Entrevista a María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

EN CURSO LEGAL

MARÍA LUISA SEGOVIANO

Primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

«Hay que adaptar la legislación laboral a la realidad social»

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo historia el 30 de septiembre de 2020 eligiendo a la primera mujer, en sus más de 200 años de vida, para presidir una de las cinco salas, la de lo Social. La elegida fue la magistrada María Luisa Segoviano, que ya venía ocupando en funciones el cargo en sustitución de Jesús Gullón. Vallisoletana de nacimiento, con formación jurídica (y de orgullo pucelano indisimulado) pasó su infancia en el entonces Marruecos español. Sus primeros destinos fueron en el País Vasco – y no era plaza fácil en la época- y Cataluña. 

CARLOS CAPA

Apasionada del Derecho, oficio de larga impronta familiar desde el bisabuelo notario al padre juez, echa de menos los años en los que podía compatibilizar la jurisdicción con la enseñanza del Derecho Procesal que con tanto tino ejerció.

Moderna sin aspavientos y rigurosa sin soberbia, es un referente imprescindible del Derecho del Trabajo y de la capacidad de alcanzar metas sin techos que lo impidan.

¿Qué supone ser la primera mujer que ocupa la presidencia de una Sala del Tribunal Supremo?

Para mí no es una función desconocida, ya que la ejercí en funciones durante unos meses al jubilarse el anterior presidente, Jesús Gullón. Esto me ayudó a adquirir una experiencia, que se suma a haber presidido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos y Valladolid. Cuento con el apoyo y la colaboración de todos los que prestan aquí sus servicios: magistrados, letrados, gabinete técnico, personal administrativo… Es fácil ocupar la presidencia con tanto respaldo y, por supuesto, un orgullo.

¿Cuándo llegará la igualdad real entre hombres y mujeres?

Dicen los expertos que tardará todavía cien años, pero yo soy más optimista. Acabo de terminar la memoria de actividad de la Sala Cuarta y he constatado que se han dictado muchas sentencias relativas a cuestiones de igualdad de género y no discriminación. Creo que se van dando pasos en la conciencia social, en adquirir una mayor igualdad efectiva y eso se traslada a los convenios colectivos, a la regulación de las condiciones de trabajo y la sensibilidad social.

¿Alcanzar la igualdad es una cuestión principalmente de educación?

Sin duda, la educación es crucial y lo que se aprende en la infancia es determinante para una evolución igualitaria. A partir de ahí, es la sociedad la que tiene que asumir la lucha contra la desigualdad, que no solo se produce en el ámbito laboral. Las grandes compañías, los bancos o las aseguradoras, por ejemplo, tienen muy pocas mujeres en puestos directivos, a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 les fijaba objetivos de paridad en los Consejos de Administración que deberían haberse cumplido en 2015. Solo un 8% de las cotizadas la tienen hoy.

La mayoría de las profesiones jurídicas tienen hoy una composición mayoritariamente femenina.

Es cierto que entre los operadores jurídicos hay más mujeres que hombres, pero no se da la misma situación en los puestos de mayor responsabilidad, incluida la magistratura.

Parece inconcebible que todavía tengamos que informar sobre agresiones a mujeres. ¿Aborda la sociedad la violencia de género de forma adecuada?

Es cierto que se hacen muchos esfuerzos desde el ámbito legislativo y educativo, pero es indudable que algo falla. La igualdad quizás no está interiorizada, así como la necesidad del respeto entre las personas. En muchas ocasiones la violencia surge de la incapacidad de asumir la ruptura de una relación sentimental por parte del varón. Es una realidad injustificada e inasumible para la sociedad.

¿Es necesaria una jurisdicción especializada en Familia?

Ya existen juzgados especializados, si bien es cierto que no llegan a todos los lugares. Qué duda cabe de que cuando un órgano se especializa permite que resuelva sus asuntos con más eficacia.

¿Cuál cree que es la situación de la conciliación en España?

Tenemos potentes herramientas para implementarla, pero parece que no son suficientes para resolver todos los problemas. La realidad es que las circunstancias de las pequeñas empresas no es como la de las grandes compañías. No podemos ofrecer las mismas soluciones para todas.

¿La pandemia cambiará el modelo de relaciones laborales?

Sí, algunas cosas son evidentes como el éxito del teletrabajo. Las empresas se organizan mejor, pueden implementar la conciliación y además ahorrar costes. También es cierto que hay actividades que solo admiten la presencialidad.

Por otra parte, la falta de relación social en el ámbito laboral tampoco es buena. No se resuelven problemas o se llega a acuerdos de la misma manera de forma telemática que personal. Quizás una fórmula mixta sea lo mejor.

¿El teletrabajo no hace más vulnerables a los trabajadores?

En materias como la protección de riesgos laborales o el control horario, desde luego es más complicado en formatos de teletrabajo. Aun así, tenemos herramientas como el derecho a la desconexión digital, que debe ejercitarse y exigirse ya que está reconocido y regulado. Es cierto que su cumplimiento no es perfecto; me interesan modelos como los de algunas empresas alemanas que desconectan a sus trabajadores de sus servidores cuando han cumplido su jornada.

¿Ya estudian en el Tribunal Supremo alguna cuestión relacionada con esto?

Aún no tenemos ningún caso que resolver sobre esta nueva realidad.

El autoempleo o trabajo autónomo cada vez es más relevante en el tejido laboral español. ¿Se está desdibujando el modelo de relaciones labores por uno mucho más flexible?

El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y la realidad laboral también. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 está obsoleto. El marco normativo laboral debe adaptarse a una realidad que no estaba contemplada hace 40 años. Le pongo el ejemplo de los llamados riders, que reclaman, al menos en parte, un tipo de relación laboral que no está contemplada en la legislación actual.

¿Está supliendo la actividad jurisdiccional social los huecos que la legislación no contempla?

El Derecho social siempre ha sido muy vivo. En un año hemos tenido 2 reales decretos y 16 reales decretos leyes en materia laboral. Los ERTE se desarrollaron de forma casi simultánea a la declaración del primer estado de alarma.

¿Qué influencia tiene el Derecho comunitario en la jurisdicción social?

Tremenda. Es una guía imprescindible en nuestra jurisprudencia. Cuestiones relacionadas con asuntos como trienios, o el cómputo para la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Es muy importante y en materias muy diversas.

Hay una denuncia por la lentitud de la justicia social que en este momento supone señalamientos a dos años vista en algunos juzgados. ¿Qué se puede hacer?

La jurisdicción social es especialmente sensible a las crisis económicas. Sufrió un grave daño en la del año 2008 y cuando nos estábamos recuperando ha llegado la pandemia.

Hoy es imposible dar una respuesta razonable al volumen litigioso. En la Sala Cuarta tenemos más de 7.000 recursos y tiene vacantes por cubrir. Es muy difícil, lamentablemente.

¿Tendremos una avalancha litigiosa cuando decaigan los muros de contención extraordinarios levantados por la pandemia?

Tememos que haya un incremento exponencial del número de asuntos. Se han arbitrado medidas procesales extraordinarias… pero no puedo asegurar que sean suficientes para tramitar con la rapidez necesaria.

¿Está satisfecha de haber dedicado su vida al Derecho?

Para mí hay dos profesiones absolutamente satisfactorias y he podido dedicarme a ambas. Ser magistrada y poder resolver el puzle de las controversias, intentando alcanzar la solución más justa, es una de ellas. Motivar las sentencias te obliga a reflexionar y eso te llena. Cuando consigues establecer criterios interpretativos que hacen las normas más claras sientes una gran satisfacción.

Por otra parte, he dedicado mucho tiempo de mi vida a la docencia como profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, lo que ha sido también una actividad muy gratificante. Transmitir el conocimiento es muy valioso.

¿Cómo valora la función de los notarios?

Tengo un enorme respeto al Notariado. La figura de mi bisabuelo notario, Astaburuaga, ha sido siempre un referente en mi familia de juristas. La función del notario es trascendental por su función pacificadora. La escritura pública construye los cimientos para evitar un conflicto. La seguridad jurídica que aportan los notarios es imprescindible

“En el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital debe ejercitarse y exigirse, ya que está reconocido y regulado”

Huella digital:

María Luisa Segoviano no mantiene perfiles en las redes sociales, pero es abundante su información en internet. Así, tiene una entrada biográfica en Wikipedia que recoge su perfil profesional y otra en la web de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort, de la que es vicepresidenta.

Es presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valladolid, que mantiene el perfil en Twitter @RealAcademiaVa. Prolífica autora, en este enlace puede accederse a la mayoría de sus obras.

“La seguridad jurídica que aportan los notarios al tráfico jurídico es imprescindible”