–¿Son las ayudas de emergencia social suficientes para paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables? ¿Han ampliado estas ayudas visto el panorama de una pandemia que va a mantenerse durante algunos meses más?
–Tenemos la convicción de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, reforzado con las medidas adoptadas contra la pandemia, ha sido un muro de contención contra la pobreza y el incremento de las desigualdades. En 2020, solo con las AES, llegamos a más de 63.000 hogares. Este año hay una ampliación de 15 millones para esta partida.

–En el Notariado cada vez es más habitual la presencia de mujeres notarios, que suponen en la actualidad un 35% del conjunto del Notariado español, un 35% en Euskadi. Como Consejera de Igualdad, ¿cuál es su posición a este respecto? ¿Es partidaria de las cuotas?
–Las cuotas son un instrumento para romper el techo de cristal que tanto limita en muchos casos las carreras profesionales de las mujeres. Precisamente, porque queremos que las personas sean valoradas exclusivamente por su capacitación, necesitamos en este momento de políticas que compensen prácticas y estructuras basadas en la idea de un reparto tradicional y discriminatorio de papeles en la sociedad entre mujeres y hombres. Los expedientes académicos avalan la tesis de que las mujeres tienen la capacidad necesaria para muchos puestos a los que, sin embargo, hoy en día todavía no acceden.

–Euskadi ha registrado la mayor caída de población en lo que va de siglo. ¿Qué reflexión le suponen estos datos? ¿Cómo van a afrontar el reto demográfico de contar, además, con una población cada vez más envejecida y unos jóvenes con dificultades para la emancipación?
–El problema no es que envejezcamos. Lo preocupante es la falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle una vida plena, como desean ellos y ellas. Para este Gobierno, la juventud es su mejor capital social; por ello, nos hemos comprometido a impulsar una política común que facilite el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desea, de familia. Estamos desarrollando una Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación, que es una apuesta clave para este Gobierno.

–Hablemos de Justicia, en cuya cartera sustituye a la socialista María Jesús San José. Ya hemos hablado de la gestión de las instituciones penitenciarias, pero no de su apuesta por la modernización. ¿Cómo prevé modernizar y digitalizar una Justicia a la que se tacha de caduca y lenta? ¿Cuánto supondrá esta modernización y cómo quieren llevarla a cabo? ¿En qué plazos?
–Las administraciones estamos trabajando conjuntamente en un proceso reformador que va a contribuir a la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la Justicia. La pandemia ha estimulado la premura de la transformación digital, pero esta no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento que facilite un acceso más universal a la tutela judicial efectiva. En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi. Además, estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal homologado para otros territorios, que permitirá la interconexión entre sistemas y la consolidación del expediente judicial electrónico, previsiblemente en unos 18 meses. Igualmente se está trabajando en la extensión de puestos de trabajo deslocalizados que permitan trabajar en remoto o proyectos de textualización de las vistas orales mediante inteligencia artificial.

–¿Son suficientes en Euskadi los recursos destinados a la Administración de Justicia? Se prevé que en los próximos meses la Administración de Justicia se vea saturada por una avalancha de procedimientos concursales, administrativos y civiles provocados por la pandemia. ¿Van a promover o extender los mecanismos de jurisdicción voluntaria? ¿Han previsto de alguna manera este previsible incremento del trabajo de la Justicia?
La pandemia supuso en un primer momento la paralización y el retraso de actuaciones, pero no nos encontramos a falta de recursos, como tampoco los datos sobre volumen de causas es superior a los del entorno. Para asegurar la eficiencia procesal, además de agilizar los procedimientos, las reformas en curso proporcionan instrumentos de resolución de diferencias, mediante la mediación y otros medios de resolución de conflictos, cuyo empleo podrá ser un requisito de procedibilidad previo a la demanda. Lo cual entronca con el papel de las conciliaciones notariales. En este sentido se está trabajando en Euskadi en un plan para el impulso de estos medios adecuados de resolución de conflictos, que pueden además contribuir a aligerar la alta litigiosidad. Los mecanismos de jurisdicción voluntaria, que se encomiendan entre otros funcionarios públicos a los notarios y notarias, cumplen un papel relevante a la hora de plantear diferentes entradas al sistema de Justicia que pueden contribuir a descongestionar la propia jurisdicción contenciosa.

–Finalmente se nombró a Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente del TSJPV, en sustitución del jubilado Juan Luis Ibarra. El puesto estuvo en interinidad durante muchos meses, debido a la falta de acuerdo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que, por otra parte, sigue sin llegar. ¿Qué opinión le merece esta sensación de que la política repercute en la Justicia?
–En primer lugar, quiero hacer pública mi felicitación al nuevo presidente y desearle la mejor suerte en su cometido. Ha sido ciertamente anómalo el retraso y la interinidad. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de limitar la capacidad del consejo saliente, disminuye la credibilidad social en las instituciones, lo que es siempre malo. Aunque, sinceramente, no creo que la independencia de los jueces y magistrados vascos en el ejercicio de su actividad jurisdiccional se vea perturbada por estas cuestiones.

–Hay casi 3.000 notarios repartidos por las ciudades y pueblos del Estado español. En Euskadi, 130 notarios conforman el Colegio Notarial. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notario un colaborador eficiente de la Justicia?
–Por supuesto que lo es. Los notarios tienen una función social esencial a la hora de proporcionar fe pública a los negocios y situaciones jurídicas. Y en tal sentido facilitan elementos de juicio o probatorios que pueden ser decisivos para la resolución del pleito. Conexa a la función legitimadora del documento intervenido notarialmente está el control de legalidad que efectúan, que actúa como un elemento de seguridad jurídica preventiva y, en tal modo, ya en la ley de jurisdicción voluntaria se les confiere el conocimiento, junto con otros operadores jurídicos, de algunos actos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional que antes se encomendaban a los jueces. Además, en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contempla la conciliación notarial como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que puede limitar la gran litigiosidad actual.