizo y se convirtió en el mayor productor de chips del mundo”.

El caso es que ese gasto tiene un efecto en la recaudación en impuestos. Desde 2018 ha aumentado un 43%, mientras que el PIB solo ha subido un 22% y el empleo un 9%. En otras palabras: se recauda mucho más sin que la economía crezca en la misma medida . Por ponerlo en cifras concretas, cada ciudadano paga hoy, de media, 2.627 euros más al año en impuestos que en 2018.

LA MISMA OCDE OSCURECE EL PANORAMA PORQUE SOMOS EL PAÍS DESARROLLADO EN EL QUE MÁS HA AUMENTADO LA DEUDA

De lo macro a lo micro. Aunque la macroeconomía va bien, la desigualdad también. El último informe de 2024 de convergencia social de la Comisión Europea (Country analysis on social convergence) señala que España es de los países más desiguales de Europa. Pese a ser la cuarta economía de la Unión Europea y la que más crece, es el quinto país con más desigualdad en renta disponible (la que queda para consumo y ahorro tras pagar impuestos) tras Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía. El 20% más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según los últimos datos de 2023.

El catedrático de economía Labeaga señala que “buena parte del crecimiento se ha ido a beneficios de la empresa”. De hecho, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las compañías que cotizan en bolsa ganaron un 20,8% más que el año pasado (73.112 millones). El informe del BBVA ¿Cómo nos ha hecho más pobres la inflación? señala que, desde inicios de 2020, la pérdida de poder adquisitivo, medida por el aumento en el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha sido de casi un 20%. Es decir, la subida de salarios no ha compensado la de los alimentos, que ha crecido un 35,5% en los últimos tres años según un informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Así lo resume Labeaga: “Se ha perdido poder adquisitivo por la subida de los precios de la comida y la vivienda. Eso ha sido terrible para los hogares pobres”.

2024 tuvo una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque es la más baja desde que se empezó a recopilar la información, no deja de asombrar que, en España, 9.495.000 ciudadanos sufrieran riesgo de pobreza en el último año. Todas estas cifras vistas en papel quizá no le digan nada. Así que nos ponemos en contacto con Begoña Fernández, coordinadora de solidaridad del comedor social de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). Nos presenta a Fatin, madre soltera de un hijo adolescente. La acompañamos a su piso, que está pintado por trozos porque “no tengo dinero para pagar toda la pintura a la vez”. Emocionada, nos confiesa que se le ha roto la vitrocerámica y “no puedo comprarme una. Gano 1.080 euros netos al mes (el bruto del salario mínimo son 1.184 euros) como moza de almacén. Esta casa de dos habitaciones me cuesta 600 euros de alquiler. Así que me quedan 480 euros. Entre gastos fijos: abono transporte, luz, agua, teléfono, etc. me quedan unos 150 euros para el resto del mes”. Por eso, confiesa que necesita de la ayuda de San Juan de Dios para material escolar, de limpieza o incluso comida. “Hace años que no salgo fuera a tomar un café”, asegura con voz temblorosa. Su dictamen es tajante: “Trabajo, pero soy pobre, sobrevivo”. El ejemplo de Fatin pone cara a un problema estructural de nuestra sociedad: el coste de la vivienda, que se lleva más de la mitad de sus ingresos.

Amenazas. Así que, pese al aumento del gasto público, hay problemas que amenazan el futuro, como la vivienda. Sin ella no se forman familias que tengan hijos y que paguen las pensiones futuras. Porque uno de los mitos más falsos y extendidos es el de que el pensionista de ahora cobra el dinero que dio en cotizaciones mientras trabajaba. Lo explica Ángel de la Fuente, director del centro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): “No existe producto financiero que aportando el dinero que se daba mientras trabajabas, te devuelva tal beneficio como el de la pensión”. La jubilación es una solidaridad intergeneracional. Y tanto, según últimos datos de la Seguridad Social, los nuevos jubilados tienen una pensión media (1.761 euros) más alta que los salarios medios de los menores de 34 años (1.672 euros). Sí, el pago de pensiones es la partida más grande de los presupuestos generales del Estado. Como señala Ángel de la Fuente, “si esa partida sube cada vez más, es dinero que se detrae de otras partidas”. Ningún partido se atreve a reformar el sistema de un gasto público que representa el 42% de todo el Estado. Y subiendo.

Así que, aunque sea por puro interés económico, necesitamos casas para formar familias. Pero como señala Labeaga: “España tiene poca vivienda pública en comparación con Francia o Gran Bretaña. El caso es que nuestro modelo productivo basado en el turismo deriva esas viviendas al alquiler residencial”. De hecho, un estudio de la Universidad de Málaga señala que el turismo aumenta en un 33% el precio de un alquiler de larga temporada. Sin embargo, el turismo es el principal motor del PIB de nuestro país, representa el 13%. Así que, como señala José Manuel Maneiro “hay que hacer una transición hacia otro tipo de actividades. Porque el turismo barato genera sueldos baratos”. Y así nos encontramos con camareros que no pueden vivir en los centros de las ciudades en las que trabajan, como Málaga o Ibiza. El turismo es el sector que más empleo genera, el 12,7% de todos los afiliados. Es decir, 2,68 millones de trabajadores . Sin embargo, la gran mayoría son de baja cualificación, como los camareros. Por otro lado, según el FMI, España es la economía “avanzada” en la que más han crecido las vacantes en trabajos digitales desde 2019. El 57% de los puestos de este sector no se cubren. Así que, ¿qué pasará cuando llegue definitivamente el invierno demográfico, sin nuevo modelo productivo que aporte más valor al sol y playa? Eso es otro cuadro para otro reportaje. Pero los primeros trazos ya se los hemos mostrado.

El mismo 31 de octubre, los colegios notariales, liderados por el de la Comunidad Valenciana, donde el impacto de este fenómeno atmosférico fue mucho mayor, activaron un servicio de búsqueda, expedición y entrega gratuita de las copias de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones. “Organizar el servicio no fue complicado porque teníamos la experiencia de otros momentos difíciles vividos. En 2024, cuando se produjo el incendio en el edificio de Campanar, la gente abandonó sus casas y no se llevó las escrituras; en ese momento también actuamos. Cierto es que las consecuencias de la dana han tenido mucha más magnitud”, explica Salvador Alborch, notario jubilado que, en Valencia, lideró el servicio de atención a los ciudadanos afectados.

Además del servicio dedicado a la búsqueda de documentación perdida y a proporcionar asesoramiento adaptado a cada usuario, en los tres meses posteriores a la dana, se gestionaron más de 11.000 actas notariales gratuitas en total, para facilitar a los ciudadanos la tramitación de reclamaciones y solicitudes de ayuda por daños en propiedades y vehículos. “Inicialmente hubo que habilitar un servicio de ayuda en todo el distrito y provincias para que los notarios pudieran desplazarse a realiza las actas. Lo que sucedió es que el volumen era tal que no daban abasto. Por ello se aprobó una norma, el Real Decreto ley 6/24 del 5 de noviembre, que amparaba la realización de actas telemáticas con una serie de diferencias a las actas normales”, señala Salvador Alborch.

Notarías afectadas. Las notarías, como otros establecimientos y viviendas de las localidades más afectadas, sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Sobre todo, las ubicadas en las localidades de Albal, Aldaia, Benetúser, Catarroja o Guadassuar, entre otras. Ignacio Núñez Echevarría, notario de Aldaia explica su experiencia y señala cómo “afortunadamente mis trabajadores y yo no tenemos que lamentar daños personales, pero la oficina notarial fue literalmente arrasada por la riada”. Por su parte, Pilar Samper, notaria de Benetússer, señala que por suerte “ese día cerramos pronto y no vivimos el momento angustioso de la llegada de la avalancha de agua”. No fue así en el caso de la notaría de Mónica Piqueres, en Guadasuar, que recuerda que “por asuntos personales, habíamos aplazado las firmas de la tarde al día siguiente. Desafortunadamente, una de las empleadas se encontraba en el interior del local. Fueron momentos de verdadera angustia, hasta que conseguimos el teléfono de un vecino del edificio que pudo rescatar a la oficial con la ayuda de otros vecinos, cuerdas y escaleras”. Según Piqueres “el agua y el barro arrasaron absolutamente todo lo que alcanzaron, hasta la altura de poco más de un metro. No obstante, el sufrimiento que experimentamos tratando de socorrer a la oficial me hizo relativizar la importancia de los daños materiales, que pueden resultar insignificantes frente a los personales”.

Atención personal. Los tres notarios consultados coinciden en que, en momentos así, era imprescindible hacer todo lo posible para asesorar y ayudar a los damnificados. “Desde la notaría somos especialmente sensibles a los daños tanto personales como materiales que han sufrido nuestros vecinos, volcándonos en el asesoramiento en las materias de nuestra competencia y dando prioridad a todas las actuaciones que sean precisas para que puedan recibir con la mayor celeridad posible las ayudas que son tan necesarias en estos momentos”, señala Ignacio Núñez. Para Pilar Samper “la dana exige del notario afectado un esfuerzo extra. Debemos escuchar a nuestros convecinos y empatizar con su dolor, ayudarles en la recuperación de sus escrituras e infundirles ánimo”. Según Samper “también ha desplegado un esfuerzo extra el Colegio Notarial de Valencia e incluso notarios de todo el territorio nacional, realizando las actas” y ella, señala, ayuda personalmente “a la asociación de comerciantes afectados en la redacción de documentos”.

Según relata Mónica Piqueres, tras la catástrofe se acercaron muchos usuarios a la notaría provisional que pudo acondicionar una semana después del paso de la dana: “Muchas personas, más que encargar una gestión, necesitaban ser escuchadas y que alguien les ayudase en trámites que quedaban fuera del ámbito notarial pero igualmente acudían a su notaria de confianza para buscar apoyo”. “En ese entorno de humanidad y solidaridad, me resultaba reconfortante ayudar a los demás en la medida que podía, y ello también me ayudó a superar esta situación traumática”, explica.

Jornadas informativas. El Colegio Notarial de Valencia celebró en enero una jornada informativa para todos los vecinos y empresarios afectados por los efectos de la dana, a su paso por las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia, con el objetivo de poder ampliar el asesoramiento prestado a la población damnificada sobre la gestión de las ayudas y medidas fiscales aprobadas.

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, y el censor 1º de su junta directiva, Eduardo García Parra, fueron los encargados de inaugurar esta jornada, organizada tres meses después de la catástrofe, para seguir auxiliando a la población y para que sirviera de altavoz de la ayuda que necesitan los afectados para que no caiga en el olvido con el paso del tiempo.

El director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de Valencia, Gonzalo Cano, fue el moderador de este encuentro en el que participaron representantes de la Agencia Tributaria; del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y expertos financieros y de ingeniería hidráulica con el objetivo de explicar a los ciudadanos a qué organismos o entidades dirigirse para solicitar las ayudas.

ALGUNAS DE LAS NOTARÍAS MÁS AFECTADAS POR LA DANA FUERON LAS DE LAS LOCALIDADES DE CATARROJA, ALDAIA, ALBAL, GUADASSUAR O BENETÚSSER, ENTRE OTRAS

En su intervención, Gonzalo Cano anunció que el Notariado ya había gestionado más de 11.000 actas notariales gratuitas de los daños sufridos en inmuebles, vehículos o empresas, para poder ayudar a la población afectada a tramitar sus reclamaciones o ayudas. Actualmente el Colegio Notarial de Valencia, como el resto de las notarías de la provincia, siguen ayudando a la población afectada para que puedan disponer de forma gratuita de las copias de las escrituras de sus propiedades perdidas por la riada.

Colaboración profesional. Asimismo, para explicar las diferentes medidas fiscales nacionales y autonómicas aprobadas tras la dana, la jornada contó con la participación de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz Español; y del inspector de Hacienda en la AEAT, Lluís Meseguer; que trasladaron a los asistentes cómo pueden acceder de forma rápida a toda la información sobre las ayudas aprobadas hasta el momento, a través del enlace disponible en la página web de la ATV, así como las bonificaciones respecto al IRPF y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “En la web de la Agencia Tributaria Valenciana están disponibles todas las medidas implementadas para paliar los efectos negativos de la dana, tanto estatales como autonómicas o locales, privadas o públicas, para que la ciudadanía las pueda conocer y solicitar, como es el caso de las ayudas aprobadas por el Consell por vehículo siniestrado, que se tramitan desde la ATV, y que en solo cuatro días hubo 57.000 citas previas concertadas”, aseguró Díaz Español en su intervención.

DE NOVIEMBRE A ENERO SE GESTIONARON
MÁS DE 11.000 ACTAS NOTARIALES GRATUITAS, SIENDO ACTUALMENTE 12.000 LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR NOTARIOS DE TODA ESPAÑA

Por su parte, el director de la asesoría jurídica de Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Juan Blasco, fue el encargado de analizar las medidas financieras existentes para los afectados, como la Moratoria Legal (artículos 31 a 40 del Real Decreto Ley 6/2024, modificado parcialmente por el RDL 7/2024). “La moratoria es la suspensión de obligaciones de pago, previa petición de los clientes financiados”, explicó Blasco. También hizo alusión a las Líneas de Avales ICO dana (arts 29-30bis RDL 6/2024) que ponen en el mercado las entidades financieras y que tienen el aval del Ministerio de Economía; y las Líneas de Financiación Afianzadas por Sociedad de Garantía Recíproca de la CV, AFIN-SGR que permiten a los clientes que necesitan liquidez la obtención de financiación subvencionada en lo que concierne al tipo de interés.

EL COLEGIO Y LAS NOTARÍAS DE VALENCIA
SIGUEN AYUDANDO A LA POBLACIÓN
PARA QUE PUEDAN DISPONER DE FORMA GRATUITA DE LAS COPIAS DE LAS ESCRITURAS

Ayudas nacionales y autonómicas. La sesión también contó con la experiencia del vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Juan Carlos Cortell, que puso de relieve el trabajo realizado por todos los gestores administrativos en las zonas afectadas para trasladar a la población las ayudas concedidas por la Administración General del Estado, a través del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de ayudas por fallecimiento, así como por viviendas y establecimientos dañados; además de lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, referente al suministro de electricidad y gas natural, que permitió la suspensión temporal, prórroga o modificación de los contratos, así como la posibilidad de aplazar el pago de las facturas.

La jornada concluyó con la intervención del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politécnica de València, Ignacio Escuder, que explicó el fenómeno meteorológico adverso sufrido el pasado 29 de enero en las diferentes áreas de estudio de la provincia de Valencia, trasladando al foro asistente la planificación necesaria frente a inundaciones y las posibles obras futuras en las zonas afectadas.

Entre las personalidades asistentes cabría también citar a Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; María Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública o Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad; entre otras. Asimismo, estuvieron presentes diversos decanos de los colegios notariales, así como patronos y delegados autonómicos de la fundación.

El acto fue inaugurado por José Ángel Martínez Sanchiz, entonces presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Æquitas, quien explicó la génesis de la institución: «Nace con el propósito de trasladar de manera unitaria a la sociedad civil la experiencia notarial; más allá de la acción individual de cada uno de nosotros. Y la clave es de “manera unitaria”, pues Æquitas es ante todo una vía para la colaboración de los juristas en la humanización del Derecho respecto de las personas más vulnerables, apelando al espíritu de servicio a la sociedad. Este espíritu de servicio resulta patente en quienes forman y han formado parte de su patronato, integrantes de las distintas profesiones jurídicas, gracias a los cuales, Æquitas constituye una realidad».

«Una realidad -prosiguió- que ha proyectado su acción en múltiples ámbitos. Así, en la plasmación y redacción de muchos de los preceptos que conforman la Ley 8/2021 sobre la autonomía de las personas con discapacidad, que otorga al Notariado la condición de apoyo institucional. Pero, sobre todo, en la ingente labor desplegada en cursos de asesoramiento, de formación y, muy especialmente, de colaboración con otras entidades sociales como el CERMI, con los que se ha tejido una alianza muy beneficiosa para la sociedad».

Retos de la discapacidad

Soledad Cisternas (ex enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y ex presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU), aseveró que «nos encantaría que hubiera fundaciones Æquitas en muchos países». La jurista chilena puso de manifiesto algunos de los retos de la discapacidad en los próximos años, recogidos en la reciente Cumbre sobre el Futuro de Naciones Unidas. «En esta convención se estableció el Pacto Global Digital, que subraya el papel de la inteligencia artificial a la hora de facilitar el acceso equitativo a la tecnología y los servicios digitales para personas y comunidades marginadas, mediante herramientas como asistentes virtuales, reconocimiento de voz y traducción automática, entre otros. La Inteligencia Artificial permite que personas con discapacidades, con barreras lingüísticas o con acceso limitado a educación y tecnología puedan interactuar y beneficiarse del entorno digital. Además, la IA optimiza el despliegue de infraestructuras en áreas remotas, reduciendo la brecha digital y promoviendo una inclusión tecnológica más amplia».

A continuación, tuvo lugar la entrega -por parte de Doña Letizia- de los Premios Altavoz y Héroes Anónimos, impulsados por la fundación para conmemorar la efeméride de su creación. Los galardonados fueron Juan Carlos Unzué, portavoz de la Confederación Nacional de Entidades con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y Rosa Martínez Vera, fundadora de la Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José de Guadix (Granada).

Acciones encomiables

Unzué apuntaba: «Soy uno más en el equipo de los enfermos con ELA en nuestro país. Fui jugador de fútbol y también entrenador hasta 2019. El 1 de julio de ese año me diagnosticaron ELA y a partir de ahí decidí darle un sentido muy diferente a mi vida para visibilizar la enfermedad e informar de la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros. Después de años de lucha y de trabajo de muchos afectados, familiares, asociaciones y fundaciones, hemos conseguido que la Ley ELA se apruebe en el Congreso y el Senado y sea publicada en el BOE. Creo que hemos puesto la base para que ninguna persona más en nuestro país, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se vea obligada a morir por la falta de ayudas económicas de la Administración. Queda mucho trabajo por hacer y desde CONELA vamos a estar atentos para que esas ayudas lleguen lo antes posible a cada una de las comunidades».

En representación de Rosa Martínez -quien no pudo asistir, debido a problemas de salud- recogió el galardón su hija Alicia Carmona, quien destacó la labor de su madre como «ejemplo de inclusión social de personas con discapacidad, en nuestro caso, intelectual. En casa, a mis padres no les resultó difícil aceptar la diferencia; apenas supieron que su primer hijo había nacido con discapacidad intelectual prendieron fuego a su pasado y, con un montón de preguntas, decidieron buscar a quienes les ayudasen a responderlas hasta que mi madre se convirtió en la respuesta que necesitaban miles de familias creando, en 1973, la asociación. Aún recordamos las huchas con las que Guadix, y todos los pueblos de alrededor, recolectaban duros y pesetas para construir el primer Colegio de Educación Especial, llamado Nuestra Señora de la Esperanza, siendo el primer alumno nuestro hermano Miguel Ángel, quien, aún hoy, tras su fallecimiento en 2008, sigue siendo nuestra luz. Porque Miguel Ángel y otros muchos como él crecían, agravándose sus trastornos de comportamiento, y Rosa, les preguntaba: ¿Qué más necesitáis? Y ahí está: la asociación “San José”. En la actualidad cuenta con residencias para menores y adultos, centros ocupacionales de atención temprana, de empleo, una guardería, viviendas tuteladas y en comunidad convirtiéndose en una de las empresas del tercer sector más grande de Andalucía con más de 380 trabajadores y alrededor de 600 atendidos».

Voces del sector

A continuación, tomaron la palabra diversos representantes institucionales como Luis Cayo Pérez (presidente del CERMI); María José Segarra (fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores) y Almudena Castro-Girona (directora de la Fundación Æquitas).

Luis Cayo Pérez Bueno realizó un repaso del sector: «En estos veinticinco años de vida productiva y fecunda de Æquitas se ha producido una revolución silenciosa y transformadora de la discapacidad. La historia había colocado a las personas con discapacidad en los márgenes, el desprecio y las periferias. Una primera disrupción nos convirtió en sujetos políticos; se creó un entramado que produjo un cambio social. Después nos convertimos en sujetos jurídicos, desde una cultura de derechos humanos. Ese imperativo se produjo con la Convención de las Naciones Unidas».

«El Notariado es una conexión amiga de las personas con discapacidad y mayores”, apuntó el presidente del CERMI. “La gran revolución la han producido las personas con discapacidad que han entendido su valor, que son sujetos respetados, no van a soportar discriminación y van a actuar siempre para la mejora colectiva», concluyó.

Para María José Segarra, la esencia de Æquitas «radica en tejer alianzas sin protagonismos, con generosidad y con la vista puesta en la utilidad social del Notariado; en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Æquitas no se concibe sin los demás; solo se concibe con los demás».

«El éxito de esa sinergia colectiva generada desde Æquitas entre profesionales especializados, sensibles y concienciados de que la igualdad ante la ley depende de que todos seamos apoyos, ha desbordado nuestras fronteras, abriéndose a la internacionalización de este proyecto, buscando configurar redes similares, especialmente en Iberoamérica (Argentina, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Chile o Perú, son hitos de los viajes promotores de estas dinámicas) pero también participando en las instituciones europeas. Estos 25 años han supuesto toda una revolución conceptual para ambas instituciones: Notariado y Ministerio Fiscal. Ahora más que nunca debemos alimentar esa complicidad que nos permita profundizar, con la necesaria seguridad, en la razonable desjudicialización de la vida de las personas mayores o con discapacidad que preside la Ley 8/21», concluyó Segarra.

Almudena Castro-Girona apuntó que «hay dos cosas que caracterizan al Notariado: el servicio a la sociedad y el contacto directo con las personas. El notario recibe la voluntad de las partes, sus alegrías y preocupaciones. Recibimos las angustias de los padres ante el futuro de sus hijos; y al compartirse, la angustia deja de serlo. Otorgamos control de legalidad y juicio de discernimiento de esas voluntades a través de la autorización del documento público».

Para su directora, Æquitas es «una gran familia, en la que actuamos en confianza y con libertad, sabiendo que estamos al servicio de las personas, fundamentalmente de las que están en situación de vulnerabilidad. Nos hemos convertido en una plataforma solidaria al servicio de las personas con discapacidad y sus familias; vertebrada por todos sus patronos e impulsada por todos sus presidentes a lo largo de estos veinticinco años. Las entidades colaboradoras son otro de los centros de gravedad de nuestro trabajo, con las que trabajamos coordinados y poniéndonos al servicio desde el lugar que nos corresponde».

Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.

El turismo crece en España a un ritmo imparable. En 2023, el número de turistas internacionales aumentó un 18,7% con respecto a 2022 y un 1,9% por encima de 2019, superando así los niveles previos a la pandemia. Además, el gasto turístico en 2023 fue de 108.662 millones de euros, una cifra nunca alcanzada, que representa un 25% más que en 2022. Pero el año pasado no solo llegaron más turistas, sino que gastaron más (1.278 euros de media por turista, un 5% más que el año anterior) y permanecieron más tiempo en nuestro país.

En 2024 continúa la tendencia al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo en el primer cuatrimestre, el gasto de los turistas internacionales se elevó un 22,6% hasta rebasar los 31.500 millones de euros y la cifra de visitantes se incrementó un 14,5% superando los 23,9 millones de turistas.

Además, el estudio Viajeros y destinos NextGen: nuestra visión sobre la transformación del sector turístico, elaborado conjuntamente entre Google y Deloitte, pronostica que en 2040 España será el destino turístico más visitado del mundo, por delante de Francia, Estados Unidos, China y México.

La actividad turística es sin duda un pilar fundamental para la economía española. En el primer trimestre de 2024, el sector contaba con 2,75 millones de ocupados, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2023. Esto equivale al 13% del empleo total en la economía española.

Cara y cruz.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la experiencia de los residentes en los lugares de destino, para quienes la masificación turística interfiere en su calidad de vida. Espacios saturados, consultas médicas con esperas interminables, precios disparados, viviendas imposibles de alquilar o comprar, deterioro del entorno… son motivo de crispación. La aversión ha llegado a tal extremo en algunos casos, que ha desencadenado una turismofobia cada vez menos moderada.

Un ejemplo reciente es el de Baleares, donde han surgido numerosas protestas vecinales para acabar con situaciones como los precios de alquiler inasumibles para los lugareños que ha provocado el alquiler turístico descontrolado de viviendas. En la misma línea se han manifestado los habitantes de Canarias, quienes a su vez se quejan del daño medioambiental que implica la sobrecarga turística para las islas.

En Barcelona, según el informe Percepción del turismo en Barcelona 2023, publicado por el ayuntamiento de esta ciudad, el 71% de la población opina que el turismo es beneficioso, frente al 23% que lo considera perjudicial. No obstante, el 61,5% de los barceloneses piensan que se está llegando al límite en la capacidad de recibir turismo. El principal beneficio que destacan es la aportación económica que representa, mientras que quienes lo consideran negativo relacionan el turismo con la subida de precios y la saturación de algunos espacios. La Rambla, la Sagrada Familia, la Plaza de Cataluña, el paseo de Gracia o el frente marítimo son lugares que muchos residentes reconocen haber dejado de visitar por la gran afluencia de turismo.

EL GASTO TURÍSTICO EN 2023 FUE DE 108.662 MILLONES DE EUROS, UNA CIFRA NUNCA ALCANZADA QUE REPRESENTA UN 25% MÁS QUE EN 2022

Otro enfoque.

La mayoría de las personas que protestan contra la masificación turística reconocen que el turismo es una fuente de ingresos y empleo para su entorno, pero piden que se implante un modelo más racional y sostenible.

Uno de los factores que más ha fomentado la presión turística en la última década ha sido la enorme proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). La alianza Exceltur recuerda que hemos pasado de tener 346.921 plazas turísticas (hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles) en las 20 principales ciudades españolas en el año 2010 a 788.136 plazas en 2019. El 82% de este incremento corresponde a VUT. En este contexto, Exceltur, a través del proyecto ReviTUR, ha reclamado al Gobierno de España un marco legal sobre viviendas de uso turístico en competencias básicas del Estado, que ayude a comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer cumplir sus normativas para ordenar este mercado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que en breve estará operativa una herramienta que permitirá disponer de un número de registro único para cada alojamiento que se comercialice en las plataformas de alquiler turístico. A partir de este registro, las páginas donde se comercializan las viviendas turísticas deberán compartir sus datos con las comunidades autónomas, con el fin de que estas puedan detectar qué alojamientos se ofrecen como viviendas turísticas de forma ilegal.

De momento se han dado pasos en varias ciudades españolas para controlar el mercado de viviendas turísticas endureciendo los requisitos para las licencias y las sanciones para las que estén en situación ilegal. Barcelona ha anunciado que no concederá más licencias y que no renovará las actuales, lo que acabaría con este mercado de alquiler dentro de cinco años.

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 EL SECTOR TURISMO TENÍA 2,75 MILLONES DE OCUPADOS, QUE REPRESENTABAN EL 13% DEL EMPLEO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A esto se añaden otras acciones vigentes desde hace años, como la congelación de licencias para construir hoteles en ciudades como San Sebastián y Barcelona, si bien esta última no descarta volver a conceder licencias para hoteles pequeños en edificios singulares. Además, en San Sebastián están prohibidos desde abril los grupos de más de 25 personas en las visitas guiadas.

Fuera de España, varios destinos han puesto en marcha medidas para reducir el volumen de turistas. Venecia ha activado el cobro de una tasa a los turistas que quieran entrar en su centro histórico y ha reducido a la mitad (25 personas máximo) los grupos acompañados por guías para visitar el centro histórico y las islas de Murano, Burano y Torcello. También son habituales las tasas turísticas por entrar y/o pernoctar en Francia, Alemania o destinos más lejanos como Bután, conocido por tener unas tasas muy elevadas. En España, de momento solo se cobra por estos conceptos en Baleares y Cataluña.

Todo suma, pero los actores implicados admiten que es necesario buscar soluciones para implantar un modelo de turismo que reduzca los actuales desequilibrios y favorezca el bienestar de los residentes y sus visitantes.