Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.

El turismo crece en España a un ritmo imparable. En 2023, el número de turistas internacionales aumentó un 18,7% con respecto a 2022 y un 1,9% por encima de 2019, superando así los niveles previos a la pandemia. Además, el gasto turístico en 2023 fue de 108.662 millones de euros, una cifra nunca alcanzada, que representa un 25% más que en 2022. Pero el año pasado no solo llegaron más turistas, sino que gastaron más (1.278 euros de media por turista, un 5% más que el año anterior) y permanecieron más tiempo en nuestro país.

En 2024 continúa la tendencia al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo en el primer cuatrimestre, el gasto de los turistas internacionales se elevó un 22,6% hasta rebasar los 31.500 millones de euros y la cifra de visitantes se incrementó un 14,5% superando los 23,9 millones de turistas.

Además, el estudio Viajeros y destinos NextGen: nuestra visión sobre la transformación del sector turístico, elaborado conjuntamente entre Google y Deloitte, pronostica que en 2040 España será el destino turístico más visitado del mundo, por delante de Francia, Estados Unidos, China y México.

La actividad turística es sin duda un pilar fundamental para la economía española. En el primer trimestre de 2024, el sector contaba con 2,75 millones de ocupados, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2023. Esto equivale al 13% del empleo total en la economía española.

Cara y cruz.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la experiencia de los residentes en los lugares de destino, para quienes la masificación turística interfiere en su calidad de vida. Espacios saturados, consultas médicas con esperas interminables, precios disparados, viviendas imposibles de alquilar o comprar, deterioro del entorno… son motivo de crispación. La aversión ha llegado a tal extremo en algunos casos, que ha desencadenado una turismofobia cada vez menos moderada.

Un ejemplo reciente es el de Baleares, donde han surgido numerosas protestas vecinales para acabar con situaciones como los precios de alquiler inasumibles para los lugareños que ha provocado el alquiler turístico descontrolado de viviendas. En la misma línea se han manifestado los habitantes de Canarias, quienes a su vez se quejan del daño medioambiental que implica la sobrecarga turística para las islas.

En Barcelona, según el informe Percepción del turismo en Barcelona 2023, publicado por el ayuntamiento de esta ciudad, el 71% de la población opina que el turismo es beneficioso, frente al 23% que lo considera perjudicial. No obstante, el 61,5% de los barceloneses piensan que se está llegando al límite en la capacidad de recibir turismo. El principal beneficio que destacan es la aportación económica que representa, mientras que quienes lo consideran negativo relacionan el turismo con la subida de precios y la saturación de algunos espacios. La Rambla, la Sagrada Familia, la Plaza de Cataluña, el paseo de Gracia o el frente marítimo son lugares que muchos residentes reconocen haber dejado de visitar por la gran afluencia de turismo.

EL GASTO TURÍSTICO EN 2023 FUE DE 108.662 MILLONES DE EUROS, UNA CIFRA NUNCA ALCANZADA QUE REPRESENTA UN 25% MÁS QUE EN 2022

Otro enfoque.

La mayoría de las personas que protestan contra la masificación turística reconocen que el turismo es una fuente de ingresos y empleo para su entorno, pero piden que se implante un modelo más racional y sostenible.

Uno de los factores que más ha fomentado la presión turística en la última década ha sido la enorme proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). La alianza Exceltur recuerda que hemos pasado de tener 346.921 plazas turísticas (hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles) en las 20 principales ciudades españolas en el año 2010 a 788.136 plazas en 2019. El 82% de este incremento corresponde a VUT. En este contexto, Exceltur, a través del proyecto ReviTUR, ha reclamado al Gobierno de España un marco legal sobre viviendas de uso turístico en competencias básicas del Estado, que ayude a comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer cumplir sus normativas para ordenar este mercado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que en breve estará operativa una herramienta que permitirá disponer de un número de registro único para cada alojamiento que se comercialice en las plataformas de alquiler turístico. A partir de este registro, las páginas donde se comercializan las viviendas turísticas deberán compartir sus datos con las comunidades autónomas, con el fin de que estas puedan detectar qué alojamientos se ofrecen como viviendas turísticas de forma ilegal.

De momento se han dado pasos en varias ciudades españolas para controlar el mercado de viviendas turísticas endureciendo los requisitos para las licencias y las sanciones para las que estén en situación ilegal. Barcelona ha anunciado que no concederá más licencias y que no renovará las actuales, lo que acabaría con este mercado de alquiler dentro de cinco años.

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 EL SECTOR TURISMO TENÍA 2,75 MILLONES DE OCUPADOS, QUE REPRESENTABAN EL 13% DEL EMPLEO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A esto se añaden otras acciones vigentes desde hace años, como la congelación de licencias para construir hoteles en ciudades como San Sebastián y Barcelona, si bien esta última no descarta volver a conceder licencias para hoteles pequeños en edificios singulares. Además, en San Sebastián están prohibidos desde abril los grupos de más de 25 personas en las visitas guiadas.

Fuera de España, varios destinos han puesto en marcha medidas para reducir el volumen de turistas. Venecia ha activado el cobro de una tasa a los turistas que quieran entrar en su centro histórico y ha reducido a la mitad (25 personas máximo) los grupos acompañados por guías para visitar el centro histórico y las islas de Murano, Burano y Torcello. También son habituales las tasas turísticas por entrar y/o pernoctar en Francia, Alemania o destinos más lejanos como Bután, conocido por tener unas tasas muy elevadas. En España, de momento solo se cobra por estos conceptos en Baleares y Cataluña.

Todo suma, pero los actores implicados admiten que es necesario buscar soluciones para implantar un modelo de turismo que reduzca los actuales desequilibrios y favorezca el bienestar de los residentes y sus visitantes.

“Hoy escribo el post más difícil de mi vida. Hace ya mucho tiempo que la venta de libros no funciona en las librerías pequeñas, así que me veo obligado a cerrar. Durante unas semanas seguiré liquidando lo que tengo, no sé a ciencia cierta cuántas… gracias por vuestra comprensión”. Así anunciaba su cierre la Librería Balmes de Teruel el pasado 7 de abril en su perfil de X. Un mensaje con el que miles de pequeños comerciantes se habrán sentido identificados porque se han visto en la misma situación o temen que en el futuro les suceda algo parecido.

Liquidación por cierre

La imagen de locales cerrados o de tiendas que anuncian en sus escaparates “liquidación por cierre” es habitual en la mayoría de los municipios. Muchas calles que hace apenas una década tenían una gran actividad comercial ahora están casi desiertas porque sus “comercios de toda la vida” han tenido que bajar la persiana. Si en 2013 trabajaban en el comercio minorista más de 796.000 personas por cuenta propia, en agosto de 2023 esta cifra había bajado a 746.006, lo que significa una pérdida acumulada de algo más de 50.000 pequeños comercios en diez años, según UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ELIGEN EL CANAL ‘ONLINE’ PARA LA COMPRA DE ROPA, CUANDO EN 2017 SOLO LO HACÍAN UN 16%

Las más afectadas por esta circunstancia son las comunidades autónomas con provincias en riesgo extremo de despoblación. Así, Galicia ha pasado de tener 52.700 pequeños comercios abiertos en 2013 a 45.800 en 2023; Castilla y León tenía 45.000 pequeños comercios abiertos en 2013, 6.200 más que en 2023. También Castilla-La Mancha ha perdido más de 2.000 establecimientos de este tipo en el mismo periodo. En cambio, las comunidades con mayor población han logrado mantener cifras similares a las de 2013. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid contaba con 82.100 pequeños comercios en 2013, frente a 81.700 en 2023; y Andalucía ha ganado 1.300 comercios en algo más de una década.

ENTRE LOS JÓVENES PREVALECE LA PERCEPCIÓN DE QUE EL PEQUEÑO COMERCIO OFRECE UN PRODUCTO MÁS CLÁSICO DIRIGIDO A OTRAS GENERACIONES

Qué ha pasado

Este declive está relacionado en gran medida con el auge de la venta online. En los últimos 5 años se han duplicado las transacciones de comercio electrónico, con incrementos notables a partir de la pandemia. La sociedad se ha acostumbrado a la comodidad de que el supermercado le lleve la compra a casa o a que todos los días pase por su puerta el repartidor de Amazon, algo que deja al pequeño comerciante en clara desventaja.

Según una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en marzo de 2023, el 60% de los consumidores eligen el canal online para la compra de ropa, cuando en 2017 solo lo hacían un 16%. Lo mismo sucede con otros sectores como la electrónica, el calzado y los electrodomésticos.

Además, OCU destaca que se han implantado unas preferencias de compra que han ocasionado la pérdida de popularidad de las tiendas de barrio y los hipermercados en favor de las cadenas especializadas y de marca propia. En la actualidad, el 77% de los consumidores acuden a estas últimas tiendas para adquirir dispositivos electrónicos, como móviles y tabletas, frente al 43% que lo hacían en 2018.

Desde el punto de vista de las empresas, un 73% afirma que la escalada de precios es el principal inconveniente al que deben hacer frente. Así lo recoge el Observatorio de Competitividad Empresarial dedicado al comercio minorista realizado por la Cámara de Comercio de España. Otros obstáculos que los empresarios señalan son las dificultades de abastecimiento (33,5%) y la baja demanda de sus productos (31,5%).

LA IMAGEN DE LOCALES CERRADOS O DE TIENDAS QUE ANUNCIAN «LIQUIDACIÓN POR CIERRE» ES HABITUAL EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS

La cercanía del barrio

La decadencia del comercio de proximidad no solo tiene un elevado impacto económico sino también social, porque las pequeñas tiendas o los mercados de abastos son parte de la identidad de los núcleos urbanos y rurales. Hacer la compra en el barrio favorece el contacto social, el trato personalizado, crea riqueza en el entorno y es más sostenible porque permite desplazarse andando.

Para las personas mayores o que viven solas, el hecho de salir cada día a comprar lo básico es una buena excusa para relacionarse y sentirse parte de la vecindad. Al mismo tiempo, cuando la movilidad es reducida, los comerciantes de los barrios suelen cuidar a sus clientes con el servicio a domicilio, algo que durante la pandemia fue vital.

Son motivos más que suficientes para que cada vez haya más iniciativas a favor de comprar como antes. Así lo reclaman las asociaciones de comerciantes de todo el país con campañas en su ámbito de actuación o movimientos en redes sociales como Compra en el Barrio (@compraenbarrio en X).

Asimismo, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), lanza con regularidad campañas en rebajas o durante las fiestas navideñas para recordar la necesidad de apoyar al pequeño comercio. Con eslóganes como Descubre el encanto de tu barrio comprando en el pequeño comercio o Estas Navidades no te olvides de hacer tus compras en el pequeño comercio, subraya la importancia de avanzar hacia un modelo de consumo de cercanía que haga frente a las grandes superficies.

PARA LAS PERSONAS MAYORES SALIR CADA DÍA A COMPRAR LO BÁSICO ES UNA BUENA EXCUSA PARA RELACIONARSE Y SENTIRSE PARTE DE LA VECINDAD

Retos

La concienciación de la sociedad sobre los beneficios del pequeño comercio es básica, pero su supervivencia requiere una respuesta integral que implica a los propios empresarios y a las administraciones públicas.

Por un lado, no se puede ignorar que la población joven se siente más atraída por los centros comerciales, las grandes superficies especializadas o por la compra online. Un estudio del Observatorio de Comercio Enfokamer, que analiza las pautas de consumo de la juventud vasca, señala que solo el 36,4% de estas generaciones compra habitualmente en el comercio local. El principal motivo que les lleva a decantarse por otro tipo de tienda es la percepción de que el pequeño comercio ofrece un producto más clásico que consideran dirigido a otras generaciones y que los precios son más altos.

Por otro lado, es fundamental seguir avanzando en la digitalización del comercio minorista, algo que, según el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, reconocen el 62% de las empresas.

UPTA cree que es preciso desarrollar un plan de rescate del pequeño comercio y reclama que tanto el Gobierno de España, como las comunidades y ayuntamientos, han de ponerse manos a la obra para fomentar de verdad las compras en el comercio local. Esta organización ve imprescindible aportar soluciones tecnológicas que mejoren los canales de distribución y de venta.

UATAE también pide un plan específico e integral de apoyo a la supervivencia del comercio local para que los barrios sigan creciendo de una forma sostenible.

La edad, una de las primeras características que observamos en los demás, está relacionada con procesos biológicos, pero también se configura socialmente, al asociarse con conceptos que son a menudo discriminatorios. Hablamos de edadismo cuando la edad lleva a categorizar a las personas por atributos que ocasionan daño o desventaja. Se manifiesta en forma de prejuicios, exclusión y políticas institucionales que perpetúan ciertas creencias estereotipadas.

Se calcula que la mitad de la población mundial tiene actitudes edadistas. Según la Encuesta Social Europea, uno de cada tres mayores europeos ha sufrido las consecuencias del edadismo. Naciones Unidas advierte que esto afecta a millones de personas y constituye un problema grave de derechos humanos. Así lo recoge el Informe mundial sobre el edadismo, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se analiza su alcance y se identifican las estrategias para hacerle frente.

Una cuestión global

A diferencia de otros “ismos”, como el racismo o el sexismo, el edadismo tiende a ser más aceptado y está más extendido. Afecta a personas de cualquier edad, aunque los jóvenes y los mayores suelen ser los más desfavorecidos. En los jóvenes se refleja en dificultades para acceder al empleo, la vivienda y la política, donde sus voces suelen ignorarse o rechazarse.

En las personas mayores, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social, inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras. Los adultos mayores con actitudes negativas sobre el envejecimiento pueden vivir 7,5 años menos que los que tienen actitudes positivas. Además, se estima que 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo.

NACIONES UNIDAS ADVIERTE QUE EL EDADISMO AFECTA A MILLONES DE PERSONAS Y CONSTITUYE UN PROBLEMA GRAVE DE DERECHOS HUMANOS

En algunas sociedades, los sistemas sanitarios reducen los cuidados a largo plazo reduciendo los recursos destinados a la patología crónica o excluyendo a los adultos mayores de ciertos tratamientos. A esto se suman otras desventajas como la dificultad para acceder a servicios en los que la transformación tecnológica impone elementos comunicativos que suponen una brecha digital, así como prejuicios relacionados con el sexo, la raza y la discapacidad.

Una idea bastante común es que las culturas orientales (China, India, Japón, Filipinas, Vietnam…) muestran hacia los mayores un respeto superior que en las culturas anglófonas (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos) y en Europa. Concretamente, Japón, conocido por celebrar el Día del Respeto a los Ancianos y por la longevidad de su población, es uno de los países donde los mayores son más valorados. No obstante, un análisis realizado por la OMS en 57 países encontró que las culturas anglófonas y Europa mostraban un mayor aprecio por las personas mayores. Aun así, la propia OMS advierte que, cuando se habla de edadismo, no conviene hacer generalizaciones geográficas.

Concepto social

La consideración de persona joven o mayor depende en gran medida del contexto y el entorno cultural. Una persona de 18 años puede ser demasiado mayor para aprender a ser gimnasta de competición y, a la vez, demasiado joven para ocupar un puesto político de gran responsabilidad. Las distintas culturas difieren también entre sí en lo que respecta a lo que se considera vejez, edad mediana y juventud. Hace un siglo, en Europa occidental y América del Norte, la vejez comenzaba mucho antes que hoy, mientras que sigue abierto el debate sobre la necesidad de fijar el umbral de la tercera edad más allá de los 65 años, porque esta edad biológica ya no se corresponde con la imagen real del envejecimiento.

LOS ADULTOS MAYORES CON ACTITUDES NEGATIVAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PUEDEN VIVIR 7,5 AÑOS MENOS QUE LOS QUE TIENEN ACTITUDES POSITIVAS

De forma inconsciente, los pensamientos relacionados con la edad, incluidos los edadistas, se asimilan desde la primera infancia. El informe de la OMS destaca que, a partir de los 4 años, los niños perciben los estereotipos existentes en su cultura respecto a la edad mediante las señales que captan de las personas que tienen a su alrededor. Curiosamente, se hizo un experimento que consistía en enseñar a niños de infantil y primaria dibujos que representaban a un hombre en cuatro etapas de la vida, y dos tercios del alumnado consideraron al hombre de mayor edad indefenso, incapaz de cuidar de sí mismo y pasivo.

Cómo se manifiesta

El edadismo se expresa en tres niveles que se potencian mutuamente: institucional, interpersonal y autoinfligido.

El edadismo institucional se refiere a las leyes, regulaciones, normas sociales y políticas que limitan injustamente las oportunidades en función de la edad. También incluye ideologías que las instituciones fomentan para justificar su edadismo. Es probable que la ciudadanía no perciba este edadismo porque esas reglas llevan mucho tiempo vigentes y se consideran normales. Son un ejemplo de ello las políticas en el sector de la salud que permiten limitar la atención sanitaria en función de la edad, las prácticas de contratación discriminatorias, o las edades de jubilación obligatorias en el sector laboral.

El edadismo interpersonal tiene lugar durante las interacciones entre dos o más personas. Aquí destacan la falta de respeto, tratar con superioridad a las personas mayores o jóvenes, no tener en cuenta sus puntos de vista en la toma de decisiones, o utilizar un vocabulario demasiado sencillo al interactuar (infantilismo) pensando que tienen menos capacidades.

El edadismo autoinflingido es el que una persona se aplica a sí misma cuando interioriza los sesgos basados en la edad que se dan en su cultura. Es el caso de las personas veinteañeras que piensan que son demasiado jóvenes para un determinado puesto de trabajo y por ello no lo solicitan. También están en esta categoría las personas mayores que no ven posible aprender nuevas competencias en una fase avanzada de la vida y descartan matricularse en la universidad o en otro tipo de formación; o aquellos que consideran sus capacidades mermadas por haber cumplido una determinada edad.

Este tipo de pensamientos tienen consecuencias. Diversos estudios demuestran que las personas con una idea negativa sobre su edad obtienen un peor rendimiento en pruebas de memoria o físicas que quienes tienen un estereotipo de edad neutral o positivo. De manera similar, se ha detectado que cuando las personas mayores son expuestas a una discriminación por edad en forma de discurso condescendiente, sus resultados cognitivos son peores.

UN EJEMPLO DE EDADISMO SON LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR DE LA SALUD QUE PERMITEN LIMITAR LA ATENCIÓN SANITARIA EN FUNCIÓN DE LA EDAD

Elevado coste

Se sabe que el edadismo tiene además un alto coste económico para la sociedad, aunque son pocos los países en los que se ha valorado este impacto. El primer estudio sobre la carga económica que supone se publicó en Estados Unidos en 2020. Una de las conclusiones fue que, en una empresa con 10.000 empleados, la desafección del personal a causa de la discriminación por la edad llevó a aproximadamente 5.000 días de absentismo laboral no justificado y a una pérdida salarial de unos 600.000 dólares. También se calculó el coste anual del edadismo en Estados Unidos en los ocho trastornos de salud más costosos para las personas de más de 60 años. Estos trastornos son: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos osteomusculares, traumatismos y lesiones, diabetes mellitus, enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, trastornos mentales y enfermedades no transmisibles. El estudio indicó que la percepción negativa del envejecimiento por parte de las propias personas mayores conlleva un gasto anual de 33.700 millones de dólares; mientras que los estereotipos negativos respecto a la edad cuestan 28.500 millones de dólares al año.

En Australia, se calcula que, si un 5% más de personas mayores de 54 años tuviera trabajo, se generarían cada año 48.000 millones en la economía del país.

CUANDO LAS PERSONAS MAYORES SON EXPUESTAS
A UNA DISCRIMINACIÓN POR EDAD EN FORMA
DE DISCURSO CONDESCENDIENTE, SUS RESULTADOS COGNITIVOS SON PEORES

Qué hacer

La lucha contra el edadismo significa cambiar la forma en la que pensamos y actuamos en relación con la edad propia y de los demás. Una de las prioridades de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 es combatir el edadismo. Por ello, Naciones Unidas instó a la OMS a elaborar, en colaboración con otros asociados, una campaña mundial de lucha contra el edadismo que se lanzó en 2021. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los 194 Estados miembros de la OMS y tiene como objetivo cambiar la narrativa en torno a la edad y el envejecimiento, así como ayudar a crear un mundo para todas las edades.

Se recomienda poner en marcha tres estrategias cuya eficacia está demostrada:

• Políticas y legislación que aborden la discriminación y la desigualdad por motivos de edad, así como la legislación relativa a los derechos humanos.
• Intervenciones educativas en todos los niveles y tipos de educación. Las actividades formativas ayudan a mejorar la empatía, a disipar las ideas erróneas sobre los distintos grupos de edad, y a reducir los prejuicios al proporcionar información precisa y ejemplos para contrarrestar los estereotipos.
• Favorecer el contacto intergeneracional para acabar con los estereotipos entre grupos de cualquier edad.

En España se están promoviendo cada vez más campañas desde el ámbito público y privado para que calen en la sociedad los mensajes contra el edadismo en los medios de comunicación y redes sociales, entre otros canales.

En lo que respecta a los mayores, el Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de comprender que el envejecimiento es una etapa más de la vida y que los cambios de edad deben ser siempre respetados. También aboga por la participación informada de las personas mayores en la toma de decisiones, especialmente en aquellas en las que están implicadas.

Al mismo tiempo, es fundamental aprender a utilizar el lenguaje de forma cuidadosa para no transmitir ideas o sensaciones incómodas. Algunas palabras como “anciano” o “viejo” suelen asociarse con estereotipos que hacen ver a las personas mayores frágiles y dependientes. Del mismo modo, la palabra “infantil” se asocia a menudo con la idea de que las personas jóvenes son inmaduras.

Otro gran reto es acabar con el elderspeak o habla para personas mayores, muy frecuente no solo en la familia, sino también entre los cuidadores. Al hacerse mayores, las personas notan cómo se les empieza a hablar de forma diferente, como si no comprendieran lo que se les está diciendo. Observan que los demás elevan su tono de voz, les hablan más despacio o les dicen frases más cortas. Mención aparte merecen las conversaciones en tono infantil (“hola Luisita, ¿qué tal estás, bonita?”, “vamos a darte una duchita antes de salir a la calle”). La solución es tan sencilla como tratarlos de igual a igual.

EN AUSTRALIA, SE CALCULA QUE SI UN CINCO POR CIENTO MÁS DE PERSONAS MAYORES DE 54 AÑOS TUVIERA TRABAJO, SE GENERARÍAN CADA AÑO 48.000 MILLONES EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Por otro lado, se va imponiendo en la publicidad, el cine y las redes sociales la presencia de modelos, actrices, actores e influencers mayores, sobre todo mujeres, a quienes la edad dejaba fuera de escena hace unos años. Numerosas voces de Hollywood y, por supuesto, del cine español, luchan para acabar con la invisibilidad a partir de cierta edad. Mujeres que lucen orgullosas sus canas y muestran con naturalidad el paso del tiempo son hoy modelos habituales en marcas de cosmética y moda, rompiendo así con estereotipos frustrantes e irreales. Igualmente, en las redes sociales gozan de gran aceptación mujeres que demuestran cómo se puede ser un referente de estilo a cualquier edad.

En el mundo de la política, candidatos octogenarios conviven con otros muy jóvenes, pero los prejuicios edadistas siguen muy arraigados. En Estados Unidos la edad ha obligado al presidente Biden (80 años) a dar explicaciones sobre el estado de su memoria por presentarse a la reelección. La edad también ha hecho que su oponente Donald Trump (76 años) sea objeto de críticas. Un aspecto positivo es que, a pesar de todo, siguen adelante con sus candidaturas, algo que años atrás era casi impensable. Basta recordar que, Eisenhower, que llegó a la Casa Blanca con 62 años, admitió en sus memorias que dudó sobre presentarse a la reelección con 66 años por temor a ser demasiado mayor.

En la Unión Europea (UE) residen unos 447 millones de personas, un volumen de población sólo superado por China e India. Al funcionar como un mercado único con 27 países, representa el mayor bloque comercial del mundo, con casi 80 socios fuera de sus fronteras.

La UE ha respondido de forma coordinada a las recientes crisis, demostrando su fuerza común, pero también se ha visto sometida a grandes tensiones, al tener que realizar severos ajustes en las políticas económicas e industriales para seguir brindando prosperidad y estabilidad a la ciudadanía. Sin embargo, como ha admitido la propia Comisión Europea, la capacidad de reacción ante las crisis no construye una economía sólida que garantice prosperidad en el futuro, por lo que es ineludible plantear otras acciones.

Pensar en el largo plazo

Los dirigentes europeos insisten en que es preciso centrarse en la competitividad a largo plazo de la UE en un contexto político cada vez más complejo. Para alcanzar un crecimiento sostenible más allá de 2030, los Estados miembros deben garantizar mejoras estructurales e inversiones bien enfocadas. El orden internacional está cambiando y la UE debe cambiar con él para preservar su fortaleza.

Ya en marzo de 2022, representantes de los 27 países suscribieron la urgencia de abordar cuestiones como las vulnerabilidades en las cadenas de suministro que afloraron con la pandemia de la Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas. Desde entonces se han adoptado varias iniciativas para potenciar la autonomía europea en ámbitos como los semiconductores, las materias primas críticas y las tecnologías de la transición verde.

DESDE MEDIADOS DE LOS NOVENTA, EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA UE27 HA SIDO MÁS DÉBIL QUE EL DE OTRAS ECONOMÍAS IMPORTANTES

En septiembre de 2023, la presidencia española del Consejo de la UE presentaba Resilient EU2030, una hoja de ruta para los próximos siete años con propuestas para impulsar la competitividad de la UE y consolidar su liderazgo de aquí a ese año. Todas ellas se debatieron en el Consejo Informal Europeo celebrado en Granada el 6 de octubre.

A pesar de sus puntos débiles, la Unión Europea es una de las tres principales regiones económicas del mundo. Su comercio de bienes y servicios representa el 16,2 % del comercio mundial y su participación en el PIB global es de casi el 15 %. Aun así, desde mediados de la década de los noventa, el crecimiento de la productividad en la UE27 ha sido más débil que en otras economías importantes, lo que ha llevado a una brecha cada vez mayor. El cambio demográfico añade más tensiones y la UE tampoco está a la par de otras partes del planeta en algunas tecnologías transversales.

En consecuencia, hay que apostar por un modelo de crecimiento basado en la competitividad sostenible, la seguridad, el comercio y la competencia leal. La UE se encuentra en un momento decisivo para tener éxito en la doble transición ecológica y digital, y seguir siendo un lugar atractivo para las empresas.

Treinta años de mercado único

El mercado único, piedra angular de la integración europea, tiene un papel determinante en este reto. Durante sus 30 años de existencia, el mercado único ha facilitado la actividad empresarial y ha aportado importantes beneficios económicos, al aumentar el PIB europeo en un 9 %. Además de generar riqueza, es la fuente de la integración normativa, financiera y de la cadena de suministro de la UE.

EL MERCADO ÚNICO, CON 27 PAÍSES, ES EL MAYOR BLOQUE COMERCIAL DEL MUNDO, PERO DEBE AVANZAR PARA IMPULSAR SU PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO

La importancia del mercado único en la evolución de la UE es tan trascendental que las autoridades europeas han encargado al ex primer ministro italiano, Enrico Letta, un informe independiente que recoja recomendaciones sobre su futuro. Para su elaboración, está recabando opiniones de varias instituciones europeas y nacionales, así como de empresarios, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil.

En el actual escenario internacional, el mercado único debe avanzar para incrementar la productividad de la UE a largo plazo. Para conseguirlo, la Comisión Europea recuerda que hay que hacer cumplir las normas vigentes, seguir reduciendo barreras y eliminar en los Estados miembros los obstáculos relacionados con la prestación transfronteriza de servicios.

Además, es preciso asentar la dimensión ecológica y digital del mercado único. Esto permitiría a la UE mantener su liderazgo en el ámbito de las tecnologías limpias y una ventaja competitiva en materia de descarbonización. Con este fin, la Comisión está estableciendo normas comunes para ayudar a las empresas a implantar la economía circular, integrar mejor las energías renovables en el sistema energético, y aprovechar al máximo las oportunidades de digitalización. Una industria altamente digitalizada será capaz de producir de una manera más eficiente, segura y limpia. De hecho, la productividad de las empresas que ya invierten en innovación y análisis de datos crece entre un 5 % y un 10 % más rápido que aquellas que no lo hacen.

Estrategia industrial

Otro pilar básico para una Europa consolidada es el sector industrial, que representa más del 20 % de la economía de la UE, proporciona unos 35 millones de puestos de trabajo y es responsable del 80 % de las exportaciones de bienes. Además, la industria europea ocupa el primer puesto en los mercados mundiales de productos y servicios de gran valor añadido, como los artículos farmacéuticos, la ingeniería mecánica y la moda. También es líder mundial en patentes de tecnología verde y en otros sectores de alta tecnología.

Gracias a su capacidad de innovación, la industria es crucial para las transiciones hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital. Al mismo tiempo, contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías, productos y mercados; y a la vez configurará tipos de empleos que aún no existen y que requerirán nuevas capacidades.

Por ello, la UE quiere mejorar la competitividad de su industria y aumentar su resiliencia. En esta línea, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para potenciar el abastecimiento en materias primas fundamentales, ya que su suministro tiene un elevado riesgo de sufrir interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados. La transición ecológica exigirá aumentar la producción local de pilas y baterías, paneles solares, imanes permanentes y otras tecnologías limpias, por lo que se necesitará un acceso muy amplio a determinadas materias primas que ahora están en manos de mercados externos.

LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN EN INNOVACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CRECE ENTRE UN 5 % Y UN 10 % MÁS RÁPIDO QUE AQUELLAS QUE NO INVIERTEN

Los objetivos fijados para 2030 son que al menos el 10 % de su consumo anual sea de productos de su territorio; que un 40 % se procese en la UE y que un 25 % proceda de su reciclado interno.

De este modo, se espera preservar la capacidad de la UE ante el crecimiento exponencial que habrá en la demanda de metales comunes, materiales para baterías y tierras raras (17 elementos químicos que son indispensables para la fabricación de motores eléctricos, baterías, tubos de rayos X, cristales láser, almacenamiento de datos informáticos…), a medida que la UE vaya prescindiendo de los combustibles fósiles y pasando a sistemas de energía limpia que requieran más minerales.

Liderazgo en chips

También los chips mantendrán un protagonismo indiscutible en los procesos de producción europeos y se calcula que la demanda se duplicará de aquí a 2030. En 2022 el valor de la industria de los semiconductores ascendió a 640.000 millones de dólares. Estos pequeños dispositivos son imprescindibles para una gran variedad de productos de uso diario, en el ámbito aeroespacial, la seguridad, el transporte o la sanidad. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, las redes 5G y el internet de las cosas, se espera que aumenten sustancialmente las oportunidades de mercado y la demanda de chips y semiconductores.

La UE depende demasiado de los chips fabricados en el extranjero, algo que se hizo evidente durante la pandemia, cuando la industria y otros sectores como la salud atravesaron complicados períodos de escasez. Para evitar los apuros vividos en otras épocas y dar cobertura a la creciente demanda, en julio de 2023 se aprobó el denominado Reglamento de Chips, con el que Europa pretende ponerse a la cabeza de la carrera mundial de los semiconductores.

GRACIAS A SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN,LA INDUSTRIA EUROPEA ES CRUCIAL PARA LAS TRANSICIONES HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y EL LIDERAZGO DIGITAL

El objetivo es crear las condiciones necesarias para desarrollar una base industrial europea en el ámbito de los chips, atraer inversiones, apoyar la investigación y preparar a Europa para hacer frente a posibles crisis del suministro en el futuro. El programa debe movilizar 43.000 millones de euros en inversión pública y privada con el fin de duplicar la cuota de mercado mundial, es decir, de pasar del 10 % a, como mínimo, el 20 % en 2030.

Con este tipo de medidas, la UE irá reduciendo sus ataduras externas en cuanto a materiales, tecnologías, alimentos, infraestructura y seguridad. Será también la oportunidad para desarrollar mercados, productos y servicios propios, pero se necesita un impulso conjunto de las empresas y los responsables políticos para poner a Europa en el camino correcto hacia el futuro.

Ampliación

La UE necesita además mantenerse unida y seguir incorporando nuevos miembros para que su soberanía se vea reafirmada. Como ha expresado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “la historia nos llama ahora a trabajar para completar nuestra Unión. En un mundo donde el tamaño y el peso importan, completar nuestra Unión redunda claramente en el interés estratégico y de seguridad de Europa. Las ampliaciones pasadas han demostrado los enormes beneficios tanto para los países candidatos como para la UE. Todos ganamos”.

Por su parte, en la jornada Reformar el mercado interior para una Europa más competitiva, celebrada en Foment del Treball (confederación de los empresarios catalanes) en noviembre de 2023, Enrico Letta alertaba de que Europa no tendrá éxito en la competición con “chinos, indios y americanos” si no está unida. Además, pedía que la integración europea se complete en los próximos cinco años, porque es urgente.

En diciembre, el Consejo Europeo, tras evaluar los avances realizados por varios países, anunciaba sus decisiones relacionadas con la ampliación. En primer lugar, a la luz de los resultados obtenidos por Ucrania y Moldavia, y de los esfuerzos de reforma en curso, se iniciarán las negociaciones de adhesión con ambos países. A Georgia se le ha concedido el estatuto de país candidato, entendiéndose que habrá de implantar una serie de cambios. Asimismo, se prevé abrir negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina, una vez alcanzado el grado necesario de cumplimiento.

SE ESPERA QUE EL ‘REGLAMENTO DE CHIPS’ DUPLIQUE LA CUOTA EUROPEA EN EL MERCADO MUNDIAL, PASANDO DEL 10 % AL 20 % EN 2030

Con Macedonia del Norte, la Unión Europea está dispuesta a completar la fase inicial de las negociaciones de adhesión tan pronto como haya cumplido su compromiso de finalizar los cambios constitucionales pendientes. También se ha reafirmado el compromiso con la perspectiva de adhesión de los Balcanes Occidentales.

En cuanto a Turquía, sigue siendo un socio clave para la Unión Europea y un país candidato, pero las negociaciones de adhesión permanecen estancadas desde 2018.

La adhesión es un proceso basado en el mérito, que depende de los progresos objetivos realizados por cada país. Formar parte de la UE mejora las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía europea y reduce las disparidades entre países. Y sin duda la actual Unión quiere crecer. Todo apunta a que los Veintisiete serán más de 30 en un futuro próximo, o al menos esa es la intención.

Por otro lado, en junio de 2024 habrá elecciones al Parlamento Europeo y la ciudadanía decidirá quiénes les representarán en esta etapa tan crucial para el futuro de la UE.

Esto supone, además de proporcionar ayudas económicas, observar si las personas de todos los niveles de ingresos, edades y condiciones sociales tienen el número de hijos que desean para que sus derechos reproductivos no se vean afectados. Al mismo tiempo, es preciso impulsar políticas económicas y laborales más equitativas; y potenciar sociedades inclusivas, que abran los mercados laborales a todos los colectivos sociales con el fin de que más personas contribuyan activamente a la economía.

En todo caso, la conclusión del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es clara: “A pesar del temor a que la población sea en breve demasiado baja como para sostener las economías, los servicios y las sociedades, los especialistas afirman que el descenso de la natalidad no nos aboca a una catástrofe, sino que es la seña de identidad de una transición demográfica”. En realidad, se prevé que solo 61 países o regiones, de un total de 237, reduzcan su población en un 1% o más entre 2022 y 2050. Cabe recordar que estas cifras suceden con frecuencia a máximos históricos alcanzados tras decenios de mejoras en la salud, el desarrollo y la supervivencia.

Situación en España.

La tasa de fertilidad en España es de 1,19 hijos por mujer, la segunda más baja de la Unión Europea (UE) después de Malta (1,13). Sin embargo, las españolas desearían tener más hijos y empezar a ser madres más jóvenes. Según la Encuesta Merck: Fertilidad en España. Deseos y Realidad (2022), realizada a mujeres de entre 20 y 45 años, las mujeres con intención de ser madres desearían tener un promedio de 2,1 hijos; y, entre las que ya son madres, un 62% querría tener más hijos. La estabilidad económica (95%), la flexibilidad laboral (64%) y el apoyo del cónyuge o pareja en el cuidado de los niños (44%) son las razones que más determinan esta decisión.

Para las españolas, la edad ideal para ser madres por primera vez son los 28 años, pero la media real es de 32,61 años, la más alta de la UE. Esta cifra ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos años, pasando de 31,04 años en 2009 a 32,61 en 2021, debido principalmente a motivos económicos.

ESTAMOS ANTE UNA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA QUE SE RELACIONA TAMBIÉN CON LA MAYOR ESPERANZA DE VIDA Y QUE REQUIERE SER ABORDADA DE FORMA INTEGRAL

Aunque en menor medida, en la UE también ha subido la edad de las madres primerizas. En 2013 era de 28,8 años y en 2021 alcanzaba 29,4 años. Las madres primerizas de mayor edad (31 años o más) se encuentran en España, Italia, Luxemburgo, Irlanda y Grecia; mientras que las más jóvenes están en Bulgaria, con 26,5 años. Otro dato significativo es que en los últimos 20 años se han duplicado los nacimientos en madres de más de 40 años, siendo de nuevo España el país con la mayor proporción de éstas (más del 10% de los nacimientos, frente al 5,68% de media europea).

El descenso de la natalidad y la subida de las defunciones hace prever un saldo vegetativo negativo en España durante los 14 próximos años. Aun así, las proyecciones del INE estiman que nuestro país ganaría 4,2 millones de habitantes en este mismo periodo y más de 5 millones hasta 2072 si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales. El incremento de población se debería exclusivamente a la migración internacional. En este contexto, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el 84,5% del total actual al 63,5% en 2072.

ES PRECISO IMPULSAR POLÍTICAS ECONÓMICAS Y LABORALES MÁS EQUITATIVAS Y POTENCIAR SOCIEDADES INCLUSIVAS

Del mismo modo, Europa gana habitantes desde hace décadas gracias a la inmigración. Los últimos datos de Eurostat confirman que la población de la UE volvió a aumentar en 2022 (de 446,7 millones el 1 de enero de 2022 a 448,4 millones el 1 de enero de 2023), tras una interrupción del crecimiento demográfico en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Este incremento se atribuye sobre todo a los movimientos migratorios posteriores a la Covid-19 y a la afluencia masiva de personas desplazadas desde Ucrania como consecuencia de la invasión rusa en febrero de 2022.

De los 27 Estados miembros, seis (Irlanda, Francia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Suecia) tuvieron un aumento natural y una migración neta positiva. En 14 Estados, entre ellos España, la migración neta positiva fue el motor del desarrollo demográfico, ya que el cambio natural de la población fue negativo; y otros siete países perdieron población en 2022.

Al igual que en España, se espera que en Europa el número de muertes siga al alza debido al envejecimiento de la población y, si las tasas de fertilidad se mantienen en un nivel relativamente bajo, el cambio natural negativo (más muertes que nacimientos) continuará. Si esto se confirma, la disminución o el aumento de la población de la UE en el futuro dependerá fundamentalmente de la migración neta.

Alarmas.

La realidad es que dos terceras partes de la población mundial residen en países donde la fecundidad no llega los 2,1 nacimientos por mujer (lo que se considera el “nivel de reemplazo”) y que cada vez hay más países con una natalidad a la baja. Esto ha dado lugar a que se hable de que, si nada cambia, países enteros podrían colapsar. Algunas personas afirman que la baja tasa de natalidad de algunos países representa un peligro para la seguridad nacional. Otras anticipan que pronto será imposible gestionar sociedades envejecidas, que constituyen una carga en el ámbito de los cuidados.

Nunca en la historia de la humanidad ha habido una divergencia tan notable en las tasas de crecimiento demográfico entre las diferentes regiones del mundo. Además, las medias de edad en los distintos países son más dispares que en ninguna otra época. Mientras que los europeos tienen una edad media de 42,5 años, en África Subsahariana es de 18,7 años.

El informe Estado de la población mundial 2023, publicado por UNFPA, pone de manifiesto estos hechos, pero propone abordarlos con un enfoque alejado de los mensajes alarmistas. “Dado que la población del planeta se ha duplicado con creces en tan solo 50 años y la tasa de fecundidad mundial continúa por encima de los 2,1 nacimientos por mujer, tal vez resulte sorprendente que la idea de una “crisis de despoblación” suscite cada vez más preocupación”, señala. En realidad, estamos ante una transición demográfica que se relaciona también con la mayor esperanza de vida (la población mundial vive ahora casi 28 años más que en 1950) y que requiere ser abordada de forma integral, más allá de estrategias centradas únicamente en subir o bajar cifras.

Capacidad de decisión.

El punto de vista del Estado de la población mundial 2023 es que, más que preocuparse por las tasas de fecundidad, los esfuerzos deben centrarse en facilitar a las mujeres la posibilidad de conciliar sus objetivos de fecundidad con la seguridad económica. Para ello, hay que reforzar las prácticas de cooperación en la crianza y flexibilizar los papeles asignados a cada género.

Esto implica reconocer que los padres y las madres necesitan apoyo para criar a sus hijos y que esta tarea es aún más compleja cuando están solos. A la vez, la igualdad de género es fundamental tanto en el hogar como en el trabajo, por lo que las políticas deberían promover los derechos que reduzcan la brecha entre la fecundidad prevista y la fecundidad real. En este sentido, la División de Población de Naciones Unidas destaca que “la mayoría de los gobiernos con bajas tasas de fecundidad, incluidos aquellos que no cuentan con políticas oficiales para influir en los niveles de fecundidad, han adoptado medidas para incentivar la maternidad, como el derecho a licencia parental remunerada o no remunerada con seguridad laboral, servicios de guardería subvencionados, jornadas laborales flexibles o a tiempo parcial para progenitores, desgravaciones fiscales por hijos a cargo, y prestaciones económicas por hijo a cargo o prestaciones familiares”. Estas políticas sociales y asistenciales se deberían implantar al margen de los problemas de fecundidad.

LOS ESFUERZOS DEBEN CENTRARSE EN FACILITAR A LAS MUJERES LA POSIBILIDAD DE CONCILIAR SUS OBJETIVOS DE FECUNDIDAD CON LA SEGURIDAD ECONÓMICA

En España, desde hace años existe la posibilidad de pedir una excedencia de tres años como máximo para el cuidado de cada descendiente, manteniendo la antigüedad y con derecho a que se reserve el puesto de trabajo durante el primer año. Asimismo, los progenitores pueden solicitar la reducción de hasta el 50% de la jornada para el cuidado de menores de 12 años, con una rebaja proporcional del salario.

Además, desde 2021 se reconoce a los padres 16 semanas de permiso de paternidad retribuido, el mismo que tienen las madres. A esto se han ido sumando ayudas económicas relacionadas con la natalidad, aunque todavía hay avanzar en asuntos como la educación gratuita universal de 0 a 3 años, por citar un ejemplo.

El resto de los países europeos también ofrecen a las familias ayudas a la natalidad y el cuidado de los hijos, en ocasiones muy superiores a las de España. Finlandia, Dinamarca y Noruega figuran entre los más generosos, aunque otros como Alemania han mejorado de forma clara su programa de ayudas. En el país germano, la tasa de fecundidad ha pasado de 1,39 hijos por mujer en 2011 a 1,58 en 2021.

En referencia a la persona se abordó la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y lo que plantea, tanto desde una perspectiva jurídica, como social.

En los ámbitos de la empresa y la tecnología se reflexionó sobre la ley de transposición de directivas de la UE, que incluye la digitalización de actuaciones notariales. Esta ley permitirá a ciudadanos y empresas realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría. También se abordó la circulación electrónica de documentos públicos, tanto en el ámbito europeo como iberoamericano; los cambios tecnológicos que se avecinan y la situación del Catastro en Europa.

Inauguración. Durante la apertura intervinieron la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa; el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco; y el presidente del Comité de Programa de los Cursos de Verano y catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU, José Luis de la Cuesta.

Nerea Melgosa señaló que, en el marco de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, «el Notariado tiene un papel esencial como garante de la autonomía de la voluntad y de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad». Y en esa línea, explicó que desde el Gobierno Vasco se está trabajando en el Plan Estratégico de Justicia de Euskadi 2022-2028 cuyo fin es fomentar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y anunció que «se presentará públicamente el Plan de acción y el Foro Vasco de Justicia y Discapacidad».

José Ángel Martínez Sanchiz, tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes, señaló que «las jornadas se llaman Persona, Empresa y Tecnología porque esa denominación marca el perímetro de lo que es la actuación notarial, siempre centrada en las necesidades de la sociedad y en el desarrollo de las empresas y la tecnología».

«Hoy nos centraremos en la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de gran importancia para el Notariado pues, como en el origen hacían los escribanos, los notarios tenemos la función de conseguir que textos, que a veces son complicados, sean comprensibles para todas las personas y así puedan prestar un consentimiento informado», apuntó el presidente del Consejo General del Notariado.

CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD PUEDEN DESIGNAR, CON LA AYUDA DEL NOTARIO, QUIÉN O QUIÉNES HAN DE PRESTARLES APOYO

Por su parte, José Luis de la Cuesta aseguró que «este año vuelve a incluirse en los temas del curso la discapacidad ya que la nueva ley ha supuesto una auténtica revolución para la sociedad» y agradeció al Notariado la elección de la UPV/EHU como foro de debate.

Para finalizar la inauguración, la vicedecana y anfitriona, Carmen Velasco, dio paso al comienzo de las jornadas en las que, señaló, además de la discapacidad se abordarán «otras cuestiones de suma actualidad como la Ley 11/2023 mediante la cual los notarios podrán autorizar actos jurídicos online por primera vez en la historia».

Persona. Bajo el título Aspectos prácticos de las medidas de apoyo, tuvo lugar el primer coloquio de la primera jornada. Moderado por el abogado Francisco González, de Æquitas, contó con las intervenciones de la magistrada, Patricia Arrizabalaga; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra; el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Æquitas, Gonzalo López Ebri; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, y el asesor jurídico de Liber y coordinador de la red de Juristas de Plena Inclusión, Torcuato Recover.

Con la nueva ley las personas con una discapacidad pueden designar, mediante escritura pública y con la ayuda del notario, quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. Para ello se puede, o bien determinar un plan de apoyo que será un sistema hecho «a medida» de las necesidades de cada persona, o establecer apoyos puntuales para realizar cada acto.

Tras casi dos años desde la entrada en vigor de la ley, esta mesa de diálogo abordó la nueva regulación y los aspectos prácticos de las medidas de apoyo. En este sentido, Velasco aseguró que «con esta ley el notario pone una especial atención a lo que la persona es capaz de decir de sí misma y a los apoyos que expresa que necesita para tomar decisiones».

En cuanto a la reforma, López Ebri indicó que «no he leído en mi vida ninguna reforma legislativa que haya valorado más la institución notarial como instituto fiable y seguro para la aplicación de la ley que la 8/2021». «La intervención judicial es el último recurso y como señala el Código Civil, solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias», explicó.

Arrizabalaga abordó la importancia de la curatela que «debe ser asistencial y solo cuando no se pueda será representativa, caso en el que se establecerán controles y salvaguardas».

Antes de finalizar el coloquio, Segarra, que entró por vía online, comunicó en directo que acababa de formar parte de la firma de un protocolo entre la Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias y el Banco de España para asegurar la autonomía financiera de las personas con discapacidad. «Este protocolo protege patrimonialmente a las personas con discapacidad y a los mayores que pueden ser objeto de una influencia excesiva», concluyó.

Finalmente, Recover aseguró que esta ley «ha permitido reconocer el universo de las personas con discapacidad y facilitarles el ejercicio de su capacidad mediante un sistema de apoyos».

El segundo diálogo del día, Aspectos sociales de las medidas de apoyo, contó con el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, como moderador, y la participación del director de la Sección Jurídica de la Fundación Æquitas, Manuel Rueda; el director general de la Fundación Kyros, Álvaro Martín Moreno; la responsable del Área de Formación de A La Par, Marta Martínez Vega, y la asesora jurídica de Plena Inclusión, Natalia Pérez Fernández.

Pérez Bueno comenzó el coloquio asegurando que «la visión del sector social de la discapacidad es fundamental para que la reforma civil de la capacidad jurídica llegue de verdad a las personas».

Rueda explicó que «el derecho civil regula cómo las personas se relacionan entre sí y hay algunas que tienen dificultades para actuar como las demás. La solución según la convención de Nueva York, que protege los derechos de las personas con discapacidad, es suministrar un sistema de apoyos a las personas con discapacidad».

Por su parte, Martín Moreno relató lo que una persona con discapacidad le dijo que significaba para ella la ley 8/2021: «Tener discapacidad intelectual no significa que una persona no pueda decidir ni saber qué quiere, solo que necesita apoyo para determinadas cosas, y facilitar esto ayuda a tener una vida independiente».

A la hora de establecer medidas de apoyo la figura del facilitador es muy relevante: «Nuestra intervención empieza con una valoración de las capacidades cognitivas de esa persona a la que escuchamos dándole tiempo para expresarse, y a partir de ahí hacemos una valoración del tipo de apoyos que necesita», aseguró Martínez Vega.

Finalmente, Pérez Fernández explicó la importancia de que las personas con discapacidad comprendan de manera exhaustiva los documentos notariales que firman y, para ello, «desde Plena inclusión España, con Fundación ONCE y la Fundación Æquitas del Notariado, hemos puesto en marcha el proyecto Documentos notariales en lectura fácil, una iniciativa para hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual documentos notariales tales como un escrito de compraventa, un testamento o un préstamo hipotecario».

Empresa y tecnología. La primera mesa redonda de la segunda jornada se centró en La Identificación Electrónica: Acceso al Portal. Moderada por el delegado de nuevas tecnologías del Notariado español en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) y la Unión internacional del Notariado (UINL), Carmelo Llopis, contó como ponentes como el notario y director del curso, Segismundo Álvarez; el director de Seguridad y Nuevas Tecnologías del centro tecnológico del Notariado (Ancert), Enric Hernández; y el investigador de la Universidad Pontificia de Comillas, José Cabrera.

A TRAVÉS DE LA RED IBERFIDES EL NOTARIADO IBEROAMERICANO PUEDE REALIZAR EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS NOTARIALES

Los participantes abordaron la recién aprobada ley de transposición de directivas de la UE, que incluye la digitalización de actuaciones notariales que permitirá próximamente a ciudadanos y empresas realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría.

«Se podrán autorizar escrituras de sociedad limitada sin presencia física», explicó Segismundo Álvarez, conservándose el principio de que «el notario dará fe de que conoce a las personas y de haberse asegurado de su identidad». ¿Cómo se hará online? «El Notariado cuenta con una sede electrónica a la que se accede por el Portal Notarial del Ciudadano, que tiene un nivel alto de seguridad», aseguró Enric Hernández. «Para entrar el ciudadano necesitará o bien tener un certificado cualificado (los autorizados por el reglamento EIDAS) o acreditarse gratuitamente en una notaría». «además, el notario tendrá que asegurarse, durante la videoconferencia que se mantenga en el Portal, de la identidad y la capacidad de la persona», añadió Llopis. En definitiva, «la ley no hace cambios respecto a la identificación; la única diferencia es que se realiza en un entorno telemático seguro», señaló Cabrera.

Otorgamiento a distancia en la sede electrónica notarial fue el tema del segundo panel de debate. Dirigido por el delegado de nuevas tecnologías del Notariado español en el CNUE, Gonzalo Cano, estuvo integrado por el presidente del Bundesnotarkammer, Jens Bornmann; el notario Pedro Rincón, y el director de Negocio del centro tecnológico del Notariado, Carles Llach.

Jens Bornmann destacó que en el sistema telemático que utilizan los notarios alemanes para identificar a la persona, «comprobamos si tiene identidad válida (certificado EIDAS) y pedimos que pongan el pasaporte en un dispositivo que lo escanea, a través de una interfaz con el móvil. Es un sistema muy seguro».

Pedro Rincón hizo hincapié en los actos que se podrán hacer online a través del Portal Notarial, como «las pólizas mercantiles y todos los societarios, determinados actos unilaterales como algunos tipos de poderes, etc. además, la ley permite la emisión de copias autorizadas electrónicas», señaló. Carles Llach realizó una demostración, a través del Portal Notarial del Ciudadano, de cómo un usuario podrá constituir una empresa de manera íntegramente online.

La última mesa del día, titulada Circulación del documento notarial electrónico. Proyectos Ibera, Iberfides y Eudoc, estuvo moderada por José Ángel Martínez Sanchiz, y contó con el responsable de webs corporativas de Ancert, Miguel Ángel Molinero; el notario Carmelo Llopis, y la candidata a notaria de la Bundesnotarkammer, Larissa Oebel.

Carmelo Llopis incidió en que «Eudoc es una solución desarrollada por el Consejo General del Notariado y su homólogo alemán, con tecnología del Notariado español basada en certificados electrónicos para el intercambio de documentos notariales, entre ambos países, realizados con firma cualificada».

Para Larissa Oebel esta plataforma será muy útil pues «permitirá intercambiar de una manera segura y rápida documentos notariales en un contexto transfronterizo y eliminará la necesidad del envío postal que tiene un coste económico y de tiempo». Para finalizar la jornada, Miguel Ángel Molinero, explicó mediante una demostración, cómo a través de la red iberfides, el Notariado iberoamericano puede realizar el intercambio de documentos notariales».

LA DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES NOTARIALES PERMITIRÁ REALIZAR ONLINE NUMEROSOS ACTOS ANTE NOTARIO SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE

Tecnología. El último día del curso hubo dos mesas de diálogo más. La primera versó sobre Tecnología. Los cambios que vienen: e-Wallet, Idas, inteligencia artificial, que fue moderada por el director del curso, Segismundo Álvarez, y contó con la participación del notario Gonzalo Cano, que habló de la E-Wallet «un medio de identificación electrónica que también permitirá al usuario almacenar sus datos de identidad». También contó con la participación del CEO de Mister Houston Data Tech Solutions, ramón Franco, quien señaló que «la tecnología va a ayudar al notario con técnicas robóticas, por ejemplo, a la hora de crear una escritura de forma digital, pero la función notarial es muy amplia por lo que la tecnología tan solo será una herramienta de apoyo» y, por último, Max Wosgein, candidato a notario de la Bundesnotakammer habló sobre la importancia de la colaboración de los distintos notariados europeos y de seguir, desde Bruselas, la evolución de la legislación comunitaria para velar por la preservación de la seguridad jurídica en las futuras directivas.

En la última mesa sobre Tecnología. El catastro en Europa, moderada por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, intervino el notario Enrique Brancós, que explicó que «los países de la UE describen la finca sobre bases gráficas, más o menos consolidadas por el tiempo. Sólo en España se presenta la especialidad de que no hay dos fincas, la real y la catastral, sino tres: la real, la catastral y la registral». Por su parte, Antonio Jiménez Clar que sostuvo que «la representación gráfica de los bienes inmuebles es una asignatura en nuestro Derecho». También acudieron al acto Piermassimo Pavese, y Els Dewulf, responsables de los catastros italiano y belga, respectivamente, que explicaron a los asistentes cómo es la función catastral y su regulación en sendos países.

La inteligencia artificial (IA) es ya habitual en áreas como la salud (herramientas de diagnóstico de enfermedades), la movilidad (sistemas de conducción), la agricultura (herramientas de seguimiento y análisis del suelo) o la seguridad de los datos que custodian las empresas. En nuestro día a día, los smartphones permiten el reconocimiento facial, ofrecen asistentes de voz y disponen de sistemas de rastreo que proporcionan información muy valiosa sobre las preferencias y hábitos de cada usuario gracias a la IA.

Todas estas tecnologías tienen un gran potencial para generar beneficios sociales, crecimiento económico y competitividad, pero también plantean preocupaciones sobre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este contexto, la Comisión Europea presentó en abril de 2021 una propuesta de Ley de Inteligencia Artificial (Ley AI) que se encuentra muy avanzada. Recientemente, el Parlamento Europeo, tras introducir varias enmiendas al texto inicial, aprobó un proyecto de mandato de negociación que será llevado al Consejo de Europa para darle forma final.

El eurodiputado Dragos Tudorache (Renew, Rumania), uno de los ponentes, ha subrayado que “la Ley de IA es probablemente la pieza legislativa más importante en este mandato. Es la primera legislación de este tipo en todo el mundo, lo que significa que la Unión Europea (UE) puede liderar el camino para hacer que la IA sea confiable».

LA LEGISLACIÓN EUROPEA PROHIBIRÁ LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO

Más prohibiciones.

La futura ley establece obligaciones para proveedores y usuarios en función del nivel de riesgo que la IA pueda generar e identifica cuatro tipos de riesgo: inadmisible, alto, limitado y mínimo.

Los sistemas de IA con un nivel inadmisible de riesgo estarán estrictamente prohibidos. Aquí se incluyen aquellos que implementan técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras (ejemplo: juguetes activados por voz que fomenten comportamientos peligrosos en los niños); explotan las vulnerabilidades del ser humano; o se utilizan para clasificar a las personas en función de su comportamiento social, estatus socioeconómico o personal.

Las últimas enmiendas del Parlamento Europeo han incluido en este nivel nuevas prohibiciones relacionadas con los usos intrusivos y discriminatorios de los sistemas de IA. Son los siguientes:

• Los sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios de acceso público.
• Los sistemas de identificación biométrica a distancia a posteriori, con la única excepción de las fuerzas del orden para la persecución de delitos graves y sólo previa autorización judicial.
• Los sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles como el género, la raza, la etnia, la religión o la orientación política.
• Los sistemas policiales predictivos basados en perfiles, ubicación o conducta delictiva pasada.
• Los sistemas de reconocimiento de emociones en las fuerzas del orden, la gestión de fronteras, el lugar de trabajo y las instituciones educativas.
• El raspado indiscriminado de datos biométricos de las redes sociales o imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) para crear bases de datos de reconocimiento facial violando los derechos humanos y el derecho a la privacidad.

Dentro de lo que se considera inteligencia artificial de alto riesgo, se han añadido los daños a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales de las personas y el medioambiente. En esta misma categoría están los sistemas de IA que tratan de influir en los votantes en las campañas políticas y los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas de redes sociales.

LAS AUTORIDADES EUROPEAS IMPULSARÁN EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A PONER QUEJAS SOBRE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Transparencia.

También se contemplan nuevas exigencias para los sistemas de IA de uso general con el fin de asegurar su fiabilidad y proteger a los usuarios de un fenómeno tan extendido como la desinformación.

Los modelos básicos generativos, como ChatGPT, tendrán que cumplir con requisitos de transparencia adicionales como revelar que el contenido fue generado por IA, evitar que se cree contenido ilegal y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento de la aplicación.

Igualmente, los sistemas de IA de riesgo limitado deben cumplir con unas normas de transparencia que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas. Después de interactuar con las aplicaciones, el usuario podrá decidir si desea continuar usándolas y deberá saber siempre cuándo interactúa con inteligencia artificial. Esto incluye modelos de IA que generan o manipulan contenido de imagen, audio o video, como las deepfakes (un ejemplo que se viralizó rápidamente fue el video en el que un falso Barak Obama insultaba a Donald Trump).

Estas reglas tendrán exenciones cuando se realicen actividades de investigación y en componentes de IA proporcionados bajo licencias de código abierto. En estos casos y para favorecer la innovación, la ley promueve entornos de pruebas controlados (sandboxes regulatorios) definidos por las autoridades para probar la IA antes de su implementación.

Permanencia.

Otro aspecto clave de la nueva normativa es que apuesta por una definición uniforme de IA, tecnológicamente neutral, que pueda aplicarse a los sistemas actuales y futuros. Como ha señalado el eurodiputado Brando Benifei (S&D, Italia), ponente de la ley, “estamos a punto de implementar una legislación histórica que debe resistir el desafío del tiempo”.

Además, las autoridades europeas quieren impulsar el derecho de los ciudadanos a poner quejas sobre los sistemas de IA y a recibir explicaciones de las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten significativamente sus derechos. Esto ha llevado a reformar el papel de la Oficina Europea de IA, que se encargará de monitorear cómo se implementa el reglamento de IA en cada país.

LOS MODELOS BÁSICOS GENERATIVOS, COMO CHATGPT, DEBERÁN REVELAR QUE EL CONTENIDO FUE GENERADO POR IA Y EVITAR LA CREACIÓN DE CONTENIDO ILEGAL

Si todo va como está previsto, en el segundo semestre de 2023 tendrán lugar las conversaciones con los Estados miembros de la UE en el Consejo de Europa sobre la forma final de la ley. El objetivo es llegar a un acuerdo a finales de este año.